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El "fuego productivista" se lleva los ecosistemas
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Ocho provincias complicadas por el fuego
Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Según funcionarios nacionales, algunos incendios se explican por la expansión de la frontera agrícola.
En un cuadro de situación que desde el Gobierno nacional definen como “cambiante”, ayer ocho provincias presentaban focos de incendios, algunos calificados como “activos” y otros, como “contenidos”. De acuerdo con las imágenes satelitales obtenidas por el Siname (Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, se registraban incendios en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Corrientes y Córdoba.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) fue creado en 2013. El Ministerio de Seguridad tiene a cargo lo que se llama “respuesta operativa del combate del fuego”, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible monitorea las condiciones de peligro y aplica las políticas de prevención.
Gabriel Fuks, segundo de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad, es el funcionario responsable del SFMF. Cuando las provincias se ven desbordadas en el combate contra los incendios, recurren a Protección Civil, área a cargo de Fuks.
Ayer, esta dependencia tenía desplegados tres aviones hidrantes y uno de observación en Villa Albertina, Córdoba. El parte vespertino indicó “20 casas quemadas y otras parcialmente afectadas”. En Cosquín-Pan de Azúcar, con 100 evacuados, Nación aportó otro avión hidrante.
Entre Ríos, otra provincia que solicitó ayuda federal, recibió dos aviones hidrantes para combatir el fuego. Catamarca también recibió la colaboración de dos aeronaves enviadas desde Nación.
En diálogo con este medio, Fuks atribuyó algunos incendios “al corrimiento de la frontera agropecuaria”. En este punto señaló la emergencia que se vive por la quema de pastizales en Santa Fe y en Entre Ríos. “Esto que digo no es algo que se me ocurre a mí. Desde febrero la Justicia federal está investigando la situación que se vive frente a la ciudad de Rosario”, dijo el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Justicia.
Algo parecido expresó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, entrevistado por CNN Radio. “Hay incendios que tienen que ver con los métodos productivos”, dijo, al hablar sobre los incendios en Córdoba. “Hemos extendido mucho las fronteras agropecuarias en lugares donde no era propicio, y para hacer eso se deforestó”, señaló.
Fuks mencionó que en Córdoba, además, “hace 100 días que no llueve”, y dijo que en Santa Fe y en Entre Ríos “el Paraná está en una bajante histórica, con los arroyos interiores secos”, pero insistió que en que, más allá de “la situación climatológica”, algunos incendios “tienen que ver con la acción del hombre, inclusive la misma bajante del Paraná”.
“La gran falencia que se arrastra es que, en los últimos años, todos los recursos se pusieron en la respuesta al combate del fuego y no en el trabajo de prevención. Este es un modelo que debe cambiar. Los recursos fueron volcados a un mercado muy complicado, cartelizado, y la respuesta es carísima e ineficiente por más que uno tenga mil aviones”, explicó Fuks a La Voz.
El funcionario confirmó el envío a Córdoba de “un helicóptero de la Policía Federal con un hidrobalde” para atacar focos puntuales.
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Crítica desde el INTA al proyecto de Humedales
Humedales. Especialistas del INTA criticaron el proyecto oficial
Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Nacional
“Es de una estrechez de criterio que sorprende”, se dijo en relación a que se pretenda implementar un régimen para el uso de “bienes inmuebles” y que su regulación dependa exclusivamente de Producción. Piden definición respecto de a quién y para qué entregarán tierras.
Sigue el debate del Régimen para el Uso Sustentable de Bienes del Estado de dominio público o privado, en humedales e islas de la provincia de Entre Ríos.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, con el articulado y sin la explicitación de fundamentos, en el contexto de la emergencia planteada por los incendios que no cesan y provocan una profunda crisis ambiental y sanitaria.
La iniciativa ya tuvo modificaciones importantes en un borrador que analizan los senadores de las comisiones de Legislación General, que preside la legisladora de Creer Entre Ríos, Claudia Gieco; y de Producción que conduce el dirigente del PRO, jefe del interbloque de Cambiemos, Francisco Morchio. Los cambios fueron en coincidencia con planteos de la Mesa de Enlace: eliminar el Estudio de Impacto Ambiental que preveía el artículo 3; y listar los departamentos contemplados en la norma, listado que dejó afuera a la costa del Uruguay y a Islas del Ibicuy de la costa del Paraná.
Otra voz escuchada por los senadores en comisión fue la de especialistas del INTA. Presentó sus observaciones el ingeniero agrónomo Ernesto Massa que acercó también los comentarios del licenciado Roberto Bó, del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigación del Conicet.
Fue en general una mirada muy crítica de la iniciativa que tiene en debate el Senado. A grandes rasgos se cuestiona que la autoridad de aplicación sea exclusivamente la mirada de la Producción; además se aconseja la definición respecto de a qué tipo de productores y con qué fin se cede el uso de tierras. Se aconseja la expresa prohibición, por ley, del uso de agroquímicos aun cuando el borrador especifica que la agricultura autorizada debe ser “ecológica”. Además, se sugiere definir con claridad qué se entiende por “sustentable” cuando se habla de un régimen para un uso con esas características de humedales e islas.
“La sustentabilidad no es sólo económico-productiva sino también sociocultural y ecológica”, apuntó Bó que instó a tenerlo en cuenta ya que “si se mantiene en buen estado, permite que ocurran y se conserve nuestro patrimonio sociocultural y económico-productivo”. “A esto habría que tenerlo muy en cuenta, salvo que se piense en hacer negocios a corto plazo”, planteó.
Consideró “de una estrechez de criterio que sorprende” que el régimen aluda al uso de “bienes inmuebles”. Especificó que al hablar de las tierras en cuestión no se alude “sólo a espacios físicos sino a bienes naturales comunes que brindan servicios ecosistémicos como el agua y que deben usarse en forma efectivamente sustentable porque afectan la calidad de vida humana y, en general, y pertenecen a todos y no sólo al propietario o arrendatario”.
Producción y qué más
Se subrayó la necesidad de ampliar la autoridad de aplicación del régimen a sancionar. “Lamentablemente, el peso de los organismos encargados de la Producción (o, eventualmente de otros aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de comunicación, energéticas, emprendimientos inmobiliarios, etcétera), siempre fue mayor que el de lo organismos encargados no sólo de la parte ambiental sino, incluso de la sociocultural que, al menos, deberían tener el mismo peso. Esto obviamente ocurre porque se priorizan los ingresos económicos a cualquier otra cosa”, se observó desde el INTA que señala que en el proyecto “lamentablemente, no se dice nada de todo esto y esta visión estrecha se ve magnificada porque lo único que queda claro es que ingresen divisas a la provincia”.
Con respecto a los requisitos que contemple la Secretaría de Ambiente, para autorizar un proyecto en humedales o islas, se instó a contemplar “las realidades diferenciales que tienen los humedales” y si la evaluación de ese proyecto está a cargo “efectivamente de un organismo independiente y con probada capacidad científico-técnica (o que, al menos tenga la posibilidad de supervisar y dar la última palabra)”. En este marco, además, se apuntó que una ley como la que se debate debiera garantizar el control, la eventual aplicación de sanciones y explicitar características mínimas respecto del recurso humano capacitado y suficiente para monitorear y controlar el cumplimiento por parte de adjudicatarios.
A quiénes y para qué
Para Massa, “los productores que quieran acceder” debieran cumplir con el requisito de “ser preferentemente pequeños o medianos ganaderos, con tradición de producción ganadera islera y además que no posean tierras para producir”. “Deberían presentar planes de producción que sean revisados por la Autoridad de Aplicación Ampliada que para el integrante de INTA debiera ser “una Comisión Interministerial donde existan representantes de organismos públicos como universidades, INTA, Secretaria de Ambiente, Ganadería, Tierras Fiscales, Agricultura Familiar, Senasa, Fucofa, etc”.
Apunta también que no está clara la gestión del “uso gratuito” de tierras para residentes históricos prevista en el proyecto, “única parte referida al bienestar general”, no se obvió recalcar.
Para Bó, esa población “no sólo se lo merece sino que, seguramente, por su experiencia de vida y su conocimiento del funcionamiento ecológico de los humedales, probablemente serían los únicos que puedan hacer un uso efectivamente sustentable”. Se concluye, al respecto, que la norma no consigna “cuál, dónde, cómo y de qué tamaño” son las unidades productivas a las que se alude.
Letra muerta
Tras apuntar algunas propuestas respecto de qué fines debieran tener los recursos reunidos por el Estado ante el “uso oneroso” de los humedales, el integrante del GIEH insta a fijar políticas sobre las que se ha escrito, hecho y dicho mucho.
“No se dice nada sobre la necesidad de que parte de esos fondos deben ir a las necesarias tareas de promoción, monitoreo y control para asegurar la conservación de la diversidad ecológica, la integridad ecológica y a la salud ecológica de los humedales. Tampoco se dice nada de cómo esto va a favorecer la conservación de la diversidad sociocultural, entendida como los particulares modos de vida, actividades tradicionales, aspectos arqueológicos, antropológicos, religiosos, de los pobladores locales”, se cuestiona en la presentación hecha ante los senadores.
“En definitiva, esta ley no toma conceptos abordados por el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) ni del Plan Provincial para el Desarrollo sustentable del Delta entrerriano, lamentablemente procesos abonados con fondos públicos que se encuentran cajoneados e ignorados al menos en los últimos cuatro años”, concluyeron los especialistas.
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Acciones contra el acuerdo de cerdos con China
Convocan a una nueva acción civil contra el acuerdo de cerdos con China
Fecha de Publicación: 25/08/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Bajo la consigna de "Basta de falsas soluciones", diversas asociaciones llaman al próximo 25 de agosto a exigir una transición a un sistema alimentario justo, saludable y sostenible.
Con la consigna de *“Basta de falsas soluciones ”, diversas asociaciones llaman al 25A en distintas provincias para exigir una transición urgente a un sistema alimentario justo, saludable y sostenible*. Otro de los puntos de mayor hincapié es la necesidad de que esta decisión haya “participación ciudadana. Además de frenar los desmontes, las quemas y el avance de la fronteraagropecuaria”.
Mientras tanto, se asegura que hay un documento que circula en los despachos de la Cancillería con detalles de las*inversiones chinas en la Argentina para criar cerdos a gran escala y exportar hacia allá la carne porcina producida.* “La inversión sería de 3.800 millones de dólares y se crearían casi 10 mil puestos de trabajo directo. Se producirían casi 880 mil toneladas de carne porcina que podrían exportarse hacia el gigante asiático por unos 2.500 millones de dólares anuales ”, dice en exclusiva el medio Bichos de Campo.
*Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), estos días también salieron a responder al acuerdo de Cancillería*: “el objetivo del convenio es la profundización del modelo agroindustrial (ahora con este componente que es la fábrica industrial de animales en gigantescos feedlots) para asegurar el abastecimiento de proteína animal para China ”.
Este jueves, además presentaron el proyecto de *#LeydeAccesoalaTierra.* “¿Sabías que si la Plaza de Mayo fuera una colonia agroecológica (dos hectáreas) se podrían producir verduras para 250 familias? ”preguntaron mientras instalaron una parcela agroecológica en las inmediaciones de la Casa Rosada. La acción fue realizada para solicitar una reunión con e*l presidente Alberto Fernandez y la sanción de una ley que garantice el acceso equitativo a la tierra.*
“El camino a la soberanía alimentaria no es por ahí. Más hectáreas dedicadas a otra forma de industrialización del sistema alimentario es como profundizar el monocultivo de soja; el resultado para nuestro pueblo es más hambre, más contaminación, y el peligro real e inminente, de ser el foco de nuevas enfermedades. La soberanía alimentaria debe ir necesariamente de la mano del desarrollo de las economías regionales y, si hablamos de chanchos, de la producción porcina dedicada al mercado interno. Junto a las cooperativas de productores y en base a un modelo sustentable ”, expresaron desde UTT.
Además, agregaron: “cuando los trabajadores y trabajadoras de la tierra proponemos una transición de*modelo productivo hacia la agroecología, no nos referimos únicamente a nuestras parcelas hortícolas*. Un modelo territorial que ponga en el centro el derecho a la alimentación sana y soberana de nuestra gente, que diversifique la producción de hortalizas, granos y carnes, generando trabajo para las familias argentinas, es posible”.
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Un debate sobre las granjas de cerdos
Un debate sobre las granjas de cerdos: economía, salud y ambiente
Fecha de Publicación: 03/08/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Ecologistas, productores, funcionarios y especialistas analizan la polémica. ¿Es una oportunidad de desarrollo o una falsa solución? ¿Hay que elegir entre economía y ecología?
Cerdos o no cerdos, ésa es la cuestión. El lunes 6 de julio un comunicado de Cancillería informó sobre un constructivo encuentro entre Felipe Solá y el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan, en torno al avance de un proyecto de producción de carne porcina en estas tierras para su exportación al gigante asiático. De concretarse implicaría una duplicación de la producción del país durante los próximos cinco años. La noticia despertó un acalorado debate en el que se ponen en juego múltiples cuestiones: ¿Oportunidad o falsa solución? ¿La economía por sobre la salud y el ambiente? ¿Hay otra alternativa para una Argentina endeudada y su salida de la pandemia? ¿Se puede encarar un proyecto así sin daños sobre cuerpos y territorios? ¿En qué lugar quedaría ubicado el país en el mapa geopolítico mundial? ¿Se viene una nueva pandemia?
Demasiadas y ásperas las preguntas que dispara un proyecto que se encuentra en etapa de análisis y negociación entre ambos países. No se conocen demasiados datos concretos y todos los que opinan aclaran esto. Hay disconformidad con la poca información que transmite el Gobierno al respecto. Lo que circula es que se instalarían algo así como 25 granjas en el territorio nacional, que la inversión sería en dos o tres años de alrededor de 3.500 millones de dólares, que se trata de producir a cinco años unas 900 mil toneladas adicionales. Actualmente se producen alrededor de 700 mil.
Luego de que saliera a la luz el comunicado de Cancillería --al principio con una cifra de otra magnitud, por "error involuntario": 9 millones en lugar de 900 mil--, un numeroso grupo de intelectuales, científicos, artistas y organizaciones sociales encendió la alarma. “No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una fábrica de nuevas pandemias”, se titula un documento que emitieron. La periodista Soledad Barruti es una de las caras visibles del reclamo. Explicó los alcances de la iniciativa con didácticos videos en sus redes. Hubo un twitazo masivo con la consigna “Basta de falsas soluciones”. Los detractores del proyecto apuntan directamente al modelo agroindustrial por “cruel e insustentable” y pidieron una audiencia con Solá, que se concretará, según pudo saber Página/12, a comienzos de la semana próxima.
“Desde el comienzo buscamos trasmitir un mensaje de que estamos ante una problemática compleja, con muchas capas: un modelo de agroindustria social y ambientalmente insustentable (gran escala, alto consumo de agua, contaminación de agua y suelos, olores nauseabundos, afectación de la calidad de vida, impactos sobre la salud de los trabajadores y la población aledaña); un modelo que tiene altos riesgos sanitarios (los virus zoonóticos y su alta contagiosidad, agravado en tiempos de pandemia); un modelo en clave de explotación animal (exacerbado por la crueldad y la gran escala), entre otros”, sintetiza la socióloga e investigadora del Conicet Maristella Svampa.
También hay detractores de los detractores: fueron acusados de oponerse a todo, de no considerar una posibilidad de desarrollo, de "ambientalistas falopas", hasta de hacerle el juego a Estados Unidos en su puja con China, de no proponer alternativas. Se abrió una dicotomía, resumida en general como ecología vs. economía, ambientalismo vs. desarrollo. Aunque incluso los productores porcinos que ven el proyecto con buenos ojos dicen que deberían conocer mejor las condiciones para poder opinar sobre cuán beneficioso podría ser: temen que haya riesgos para la producción local. En líneas generales, quienes defienden la instalación de las megagranjas ponderan: la inversión, la generación de empleo –se habilitarían por lo menos 9500 nuevos puestos de trabajo--, el valor agregado a productos primarios como el maíz.
Los más optimistas sostienen que la Argentina –que actualmente exporta cerdo en cantidades menores y hasta hace poco, incluso, lo importaba de Brasil y Dinamarca--podría comenzar a ocupar una buena posición mundial. Se trata, en síntesis, de pasar de venderle a China la soja que alimenta animales a venderle carne congelada que vale diez veces más. Lo que sigue a continuación es un intento por recorrer las principales aristas de un debate actual, rico, necesario que va al corazón del modelo productivo argentino.
¿Por qué China instala megagranjas en otros países?
Una de las principales críticas de los intelectuales, científicos y movimientos sociales está en el origen mismo del proyecto. ¿Por qué China instala megagranjas en otros países? La explicación, en el medio de una pandemia de origen zoonótico, no puede no asustar. Dos años atrás China sufrió un brote de Peste Porcina Africana (PPA). Para evitar su propagación fueron sacrificados entre 180 y 250 millones de cerdos, lo que implicó una disminución de su producción entre un 20 y un 50 por ciento. De este modo busca garantizar a su población el consumo de carne de cerdo.
De acuerdo a la revista científica PNAS la gripe porcina tiene potencial pandémico. Su peligrosidad también fue advertida por la Organización Mundial de la Salud. El documento de intelectuales y científicos advierte que podría mutar y resultar infecciosa para los seres humanos. “China está buscando externalizar los riesgos. ¿Por qué pagaría más caro el cerdo de acá en más? ¿Por generosidad empresarial? Busca alejar los focos de infección. El Gobierno se cansó de decir que la prioridad era la salud frente a la economía. La naturaleza de este proyecto tiene que ver con la pandemia. Pero es como si no hubiera pasado nada”, expresa a este medio Guillermo Folguera, biólogo e investigador del Conicet.
Al calor del debate ocurrió que en Brasil hubo una alerta por una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico . Los dos productores consultados para esta nota relativizaron este riesgo. Juan Uccelli, consultor del sector y expresidente de la Asociación de Productores de Cerdos, dice que “no se le puede poner a todo la palabra ‘pandemia’, que genera pánico”. “Lo que pasó en Brasil fue un caso de una chica que ni saben cómo se contagió, tuvo un resfrío leve… de eso a decir que va a haber una pandemia es dislocado. Cuando usan palabras de miedo generan una desconfianza en un montón de gente que puede perjudicar a la producción, que está haciendo bien las cosas y cumpliendo con condiciones”, añade.
Por su parte, el presidente de la Unión de Producciones Regionales Intensivas y de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Porcinos de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Lamacchia, sugiere que hay una “campaña” contra la instalación de las granjas y que las afirmaciones de intelectuales y científicos son “completamente ideológicas”. “La peste porcina viene del jabalí silvestre. Ataca a los animales, no al ser humano. No fue producto de aglutinar animales. En San Luis tenemos manadas de jabalíes sueltos, pero no tenemos descontrol como en otros países. Tenemos tierra suficiente. Estamos lejos de los virus”, sugiere. Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Promoción Popular y exdirector del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), opina que la idea de una nueva posible pandemia apunta a “deteriorar la imagen china” y responde a “usinas multinacionales”: “Me parece que Estados Unidos está detrás de esto”.
¿Qué riesgos implica el proyecto?
Aunque no es la dimensión más "común", Martínez dice que ya existen granjas de esta magnitud en la Argentina, “lo suficientemente tecnificadas como para que no haya riesgo sanitario”. “Decir que no podemos hacer este proyecto sería como decir que no podemos producir ganado vacuno porque te puede correr un toro y clavarte los cuernos. Ningún país compraría carne con dudas bromatológicas. Si los chinos promueven una industria acá es para que les vendamos sano”, explica. “La Argentina siempre ha tenido muchas objeciones sanitarias respecto de la producción de cerdos, tiene una historia de producción de cerdo en basurales, pero forma parte del pasado. Se está a punto de concretar un proyecto que convalida una modernización general de la industria, que siempre hemos reclamado. El riesgo no es el que se está objetando, sino que quede a cargo de dos o tres corporaciones”. Los productores, por su parte, afirman que Argentina tiene “uno de los mejores estatus sanitarios” del mundo y se amparan en la “bioseguridad”.
“China elige a Argentina dado que nuestro país presenta excelentes estándares sanitarios”, coincide el sociólogo Daniel Schteingart. Es el director del Centro de Estudios para la Producción, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. También el autor, en Twitter, del concepto de “ambientalismo falopa” –un cuestionamiento a los “enfoques que se oponen a todo lo que sea ‘desarrollo’”--, por el cual pidió después disculpas. “Las granjas están integradas --todo el proceso productivo se desarrolla ahí-- de modo que si existiera un problema en una de ellas la posibilidad de contagio a otras es muy bajo.” Según él, países con producción porcina superior a la nacional y con "buenos estándares ambientales" no han tenido problemas con esta actividad, como Dinamarca o Alemania.
En cambio, Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y presidenta del Partido Verde --quien aclara que el proyecto todavía no pasó por su área--, advierte sobre los riesgos para el ecosistema y la salud. Vale la pena prestar atención a la experiencia española, donde también hay granjas chinas. Se organizó un “gran levantamiento popular” con los médicos a la cabeza, quienes alertaron sobre el impacto en la salud de los trabajadores de los establecimientos. También hubo consecuencias económicas: “El negocio quedó concentrado en pocas manos, los pequeños y medianos productores comenzaron a verse afectados, a ser absorbidos por las macrogranjas que se convirtieron en fijadores de precios”. “Así como nos ha servido mirar afuera en esta pandemia para estar armados para afrontar la situación, creo que es importante tomar de ejemplo el caso español”, propone.
Folguera agrega que los controles del Estado “son muy malos”, no “porque no se cumplan”, sino porque no son “protectores de la naturaleza y los cuerpos”. Prorizan “el negocio empresarial por sobre la salud”. “Aun cuando se mejoren esas normas y se cumplan me impresiona la no consideración de los riesgos. Se amparan en el progreso y la producción como garantía del bienestar colectivo. Estos chanchos van a estar al lado de la gente pobre. ¿Quién quiere vivir al lado de un chiquero?”, se pregunta.
Ingesta de carne y maltrato animal
“Capaz esto es porque no les gusta la carne”, sugiere Lamacchia. Esta semana hubo un debate organizado por la ONG Eco House del que participaron él y Folguera, entre otrxs, y el científico le respondió que había comido cerdo al mediodía. “Con este tipo de discusiones se arman muñecos de paja. Inventan un personaje: del otro lado hay veganos que simplemente no quieren comer carne. Hay una construcción, una persona de clase media urbana que no quiere comer chancho”, responde Folguera. “Los cubanos, con su medicina avanzada, sostienen que a los niños que tienen problemas intelectuales les recetan carne de cerdo. El problema de estas opiniones es que las puede escuchar un niño e influir en su comportamiento alimenticio. Son cosas riesgosas, el ser humano necesita proteína animal para desarrollarse”, desliza el productor.
En uno de sus videos, Barruti afirmó que las megagranjas porcinas son infiernos. “Hablan de las torturas en los criaderos; es falso. También dicen que se utilizan antibióticos en forma crónica. Son todas medias verdades. Se usan pero los receta el veterinario del establecimiento. Todo estimulante de crecimiento está prohibido en la Argentina. En los corrales los cerdos tienen juguetes. Cada animal tiene una cantidad de metros cuadrados libres por corral para que el ambiente sea amigable. Se desconoce la producción y se habla en desmedro de la misma”, plantea Lamacchia.
Soluciones y perjuicios
Fuentes de Cancillería destacaron del posible acuerdo el ingreso de divisas, el mejoramiento de los términos del intercambio con China, el desarrollo en zonas postergadas del país para evitar un hacinamiento en el Gran Buenos Aires y grandes centros urbanos, el crecimiento de empleos directos e indirectos, la desojización (“se necesitarían más tierras para cultivar maíz para alimentar a los chanchos"), el beneficio para los productores en relación con la mayor disponibilidad de tecnología. No hubo funcionarios involucrados en el proyecto dispuestos a participar con nombre y apellido en este debate. Tampoco respondió a la consulta el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien había manifestado: "este acuerdo nos pone en alerta".
“Quiero generar valor agregado para producir dólares para los argentinos. Comparo la pandemia con las últimas dos guerras mundiales: Argentina tuvo un crecimiento muy importante gracias a la producción y venta de alimentos. Esta es una opción genial para crecer como país y dejar de ser una buena idea. Si no, podemos seguir exportando soja y dependiendo de ella”, opina Uccelli. Lamacchia cree que al sector no le cambiaría la ecuación económica, pero sí pondera la “oportunidad” para el país. “Esta alianza estratégica permitirá un crecimiento rápido en una situación de postpandemia, generando un número importante de fuentes de trabajo. Está la posibilidad de proyectos asociativos porcinos y agropecuarios.”
Los firmantes del documento no son para nada optimistas con que esta jugada ayude a solucionar el tema de la pobreza. Dice Svampa: “Las élites políticas y económicas argentinas siguen sosteniendo una visión eldoradista. Siguen dispuestas a pagar costos altísimos con tal de sostener una ilusión de crecimiento acelerado. No les importa sacrificar territorios ni mirar a mediano plazo las consecuencias sociales y ambientales. Así como Vaca Muerta era la solución a los problemas del país, ahora quieren presentar las granjas de cerdos a gran escala como la nueva solución mágica en tiempos de pandemia. La asociación con China tiene todos los elementos para transformarse en un enclave de exportación que beneficiará a los sectores más concentrados. Ya ocurre en México, Chile, España. Viendo lo que sucede aquí, con la muy mala experiencia que tenemos con el extractivismo minero, el fracking y el modelo sojero, no veo por qué debería ser optimista”.
“Lo que veo en estas políticas --dice Folguera-- es un espantoso presentismo. Vivir el presente. Reventar los territorios para obtener los dólares que necesitan y no proyectar en ningún caso ni a mediano plazo la forma de vida de las comunidades. No los veo evaluando consecuencias o diagnosticando experiencias anteriores que podamos tener como referencia ni transmitiendo en términos informacionales las cosas en función de beneficios y perjuicios. Sí, van a entrar dólares… ¿a costa de qué? Lo que se hace es trasladar recursos. Se los sacás a territorios y cuerpos y los mandás a la macroeconomía.”
“Exportar más es fundamental para que las mejoras sociales sean sostenibles. Además, el Estado podría recaudar más a través de los ingresos fiscales”, define Schteingart, y agrega: "No es que este proyecto vaya a ser la panacea, la solución a los problemas del desarrollo, pero sí tiene mucho por aportar. Es fundamental un Estado que regule debidamente los procesos productivos y un sistema científico-tecnológico activo para que los riesgos ambientales sean los menores posibles."
Vázquez, por su parte, manifiesta: “La recuperación económica de la postpandemia tiene que ser mucho más virtuosa, con mucha mayor atención a los efectos del cambio climático, cuidado de biodiversidad y ecosistemas. Hace más de 50 años que el sistema científico viene advirtiendo sobre las consecuencias del calentamiento global y la destrucción del ecosistema y la biodiversidad por la acción humana. Ya no hay tiempo para seguir haciéndose el distraído o mirar para el costado. La Argentina tiene un enorme pasivo ambiental. No puede jugar una carta que lo empeore”. Tal vez la cuestión no sea cerdos o no cerdos, sino todas las preguntas que el proyecto disparó antes de ser hecho concreto.
La relación con China
Enrique Martínez opina que “no hay que darle tanto peso” al lugar que pasaría a ocupar Argentina en el escenario mundial de concretarse el acuerdo, porque los cerdos representarían “sólo el 5 por ciento” de las importaciones que China obtiene de las granjas. “China sueña con ser la potencia mundial líder, quiere llevarse bien con todos, armonizar con todo aquél que esté contra Estados Unidos, y con los que tienen una situación ambigua, híbrida, como Argentina. Esta es una oportunidad para cambiar la mirada sobre el sector, no es que nos cambia la geografía argentina en términos productivos.”
“China busca en otros lugares sus alimentos que hoy obtiene en gran parte de Estados Unidos. Estados Unidos, que históricamente domina la agroindustria en nuestro país, por un lado resiste y compite en el comercio, pero por otro se beneficia porque es el que domina gran parte de la cadena agroindustrial en nuestros países”, aporta Germán Mangione, periodista y director del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en América latina. De acuerdo a su perspectiva, la relación histórica de Argentina con China suele ser presentada como “complementaria e igualitaria” pero ha demostrado “no ser muy diferente a la relación con las demás superpotencias”. Es una “relación de dependencia y complementariedad subordinada”. En los granos y también en la carne, “la relación se organiza desde las necesidades de China y no desde las de Argentina, y no hay ninguna señal de que en el negocio de los cerdos vaya a ser diferente”.
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Fecha de Publicación: 03/08/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Ecologistas, productores, funcionarios y especialistas analizan la polémica. ¿Es una oportunidad de desarrollo o una falsa solución? ¿Hay que elegir entre economía y ecología?
Cerdos o no cerdos, ésa es la cuestión. El lunes 6 de julio un comunicado de Cancillería informó sobre un constructivo encuentro entre Felipe Solá y el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan, en torno al avance de un proyecto de producción de carne porcina en estas tierras para su exportación al gigante asiático. De concretarse implicaría una duplicación de la producción del país durante los próximos cinco años. La noticia despertó un acalorado debate en el que se ponen en juego múltiples cuestiones: ¿Oportunidad o falsa solución? ¿La economía por sobre la salud y el ambiente? ¿Hay otra alternativa para una Argentina endeudada y su salida de la pandemia? ¿Se puede encarar un proyecto así sin daños sobre cuerpos y territorios? ¿En qué lugar quedaría ubicado el país en el mapa geopolítico mundial? ¿Se viene una nueva pandemia?
Demasiadas y ásperas las preguntas que dispara un proyecto que se encuentra en etapa de análisis y negociación entre ambos países. No se conocen demasiados datos concretos y todos los que opinan aclaran esto. Hay disconformidad con la poca información que transmite el Gobierno al respecto. Lo que circula es que se instalarían algo así como 25 granjas en el territorio nacional, que la inversión sería en dos o tres años de alrededor de 3.500 millones de dólares, que se trata de producir a cinco años unas 900 mil toneladas adicionales. Actualmente se producen alrededor de 700 mil.
Luego de que saliera a la luz el comunicado de Cancillería --al principio con una cifra de otra magnitud, por "error involuntario": 9 millones en lugar de 900 mil--, un numeroso grupo de intelectuales, científicos, artistas y organizaciones sociales encendió la alarma. “No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una fábrica de nuevas pandemias”, se titula un documento que emitieron. La periodista Soledad Barruti es una de las caras visibles del reclamo. Explicó los alcances de la iniciativa con didácticos videos en sus redes. Hubo un twitazo masivo con la consigna “Basta de falsas soluciones”. Los detractores del proyecto apuntan directamente al modelo agroindustrial por “cruel e insustentable” y pidieron una audiencia con Solá, que se concretará, según pudo saber Página/12, a comienzos de la semana próxima.
“Desde el comienzo buscamos trasmitir un mensaje de que estamos ante una problemática compleja, con muchas capas: un modelo de agroindustria social y ambientalmente insustentable (gran escala, alto consumo de agua, contaminación de agua y suelos, olores nauseabundos, afectación de la calidad de vida, impactos sobre la salud de los trabajadores y la población aledaña); un modelo que tiene altos riesgos sanitarios (los virus zoonóticos y su alta contagiosidad, agravado en tiempos de pandemia); un modelo en clave de explotación animal (exacerbado por la crueldad y la gran escala), entre otros”, sintetiza la socióloga e investigadora del Conicet Maristella Svampa.
También hay detractores de los detractores: fueron acusados de oponerse a todo, de no considerar una posibilidad de desarrollo, de "ambientalistas falopas", hasta de hacerle el juego a Estados Unidos en su puja con China, de no proponer alternativas. Se abrió una dicotomía, resumida en general como ecología vs. economía, ambientalismo vs. desarrollo. Aunque incluso los productores porcinos que ven el proyecto con buenos ojos dicen que deberían conocer mejor las condiciones para poder opinar sobre cuán beneficioso podría ser: temen que haya riesgos para la producción local. En líneas generales, quienes defienden la instalación de las megagranjas ponderan: la inversión, la generación de empleo –se habilitarían por lo menos 9500 nuevos puestos de trabajo--, el valor agregado a productos primarios como el maíz.
Los más optimistas sostienen que la Argentina –que actualmente exporta cerdo en cantidades menores y hasta hace poco, incluso, lo importaba de Brasil y Dinamarca--podría comenzar a ocupar una buena posición mundial. Se trata, en síntesis, de pasar de venderle a China la soja que alimenta animales a venderle carne congelada que vale diez veces más. Lo que sigue a continuación es un intento por recorrer las principales aristas de un debate actual, rico, necesario que va al corazón del modelo productivo argentino.
¿Por qué China instala megagranjas en otros países?
Una de las principales críticas de los intelectuales, científicos y movimientos sociales está en el origen mismo del proyecto. ¿Por qué China instala megagranjas en otros países? La explicación, en el medio de una pandemia de origen zoonótico, no puede no asustar. Dos años atrás China sufrió un brote de Peste Porcina Africana (PPA). Para evitar su propagación fueron sacrificados entre 180 y 250 millones de cerdos, lo que implicó una disminución de su producción entre un 20 y un 50 por ciento. De este modo busca garantizar a su población el consumo de carne de cerdo.
De acuerdo a la revista científica PNAS la gripe porcina tiene potencial pandémico. Su peligrosidad también fue advertida por la Organización Mundial de la Salud. El documento de intelectuales y científicos advierte que podría mutar y resultar infecciosa para los seres humanos. “China está buscando externalizar los riesgos. ¿Por qué pagaría más caro el cerdo de acá en más? ¿Por generosidad empresarial? Busca alejar los focos de infección. El Gobierno se cansó de decir que la prioridad era la salud frente a la economía. La naturaleza de este proyecto tiene que ver con la pandemia. Pero es como si no hubiera pasado nada”, expresa a este medio Guillermo Folguera, biólogo e investigador del Conicet.
Al calor del debate ocurrió que en Brasil hubo una alerta por una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico . Los dos productores consultados para esta nota relativizaron este riesgo. Juan Uccelli, consultor del sector y expresidente de la Asociación de Productores de Cerdos, dice que “no se le puede poner a todo la palabra ‘pandemia’, que genera pánico”. “Lo que pasó en Brasil fue un caso de una chica que ni saben cómo se contagió, tuvo un resfrío leve… de eso a decir que va a haber una pandemia es dislocado. Cuando usan palabras de miedo generan una desconfianza en un montón de gente que puede perjudicar a la producción, que está haciendo bien las cosas y cumpliendo con condiciones”, añade.
Por su parte, el presidente de la Unión de Producciones Regionales Intensivas y de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Porcinos de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Lamacchia, sugiere que hay una “campaña” contra la instalación de las granjas y que las afirmaciones de intelectuales y científicos son “completamente ideológicas”. “La peste porcina viene del jabalí silvestre. Ataca a los animales, no al ser humano. No fue producto de aglutinar animales. En San Luis tenemos manadas de jabalíes sueltos, pero no tenemos descontrol como en otros países. Tenemos tierra suficiente. Estamos lejos de los virus”, sugiere. Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Promoción Popular y exdirector del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), opina que la idea de una nueva posible pandemia apunta a “deteriorar la imagen china” y responde a “usinas multinacionales”: “Me parece que Estados Unidos está detrás de esto”.
¿Qué riesgos implica el proyecto?
Aunque no es la dimensión más "común", Martínez dice que ya existen granjas de esta magnitud en la Argentina, “lo suficientemente tecnificadas como para que no haya riesgo sanitario”. “Decir que no podemos hacer este proyecto sería como decir que no podemos producir ganado vacuno porque te puede correr un toro y clavarte los cuernos. Ningún país compraría carne con dudas bromatológicas. Si los chinos promueven una industria acá es para que les vendamos sano”, explica. “La Argentina siempre ha tenido muchas objeciones sanitarias respecto de la producción de cerdos, tiene una historia de producción de cerdo en basurales, pero forma parte del pasado. Se está a punto de concretar un proyecto que convalida una modernización general de la industria, que siempre hemos reclamado. El riesgo no es el que se está objetando, sino que quede a cargo de dos o tres corporaciones”. Los productores, por su parte, afirman que Argentina tiene “uno de los mejores estatus sanitarios” del mundo y se amparan en la “bioseguridad”.
“China elige a Argentina dado que nuestro país presenta excelentes estándares sanitarios”, coincide el sociólogo Daniel Schteingart. Es el director del Centro de Estudios para la Producción, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. También el autor, en Twitter, del concepto de “ambientalismo falopa” –un cuestionamiento a los “enfoques que se oponen a todo lo que sea ‘desarrollo’”--, por el cual pidió después disculpas. “Las granjas están integradas --todo el proceso productivo se desarrolla ahí-- de modo que si existiera un problema en una de ellas la posibilidad de contagio a otras es muy bajo.” Según él, países con producción porcina superior a la nacional y con "buenos estándares ambientales" no han tenido problemas con esta actividad, como Dinamarca o Alemania.
En cambio, Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y presidenta del Partido Verde --quien aclara que el proyecto todavía no pasó por su área--, advierte sobre los riesgos para el ecosistema y la salud. Vale la pena prestar atención a la experiencia española, donde también hay granjas chinas. Se organizó un “gran levantamiento popular” con los médicos a la cabeza, quienes alertaron sobre el impacto en la salud de los trabajadores de los establecimientos. También hubo consecuencias económicas: “El negocio quedó concentrado en pocas manos, los pequeños y medianos productores comenzaron a verse afectados, a ser absorbidos por las macrogranjas que se convirtieron en fijadores de precios”. “Así como nos ha servido mirar afuera en esta pandemia para estar armados para afrontar la situación, creo que es importante tomar de ejemplo el caso español”, propone.
Folguera agrega que los controles del Estado “son muy malos”, no “porque no se cumplan”, sino porque no son “protectores de la naturaleza y los cuerpos”. Prorizan “el negocio empresarial por sobre la salud”. “Aun cuando se mejoren esas normas y se cumplan me impresiona la no consideración de los riesgos. Se amparan en el progreso y la producción como garantía del bienestar colectivo. Estos chanchos van a estar al lado de la gente pobre. ¿Quién quiere vivir al lado de un chiquero?”, se pregunta.
Ingesta de carne y maltrato animal
“Capaz esto es porque no les gusta la carne”, sugiere Lamacchia. Esta semana hubo un debate organizado por la ONG Eco House del que participaron él y Folguera, entre otrxs, y el científico le respondió que había comido cerdo al mediodía. “Con este tipo de discusiones se arman muñecos de paja. Inventan un personaje: del otro lado hay veganos que simplemente no quieren comer carne. Hay una construcción, una persona de clase media urbana que no quiere comer chancho”, responde Folguera. “Los cubanos, con su medicina avanzada, sostienen que a los niños que tienen problemas intelectuales les recetan carne de cerdo. El problema de estas opiniones es que las puede escuchar un niño e influir en su comportamiento alimenticio. Son cosas riesgosas, el ser humano necesita proteína animal para desarrollarse”, desliza el productor.
En uno de sus videos, Barruti afirmó que las megagranjas porcinas son infiernos. “Hablan de las torturas en los criaderos; es falso. También dicen que se utilizan antibióticos en forma crónica. Son todas medias verdades. Se usan pero los receta el veterinario del establecimiento. Todo estimulante de crecimiento está prohibido en la Argentina. En los corrales los cerdos tienen juguetes. Cada animal tiene una cantidad de metros cuadrados libres por corral para que el ambiente sea amigable. Se desconoce la producción y se habla en desmedro de la misma”, plantea Lamacchia.
Soluciones y perjuicios
Fuentes de Cancillería destacaron del posible acuerdo el ingreso de divisas, el mejoramiento de los términos del intercambio con China, el desarrollo en zonas postergadas del país para evitar un hacinamiento en el Gran Buenos Aires y grandes centros urbanos, el crecimiento de empleos directos e indirectos, la desojización (“se necesitarían más tierras para cultivar maíz para alimentar a los chanchos"), el beneficio para los productores en relación con la mayor disponibilidad de tecnología. No hubo funcionarios involucrados en el proyecto dispuestos a participar con nombre y apellido en este debate. Tampoco respondió a la consulta el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien había manifestado: "este acuerdo nos pone en alerta".
“Quiero generar valor agregado para producir dólares para los argentinos. Comparo la pandemia con las últimas dos guerras mundiales: Argentina tuvo un crecimiento muy importante gracias a la producción y venta de alimentos. Esta es una opción genial para crecer como país y dejar de ser una buena idea. Si no, podemos seguir exportando soja y dependiendo de ella”, opina Uccelli. Lamacchia cree que al sector no le cambiaría la ecuación económica, pero sí pondera la “oportunidad” para el país. “Esta alianza estratégica permitirá un crecimiento rápido en una situación de postpandemia, generando un número importante de fuentes de trabajo. Está la posibilidad de proyectos asociativos porcinos y agropecuarios.”
Los firmantes del documento no son para nada optimistas con que esta jugada ayude a solucionar el tema de la pobreza. Dice Svampa: “Las élites políticas y económicas argentinas siguen sosteniendo una visión eldoradista. Siguen dispuestas a pagar costos altísimos con tal de sostener una ilusión de crecimiento acelerado. No les importa sacrificar territorios ni mirar a mediano plazo las consecuencias sociales y ambientales. Así como Vaca Muerta era la solución a los problemas del país, ahora quieren presentar las granjas de cerdos a gran escala como la nueva solución mágica en tiempos de pandemia. La asociación con China tiene todos los elementos para transformarse en un enclave de exportación que beneficiará a los sectores más concentrados. Ya ocurre en México, Chile, España. Viendo lo que sucede aquí, con la muy mala experiencia que tenemos con el extractivismo minero, el fracking y el modelo sojero, no veo por qué debería ser optimista”.
“Lo que veo en estas políticas --dice Folguera-- es un espantoso presentismo. Vivir el presente. Reventar los territorios para obtener los dólares que necesitan y no proyectar en ningún caso ni a mediano plazo la forma de vida de las comunidades. No los veo evaluando consecuencias o diagnosticando experiencias anteriores que podamos tener como referencia ni transmitiendo en términos informacionales las cosas en función de beneficios y perjuicios. Sí, van a entrar dólares… ¿a costa de qué? Lo que se hace es trasladar recursos. Se los sacás a territorios y cuerpos y los mandás a la macroeconomía.”
“Exportar más es fundamental para que las mejoras sociales sean sostenibles. Además, el Estado podría recaudar más a través de los ingresos fiscales”, define Schteingart, y agrega: "No es que este proyecto vaya a ser la panacea, la solución a los problemas del desarrollo, pero sí tiene mucho por aportar. Es fundamental un Estado que regule debidamente los procesos productivos y un sistema científico-tecnológico activo para que los riesgos ambientales sean los menores posibles."
Vázquez, por su parte, manifiesta: “La recuperación económica de la postpandemia tiene que ser mucho más virtuosa, con mucha mayor atención a los efectos del cambio climático, cuidado de biodiversidad y ecosistemas. Hace más de 50 años que el sistema científico viene advirtiendo sobre las consecuencias del calentamiento global y la destrucción del ecosistema y la biodiversidad por la acción humana. Ya no hay tiempo para seguir haciéndose el distraído o mirar para el costado. La Argentina tiene un enorme pasivo ambiental. No puede jugar una carta que lo empeore”. Tal vez la cuestión no sea cerdos o no cerdos, sino todas las preguntas que el proyecto disparó antes de ser hecho concreto.
La relación con China
Enrique Martínez opina que “no hay que darle tanto peso” al lugar que pasaría a ocupar Argentina en el escenario mundial de concretarse el acuerdo, porque los cerdos representarían “sólo el 5 por ciento” de las importaciones que China obtiene de las granjas. “China sueña con ser la potencia mundial líder, quiere llevarse bien con todos, armonizar con todo aquél que esté contra Estados Unidos, y con los que tienen una situación ambigua, híbrida, como Argentina. Esta es una oportunidad para cambiar la mirada sobre el sector, no es que nos cambia la geografía argentina en términos productivos.”
“China busca en otros lugares sus alimentos que hoy obtiene en gran parte de Estados Unidos. Estados Unidos, que históricamente domina la agroindustria en nuestro país, por un lado resiste y compite en el comercio, pero por otro se beneficia porque es el que domina gran parte de la cadena agroindustrial en nuestros países”, aporta Germán Mangione, periodista y director del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en América latina. De acuerdo a su perspectiva, la relación histórica de Argentina con China suele ser presentada como “complementaria e igualitaria” pero ha demostrado “no ser muy diferente a la relación con las demás superpotencias”. Es una “relación de dependencia y complementariedad subordinada”. En los granos y también en la carne, “la relación se organiza desde las necesidades de China y no desde las de Argentina, y no hay ninguna señal de que en el negocio de los cerdos vaya a ser diferente”.
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Polémico proyecto de granjas de cerdos chinas
Polémica con China: lanzan una campaña para detener la instalación de granjas industriales de cerdos
Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En menos de cuatro horas, ya hubo miles y miles de adhesiones al documento ''No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias'', convocado por artistas, activistas, periodistas y red de abogados ambientalistas. Lo que busca el documento es frenar un acuerdo entre la *Argentina *y *China *para producir nueve millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, lo que implicaría para pasar de producir 6/7 millones de cerdos por año a 100 millones.
Esto se debe a la crisis de la *Peste Porcina Africana *(PPA) en /China/, que, de acuerdo a un documento publicado en el blog "Pacto Socual y Económico" , “ya *generó la matanza de 180 a 250 millones de cerdos chinos para evitar la propagación del virus y estiman que erradicar la enfermedad les podría demandar más de 10 años*. La matanza fue de modo sumamente crueles como quemarlos o enterrarlos vivos, y eso disminuyó la producción entre un 20 y un 50 por ciento”.
*Información oficial*. El 6 de julio pasado, la cancillería argentina difundió una comunicación entre el *Ministro de Relaciones Exteriores y Culto*,*Felipe Solá*, y el ministro de *Comercio de la República Popular China*, *ZhongShan*, donde se anuncia una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y se anuncia una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.
PERFIL se comunicó con Cancilleria y el vocero oficial le anunció a este medio que ''aún no hay acuerdo y que se tendrán en cuenta las prevenciones planteadas y que aún no hay fecha estimada para el lanzamiento''.
La periodista Soledad Barruti advierte que ''aún estamos a tiempo de dejar de entregarnos a un *agronegocio suicida*'', que ella compara con el Programa Pura Soja de 1996, "donde a raíz de un acuerdo de Felipe Solá, nos convertimos en los grandes alimentadores de cerdos de China a raíz del monocultivo de soja''.
''Pero ahora en vez de alimentar con nuestra soja a los cerdos chinos, Vamos a pasar a entregarles a los animales directamente. Con todo lo que implica la *cría industrial*, *zoonosis *de todo tipo, y la *resistencia bacteriana*. *800 mil personas mueren por año por eso*. Además de la *contaminación *del aire, agua, y profundización de un modelo agroindustrial que venimos denunciando'', le explica a PERFIL, *Marcos Ezequiel Filardi *(abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria).
Según fuentes oficiales, la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (CAPID) impulsaría inversiones por USD 27.000 mil millones en los próximos 4 a 8 años.
*Maltrato animal*. Según Barrutti, los cerdos al ser hacinados en cubículos, luchan por escaparse mordiendo y golpeando los barrotes metálicos, lesionándose y provocándoles problemas mentales y físicos. Por eso se les arrancan los colmillos y la cola que por el estrés es lo primero que se lesionan. Su sufrimiento es constante y muchos padecerán problemas respiratorios.
Por su parte, el abogado Enrique Viale, agrega a PERFIL "Pasamos de "Vaca Muerta" a "Cerdo Muerto".
Las primeras firmas del documento son Soledad Barruti (periodista y escritora), Maristella Svampa (socióloga y escritora), Guillermo Folguera (CONICET-UBA/Biologo-Filosofo), Marcos Ezequiel Filardi (abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria), Enrique Viale (abogado ambientalista), Elizabeth Jacobo (FAUBA), Miryam Kurganoff de Gorban (nutricionista y doctora honoris causa UBA y UNR), Gabriela Cabezón Cámara (escritora), Pablo Alabarces (Sociólogo/Investigador del Conicet), Beatriz Sarlo (ensayista y escritora), Patricia Pintos (Geógrafa/UNLP), Rafael Colombo (abogado ambientalista), Gabriela Massuh (escritora), Carlos Gamerro (escritor), Alejandra García, (Fundación Franz Weber), Jesusa Rodríguez (Senadora de la República Mexicana), Liliana Felipe (compositora), Erica Rivas (actriz), Leonor Manso (actriz), Patricia Zangaro (dramaturga).
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Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En menos de cuatro horas, ya hubo miles y miles de adhesiones al documento ''No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias'', convocado por artistas, activistas, periodistas y red de abogados ambientalistas. Lo que busca el documento es frenar un acuerdo entre la *Argentina *y *China *para producir nueve millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, lo que implicaría para pasar de producir 6/7 millones de cerdos por año a 100 millones.
Esto se debe a la crisis de la *Peste Porcina Africana *(PPA) en /China/, que, de acuerdo a un documento publicado en el blog "Pacto Socual y Económico" , “ya *generó la matanza de 180 a 250 millones de cerdos chinos para evitar la propagación del virus y estiman que erradicar la enfermedad les podría demandar más de 10 años*. La matanza fue de modo sumamente crueles como quemarlos o enterrarlos vivos, y eso disminuyó la producción entre un 20 y un 50 por ciento”.
*Información oficial*. El 6 de julio pasado, la cancillería argentina difundió una comunicación entre el *Ministro de Relaciones Exteriores y Culto*,*Felipe Solá*, y el ministro de *Comercio de la República Popular China*, *ZhongShan*, donde se anuncia una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y se anuncia una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.
PERFIL se comunicó con Cancilleria y el vocero oficial le anunció a este medio que ''aún no hay acuerdo y que se tendrán en cuenta las prevenciones planteadas y que aún no hay fecha estimada para el lanzamiento''.
La periodista Soledad Barruti advierte que ''aún estamos a tiempo de dejar de entregarnos a un *agronegocio suicida*'', que ella compara con el Programa Pura Soja de 1996, "donde a raíz de un acuerdo de Felipe Solá, nos convertimos en los grandes alimentadores de cerdos de China a raíz del monocultivo de soja''.
''Pero ahora en vez de alimentar con nuestra soja a los cerdos chinos, Vamos a pasar a entregarles a los animales directamente. Con todo lo que implica la *cría industrial*, *zoonosis *de todo tipo, y la *resistencia bacteriana*. *800 mil personas mueren por año por eso*. Además de la *contaminación *del aire, agua, y profundización de un modelo agroindustrial que venimos denunciando'', le explica a PERFIL, *Marcos Ezequiel Filardi *(abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria).
Según fuentes oficiales, la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (CAPID) impulsaría inversiones por USD 27.000 mil millones en los próximos 4 a 8 años.
*Maltrato animal*. Según Barrutti, los cerdos al ser hacinados en cubículos, luchan por escaparse mordiendo y golpeando los barrotes metálicos, lesionándose y provocándoles problemas mentales y físicos. Por eso se les arrancan los colmillos y la cola que por el estrés es lo primero que se lesionan. Su sufrimiento es constante y muchos padecerán problemas respiratorios.
Por su parte, el abogado Enrique Viale, agrega a PERFIL "Pasamos de "Vaca Muerta" a "Cerdo Muerto".
Las primeras firmas del documento son Soledad Barruti (periodista y escritora), Maristella Svampa (socióloga y escritora), Guillermo Folguera (CONICET-UBA/Biologo-Filosofo), Marcos Ezequiel Filardi (abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria), Enrique Viale (abogado ambientalista), Elizabeth Jacobo (FAUBA), Miryam Kurganoff de Gorban (nutricionista y doctora honoris causa UBA y UNR), Gabriela Cabezón Cámara (escritora), Pablo Alabarces (Sociólogo/Investigador del Conicet), Beatriz Sarlo (ensayista y escritora), Patricia Pintos (Geógrafa/UNLP), Rafael Colombo (abogado ambientalista), Gabriela Massuh (escritora), Carlos Gamerro (escritor), Alejandra García, (Fundación Franz Weber), Jesusa Rodríguez (Senadora de la República Mexicana), Liliana Felipe (compositora), Erica Rivas (actriz), Leonor Manso (actriz), Patricia Zangaro (dramaturga).
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Los desmontes siguen y crecen en la pandemia
“Salta es cómplice de un crimen ambiental”
Fecha de Publicación: 16/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.
En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.
Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.
"Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestan. Es responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.
El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. “Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional", señaló Giardini.
Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.
Dos mil hectáreas más que en 2019
En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.
“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
“Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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Fecha de Publicación: 16/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.
En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.
Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.
"Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestan. Es responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.
El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. “Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional", señaló Giardini.
Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.
Dos mil hectáreas más que en 2019
En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.
“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
“Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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Salta elegida por la Nasa como ejemplo de deforestación
La Nasa publicó un mapa interactivo de la deforestación del Gran Chaco salteño en dos décadas
Fecha de Publicación: 23/05/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Salta
Fue este miércoles. Las fotos satelitales superpuestas permiten ver el avance de tierra arrasada en las provincias de Jujuy, Salta y Chaco. El segundo bosque más extenso y diverso del subcontinente después del Amazonas puesto bajo la lupa desde el espacio
El Gran Chaco es el segundo bosque en tamaño y biodiversidad de América del Sur después de la selva amazónica. Tienen distintos climas: el primero semiárido, el otro húmedo. Los dos, sin embargo, sufren similares acciones depredadoras: la rápida deforestación. Con este argumento, la agencia espacial estadounidense eligió el último miércoles como su “imágen del día” fotos satelitales del Chaco que muestran cómo el hombre –ciertos hombres– arrasan con su vegetación autóctona, y con ello también ponen en peligro su fauna, a la par de promover cambios climáticos cuyas consecuencias se verifican a miles de kilómetros.
Las observaciones de los satélites Landsat que expone el sitio de la Nasa indican que aproximadamente el 20 por ciento (142 mil kilómetros cuadrados) del bosque se convirtió en tierras de cultivo o de pastoreo entre 1985 y 2013.
De 2010 a 2018, más de 29 mil kilómetros cuadrados fueron limpiados para granjas y ranchos, sigue el texto de la agencia espacial con remito de los datos a la organización sin fines de lucro Guyra Paraguay. Y añade: gran parte del desmonte se da en la Argentina.
El Gran Chaco se extiende por unos 650 mil kilómetros cuadrados en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el bosque seco más grande de América del Sur, reseña el artículo de la Nasa.
Se compone principalmente de arbustos y árboles de madera dura que proporcionan hábitat para miles de especies de plantas y cientos de especies animales. Los nativos wichí han cazado y se han reunido en esta tierra durante décadas.
Las imágenes muestran la deforestación en un lapso de dos décadas alrededor de la provincia de Salta. La imagen del 18 de diciembre de 2000 muestra una mezcla de tierra despejada y áreas más verdes. La imagen del 24 de diciembre de 2019 muestra gran parte del bosque reemplazado por grandes campos.
Se trata de imágenes procesadas procedentes del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (Modis) instalado en el satélite Terra de la Nasa.
Soja y vacas a un alto precio ambiental
Gran parte de la tierra despejada, afirma el artículo de la Nasa, se convirtió en tierras de cultivo para soja y espacios para la cría de ganado.
Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo. La investigación de la ONG paraguaya muestra que la producción de soja fue un impulsor directo de la deforestación en el bosque durante la década de 2000.
La creciente demanda mundial del poroto –en gran medida para alimento animal– y el aumento de los precios internacionales motivaron a los productores de la región, muchos de ellos grandes jugadores del mercado, a incursionar en tierras sin explotación agrícola previa. Un aliciente extra son las modificaciones genéticas que permiten a la soja resistir climas más severos. Así comenzó el avance sobre bosques y regiones áridas, al compás de legislación ambiental nula o pobre, y falta de control estatal sobre las violaciones a la normativa vigente.
Rara “federalización”
El control de la deforestación en el Gran Chaco es un desafío con varias vertientes, que incluyen el poder de lobby de los grandes productores y exportadores sobre los gobiernos.
En 2007, la Argentina promulgó una “ley forestal” nacional –Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– que descarga en los gobiernos locales la regulación y fiscalización de la expansión de la agricultura a gran escala y la fijación de prácticas para proteger los bosques nativos. La investigación muestra que esas administraciones locales no pudieron, no quisieron o no tuvieron poder suficiente para hacer cumplir la ley en numerosas zonas protegidas. Muchas, incluso, experimentaron un aumento de la deforestación después de la aprobación de la norma.
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Fecha de Publicación: 23/05/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Salta
Fue este miércoles. Las fotos satelitales superpuestas permiten ver el avance de tierra arrasada en las provincias de Jujuy, Salta y Chaco. El segundo bosque más extenso y diverso del subcontinente después del Amazonas puesto bajo la lupa desde el espacio
El Gran Chaco es el segundo bosque en tamaño y biodiversidad de América del Sur después de la selva amazónica. Tienen distintos climas: el primero semiárido, el otro húmedo. Los dos, sin embargo, sufren similares acciones depredadoras: la rápida deforestación. Con este argumento, la agencia espacial estadounidense eligió el último miércoles como su “imágen del día” fotos satelitales del Chaco que muestran cómo el hombre –ciertos hombres– arrasan con su vegetación autóctona, y con ello también ponen en peligro su fauna, a la par de promover cambios climáticos cuyas consecuencias se verifican a miles de kilómetros.
Las observaciones de los satélites Landsat que expone el sitio de la Nasa indican que aproximadamente el 20 por ciento (142 mil kilómetros cuadrados) del bosque se convirtió en tierras de cultivo o de pastoreo entre 1985 y 2013.
De 2010 a 2018, más de 29 mil kilómetros cuadrados fueron limpiados para granjas y ranchos, sigue el texto de la agencia espacial con remito de los datos a la organización sin fines de lucro Guyra Paraguay. Y añade: gran parte del desmonte se da en la Argentina.
El Gran Chaco se extiende por unos 650 mil kilómetros cuadrados en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el bosque seco más grande de América del Sur, reseña el artículo de la Nasa.
Se compone principalmente de arbustos y árboles de madera dura que proporcionan hábitat para miles de especies de plantas y cientos de especies animales. Los nativos wichí han cazado y se han reunido en esta tierra durante décadas.
Las imágenes muestran la deforestación en un lapso de dos décadas alrededor de la provincia de Salta. La imagen del 18 de diciembre de 2000 muestra una mezcla de tierra despejada y áreas más verdes. La imagen del 24 de diciembre de 2019 muestra gran parte del bosque reemplazado por grandes campos.
Se trata de imágenes procesadas procedentes del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (Modis) instalado en el satélite Terra de la Nasa.
Soja y vacas a un alto precio ambiental
Gran parte de la tierra despejada, afirma el artículo de la Nasa, se convirtió en tierras de cultivo para soja y espacios para la cría de ganado.
Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo. La investigación de la ONG paraguaya muestra que la producción de soja fue un impulsor directo de la deforestación en el bosque durante la década de 2000.
La creciente demanda mundial del poroto –en gran medida para alimento animal– y el aumento de los precios internacionales motivaron a los productores de la región, muchos de ellos grandes jugadores del mercado, a incursionar en tierras sin explotación agrícola previa. Un aliciente extra son las modificaciones genéticas que permiten a la soja resistir climas más severos. Así comenzó el avance sobre bosques y regiones áridas, al compás de legislación ambiental nula o pobre, y falta de control estatal sobre las violaciones a la normativa vigente.
Rara “federalización”
El control de la deforestación en el Gran Chaco es un desafío con varias vertientes, que incluyen el poder de lobby de los grandes productores y exportadores sobre los gobiernos.
En 2007, la Argentina promulgó una “ley forestal” nacional –Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– que descarga en los gobiernos locales la regulación y fiscalización de la expansión de la agricultura a gran escala y la fijación de prácticas para proteger los bosques nativos. La investigación muestra que esas administraciones locales no pudieron, no quisieron o no tuvieron poder suficiente para hacer cumplir la ley en numerosas zonas protegidas. Muchas, incluso, experimentaron un aumento de la deforestación después de la aprobación de la norma.
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Cuestionan el Plan Ganadero chaqueño
Greenpeace cuestiona el Plan Ganadero Provincial: "Promoverá más deforestación e inundaciones", sostiene
Fecha de Publicación: 31/01/2020
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace sostiene que el Plan Ganadero anunciado por el Gobernador Capitanich “promoverá más deforestación e inundaciones”. Afirma que Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable.
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presentó ayer el Plan Ganadero 2.020-2.030, el cual tiene como objetivo aumentar considerablemente el actual stock, pasando de 2,6 millones a 3,2 millones las cabezas de ganado, desarrollar frigoríficos exportadores, y alcanzar las 500 mil hectáreas de pasturas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió: “El ambicioso plan de expansión de la ganadería intensiva del gobierno de Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable, ya que promoverá un aumento de la deforestación y la fragmentación de sus bosques”.
"La conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país", explican en la organización ambientalista.
“La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones, como las que sufrió la provincia de Chaco el año pasado. Una hectárea con pasturas para ganadería intensiva absorbe tres veces menos lluvia que una hectárea con bosque chaqueño”, apuntó Giardini.
"Chaco es la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.177 hectáreas). Y ya lleva desmontadas cerca de 2 millones de hectáreas de su territorio", subrayó Greenpeace.
“El año pasado el pueblo chaqueño se movilizó masivamente en defensa del monte. El actual gobierno debe escuchar a la gente e implementar políticas más fuertes en defensa de los bosques”, sentenció Giardini.
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Fecha de Publicación: 31/01/2020
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace sostiene que el Plan Ganadero anunciado por el Gobernador Capitanich “promoverá más deforestación e inundaciones”. Afirma que Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable.
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presentó ayer el Plan Ganadero 2.020-2.030, el cual tiene como objetivo aumentar considerablemente el actual stock, pasando de 2,6 millones a 3,2 millones las cabezas de ganado, desarrollar frigoríficos exportadores, y alcanzar las 500 mil hectáreas de pasturas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió: “El ambicioso plan de expansión de la ganadería intensiva del gobierno de Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable, ya que promoverá un aumento de la deforestación y la fragmentación de sus bosques”.
"La conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país", explican en la organización ambientalista.
“La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones, como las que sufrió la provincia de Chaco el año pasado. Una hectárea con pasturas para ganadería intensiva absorbe tres veces menos lluvia que una hectárea con bosque chaqueño”, apuntó Giardini.
"Chaco es la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.177 hectáreas). Y ya lleva desmontadas cerca de 2 millones de hectáreas de su territorio", subrayó Greenpeace.
“El año pasado el pueblo chaqueño se movilizó masivamente en defensa del monte. El actual gobierno debe escuchar a la gente e implementar políticas más fuertes en defensa de los bosques”, sentenció Giardini.
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2,8 millones de hectáreas de bosques perdidos en 12 años
Deforestación: se perdieron 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos en 12 años
Fecha de Publicación: 30/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina perdió 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 12 años debido a los desmontes, de acuerdo con un nuevo informe de Greenpeace. Un millón de esas hectáreas estaban en zonas protegidas por la ley de bosques de 2007 en cuatro provincias: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Es urgente que se implementen políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 30/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina perdió 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 12 años debido a los desmontes, de acuerdo con un nuevo informe de Greenpeace. Un millón de esas hectáreas estaban en zonas protegidas por la ley de bosques de 2007 en cuatro provincias: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Es urgente que se implementen políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Los datos indican que la pérdida forestal el año pasado fue un 28% menor que en 2018, una tendencia en descenso que se mantiene desde 2014, de acuerdo con la organización ambientalista. Giardini lo atribuye a varios factores, que van desde un avance con la aplicación de la ley de bosques hasta una mayor conciencia en la población de la importancia del cuidado del ambiente y sus recursos. Cita, por ejemplo, las movilizaciones de la comunidad en El Bolsón, Chaco y Córdoba en defensa de estas áreas verdes. "Hay un aumento de la participación social", indica.
La superficie desmontada el año pasado en las provincias monitoreadas fue de 80.938 hectáreas, de acuerdo con los resultados difundidos este mes. Son 25.513 hectáreas en Santiago del Estero, 23.521 hectáreas en Formosa, 14.664 hectáreas en Salta y 17.240 hectáreas en Chaco.
En la misma región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017. Poco más de un tercio de la zona deforestada el año pasado (27.704 hectáreas) corresponde a áreas protegidas con las categorías rojo y amarillo (junto con el verde, estos tres colores indican dónde los gobiernos provinciales pueden o no autorizar el desmonte). La rezonificación de las áreas con máxima protección suele ser una estrategia en las provincias para autorizar los desmontes.
Greenpeace difunde anualmente los resultados de un monitoreo del estado de esos ecosistemas en el norte de la Argentina, donde se concentra el 80% de la deforestación. Esas áreas verdes conservan la riqueza de especies del Gran Chaco argentino y su protección es importante para mitigar el cambio climático y proteger a las poblaciones de catástrofes naturales, como las inundaciones.
En este nuevo informe de ese relevamiento, que incluye el análisis de imágenes satelitales, Greenpeace advierte que "Chaco y Santiago del Estero son las provincias con más pérdida de bosques nativos en los últimos cuatro años". Son 130.177 hectáreas en suelo chaqueño y 127.527 en territorio santiagueño.
"Lo que más nos preocupa es la crisis climática. Frente a eso, ya ni la ley de bosques [sancionada en 2007] es suficiente. No habría que deforestar más en la Argentina -afirma Giardini-. La norma es restrictiva, pero a medias. Logró avances en los últimos tiempos, pero la cantidad de especies en peligro de extinción debido a la deforestación es enorme. Se estima que quedan unos 20 ejemplares de yaguareté en el Chaco argentino. La forma en que se emplea la agricultura, la ganadería y la deforestación es responsable del 40% de las emisiones de efecto invernadero del país."
Como para sus análisis anteriores, Greenpeace superpuso capas de datos de 2019 generados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, además de imágenes satelitales mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Para Greenpeace, es "evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente". La organización denuncia, además, que "en muchos casos, es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de las normas".
Ganado por soja
Giardini explicó que, actualmente, en el norte se está deforestando más del doble por la ganadería que por el cultivo de soja. La pastura reemplaza el bosque bajo, los arbustos y su biodiversidad. "A veces, dejan 20 o 30 árboles por hectárea para decir que no se perdió el bosque. Pero esos árboles no se renuevan y desaparecen", comentó.
El valor de la hectárea en el norte, que es más bajo que en la región pampeana, es un atractivo para la expansión de la frontera agropecuaria. Aun cuando degradar esos ecosistemas que mantienen las cuencas de agua y protegen el suelo aumenta el riesgo de inundaciones.
"Las cuatro provincias que concentran el 80% de la deforestación del país siguen siendo las más pobres. Esto demuestra que el famoso proyecto de sacar los bosques para promover el cultivo de soja o la ganadería no se tradujo en progreso", sostiene Giardini en diálogo con LA NACION.
A través del informe, la organización reclama la implementación de normas y acuerdos "más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus habitantes".
Y Giardini finaliza: "Hemos avanzado, pero aún no podemos seguir perdiendo alrededor de 100.000 hectáreas por año. La crisis climática está obligando a los gobiernos y las empresas a no transformar los ecosistemas de manera innecesaria y avanzar sobre áreas que no vamos a poder recuperar. Es necesario que el gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en el que están representadas todas las provincias, aumente las exigencias para el cumplimiento efectivo de la ley de bosques y no que cada provincia pueda hacer lo que quiera".
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Afirman que ganadería no tiene balance negativo de carbono
Afirman que la ganadería pastoril secuestra 12 veces más carbono que el que emite
Fecha de Publicación: 24/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Desde el Rosgan afirman que en la medición se debe incluir el carbono secuestrado por las pasturas.
Un mensaje publicado en las redes sociales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a reavivar la discusión en torno al rol de la ganadería en el incremento del calentamiento global. "Comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global", publicó el organismo en Twitter.
En la misma jornada, el mercado ganadero de Rosario (Rosgan) dio a conocer un informe en el que cuestiona esta visión del sector e insiste con la mirada que se está impulsando desde Argentina sobre que hay que cambiar la forma en que se miden las emisiones de carbono, computando también la captura o secuestro de este gas que pueden realizar los pastizales.
El Rosgan reconoce en su reporte que, de acuerdo al último inventario oficial realizado en base a los parámetros establecidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), correspondiente al bienio 2014, el sector ganadero nacional contribuye en un 20,7 por ciento a la generación total de gases de efecto invernadero, en su mayor parte provocados por las emisiones de metano provenientes de la fermentación entérica de bovinos.
Sin embargo, el Rosgan también menciona un trabajo científico realizado por un grupo de investigadores del Conicet (Ernesto Viglizzo, María Florencia Ricard, Miguel Taboada y Gabriel Vázquez Amabile) quienes analizaron el rol de las tierras de pastoreo en el balance regional de carbono, y proponen una metodología más “completa” para medir el impacto de la ganadería que la elaborada por el IPCC.
En dicha investigación, se evalúa el balance de carbono en tierras de pastoreo, integrando el secuestro de carbono que realizan las pasturas con las emisiones que genera el ganado bovino, planteando así una medición alternativa al método simplificado del IPCC que siguen las estimaciones de inventarios nacionales.
Para estimar este secuestro de carbono, el estudio se enfocó en el almacenamiento de carbono orgánico en suelo, para los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los resultados muestran que las tierras de pastoreo estarían generando un excedente de carbono; es decir, que las emisiones que producen los animales resultan más que compensadas por el secuestro de carbono que generan estos lotes ganaderos.
“De acuerdo este enfoque, Argentina es el país que –en términos relativos- presentaría la mayor tasa de secuestro de carbono en relación a lo que emite la ganadería. Es decir, el país que mostraría el balance de carbono con mayores excedentes en toda la región, secuestrando 12 veces más de lo que emite, comparado con una relación de 3,5 promedio para la región”, indica el Rosgan.
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Fecha de Publicación: 24/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Desde el Rosgan afirman que en la medición se debe incluir el carbono secuestrado por las pasturas.
Un mensaje publicado en las redes sociales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a reavivar la discusión en torno al rol de la ganadería en el incremento del calentamiento global. "Comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global", publicó el organismo en Twitter.
En la misma jornada, el mercado ganadero de Rosario (Rosgan) dio a conocer un informe en el que cuestiona esta visión del sector e insiste con la mirada que se está impulsando desde Argentina sobre que hay que cambiar la forma en que se miden las emisiones de carbono, computando también la captura o secuestro de este gas que pueden realizar los pastizales.
El Rosgan reconoce en su reporte que, de acuerdo al último inventario oficial realizado en base a los parámetros establecidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), correspondiente al bienio 2014, el sector ganadero nacional contribuye en un 20,7 por ciento a la generación total de gases de efecto invernadero, en su mayor parte provocados por las emisiones de metano provenientes de la fermentación entérica de bovinos.
Sin embargo, el Rosgan también menciona un trabajo científico realizado por un grupo de investigadores del Conicet (Ernesto Viglizzo, María Florencia Ricard, Miguel Taboada y Gabriel Vázquez Amabile) quienes analizaron el rol de las tierras de pastoreo en el balance regional de carbono, y proponen una metodología más “completa” para medir el impacto de la ganadería que la elaborada por el IPCC.
En dicha investigación, se evalúa el balance de carbono en tierras de pastoreo, integrando el secuestro de carbono que realizan las pasturas con las emisiones que genera el ganado bovino, planteando así una medición alternativa al método simplificado del IPCC que siguen las estimaciones de inventarios nacionales.
Para estimar este secuestro de carbono, el estudio se enfocó en el almacenamiento de carbono orgánico en suelo, para los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los resultados muestran que las tierras de pastoreo estarían generando un excedente de carbono; es decir, que las emisiones que producen los animales resultan más que compensadas por el secuestro de carbono que generan estos lotes ganaderos.
“De acuerdo este enfoque, Argentina es el país que –en términos relativos- presentaría la mayor tasa de secuestro de carbono en relación a lo que emite la ganadería. Es decir, el país que mostraría el balance de carbono con mayores excedentes en toda la región, secuestrando 12 veces más de lo que emite, comparado con una relación de 3,5 promedio para la región”, indica el Rosgan.
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Córdoba en emergencia forestal
Emergencia Forestal: Córdoba ya perdió más del 95% de su bosque nativo
Fecha de Publicación: 04/11/2019
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Entre 2001 y 2018, pese a la legislación vigente sobre medioambiente, la provincia perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbórea. Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión, representan el 56% de esas pérdidas.
“Qué linda esta plantita”, dice y la arranca de raíz con cuidado. La mete en una bolsa con tierra húmeda y la aromática, tras la caída del sol, viaja entre los bártulos con algún destino lejos del espacio nativo. La escena sobre la “Minthostachys verticillata”, conocida como peperina, es algo usual entre los visitantes de las sierras. Fascina el paisaje, la sombra, los mates con ese yuyito de aroma cordobés, pero cuesta proyectar cuánto de lo que nos rodea una tarde de verano en la sierras, va desapareciendo como la peperina.
A comienzos del siglo pasado Córdoba tenía cerca de 12 millones de hectáreas de bosques nativos originales. De ese total, hasta las mediciones hechas por el grupo de investigación liderado por Marcelo Zak y Marcelo Cabido, en el año 2000 determinó que en la provincia los bosques nativos ocupan solo un 3,6%. Es decir, solo unas 594 mil hectárea. La emergencia forestal no es un eufemismo del futuro, es ya tierra arrasada.
900 hectáreas de bosque nativo en 2018
En este siglo, entre 2001 y 2018, cuando más se sancionó legislación sobre la protección del medioambiente, la provincia perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbórea. Durante este período, según registros de la organización internacional Global Forest Watch, Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión representaron el 56% de todas esas pérdidas, siendo Río Primero, el departamento más afectado.
Durante 2018, Córdoba perdió 889 hectáreas de bosque nativo. Con intensidad, como fue previo a la sanción de la Ley de Bosques, o a cuentagotas, como pasa ahora en la ilegalidad, el desmonte en la provincia avanza sigiloso.
“Entre los distintos momentos históricos de poblamiento, Córdoba perdió millones de hectáreas de ecosistemas naturales, tanto de bosques, como pastizales y humedales. La deforestación en los últimos 100 años, fue uno de los ejes, y el modelo basado en agroquímos intensificó el impacto, tanto en el medio natural que soporta esta producción, como en la salud de la cantidad de poblaciones relacionadas a esos sistemas agropecuarios”, dice el biólogo e investigador Cristian Schneider, quien también es miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.
Factores de la destrucción
Según consigna la plataforma Montes de Córdoba, los factores que destruyen el bosque nativo son los incendios, la invasión de plantas exóticas, el crecimiento urbano, y el avance de las fronteras agropecuarias. Este último, es el que más incidió en la gran pérdida de los ecosistemas locales.
Se trata de un fenómeno que se dio principalmente a partir de la introducción del modelo agroindustrial con utilización de transgénicos. La soja desde la década del 90, por ejemplo, hizo que Córdoba se transformara.
Las zonas al sureste de la provincia comenzaron a tener cada vez más cultivo. Y eso generó una presión sobre el área norte de la provincia. Los sectores ganaderos se fueron moviendo hacia el norte, y esos corrimientos de las fronteras agropecuarias, como se suele llamar, generó una presión sobre esa zona. Desde Río primero hacia el norte hubo grandes deforestaciones.
Si se mira hacia el sureste de Córdoba, esta es un área donde se hacen cultivos hace más de 40 años donde habitan localidades sumamente pobladas que no tienen ningún porcentaje de bosque alrededor. Allí también se presenta una situación grave donde los cultivos extremadamente cerca de esas poblaciones, utilizan grandes cantidades de agroquímicos y no tienen protecciones forestales cerca de la ciudad.
En lo local, para Schneider hay una discusión de fondo que se tiene que dar sobre cómo se está encarando el desarrollo, las formas de vida y producción que demanda la ciudadanía en Córdoba. “Eso no significa que se tiene que producir de acuerdo a los códigos de este modelo basado siempre en el beneficio económico, más que en responder a determinadas necesidades de la población y generar modos sanos, y equilibrados de producción”, explica y agrega: “No hay que destruir lo que en realidad está dando oportunidad de producir”.
Una estructura que no termina en el suelo
El imaginario social muchas veces plantea que el bosque está solo representado por árboles, pero una cuestión importante a resaltar es que en realidad se trata de una estructura compleja, no es solo de árboles. Este punto no es menor a la hora de definir lo que se entiende por bosque nativo, sobre todo si se piensa cómo se define el mismo en las leyes sancionadas para su protección.
“Si uno define que en un bosque nativo solo se tiene que proteger árboles, eso deja fuera de la ley o desprotegidos, un montón de otras estructuras que también son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas”, dice a este medio, el científico Lisandro Agost, que trabaja en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables dependiente de la UNC y estudió durante años, el cambio de cobertura arbórea de Córdoba.
Si bien se piensa que los bosques nativos están constituidos solo por árboles, por ejemplo, en la Pampa de Achala que está formada por pastizales de altura, eso también parte de una cobertura boscosa nativa. “Un bosque está constituido por muchos estratos, están los árboles, arbustos, las enredaderas, las herbáceas, los pastos, y después tenés toda la estructura que está por debajo, un bosque no termina en el suelo, es decir, donde empieza a surgir la vegetación sino que por debajo del suelo están las raíces, y una cantidad de microorganismos constituyen también parte de un bosque nativo”, explica Agost.
Es por ello que si uno hace un corte de suelo en un monocultivo de soja, probablemente, encuentre muchos menos biodiversidad en las capas de tierra, en cambio "en un bosque nativo, los árboles pueden tener raíces tres veces más largas de lo que se ve por arriba, es decir, si un árbol tiene cinco metros, las raíces pueden llegar hasta más de 15 metros y conectarse en distancias muy grandes”, dice el investigador.
Tener claro este punto, hace cambiar la percepción de lo que se tiene que preservar en el territorio.
Sin implementación, no hay bosque nativo
La pérdida de los servicios ecosistémicos que prestan los bosques nativos a la sociedad, fue motivo de preocupación a nivel internacional desde los años setenta, por lo que la conservación y enriquecimiento de los bosques está incluida en la agenda ambiental internacional desde hace cinco décadas y ahora vuelve a alzar la voz bajo los planteos de miles de jóvenes alrededor del mundo, que demandan medidas concretas para atender la emergencia ambiental.
En el 2007 se sancionó la ley nacional 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” que fue reglamentada en 2009. En 2010, con algunas controversias por su alcance, Córdoba sancionó la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y su decreto reglamentario 170/2011.
Anteriormente, la ley provincial 9.219 de 2005 y el decreto 10/2005 prohibieron el desmonte total dejando establecidos los términos de referencia para las intervenciones en bosques nativos. A esto se suma la Ley Agroforestal 10.467 y este año, la Unicameral provincial también le hizo lugar a la Ley de Agricultura Familiar. Sin embargo, desde 1990, Argentina es uno de los diez países que más desmontes sufrió a nivel mundial hasta el 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Juguetes del capitalismo
“Queda claro que la ley puede tener un discurso muy bonito, incluso si para sancionarla hubo participación y voces de distintos sectores, que no sucede muy seguido, pero es sabido que el capitalismo te da una herramienta pero es al mismo tiempo un juguete vacío y tenemos que estar atentos a no caer. La legislación actual a veces no se cumple por omisión del Gobierno, eso es terrible y es así cómo muchos colectivos llegan a judicializar la ausencia del Estado”, indica Schneider y agrega que más allá de la barrera de financiamiento que muchas veces argumenta el Estado, “hay una ausencia de esa intención de que la agenda política sea cierta, respecto a la política ambiental”.
“Hay un desinterés porque no hay intención de poder regular lo que significa la enorme presión que generan intereses económicos particulares en estos ecosistemas. Y contra eso no hay financiamiento que valga porque la Provincia puede recibir un montón de dinero y no destinarlo para lo que tiene que hacer, sino que no tiene interés en hacerlo”, explica el biólogo, para quien a la hora plantear soluciones a la emergencia ambiental, no puede haber pocas voces que se arroguen determinado conocimientos y visión particular de las medidas que hay que implementar.
“Tiene que haber procesos de trabajo en el territorio, no solo de diagnóstico sino a nivel de decisión donde se den estas participaciones en función de tener en claro que en otras escalas están ocurriendo cosas similares y la sumatoria de problemáticas y necesidades hace que el panorama sea bastante crítico, duro a nivel de lo que significa la crisis ambiental”, puntualiza Schneider.
En esa línea, Lisandro Agost, aporta que la irreversibilidad respecto a la situación de los bosques nativos, tiene que ver con que las políticas de Estado tengan un control constante y continuo para decidir que ciertas áreas sean de agricultura o de urbanización y los bosques sean protegidos, y ciertas zonas sean restauradas.
“Si hay predisposición, tiempo, inversión estatal, y se fomentan las investigaciones, se puede volver a un punto de reversibilidad del estado actual de la provincia”, dice y amplía: “Poniendo en perspectiva, en Córdoba tenemos menos del 3% de bosque nativo -considerando que desde los últimos registros, el desmonte avaza- y eso es una situación crítica frente a un contexto mundial de cambio climático global”.
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San Luis: feedlot en la mira de la justicia
Un fallo judicial obliga a feedlot a cumplir normas ambientales
Fecha de Publicación: 25/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
La Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción. Dicho establecimiento de engorde de ganado había sido clausurado en 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían hacia el dique La Estrechura. La revocación del fallo fue destacada por investigadores de la Universidad de San Luis.
Un fallo de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción y le permitía funcionar, fue destacado por un investigador de la Universidad de San Luis (UNSL).
"Es reconfortante que la justicia haya revocado el amparo otorgado a la empresa gracias a una investigación científica que probó que en ciertas épocas del año su uso productivo hizo que se encontrara un 25% de sedimentos" en el recorrido de una cuenca "tan frágil" como la del río de la zona de Estancia Grande, dijo a Télam Hugo Velazco, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la casa de estudios.
La cuenta está ubicada a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de San Luis.
El establecimiento de engorde de ganado fue clausurado por el Gobierno provincial el 26 de junio de 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían en dirección al dique La Estrechura.
Lo ocurrido fue denunciado por los habitantes de lugar en febrero de 2017 al grupo de estudios ambientales GEA-IMASL del Conicet, que alertaron sobre la presencia de residuos orgánicos, excremento, pelo y hueso en el arroyo, lo que había generado contaminación en la zona.
El GEA, que forma parte del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), inició la investigación que arrojó resultados poco "amigables" para el medioambiente, a través de análisis realizados en "Austria y Estados Unidos", según indicaron.
La investigación se plasmó en un video de la UNSL que relataba las consecuencias de la contaminación para los vecinos con perjuicio para su patrimonio y salud.
El nuevo fallo demuestra que "no hay coronita para nadie en materia de medio ambiente y que la autoridad reguladora actúo rápidamente" para frenar actividades productivas de ese tipo, destacó Velazco.
El fallo de primera instancia ordenaba al Gobierno de San Luis, la municipalidad de Estancia Grande y el SENASA no exigir a la empresa ganadera la normativa que rige la actividad a través de una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.
El feedlot Nicanor había presentado en 2011 una categorización para encuadrarse en la Ley de Impacto Ambiental. Esa legislación fue aprobada recién en 2013, cuando se solicitó a la firma que presentara el estudio de impacto ambiental, pero el feedlot se negó por considerar que sus actividades antecedían a esa legislación.
Fue entonces que el Gobierno provincial dispuso el cese de actividades, que fue cuestionado con un recurso de amparo que resultó favorable a la empresa en primera instancia, pero denegado por la cámara civil.
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Fecha de Publicación: 25/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
La Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción. Dicho establecimiento de engorde de ganado había sido clausurado en 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían hacia el dique La Estrechura. La revocación del fallo fue destacada por investigadores de la Universidad de San Luis.
Un fallo de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción y le permitía funcionar, fue destacado por un investigador de la Universidad de San Luis (UNSL).
"Es reconfortante que la justicia haya revocado el amparo otorgado a la empresa gracias a una investigación científica que probó que en ciertas épocas del año su uso productivo hizo que se encontrara un 25% de sedimentos" en el recorrido de una cuenca "tan frágil" como la del río de la zona de Estancia Grande, dijo a Télam Hugo Velazco, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la casa de estudios.
La cuenta está ubicada a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de San Luis.
El establecimiento de engorde de ganado fue clausurado por el Gobierno provincial el 26 de junio de 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían en dirección al dique La Estrechura.
Lo ocurrido fue denunciado por los habitantes de lugar en febrero de 2017 al grupo de estudios ambientales GEA-IMASL del Conicet, que alertaron sobre la presencia de residuos orgánicos, excremento, pelo y hueso en el arroyo, lo que había generado contaminación en la zona.
El GEA, que forma parte del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), inició la investigación que arrojó resultados poco "amigables" para el medioambiente, a través de análisis realizados en "Austria y Estados Unidos", según indicaron.
La investigación se plasmó en un video de la UNSL que relataba las consecuencias de la contaminación para los vecinos con perjuicio para su patrimonio y salud.
El nuevo fallo demuestra que "no hay coronita para nadie en materia de medio ambiente y que la autoridad reguladora actúo rápidamente" para frenar actividades productivas de ese tipo, destacó Velazco.
El fallo de primera instancia ordenaba al Gobierno de San Luis, la municipalidad de Estancia Grande y el SENASA no exigir a la empresa ganadera la normativa que rige la actividad a través de una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.
El feedlot Nicanor había presentado en 2011 una categorización para encuadrarse en la Ley de Impacto Ambiental. Esa legislación fue aprobada recién en 2013, cuando se solicitó a la firma que presentara el estudio de impacto ambiental, pero el feedlot se negó por considerar que sus actividades antecedían a esa legislación.
Fue entonces que el Gobierno provincial dispuso el cese de actividades, que fue cuestionado con un recurso de amparo que resultó favorable a la empresa en primera instancia, pero denegado por la cámara civil.
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Los bosques siguen cayendo
Bosques: el Gran Chaco es uno de los 11 lugares con mayor deforestación
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Desmontes: en medio de los cruces siguen desmontando
Nuevo capítulo: Greenpeace sobrevoló y documentó desmontes ilegales ganaderos de la firma Cresud
Fecha de Publicación: 13/08/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
La ONG tomó fotos deldesmonte ilegal que ocurre en la provincia de Salta, y según informaron, el resposable es la empresa Cresud.
Luego del capítulo Veganos Vs. Gauchos, que los encontró en el ring de la pista central de la Exposición Rural de Palermo, llegó el turno del mensaje de Greenpeace durante la inauguración oficial, justo cuando el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, comenzaba su discurso.
En esa ocasión el mecanismo fue más sencillo que la anterior manifestación, dado que se opto por desplegar dos banderas. Una de ellas quedó encima de la cabeza del presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, y la otra, sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Juntas formaban el mensaje que la ONG quería que la Argentina conociera. El texto decía “Ganaderos: basta de desmontes. Destruir bosques es un crimen”.
Y cuando todo parecía que los sucesos finalizaban ahí, Greenpeace se tomó el trabajo de sobrevolar y documentar un desmonte que actualmente está realizando la empresa agropecuaria Cresud en la provincia de Salta, en bosques nativos de la región chaqueña, hábitat del yaguareté.
Según un reciente reporte de la organización, “la producción ganadera, que se destina principalmente a la exportación, es la principal responsable de la deforestación en Argentina y de poner en peligro la supervivencia de los últimos veinte yaguaretés de la región chaqueña”.
“De esta manera, el famoso bife argentino llega a la mesa de los consumidores del mundo a costa de la destrucción de los bosques del Gran Chaco y de la extinción del yaguareté”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques.
De acuerdo a la información del informe “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, la compañía Cresud, que exporta carne vacuna a Europa e Israel, ya lleva desmontadas 120.000 hectáreas, equivalente a 6 veces la ciudad de Buenos Aires.
“Cresud es un importante actor agropecuario en América Latina, con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay en cultivos, caña de azúcar y ganado, donde posee más de 800.000 hectáreas. Sus principales accionistas y directores son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain”, detalló Greenpeace.
La Orgnización pudo rastrear y documentar en su informe que los productos bovinos de Carnes Pampeanas (del grupo Cresud), llegan a los supermercados y mayoristas Lidl y Metro de Alemania, Albert Heijn y Zandbergen Brothers BV de Holanda; y Shufersal de Israel.
La organización advirtió a través de un comunicado que “de implementarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea crecerá la demanda de carne vacuna argentina, aumentará la ganancia de los frigoríficos exportadores y habrá aún más presión sobre los bosques”.
“La crisis climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos no puede esperar. Exigimos a las empresas de la industria ganadera que adopten una política de Deforestación Cero y la cumplan estrictamente. Destruir bosques es un crimen”, agregó Giardini.
En el reporte, además, se revela quiénes son algunos de los principales actores de la destrucción de bosques nativos en el Gran Chaco argentino, principalmente en las provincias de Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa.
“Según datos oficiales, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2017, una superficie similar a Bélgica y Holanda juntas. Cada año en Argentina se destruyen 100.000 hectáreas de bosques por ganadería intensiva, más del doble que por agricultura”, explicó Giardini.
El informe detalla, también, cómo la destrucción y degradación de bosques en la región del Gran Chaco impacta directamente en la desaparición del yaguareté. Hace pocas semanas, la organización ecologista se presentó ante la Corte Suprema de Justicia argentina para reclamar por el reconocimiento de derechos de esta especie.
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Fecha de Publicación: 13/08/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
La ONG tomó fotos deldesmonte ilegal que ocurre en la provincia de Salta, y según informaron, el resposable es la empresa Cresud.
Luego del capítulo Veganos Vs. Gauchos, que los encontró en el ring de la pista central de la Exposición Rural de Palermo, llegó el turno del mensaje de Greenpeace durante la inauguración oficial, justo cuando el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, comenzaba su discurso.
En esa ocasión el mecanismo fue más sencillo que la anterior manifestación, dado que se opto por desplegar dos banderas. Una de ellas quedó encima de la cabeza del presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, y la otra, sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Juntas formaban el mensaje que la ONG quería que la Argentina conociera. El texto decía “Ganaderos: basta de desmontes. Destruir bosques es un crimen”.
Y cuando todo parecía que los sucesos finalizaban ahí, Greenpeace se tomó el trabajo de sobrevolar y documentar un desmonte que actualmente está realizando la empresa agropecuaria Cresud en la provincia de Salta, en bosques nativos de la región chaqueña, hábitat del yaguareté.
Según un reciente reporte de la organización, “la producción ganadera, que se destina principalmente a la exportación, es la principal responsable de la deforestación en Argentina y de poner en peligro la supervivencia de los últimos veinte yaguaretés de la región chaqueña”.
“De esta manera, el famoso bife argentino llega a la mesa de los consumidores del mundo a costa de la destrucción de los bosques del Gran Chaco y de la extinción del yaguareté”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques.
De acuerdo a la información del informe “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, la compañía Cresud, que exporta carne vacuna a Europa e Israel, ya lleva desmontadas 120.000 hectáreas, equivalente a 6 veces la ciudad de Buenos Aires.
“Cresud es un importante actor agropecuario en América Latina, con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay en cultivos, caña de azúcar y ganado, donde posee más de 800.000 hectáreas. Sus principales accionistas y directores son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain”, detalló Greenpeace.
La Orgnización pudo rastrear y documentar en su informe que los productos bovinos de Carnes Pampeanas (del grupo Cresud), llegan a los supermercados y mayoristas Lidl y Metro de Alemania, Albert Heijn y Zandbergen Brothers BV de Holanda; y Shufersal de Israel.
La organización advirtió a través de un comunicado que “de implementarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea crecerá la demanda de carne vacuna argentina, aumentará la ganancia de los frigoríficos exportadores y habrá aún más presión sobre los bosques”.
“La crisis climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos no puede esperar. Exigimos a las empresas de la industria ganadera que adopten una política de Deforestación Cero y la cumplan estrictamente. Destruir bosques es un crimen”, agregó Giardini.
En el reporte, además, se revela quiénes son algunos de los principales actores de la destrucción de bosques nativos en el Gran Chaco argentino, principalmente en las provincias de Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa.
“Según datos oficiales, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2017, una superficie similar a Bélgica y Holanda juntas. Cada año en Argentina se destruyen 100.000 hectáreas de bosques por ganadería intensiva, más del doble que por agricultura”, explicó Giardini.
El informe detalla, también, cómo la destrucción y degradación de bosques en la región del Gran Chaco impacta directamente en la desaparición del yaguareté. Hace pocas semanas, la organización ecologista se presentó ante la Corte Suprema de Justicia argentina para reclamar por el reconocimiento de derechos de esta especie.
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