Mostrando entradas con la etiqueta desastres naturales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta desastres naturales. Mostrar todas las entradas

Barrios privados que aumentan el riesgo de inundaciones



Reclamo vecinal por los humedales en Tigre

Fecha de Publicación
: 16/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


Los barrios privados siguen siendo motivo de conflicto en Tigre. Con la consigna “Salvemos los últimos humedales continentales” se convocaron por octava vez en lo que va del año vecinos y vecinas de Dique Luján y Villa La Ñata, partido de Tigre. En febrero de este año comenzaron a reunirse en asambleas quincenales, los días domingos, con cortes parciales en la ruta de entrada al pueblo frente a las obras del barrio privado Santa Ana, que está construyendo la empresa Eidico. La Asamblea denuncia que la proliferación de countries, al rellenar los terrenos en los antiguos bañados de la zona, aumenta el riesgo de inundaciones porque elimina las áreas de absorción, y además destruye el ecosistema original del lugar.
Los humedales son bienes comunes de la sociedad que cumplen funciones esenciales como amortiguar inundaciones y sequías, posibilitar la recarga de los acuíferos subterráneos, morigerar el impacto de los factores contaminantes y poseen una riquísima biodiversidad, por lo que constituyen paisajes naturales irreemplazables. “Hoy en día en Tigre la grieta existe y esta representada por un alambrado, de un lado están los que viven adentro con sus casas de maqueta y su seguridad privada, y del otro los que vivimos afuera tratando de conservar el entorno natural”, expresaba ayer el vecino de la zona Marcelo Alvarez durante el encuentro en la ruta.
Los reclamos realizados por los vecinos no sólo están dirigidos al Municipio de Tigre sino también al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que aprueba numerosos emprendimientos inmobiliarios que destruyen los humedales a través de distintas dependencias, como la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.
Pese a la crítica situación del barrio, que cada vez se encuentra más cercado por los barrios privados, la Asamblea se mostró entusiasmada porque el jueves 16, gracias a la presión de la Asamblea y de los movimientos sociales y ambientalistas que la acompañan, tendrá lugar la Audiencia Pública convocada por el municipio para que todas las partes puedan expresar sus opiniones. Sin embargo, esta instancia de consulta debía haberse realizado previamente a la ejecución de las obras, como parte del debido proceso de evaluación de impacto ambiental, según lo establece la ley. Una situación similar se dio en Tigre hace tres años con el proyectado barrio de lujo Remeros Beach, al que muchos vecinos de la zona se oponían y cuya Audiencia Pública también llegó tarde.
A poco de entrar en Villa La Ñata, se puede ver sobre el camino principal una elevación de tierra, como una pequeña montaña de tierra que se extiende por varias hectáreas. Allí se erigirá el barrio Santa Ana. Según advierten los vecinos, la empresa Eidico —que lleva adelante gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios en esta zona del conurbano— rellenó el Canal Benavídez, tapó la zanja de desagüe e invadió el espacio público, dejando casi sin banquina a la ruta. Además la Asamblea repudia la falta de respeto a los sitios arqueológicos de los pueblos originarios que quedaron adentro del predio en donde se está construyendo el barrio cerrado. Por este motivo las comunidades indígenas Punta Querandí (de Dique Luján) y Cacique Ramón Chara (de Benavídez), con el apoyo de los pobladores locales, reclaman la ampliación de cada uno de los espacios protegidos y el reentierro de los siete cuerpos excavados por arqueólogos en décadas pasadas. “Defendemos nuestro entorno, pero no por una cuestión estética, tiene que ver nuestra supervivencia, porque nuestras casas están adaptadas al humedal en el que vivimos, y si construyen barrios privados con una cota de dos metros por arriba de nuestros terrenos, no hace falta ser un ingeniero hidráulico para darse cuenta de que nos están hundiendo y nos van a inundar”, sintetizaba Marcelo Alvarez.
Luego de varias movilizaciones y de la gran repercusión que tuvieron a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, el 10 de abril el concejal de Unidad Ciudadana (UC) Javier Chaina Parbst, quien también es vecino de la zona afectada y miembro de la Asamblea, presentó en el Concejo Deliberante de Tigre un proyecto de ordenanza para prohibir el relleno de humedales en el distrito. Días después de esa presentación, la Asamblea de Dique Luján y Villa La Ñata mantuvo una reunión con el secretario de gobierno del municipio, Mario Zamora, y las funcionarias de ambiente y desarrollo territorial; además de un grupo de concejales del Frente Renovador y de UC. En ese encuentro en el que los vecinos pidieron que se apoyara el proyecto del concejal Chaina Parbst, Zamora se comprometió a que el municipio prepararía un proyecto superador que incluiría el respeto de los humedales continentales. Los funcionarios del ejecutivo local aseguran que es intención del intendente Julio Zamora ir hacia un nuevo modelo de ciudad, en el que se desaliente las urbanizaciones cerradas y se promueva el desarrollo territorial en una escala adecuada.
.

Las inundaciones en el NEA vinculadas con el desmonte



El desmonte agrava el escenario futuro de inundaciones en el Gran Chaco

Fecha de Publicación
: 02/05/2019
Fuente: Contexto
Provincia/Región: NEA


Hace poco más de una semana que miles de personas no pueden regresar a sus casas o han perdido todo, incluido la cosecha en la zona del Chaco americano, en la Argentina y en Paraguay. El último temporal que afectó el norte de la argentina golpeó fuerte en la provincia del Chaco, donde ya hay más de un millón de hectáreas afectadas.
Es una mala noticia, pero hay una más desalentadora: las proyecciones en la región indican que el panorama lejos de mejorar, empeorará en el corto y en el largo plazo. Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto "Collaboration for Forests and Agriculture" demuestra que, si el uso del suelo sigue siendo como el actual, para 2028 se producirá una pérdida adicional de casi 4 millones de hectáreas de bosques en la región chaqueña, lo que equivale a 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
La eliminación del bosque nativo está relacionada en este país con el avance de la frontera agropecuaria, en general, con las plantaciones de soja. Un estudio del INTA de Marcos Juárez, Córdoba, es contundente para explicar el proceso y las consecuencias: el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora.
"La deforestación genera gases de efecto invernadero, lo que contribuye al calentamiento global e intensifica las consecuencias del cambio climático. Los cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes que se presentan debido al calentamiento global, son trágicos y sin vuelta atrás. Además, la pérdida de bosques contribuye a la extinción de flora y fauna y atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad", indicó a Infobae Fernando Miñarro, Director de Conservación y Desarrollo Sustentable de la FVSA.
En la última década, en la Argentina se ha deforestado un promedio de 240.000 hectáreas anuales de bosques nativos y el Gran Chaco es una de las ecorregiones más afectadas por esta problemática. Según el Informe Bosques Vivos de WWF, se encuentra entre los 11 lugares más deforestados del mundo y con niveles más altos de degradación.
¿Qué significa esto? "Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. En Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales, de las cuales la mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero", agregó el experto de la ONG.
Una de las herramientas para detener este proceso nocivo es la ley de protección de bosques nativos que asigna un presupuesto anual para evitar el deterioro. Así, las provincias que deben evitar el avance de la deforestación deberían recibir fondos que compensen esa producción que no será realidad. Sin embargo, desde su implementación, nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería. El Presupuesto 2019 asigna apenas el 4.75% de lo estipulado en la norma. Y, también es notoria la falta de planificación por parte de las provincias para el ordenamiento territorial.
En ese sentido, hace dos semanas la Secretaría de Ambiente de la Nación aprobó nuevas transferencias emanadas de esa ley por un total de $46.424.453. "Esto se concretó en la segunda reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario de Bosques y Cambio Climático (FOBOSQUE), que destinará esos montos a cuatro provincias: Jujuy ($ 9.589.486), San Juan ($6.183.004,80), Santiago del Estero ($23.449.808) y Santa Fe ($7.202.155). Santiago del Estero y Santa Fe recibirán los recursos para el financiamiento de los planes de fortalecimiento institucional a través de sus autoridades provinciales de bosques, luego de haber cumplimentado las rendiciones pendientes de los planes correspondientes a fondos girados hasta 2015 y todas las rendiciones de los planes de manejo y conservación implementados hasta 2012. Con respecto al resto de las presentaciones pendientes, estas provincias ofrecieron un plan de regularización a concretar este año, junto a una propuesta para mejorar y volver más eficientes los circuitos administrativos locales de los fondos de la norma", indicaron en esa dependencia.

Clima extremo y economía
El clima extremo y las condiciones que genera la deforestación no sólo producen una tragedia ecológica, sino también fuertes pérdidas económicas. Por caso, 50 productores nucleados en Federación Agraria Argentina (FAA) se reunieron durante la semana con el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, ya que la situación complicó seriamente la cosecha en la provincia. "Teníamos perspectiva de la cosecha récord pero se fue todo con el agua. Hoy tenemos que ver no sólo cómo se sigue sino cómo se subsiste", se lamentó Peppo durante el encuentro.
En tanto, el ministro de Producción provincial, Marcelo Repetto, destacó que la situación es "muy delicada", y afirmó que "esta última lluvia tuvo el agravante de que se sumaron otras localidades de la provincia, donde el sector productivo es muy importante".
"Los daños son significativos, estábamos en plena campaña de cosecha de algodón y soja y el panorama no es el más alentador ya que hay probabilidades de más lluvias", aseguró. Este nuevo temporal agrava la situación que ya era mala, desde las precipitaciones de enero en las que se había declarado la emergencia.
.

Humedales sin protección



Humedales: pese a que previenen inundaciones, están poco protegidos

Fecha de Publicación
: 01/02/2019
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Nacional


Los humedales son considerados verdaderas fábricas de vida para el planeta. Son ecosistemas claves para mitigar el cambio climático, frenar los gases de efecto invernadero y prevenir inundaciones , ya que ayudan a absorber las lluvias, que son cada vez más frecuentes y fuertes. No hace falta ir hasta el Bañado de la Estrella, en Formosa, las turberas de Tierra del Fuego o los Esteros del Iberá, en Corrientes, para estar cerca de un humedal. Hay algunos en medio de las ciudades, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, en CABA, o la Reserva Natural Provincial Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Pero, a pesar de su enorme utilidad y sus muchos aportes, se están perdiendo.
Frente a esta realidad, y a la espera de una ley que implemente una política nacional de conservación, presupuesto mínimo y manejo sustentable, hay organizaciones ambientales que trabajan con las comunidades para evitar que los humedales se sigan degradando. Según los especialistas, es una de las deudas ambientales más urgentes del país.
En el monumento natural Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, la laguna se estaba secando y escaseaban los pastos para alimentar a los animales. Hace dos años, la Fundación Humedales comenzó a trabajar junto con las poblaciones locales a partir de diferentes acciones, como el manejo sustentable del pastoreo.
Se trata de áreas sumamente diversas, con particularidades únicas. Además de su biodiversidad y aporte medioambiental, suministran alimento y medios de vida a millones de personas que desarrollan actividades productivas, como agricultura, ganadería, pesca, forestación y turismo.
La Argentina tiene declarados 23 humedales de relevancia internacional, pero son muchos más los que forman parte del territorio nacional. Se estima que ocupan 600.000 km2, es decir, el 21,5% del país.
Hace cuatro años, después de una intensa campaña comunitaria y más de 55.000 firmas de los vecinos, Santa Catalina fue declarada reserva. Casi la mitad de sus hectáreas pertenecen a un humedal, uno de los últimos de la ribera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo. "Sirve de esponja para que Lomas de Zamora no se inunde", grafica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "Es uno de los humedales que pusimos en valor para decir que no todo en el Riachuelo está podrido y contaminado, sino que hay sitios naturales que aún se preservan muy bien, básicamente, gracias a los vecinos", agrega.

Choque de intereses
Uno de los obstáculos para conservar estos ecosistemas es su desconocimiento. "El concepto de humedal aparece concretamente en las agendas de los medios de comunicación y en la boca de la gente cuando empiezan las inundaciones. Hasta ese momento, no había una valorización", afirma Marta Andelman, coordinadora de Comunicaciones de la Fundación Humedales, parte de la red global de Wetlands International.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, explica que hoy el foco está puesto en lograr una base de información sólida. "Hasta ahora no existía y nos va a dar muchas más certidumbres para el debate y el consenso. Esta ha sido, en buena medida, la causa por lo cual los proyectos de ley no prosperaron", sostiene.
Desde 2011 se lleva a cabo un inventario coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el que participan más de 60 expertos, ONG y universidades, quienes acordaron una definición teórica, llevada a terreno y consensuada con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Confema). Allí están involucradas las provincias, que son en definitiva las que decidirán cómo manejar cada humedal en sus territorios.
Ya se concluyó el primer nivel del inventario, que es un mapa muy macro de cuáles son las distintas regiones y qué tipo de estos ecosistemas contienen. Para Ana Di Pangracio, también permitirá tener una foto del momento presente para después ir evaluando los cambios y contar con números certeros sobre cuánto retroceden estos espacios en nuestro país.
Desde la Fundación Humedales, una de las ONG que participan, Marco Vermaasen, coordinador de Políticas del Programa Corredor Azul, enfatiza que es necesario que haya una ley que brinde un marco institucional.
En dos oportunidades, los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación obtuvieron media sanción y luego fueron rechazados, y no solo por la falta de precisión para definir estos ecosistemas, sino también porque existen intereses encontrados.
"La ley prosperó en el Senado, pero se trabó dos veces en Diputados. Hay que acercarse a los sectores que se oponen, sobre todo al agropecuario y al inmobiliario, según la zona del país, para que entiendan que no es una cuestión de humedales versus desarrollo, sino que se puede hacer un trabajo en armonía y sostenible", explica Di Pangracio.
Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fernando Miñarro considera que una ley es urgente, necesaria y posible, especialmente ante el avance de la conversión de los humedales en las últimas décadas.
Las ONG que están trabajando en la norma entienden que hay intereses agroindustriales e inmobiliarios, pero también preconceptos erróneos. "El problema -describe Vermaasen- es que muchos que ya desarrollan actividades económicas dentro de los humedales, como agricultura, urbanismo o ganadería, consideran que si algo se define como un humedal puede ser una interferencia para su desarrollo económico".
Otro gran debate es qué restricciones habrá en cada uno de esos sitios. "Es una condición sine qua non que lo que se presume un humedal se proteja hasta que esté hecho el inventario. Necesitamos la atención del público, que la gente sepa qué son estos espacios y presione para que se apruebe algo que es para el bien de todos", concluye Vermaasen.
.

Inundaciones: el problema es de raíz



Inundación sin raíces

Fecha de Publicación
: 30/01/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Litoral


Investigaciones sobre la región del Chaco Seco determinaron que la deforestación impide que los árboles absorban agua. El resultado es el aumento de flujos de agua en napas y superficie.
Inundación, muertes, pérdidas millonarias, pedido de obras, imágenes de animales y cultivos bajo el agua, lamentos y el empresariado del agronegocio que reclama subsidios. Culpan a “lluvias extraordinarias” e invisibilizan la acción del hombre: en la región del Chaco argentino se desmontaron desde 1976 casi nueve millones de hectáreas, equivalente a 440 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 61 por ciento se dio a partir de fines de la década del noventa, cuando comenzó a avanzar el modelo transgénico. El Gobierno recortó el 95 por ciento del presupuesto de protección de bosques y el presidente Macri propuso “acostumbrarse” a las inundaciones.
Misiones, Corrientes y Entre Ríos sufrieron inundaciones en 2015. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en 2016. La Pampa, Córdoba, Tucumán, Formosa y Salta en 2017. En 2018, otra vez Salta y Buenos Aires. Argentina sufre cada vez más inundaciones y desde el sector empresario y político se responsabiliza al clima y a la falta de obras hidráulicas. “Sembramos soja hasta en las macetas y eso nos está afectando”, sinceró en 2017 el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, cuando su partido quedó bajo el agua.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf) sistematizó datos estadísticos desde 1976 sobre la región del Chaco Seco (zonas de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, San Luis, San Juan, Jujuy y La Rioja). En base a imágenes satelitales junto al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y al Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA determinó que desde 1976 hasta 2018 se desmontaron 8,9 millones de hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) se arrasaron 2,4 millones de hectáreas de esa región.
“A partir de la década de los 90 se produjo un acelerado proceso de deforestación, concentrado especialmente en la región chaqueña. Entre los años 1996 y 2006 se deforestaron casi tres millones de hectáreas en el Chaco Seco, principalmente con destino a la expansión de los cultivos de exportación, en especial la soja”, explicó la Redaf en su informe “A 10 años de la Ley de Bosques”.
La inundación de las últimas semanas afectó con más dureza a Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe. Desde 1976 hasta 2017 se arrasaron 1.420.938 hectáreas en Chaco, 3.221.388 en Santiago del Estero y 142.233 en Santa Fe, detalla el informe de la Redaf. En 2017, el entonces subdirector de Recursos Naturales de Santa Fe, Carlos Chiarulli, reconoció que la provincia perdió el 82 por ciento de sus bosques en sólo ochenta años (le quedan 1,2 millón de hectáreas). El principal motivo fue el avance de la frontera agropecuaria.
Emilio Spataro, de la organización Amigos de la Tierra Argentina (ATA), denunció que Corrientes perdió el 75 por ciento (2,3 millones de hectáreas) de su superficie forestal original. “En los 15 años que van de la década del 90 a la primer década del este siglo se destruyó el 25 por ciento del total”, precisó.
El Centro Nelson Mandela es un espacio de referencia en el estudio del desmonte en Chaco. Rolando Nuñez, su coordinador, no tiene dudas: “Hemos perdido el balance ambiental producto del avance de las actividades del hombre, fundamentalmente el avance de la frontera agropecuaria transgénica y de la ganadería”, afirmó Nuñez.
El informe “Desmontes S.A. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la Ley de Bosques” (de Greenpeace) denuncia que Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años (103.908 hectáreas). La organización alertó que el gobierno provincial pretende desmontar tres millones de hectáreas del Impenetrable chaqueño.
“El árbol es una bomba extractora de agua”, explicó Ernesto Viglizzo, del INTA La Pampa. Con más de treinta años de trabajo en la institución, remarcó las consecuencias de eliminar el monte. Su testimonio aparece el documental-científico encabezado por el investigador Esteban Jobbágy (“Río nuevo”), que revela la aparición de nuevos cursos de agua en San Luis. El documental confirma el vínculo entre el ascenso de napas, los excesos hídricos y el modelo agropecuario. Detallaron que las pasturas transpiran (“evaporan”) 1075 milímetros al año, mientras que cultivos como soja y maíz sólo transpiran 680 milímetros. La diferencia de agua permanece en la tierra, eleva la napa y facilita la inundación.
.

Conicet trabaja en la percepción social del riesgo

Inundaciones: un novedoso enfoque para evaluar la percepción social del riesgo

Fecha de Publicación
: 24/07/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional


Expertos del CONICET y la UNLP relevaron notas periodísticas sobre los eventos ocurridos en la región entre 1911 y 2014. Proponen una app colaborativa.
Pocos meses después de la trágica inundación que afectó a nuestra región el 2 de abril de 2013, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron aunar esfuerzos para, de manera conjunta y desde el saber científico, aportar a la resolución de la problemática de la emergencia hídrica. Para ello, ambas instituciones abrieron una convocatoria destinada a la realización de una serie de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) que tenían como finalidad generar conocimiento sobre el tema y proponer soluciones desde una mirada multidisciplinar. La abundante información recopilada en el marco de las cinco iniciativas aprobadas expandió su potencial de aplicación por fuera del plazo previsto de dos años.
En el marco de uno de los PIO -“Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambiental”, dirigido por las investigadoras Alicia Ronco e Isabel López-, expertos del CONICET y la UNLP elaboraron un registro histórico de inundaciones y anegamientos en la región desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad con el objetivo de encontrar patrones comunes que dieran lugar al reconocimiento de la percepción social del riesgo de inundación.
“El riesgo es un concepto complejo que articula otros subconceptos de los cuales, a su vez, emerge. Existe si están presentes los componentes de peligro y vulnerabilidad”, contextualiza Kuanip Sanz Ressel, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT, FAU, UNLP), y detalla: “Por ejemplo, una lluvia copiosa en una llanura deshabitada es sólo un fenómeno meteorológico, pero la misma precipitación sobre una población densa se configura como una amenaza. Lo que nosotros hicimos en la búsqueda de esa percepción social del riesgo es analizar cómo se ´discutieron’ esos eventos en el espacio público, en este caso en un medio de circulación masiva”.
Los profesionales relevaron los artículos periodísticos publicados en el diario El Día -por tratarse del más antiguo y de mayor tirada a nivel regional, y por la continuidad en sus ediciones- en el período abarcado entre 1911 y 2014 para establecer qué puntos de la región se inundan con mayor o menor frecuencia, la causa y magnitud de los eventos.
“Habitualmente los estudios de percepción se dan en poblaciones acotadas, así que hacerlo a gran escala significó un desafío en términos conceptuales pero sobre todo metodológicos al incorporar el riesgo como hecho socialmente percibido”, destaca Daniela Rotger, becaria postdoctoral del CONICET en el CIUT, y agrega: “Lo primero que tuvimos que hacer fue un protocolo que marcara las pautas sobre las que íbamos a realizar el relevamiento y procesamiento de la información. Teníamos los datos del período 1911-1998 gracias a un trabajo anterior que la directora del centro Isabel López había hecho en hemerotecas, es decir con los diarios en papel. Para la etapa posterior usamos la versión web del medio”.
Los investigadores relevaron más de 3.800 artículos referentes a inundaciones y anegamientos que luego fueron volcados en un sistema de información geográfica -un software que combina un mapa georeferenciado con tablas informativas asociadas a los distintos puntos detectados-. “Cada sitio marcado corresponde a una noticia, y allí detallamos algunos datos de interés, como las fechas y zonas donde ocurrieron los eventos, qué cantidad de evacuados y/o víctimas hubo, cuántos milímetros de agua se acumularon en las calles, y cuál fue la causa de la inundación, por ejemplo”, apunta Rotger.
“La base de datos que elaboramos tiene un fuerte componente cuantitativo”, subraya María Aversa, profesional asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) en el CIUT, y grafica que “el 93 por ciento de los eventos registrados se corresponde con precipitaciones que, cuando ocurren en altas proporciones, producen el desborde de los arroyos que atraviesan las zonas urbanas, y sólo el 7 por ciento con las sudestadas que se dan al elevarse el nivel del Río de La Plata. El 83 por ciento de los casos se observan en La Plata, en tanto que Berisso y Ensenada tienen apenas el 11 y el 6 por ciento, respectivamente”.
“Después hay otra dimensión más cualitativa en la que nos encontramos trabajando y donde proponemos una serie de hipótesis que tienen sustento porque además de haber realizado el relevamiento conocemos el territorio. Por ejemplo, sabemos que Altos de San Lorenzo es una zona inundable, pero en los registros del diario la mayor parte de las noticias tienen que ver con el casco urbano de La Plata. Podemos inferir que esto se relaciona con las posibilidades de acceso a la tecnología y con las urgencias de los vecinos: ante la inminencia de la inundación, un usuario del diario que está en el centro puede captar una imagen y enviársela inmediatamente por Whats App para su publicación, mientras que alguien de la periferia seguramente tiene otras prioridades a resolver en el momento”, puntualiza.
Los investigadores quieren que la base de datos que elaboraron se convierta pronto en “una plataforma colaborativa” en la que la sociedad pueda seguir en tiempo real la evolución de los eventos en las distintas zonas y se activen las estrategias de alerta temprana para su prevención o mitigación. “La participación social también puede generar conciencia acerca del grado de vulnerabilidad al que se encuentra sometido el territorio, y abrir la discusión sobre la agenda urbana y las políticas de planeamiento. La situación a nivel regional no se resuelve sólo con obras hidráulicas. Tenemos que cambiar las lógicas de relación con la naturaleza”, concluye Sanz Ressel.
.

En Catamarca piden frenar los desmontes por 10 años



Emergencia: Piden parar con los desmontes por 10 años en Catamarca

Fecha de Publicación
: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca


A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos. 

Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias  y las inundaciones.  Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.

La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.

Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia.  Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.   
Siempre. 
.

Desastre Agropecuario en Chaco, Mendoza y La Pampa

La Comisión de Desastre Agropecuario recomienda declarar la emergencia nacional en Chaco, Mendoza y La Pampa

Fecha de Publicación
: 20/02/2018
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


Lo hacen en sus informes sobre la situación en esas provincias, en los que además analizaron las consecuencias de las inclemencias climáticas de cada zona.
Los representantes de Chaco presentaron el decreto provincial del 30 de enero pasado, que establece la declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por 180 días a partir del 1° de febrero, para las actividades de agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, y pequeños productores de agricultura familiar.
El mismo afectaba a los departamentos de Comandante Fernández, Independencia para la Colonia, Pampa Napenay y Quitilipi, y para las colonias General Paz y Uriburu, por la problemática de excesos hídricos del último mes.
Los funcionarios de La Pampa detallaron los alcances del decreto del 5 de febrero de este año, que declara en estado de Emergencia por incendios a las explotaciones ganaderas afectadas en diversos lotes de departamentos ubicados en el este, centro, sur y oeste de la provincia.
Se trata de Atreuco, Hucal, Caleu-Caleu, Toay, Utracan, Lihuel-Calel, Curaco, Chalileo y Chical-Co, que contarán con la vigencia de este decreto hasta el 30 de junio de 2018.
En el caso de Mendoza, los representantes desarrollaron los principales puntos del decreto del 8 de enero pasado, que establece la declaración de Estado de Emergencia hasta el 30 de julio de 2019 para las propiedades rurales ubicadas en los departamentos de General Alvear y San Rafael, por los efectos de los incendios.
Tras el desarrollo de cada decreto, los integrantes de la Comisión, junto con el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, y el director nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Javier Caniggia Bengolea, resolvieron elevar al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la recomendación para declarar la emergencia agropecuaria a nivel nacional.
Del encuentro participaron además de funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación y de los gobiernos de las provincias de Mendoza, La Pampa, y Chaco, representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Banco Central; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
.

Advierten sobre aludes en Mendoza

Alerta científica: habrá más aludes en la alta montaña  

Fecha de Publicación
: 10/02/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Tres aludes que se produjeron entre la tarde del domingo y ayer sobre la Ruta 7, en las inmediaciones de Uspallata, obligaron a interrumpir el tránsito durante varias horas -o dejar una sola vía- ante el peligro que esto representaba para los conductores. Según los especialistas, esta situación tiene tendencia a incrementarse por el calentamiento global.
Recordemos que no es la primera vez que se debe suspender, por este motivo, la circulación de vehículos en la alta montaña mendocina. Por citar algunos, en los últimos años hubo varios eventos destacables.
En 2013 cuatro aludes consecutivos obligaron a cortar el tránsito en la ruta internacional. En 2015 se registraron 55 fenómenos en 29 días y en 2016 un poderoso temporal tiró abajo el puente ubicado sobre el arroyo El Tigre que obligó a traer un puente portátil -Bailey- desde Entre Ríos.

Recurrentes
Stella Moreiras es doctora en Geología e investigadora del Conicet y ha dedicado su carrera profesional a estudiar estos fenómenos. La especialista advirtió que el primer suceso ocurrido el pasado domingo, en Ranchillos, tiene una recurrencia de 30 años, aproximadamente.
En tanto, el alud - el término técnico es flujo de detritos- que se produjo en la Quebrada Seca es mucho más frecuente ya que tiene una ocurrencia de un evento cada cuatro años.
Ésta es la zona más problemática del corredor bioceánico. En tanto el tercer desprendimiento de roca ocurrió entre el kilómetro 1.138 y el túnel 10 de la misma ruta.
Según un trabajo realizado por ella para el Conicet, grandes flujos de detritos se han registrado en la Quebrada Seca en los años 1974, 1976, 1980, 1983, 1999, 2000, 2006, 2007, 2013 y 2015 que sepultó dos máquinas viales de una empresa constructora. El evento mayor fue el de 2007, que movilizó un volumen de 33.500 metros cúbicos.
Respecto de la Quebrada Seca dijo además que la recurrencia es grande porque abarca un área extensa en la que tributan dos cuencas. "Siempre se están generando flujos de detritos con frecuencia muy alta porque en una de las dos cuencas siempre llueve" aclaró.
En tanto, en el caso de Ranchillos se trata de un evento extraordinario. De hecho, el último registro data de 1982 cuando en esa zona un alud arrastró un puente.
"Tiene una recurrencia de aproximadamente 30 años. Otro elemento a tener en cuenta es que ese año, como éste, estaba presente la corriente del Niño". De todas formas, indicó que los aludes no son fenómenos que se han dado solamente en los últimos años, aunque advirtió que serán cada vez más frecuentes.
"Estos procesos siempre se han producido; hay registros muy antiguos. Lo que sucede es que a veces no afectan la ruta y pasan desapercibidos", explicó la especialista, quien también es docente de la facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo).
Según indicó Moreiras, las causas de este alud están relacionadas con el cambio climático. "Son precipitaciones que se producen en poco tiempo, que vienen desde el Atlántico y con el cambio climático global se han intensificado. A ello hay que sumarle la cantidad de sedimento presente en el cauce", informó la geóloga.
Vale destacar que se pueden dar otro tipo de aludes también gestados por el calentamiento global. Moreiras recordó al respecto los que han sucedido en la quebrada de La Salada, Los Grises o Arroyo Negro, debido al calentamiento excepcional de los glaciares. La geóloga explicó que cada alud tiene sus características particulares y que a lo largo de la ruta internacional 7 deben ser estudiados específicamente.

Un problema
Moreiras explicó que en el momento en que se hizo la ruta internacional a Chile, en 1942, se proyectaron alcantarillas en función de cursos de agua pensados como portadores de agua.
Lo que sucede es que estos se saturan, trayendo sedimento - detritos- como bloques de barro que tienen un volumen tres veces más grande que lo pensado para esas alcantarillas. Cuando eso sucede, la ruta colapsa.
La investigadora del Conicet considera que debería volverse a estudiar todas las obras que hay, haciendo foco en las canalizaciones que se han hecho ya que a veces sólo se solucionan los problemas con "parches". "Pero esos cálculos deben hacerse con el volumen de detritos de cada caso particular", indicó.
.

Ya hay 8500 afectados por la crecida del Pilcomayo



Salta: ya son 8500 los afectados por la crecida del río Pilcomayo

Fecha de Publicación
: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta


Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.

Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
------------------------------------------------------------------------

Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta

Fecha de Publicación
: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta


El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
.

Las claves para que las lluvias se vuelvan catástrofes

Monocultivo, desmonte y avance inmobiliario: claves para que las lluvias se vuelvan catástrofes

Fecha de Publicación
: 15/06/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


El desmonte, el uso discrecional del suelo y el avasallamiento urbano e inmobiliario sobre los humedales amplían en Argentina las posibilidades de que las lluvias se conviertan en catástrofes.
Científicos, funcionarios, organizaciones sociales y ambientalistas coinciden en que el monocultivo, el avance inmobiliario que modificó escurrimientos de agua naturales y la deforestación explican, en parte, el terrible impacto de las inundaciones sobre 11 provincias, donde -según proyecciones climáticas- seguirá lloviendo.
La queja compartida en ámbitos académicos, científicos y en organismos no gubernamentales es que "quienes gestionan provincias y municipios consultan a los especialistas sólo cuando se producen los desastres, para saber por qué ocurrieron, pero no antes, a la hora de tomar decisiones" que afectan el manejo del suelo, el diseño urbano o el curso de las aguas.
El país tiene unos 40 millones de hectáreas anegables y casi la mitad de esa superficie está localizada en la Pampa Húmeda, subrayó el director de Suelos del INTA, Miguel Taboada, quien vinculó esta circunstancia a que en el último cuarto de siglo se perdieron unas 12 millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas, sobre todo en el NOA y NEA.
Argentina perdió el 12% de sus zonas forestales entre el 2001 y el 2014, según un informe del año pasado del Banco Mundial, que detalló que "casi toda la deforestación ocurrió en el norte" del país y que en Santiago del Estero se dieron "los mayores niveles de desmonte en el mundo".
El estudio ubicó al país en el noveno puesto a nivel mundial entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, y advirtió que esa pérdida equivalía a la desaparición de "un bosque del tamaño de una cancha de fútbol" por minuto.
Según datos del Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2014 Argentina sufrió una brutal pérdida de bosques, equivalente al 8% del total deforestado en Sudamérica.
Los especialistas advirtieron que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos.
Si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales -reservorios de agua que evitan las inundaciones- las lluvias y el desborde de ríos seguirán siendo incontenibles.
El subsecretario de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Rozas Garay, resaltó que actualmente hay una mayor conciencia sobre la problemática ambiental, pero aceptó que llevará años mejorar las condiciones y que "no sólo faltan obras, sino también políticas sobre manejo de suelos".
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En ese lapso, se perdieron 7,6 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos (a razón de 300.000 hectáreas al año).
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja", aseguraron desde Greenpeace.
Para el INTA, "todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, en la velocidad y en la duración de los procesos de inundaciones".
Inés Camilloni, titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la UBA e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA), consideró que el "compromiso social" de los científicos debe estar dirigido a la "alfabetización sobre cambio climático".
En el libro "La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política", que Camilloni escribió junto a Vicente Barros, experto en climatología e investigador del Conicet, se reseñó que en las inundaciones del 2007 en Santa Fe -por ejemplo- y en la provincia de Buenos Aires, se dieron "situaciones anárquicas" en las que cada productor defendía sus tierras construyendo diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.
A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que recién fue reglamentada en 2009, luego de un insistente reclamo de organizaciones sociales y ambientalistas.
Si bien la norma puso algo de frenos al desmonte, ocho años después, los fondos asignados en el Presupuesto Nacional no alcanzan para la puesta en práctica total de la ley, según fue admitido por el propio Ministerio de Ambiente de la Nación, y todavía varias provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques.
A todo esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, aprobada con dificultad en el 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por el "rechazo de los sectores agroindustriales", denunció Nápoli.
.

Entre Ríos más complicado por las inundaciones



Más de 2.800 evacuados por las inundaciones en Entre Ríos

Fecha de Publicación
: 13/06/2017
Fuente: La nueva Mañana
Provincia/Región: Entre Ríos


Según Defensa Civil, la situación más comprometida se advierte en Concordia, con 542 familias evacuadas y autoevacuadas. Las nuevas inundaciones fueron debido a la crecida del río Uruguay.
Más de 2.800 personas fueron evacuadas en la provincia de Entre Ríos debido a la crecida del río Uruguay, aunque desde Defensa Civil aseguran que la situación "no empeorará" durante los próximos días.
Según los datos recabados por ese organismo, la situación más comprometida se advierte en Concordia, con 542 familias evacuadas y autoevacuadas y con un río Uruguay que se encuentra estable con una altura de 14,62 metros.
En la capital del citrus, 1.994 personas son asistidas por la crecida, de las cuales casi 600 (152 familias) se encuentran ubicadas en los centros de evacuados establecidos, mientras que más de 1.408 personas fueron auto evacuadas con asistencia de personal de Defensa Civil.
En tanto, en Concepción del Uruguay, el río continúa creciendo y se encuentra en 7,56 metros, por lo que hasta este sábado cerca de 400 personas de unas 123 familias fueron evacuadas.
Del total, 31 familias debieron ser trasladadas a los centros de evacuados dispuestos para la contención, el Albergue para Deportistas, que cuenta con 13 familias y el Batallón de Ingenieros Blindado 2, donde hay 18 familias; mientras que unos 92 grupos familiares fueron trasladados a domicilios particulares, que hacen un total de 287 personas.
Por otro lado, en Colón las personas evacuadas alcanzan las 230, de alrededor de 96 familias, el río registra una altura de 9,43 metros y continuará creciendo.
El intendente de Colón, Mariano Rebord, detalló que hay "229 personas mayores y 173 menores que fueron evacuados" de 96 familias, de las cuales "21 se encuentran alojadas en centros de evacuación".
En San José, localidad aledaña a Colón, unas 125 personas fueron evacuadas, todas del barrio El Brillante, y reubicadas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y en viviendas de familiares.
Asimismo, en Gualeguaychú el agua sobrepasó el nivel de alerta y el río tiene una altura de 3,72 metros, pero aún no se han registrado evacuados o pedidos de evacuación.
.

El Litoral preocupado por la creciente de los ríos



Aumenta la preocupación por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay

Fecha de Publicación
: 07/06/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral


Distintas localidades se declaran en alerta porque hay evacuaciones. Otras provincias también se ven afectadas por el avance del agua
La crecida de los ríos Paraná y Uruguay continuaba ayer generando gran preocupación en las poblaciones ribereñas de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, e incluso, en el caso del río Uruguay afecta a diversas poblaciones de la vecina República Oriental del Uruguay.
En el caso de la provincia de Entre Ríos, los principales problemas se producen en jurisdicción de la ciudad de Concordia, donde la situación empeora y donde la crecida del río Uruguay obligó a evacuar de sus viviendas a unas 300 familias, mientras que las defensas para prevenir episodios similares ubicadas al sur de la ciudad están completas en un 90 por ciento.
Así lo hizo saber el mismo ministro de Interior y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, que el sábado recorrió las zonas afectadas por el avance del agua junto al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y al intendente concordiense, Enrique Cresto.
El ministro nacional relativizó la gravedad del panorama a futuro al señalar durante su recorrida por las defensas de la ciudad que "tenemos información al instante y eso nos permite tener previsibilidad; por eso el mensaje a la ciudadanía es de tranquilidad".
Frigerio señaló además que "esto está en manos de profesionales informados que van a tomar las mejores decisiones", afirmó durante su recorrida, aunque los medios locales no dejan de mostrar la preocupación que existe entre los habitantes.
Según la Municipalidad de la ciudad entrerriana, la mayor parte de las familias se autoevacuaron con ayuda de Defensa Civil, mientras que unas 74 fueron evacuadas y ubicadas en 20 centros abiertos para ese fin.
Según pudo saberse, la mayoría de estas personas son residentes de los barrios Nébel, Puerto, Vélez Sarsfield, Sargento Cabrera, Belgrano Sur, Benito Legerén, 25 de Mayo y Cambá Paso.

Otras localidades
Más al sur, en Concepción del Uruguay, son 46 las familias asistidas y alojadas en tres centros de evacuación.
En total, se contabilizan 145 personas afectadas por la creciente, mientras que en Colón alcanzan a 10 las familias que relocalizadas.
La represa de Salto Grande es otro elemento clave en el control de las aguas del río Uruguay.
En un comunicado, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande señaló que si bien "no se produjeron nuevas precipitaciones en la cuenca del Uruguay y el pronóstico indica el cese de las precipitaciones para los próximos dos días, los suelos saturados generan un escurrimiento muy alto, por lo que será necesario aumentar los caudales evacuados por la represa a 23.800 metros cúbicos por segundo".
Esto significa que el río llegará a los 13,80 metros en Concordia y 14,20 en Salto.

En San José del Rincón
Por el lado santafesino, el panorama comenzaba a agravarse en algunas localidades costeras del centro provincial La Municipalidad de San José del Rincón, en el departamento La Capital comenzó a asistir a los vecinos radicados en zonas bajas o fuera del anillo de defensa.
Ocurre que allí ya se perciben las filtraciones ante una crecida del río Paraná que repercute en los afluentes como el río Ubajay.
En esa zona, ya se autoevacuaron unas 50 familias y unas 200 que viven en el barrio Los Espinillos resisten en sus hogares y reciben la ayuda del municipio.
El intendente rinconense, Carlos Sánchez, destacó que "la ciudad empieza a vivir un momento complejo. Cuando el río supera los 4,50 metros, comienzan las filtraciones y tenemos inconvenientes con esas grandes barriadas que están en zonas muy bajas. Las filtraciones son naturales".
Toda esa área, conocida como Los Espinillos, es muy poblada. Y allí, durante estos días, estuvo personal del municipio proveyendo palets de madera y bolsas de arena, improvisando caminos para que los vecinos puedan salir de sus viviendas y también para manejarse dentro de ellas, porque en muchos casos ya tienen agua en las habitaciones.
Las 50 familias que dejaron sus hogares se ubicaron en otro lugar más alto, pero no lo suficientemente seguro. Es que, si el río sigue subiendo, allí también tendrán inconvenientes.

Ayuda y asistencia
El sábado el intendente Carlos Sánchez recorrió la zona afectada con el ministro provincial de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, para evaluar la situación y delinear algunas acciones. "Si bien el río no está en el nivel de alerta, que es 5,70 metros y hoy está a 4,70 metros, tenemos inconvenientes con las filtraciones y el agua está en el límite de los terraplenes", volvió a reiterar el mandatario quien esta semana se volverá a reunir con las autoridades provinciales para continuar trabajando al respecto.
"Estas familias no se alcanzaron a recuperar de la emergencia que pasamos el año pasado que ahora otra vez se ven afectados. El municipio junto con la provincia los ayudó para que puedan reconstruir sus viviendas y eso pasó hasta hace muy poco. En muchas situaciones hasta pierden el trabajo, porque no puede asistir para quedarse a cuidar lo poco que tienen", detalló Sánchez.

En alerta
Según manifestó el intendente de Rincón a partir de la información de que dispone "no se superaría el nivel de alerta" y a partir de las mediciones de cómo viene bajando del norte "se llegaría a los 5 metros, pero de todas maneras con esa altura vamos a tener serios inconvenientes".
El panorama en la zona es complicado porque no se puede ya entrar a esos barrios. Es que las calles están ocupadas por el agua, la recolección de residuos no se puede realizar, las familias necesitan ser asistidas directamente en sus viviendas, los pozos negros están saturados y ya comienzan a desbordar. Allí, a las familias que no tienen agua potable, se las abastece con bidones, y la mayoría concurre al comedor municipal, sobre todo los que perdieron sus trabajos.
.

Santa Fe comienza a pensar el cambio climático

Santa Fe buscará crear un plan de Cambio Climático

Fecha de Publicación
: 10/05/2017
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe


En la primera reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales, se brindaron detalles de la iniciativa que pretende dar respuestas a la realidad climática.
Con tormentas cada vez más violentas y lluvias abundantes que desbordan los sistemas de desagües de ciudades y colapsan los canales y arroyos en las áreas rurales, la Provincia de Santa Fe está obligada a encarar esta problemática para amortiguar su impacto. Y en la columna de propuestas avanza la creación de un Plan Provincial de Cambio Climático.
El ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, participó el pasado martes en la ciudad de Recreo, de una charla informativa sobre Cambio Climático, en el marco de la primera reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales.
Durante la actividad, el director provincial de Cambio Climático, Eduardo Roude, brindó detalles de los lineamientos del Plan Provincial de Cambio Climático que tiene en elaboración la cartera ambiental santafesina. “El plan tendrá como objetivo dar respuestas a la realidad climática que impone nuevas condiciones para el desarrollo de la mayor parte de las actividades sociales y productivas que se realizan en la provincia”, explicó el funcionario.
“El objetivo es lograr un marco de referencia para las actividades, la identificación de vulnerabilidades y la adaptación para la reducción de impactos y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs)”, amplió el director. En ese sentido, señaló que “debemos lograr un instrumento articulador de los lineamientos que llevarán a cabo los organismos públicos competentes de cada uno de los sectores pasibles de ser afectados”.
“La implementación del plan intentará dar respuesta a una necesidad que resulta impostergable, de acuerdo a las últimas evidencias científicas sobre los cambios climáticos que se proyectan para el siglo XXI, y como provincia debemos prepararnos anticipadamente”, concluyó el funcionario.
Durante el encuentro, realizado en el Centro Cívico de la Región 3, también se elaboraron los documentos de Facilitadores Ambientales que serán abordados en la próxima sesión del Consejo Provincial de Medio Ambiente.
.

Ocho medidas para prevenir las inundaciones



Inundaciones: las ocho medidas para prevenirlas a largo plazo

Fecha de Publicación
: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".

De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.

Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".

Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.

Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".

Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".

Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".

Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".

Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.

Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
.

Santiago también paga la deforestación



Estiman 37 mil animales muertos en Santiago del Estero por las lluvias

Fecha de Publicación
: 08/05/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Santiago del Estero


Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó por las fuertes pérdidas que están provocando las lluvias en Santiago del Estero, principalmente en el sector ganadero.
En total, estiman que han muerto unos 37 mil animales y que hay seis mil hectáreas con pérdidas importantes.
Se trata de una situación que constituye un riesgo para el noreste de Córdoba, por su impacto en la cuenca del Río Dulce que desemboca en la laguna de Mar Chiquita.
Cabe recordar que ya se vienen realizando acciones de evacuación de animales en esa región; el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia consideró que la situación está en “alerta amarilla” y diagramó acciones especiales a la espera de las crecidas.

Emergencia hídrica
“Por las grandes lluvias la zona que abarca Colonia Dora hasta Selva, en Santiago del Estero, se encuentra en emergencia hídrica producto además de derrames en el río Dulce”, advirtió CRA a través de sus redes sociales.
Uno de los dirigentes de la entidad, Juan Pablo Karnatz, afirmó que las pérdidas son cuantiosas tanto en ganadería mayor como en menor.
“Solo en ganado menor la mortandad asciende a 17 mil animales por las grandes lluvias en la cuenca. En tanto que en ganado mayor se estima en 20 mil los animales muertos”, dijo Karnatz.
En lo que hace a agricultura, las áreas que están severamente complicadas comprenden a unas seis mil hectáreas con pérdidas importantes en sorgo, maíz, algodón y soja.
“Dada la situación es imperioso que se declare la emergencia agropecuaria”, sintetizó Karnatz.
.

Indignante porcentaje ejecutado para prevenir inundaciones



Solo se ejecutó un 2,56% de un programa para prevenir inundaciones

Fecha de Publicación
: 01/05/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Las aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está virtualmente paralizada.
El programa "Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres" del Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017. Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar acciones "tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el hombre", coordinando "el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56% de su presupuesto.
El coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y veterano de decenas de catástrofes –desde la inundación de Santa Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción del Puyehue en 2011–, lidera la Secretaría que coordina la asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán. Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones en poblaciones de la llamada "zona núcleo" (sudeste cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.
De momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola, abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal causa es "la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura". Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental", en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.
Con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal causa de los anegamientos. "Desde el comienzo de 2017 somos testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país –sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace–. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”.
La Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000 millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo, y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600 millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $ 1000 millones al programa de "Estímulo Agrícola del Plan Belgrano", subsidios para productores de soja de esa provincia y otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas, pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que no tiene plan B. «

Menos catástrofes y más armas
La subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad en otras áreas, como la de "Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad", que en tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75% de un total de 793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.
.

Blog Archive

Seguir por E-Mail

Temas

Archivo de Blogs