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Santa Fe: bajan los desmontes (Ya no hay nada que talar)
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La tasa de deforestación en Santa Fe fue la más baja en la última década
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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legislación y derecho ambiental,
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El turismo como aliado de la conservación de la selva
“En Misiones, el turismo es uno de los principales aliados de la selva”
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz, tildó de "inédito" e "histórico" al reciente acuerdo que el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) selló con su par de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para instalar una red de estaciones para monitorear las crecidas del río Uruguay.
Su primera etapa tendrá impacto directo en una de las perlas turísticas de la provincia: permitirá preservar la belleza de los Saltos de Moconá, al controlar la descarga de agua de una represa brasileña.
Periodista: Misiones es un enclave turístico de escala mundial. ¿Cómo se congenia ese estatus con el cuidado del medio ambiente?
Juan Manuel Díaz: En nuestra provincia, en realidad, van de la mano ambas situaciones. El turismo es uno de los principales aliados que tiene la conservación de nuestra naturaleza y la selva paranaense. Es una de las actividades llamadas también "industria sin chimenea", que se presentan como de las más amigables con la conservación, al punto de que nuestra provincia se caracteriza por un gran desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible, con muchos establecimientos certificados con normas internacionales.
P.: ¿Por qué el gobernador Hugo Passalacqua tildó de histórico el acuerdo con su par de Rio Grande do Sul para instalar una red de estaciones para monitorear el caudal del río Uruguay?
J.M.D.: Es un acuerdo que tiene, sin duda, ribetes inéditos e históricos porque es parte de un proceso que se inició a partir de una decisión política de integrar a las provincias vecinas de Misiones y Rio Grande do Sul, entendiendo a esta zona como una región y tratando de administrarla de manera cooperativa en aspectos muy importantes, uno de ellos el medio ambiente. Hace menos de un año los gobernadores celebraron un acuerdo en Posadas y tenía varios ejes: el turismo, el comercio, la industria y también el medio ambiente, incluidos los fenómenos meteorológicos. De hecho, se generó un área dentro del Gobierno provincial que es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología.
P.: ¿Cuál será la función de esa red de estaciones?
J.M.D.: En un primer momento, será poder predecir y anticipar los efectos de las crecidas. El río Uruguay tiene un régimen muy particular, que puede producir inundaciones repentinas, a lo cual se suman actualmente los efectos del cambio climático. Esta zona -estamos hablando de Misiones y Rio Grande do Sul- es la que observó mayor caudal de precipitaciones durante 2017 de toda la Cuenca del Plata. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad el poder brindar ese servicio a la población.
P.: ¿Esta iniciativa tiene un impacto directo en el sector turístico?
J.M.D.: Es un servicio también para el sector productivo y turístico. En este último tiene una característica especial porque desde hace un tiempo se sospechaba que una represa de Brasil -Foz do Chapecó- estaba dificultando la visibilidad de los Saltos del Moconá cuando descargaba el agua. Eso hacía que subiera el volumen del río Uruguay y los saltos quedaran con menor visibilidad, o tapados. A partir del trabajo de cooperación, y también por el impulso de actores locales -municipios, Secretaría de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul y la Agencia Nacional de Agua de Brasil-, éste último organismo estableció una regla de cumplimiento obligatorio para esa represa, a partir de la información suministrada, entre otros, por nuestra provincia, por el Ministerio de Ecología de Misiones. Obliga a la represa a no descargar más de mil metros cúbicos por segundo desde los viernes por la mañana hasta los domingos a la tarde, el fin de semana, durante los períodos de bajo caudal, que es la mayor parte del año.
P.: ¿Cuándo va a estar operativa esta primera etapa de la red de estaciones?
J.M.D.: La primera estación para monitorear el cumplimiento de esa regla, anticipar los efectos de la crecida y saber qué altura o visibilidad tiene el salto va a estar en el Parque Provincial Saltos del Moconá. Lo que hicieron los gobernadores es firmar un acuerdo para proceder a esa instalación, y también para continuar con ese trabajo en el resto del río compartido. Se estima que puede estar operativa en los próximos dos meses. El resto de las estaciones apuntan básicamente a la prevención de inundaciones, a dar alerta temprana a la población y a las autoridades que tienen que intervenir cuando suceden estos fenómenos.
P.: ¿Cuál es el historial reciente de Misiones en materia de inundaciones, y qué estimaciones manejan para este año?
J.M.D.: Misiones tuvo una crecida extraordinaria en el río Uruguay en 2014, que suscitó que se establecieran estos mecanismos de alerta, en los que intervienen un sinnúmero de instituciones, en el marco de un plan estratégico. La previsión que se tiene para este año es el de un clima de Niña moderado.
P.: Mantuvo un encuentro días atrás con el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman. ¿Cuál es el aporte del Gobierno al cuidado del medio ambiente en Misiones?
J.M.D.: En primer lugar, mantenemos con el Gobierno nacional una relación muy buena y respetuosa, que se da y debe darse en el marco del federalismo ambiental. Y en ese aspecto, ese ministerio tiene un rol muy importante que cumplir en todo lo que involucre la coordinación entre jurisdicciones.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz, tildó de "inédito" e "histórico" al reciente acuerdo que el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) selló con su par de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para instalar una red de estaciones para monitorear las crecidas del río Uruguay.
Su primera etapa tendrá impacto directo en una de las perlas turísticas de la provincia: permitirá preservar la belleza de los Saltos de Moconá, al controlar la descarga de agua de una represa brasileña.
Periodista: Misiones es un enclave turístico de escala mundial. ¿Cómo se congenia ese estatus con el cuidado del medio ambiente?
Juan Manuel Díaz: En nuestra provincia, en realidad, van de la mano ambas situaciones. El turismo es uno de los principales aliados que tiene la conservación de nuestra naturaleza y la selva paranaense. Es una de las actividades llamadas también "industria sin chimenea", que se presentan como de las más amigables con la conservación, al punto de que nuestra provincia se caracteriza por un gran desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible, con muchos establecimientos certificados con normas internacionales.
P.: ¿Por qué el gobernador Hugo Passalacqua tildó de histórico el acuerdo con su par de Rio Grande do Sul para instalar una red de estaciones para monitorear el caudal del río Uruguay?
J.M.D.: Es un acuerdo que tiene, sin duda, ribetes inéditos e históricos porque es parte de un proceso que se inició a partir de una decisión política de integrar a las provincias vecinas de Misiones y Rio Grande do Sul, entendiendo a esta zona como una región y tratando de administrarla de manera cooperativa en aspectos muy importantes, uno de ellos el medio ambiente. Hace menos de un año los gobernadores celebraron un acuerdo en Posadas y tenía varios ejes: el turismo, el comercio, la industria y también el medio ambiente, incluidos los fenómenos meteorológicos. De hecho, se generó un área dentro del Gobierno provincial que es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología.
P.: ¿Cuál será la función de esa red de estaciones?
J.M.D.: En un primer momento, será poder predecir y anticipar los efectos de las crecidas. El río Uruguay tiene un régimen muy particular, que puede producir inundaciones repentinas, a lo cual se suman actualmente los efectos del cambio climático. Esta zona -estamos hablando de Misiones y Rio Grande do Sul- es la que observó mayor caudal de precipitaciones durante 2017 de toda la Cuenca del Plata. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad el poder brindar ese servicio a la población.
P.: ¿Esta iniciativa tiene un impacto directo en el sector turístico?
J.M.D.: Es un servicio también para el sector productivo y turístico. En este último tiene una característica especial porque desde hace un tiempo se sospechaba que una represa de Brasil -Foz do Chapecó- estaba dificultando la visibilidad de los Saltos del Moconá cuando descargaba el agua. Eso hacía que subiera el volumen del río Uruguay y los saltos quedaran con menor visibilidad, o tapados. A partir del trabajo de cooperación, y también por el impulso de actores locales -municipios, Secretaría de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul y la Agencia Nacional de Agua de Brasil-, éste último organismo estableció una regla de cumplimiento obligatorio para esa represa, a partir de la información suministrada, entre otros, por nuestra provincia, por el Ministerio de Ecología de Misiones. Obliga a la represa a no descargar más de mil metros cúbicos por segundo desde los viernes por la mañana hasta los domingos a la tarde, el fin de semana, durante los períodos de bajo caudal, que es la mayor parte del año.
P.: ¿Cuándo va a estar operativa esta primera etapa de la red de estaciones?
J.M.D.: La primera estación para monitorear el cumplimiento de esa regla, anticipar los efectos de la crecida y saber qué altura o visibilidad tiene el salto va a estar en el Parque Provincial Saltos del Moconá. Lo que hicieron los gobernadores es firmar un acuerdo para proceder a esa instalación, y también para continuar con ese trabajo en el resto del río compartido. Se estima que puede estar operativa en los próximos dos meses. El resto de las estaciones apuntan básicamente a la prevención de inundaciones, a dar alerta temprana a la población y a las autoridades que tienen que intervenir cuando suceden estos fenómenos.
P.: ¿Cuál es el historial reciente de Misiones en materia de inundaciones, y qué estimaciones manejan para este año?
J.M.D.: Misiones tuvo una crecida extraordinaria en el río Uruguay en 2014, que suscitó que se establecieran estos mecanismos de alerta, en los que intervienen un sinnúmero de instituciones, en el marco de un plan estratégico. La previsión que se tiene para este año es el de un clima de Niña moderado.
P.: Mantuvo un encuentro días atrás con el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman. ¿Cuál es el aporte del Gobierno al cuidado del medio ambiente en Misiones?
J.M.D.: En primer lugar, mantenemos con el Gobierno nacional una relación muy buena y respetuosa, que se da y debe darse en el marco del federalismo ambiental. Y en ese aspecto, ese ministerio tiene un rol muy importante que cumplir en todo lo que involucre la coordinación entre jurisdicciones.
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San Luis impulsa herramientas para proteger sus bosques
San Luis toma medidas para proteger sus bosques nativos
Fecha de Publicación: 31/01/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La degradación de los bosques nativos puede tener dos razones: las acciones humanas en busca de maximizar ganancias, con un ejemplo típico en el monocultivo de soja; o bien los incendios forestales que afectan directamente al corazón de la flora local, episodios que son muy comunes en la primavera, cuando San Luis sale de la temporada seca y todavía no desembarca el régimen monzónico de lluvias de la región, que abarca de octubre a marzo.
Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en el desarrollo de un banco de germoplasma, que es un espacio que servirá para la conservación de la diversidad genética de las especies nativas. Una especie de reserva autóctona que podrá reponer con más facilidad las plantas que se pierdan por los distintos fenómenos.
“Estamos recolectando semillas en distintos sectores de la provincia. Posteriormente seguiremos con la construcción de un edificio para la conservación y germinación de esas semillas de la flora autóctona. Este trabajo nos permitirá reconstruir el bosque nativo degradado”, explicó la jefa del Programa Medio Ambiente, Lucrecia Pedernera Bartolucci.
La funcionaria aseguró que esta tarea será de suma importancia para el desarrollo de la flora autóctona y el estudio de las propiedades de los cultivos que habitan las tierras puntanas de hace siglos. “Este espacio permitirá conservar el material silvestre y conocer el origen de las semillas, pero no las alterará genéticamente”, precisó.
El proceso del banco de germoplasma es el siguiente: primero armaron un calendario de fechas de cosecha según la especie, luego harán un estudio del modo de dispersión que tienen los frutos y semillas, estudiarán los indicadores de madurez, el comportamiento de las semillas frente a diversos agentes climáticos, los requerimientos para germinación, conservación y capacidad germinativa, entre otros factores.
Aumento en los subsidios
Mientras San Luis apunta a cuidar su bosque nativo, el Ministerio de Agroindustria actualizó los montos de los subsidios destinados a bosques cultivados cuyos planes –según lo dispone la Ley 25.080– se hayan ejecutado en 2016. Hasta 2015 los subsidios oficiales se abonaban en dos tramos: proyectos forestales de hasta 300 hectáreas y de 301 a 500 hectáreas. La resolución 10-E/18, publicada en el Boletín Oficial, modificó ese rango para ampliarlo hasta un máximo de 700 hectáreas, sostuvo un informe del sitio Valor Soja, especializado en agricultura.
En algunos casos eso implica, en términos interanuales nominales, aumentos superiores al 400 por ciento. Es el caso del subsidio para bosques implantados en un rango de 301 a 500 hectáreas pero el ajuste no supera el 40% para plantaciones con menos de 300 hectáreas. Por ejemplo, en 2015 en el sector sur de Corrientes el subsidio para plantaciones de pino con una densidad de 700 a 949 plantas por hectárea era de 11.692 pesos para áreas de hasta 300 hectáreas y de 2.923 pesos para superficies de hasta 500. Para los planes realizados en 2016, el monto del beneficio para áreas de hasta 500 hectáreas pasó a 15.970 pesos, de manera tal que, si se considera la franja de 301 a 500 hectáreas, el aumento asignado es de 446%, mientras que para plantaciones con menos de 300 hectáreas el ajuste es del 36%.
"Si bien se trata de una noticia favorable para los que hayan realizado inversiones forestales en una superficie de 301 a 500 hectáreas, el dato clave del régimen de promoción no es el monto sino la fecha de cobro del beneficio, dado que los retrasos en los pagos son significativos", manifestó el reporte. Los últimos datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, a agosto de 2017, indican que en los primeros ocho meses 66.171 hectáreas implantadas recibieron en promedio un subsidio de 2.997 pesos por hectárea (equivalente a 187 dólares con el tipo de cambio promedio del período).
En 2016 se habían abonado subsidios a un total de 121.816 hectáreas implantadas por un promedio de 2.192 pesos la tonelada (149 U$S/tonelada), mientras que en 2015 apenas se lograron compensar 48.341 hectáreas a un valor medio de $2.080 la hectárea (225 U$S/ha).
La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados cumplirá dos décadas y 17 de aplicación efectiva. Comenzó en 2000, pero en 2002, debido a la crisis económica, no se efectuaron pagos, y en todo el período se subsidiaron un total de 1,10 millones de hectáreas.
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Fecha de Publicación: 31/01/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La degradación de los bosques nativos puede tener dos razones: las acciones humanas en busca de maximizar ganancias, con un ejemplo típico en el monocultivo de soja; o bien los incendios forestales que afectan directamente al corazón de la flora local, episodios que son muy comunes en la primavera, cuando San Luis sale de la temporada seca y todavía no desembarca el régimen monzónico de lluvias de la región, que abarca de octubre a marzo.
Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en el desarrollo de un banco de germoplasma, que es un espacio que servirá para la conservación de la diversidad genética de las especies nativas. Una especie de reserva autóctona que podrá reponer con más facilidad las plantas que se pierdan por los distintos fenómenos.
“Estamos recolectando semillas en distintos sectores de la provincia. Posteriormente seguiremos con la construcción de un edificio para la conservación y germinación de esas semillas de la flora autóctona. Este trabajo nos permitirá reconstruir el bosque nativo degradado”, explicó la jefa del Programa Medio Ambiente, Lucrecia Pedernera Bartolucci.
La funcionaria aseguró que esta tarea será de suma importancia para el desarrollo de la flora autóctona y el estudio de las propiedades de los cultivos que habitan las tierras puntanas de hace siglos. “Este espacio permitirá conservar el material silvestre y conocer el origen de las semillas, pero no las alterará genéticamente”, precisó.
El proceso del banco de germoplasma es el siguiente: primero armaron un calendario de fechas de cosecha según la especie, luego harán un estudio del modo de dispersión que tienen los frutos y semillas, estudiarán los indicadores de madurez, el comportamiento de las semillas frente a diversos agentes climáticos, los requerimientos para germinación, conservación y capacidad germinativa, entre otros factores.
Aumento en los subsidios
Mientras San Luis apunta a cuidar su bosque nativo, el Ministerio de Agroindustria actualizó los montos de los subsidios destinados a bosques cultivados cuyos planes –según lo dispone la Ley 25.080– se hayan ejecutado en 2016. Hasta 2015 los subsidios oficiales se abonaban en dos tramos: proyectos forestales de hasta 300 hectáreas y de 301 a 500 hectáreas. La resolución 10-E/18, publicada en el Boletín Oficial, modificó ese rango para ampliarlo hasta un máximo de 700 hectáreas, sostuvo un informe del sitio Valor Soja, especializado en agricultura.
En algunos casos eso implica, en términos interanuales nominales, aumentos superiores al 400 por ciento. Es el caso del subsidio para bosques implantados en un rango de 301 a 500 hectáreas pero el ajuste no supera el 40% para plantaciones con menos de 300 hectáreas. Por ejemplo, en 2015 en el sector sur de Corrientes el subsidio para plantaciones de pino con una densidad de 700 a 949 plantas por hectárea era de 11.692 pesos para áreas de hasta 300 hectáreas y de 2.923 pesos para superficies de hasta 500. Para los planes realizados en 2016, el monto del beneficio para áreas de hasta 500 hectáreas pasó a 15.970 pesos, de manera tal que, si se considera la franja de 301 a 500 hectáreas, el aumento asignado es de 446%, mientras que para plantaciones con menos de 300 hectáreas el ajuste es del 36%.
"Si bien se trata de una noticia favorable para los que hayan realizado inversiones forestales en una superficie de 301 a 500 hectáreas, el dato clave del régimen de promoción no es el monto sino la fecha de cobro del beneficio, dado que los retrasos en los pagos son significativos", manifestó el reporte. Los últimos datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, a agosto de 2017, indican que en los primeros ocho meses 66.171 hectáreas implantadas recibieron en promedio un subsidio de 2.997 pesos por hectárea (equivalente a 187 dólares con el tipo de cambio promedio del período).
En 2016 se habían abonado subsidios a un total de 121.816 hectáreas implantadas por un promedio de 2.192 pesos la tonelada (149 U$S/tonelada), mientras que en 2015 apenas se lograron compensar 48.341 hectáreas a un valor medio de $2.080 la hectárea (225 U$S/ha).
La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados cumplirá dos décadas y 17 de aplicación efectiva. Comenzó en 2000, pero en 2002, debido a la crisis económica, no se efectuaron pagos, y en todo el período se subsidiaron un total de 1,10 millones de hectáreas.
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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce
Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Reunión por la implementación del fondo de bosques
Ambiente coordina la implementación del fondo de la ley de bosques en COFEMA
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Bosques: crean Fondo Fiduciario, pero siguen sin cumplir la ley
Se creó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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TdF comienza a remediar el desastre de los castores
Trabajan en la reforestación del bosque afectado por los castores
Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se realiza en el marco del Acuerdo Binacional firmado entre Argentina y Chile para la Restauración de los Ecosistemas Australes afectados por el castor. Funcionarios de ambos países participaron de un taller para intercambiar las experiencias alcanzadas entre los grupos técnicos.
Argentina y Chile trabajan en conjunto para restaurar los ambientes afectados por el castor, principalmente en la zona de Tierra del Fuego, donde la plaga ha derivado en incontables colonias de dichos roedores.
Las acciones forman parte del componente Castor del Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GEF), que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto al Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC). En Chile el proceso es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de ese país. Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
De este encuentro participaron la representante de la FAO para el proyecto, Oficial Técnico Líder, Hivy Ortiz; en representación de la Argentina estuvieron presentes el Director Nacional de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani. Por parte de Chile, asistieron representando al Ministerio de Ambiente, el Director Nacional del Proyecto, Charif Tala y el Secretario Regional Ministerial de Magallanes, Juan Marcos Henríquez.
En el Taller que se realizó en Ushuaia, los días 14 y 15 de diciembre, además del intercambio de experiencias se acordaron y coordinaron acciones conjuntas para enriquecer los trabajos financiados parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente (GEF) de las contrapartes como nacionales, regionales, provinciales y municipales de cada país.
El Componente Castor del proyecto argentino para la elaboración de la ENEEI se encuentra avanzado en la fase de ejecución, mientras que proyecto Castor chileno, está transitando su etapa inicial. En ese sentido, durante el taller los asistentes conocieron la experiencia lograda por el proyecto argentino a través del intercambio de las prácticas adquiridas por técnicos especializados en instrumentos para el manejo, prevención y control del castor, con el propósito es demostrar la viabilidad de la erradicación del castor en las áreas pilotos, que tiene como fin último la restauración del ecosistema fueguino. También realizaron un recorrido por las áreas piloto donde se trabajó, ubicadas en el Valle de Tierra Mayor y en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Los representantes de ambos países manifestaron que este trabajo cooperativo es fundamental para lograr los objetivos planteados.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Pérez Toscani destacó que “es importante resaltar que todas estas acciones que se están llevando adelante de forma satisfactoria, son el resultado de un trabajo en equipo e interdisciplinario entre la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección General de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente en, por ejemplo, el análisis de la definición de indicadores de la calidad del agua de los diferentes ambientes, y en todo el despliegue técnico y operativo, que todos los días se realiza para lograr los objetivos planteados”. También subrayó que “este proyecto nos está permitiendo desarrollar nuevas capacidades y mejorar fortalezas dentro de la Secretaría, adquiriendo todo un equipamiento especial que nos permite continuar trabajando más eficientemente en esta importante tarea de restaurar los ecosistemas dañados por el castor”.
En relación al encuentro remarcó que “iniciamos una nueva etapa de cooperación sobre esta problemática con Chile, algo que nunca se había realizado, donde todos los aprendizajes y lecciones sobre las actividades de control del castor adquiridas por nosotros en el terreno, las compartiremos con los técnicos chilenos, para luego establecer líneas estratégicas de acción conjuntas, que nos permitirán ser más efectivos en las tareas de erradicación y restauración”.
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son animales, plantas o microorganismos transportados voluntaria o accidentalmente por las personas fuera de su área de distribución natural, cuya introducción y propagación causan severos impactos sobre los recursos naturales, la diversidad biológica, la economía, la salud pública y la cultura.
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Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se realiza en el marco del Acuerdo Binacional firmado entre Argentina y Chile para la Restauración de los Ecosistemas Australes afectados por el castor. Funcionarios de ambos países participaron de un taller para intercambiar las experiencias alcanzadas entre los grupos técnicos.
Argentina y Chile trabajan en conjunto para restaurar los ambientes afectados por el castor, principalmente en la zona de Tierra del Fuego, donde la plaga ha derivado en incontables colonias de dichos roedores.
Las acciones forman parte del componente Castor del Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GEF), que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto al Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC). En Chile el proceso es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de ese país. Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
De este encuentro participaron la representante de la FAO para el proyecto, Oficial Técnico Líder, Hivy Ortiz; en representación de la Argentina estuvieron presentes el Director Nacional de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani. Por parte de Chile, asistieron representando al Ministerio de Ambiente, el Director Nacional del Proyecto, Charif Tala y el Secretario Regional Ministerial de Magallanes, Juan Marcos Henríquez.
En el Taller que se realizó en Ushuaia, los días 14 y 15 de diciembre, además del intercambio de experiencias se acordaron y coordinaron acciones conjuntas para enriquecer los trabajos financiados parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente (GEF) de las contrapartes como nacionales, regionales, provinciales y municipales de cada país.
El Componente Castor del proyecto argentino para la elaboración de la ENEEI se encuentra avanzado en la fase de ejecución, mientras que proyecto Castor chileno, está transitando su etapa inicial. En ese sentido, durante el taller los asistentes conocieron la experiencia lograda por el proyecto argentino a través del intercambio de las prácticas adquiridas por técnicos especializados en instrumentos para el manejo, prevención y control del castor, con el propósito es demostrar la viabilidad de la erradicación del castor en las áreas pilotos, que tiene como fin último la restauración del ecosistema fueguino. También realizaron un recorrido por las áreas piloto donde se trabajó, ubicadas en el Valle de Tierra Mayor y en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Los representantes de ambos países manifestaron que este trabajo cooperativo es fundamental para lograr los objetivos planteados.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Pérez Toscani destacó que “es importante resaltar que todas estas acciones que se están llevando adelante de forma satisfactoria, son el resultado de un trabajo en equipo e interdisciplinario entre la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección General de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente en, por ejemplo, el análisis de la definición de indicadores de la calidad del agua de los diferentes ambientes, y en todo el despliegue técnico y operativo, que todos los días se realiza para lograr los objetivos planteados”. También subrayó que “este proyecto nos está permitiendo desarrollar nuevas capacidades y mejorar fortalezas dentro de la Secretaría, adquiriendo todo un equipamiento especial que nos permite continuar trabajando más eficientemente en esta importante tarea de restaurar los ecosistemas dañados por el castor”.
En relación al encuentro remarcó que “iniciamos una nueva etapa de cooperación sobre esta problemática con Chile, algo que nunca se había realizado, donde todos los aprendizajes y lecciones sobre las actividades de control del castor adquiridas por nosotros en el terreno, las compartiremos con los técnicos chilenos, para luego establecer líneas estratégicas de acción conjuntas, que nos permitirán ser más efectivos en las tareas de erradicación y restauración”.
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son animales, plantas o microorganismos transportados voluntaria o accidentalmente por las personas fuera de su área de distribución natural, cuya introducción y propagación causan severos impactos sobre los recursos naturales, la diversidad biológica, la economía, la salud pública y la cultura.
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El "Cordobés del Año" vinculador a la defensa de los bosques
José Luis Serrano recibió el premio Cordobés del Año 2017
Fecha de Publicación: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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Fecha de Publicación: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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bosques nativos,
Córdoba,
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ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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Ley de Bosques: a 10 años, algunos lo ven positivo
Cayó a una sexta parte la superficie anual deforestada a 10 años de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Córdoba: sociedad pudo frenar una ley del desmonte
Ley de Bosques: el proyecto fue archivado y en 2018 evaluarán insistir en la Unicameral
Fecha de Publicación: 14/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El controvertido proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que estaba en pausa desde junio cuando el oficialismo decidió postergar su tratamiento hasta después de las elecciones, finalmente quedó en el olvido del trámite legislativo.
Resistido por organizaciones ambientalistas, la propuesta impulsada por legisladores de Unión Por Córdoba (UPC) y de la Unión Cívica Radical (UCR) buscaba la aprobación de un mapa que está fuera de regla desde agosto de 2015. El proyecto tomó estado parlamentario en 2016 y el jueves pasado lo perdió. Esto es, según el reglamento interno de la Unicameral, caducó por no haber obtenido sanción en el término de 12 meses corridos.
Desde la secretaría Legislativa del parlamento provincial confirmaron que automáticamente el proyecto pasó a archivo. Esto no significa que no pueda ser rehabilitado por alguno de los legisladores firmantes, por lo que habrá que esperar una definición sobre lo que pueda llegar a pasar. Para esto "no hay plazo", mediante una nota con el pedido de rehabilitación el proyecto 20.811 puede seguir siendo tratado en comisiones.
Fuentes del bloque oficialista adelantaron que por estos días se evalúa qué hacer con el proyecto que durante todo 2017 tuvo puntos calientes de resistencia en las calles. En tal caso, aseguran, cualquier decisión no se tomará sino hasta el año que viene.
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Fecha de Publicación: 14/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El controvertido proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que estaba en pausa desde junio cuando el oficialismo decidió postergar su tratamiento hasta después de las elecciones, finalmente quedó en el olvido del trámite legislativo.
Resistido por organizaciones ambientalistas, la propuesta impulsada por legisladores de Unión Por Córdoba (UPC) y de la Unión Cívica Radical (UCR) buscaba la aprobación de un mapa que está fuera de regla desde agosto de 2015. El proyecto tomó estado parlamentario en 2016 y el jueves pasado lo perdió. Esto es, según el reglamento interno de la Unicameral, caducó por no haber obtenido sanción en el término de 12 meses corridos.
Desde la secretaría Legislativa del parlamento provincial confirmaron que automáticamente el proyecto pasó a archivo. Esto no significa que no pueda ser rehabilitado por alguno de los legisladores firmantes, por lo que habrá que esperar una definición sobre lo que pueda llegar a pasar. Para esto "no hay plazo", mediante una nota con el pedido de rehabilitación el proyecto 20.811 puede seguir siendo tratado en comisiones.
Fuentes del bloque oficialista adelantaron que por estos días se evalúa qué hacer con el proyecto que durante todo 2017 tuvo puntos calientes de resistencia en las calles. En tal caso, aseguran, cualquier decisión no se tomará sino hasta el año que viene.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Chubut quiere recomponer los bosques nativos junto a Nación
Nación trabaja con Chubut para recomponer los bosques nativos
Fecha de Publicación: 21/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
En el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados altos funcionarios de la cartera ambiental viajaron a la Patagonia .
La jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman, junto al secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, visitaron Chubut en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados que busca recomponer los bosques nativos.
En Esquel, Holzman y Moreno firmaron un acuerdo con el gobernador chubutense Mariano Arcioni, por aportes de la Ley N.º 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y participaron en la presentación referida a las áreas naturales protegidas, que busca elevar el estatus de protección de las mismas por la ley provincial. En ese marco, Moreno explicó: “Estamos fortaleciendo el mensaje de empezar a trabajar con la inversión de los fondos de la ley de bosques nativos,en inversiones más estratégicas. Una de ellas es la recuperación de áreas degradadas, y otra tiene que ver con la promoción del uso de los recursos en forma sustentable, la conservación de áreas protegidas y la prevención de incendios forestales”.
Los funcionarios también recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) donde se realizan proyectos para la construcción de muebles de forma sustentable que trabaja con madera, sin recurrir a la deforestación.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados tiene como objetivo recomponer los bosques degradados del país, restablecer y crear bosques degradados, restaurar suelos, prevenir inundaciones y fortalecer manejo del agua mediante forestación, ampliar la superficie del bosque nativo y ampliar la captura de emisiones de efecto invernadero para aportar a los compromisos de disminución de emisiones de la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente giró fondos por $9.000.000 para la implementación (restauración, prevención de incendios y equipos contra incendios) del “Programa Integral de manejo y restauración de las grandes áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015” de la provincia del Chubut, y trabajó con los técnicos de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia del Chubut (SSBel) así como también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Fundación Bosques de la Patagonia. Se estima que en total se realizaron 72, 5 ha de plantaciones.
Los incendios producidos en la temporada 2014- 2015 en la provincia del Chubut abarcaron 3 grandes zonas. La zona de Cholila, con 28.960,3 ha afectadas; la zona de El Turbio, en donde se quemaron 7.758,6 ha; y la zona de Lago Puelo – Epuyén, con 5.457,6 ha quemadas de bosques nativos.
Para completar su agenda, Holzman y Moreno realizaron la plantación de árboles en las cercanías de Cholila donde los incendios arrasaron con la vegetación del lugar.
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Fecha de Publicación: 21/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
En el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados altos funcionarios de la cartera ambiental viajaron a la Patagonia .
La jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman, junto al secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, visitaron Chubut en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados que busca recomponer los bosques nativos.
En Esquel, Holzman y Moreno firmaron un acuerdo con el gobernador chubutense Mariano Arcioni, por aportes de la Ley N.º 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y participaron en la presentación referida a las áreas naturales protegidas, que busca elevar el estatus de protección de las mismas por la ley provincial. En ese marco, Moreno explicó: “Estamos fortaleciendo el mensaje de empezar a trabajar con la inversión de los fondos de la ley de bosques nativos,en inversiones más estratégicas. Una de ellas es la recuperación de áreas degradadas, y otra tiene que ver con la promoción del uso de los recursos en forma sustentable, la conservación de áreas protegidas y la prevención de incendios forestales”.
Los funcionarios también recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) donde se realizan proyectos para la construcción de muebles de forma sustentable que trabaja con madera, sin recurrir a la deforestación.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados tiene como objetivo recomponer los bosques degradados del país, restablecer y crear bosques degradados, restaurar suelos, prevenir inundaciones y fortalecer manejo del agua mediante forestación, ampliar la superficie del bosque nativo y ampliar la captura de emisiones de efecto invernadero para aportar a los compromisos de disminución de emisiones de la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente giró fondos por $9.000.000 para la implementación (restauración, prevención de incendios y equipos contra incendios) del “Programa Integral de manejo y restauración de las grandes áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015” de la provincia del Chubut, y trabajó con los técnicos de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia del Chubut (SSBel) así como también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Fundación Bosques de la Patagonia. Se estima que en total se realizaron 72, 5 ha de plantaciones.
Los incendios producidos en la temporada 2014- 2015 en la provincia del Chubut abarcaron 3 grandes zonas. La zona de Cholila, con 28.960,3 ha afectadas; la zona de El Turbio, en donde se quemaron 7.758,6 ha; y la zona de Lago Puelo – Epuyén, con 5.457,6 ha quemadas de bosques nativos.
Para completar su agenda, Holzman y Moreno realizaron la plantación de árboles en las cercanías de Cholila donde los incendios arrasaron con la vegetación del lugar.
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El plan de Ambiente para proteger los bosques
Cinco planes oficiales para proteger los bosques
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Desmonte en Córdoba para un canal ilegal en zona protegida
Desmonte de bosque nativo en Córdoba para construir un canal ilegal
Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Cada vez menos fondos para los bosques en Nación
La poda de Cambiemos
Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Quejas de Misiones por la demora de fondos para Bosques
Quejas contra la Nación por la demora de $18 millones de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Zona protegida de Chaco sigue deforestándose
Se multiplican los desmontes en zona protegida del Chaco
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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