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La contaminación ahoga a los tucumanos

Tucumán huele demasiado mal

Fecha de Publicación
: 23/01/2021
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


La capital tucumana fue calificada el año pasado como la ciudad con peor calidad de vida de entre las 24 cabeceras argentinas -23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, según un amplio relevamiento realizado a nivel nacional. En la muestra de más de 12.000 casos, llevada a cabo por la consultora IPD (Innovación, Política y Desarrollo) se tuvieron en cuenta catorce variables, entre ellas: contaminación, costo de vida, empleo, vivienda, transporte, infraestructura, conectividad, seguridad, medio ambiente, higiene, deportes, educación, cultura y si le gusta vivir en su ciudad.
Entre las respuestas negativas que se destacaron primaron las quejas de los ciudadanos respecto de los malos olores que envuelven al área metropolitana tucumana, causados principalmente por los cientos de basurales a cielo abierto desparramados por la urbe, la falta de higiene generalizada, los derrames cloacales que asfixian a toda la ciudad y los vahos nauseabundos que se desprenden de la fermentación de la vinaza, uno de los desechos que genera la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar.
En algunos casos, la responsabilidad es compartida entre la población indiferente y mal educada, un gobierno provincial ineficaz y los municipios ineficientes, como ocurre con la falta de higiene y los basurales sin control.
En otros casos, la ausencia del Estado es alarmante y allí ninguna responsabilidad le cabe a la comunidad, como sucede con las cloacas explotadas en todas las esquinas y los ríos de aguas servidas, y con el irresponsable tratamiento que le dan los ingenios a la maloliente vinaza.
Hasta hace una década, aproximadamente, este derivado de la producción del alcohol, entre muchos otros desechos industriales, se arrojaban directamente a los ríos, lo que provocó que la Cuenca Salí-Dulce llegara a ser, como sigue siendo hoy, la segunda más contaminada de la Argentina, según informes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Tras varios juicios, multas y sanciones, desde 2012 comenzó a disminuir el volcado de vinaza a los cursos de agua y empezó a emplearse para regar campos de caña o para realizar compostajes.
El problema es que cuando la vinaza fermenta, y bajo ciertas condiciones climáticas, el aire en la provincia se torna irrespirable.
Los tucumanos llevamos años de promesas oficiales respecto de que esta contaminación atmosférica estaba en vías de solucionarse, mediante diferentes tratamientos industriales. Lejos de remediarse, a medida que aumenta la producción de alcohol para biocombustibles este flagelo se agrava cada año. Incluso, la vicepresidenta del Ente de Turismo, una de las oficinas que más debería preocuparse por la calidad ambiental, llegó a justificar estos olores nauseabundos, con el argumento de que forman parte de la idiosincrasia de la industria madre de los tucumanos, que es la producción azucarera.
Un razonamiento que hubiera encontrado cierto asidero a fines del Siglo XIX. Punto de vista que resulta insólito en la actualidad, cuando la economía de la provincia, según el Ministerio de Economía, depende un 66% de las actividades terciarias o de servicios, mientras que las actividades primarias o extractivas, y las secundarias o industriales
representan el 10% y el 24%, respectivamente.
Es decir, si es por su gravitación dentro del producto bruto interno, el sector de servicios hoy es la verdadera “industria madre” de la provincia. Al margen de este dato, no menos importante, no es un problema meramente económico sino que afecta a la salud de la población y a la maltratada calidad del medio ambiente provincial.
A demasiados organismos oficiales les compete solucionar este drama ambiental, desde el gobernador hasta la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Protección Ambiental, la Dirección de Medio Ambiente, la Policía Ecológica, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Ambiental de la Legislatura, además de fiscales y jueces.
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Diferentes agrotóxicos en los peces muertos del Salado

 


Hallaron herbicidas e insecticidas en el Salado y en los peces muertos

Fecha de Publicación
: 21/01/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Tanto en agua, sedimento y tejidos de las especies ictícolas se encontraron diferentes tipos de agrotóxicos, entre ellos glifosato. Desde la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe piden un monitoreo más exhaustivo y con continuidad espacio-temporal sobre la presencia de desechos agrícolas.
El 2020 quedó atrás, pero algo importante restaba resolverse: conocer las causas de la mortandad de peces, sucedida en el río Salado entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre.
A fines del año pasado, El Litoral dio a conocer los resultados preliminares elaborados por el laboratorio del Inali (Instituto Nacional de Limnología-UNL) sobre las muestras de agua obtenidas en tres sectores (bajo el puente de la Ruta 70; aguas arriba y aguas abajo del Puente Carretero). Tras analizar la relación de la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y la DQO (Demanda Química de Oxígeno), determinaron que en el agua había presencia de vertidos domésticos, bosta de ganado y productos alimenticios. "Esto es un indicativo, no es la causante de la mortandad", había señalado Luis Espínola, doctor en Ciencias Ambientales, investigador adjunto del Conicet (Inali-UNL).
Pero restaba el informe del Laboratorio de Ecotoxicología, dependiente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL). Luego de analizar las muestras, los resultados indicaron lo que se sospechaba: la presencia de herbicidas e insecticidas en el agua y en los peces muertos.  
Estos informes fueron solicitados en la investigación que se tramita ante los fiscales extrapenales dependientes del Ministerio Público de la Procuración General de la Corte. La impactante mortandad de peces no sólo generó gran preocupación social sino también la intervención de distintas esferas gubernamentales, que son independientes de la investigación dispuesta por la Procuración de la Corte Suprema.
En una nota con El Litoral, el Dr. Jorge Barraguirre, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, comentó: "Abrimos un expediente preventivo, tendiente a confirmar las sospechas según las observaciones preliminares de los expertos", y había mencionado que "creemos que se podrán encontrar agroquímicos, pero no en la cantidad que revelaría una especie de toxicidad antropogénica. Todos los científicos que consultamos nos dicen que puede haberse lavado el terreno por la lluvia de estos días y llevado agrotóxicos al río".
Para la investigación se tomaron como pruebas el agua del río, sedimento del lecho y peces moribundos. Las muestras se obtuvieron en presencia de los expertos de las instituciones y funcionarios de la Procuración General. Ahora, este medio accedió a esos informes.
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Una bomba ambiental sobre el Paraná

 


Un caso de corrupción reveló una grave amenaza ambiental en Santa Fe

Fecha de Publicación
: 20/01/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe


El interrogante sobre el impacto de los casos de corrupción se hace palpable en la causa judicial que envuelve a la Petroquímica Bermúdez, una planta situada sobre el río Paraná, a cinco kilómetros del límite con Rosario. "Es una bomba ambiental", definió el fiscal Luis Schiappa Pietra, que llevará a una audiencia imputativa al empresario Sergio Tasselli,a su hermano Máximo y al exjefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, a los que acusará de "pactar" el archivo de una causa en la que se investigaba el desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos, de 20 hectáreas.
De ese predio, que Tasselli -actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas- adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió LA NACION. El escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, señala uno de los informes.
 Nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores de gas cloro, trágicamente conocido por su uso durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según señalan los especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. "Desaparecieron", apuntó el fiscal.
"Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas", explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica Bermúdez. "Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro", advirtió.
 Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio. "El peligro es que no se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas", señaló un exfuncionario que investigó el caso.
Cinco días antes de que se decretara el aislamiento por la pandemia, los pobladores de la zona se reunieron en el club Vecinos Unidos, en el barrio Celulosa, para pedir a las autoridades que intervengan ante esta "bomba ambiental". La pendiente de las napas va hacia el barrio El Espinillo, con lo cual el peligro es que esas sustancias hayan penetrado en el área donde hay consumo de agua de la población.
La planta química se llamaba Electroclor y se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, donde en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. Cinco años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral que terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico, que fueron sacados, según denunciaron en ese momento, por una patota. La estrategia que la empresa usó en esta ciudad del Gran Rosario se repitió en otros emprendimientos que fueron desmantelados, como Río Turbio, Altos Hornos Zapla y Agrinar, entre otros.
 ¿Por qué este empresario había comprado una planta química para después cerrarla? La sospecha es que se buscó vender chatarra, según quienes conocen la investigación. El problema es que no era una chatarra cualquiera, sino residuos altamente contaminados y peligrosos.
Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle "un cierre seguro" de la planta. Pero Tasselli, según fuentes de la anterior administración de Santa Fe consultadas, "nunca cumplió". Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.
En 2017, una auditoría detectó "la presencia de diversos productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población". "Ante cualquier emergencia que libere productos tóxicos a la atmósfera, es altamente probable que la nube de gases sea arrastrada por el viento hacia poblaciones que rodean las instalaciones de Petroquímica Bermúdez, hacia el sur, el norte y el oeste", señala el informe, firmado por el ingeniero Andrés Salum.

Causa cerrada, fiscal preso
Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Tasselli, según indicaron fuentes judiciales comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del exjefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino.
Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Crimen Organizado, empezaron a relevar las causas que había cerrado Serjal. Se encontraron con que el 8 de marzo de 2019 el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma había pedido el archivo de la causa de Petroquímica Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. "Es la instrucción de mi superior", dijo, en alusión a Serjal.
La sospecha es que el pago de sobornos en este caso podría haber sido de más 180.000 dólares, revelaron las fuentes. Con el archivo del caso se terminaba la causa penal que preocupaba a Tasselli y a su hermano Máximo, presidente de Petroquímica Bermúdez.
 En la causa, según describió el fiscal Schiappa Pietra, sobraban elementos para seguir la investigación e imputar a los empresarios. Serjal pidió el archivo de la causa porque la Fiscalía de Estado de Santa Fe también había desistido de la acción penal luego de firmar en 2018 un acuerdo de "remediación" -que incluía el traslado seguro de las sustancias contaminantes- de la planta de Capitán Bermúdez, que Tasselli nunca cumplió. Por eso, otro de los llamados a declarar es el fiscal adjunto de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), Gustavo Luzzini, que desistió de seguir con la causa.
El 23 de diciembre pasado, Schiappa Pietra y Edery recibieron la novedad de que el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini había anulado la imputación al considerar que los Tasselli ya habían sido juzgados cuando se archivó la causa, por pedido del exfiscal que está preso por cobrar sobornos.
El 31 de diciembre, sin embargo, la jueza de Cámara Georgina Depetris avaló el pedido de recusación del juez y, tras la finalización de la feria, los Tasselli deberán enfrentar la imputación, que probablemente sea acompañada, según las fuentes judiciales, de un pedido de detención. "Mientras tanto, los vecinos de la zona conviven con una bomba ambiental", afirmó Cecilia Bianco, del Taller Ecologista.
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La ex Botnia no cumpliría con el fallo de La Haya

 


Piden monitorear a Botnia: “El río Uruguay está al borde del colapso”

Fecha de Publicación
: 16/01/2021
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


Uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú indicó a Elonce TV que solicitan a distintos organismos asistencia técnica para medir los “aires transfronterizos” y determinar los niveles de toxicidad.
El intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio junto a la Asamblea Ambiental Ciudadana mantuvieron en el ministerio de Ambiente de Nación una reunión donde, realizaron una exposición sobre la situación actual del monitoreo a Botnia, y se insistió en que no se cumple el fallo de La Haya. Lo mismo se hizo con la necesidad de realizar análisis con marcadores biológicos para determinar la toxicidad del río.
Sobre este tema, uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Javier Pretto, indicó a Elonce TV que “queremos medir los aires transfronterizos desde el lado argentino, tenemos el equipo roto y suponemos que a partir marzo va a estar funcionamiento”.
Durante la reunión, se prouso que el ministerio estudie la posibilidad de colaborar con Cancillería y CARU para aportar asistencia técnica para el análisis del pedido de Kemira.
Sobre la contaminación de la empresa Botnia dijo que “el monitoreo que realizan no sirve porque solo se hace un control químico, se debe monitorear en dilución no en cantidad que tiran, hay que utilizar marcadores biológicos”.
A su vez, indicó que “el Uruguay va a ampliar la planta en Fray Bentos, y va a abastecer de insumos químicos a la UPM Dos, o sea que la planta tendría que triplicar su producción. El 18 de diciembre, Uruguay presentó a Cancillería el estudio de impacto ambiental para la consulta argentina y nuestro país tiene 30 días para decir si está de acuerdo o no, y si no contesta se toma como que el país coincide”.
“Esta planta tiene capitales diferentes, nunca se trató el tema, siempre advertimos la situación y nadie nos dio respuestas sobre esto, estamos muy preocupados”, manifestó Pretto.
Durante la entrevista, hizo referencia a la contaminación del río: “el Uruguay está al borde del colapso, hay muchas algas y son exceso de nutrientes, es decir el fosforo, y Botnia tira 70 kilos por día. Si bien no es solo la planta, sino que también tiene que ver los agroquímicos de los componentes que también van a parar a los lechos del río, pero esta planta hace un aporte muy grande al río”.
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Empresa Citric en la mira por contaminación

Contaminación y lavado, todo en un mismo jugo

Fecha de Publicación
: 16/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos


El Carmen, fabricante de los jugos Citric, habría abultado sus ganancias al no cumplir con el tratamiento de efluentes industriales. La UIF avanza en una causa testigo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa que investiga a la compañía “El Carmen S.A.”, fabricante del jugo Citric, por contaminación ambiental en la ciudad entrerriana de Chajarí.
Tras cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra la empresa fabricante de jugos, el organismo nacional solicitó que se designe un interventor en la causa y sostuvo que "la contaminación de tierras y cursos de agua mediante efluentes volcados por parte de la empresa en el arroyo “Las Alpargatas” de Entre Ríos, podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental, del cual se obtendrían ganancias de manera ilícita como resultado de su actividad formal". Es que con el volcado de residuos  tóxicos al arroyo, sostiene la denuncia, la institución no sólo omite la obligación legal de tratarlos sino que además se ahorra una importante suma de dinero que pasaría a engrosar sus ganancias. Por este motivo, desde la UIF sugieren que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen para conocer la magnitud de los activos.
La empresa se encuentra en la mira desde el 2015 cuando Néstor Masilli, un vecino dueño de una chacra cercana a la rivera, presentó un recurso de amparo por contaminación ambiental. Recién dos años más tarde, una intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos, incitó sin éxito a la empresa a disminuir sus descargas tóxicas. En esa ocasión la compañía manifestó contar con un sistema moderno y efectivo para cuidar el medioambiente. Asimismo, aseguró ante el ente regulador que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos a favor del medio ambiente.
Al no ver ningún cambio en la actitud de la empresa, Masilli insistió nuevamente y presentó en mayo del 2019 una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por contaminación ambiental. Esta denuncia fue acompañada por pruebas técnicas que demuestran de qué manera los desechos industriales de la fábrica han derivado en altos índices de contaminación y las consecuencias que tuvieron en el arroyo:  produjo la extinción de todo tipo de vida, imposibilitando la utilización del agua como recurso tanto para el riego de cosecha o como líquido para el ganado.
Entre las pruebas que lograron que la causa avanzara figura el resultado del estudio solicitado por la Escuela Manuel Belgrano ubicada cerca del arroyo, para conocer las condiciones en las que se encontraban las napas de donde extraían agua para consumo. Los resultados de los exámenes fueron concluyentes y demostraron que el agua no es bacteriológicamente potable para el consumo humano. El estudio aportó otro dato: el agua dejó de ser potable al menos desde 2017.
Hacia principios del año anterior y ante la insistencia de las denuncias, El Carmen SA difundió un comunicado en el que aseguró que “sí cuenta con un proceso previo de tratamiento de efluentes. Actualmente los efluentes no son químicos tóxicos sino orgánicos y biodegradables y cuentan con el mencionado proceso previo. Desconocemos el origen del resto de efluentes que recibe el cauce”, ya que “en los últimos tres años la compañía ha disminuido sus efluentes en un 60 por ciento“, aclaró.
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Jáchal con poca agua y contaminada con mercurio

 


San Juan: denuncian falta de agua potable en Jáchal y contaminación por la megaminería

Fecha de Publicación
: 12/01/2021
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Vecinos de ese departamento sanjuanino reclaman que el sistema de distribución domiciliaria trae agua del río Jáchal, que contiene mercurio y otros residuos peligrosos.
“El acceso al agua en el norte de la provincia de San Juan es desde hace décadas un verdadero problema. Pero con la aparición de la explotación megaminera Barrick Gold, que consume el agua en grandes proporciones, la situación ha empeorado”, describen vecinos de Jáchal, que reclaman de diferentes formas – incluidas las protestas callejeras- la falta de agua potable en ese departamento.
“Hay familias aisladas por el Covid que no tienen para higienizarse”, advierten desde la Asamblea Jáchal No Se Toca. En diciembre, un grupo de vecinos presentaron una demanda judicial por esta problemática.

Agua con mercurio
A partir de la explotación megaminera, comenzaron a hallarse altos índices de mercurio en el agua del río Jáchal. Por este motivo, las redes domiciliarias de agua potable comenzaron a nutrirse a partir del acuífero de Huachi.
Sin embrago, ahora el recurso escasea y las y los vecinos advierten que se está mezclando agua del río contaminado para sostener el servicio. Denuncian que para estos fines volvieron a reutilizarse las piletas que toman agua del Jáchal para su distribución en las redes domésticas. Piden el cese de esas operaciones.
Este martes los jachalleros de los barrios altos volvieron a cortar la Ruta Provincial 491 a la altura del El Topón reclamando el servicio de agua potable y pidiendo la eximición de cargos a los vecinos detenidos mientras se desarrollaba la manifestación de este lunes.   
En este marco, la concejala Analía Carrizo afirmó al Diario Huarpe que el titular de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado), Guillermo Sirerol, le confirmó que la falta de agua continuará por unos días ya que están haciendo una depuración de la cañería.
“Me dijo que habían encontrado bacterias en la cañería de la zona norte y por eso todavía no podían habilitar las mejoras en el servicio”, dijo la legisladora.

A la Justicia
El 17 de diciembre la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó una presentación judicial con el patrocinio letrado de Diego Seguí y Marcelo Arancibia. El hecho que se denuncia es el envenenamiento de aguas y apunta a funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de San Juan. También se denuncia a los funcionarios de Jáchal: al Intendente Miguel Ángel Vega y a todos los concejales por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio.
A los funcionarios también se les atribuye el delito de abandono de persona, tipificado en el art. 106 del Código Penal.
Según la denuncia, los funcionarios no previeron las obras de infraestructura que hubieran evitado la reutilización de las piletas con agua con residuos peligrosos (mercurio) proveniente del Río Jáchal. Pero además violaron en forma grosera la obligación de informar a la población de Jáchal que se estaba mezclando el agua del Río Jáchal (que contiene mercurio) y que se distribuía domiciliariamente. Tampoco informaron los posibles efectos que puede provocar su consumo.
Desde la OSSE, según informaron los vecinos, la explicación fue que la producción de agua no alcanza para abastecer a todos los barrios del departamento. El 28 de diciembre pasado, el presidente del Concejo Municipal de Jáchal, Felipe Táñez, propuso al intendente Miguel Vega conformar una “Mesa del agua”.
Tomar mercurio
En 2017 se realizó la toma de muestra de agua de la red de agua potable de Jáchal en el Camping Vivero Municipal. Allí se detectaron cuatro microgramos de mercurio por litro de agua (es decir 0,004 miligramos de mercurio por litro de agua). En esa misma fecha se tomó la muestra de agua del Río Jáchal a la altura del Dique Pachimoco y se encontraron tres microgramos de mercurio por litro de agua (es decir 0,003 miligramos de mercurio por litro de agua). Esa es una prueba fehaciente de que el agua contaminada del Río Jáchal ingresa a la red de agua para consumo humano.
El Código Alimentario Argentino establece que el agua para consumo humano no debe contener mas de un microgramo de mercurio por litro de agua (es decir 0,001 miligramo de mercurio por litro de agua).
En Jáchal el mercurio excede en un 300% más el límite permitido para que el agua de red no cause daño al ser humano.
La exposición al mercurio ha sido asociada con efectos tan disímiles como infartos de miocardio, autismo, fibromialgias, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, otros cuadros neurológicos, metabólicos, hormonales, renales, dermatológicos. La exposición a esta sustancia durante la etapa fetal puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del niño.
En la población de Jáchal se ven en forma manifiesta diversas enfermedades mencionadas en diferentes documentos científicos.
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26 empresarios a indagatoria por contaminación en Santa Fe

Indagatorias por contaminación

Fecha de Publicación
: 04/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El juez federal Bailaque citó a 26 directivos. La fiscalía reunión pruebas del vertido de residuos peligrosos sin tratamiento.
El juez federal Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo en una causa que los investiga por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” que el Código Penal reprime con penas de tres a diez años de prisión. Las audiencias se realizarán después de la feria judicial, a fines de abril y principios de mayo, y entre los convocados sobresalen varios empresarios del círculo rojo: el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín; uno de los directivos del grupo Clarín, Héctor Mario Aranda, que preside Artes Gráficas del Litoral (AGL), la planta impresora de conglomerado. Y el presidente del Centra Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López -con una potencia instalada de 280 megavatios-, construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri vendió a su amigo, Nicolás Caputo, radicado hoy en Estados Unidos.
Las 26 indagatorias fueron solicitadas por el fiscal federal Walter Rodríguez el 9 de diciembre último, pero Bailaque las ordenó según los tiempos y la agenda del Juzgado, así que recién se realizarán dentro de tres meses. Rodríguez investiga los focos de contaminación del Parque Industrial de Sauce Viejo desde 2016. El hecho es conocido en los barrios de los alrededores, sobre todo por los malos olores, pero es la primera vez -en años- que el Ministerio Público avanza en una investigación que considera a los vecinos –según la doctrina ambiental- personas vulnerables que no pueden ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano.
La primera denuncia fue por el derrame de productos químicos que se volcaban al río Coronda, sin tratamiento previo. El fiscal comenzó a producir pruebas. Solicitó la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que extrajo muestras de un desagüe a cielo abierto al norte del Parque que vuelca en el río Coronda. En abril de 2017, el resultado reveló la presencia de níquel, plomo y cromo en concentraciones muy superiores a las permitidas por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Otra sorpresa: los análisis demostraron también la presencia de bacterias eschericichia coli, que la ley también considera residuos peligrosos.
En setiembre de 2017, el fiscal Rodríguez realizó una inspección en el Parque Industrial y luego solicitó un allanamiento que se realizó hace un año. En el procedimiento, participó no sólo el equipo de Delitos Ambientales de la Policía Federal, sino también grupos de científicos del Conicet y de tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral, que trabajaron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2019. Rodríguez invitó a los investigados a presenciar el acto y designar profesionales de su confianza para controlar la prueba.
El 9 de diciembre, ya con los resultados de los estudios en la causa, el fiscal solicitó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial, que deberán comparecer ante el juez Bailaque desde fines de abril hasta principios de mayo.
*Frigorífico Goggi: Gastón Delconte y Diego Goggi.
*Veneto SA: Sergio Carballo y Víctor Rozycki.
*Leiner Argentina SA: Javier Martín (presidente de la Unión Industrial de Santa Fe), Horacio Planiscig y Gabriel Racca.
*Espro SA: Leonardo Raimondi Martin.
*Sánchez y Sánchez SRL (procesadora de pollos): Cristóbal, Eduardo y Raúl Sánchez, Pablo Cameroni, Francisco Strubia y Ricardo Boneto.
*Vinagres Halconero: Julián, Gustavo y Gabriela Carrivale y Rubén y Sebastián Caporizzo.
*Artes Gráficas del Litoral (planta impresora del grupo Clarín y el diario El Litoral): Héctor Mario Aranda, Andrés Fiasconaro y su gerente industrial: Luis Enrique Carrara.
*Central Puerto SA (que opera la central Brigadier López): Osvaldo Arturo Reca, Lucía Franco y Pamela Ulloa Henríquez.
*Curtipiel SRL: Roberto Altuna.
Los hechos que se investigan se encuadran en el artículo 55 de la ley 24.051, esto es la contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública del agua y del ambiente mediante la utilización de residuos peligrosos. La norma reprime con las mismas penas del artículo 200 del Código Penal (tres a diez años de prisión) a quienes utilizando los residuos a que se refiere la ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
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Finaliza la primera etapa de limpieza de arroyos en el Riachuelo

 


Acumar finalizó la primera etapa de limpieza de arroyos en la Cuenca del Río Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación
: 31/12/2020
Fuente: Ministerio de Obras Públicas
Provincia/Región: Riachuelo


Desde agosto, los equipos trabajaron en más de 58.000 metros de arroyos, para mejorar la situación de las vecinas y vecinos de los barrios.
El Ministerio de Obras Públicas, junto a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, concluyó los trabajos de la primera etapa de limpieza y desobstrucción de arroyos de la cuenca.
Los trabajos se llevaron a cabo en los municipios de Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas De Zamora, Merlo y Marcos Paz, con el objetivo de mejorar la situación de todos los habitantes de los barrios de la Cuenca Media, que sufren las consecuencias de las inundaciones.
En este sentido, las tareas, que comenzaron en agosto, estuvieron a cargo de los equipos de Acumar junto a trabajadores y trabajadoras de distintas cooperativas, y ya se intervinieron 54 tramos de arroyos subsidiarios del río Matanza Riachuelo y canales de drenaje pluvial, lo que significa un total de 58.300 metros.
Los trabajos consistieron en la desobstrucción, acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica para retirar el exceso de vegetación y residuos que fueron enviados a predios de la CEAMSE.
Para el próximo año el objetivo es trabajar junto a los municipios y la provincia de Buenos Aires en una segunda etapa, que incluya el mantenimiento de los sitios ya intervenidos.
Todos los trabajos se realizan bajo el Protocolo de Seguridad e Higiene, impulsado desde el Ministerio con el objetivo de cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la obra pública.
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El mayor basural de Buenos Aires sin solución

 


Nadie sabe cuándo se acabará con el mayor basural de Buenos Aires

Fecha de Publicación
: 30/12/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Buenos Aires


Desde que tenía 10 años, Pablo Zárate no conoce otra cosa que el basural de Luján, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Allí trabaja todos los días, entra a las 7 de la mañana y sale sobre las 6 de la tarde, once horas de esfuerzo que le reportan unos beneficios de unos 3.000 pesos diarios, unos 36 dólares estadounidenses, algo más de 29 euros.
Basta con echar un vistazo a su alrededor para comprobar que no es un lugar idóneo para pasar tanto tiempo. Mientras habla a cámara, decenas de pájaros sobrevuelan montañas de hasta 25 metros de todo tipo de basuras, con olores insoportables y vapores que son sumamente nocivos para la salud.Pero eso no inquieta a Pablo: él tiene que trabajar allí porque, si no, se moriría de hambre.
“Si quieren que se cierre, vamos todos a la ruina, qué le vamos a hacer. ¿Dónde vamos a laburar nosotros?”, se pregunta este recolector informal en una conversación con EFEverde.
Trabajadores como Pablo Zárate encarnan por sí mismos una realidad que lleva décadas sin solución, la del mayor vertedero a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires que, a pesar de ser sumamente peligroso para el bienestar de los vecinos, constituye el único sustento para las más de 150 personas que viven de recoger sus residuos.

Doce hectáreas de basura
Los orígenes de este enorme complejo no están del todo claros. Nadie es capaz de explicar cómo ni por qué hace 50 años un predio baldío, situado a unos ocho kilómetros al norte de Luján, comenzó a acumular más y más basura, hasta sembrar de cartones, plásticos y metales un terreno de doce hectáreas perteneciente al ayuntamiento local.
El 95 % de toda esa superficie está sepultado bajo los desechos, amontonados unos encima de otros hasta donde alcanza la vista y que no hacen más que aumentar: según el director del vertedero, Pedro Vargas, cada día entran 120 toneladas de nuevos residuos al recinto.
“120 toneladas diarias por cada 50 años, hay que sacar la cuenta”, comenta Vargas a EFEverde, agregando que al comienzo de su gestión este año se topó con un basural “prendido en fuego, literalmente, y repleto de residuos por todos lados, donde el tratamiento óptimo que se le tiene que dar a los residuos no funcionaba”.
De hecho, si algo caracteriza al basural de Luján son sus frecuentes incendios, y es que sobre el suelo del vertedero no sólo yacen desperdicios cotidianos, sino también otros elementos inflamables y algunos materiales, como el cobre, que resultan particularmente atractivos a ojos de los recolectores informales.
Así, la mezcla del fuerte calor y el viento, por un lado, y las quemas provocadas por algunos de los trabajadores para recoger metales, por otro, han terminado por provocar múltiples incendios en los últimos años, algunos de hasta dos semanas de duración.

Humaredas infernales para los vecinos
Son precisamente esos incendios los que más afectan a los vecinos del bloque de los Santos, una agrupación barrial de la periferia norte de Luján, en donde cada vez más personas acuden a la sanidad pública por problemas de salud relacionados con el basural.
Con este drama convive todos los días Sergio Almada, presidente de la Asociación de Fomento del Barrio de San Pedro, una de las más beligerantes en las protestas contra el lugar, para quien actividades tan cotidianas como tender la ropa o cocinar al aire libre se han convertido en un imposible por el humo del vertedero.
“Tengo a mi hijo asmático y a dos nietas enfermas bronquiales crónicas. El humo que produce el basural, y más en los últimos años, es muy contaminante y muy perjudicial para la salud”, cuenta Almada a EFEverde por teléfono.
La nueva Dirección de Gestión Ambiental municipal es consciente de esta realidad y ha tratado de buscar el “ordenamiento más óptimo” de este espacio, dividiendo los desechos en tres categorías (domiciliarios, de volquetes y de poda) para reducir el riesgo de incendio.
“Eso lo que genera es que vos puedas tener a los trabajadores informales en una playa de disposición trabajando, que es la de residuo domiciliario, y que si se prenden fuego las ramas o partes de los volquetes no agarre el residuo, para que no genere esa humareda infernal que nos complicó de salud a todos los barrios periféricos del basural”, señala Pedro Vargas.

Tres generaciones de recolectores
La lista de problemas ambientales y sanitarios que acarrea el basural es interminable, entonces, ¿por qué no cerrarlo definitivamente? La respuesta es sencilla: cientos de trabajadores informales dependen de recoger sus residuos y no tienen ningún tipo de alternativa. Clausurar el vertedero implicaría condenarlos a una pobreza aún más extrema.
“Que se cierre el basural afectaría de manera directa, porque históricamente es su fuente de trabajo y de comida. Dejarían de poder llevar el pan de todos los días a sus hogares (…). Acá hay tres generaciones de familias”, relata el director del vertedero, que cifra en unas 170 las personas que actualmente acuden cada día a recolectar basura.
En ese sentido, los vecinos exigieron durante muchísimo tiempo el cierre del basural, pero ahora son conscientes de que esa opción, en un país con más de un 40 % de pobres y una crisis económica agravada por la pandemia, es simplemente inviable.
“En estos últimos cuatro años se multiplicó la cantidad de gente del basural por la desocupación que hubo, y ahora por la pandemia también, porque la gente se quedó sin laburo y han ido a buscar sustento allí”, reconoce el vecino Sergio Almada, añadiendo que él mismo en el pasado tuvo que acudir al vertedero para ganarse la vida.
Para aliviar en algo esta situación, el ayuntamiento adquirió máquinas propias -antes eran alquiladas- e instaló varios baños con duchas para los recolectores, obligados durante décadas a hacer sus necesidades en medio de los desechos.

¿Un saneamiento posible?
En cualquier caso, unos y otros admiten que el vertedero más grande de la provincia de Buenos Aires no puede seguir tal y como está: su existencia resulta incompatible con el cuidado del medioambiente y de la salud de los habitantes de Luján.
Por ello, desde el ayuntamiento han trazado un plan de “reconversión” y “saneamiento” del recinto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para convertirlo en una “planta de tratamiento, donde los trabajadores informales pasen a tener mejores condiciones y sigan trabajando de lo que tanto les dio de comer históricamente”.
“Nosotros no podemos pensar un basural, una reconversión o un saneamiento sin los trabajadores informales, sí o sí tenemos que pensar de manera integral la solución (…). Vamos a tratar de cambiar el paradigma del residuo acá en la ciudad de Luján”, subraya con confianza Pedro Vargas.
Sergio Almada se muestra más escéptico al respecto. En su opinión, el único modo de poner fin a 50 años de malas prácticas y abandono sería mantener temporalmente clausurado el basural, limpiarlo a conciencia y reorganizarlo, algo inconcebible para las familias que dependen económicamente de él.
“Nos ha llevado cinco años tratar de buscar un principio de solución y no se ha conseguido, todavía estamos muy verdes y más con la pandemia. La urgencia es poner la planta de reciclado y la separación en origen”, zanja el residente lujanense.
Lo único claro tras medio siglo de amontonamiento de toda clase de residuos es que todavía hoy, en pleno 2020, nadie sabe cuándo se pondrá fin al basural de Luján.
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Ecocidio en puerta por Vaca Muerta

 


Una denuncia reactiva las sospechas ambientales en Vaca Muerta

Fecha de Publicación
: 29/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas dijo que recopiló información desde 2014 para hacer la presentación judicial que originó un allanamiento en la empresa que debía sanear el basurero petrolero de Neuquén.
El jueves pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales recibió una denuncia penal en contra de Comarsa. La presentación, que se hizo vía mail, acusaba por contaminación a la empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Así, una vez más, la mirada se volcó hacia lo que algunos llaman “el lado B de Vaca Muerta”.
“Residuos petroleros ultra contaminados, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos en “plantas de tratamiento” que no funcionan o sólo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no sólo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo —contraviniendo las regulaciones ambientales—, sino que, además, funcionan en terrenos fiscales”, afirma la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).
No apuntaron únicamente contra Comarsa, sino también hacia las empresas petroleras generadoras, entre ellas YPF, Chevron, Shell y Exxon, por el principio “de la cuna a la tumba”. “También son responsables por los residuos que producen, independientemente si después fueron trasladados para su tratamiento”, señaló uno de los integrantes de la organización, Rafael Colombo.
Además, en la presentación se señala la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, por no fiscalizar a las compañías que se dedican al tratamiento de tales residuos peligrosos. “Las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Comarsa disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en 5 mil millones de pesos”, sostiene la exposición.
En la denuncia acusan a los tres actores – la empresa de tratamiento, las firmas petroleras productoras de residuos y funcionarios públicos- por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita. Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
Tras hacerse de la extensa exposición, que según informaron desde la AAAA consta de 160 carillas, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid ordenó el lunes pasado que se allanara la planta ubicada en la capital neuquina y la sede que Comarsa tiene en Añelo. El Ministerio Público Fiscal comunicó que, durante las diligencias, se secuestró diferente documentación que puede servir a la causa. Sin embargo, no dieron mayores precisiones.
Anteriormente a los allanamientos, el funcionario judicial solicitó informes sobre el funcionamiento de la compañía a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. Desde la cartera indicaron que contestaron a los requerimientos del fiscal jefe de inmediato, el viernes pasado, tan sólo un día después de que se presentara la exposición penal en la Justicia.
Según afirmaron fuentes del área, quienes no pidieron información al organismo fueron los integrantes de la AAAA. “No conocemos a los abogados, pero sabemos que no son de Neuquén”, remarcaron y agregaron que “nunca” se presentaron a solicitar los expedientes. Desde la cartera indicaron que no tuvieron acceso a la denuncia penal y que se hicieron eco de la noticia a través de los medios.
Respecto a la denuncia en contra de la gestión del gobierno provincial, se mostraron muy seguros, pues señalaron que han hecho las fiscalizaciones correspondientes. “Hemos exigido estudios de sondeo verticales, que se hacen al nivel del subsuelo para ver si el hidrocarburo se está infiltrando. Ellos dan cuenta de que no hay infiltración. Está funcionando perfectamente”, recalcaron.
La presentación penal de la AAAA desempolvó la denuncia por contaminación contra la empresa Treater presentada en diciembre de 2018 y archivada en 2019. En ese entonces, la fiscalía solicitó que se analizaran las muestras de la planta de tratamiento.
Los resultados arrojaron valores normales, por debajo de los límites establecidos por la Ley, por lo que el caso no prosperó, ya que según explicó Breide Obeid en su momento, no había delito contra la afectación de la salud. Sin embargo, hace 10 días atrás se realizó una audiencia en la que la jueza Ana Malvido dispuso que se active la investigación y se desarchive la causa.
En mayo de este año, además, el mismo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avivó las dudas respecto a la contaminación que producen los yacimientos no convencionales. "Es inconcebible lo que está pasando en Vaca Muerta", aseveró durante una exposición que brindó a mediados de mayo en la comisión de Ambiente del Senado.
Aunque sostuvo que una inspección de su cartera había revelado que eran "alarmantes" los residuos que deja la actividad hidrocarburífera, con los que las empresas se manejaban con “total impunidad”, Breide Obeid desmintió que el funcionario haya presentado una denuncia formal en la Justicia.
Tras los dichos del ministro, la Subsecretaría de Ambiente elevó los informes sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos a la cartera nacional. Además, invitaron al equipo de Cabandié a recorrer las instalaciones de las firmas: “Los pasamos a buscar y los llevamos hasta la planta. Ellos mismos redactaron las actas de la inspección, donde asentaron que no había irregularidades”.
Siete meses después, la contaminación en Vaca Muerta vuelve a reflotar tras una extensa denuncia que presentaron abogados ambientalistas. Queda esperar a la investigación que ya inició la fiscalía de Delitos Ambientales. Los denunciantes analizan constituirse como querellantes para contribuir con las averiguaciones.

Denuncian una “asociación ilícita” entre el estado y las empresas
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsó una denuncia de 160 carillas que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satélites, junto con más documentación. El integrante de la organización Rafael Colombo remarcó que brindaron pruebas suficientes para develar las “fraudulentas maniobras” detrás de un “negocio millonario” que gira entorno a las compañías de tratamientos de residuos peligrosos, las empresas productoras de petróleo y el Estado neuquino.
La presentación judicial indica que existe una “comunidad ilícita” entre los tres actores, a quienes les compete responsabilidades penales.
El abogado ambientalista sostuvo que detrás de la denuncia hay un exhaustivo trabajo de investigación que se inició en 2014. Como antecedente, recoge el informe “20 mitos y realidades del fracking”, un trabajo realizado por Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, el Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale. “Es una publicación que recoge testimonios de ingenieros, abogados, sociólogos, con aportes de las organizaciones de la sociedad civiles y de multisectoriales que deriva, entre otras acciones, en la presentación de esta denuncia”, señaló Colombo.
El letrado recalcó que la presentación tiene tanto “sustento”, que el mismo fiscal autorizó dos allanamientos contra Comarsa 48 horas hábiles después.
Aunque desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguraron que la AAAA “nunca” solicitó los expedientes, Colombo afirmó: “Ya los tenemos. Los hemos acompañado en la causa, junto a las ordenanzas municipales, decretos del gobernador y resoluciones. Todo lo que a nuestro modo deber revela el montaje de una ingeniaría legal en favor de Comarsa, para que actúe en condiciones de absoluta impunidad e ilegalidad”.
“Pedimos que se investigue a los funcionarios que avalan a una empresa que dice que está tratando los residuos, pero en realidad los está acumulado indiscriminadamente, sin bioseguridad e impermeabilización, con efectos dañosos en el aire, la tierra, el agua y la salud”, enfatizó el abogado ambientalista.

La Subsecretaría de Ambiente aseguró que Comarsa siempre fue monitoreada
Desde la Subsecretaría de Ambiente se desprendieron de la responsabilidad que les fue adjudicada en la denuncia presentada por la AAAA. Aseguraron que Comarsa ha sido monitoreada desde que se asentó en la localidad en 2008, cuando comenzó con el tratamiento de aceites usados.
Indicaron que en cada fiscalización la empresa no presentó inconveniente, hasta el avance de las urbanizaciones en 2015. En abril de ese año la Subsecretaría suspendió a la compañía por el mal funcionamiento del horno de desorción hasta mayo, cuando acreditaron mejorías.
Luego, en noviembre se dictó el Decreto 2263/15 que regula toda la actividad. En la norma se establece que las plantas de tratamiento y disposición final deben ubicarse a 8 kilómetros de las urbanizaciones.
Según un informe enviado por la Subsecretaría, tras el decreto, Comarsa solicitó tierras fiscales en Añelo y comenzó a tramitar la habilitación para una nueva planta de tratamiento de residuos especiales en el Ecoparque de la ciudad.
En agosto de 2016 la firma inició un plan de cierre y abandono de la planta, tras las demandas de los vecinos que vivían a pocos metros de la sede en Neuquén. “Vimos que no estaba cumpliendo con los plazos en el cronograma. Pidieron prórrogas, no se las dimos y los llenamos de infracciones”, afirmaron desde el área.
“Los expedientes hablan por sí solos. No podemos vulnerarlos y podemos dar cuenta de todas nuestras actuaciones. La puerta está abierta para todo el mundo, le dimos toda la información al fiscal”, aseguraron fuentes del organismo y remarcaron: “La función del organismo como autoridad de aplicación la podemos dar acabadamente”.
Por otro lado, desde la Subsecretaría señalaron que las plantas de tratamientos de residuos peligrosos son necesarias para el desarrollo de la industria hidrocarburífera. “Como el tratamiento siempre es tercerizado, hay que incentivar las inversiones con un esquema jurídico claro, como lo es el decreto, y después, como en cualquier actividad, se otorgan tierras fiscales”, explicaron.

Datos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
-La Planta de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén está ubicada a 25 metros de viviendas, a sólo 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad.
-Allí hay acopiados 330.000 metros cúbicos de recortes de perforación. Equivale a 594.000 toneladas y 33 manzanas urbanas de 1 metro de altura.
-En Añelo la planta de tratamiento alberga 71.500 metros cúbicos de materiales contaminantes, lo que equivale a 128.700 toneladas.
-Las dos plantas de Comarsa tienen una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos peligrosos.
-Acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico, equivalente a 722.700 toneladas o 500 piletas olímpicas.
-La denuncia es por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita.
-Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
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Allanan dos empresas que tratan residuos de Vaca Muerta

 


Vaca Muerta: allanan dos empresas de tratamiento de residuos denunciadas por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 24/12/2020
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Neuquén


Según indicó el Ministerio Público Fiscal durante los operativos se secuestraron documentos y previo a eso se pidió informes a la subsecretaría de Ambiente de Neuquén.
La Justicia de Neuquén realizó ayer allanamientos en dos sedes de la empresa de tratamiento de residuos COMARSA tras una denuncia de contaminación ambiental por desechos petroleros. El operativo estuvo encabezado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y se realizó en las sedes que la empresa tiene en el Parque Industrial de la capital provincial y la de Añelo en Vaca Muerta.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los allanamientos, que comenzaron por la mañana y finalizaron a la tarde, fueron autorizados por una jueza de garantías y participaron el equipo de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales y personal de la Policía de Neuquén de las áreas de Criminalística y de Informática. Durante los operativos se secuestraron documentos y previo a eso la fiscalía requirió informes a la subsecretaría de Ambiente de la provincia referidos al funcionamiento de la empresa.
La investigación judicial comenzó tras recibir una denuncia de Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina la semana pasada en la que se expusieron dos situaciones contra la empresa COMARSA. Por un lado, el documento señala que la planta de tratamientos de residuos peligrosos que la firma tiene en el Parque Industrial de Neuquén no contaría con las medidas básicas para asegurar que no se contaminen el ambiente. Además, al estar ubicada a metros de barrios poblados expondría a los habitantes a una situación de riesgo para la salud.
Por otro lado, los denunciantes señalaron que la empresa habría acopiado residuos especiales sin tratamiento y los habría volcado al suelo, entre otros aspectos, lo cual generaría peligro tanto para la salud pública como para el ambiente en general. El documento presentado por los abogados tiene más de 160 carillas e incluye mapas, datos, fotos, imágenes satélites y detalles de las fraudulentas maniobras durante los últimos años.

«Son 24 Plazas de Mayo con residuos contaminantes«
Según la denuncia, la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Material (COMARSA) tiene dos plantas en Neuquén y la sumatoria de ambas da una superficie total de 46,5 hectáreas. «Es el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos que provocan daños al ambiente y a la salud», ejemplifica el documento presentado por los letrados. Además, el escrito explica que las plantas no tienen la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros (por ejemplo hornos de tratamiento térmico) por lo cual solo los juntan o mezclan con suelos no contaminados, lo que genera más cantidad de residuos peligrosos. «Esta práctica es conocida como ‘pastoneo’ y se considera ilegal», señalaron.
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Riachuelo: se limpiaron 58 km de arroyos en 4 meses

 


En cuatro meses limpiamos más de 58.000 metros de arroyos en toda la Cuenca   

Fecha de Publicación
: 23/12/2020
Fuente: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Provincia/Región: Riachuelo


Esta semana finalizamos la primera etapa del programa de limpieza y desobstrucción de arroyos. Desde agosto intervinimos en 54 tramos con un total de 58.300 metros.
Hace cuatro meses anunciábamos el inicio del programa de limpieza y desobstrucción de arroyos y cuerpos de agua en ocho municipios de la Cuenca. Esta semana, luego de un arduo trabajo coordinado entre ACUMAR, la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas De Zamora, Merlo y Marcos Paz, concluimos los trabajos de la primera etapa y se planifica avanzar hacia una segunda que incluya los mantenimientos de los tramos intervenidos.
En total trabajamos en 54 tramos de arroyos subsidiarios del río Matanza Riachuelo y canales de drenaje pluvial. En estos cuatro meses recorrimos 58.300 metros lineales de ribera limpiando y desobstruyendo los cursos de agua. Los equipos de ACUMAR, compuestos por maquinara pesada como retropalas, excavadoras y camiones volcadores fueron acompañados en todos los operativos por trabajadores y trabajadoras de distintas cooperativas de cada uno de los distritos. Así, en un trabajo coordinado se retiraron de los arroyos el exceso de vegetación, y una importante cantidad de residuos que fueron enviados a disposición final a los predios de CEAMSE.
Nahuel Schenone, coordinador de Plan de Manejo Hídrico de ACUMAR y el responsable del programa nos cuenta que “este es un trabajo que se debe hacer seguido, de mantenimiento, hay que llevar un control y diagnóstico de los cursos de agua de la Cuenca y realizar periódicamente el trabajo de limpieza y desobstrucción”.
“Pasó mucho tiempo, 4 o 5 años, que no se hacía nada y eso llevó a que muchos arroyos estén tapados y obstruidos, con un nivel de vegetación que impedía la normal circulación del agua que tenía como consecuencia más frecuente la inundación de algunos barrios, cosa que en este momento de pandemia hubiese sido un problema mayor”, recordó el coordinador de ACUMAR.
El trabajo en los diferentes tramos de los arroyos consistió en la desobstrucción, acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica, lo que busca mejorar la situación de las y los habitantes de barrios de la Cuenca Media.
La semana pasada se terminaron los trabajos en Cañuelas y en los últimos días concluimos las obras en La Matanza, con la extracción de un islote de sedimentos y residuos en la desembocadura del arroyo Don Mario y obras de limpieza en el cauce principal del río Matanza, y en Lomas de Zamora con la limpieza del cauce viejo en unos 1.200 metros del arroyo Del Rey.
“Estos trabajos son de suma importancia, sobre todo contextualizado en este marco de pandemia por COVID-19, como una estrategia para poder minimizar cualquier evento que implique una aglomeración de personas como sería en el caso de una evacuación por inundaciones” destacó Schenone.
“En la planificación del 2021 tenemos pensado terminar de limpiar los diferentes arroyos de los municipios y dejar armado un sistema de semáforos de la limpieza de arroyos que nos permita ir monitoreando la necesidad de limpieza en función de los años” concluyó el coordinador de Plan de Manejo Hídrico.
La propuesta de ACUMAR para el próximo año es trabajar juntos a los municipios y la provincia de Buenos Aires en un esquema similar pero apuntando, esta vez, al mantenimiento de los sitios ya intervenidos, y ocasionalmente a limpiezas más profundas en nuevos tramos o sitios a definir.
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Un informe confirmó que Atanor contamina suelo y agua

 


Atanor: informe científico reveló cifras alarmantes por contaminación

Fecha de Publicación
: 21/12/2020
Fuente: El Norte
Provincia/Región: Buenos Aires


Se conoció el informe pericial del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad de la Plana (UNLP) y Conicet, como resultante del allanamiento seguido de toma de muestras de suelo y agua, tras varias denuncias por contaminación contra la fábrica de fertilizantes Atanor SCA. El laboratorio arrojó mediciones excesivas de elementos contaminantes como Atrazina, Trifluralina y Cipemetrina, destacados entre una lista de más de 52 plaguicidas encontrados.
En el marco de la causa contra la empresa Atanor SCA en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás por el incumplimiento de la Ley 24.051 (Manejo de Residuos Peligrosos), el laboratorio del CIM- CONICET (Centro de investigaciones del Medio Ambiente) recibió muestras sólidas y líquidas provenientes de suelos y freatímetros obtenidas por el Departamento de delitos ambientales de la Policía Federal Argentina el día 16 de Julio del año 2020, luego de que la Justicia Federal ordenara el allanamiento en las instalaciones e inmediaciones de la fábrica de fertilizantes.

Resultado
El trabajo requerido constó en cuantificar los plaguicidas e hidrocarburos totales de petróleo y parámetros generales en muestras sólidas y líquidas provenientes de la planta ATANOR- San Nicolás.
Las muestras fueron recibidas en el laboratorio CIM-CONICET el día 17 de Julio donde fueron abiertas en presencia de personal de la Policía Federal Argentina, el perito de parte de la empresa ATANOR, Dr. Mariano Gotelli, y por el CIM el Dr. Damián Marino, verificando condiciones de traslado, estado y numeración de los precintos según consta en el acta de muestreo y traslado al laboratorio CIM.
El Dr. Mariano Gotelli consideró: “Para la concentración de Atrazina, en las muestras líquidas relacionadas con efluentes, no se ha encontrado niveles permitidos para ‘vuelcos’ sobre aguas superficiales; sin embargo, las concentraciones cuantificadas superan niveles guía para protección de biota acuática en aguas superficiales y deberían realizarse estudios sobre el cuerpo de agua receptor a fin de evaluar el grado de impacto de este efluente líquido, que también son detectados en las muestras analizadas”.
Además, el director del laboratorio del Conicet evaluó: “Se recomienda evaluar estos resultados en función de su distribución espacial para relacionarlos con la topología de la industria y diagnosticar el posible alcance hacia otros compartimentos ambientales fuera del perímetro de la planta, para futuros estudios”.

Trascendencia
Fabián Maggi, abogado querellante por vecinos de Barrio Química y FOMEA (Foro Medioambiental de San Nicolás), explicó: “Ahora se cruzará el resultado científico con la interpretación legal. Vamos a demostrar la responsabilidad por el delito en el mal manejo de los residuos peligrosos. Y las implicancias en la salud de los vecinos de la fábrica”.En diálogo con EL NORTE, Maggi consideró: “Los análisis tienen valores exorbitantes. La medición de Atrazina, en los puntos de vuelco diario de efluentes de la fábrica, es porcentualmente 20 veces más alto que los valores de referencia. Esto demuestra que el producto que desechan cotidianamente es altamente contaminante”. En efecto, el curso del agua del río Paraná estaría siendo “excesivamente contaminada”. Además, la querella asegura que con estos índices se podría probar la denuncia por enterramiento clandestino de los residuos sólidos, “la cantidad de Cipermetrina arrojó un total de 22818,0 µg (microgramos). Para dar un ejemplo claro, un mosquito fumigador en el momento de la aplicación promedia un total de 50 µg. Esto coincide con los dichos de los exempleados que denunciaron que los obligaron a realizar esta tarea”, apuntó Maggi. “Vamos a pedir la indagatoria de los empresarios responsables, directores, gerentes y profesionales idóneos, como también de los funcionarios públicos que durante décadas lo ocultaron, la OPDS (Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires) y los funcionarios de la Autoridad del Agua, que nunca controlaron el efluente líquido de manera adecuada. Claramente, han omitido realizar un correcto análisis de Atrazina”, manifestó el abogado querellante.

Plaguicidas
La lista de plaguicidas analizados por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS/MS), tanto para las matrices sólidas como líquidas, se corresponden con los siguientes nombres: Imazapir, Imidacloprid, Acetamiprid, Imazetapir, Carbofuran, Pendimetalin, Thiodicarb, Saflufenacil, Sulfentrazona, Ametrina, Metribuzin, Diclosulam, Metsulfuron Me, Clorimuron, Clorpirifos Etil, Boscalid, Trifloxistrobin, Triticonazole, Piraclostrobin, Metconazole, Metalaxil, Difenoconazole, Imazapic, Fluorocloridona, Abamectina, Lambdacialotrina, Cipermetrina, Deltametrina, Permetrina, Diflubenzuron, Haloxifop metil, Paration, Malation, Azoxistrobina, Cyproconazol, Dimetoato, Acetocloro, Metolacloro, Atrazina, Atrazina-desetil, Atrazina-OH, Atrazina-desisopropil, Epoxiconazol, Tebuconazol, Piperonil butóxido, MCPA, 2,4-D, Dicamba, Sulfluramida, Fipronil y Trifluralina.
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Más denuncias sobre el manejo de residuos en Vaca Muerta

 


Empresas de Vaca Muerta denunciadas por mal manejo de residuos contaminantes

Fecha de Publicación: 19/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal.
La Asociación de Abogados Ambientalistas denunciaron penalmente a las empresas que operan en Vaca Muerta por no tratar correctamente sus "residuos petroleros altamente contaminados". La denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal.
Los profesionales aseguran que los desechos petroleros, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están "acumulando a niveles escandalosamennte peligrosos en plantas de tratamiento que no funcionan o solo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no solo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo, contraviniendo las regulaciones ambientales, sino que además, funcionan en terrenos fiscales".
En la denuncia de la asociación, que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satelitales, se detalla que las dos plantas que Comarsa tiene en Neuquén abarcan una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente a 24 Plazas de Mayo, con residuos que provocan daños al ambiente y a la salud. "Entre ambas acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico", se agrega.
Según la denuncia, únicamente en la planta de Comarsa de Parque Industrial de Neuquén, "ubicado a 25 metros de viviendas, a solo 500 metros de un barrio poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad, hay acopiados 300.000 metros cúbicos de recortes de perforaciones, lo que equivale a 33 manzanas urbanas de un metro de altura.
Las empresas reciben millonarias sumas para el tratamiento de residuos que nunca tratan, luego consiguen que el Estado les ceda tierras fiscales para terminar disponiendo ilegalmente de los residuos peligrosos. Construyen piletas para acopiarlos, pero no los tratan, luego consiguen otra vez tierras fiscales para ampliarse y comienzan nuevamente. Nadie los controla", explicó Rafael Colombo, letrado de la asociación.
Los abogados aseguraron que las plantas no cuentan con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos de tratamiento térmico, por lo cual no hacen otra cosa que juntarlos, ya sea en piletones improvisados, construidos sin impermeabilización o mezclados con suelos no contaminados, generando más y más residuos peligrosos".
Para Colombo en toda esta situación hay complicidad entre empresas y Estado. "Los basurales petroleros de Vaca Muerta son el resultado de una serie de maniobras que forman parte de una asociación ilícita entre empresas y autoridades estatales en orden a crear y consolidar una comunidad de negociados millonarios, sacrificando territorios y poniendo en riesgo la salud humana de vecinos y comunidades", concluyó el abogado ambientalista.
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Autoridades recorren con Director del BM obras del Riachuelo

 


Malena Galmarini recorrió junto al Director del Banco Mundial y autoridades la mega obra Sistema Riachuelo

Fecha de Publicación
: 19/12/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


Esta mega obre tiene el objetivo principal de mejorar la capacidad de transporte de los líquidos cloacales en el área metropolitana.
La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, recorrió la obra y el lote 2 del Sistema Riachuelo, que actualmente se está construyendo en Dock Sud, partido de Avellaneda, junto a Jordan Schwartz, el Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay y Christian Asinelli, el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo.
“Estamos en el lote 2 del Sistema Riachuelo. Una mega obra importantísima, no solamente para la Argentina, si no en el mundo. En el lote 2 se ubica la Planta de tratamiento de líquidos cloacales. La obra se compone de tres lotes, uno por donde traemos el líquido cloacal, la planta donde se trata, y el Emisario que lleva el líquido tratado hacia el cuerpo del Río de La Plata”, comentó Malena Galmarini.
El lote por el que hoy se realizó la recorrida, está conformado por una primera estación de bombeo, la Estación Elevadora de Entrada, encargada, propiamente, de elevar el líquido cloacal proveniente del mega colector, una Planta de Pre-Tratamiento, que por medio de dilución permite remover todo aquello que no es capaz de ser autodepurado por el río, y por último, una segunda estación de bombeo, la Estación de Bombeo de salida, que conecta con el efluente en las aguas del Río de la Plata.
En comparación a los lotes 1 y 3 que contaban con financiamiento internacional, la obra del lote 2, comprometida con financiamiento estatal, avanzó muy poco en estos últimos años y los tiempos en los que estaba prevista su ejecución resultaron utópicos. Teniendo en cuenta esta situación, la actual gestión con el apoyo del presidente Alberto Fernández y el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consiguió la ayuda necesaria para reactivar los trabajos de manera inmediata.
En este marco, Jordan Schwartz declaró: “Fue una reunión excelente, super productiva para nosotros, entender y estar exactamente en las obras y ver los tres lotes. La gente está trabajando muy bien. Estamos viendo cómo podemos continuar apoyando y financiando los proyectos a los que todavía les hace falta un apoyo financiero”.
Por su parte, Christian Asinelli sostuvo: “Vinimos a recorrer estas obras que son tan emblemáticas para todos los argentinos. Recorrimos la obra junto a la gente del Banco Mundial, ya que desde la secretaría de asuntos estratégicos estamos trabajando para conseguir el financiamiento para poder continuar esta obra que es un sistema muy importante para poder llevarle más agua y más salud a todos los argentinos”.
El Sistema Riachuelo es una mega obra de infraestructura única en el mundo que AySA está llevando adelante, con el objetivo principal de mejorar la capacidad de transporte de los líquidos cloacales en el área metropolitana, mejorando la calidad del servicio y el saneamiento del Riachuelo gracias al tratamiento de los efluentes cloacales.
Finalizado el recorrido, la presidenta de AySA concluyó: “Agradecerle a los integrantes y representantes del Banco Mundial, que son quienes nos ayudan fuertemente a financiar esta obra tan importante. Por supuesto agradecerle a todos aquellos que son parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a Christian Asinelli y Gustavo Beliz, que están todo el tiempo al pie del cañón, pensando en cómo nos pueden ayudar a terminar esta obra que va a beneficiar a millones de bonaerenses y porteños que hoy necesitan tener un mejor servicio y poder llegar a aquellos que todavía no lo tienen”.
Además de la comitiva del Banco Mundial y representantes de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, por parte de AySA, estuvieron presentes Alberto Freire, Director General operativo, Fernando Calatroni, Director General Técnico y Patricio D’Angelo Campos, Director General Administrativo.
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Productor condenado por matar un niño con agroquímicos

 


Agroquímicos: condenan a un productor por la muerte de un niño

Fecha de Publicación
: 17/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Corrientes


Un tribunal de la ciudad correntina de Goya condenó a tres años de prisión a un productor agropecuario por la muerte de un niño a causa de una intoxicación con agroquímicos, pero no irá a la cárcel porque la sentencia es bajo la condición de realizar un curso sobre manejo de fumigaciones.
Ricardo Prieto fue hallado responsable de la muerte del niño Nicolás Arévalo, de 4 años de edad, quien murió el 4 de abril de 2011 en la localidad correntina de Lavalle, corazón de la cuenca hortícola de la provincia y donde operarios al servicio del productor imputado fumigaron una plantación de tomate. Como consecuencia del contacto con los agroquímicos, tanto Nicolás Arévalo como su prima, Celeste Estévez de cinco años, sufrieron intoxicaciones severas.
El tribunal cumplió con el segundo juicio que se ordenó por el caso, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal. La sentencia impuso a Prieto la obligación de realizar capacitación en el uso de agrotóxicos.
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En 2011, personal a cargo del imputado fumigó un tendalero de tomates con las cortinas plásticas abiertas, sin supervisión, generando el escape de gases tóxicos que fueron inhalados por los niños víctimas de lo que el tribunal consideró una "conducta negligente".
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Algas tóxicas en el Litoral, Corrientes habilita las playas

 


Algas tóxicas: aseguran la continuidad de las playas capitalinas

Fecha de Publicación
: 15/12/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes - Litoral Argentino


Tanto en Buenos Aires como en Yacyretá hay registros de cianobacterias tóxicas en las aguas de los ríos. En esta ciudad los balnearios continuarán habilitados hasta que las autoridades científico-sanitarias determinen lo contrario.  
Desde la Municipalidad de Corrientes explicaron que es poco probable que las cianobacterias que alertan a la zona del Delta del Paraná lleguen aguas arriba hacia esta ciudad. Los informes nacionales advierten que en algunos casos hasta se debería restringir el ingreso al río por la toxicidad de las algas para la salud humana.
La intención comunal es llevar tranquilidad a la población correntina, de acuerdo con una fuente consultada por El Litoral, ya que las playas públicas de la Capital continuarán habilitadas hasta que los informes científico-sanitarios indiquen lo contrario.
Mientras tanto, las autoridades municipales aseguran que las cianobacterias no suben a contracorriente, ya que la advertencia del Ministerio de Ambiente de la Nación está centrada en una forma de alga que libera toxinas perjudiciales para la salud humana y que torna de color azul verdosa las aguas en el río Paraná y en el río de la Plata.
Casi 3 mil personas se acercaron a las 5 playas públicas habilitadas hasta el momento en la ciudad durante la semana pasada, una cantidad en alza junto con las últimas flexibilizaciones de movilidad urbana y reuniones sociales.
Sin embargo, la Entidad Binacional Yacyretá junto con la Universidad Nacional de Misiones reconocieron que en nuestro país el riesgo relativo de tener problemas de salud a causa de las floraciones de algas es alto. Las floraciones de cianobacterias, también llamados bloom de algas, fueron detectados desde la zona de Puerto Libertad (norte de Misiones), aguas debajo de Itaipú, hasta Corrientes, según señala el monitoreo de la calidad del agua en el embalse de Yacyretá.
Por su parte, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, aseguró que se tomaron “muestras en el río de la Plata desde la costa de San Isidro hacia el Delta”, que permiten “decir que la situación es preocupante”.
El funcionario aseguró: “En algunos balnearios habrá que prohibir la pesca o los deportes acuáticos, les estamos transmitiendo a los municipios un protocolo para que establezcan la prohibición de ingreso al agua si fuera necesario”.
La recomendación de los especialistas es tomar una ducha después de sumergirse en los balnearios, y evitar aquellos con coloración verdosa.
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Condena paupérrima para empresario contaminador

 


Contaminación: condenan a tres años al empresario Mocarbel

Fecha de Publicación
: 14/12/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Se estableció que con la contaminación vulneró el derecho a gozar de un ambiente sano. Se le impuso prisión condicional y una multa de 50.000 pesos
En un fallo considerado histórico, la Justicia Federal de Entre Ríos condenó a 3 años de prisión condicional al empresario Jorge Elías Mocarbel, por hallarlo penalmente responsable del delito encuadrado en el artículo 55 de la ley 24.051 vinculado con la contaminación ambiental. El adelanto de sentencia reviste mayor importancia porque se trata del primer fallo por daño ambiental, en un juicio oral, que se haya tramitado en el fuero federal de nuestro país. El anterior antecedente había sido una condena en Tucumán, pero en el marco de un abreviado. La audiencia se realizó ayer en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, a cargo de la jueza Lilia Carnero, y que contó con la presencia del condenado Mocarbel. Así llegó a su término un debate que se prolongó durante dos semanas, con la participación de varios testigos, en su mayoría convocados por los representantes del Ministerio Público Fiscal, José Candioti y Leandro Ardoy.
En el marco de la sentencia condenatoria, a Mocarbel se le impuso durante dos años del cumplimiento de un curso de concientización sobre medio ambiente, en base al planteo de la Fiscalía respecto a la vulneración constitucional de un ambiente sano. Además deberá pagar una multa de 50.000 pesos, se confirmó durante la audiencia.
La parte resolutiva del veredicto se leyó en pocos minutos, luego de la postergación que se había resuelto el jueves por una audiencia que se había fijado el mismo día. El caso que llegó a la órbita judicial luego de una publicación de UNO en su edición digital, en 2015, puso en crisis el funcionamiento de un proyecto productivo que se dedica a la elaboración de grasas y jabones, empleando subproductos de origen animal.
Según consta en el expediente judicial las primeras denuncias de los vecinos responsabilizan a Mocarbel por los olores nauseabundos, que llegaban incluso a la altura de la ruta 11. Con su planta en la zona rural de Aldea Brasilera, en el Departamento Diamante, la fábrica siempre estuvo en el ojo de la tormenta debido a presuntas irregularidades vinculadas con la falta de tratamiento de los residuos peligrosos.
La empresa había sido clausurada en 2008 por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, por el incumplimiento de normas ambientales como la incorporación de equipamiento para hacer sustentable su producción, más precisamente el tratamiento de sus efluentes líquidos.
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Santa Fe: 26 empresarios a indagatoria por contaminación

 


Contaminación ambiental peligrosa

Fecha de Publicación
: 12/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La fiscalía federal de Santa Fe pidió la indagatoria de 26 empresarios de empresas y reclamó la clausura de varias de ellas.
El fiscal federal Walter Rodríguez imputó y pidió la declaración indagatoria de 26 empresarios y directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo por el supuesto delito de “contaminación ambiental peligrosa para la salud” y reclamó la “clausura preventiva” de varias de ellas. El artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos –que invocó el Ministerio Público- castiga a quienes “envenenan, adulteran o contaminan de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” y les aplica la misma pena que el artículo 200 del Código Penal, que reprime los hechos con cárcel de tres a diez años de prisión y multas de hasta 200.000 pesos.
El fiscal solicitó las indagatorias y las medidas cautelares al juez Marcelo Bailaque, quien ahora deberá decidir si ordena las “clausuras preventivas” y los interrogatorios. Bailaque subroga el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe que quedó vacante por la jubilación de su titular, Francisco Miño.
Los hechos imputados tienen origen en la actividad desarrollada por nueve empresas que operan en el Parque Industrial de Sauce Viejo, frente al Aeropuerto Metropolitano. Rodríguez inició la investigación en 2016, tras recibir una denuncia del derrame de “productos químicos provenientes del Parque Industrial de Sauce Viejo”, a las aguas del río Coronda, "sin tratamiento previo”, reveló una fuente con acceso a la causa.
Antes, vecinos del barrio Jorge Newbery, que es lindero al Parque Industrial y también está frente al Aeropuerto de Sauce Viejo, plantearon la “misma situación”, al denunciar la emanación de “fuertes olores” de la zona fabril y el “deterioro de los techos de sus viviendas” por la contaminación ambiental.
El desagüe que está bajo la lupa se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque Industrial y desemboca en el río Coronda. En las cercanías, -en el mismo ámbito del parque- opera la Central Termoeléctrica Brigadier López, con una potencia instalada de 280 megavatios, que fue construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri se la vendió a Central Puerto, propiedad de su amigo del alma, Nicolás Caputo, quien se mudó a Estados Unidos.
En la pesquisa, el fiscal Rodríguez convocó al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que tomó muestras de los efluentes del Parque Industrial, entre el 10 y 12 de diciembre de 2019. Las empresas sospechadas de contaminar fueron invitadas a participar del peritaje y ofrecer profesionales de su confianza para que controlaran la prueba.
En los estudios participaron también, la División Técnica de Protección Civil, la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, equipos científicos del Conicet y del Instituto Nacional de Limnología (INALI) y tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral: el Laboratorio Central, el Laboratorio de Química Analítica y Laboratorio de Microbiología, que dependen de la Facultad de Ingeniería Química.
“Los informes técnicos revelaron la existencia de elementos cuyas concentraciones fueron muy superiores a los permitidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario 831/93”. “La contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública, del agua y del ambiente a través de los residuos peligrosos aparece reflejada en el vertimiento de líquidos dirigidos al río Coronda y reviste un caso de competencia federal ante sus consecuencias inter jurisdiccionales –art. 7 de la Ley 25675–“, informó la Fiscalía.
“Los sucesos materia de imputación exceden a un individuo aislado y afecta a toda la comunidad que está en contacto con el medio ambiente, motivo por el cual fueron relevadas las zonas aledañas al Parque Industrial de Sauce Viejo, donde viven alrededor de 250 a 600 habitantes, número que resulta variable, debido a que en dicha zona se observan viviendas de fin de semana o casa quintas”.
“También se consideró el impacto potencial provocado por la proximidad de las instalaciones de toma de agua potable en Desvío Arijón –donde nace el acueducto a Rafaela- ubicada aguas abajo del lugar donde provienen los desagües cloacales e industriales arrojados por los establecimientos instalados en el Parque Industrial de Sauce Viejo”.
Ante esta situación, el fiscal solicitó la intervención del Ministerio de Ambiente de la Nación para recomponer "los daños causados por la contaminación ambiental” y aplique su “poder de policía ambiental”.
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