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Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
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Eco Sitio |
Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Disputa entre Ambiente y militares por territorios
Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Santa Fe: 9 millones para reforestación
La provincia invirtió más de 9 millones para mitigar el cambio climático
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Denuncian brutal desmonte en El Impenetrable
Denuncian desmontes ilegales de más de 26 mil hectáreas en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela denunció que en el período comprendido entre octubre de 2016 y abril de 2017, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó el desmonte de más de 26 mil hectáreas de bosques en regiones protegidas por la Ley de Bosques para ampliar la frontera agropecuaria para la siempre transgénica.
Según denunció el Centro Mandela en base a datos oficiales publicados en la página web de la Dirección de Bosques del Chaco dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el período que va del octubre de 2016 a abril de 2017 se autorizó el desmonte de 26.100 hectáreas a tala rasa para ampliar la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“De ese modo destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Dirección de Bosques”, sostienen desde la organización que coordina el abogado Rolando Núñez.
La Tabla
En una extensa Tabla que se publica al final de esta nota figuran cada uno de los permisos otorgados por la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, en consonancia con las autorizaciones dispuestas por la Subsecretaría de Recursos Naturales. “Paradójica y contradictoriamente estos dos organismos públicos tienen a su cargo la protección y el manejo sustentable del monte nativo del Chaco y de los recursos naturales, sin que en nada intervenga el Ministerio de Planificación y Ambiente de Chaco”, subrayan.
El método utilizado para avalar los desmontes es el de las recategorizaciones de los campos que se deforestaron a través del sistema previsto para el cambio de usos de suelos, “que es una herramienta de aplicación excepcional”, precisan desde el Centro Mandela. Sin embargo, advierten que “la Dirección de Bosques generalizó la aplicación de este Plan violando los límites de legalidad de manera evidente, hasta recaer en prácticas generalizadas de otorgamiento de permisos de desmontes guiados por la lógica de los negocios, que fueron y son alimentados a través de presuntos tráficos de influencias y de actos de corrupción”.
Autorizaciones para sacrificar montes de zonas protegidas
La Tabla que confeccionó el Centro Mandela también refleja el listado completo de las disposiciones firmadas por el subsecretario de Recursos Naturales, Dr. Luciano Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”. Al respecto, señalan que se trata de una “frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutaran los desmontes autorizados por ese Subsecretario, con el desagradable acompañamiento de la Dirección de Bosques”.
“Para brindar un aparente ropaje de legalidad de la práctica ilegal de permitir deforestaciones en zona prohibida, en cada disposición Olivares aprobó “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los Planes de Cambio de Uso del Suelo”, que desde la época del ex presidente Carlos Menem dejó de hacerlo el Estado y fueron confeccionados por los propios productores interesados en los desmontes, regla que se aplica para todo el empresariado argentino, poniendo en manos de los mismos la realización de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Cada uno de estos estudios fueron y son diseñados como guantes a medida para los interesados en desmontar, además de que el mismo ex presidente eliminó las “externalidades” que debían ser evaluadas en cada EIA”, sostiene el informe del Centro Mandela.
El organismo indica, además, que “para consumar el saqueo del monte de El Impenetrable programaron la frutilla del postre que se esconde tras el Plan que ejecuta el Gobierno provincial en materia de Ampliación del Ordenamiento Territorial de Bosques en Chaco, que tuvo su punto inicial en el Decreto 233 del 13 de febrero de 2017 y sus Anexos, a través de los cuales el gobernador Domingo Peppo abrió el programa, que justamente coincide con el objetivo de la reducción de los límites de la zona protegida (Amarillo-Categoría II)”.
“En el período posterior al mes de abril de ese año 2017 continuaron ejecutándose más desmontes en zona protegida. Además del “blanqueo” de los campos desmontados, el Poder Ejecutivo pretende ampliar aún más los límites de la Zona Verde, en donde sí se puede desmontar y hacer agricultura, sacrificando la Zona Amarilla (protegida) para ampliar la frontera agropecuaria transgénica”, sentencian desde el Centro Mandela.
Las “respuestas”
La Subsecretaría de Recursos Naturales salió a responder un documento de la organización Greenpeace argumentando que los propietarios querían aprovechar “la capacidad agrícola de los predios” de campos ubicados en El Impenetrable. “En el afán de ocultar las graves irregularidades ocurridas en materia de desmontes en zonas protegidas, echaron a manos a que los titulares de los campos solicitaron la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, denuncia el Centro Mandela.
“Siendo que -de acuerdo al pedido de los productores- la cuestión central es la ampliación de la frontera agrícola, la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Naturales se concentró exclusivamente en la cuestión de las acciones para administrar responsablemente la explotación forestal, con lo cual cerró su meta de ampliar la frontera agropecuaria vinculándola con la explotación forestal para sacar madera del monte”, agrega.
Marcha atrás
A pesar de que el subsecretario Olivares afirmó que se cumplieron todos los pasos para autorizar los cambios de categorías en cada campo, la Subsecretaría anticipó que dejará de recibir solicitudes de cambios de categorías y que pedirá “a las autoridades superiores” dejar sin efecto las normas que habilitaban estas presentaciones, además de suspender de manera definitiva aquellos trámites en curso. “Además de comprometer al ministro de la Producción y al propio Gobernador de Chaco, es evidente que la Subecretaría de Recursos Naturales dió marcha atrás luego de autorizar desmontes en zonas prohibidas porque fue puesta al descubierto. Además, quedó en evidencia que fueron ilegales los permisos que otorgara para desforestar 26.100 hectáreas en zonas prohibidas”, recalca el Centro Mandela.
Sin embargo, advierte que “la propia respuesta de la Subsecretaría a Greenpeace dejó la puerta abierta para nuevos desmontes. Esta intención del Gobierno subyace cuando hicieron hincapié en la defensa de la industria forestal, cuestionando los cálculos de Greenpeace sobre las pérdidas de montes, además de defender las deforestaciones silvopastoriles como prácticas que permiten la posibilidad de aprovechar los montes en función de la actividad ganadera. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los silvospastoriles se transformaron, en poco tiempo, en desmontes a tala rasa para habilitar chacras destinadas a la agricultura transgénica, aunque se sabe que en las regiones protegidas no se deben hacer agricultura. Pero están y producen porque el suelo es nuevo. Bastará que pasen algunos años para que esos suelos colapsen y se transformen en peladares y blanquizales en los que ya no se podrá cultivar. El daño ya está hecho, y lo más grave es que se produjo por decisión del Gobierno actual”.
“La Subsecretaría admitió, dejando de lado su negacionismo extremo, que existe un índice de “pérdida forestal” que afirmó “no corresponde que se adjudique a la Provincia”, aunque anticipó que en el futuro contratará “agentes externos o alguna institución técnica independiente al Estado” para que analicen uno por uno los proyectos silvopastoriles. Lo expresado también pone en evidencia supuestas impotencias que no son tales, sino que los permisos otorgados para efectuar los desmontes selectivos (silvopastoriles) fueron funcionales a la lógica de los negocios”, concluye el documento del Centrl Mandela.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela denunció que en el período comprendido entre octubre de 2016 y abril de 2017, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó el desmonte de más de 26 mil hectáreas de bosques en regiones protegidas por la Ley de Bosques para ampliar la frontera agropecuaria para la siempre transgénica.
Según denunció el Centro Mandela en base a datos oficiales publicados en la página web de la Dirección de Bosques del Chaco dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el período que va del octubre de 2016 a abril de 2017 se autorizó el desmonte de 26.100 hectáreas a tala rasa para ampliar la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“De ese modo destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Dirección de Bosques”, sostienen desde la organización que coordina el abogado Rolando Núñez.
La Tabla
En una extensa Tabla que se publica al final de esta nota figuran cada uno de los permisos otorgados por la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, en consonancia con las autorizaciones dispuestas por la Subsecretaría de Recursos Naturales. “Paradójica y contradictoriamente estos dos organismos públicos tienen a su cargo la protección y el manejo sustentable del monte nativo del Chaco y de los recursos naturales, sin que en nada intervenga el Ministerio de Planificación y Ambiente de Chaco”, subrayan.
El método utilizado para avalar los desmontes es el de las recategorizaciones de los campos que se deforestaron a través del sistema previsto para el cambio de usos de suelos, “que es una herramienta de aplicación excepcional”, precisan desde el Centro Mandela. Sin embargo, advierten que “la Dirección de Bosques generalizó la aplicación de este Plan violando los límites de legalidad de manera evidente, hasta recaer en prácticas generalizadas de otorgamiento de permisos de desmontes guiados por la lógica de los negocios, que fueron y son alimentados a través de presuntos tráficos de influencias y de actos de corrupción”.
Autorizaciones para sacrificar montes de zonas protegidas
La Tabla que confeccionó el Centro Mandela también refleja el listado completo de las disposiciones firmadas por el subsecretario de Recursos Naturales, Dr. Luciano Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”. Al respecto, señalan que se trata de una “frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutaran los desmontes autorizados por ese Subsecretario, con el desagradable acompañamiento de la Dirección de Bosques”.
“Para brindar un aparente ropaje de legalidad de la práctica ilegal de permitir deforestaciones en zona prohibida, en cada disposición Olivares aprobó “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los Planes de Cambio de Uso del Suelo”, que desde la época del ex presidente Carlos Menem dejó de hacerlo el Estado y fueron confeccionados por los propios productores interesados en los desmontes, regla que se aplica para todo el empresariado argentino, poniendo en manos de los mismos la realización de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Cada uno de estos estudios fueron y son diseñados como guantes a medida para los interesados en desmontar, además de que el mismo ex presidente eliminó las “externalidades” que debían ser evaluadas en cada EIA”, sostiene el informe del Centro Mandela.
El organismo indica, además, que “para consumar el saqueo del monte de El Impenetrable programaron la frutilla del postre que se esconde tras el Plan que ejecuta el Gobierno provincial en materia de Ampliación del Ordenamiento Territorial de Bosques en Chaco, que tuvo su punto inicial en el Decreto 233 del 13 de febrero de 2017 y sus Anexos, a través de los cuales el gobernador Domingo Peppo abrió el programa, que justamente coincide con el objetivo de la reducción de los límites de la zona protegida (Amarillo-Categoría II)”.
“En el período posterior al mes de abril de ese año 2017 continuaron ejecutándose más desmontes en zona protegida. Además del “blanqueo” de los campos desmontados, el Poder Ejecutivo pretende ampliar aún más los límites de la Zona Verde, en donde sí se puede desmontar y hacer agricultura, sacrificando la Zona Amarilla (protegida) para ampliar la frontera agropecuaria transgénica”, sentencian desde el Centro Mandela.
Las “respuestas”
La Subsecretaría de Recursos Naturales salió a responder un documento de la organización Greenpeace argumentando que los propietarios querían aprovechar “la capacidad agrícola de los predios” de campos ubicados en El Impenetrable. “En el afán de ocultar las graves irregularidades ocurridas en materia de desmontes en zonas protegidas, echaron a manos a que los titulares de los campos solicitaron la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, denuncia el Centro Mandela.
“Siendo que -de acuerdo al pedido de los productores- la cuestión central es la ampliación de la frontera agrícola, la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Naturales se concentró exclusivamente en la cuestión de las acciones para administrar responsablemente la explotación forestal, con lo cual cerró su meta de ampliar la frontera agropecuaria vinculándola con la explotación forestal para sacar madera del monte”, agrega.
Marcha atrás
A pesar de que el subsecretario Olivares afirmó que se cumplieron todos los pasos para autorizar los cambios de categorías en cada campo, la Subsecretaría anticipó que dejará de recibir solicitudes de cambios de categorías y que pedirá “a las autoridades superiores” dejar sin efecto las normas que habilitaban estas presentaciones, además de suspender de manera definitiva aquellos trámites en curso. “Además de comprometer al ministro de la Producción y al propio Gobernador de Chaco, es evidente que la Subecretaría de Recursos Naturales dió marcha atrás luego de autorizar desmontes en zonas prohibidas porque fue puesta al descubierto. Además, quedó en evidencia que fueron ilegales los permisos que otorgara para desforestar 26.100 hectáreas en zonas prohibidas”, recalca el Centro Mandela.
Sin embargo, advierte que “la propia respuesta de la Subsecretaría a Greenpeace dejó la puerta abierta para nuevos desmontes. Esta intención del Gobierno subyace cuando hicieron hincapié en la defensa de la industria forestal, cuestionando los cálculos de Greenpeace sobre las pérdidas de montes, además de defender las deforestaciones silvopastoriles como prácticas que permiten la posibilidad de aprovechar los montes en función de la actividad ganadera. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los silvospastoriles se transformaron, en poco tiempo, en desmontes a tala rasa para habilitar chacras destinadas a la agricultura transgénica, aunque se sabe que en las regiones protegidas no se deben hacer agricultura. Pero están y producen porque el suelo es nuevo. Bastará que pasen algunos años para que esos suelos colapsen y se transformen en peladares y blanquizales en los que ya no se podrá cultivar. El daño ya está hecho, y lo más grave es que se produjo por decisión del Gobierno actual”.
“La Subsecretaría admitió, dejando de lado su negacionismo extremo, que existe un índice de “pérdida forestal” que afirmó “no corresponde que se adjudique a la Provincia”, aunque anticipó que en el futuro contratará “agentes externos o alguna institución técnica independiente al Estado” para que analicen uno por uno los proyectos silvopastoriles. Lo expresado también pone en evidencia supuestas impotencias que no son tales, sino que los permisos otorgados para efectuar los desmontes selectivos (silvopastoriles) fueron funcionales a la lógica de los negocios”, concluye el documento del Centrl Mandela.
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El gobierno quiere vender reservas en manos militares
Reserva La Calera: ¿podría venderse?
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Río Negro: advierten que está frenado el OT de bosques
Denuncian que la provincia mantiene frenado el ordenamiento de bosques
Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El incumplimiento de la ley de ordenamiento territorial de bosques desde hace tiempo le valieron a la provincia varias intimaciones por parte del Consejo Federal de Medio Ambiente.
La provincia de Río Negro incumple desde hace años la ley de ordenamiento territorial de bosques y mantiene “en un limbo” el mapa que debe categorizar las distintas zonas geográficas y definir los usos posibles.
Esa omisión le valieron ya varias intimaciones expresas del Consejo Federal de Medio Ambiente, e incluso un señalamiento del jefe de Gabinete Marcos Peña en una de sus últimas exposiciones ante el Senado, según denunció la asociación civil Árbol de Pie.
Esa organización pidió explicaciones al subsecretario de Recursos Forestales Marcelo Perdomo por la realización de contactos informales con las empresas que explotan los centros de esquí de Catedral y cerro Perito Moreno. Esas firmas habrían formulado objeciones al mapa ya elaborado y pendiente de aprobación, en el intento de lograr una flexibilización de las reglas, que impedirían el desarrollo inmobiliario.
La nota en cuestión está fechada el pasado 10 de diciembre pero todavía no tuvo respuesta. El ingeniero Marcos Ferrero, miembro de Árbol de Pie, dijo que la primera irregularidad es que la provincia dejó de convocar hace ya cuatro años el Consejo Consultivo de Bosques, que por ley es el encargado de evaluar las políticas para el sector y acordar el ordenamiento.
En esa mesa participaron durante años tanto Árbol de Pie como otras entidades sociales, productivas, los municipios y colegios profesionales.
“El Consejo funcionó hasta 2013. En marzo de 2015 la provincia presentó el mapa, que tiene por ejemplo zonas de protección amarillas y rojas en las áreas abarcadas por los centros de esquí, de modo que quedarían prohibidos los desmontes. Pero el gobierno de Weretilneck nunca lo mandó a la Legislatura y sigue negociando con las empresas”, se lamentó Ferrero.
Dijo que esa demora viola la ley de Bosques y también la resolución 350 del Consejo Federal de Medio Ambiente. Indicó que la provincia incumplió un primer plazo de dos años para elaborar y aprobar el mapa por ley y luego otro de cinco años para aprobar cambios y ajustes.
En el reclamo a Perdomo la organización barilochense le informó que ya le habían solicitado varias veces al gobernador que envíe el mapa de Bosques para su tratamiento en la Legislatura, hasta hoy sin resultado. Tampoco volvió a ser convocado el Consejo Consultivo.
Este diario intentó comunicarse ayer con Perdomo, quien no atendió los llamados.
Según Ferrero, “ésta no es la única provincia donde hay problemas con la ley de Bosques. En Santiago, en Salta también están desmontando zonas rojas. Pero nosotros nos ocupamos de Río Negro. Lo más grave es que se haya cortado el diálogo y que hayan dejado el mapa en un limbo”.
Señaló que “si el mapa fuera ley los centros de esquí no podrían afectar el bosque nativo, y éso es lo que frena todo”. Según les consta, “se realizaron talleres sectoriales que ellos llaman ´mesas técnico políticas´, con los grupos que tienen objeciones al ordenamiento planteado, como los centros de esquí. Ellos son los que intentan introducir modificaciones, por afuera del Consejo Consultivo”.
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Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El incumplimiento de la ley de ordenamiento territorial de bosques desde hace tiempo le valieron a la provincia varias intimaciones por parte del Consejo Federal de Medio Ambiente.
La provincia de Río Negro incumple desde hace años la ley de ordenamiento territorial de bosques y mantiene “en un limbo” el mapa que debe categorizar las distintas zonas geográficas y definir los usos posibles.
Esa omisión le valieron ya varias intimaciones expresas del Consejo Federal de Medio Ambiente, e incluso un señalamiento del jefe de Gabinete Marcos Peña en una de sus últimas exposiciones ante el Senado, según denunció la asociación civil Árbol de Pie.
Esa organización pidió explicaciones al subsecretario de Recursos Forestales Marcelo Perdomo por la realización de contactos informales con las empresas que explotan los centros de esquí de Catedral y cerro Perito Moreno. Esas firmas habrían formulado objeciones al mapa ya elaborado y pendiente de aprobación, en el intento de lograr una flexibilización de las reglas, que impedirían el desarrollo inmobiliario.
La nota en cuestión está fechada el pasado 10 de diciembre pero todavía no tuvo respuesta. El ingeniero Marcos Ferrero, miembro de Árbol de Pie, dijo que la primera irregularidad es que la provincia dejó de convocar hace ya cuatro años el Consejo Consultivo de Bosques, que por ley es el encargado de evaluar las políticas para el sector y acordar el ordenamiento.
En esa mesa participaron durante años tanto Árbol de Pie como otras entidades sociales, productivas, los municipios y colegios profesionales.
“El Consejo funcionó hasta 2013. En marzo de 2015 la provincia presentó el mapa, que tiene por ejemplo zonas de protección amarillas y rojas en las áreas abarcadas por los centros de esquí, de modo que quedarían prohibidos los desmontes. Pero el gobierno de Weretilneck nunca lo mandó a la Legislatura y sigue negociando con las empresas”, se lamentó Ferrero.
Dijo que esa demora viola la ley de Bosques y también la resolución 350 del Consejo Federal de Medio Ambiente. Indicó que la provincia incumplió un primer plazo de dos años para elaborar y aprobar el mapa por ley y luego otro de cinco años para aprobar cambios y ajustes.
En el reclamo a Perdomo la organización barilochense le informó que ya le habían solicitado varias veces al gobernador que envíe el mapa de Bosques para su tratamiento en la Legislatura, hasta hoy sin resultado. Tampoco volvió a ser convocado el Consejo Consultivo.
Este diario intentó comunicarse ayer con Perdomo, quien no atendió los llamados.
Según Ferrero, “ésta no es la única provincia donde hay problemas con la ley de Bosques. En Santiago, en Salta también están desmontando zonas rojas. Pero nosotros nos ocupamos de Río Negro. Lo más grave es que se haya cortado el diálogo y que hayan dejado el mapa en un limbo”.
Señaló que “si el mapa fuera ley los centros de esquí no podrían afectar el bosque nativo, y éso es lo que frena todo”. Según les consta, “se realizaron talleres sectoriales que ellos llaman ´mesas técnico políticas´, con los grupos que tienen objeciones al ordenamiento planteado, como los centros de esquí. Ellos son los que intentan introducir modificaciones, por afuera del Consejo Consultivo”.
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INBN2: cierre de actividades en el bosque andino patagónico
Etapa final del inventario del bosque andino patagónico
Fecha de Publicación: 22/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Patagonia
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que dirige Sergio Bergman, junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), participaron del cierre de las actividades en el bosque andino patagónico en el marco del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2).
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en Esquel, la Secretaría estuvo representada por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, quien aseguró: “El bosque nativo tiene recursos a partir de los que se pueden generar, más allá de los servicios ecosistémicos que nos proveen, oportunidades de desarrollo a nivel local. Para eso necesitamos tener información acerca del estado en el que está este recurso, que es de relevancia para coordinar nuestras políticas para conservar el bosque y transformarlo en una herramienta para el crecimiento sustentable y de las comunidades que viven en ellos”.
Moreno recorrió la zona de Foyel, en la que se hicieron mediciones de las parcelas. Allí señaló que “el Secretario Sergio Bergman impulsa la transformación de Argentina en un país en el cual la actividad forestal cobre un rol más preponderante del que ha tenido históricamente”. En esa línea, el funcionario sostuvo que “Argentina es un país muy diverso, con muchas oportunidades, con más de un millón de bosque cultivados y más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, con un sector científico y tecnológico de primera línea y una actividad privada pujante en muchos sectores”. Además agregó: “En lo relativo a lo forestal, hay un potencial de desarrollo importante, con una cadena primaria que tiene una de las mayores tasas de generación de empleo por unidad productiva. Este es un sector que muchas veces no pudo desplegar ese potencial con una visión a largo plazo y es el desafío que tenemos”.
A tales fines, Moreno explicó: “La Secretaría de Ambiente convocó a todos los sectores relacionados en la industria forestal a trabajar en articulación con ministerios y secretarías del Gobierno en el marco de la plataforma Forestar 2030. En esa línea además trabajamos con instrumentos bien concretos, como lo que llevamos adelante con el COFEMA para ajustar los mecanismos y mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos, como así también la finalización de la actualización del Inventario de Bosques”.
Antes de la realización del acto en el que se dieron por concluidas las actividades en relación al INBN2, el secretario Moreno y el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, mantuvieron una reunión a fin de avanzar en la concreción de una oficina en la Municipalidad de Esquel que represente a la Secretaría de Ambiente nacional, espacio que estará destinado a la Dirección Nacional de Bosques y al equipo técnico nodo sur.
Participaron del evento, en representación de Chubut, el subsecretario de Bosques e Incendios, Rodrigo Roveta y la directora de Ordenación Forestal y Uso del Bosque, Ada Karina Araqué; el subsecretario de Recursos Forestales de Río Negro, Marcelo Perdomo; el director del CIEFAP, José Daniel Lencinas; de la Asociación de Ingenieros Forestales, Verónica Olivo; el secretario de Ambiente del Esquel, Daniel Hollman; el intendente del Parque Nacional los Alerces, Ariel Rodríguez y los concejales de Cambiemos María Eugenia Estefania y Sergio Sepiurka.
Segundo Inventario de Bosques
El inventario es una herramienta estratégica nacional necesaria para planificar políticas públicas de conservación y manejo sustentable de los bosques. Su objetivo es proveer la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país y establecer un sistema continuo de inventarios forestales sucesivos. Da cumplimiento a la Ley N.° 26331 de Bosques Nativos y a los convenios internacionales asumidos por Argentina para el diseño, aplicación y seguimiento con la Estrategia de Cambio Climático.
El inventario se encuentra con un desarrollo del 46 %, con 1.919 parcelas instaladas a la fecha. En este sentido, ya se encuentran inventariadas en su totalidad Santiago del Estero, Chaco y próximamente se concluirán las actividades en las cinco provincias de la región forestal bosque andino patagónico (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Al mismo tiempo, continúa avanzando la instalación de unidades de muestreo en Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Tucumán.
Al respecto, se adjudicará y firmará próximamente el contrato para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que representan 627 parcelas a instalar en total. Por su parte, entre enero y febrero se estipula que se lanzarán los pliegos de licitación para las provincias y regiones forestales faltantes, que implican un total aproximado de 527 parcelas.
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Fecha de Publicación: 22/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Patagonia
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que dirige Sergio Bergman, junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), participaron del cierre de las actividades en el bosque andino patagónico en el marco del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2).
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en Esquel, la Secretaría estuvo representada por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, quien aseguró: “El bosque nativo tiene recursos a partir de los que se pueden generar, más allá de los servicios ecosistémicos que nos proveen, oportunidades de desarrollo a nivel local. Para eso necesitamos tener información acerca del estado en el que está este recurso, que es de relevancia para coordinar nuestras políticas para conservar el bosque y transformarlo en una herramienta para el crecimiento sustentable y de las comunidades que viven en ellos”.
Moreno recorrió la zona de Foyel, en la que se hicieron mediciones de las parcelas. Allí señaló que “el Secretario Sergio Bergman impulsa la transformación de Argentina en un país en el cual la actividad forestal cobre un rol más preponderante del que ha tenido históricamente”. En esa línea, el funcionario sostuvo que “Argentina es un país muy diverso, con muchas oportunidades, con más de un millón de bosque cultivados y más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, con un sector científico y tecnológico de primera línea y una actividad privada pujante en muchos sectores”. Además agregó: “En lo relativo a lo forestal, hay un potencial de desarrollo importante, con una cadena primaria que tiene una de las mayores tasas de generación de empleo por unidad productiva. Este es un sector que muchas veces no pudo desplegar ese potencial con una visión a largo plazo y es el desafío que tenemos”.
A tales fines, Moreno explicó: “La Secretaría de Ambiente convocó a todos los sectores relacionados en la industria forestal a trabajar en articulación con ministerios y secretarías del Gobierno en el marco de la plataforma Forestar 2030. En esa línea además trabajamos con instrumentos bien concretos, como lo que llevamos adelante con el COFEMA para ajustar los mecanismos y mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos, como así también la finalización de la actualización del Inventario de Bosques”.
Antes de la realización del acto en el que se dieron por concluidas las actividades en relación al INBN2, el secretario Moreno y el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, mantuvieron una reunión a fin de avanzar en la concreción de una oficina en la Municipalidad de Esquel que represente a la Secretaría de Ambiente nacional, espacio que estará destinado a la Dirección Nacional de Bosques y al equipo técnico nodo sur.
Participaron del evento, en representación de Chubut, el subsecretario de Bosques e Incendios, Rodrigo Roveta y la directora de Ordenación Forestal y Uso del Bosque, Ada Karina Araqué; el subsecretario de Recursos Forestales de Río Negro, Marcelo Perdomo; el director del CIEFAP, José Daniel Lencinas; de la Asociación de Ingenieros Forestales, Verónica Olivo; el secretario de Ambiente del Esquel, Daniel Hollman; el intendente del Parque Nacional los Alerces, Ariel Rodríguez y los concejales de Cambiemos María Eugenia Estefania y Sergio Sepiurka.
Segundo Inventario de Bosques
El inventario es una herramienta estratégica nacional necesaria para planificar políticas públicas de conservación y manejo sustentable de los bosques. Su objetivo es proveer la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país y establecer un sistema continuo de inventarios forestales sucesivos. Da cumplimiento a la Ley N.° 26331 de Bosques Nativos y a los convenios internacionales asumidos por Argentina para el diseño, aplicación y seguimiento con la Estrategia de Cambio Climático.
El inventario se encuentra con un desarrollo del 46 %, con 1.919 parcelas instaladas a la fecha. En este sentido, ya se encuentran inventariadas en su totalidad Santiago del Estero, Chaco y próximamente se concluirán las actividades en las cinco provincias de la región forestal bosque andino patagónico (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Al mismo tiempo, continúa avanzando la instalación de unidades de muestreo en Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Tucumán.
Al respecto, se adjudicará y firmará próximamente el contrato para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que representan 627 parcelas a instalar en total. Por su parte, entre enero y febrero se estipula que se lanzarán los pliegos de licitación para las provincias y regiones forestales faltantes, que implican un total aproximado de 527 parcelas.
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Indicadores para las reservas de biosfera, Argentina hace punta
Argentina, el único país de América con un sistema de indicadores para las reservas de biosfera
Fecha de Publicación: 22/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación celebra que, por medio del programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de Unesco —del cual forma parte el organismo que conduce Sergio Bergman como unidad de coordinación en Argentina—, se logró alcanzar un sistema de indicadores para evaluar el funcionamiento eficaz de las reservas en el país.
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional. La importancia radica en la posibilidad de contar con información sustancial sobre la situación de las áreas protegidas argentinas, lo que permitirá conocerlas y monitorearlas para así aplicar y difundir las buenas prácticas fundamentales para reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad de vida y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales.
Cabe destacar que Argentina cuenta con una Red Nacional de Reservas de Biosfera, representada por 15 reservas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Éstas constituyen una plataforma única de colaboración en materia de investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades y establecimiento de redes para compartir información, conocimientos y experiencias sobre tres ejes interrelacionados: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres o costeros marinos, o una combinación de ambos, en las que se fomentan alternativas para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sustentable. Pueden además incluir otras categorías de manejo como parques nacionales, reservas naturales, refugios de flora y fauna y también con otros sitios de reconocimiento internacional como sitios del patrimonio mundial, sitios Ramsar o geoparques.
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Fecha de Publicación: 22/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación celebra que, por medio del programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de Unesco —del cual forma parte el organismo que conduce Sergio Bergman como unidad de coordinación en Argentina—, se logró alcanzar un sistema de indicadores para evaluar el funcionamiento eficaz de las reservas en el país.
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional. La importancia radica en la posibilidad de contar con información sustancial sobre la situación de las áreas protegidas argentinas, lo que permitirá conocerlas y monitorearlas para así aplicar y difundir las buenas prácticas fundamentales para reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad de vida y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales.
Cabe destacar que Argentina cuenta con una Red Nacional de Reservas de Biosfera, representada por 15 reservas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Éstas constituyen una plataforma única de colaboración en materia de investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades y establecimiento de redes para compartir información, conocimientos y experiencias sobre tres ejes interrelacionados: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres o costeros marinos, o una combinación de ambos, en las que se fomentan alternativas para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sustentable. Pueden además incluir otras categorías de manejo como parques nacionales, reservas naturales, refugios de flora y fauna y también con otros sitios de reconocimiento internacional como sitios del patrimonio mundial, sitios Ramsar o geoparques.
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Chaco es que que más ha deforestado en los últimos años
El Chaco es la provincia que más se deforestó en los últimos tres años
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Revela que corren riesgo unos 3 millones de hectáreas del Impenetrable. También denuncia que más de la mitad de las zonas afectadas son protegidas.
La organización internacional Greenpeace (división Argentina-Chile-Colombia) emitió un informe donde denuncia que Chaco es la provincia argentina que más se deforestó en los últimos tres años.
El estudio de la entidad ecologista resalta como “muy preocupante el aumento de los desmontes ilegales: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas)”.
En este sentido, critican al gobierno provincial ya que aducen que “es clara la colaboración del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios. Los cambios de zonificación prediales realizados para desmontar donde la normativa nacional no lo permite alcanzan a 67 fincas y abarcan una superficie de 51.768 hectáreas”.
Por tanto, continuar y avanzar con la implementación de “este artilugio pone en potencial riesgo a cerca de 3 millones de hectáreas de El Impenetrable”, señalan y agregan que permitir la deforestación en esas zonas “vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Su desmonte tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas”.
En tanto el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, reclama tras expresar sus conclusiones del informe “derogar las disposiciones que habilitan la realización de recategorizaciones prediales; cancelar la ejecución de los desmontes autorizados en las fincas recategorizadas; y restaurar los bosques desmontados”.
Greenpeace asegura que los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
“Son hogar y sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas, y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Posiblemente son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado”, relatan.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el tamaño de la provincia de Entre Ríos).
En este marco, agregan que “el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria; y gran parte de la producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China.
La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques fue un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón de firmas. A más de diez años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente”.
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Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Revela que corren riesgo unos 3 millones de hectáreas del Impenetrable. También denuncia que más de la mitad de las zonas afectadas son protegidas.
La organización internacional Greenpeace (división Argentina-Chile-Colombia) emitió un informe donde denuncia que Chaco es la provincia argentina que más se deforestó en los últimos tres años.
El estudio de la entidad ecologista resalta como “muy preocupante el aumento de los desmontes ilegales: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas)”.
En este sentido, critican al gobierno provincial ya que aducen que “es clara la colaboración del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios. Los cambios de zonificación prediales realizados para desmontar donde la normativa nacional no lo permite alcanzan a 67 fincas y abarcan una superficie de 51.768 hectáreas”.
Por tanto, continuar y avanzar con la implementación de “este artilugio pone en potencial riesgo a cerca de 3 millones de hectáreas de El Impenetrable”, señalan y agregan que permitir la deforestación en esas zonas “vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Su desmonte tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas”.
En tanto el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, reclama tras expresar sus conclusiones del informe “derogar las disposiciones que habilitan la realización de recategorizaciones prediales; cancelar la ejecución de los desmontes autorizados en las fincas recategorizadas; y restaurar los bosques desmontados”.
Greenpeace asegura que los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
“Son hogar y sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas, y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Posiblemente son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado”, relatan.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el tamaño de la provincia de Entre Ríos).
En este marco, agregan que “el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria; y gran parte de la producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China.
La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques fue un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón de firmas. A más de diez años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente”.
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Las amenazas a los bosques nativos de Tucumán
“No tenemos topadoras que desmontan pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos”
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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El Parque Nacional Iberá se convirtió en ley
El Parque Nacional Iberá es Ley
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La norma sancionada busca proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Además, obtuvo media sanción el proyecto de creación de dos nuevas áreas marinas protegidas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, celebra la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes, que se convirtió en ley durante la jornada legislativa de hoy, en la que, a su vez, se dio media sanción para las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II.
“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es duplicar la superficie de áreas protegidas, tema que encabeza la Secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. Esto se inscribe en el marco del compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri de ampliar dicha superficie durante su mandato”, aseguró Bergman.
La norma nacional sancionada constituye formalmente el Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos, tras la cesión de la jurisdicción ambiental de las tierras por parte del Estado provincial a la Administración de Parques Nacionales (APN). Esto fue posible mediante la aprobación de la Legislatura correntina a través de la Ley N.° 6384 aprobada en 2016.
El Congreso de la Nación brinda así el marco normativo al proceso de traspaso de las unidades operativas que Conservation Land Trust (CLT) donó al Estado nacional. En este contexto, la APN tomó posesión de los núcleos Cambyretá, en 2016, y San Nicolás, en 2017, mientras que recientemente comenzó el proceso de donación del portal Laguna Iberá. La conformación final del área protegida continuará con la incorporación de un núcleo operativo más para completar las 157 mil hectáreas del Parque Nacional Iberá. Asimismo, la ley aprobada contempla la protección de aproximadamente 23 mil hectáreas más bajo la categoría de Reserva Nacional.
Los Esteros del Iberá, además de representar uno de los humedales más importantes del país, albergan una enorme diversidad de vida silvestre, incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguará guazú y una amplia variedad de aves.
La creación del Parque Nacional Iberá había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara alta el 18 de abril último. Así, al proyecto de “cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de Corrientes al Estado nacional para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá” solo le restaba el aval de Diputados.
Luego de que el Gobierno nacional oficializó el tratamiento de este y otros proyectos mediante el Decreto 1087/2018, por el cual el presidente Mauricio Macri convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley la creación de la nueva área natural protegida.
Áreas marinas protegidas
Durante la sesión en Diputados también se dio tratamiento y consiguió media sanción el proyecto de Ley por el cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá — Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
La creación de las mismas permitirá poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Al respecto, Javier García Espil, director nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó: “El proyecto de ley es el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre todos los sectores que realizan actividades en el mar Argentino”. A su vez indicó que “a partir de la identificación de las áreas de mayor valor de conservación, por su biodiversidad, se analizaron cuestiones que hacen al interés científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores”.
La incorporación de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Dichas áreas están ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina y constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá–Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La norma sancionada busca proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Además, obtuvo media sanción el proyecto de creación de dos nuevas áreas marinas protegidas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, celebra la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes, que se convirtió en ley durante la jornada legislativa de hoy, en la que, a su vez, se dio media sanción para las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II.
“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es duplicar la superficie de áreas protegidas, tema que encabeza la Secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. Esto se inscribe en el marco del compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri de ampliar dicha superficie durante su mandato”, aseguró Bergman.
La norma nacional sancionada constituye formalmente el Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos, tras la cesión de la jurisdicción ambiental de las tierras por parte del Estado provincial a la Administración de Parques Nacionales (APN). Esto fue posible mediante la aprobación de la Legislatura correntina a través de la Ley N.° 6384 aprobada en 2016.
El Congreso de la Nación brinda así el marco normativo al proceso de traspaso de las unidades operativas que Conservation Land Trust (CLT) donó al Estado nacional. En este contexto, la APN tomó posesión de los núcleos Cambyretá, en 2016, y San Nicolás, en 2017, mientras que recientemente comenzó el proceso de donación del portal Laguna Iberá. La conformación final del área protegida continuará con la incorporación de un núcleo operativo más para completar las 157 mil hectáreas del Parque Nacional Iberá. Asimismo, la ley aprobada contempla la protección de aproximadamente 23 mil hectáreas más bajo la categoría de Reserva Nacional.
Los Esteros del Iberá, además de representar uno de los humedales más importantes del país, albergan una enorme diversidad de vida silvestre, incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguará guazú y una amplia variedad de aves.
La creación del Parque Nacional Iberá había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara alta el 18 de abril último. Así, al proyecto de “cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de Corrientes al Estado nacional para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá” solo le restaba el aval de Diputados.
Luego de que el Gobierno nacional oficializó el tratamiento de este y otros proyectos mediante el Decreto 1087/2018, por el cual el presidente Mauricio Macri convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley la creación de la nueva área natural protegida.
Áreas marinas protegidas
Durante la sesión en Diputados también se dio tratamiento y consiguió media sanción el proyecto de Ley por el cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá — Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
La creación de las mismas permitirá poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Al respecto, Javier García Espil, director nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó: “El proyecto de ley es el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre todos los sectores que realizan actividades en el mar Argentino”. A su vez indicó que “a partir de la identificación de las áreas de mayor valor de conservación, por su biodiversidad, se analizaron cuestiones que hacen al interés científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores”.
La incorporación de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Dichas áreas están ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina y constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá–Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
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En Salta por fin ponen una dura sanción por desmonte
Por desmonte ilegal, condenaron a un productor a reforestar 11 mil hectáreas en Salta
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Polémica ley de reforestación en Córdoba
Polémica por los árboles que se podrán plantar en la provincia
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se recomienda usar pinos y eucaliptos para que los productores cumplan con la ley agroforestal. Pero ecólogos aseguran que estas son especies exóticas e invasoras, de impacto negativo.
La Provincia aspira a que se planten 40 millones de árboles en Córdoba gracias a la ley agroforestal. La cifra impresiona y a priori nadie puede dudar de los beneficios ambientales que tendría esta iniciativa.
La forestación ayuda a mitigar el cambio climático ya que los árboles absorben el dióxido de carbono atmosférico, principal gas responsable del sobrecalentamiento del planeta. Además, para toda la gente el árbol es sinónimo de naturaleza.
Sin embargo, biólogos y ecólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advierten que algunas de las especies recomendadas por la Provincia para cumplir con la ley serían perjudiciales para el ambiente.
Son especies exóticas e invasoras que demandan gran cantidad de agua, por lo que perjudicarían las cuencas hídricas provinciales.
La Provincia argumenta que el listado de especies fue elaborado por expertos en forestación.
La ley agroforestal fue sancionada en agosto de 2017, luego de una larga discusión. Sin embargo, la resolución con los listados de especies recomendadas y de especies exóticas invasoras prohibidas se dio a conocer en septiembre de este año.
La norma prevé que cada dueño de un predio deberá forestar del dos al cinco por ciento de la superficie. Hasta fin de año tienen tiempo de presentar una declaración sobre cuántos árboles ya tienen en su campo. El año que viene deberán presentar su plan de forestación, que podrán completar en un plazo de hasta 10 años.
Hace unos días, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, dependiente de la UNC y Conicet) envió una nota al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, autoridad de aplicación de la ley, en la que advierte que dentro de los árboles recomendados figuran especies exóticas e invasoras, de probados daños ambientales en Córdoba.
Los casos emblemáticos son los del pino eliottis y los eucaliptos. Sobre el pino, el informe recuerda un trabajo científico que determinó que un pinar consume casi el doble de agua que un pastizal autóctono de la región de Calamuchita.
“Esta especie es invasora en el mundo y en la provincia, y tiene un significativo impacto sobre la provisión de agua, un recurso clave para Córdoba”, dice el trabajo.
Respuesta
“No hay una percepción generalizada de que el pino sea una especie invasora. No he visto un pino que se haya escapado de Calamuchita en 38 años de ingeniero agrónomo dedicado a temas forestales”, aseguró Ricardo Renaudeau, experto de la Secretaría de Agricultura.
Además, recordó que los predios que están a más de 1.600 metros de altura están exceptuados de realizar el plan de forestación. “Eso implica que no se van a afectar las cuencas hídricas más altas”, dijo.
Otros árboles cuestionados por los ecólogos son los eucaliptos. “Todas las especies de este género han sido reportadas como invasoras y constituyen serios riesgos para las distintas ecorregiones de la Provincia”, dice el informe del Imbiv.
Entre los riesgos de forestar con eucaliptos se señala otra vez el hídrico, además de problemas de salinización o acidificación de suelos. Además, los ejemplares exóticos aumentan el riesgo de incendio.
“No creemos que se vayan a plantar eucaliptos en Calamuchita, pero es un árbol que puede ayudar a solucionar los problemas de las napas freáticas muy altas y los campos que se anegan en otros sectores de la Provincia”, comentó Renaudeau.
El informe del Imbiv también advierte sobre otras especies frutales que figuran en el listado de árboles recomendados por la Provincia.
A Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, le llamó la atención que se cuestione la forestación con olivos. “Hace 20 años que estoy en la olivicultura y, la verdad, nunca escuché que el olivo sea una especie invasora”, aseguró.
Para el funcionario, el riesgo de invasión de cualquiera de estas especies es muy bajo porque serán forestaciones productivas, las cuales se controlan como si fuera un cultivo.
En la nota, el Imbiv pide que se eliminen del listado de especies recomendadas los pinos y eucaliptos y que directamente se prohíba su implantación en las zonas serranas y de pedemonte.
Blanda aseguró que estudiarán en detalle el pedido, pero aclaró: “Las decisiones no se tomaron arbitrariamente. Hubo una mesa técnica que recibió el respaldo científico desde las universidades y otros organismos que conocen del tema”.
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Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se recomienda usar pinos y eucaliptos para que los productores cumplan con la ley agroforestal. Pero ecólogos aseguran que estas son especies exóticas e invasoras, de impacto negativo.
La Provincia aspira a que se planten 40 millones de árboles en Córdoba gracias a la ley agroforestal. La cifra impresiona y a priori nadie puede dudar de los beneficios ambientales que tendría esta iniciativa.
La forestación ayuda a mitigar el cambio climático ya que los árboles absorben el dióxido de carbono atmosférico, principal gas responsable del sobrecalentamiento del planeta. Además, para toda la gente el árbol es sinónimo de naturaleza.
Sin embargo, biólogos y ecólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advierten que algunas de las especies recomendadas por la Provincia para cumplir con la ley serían perjudiciales para el ambiente.
Son especies exóticas e invasoras que demandan gran cantidad de agua, por lo que perjudicarían las cuencas hídricas provinciales.
La Provincia argumenta que el listado de especies fue elaborado por expertos en forestación.
La ley agroforestal fue sancionada en agosto de 2017, luego de una larga discusión. Sin embargo, la resolución con los listados de especies recomendadas y de especies exóticas invasoras prohibidas se dio a conocer en septiembre de este año.
La norma prevé que cada dueño de un predio deberá forestar del dos al cinco por ciento de la superficie. Hasta fin de año tienen tiempo de presentar una declaración sobre cuántos árboles ya tienen en su campo. El año que viene deberán presentar su plan de forestación, que podrán completar en un plazo de hasta 10 años.
Hace unos días, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, dependiente de la UNC y Conicet) envió una nota al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, autoridad de aplicación de la ley, en la que advierte que dentro de los árboles recomendados figuran especies exóticas e invasoras, de probados daños ambientales en Córdoba.
Los casos emblemáticos son los del pino eliottis y los eucaliptos. Sobre el pino, el informe recuerda un trabajo científico que determinó que un pinar consume casi el doble de agua que un pastizal autóctono de la región de Calamuchita.
“Esta especie es invasora en el mundo y en la provincia, y tiene un significativo impacto sobre la provisión de agua, un recurso clave para Córdoba”, dice el trabajo.
Respuesta
“No hay una percepción generalizada de que el pino sea una especie invasora. No he visto un pino que se haya escapado de Calamuchita en 38 años de ingeniero agrónomo dedicado a temas forestales”, aseguró Ricardo Renaudeau, experto de la Secretaría de Agricultura.
Además, recordó que los predios que están a más de 1.600 metros de altura están exceptuados de realizar el plan de forestación. “Eso implica que no se van a afectar las cuencas hídricas más altas”, dijo.
Otros árboles cuestionados por los ecólogos son los eucaliptos. “Todas las especies de este género han sido reportadas como invasoras y constituyen serios riesgos para las distintas ecorregiones de la Provincia”, dice el informe del Imbiv.
Entre los riesgos de forestar con eucaliptos se señala otra vez el hídrico, además de problemas de salinización o acidificación de suelos. Además, los ejemplares exóticos aumentan el riesgo de incendio.
“No creemos que se vayan a plantar eucaliptos en Calamuchita, pero es un árbol que puede ayudar a solucionar los problemas de las napas freáticas muy altas y los campos que se anegan en otros sectores de la Provincia”, comentó Renaudeau.
El informe del Imbiv también advierte sobre otras especies frutales que figuran en el listado de árboles recomendados por la Provincia.
A Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, le llamó la atención que se cuestione la forestación con olivos. “Hace 20 años que estoy en la olivicultura y, la verdad, nunca escuché que el olivo sea una especie invasora”, aseguró.
Para el funcionario, el riesgo de invasión de cualquiera de estas especies es muy bajo porque serán forestaciones productivas, las cuales se controlan como si fuera un cultivo.
En la nota, el Imbiv pide que se eliminen del listado de especies recomendadas los pinos y eucaliptos y que directamente se prohíba su implantación en las zonas serranas y de pedemonte.
Blanda aseguró que estudiarán en detalle el pedido, pero aclaró: “Las decisiones no se tomaron arbitrariamente. Hubo una mesa técnica que recibió el respaldo científico desde las universidades y otros organismos que conocen del tema”.
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Denuncian desmontes en El Impenetrable
Denuncian desmontes ilegales en Tantanacuy, en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una investigación de Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” reveló que, a pesar de la vigencia de la normativa que lo prohíbe taxativamente, continúan produciéndose desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño, con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental.
La información obtenida por el Centro Mandela da cuenta de que Tantanacuy es un valioso y persistente emprendimiento ecoturístico y de conservación que está ubicado sobre la Picada 82, antes del cruce con la ruta Juana Azurduy. Toda la región corresponde a la categoría II (amarillo), o sea que es zona protegida y en la que está prohibido desmontar, según el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“Es un punto estratégico de El Impenetrable”, sostiene el informe y agrega que “es crítico” el actual balance ambiental y de bioseguridad en todo el entorno de Tantanacuy producto de los mega-desmontes que se ejecutaron durante los años 2017 y 2018 en los campos aledaños.
El informe revela que “tan solo en ese corto lapso de junio de 2017 a setiembre de 2018, es decir en dieciseis meses, todas las parcelas que lindan con Tantanacuy fueron desmontadas”.
El seguimiento se realizó a través de dos imágenes satelitales que demuestran el estrago ambiental en la zona analizada, específicamente la situación de colapso del entorno de Tantanacuy. “Los desmontes ejecutados fueron continuos y sistemáticos, hasta que eliminaron todos los montes de la zona”, advirtieron desde el Centro de Estudios.
Las Rejas
El caso más paradigmático se ha dado en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown, que fueron las más atacadas. “Desmontaron a tala rasa”, expone el informe y añade que “las dos parcelas constituyen una superficie de 5000 hectáreas”. “Los suelos son Clase V, no aptos para la agricultura. La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas”, profundiza.
“Los desmontes ejecutados por un fuerte grupo económico contó con la complacencia de la Dirección de Bosques: Obtuvieron planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, que fueron autorizados por la nefasta Dirección de Bosques. El mayor desmonte se produjo en el establecimiento “Las Rejas”, explicaron desde el Centro Mandela.
Denuncia Administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público.
A la se planteó que se notifique al gobernador para que tome intervención y actúe conforme está previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una investigación de Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” reveló que, a pesar de la vigencia de la normativa que lo prohíbe taxativamente, continúan produciéndose desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño, con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental.
La información obtenida por el Centro Mandela da cuenta de que Tantanacuy es un valioso y persistente emprendimiento ecoturístico y de conservación que está ubicado sobre la Picada 82, antes del cruce con la ruta Juana Azurduy. Toda la región corresponde a la categoría II (amarillo), o sea que es zona protegida y en la que está prohibido desmontar, según el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“Es un punto estratégico de El Impenetrable”, sostiene el informe y agrega que “es crítico” el actual balance ambiental y de bioseguridad en todo el entorno de Tantanacuy producto de los mega-desmontes que se ejecutaron durante los años 2017 y 2018 en los campos aledaños.
El informe revela que “tan solo en ese corto lapso de junio de 2017 a setiembre de 2018, es decir en dieciseis meses, todas las parcelas que lindan con Tantanacuy fueron desmontadas”.
El seguimiento se realizó a través de dos imágenes satelitales que demuestran el estrago ambiental en la zona analizada, específicamente la situación de colapso del entorno de Tantanacuy. “Los desmontes ejecutados fueron continuos y sistemáticos, hasta que eliminaron todos los montes de la zona”, advirtieron desde el Centro de Estudios.
Las Rejas
El caso más paradigmático se ha dado en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown, que fueron las más atacadas. “Desmontaron a tala rasa”, expone el informe y añade que “las dos parcelas constituyen una superficie de 5000 hectáreas”. “Los suelos son Clase V, no aptos para la agricultura. La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas”, profundiza.
“Los desmontes ejecutados por un fuerte grupo económico contó con la complacencia de la Dirección de Bosques: Obtuvieron planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, que fueron autorizados por la nefasta Dirección de Bosques. El mayor desmonte se produjo en el establecimiento “Las Rejas”, explicaron desde el Centro Mandela.
Denuncia Administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público.
A la se planteó que se notifique al gobernador para que tome intervención y actúe conforme está previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
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Desmontes: Urtubey, presionado, multó a los Braun Peña
Urtubey multó a Braun Peña por los desmontes y lo obligó a reforestar las zonas afectadas
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Tierra del Fuego: piden parar con las carreras en reservas
Ambientalistas piden respeto por las áreas protegidas
Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La asociación ambientalista Manekenk, presentó ayer una nota dirigida al Secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani. En la misma, se pide la suspensión de la carrera Gran Premio Coronación Homenaje Pedro “Lapicito” Peix, en los tramos que abarcan áreas protegidas.
La nota, figura como ingresada ayer,poco después de las 13 horas. En la misma, los integrantes de la Asociación Manekenk piden la intervención de la Secretaría de medio ambiente para suspender los recorridos de la carrera en la zona del Playon Fique-Baliza Escarpados, y Aguas Blancas; los mismo que en la Reserva cultural, natural Playa Larga de Ushuaia y Río Valdéz de Tolhuin.
“Las competencias motorizadas son actividades que no deben ser realizadas en áreas protegidas ya que ello implica en contra de los objetivos que animan la creación de las mismas”, dice la nota.
Susana Sosa, titular de Manekenk, sostuvo: “La verdad es que da la impresión que cualquiera puede hacer lo que se le de la gana en la isla. Además, la presentación de la carrera va a ser en un predio que está al lado del Hospital de Ushuaia, un lugar en el que estas internado después de una cirugía, o recuperándote. Y ahí van a ir a hacer ruido con los motores”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La asociación ambientalista Manekenk, presentó ayer una nota dirigida al Secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani. En la misma, se pide la suspensión de la carrera Gran Premio Coronación Homenaje Pedro “Lapicito” Peix, en los tramos que abarcan áreas protegidas.
La nota, figura como ingresada ayer,poco después de las 13 horas. En la misma, los integrantes de la Asociación Manekenk piden la intervención de la Secretaría de medio ambiente para suspender los recorridos de la carrera en la zona del Playon Fique-Baliza Escarpados, y Aguas Blancas; los mismo que en la Reserva cultural, natural Playa Larga de Ushuaia y Río Valdéz de Tolhuin.
“Las competencias motorizadas son actividades que no deben ser realizadas en áreas protegidas ya que ello implica en contra de los objetivos que animan la creación de las mismas”, dice la nota.
Susana Sosa, titular de Manekenk, sostuvo: “La verdad es que da la impresión que cualquiera puede hacer lo que se le de la gana en la isla. Además, la presentación de la carrera va a ser en un predio que está al lado del Hospital de Ushuaia, un lugar en el que estas internado después de una cirugía, o recuperándote. Y ahí van a ir a hacer ruido con los motores”.
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La radical transformación de los Esteros del Iberá
Iberá: la región de ex cazadores que lidera la restauración de fauna más grande de América Latina quiere vivir del turismo
Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: redaccion.com.ar
Provincia/Región: Corrientes
Bruno Leiva dejó de cazar. Guardó el lazo y la escopeta. Vendió las últimas pieles de yacarés, ciervos e iguanas. Los mismos que le prohibieron vivir de la caza en los Esteros del Iberá le dieron trabajo: vigilar que nadie hiciera lo que él y cientos de cazadores hacían con los animales.
Bruno tiene 67 años y ese cambio lo vivió en 1983, cuando Corrientes declaró área protegida al humedal más grande del país. Tenía 32 años, había crecido entre bañados y pastizales, y siempre llevaba un cuchillo en la cintura. Ese fue el punto de partida de un plan asombroso: en Iberá se lleva adelante la restauración y reintroducción de fauna más importante de América Latina.
Dimensionar el proyecto es difícil. Primero hay que considerar su extensión física para entender por qué el Gobierno correntino pronostica que la recuperación de los esteros y la reaparición masiva de animales harán que se incrementen las visitas y que por lo menos 7 municipios puedan vivir del turismo y otros 15 se beneficien indirectamente.
Los Esteros del Iberá ocupan parte del norte y centro de Corrientes, y suman 1.300.000 hectáreas o el 15% de la provincia. De esa superficie, 550 mil hectáreas están protegidas bajo la figura de un parque provincial.
Otras 157 mil hectáreas serán preservadas con la creación de un parque nacional que la cámara de Diputados aprobaría en la sesión de la semana que viene a partir de la donación de tierras hecha por la fundación The Conservation Land Trust (CLT), del filántropo estadounidense y creador de la marca de ropa North Face, Douglas Tompkins, fallecido hace tres años. La suma de las dos áreas instaurará el Parque Iberá, de 700 mil hectáreas.
Sobre los bordes y límites de los esteros hay siete pueblos, con unos 29 mil habitantes, que empezaron a orientar su economía al turismo. Son Concepción, San Miguel, Mburucuyá, Loreto, Chavarría, Carlos Pellegrini y Yofré, que a su vez son algunas de los sitios desde donde se puede entrar a los esteros.
“Estos siete pueblos vivirán del turismo. No hay dudas. Y algunos más también. Hoy los esteros son visitados por 60 mil personas al año, un 20% son turistas de otros países. Se quedan en promedio dos noches. Pero de acá a cinco años proyectamos que llegarán 200 mil visitantes por año, con mayor proporción de extranjeros, que gastan unos 200 dólares por día”, augura Sergio Flinta, coordinador del Comité Iberá, el ente que elaboró el plan maestro para la zona y que está integrado por los gobiernos nacional, provincial y municipales.
La actividad además, se derramará por otros 15 municipios, que suman 170 mil habitantes, que están un poco más alejados pero que ofrecen otros servicios: abastecimientos, bancos, centros médicos y aeropuertos. Por ejemplo, Mercedes, Santo Tomé e Ituzaingó.
El modelo de desarrollo de Iberá tiene dos ejes. Por un lado, la producción de naturaleza. Así le llaman a la restauración del ecosistema y a la reintroducción de especies extintas, lo que aumenta la presencia de animales silvestres. Restituidas esas condiciones, el interés de los turistas por visitar un sitio que reúne 350 aves y el 30% de la biodiversidad del país es un hecho.
El otro eje pasa por crear infraestructura, como vías de acceso, hospedajes y gastronomía, pero revalorizando la cultura local: su música (el chamamé), la comida regional, el idioma guaraní, sus creencias, sus artesanías y su vestimenta.
La restauración del ecosistema de Iberá es lo que vuelve al proyecto único en América Latina y comparable a experiencias internacionales como las de los parques nacionales de Sudáfrica.
En gran medida, la población de animales, como por ejemplo el yacaré y el carpincho, se empezó a recuperar en 1983, con la instauración de los esteros como reserva. Sin embargo, otras especies, como el oso hormiguero, el tapir, el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí y el guacamayo rojo, directamente estaban extintas como consecuencia de la caza y principalmente por el avance de la ganadería y la agricultura, que les quitó territorio. Además había muy pocos venados de las pampas, pavas de monte y grandes águilas, como la coronada.
Esas especies son las que CLT empezó a reintroducir desde 2006. La ONG viene trabajando en el lugar desde 1998, cuando Tompinks compró las estancias que suman 157 mil hectáreas y están siendo donadas al Estado nacional. Parte de esas tierras eran campos arroceros, explotaciones forestales de pinos o estancias ganaderas.
La bióloga Sofía Heinonen, directora de CLT Argentina, cuenta que si bien Brasil tuvo éxito en la reintroducción del mono tití leoncito y Ecuador logró la recuperación de las tortugas en Galápagos, ningún proyecto de América Latina incluyó tantas especies. “Nuestro modelo se inspira en el de Sudáfrica, el del parque Kruger, donde fueron reintroducidas unas 40 especies de fauna local, como el rinoceronte blanco”, revela Heinonen.
Ahora 70 personas trabajan en la reintroducción de especies y dan cuenta de la evolución de la población en el sitio de la fundación. Hay animales que vienen de familias que los tenían en cautiverio, de zoológicos o de otras reservas del país o Sudamérica. Los venados llegan en helicópteros, de a uno, desde el noreste de Corrientes, donde los capturan para hacer lo que llaman “traslocación”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: redaccion.com.ar
Provincia/Región: Corrientes
Bruno Leiva dejó de cazar. Guardó el lazo y la escopeta. Vendió las últimas pieles de yacarés, ciervos e iguanas. Los mismos que le prohibieron vivir de la caza en los Esteros del Iberá le dieron trabajo: vigilar que nadie hiciera lo que él y cientos de cazadores hacían con los animales.
Bruno tiene 67 años y ese cambio lo vivió en 1983, cuando Corrientes declaró área protegida al humedal más grande del país. Tenía 32 años, había crecido entre bañados y pastizales, y siempre llevaba un cuchillo en la cintura. Ese fue el punto de partida de un plan asombroso: en Iberá se lleva adelante la restauración y reintroducción de fauna más importante de América Latina.
Dimensionar el proyecto es difícil. Primero hay que considerar su extensión física para entender por qué el Gobierno correntino pronostica que la recuperación de los esteros y la reaparición masiva de animales harán que se incrementen las visitas y que por lo menos 7 municipios puedan vivir del turismo y otros 15 se beneficien indirectamente.
Los Esteros del Iberá ocupan parte del norte y centro de Corrientes, y suman 1.300.000 hectáreas o el 15% de la provincia. De esa superficie, 550 mil hectáreas están protegidas bajo la figura de un parque provincial.
Otras 157 mil hectáreas serán preservadas con la creación de un parque nacional que la cámara de Diputados aprobaría en la sesión de la semana que viene a partir de la donación de tierras hecha por la fundación The Conservation Land Trust (CLT), del filántropo estadounidense y creador de la marca de ropa North Face, Douglas Tompkins, fallecido hace tres años. La suma de las dos áreas instaurará el Parque Iberá, de 700 mil hectáreas.
Sobre los bordes y límites de los esteros hay siete pueblos, con unos 29 mil habitantes, que empezaron a orientar su economía al turismo. Son Concepción, San Miguel, Mburucuyá, Loreto, Chavarría, Carlos Pellegrini y Yofré, que a su vez son algunas de los sitios desde donde se puede entrar a los esteros.
“Estos siete pueblos vivirán del turismo. No hay dudas. Y algunos más también. Hoy los esteros son visitados por 60 mil personas al año, un 20% son turistas de otros países. Se quedan en promedio dos noches. Pero de acá a cinco años proyectamos que llegarán 200 mil visitantes por año, con mayor proporción de extranjeros, que gastan unos 200 dólares por día”, augura Sergio Flinta, coordinador del Comité Iberá, el ente que elaboró el plan maestro para la zona y que está integrado por los gobiernos nacional, provincial y municipales.
La actividad además, se derramará por otros 15 municipios, que suman 170 mil habitantes, que están un poco más alejados pero que ofrecen otros servicios: abastecimientos, bancos, centros médicos y aeropuertos. Por ejemplo, Mercedes, Santo Tomé e Ituzaingó.
El modelo de desarrollo de Iberá tiene dos ejes. Por un lado, la producción de naturaleza. Así le llaman a la restauración del ecosistema y a la reintroducción de especies extintas, lo que aumenta la presencia de animales silvestres. Restituidas esas condiciones, el interés de los turistas por visitar un sitio que reúne 350 aves y el 30% de la biodiversidad del país es un hecho.
El otro eje pasa por crear infraestructura, como vías de acceso, hospedajes y gastronomía, pero revalorizando la cultura local: su música (el chamamé), la comida regional, el idioma guaraní, sus creencias, sus artesanías y su vestimenta.
La restauración del ecosistema de Iberá es lo que vuelve al proyecto único en América Latina y comparable a experiencias internacionales como las de los parques nacionales de Sudáfrica.
En gran medida, la población de animales, como por ejemplo el yacaré y el carpincho, se empezó a recuperar en 1983, con la instauración de los esteros como reserva. Sin embargo, otras especies, como el oso hormiguero, el tapir, el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí y el guacamayo rojo, directamente estaban extintas como consecuencia de la caza y principalmente por el avance de la ganadería y la agricultura, que les quitó territorio. Además había muy pocos venados de las pampas, pavas de monte y grandes águilas, como la coronada.
Esas especies son las que CLT empezó a reintroducir desde 2006. La ONG viene trabajando en el lugar desde 1998, cuando Tompinks compró las estancias que suman 157 mil hectáreas y están siendo donadas al Estado nacional. Parte de esas tierras eran campos arroceros, explotaciones forestales de pinos o estancias ganaderas.
La bióloga Sofía Heinonen, directora de CLT Argentina, cuenta que si bien Brasil tuvo éxito en la reintroducción del mono tití leoncito y Ecuador logró la recuperación de las tortugas en Galápagos, ningún proyecto de América Latina incluyó tantas especies. “Nuestro modelo se inspira en el de Sudáfrica, el del parque Kruger, donde fueron reintroducidas unas 40 especies de fauna local, como el rinoceronte blanco”, revela Heinonen.
Ahora 70 personas trabajan en la reintroducción de especies y dan cuenta de la evolución de la población en el sitio de la fundación. Hay animales que vienen de familias que los tenían en cautiverio, de zoológicos o de otras reservas del país o Sudamérica. Los venados llegan en helicópteros, de a uno, desde el noreste de Corrientes, donde los capturan para hacer lo que llaman “traslocación”.
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Crece el rechazo a 'privatización' de Parques Nacionales
Rechazo al proyecto del Gobierno de 'privatizar' los Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La iniciativa, que incluye el área protegida de Iguazú, fue revelada por la Nación a los funcionarios provinciales en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Turismo y el de Medio Ambiente.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.
“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.
En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.
Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó:?“hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
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Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La iniciativa, que incluye el área protegida de Iguazú, fue revelada por la Nación a los funcionarios provinciales en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Turismo y el de Medio Ambiente.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.
“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.
En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.
Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó:?“hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
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