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Dejaron de fumigar y se redujo la contaminación del agua

 

Pergamino: la contaminación del agua se redujo a la mitad desde que se limitaron las fumigaciones

Fecha de Publicación
: 22/08/2020
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Es a partir de un informe que ordenó el propio Juzgado Federal de San Nicolás, en donde se advierte que desde noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el agua pasó de tener 18 moléculas tóxicas a registrarse 9. En el medio, un fallo histórico que limitó las fumigaciones en el Partido de Pergamino.
En Pergamino, la calidad del agua mejora a raíz de las restricciones hacia las fumigaciones con agroquímicos. Más allá de cualquier especulación, los estudios hablan: en un nuevo informe pericial que ordenó el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, se confirmó que, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, el número de moléculas tóxicas en el agua se redujo a la mitad.
En el medio, se dio una resolución inédita hasta entonces, si hablamos del rol de la justicia frente a las pulverizaciones de los sectores agropecuarios. En septiembre de 2019, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó una limitación para las fumigaciones de más de mil metros para forma terrestre y más de 3 mil, en forma aérea.
Es decir, a poco de que se cumpla un año exacto de las medidas de restricción que tomó la justicia federal, la contaminación del agua de Pergamino parece reducirse exponencialmente.
El informe pericial al cual accedió el medio pergaminense, Primera Plana, indica que se realizaron tres muestras a lo largo de estos dos años. La primera fue en noviembre de 2018, en donde el resultado arrojó que el agua de la ciudad tenía 18 tipo de moléculas de diferentes herbicidas, insecticidas y plaguicidas.
La segunda muestra se dio en mayo de 2019, cuando el juez Villafuerte Ruzo ya había aplicado medidas de limitación para las fumigaciones, algo que posteriormente se extendió en el fallo anteriormente explicado. En este segundo estudio, se detectaron 14 moléculas, de acuerdo al informe de la perito ingeniera agrónoma, Virginia Carolina Aparicio, investigadora del CONICET.
Finalmente, la tercera fue la más reveladora. Se dio en diciembre del 2019, en donde el número de moléculas tóxicas en el agua se redujo considerablemente: en esta última muestra, solo se encontraron 9.
El informe que reveló la justicia federal se da, curiosamente, a pocos días de que diferentes sectores agropecuarios de Pergamino emitieran un polémico comunicado en el cual señalaban las medidas tomadas por el juez Villafuerte Ruzo y el fiscal Matías Di Lello, como “una amenaza” en relación a que este tipo de medidas se “expanda”.
Incluso, las 10 entidades vinculadas al agronegocio, fueron por más y aseguraron que “los niveles (de agrotóxicos) encontrados en suelos, aguas y en la sangre de las personas, están muy por debajo de los límites o valores críticos establecidos en la mayor parte de los países del mundo”, según un informe que emitió la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo histórico que se dio en Pergamino abrió un camino para otros conflictos ambientales de la zona, así como en toda la Argentina.
El contexto, tampoco es menor: la localidad es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia. De las 300 mil hectáreas que tiene el partido, el 60% por ciento está destinado a la plantación de la soja transgénica, hecho que atrae a bastas empresas nacionales y multinacionales ligadas al agronegocio.
Lo expuesto en la causa a cargo de Villafuerte Ruzo y el fiscal Matías Di Lello, se basó en varios estudios, entre ellos un informe del equipo de Toxicología de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la presencia de 18 tipos de agroquímicos en las napas de agua en los barrios peritados, así como también en sangre de los vecinos de esa zona.
La contundencia en las medidas que tomó la justicia federal, se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.
Algo que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el científico fallecido, Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre producen desde muerte celular hasta malformaciones.
Por todo esto, el pasado 6 de agosto, el juez Villafuerte Ruzo procesó a otros cuatro productores rurales por fumigación, que se sumaron a una lista total de siete. Así, el total de los procesados son: Fernando Esteban Cortese, José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattin, Hugo Ariel Sabattini, Víctor Hugo Tiribo y Mario Roces.
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Agroquímicos y el caso Pergamino

 

El caso Pergamino, 'un límite simbólico' a las fumigaciones en todo el país

Fecha de Publicación
: 18/08/2020
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Pergamino es centro de una batalla entre la Justicia y uno de los sectores del agronegocio más poderoso del país. Con el procesamiento de siete productores, se abren las puertas para que empiece a haber condenas frente a excesos en la aplicación de agroquímicos.
El avance de una causa judicial, en Pergamino, bien al norte del mapa bonaerense, puede abrir un nuevo paradigma con respecto al uso de los agroquímicos en la provincia y en el país. Así lo entienden ambientalistas y defensores del derecho a la salud, pero también los actores del negocio, que ayer emitieron un fuerte comunicado con el que se pusieron en alerta.
La novedad es el procesamiento de cuatro productores rurales que fumigaron ilegalmente a metros de dos barrios de la localidad del norte bonaerense, y que se suman a otros tres procesamientos dictados el año pasado. Esas medidas judiciales abren las puertas a algo impensado hace algunos años: que el Estado, en este caso la Justicia, le ponga límites al agronegocio, sancionando tanto a los autores materiales como a los responsables políticos.
En septiembre del año pasado, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio) detener las fumigaciones e impuso una distancia mínima para las pulverizaciones en los campos, de más de 3 mil metros para su aplicación aérea, y más de 1500, en forma terrestre. El incumplimiento de ese fallo es la causal de los siete procesamientos.
Además, ese mismo año, el juez de la causa citó a indagatoria al jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, Mario Tocalini y Guillermo Naranja, los funcionarios municipales que debían controlar el uso responsable de las fumigaciones.
Las señales de la justicia frente a uno de los sectores más poderosos en la economía nacional, genera entusiasmos y una lectura clara: el caso Pergamino tiene un “peso simbólico” para el resto del país”.
Así lo cree el vicepresidente de Greenpeace en la Argentina, Martín Santos. Un abogado ambientalista que, además, es oriundo de esa localidad. “Esperamos que esto pueda ser utilizado como un punto de inflexión que simbólicamente marque un límite para el resto de los productores”, le cuenta a INFOCIELO, y agrega: “Es posible que así, el resto que hasta ahora no tenía ningún tipo de recaudos, se sienta tocado”.
Santos toma el ejemplo que ocurrió con la multinacional y líder en productos para el agronegocio, Bayer-Monsanto, que en junio de este año anunció que llegó a un acuerdo con miles de víctimas de las fumigaciones por un total de 11 mil millones de dólares.
Fue a raíz de las consecuencias ambientales y a la salud de miles de personas por el uso de RoundUp, Dicamba y el hallazgo de agua con PCB.
“Si se toma lo que sucedió en Estados Unidos, donde después de los primeros fallos hubo un impulso muy grande de los estudios jurídicos y de los reclamos a la justicia se multiplicaron, podemos esperar que la fuerza simbólica de este fallo (en Pergamino) tenga un efecto multiplicador para que más personas afectadas tengan el derecho de que se les reconozca el daño que le generaron, y así se termine de una vez por todas esta locura”, enfatiza el directivo de Greenpeace.
Pero para comprender realmente la importancia de lo que ocurre en Pergamino, es necesario un poco de contexto y de datos.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en la Argentina se fumigan anualmente 28 millones de hectáreas, con un equivalente a más de 300 millones de litros. Esta increíble cantidad de diferentes agroquímicos, de los cuales al menos 107 son considerados “altamente peligrosos” por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), son esparcidos a pocos metros de la población rural y urbana.
Con estos números, Argentina se convierte así en uno de los países donde más se fumiga en el mundo, si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas afectadas y el número de población.
De hecho, se calcula que son al menos 13 millones de personas las que están constantemente expuestas a las fumigaciones. Una realidad que se vive en carne propia en Pergamino, con el testimonio de cientos de personas de los barrios de Villa Alicia, La Guarida, Santa Julia y Luard Kayard, que denuncian un incremento de casos de cáncer y otras enfermedades.
Al respecto, recientemente el titular de la Cátedra de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi, confirmó que en sus denominados “campamentos sanitarios” realizados en pueblos fumigados de Santa Fe, se encontraron localidades con 386 y hasta 786 casos de cáncer por cada 100 mil habitantes. Una estadística que, en los términos estándar, registra solo 206 casos por cada 100 mil personas.
Vale aclarar que en el país, no existe estadísticas oficiales respecto a cuánto se fumiga y cuántos casos de cáncer existen en lugares expuestos a los agroquímicos. Ante esa ausencia, los ambientalistas encontraron la forma de calcularlo a través de algunos datos que se arrojaron (al menos por un tiempo) por parte de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).

La primera condena por envenenamiento en la historia
A pesar de que son millones las personas afectadas por las fumigaciones (una acción que significa solo una parte del agronegocio, que fomenta el desmonte, la concentración de la tierra y la pérdida de la soberanía alimentaria), la mirada respecto al cuidado de la tierra sigue siendo subestimado por gran parte de los gobiernos de turno, así como también de la comunidad científica y los medios de comunicación.
Por supuesto, en este sistema que parece “dejar hacer” a costa de la contaminación y la enfermedad de la gente, también entra la justicia. Son pocos e inéditos los casos en donde se dan fallos que condenan a los fumigadores y protegen a las verdaderas víctimas. De hecho, la primera vez que se enjuició en el país a productores acusados de envenenar a la población fue en 2012, luego de que un tribunal cordobés ordene la detención de dos propietarios tras una larga lucha de las denominadas “Madres de Ituzaingó Anexo”.

Pergamino: agroquímicos en el agua y daño genético
El fallo histórico que se dio en Pergamino se sumó a esa excepción y abrió un camino para otros conflictos ambientales de la zona, así como en toda la Argentina.
El contexto, tampoco es menor: la localidad es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia. De las 300 mil hectáreas que tiene el partido, el 60% por ciento está destinado a la plantación de la soja transgénica, hecho que atrae a bastas empresas nacionales y multinacionales ligadas al agronegocio.
Lo expuesto en la causa a cargo de Villafuerte Ruzo y el fiscal Matías Di Lello, se basó en varios estudios, entre ellos un informe del equipo de Toxicología de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la presencia de 18 tipos de agroquímicos en las napas de agua en los barrios peritados, así como también en sangre de los vecinos de esa zona.
La contundencia en las medidas que tomó la justicia federal, se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.
Algo que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el científico fallecido, Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre producen desde muerte celular hasta malformaciones.
Por todo esto, el pasado 6 de agosto, el juez Villafuerte Ruzo procesó a otros cuatro productores rurales por fumigación. Así, el total de los procesados son: Fernando Esteban Cortese, José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattin, Hugo Ariel Sabattini, Víctor Hugo Tiribo y Mario Roces.
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Agroquímicos: Buenos Aires quiere ordenar la legislación

Buenos Aires busca ordenar legislación en agroquímicos

Fecha de Publicación
: 15/08/2020
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Buenos Aires


El gobierno bonaerense avanza en su objetivo de ordenar la legislación vigente en materia de uso y aplicación de fitosanitarios, a través del Observatorio Técnico de Agroquímicos. Según explicó a este medio Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, este espacio se encuentra en una instancia de recopilación de trabajos de carácter técnico, para luego elaborar una serie de recomendaciones de uso para los productores, que permitan mejorar la resolución 246/18. Esta normativa, publicada durante la gestión del ex ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, se complementa con la ley provincial 10.699, que regula el uso de agroquímicos en el distrito.
El funcionario explicó que en esta instancia, los profesionales técnicos del observatorio están procesando la información generada en diversas instituciones científicas y tecnológicas. En una segunda fase, la idea es abrir la participación en este tema a colegios profesionales, entidades de productores y grupos civiles. En materia de legislación sobre el uso de agroquímicos en territorio bonaerense, desde 1991 se encuentra vigente la ley 10.699. Pero en la práctica, los municipios aplican sus propias regulaciones, sobre todo en el apartado de distancias de aplicación, en donde unos setenta municipios de la provincia cuentan con sus normativas.
Desde Desarrollo Agrario se hallan abocados a ordenar este panorama y generar una base científica, para elaborar recomendaciones de uso. En el mediano plazo, y si se logran cerrar acuerdos en materia política, esas sugerencias podrían ser el puntapié inicial para el desarrollo de una nueva ley. Amarilla explicó que se buscan generar políticas que incluyan "a todos los actores involucrados" y en este punto reconoció que junto a los municipios de la provincia apuntan a identificar "necesidades de refuerzo de los esquemas de fiscalización, capacitación y asistencia a sus equipos técnicos".
A mediados de 2017 se intentó sin éxito modificar la ley 10.699, y entre los proyectos que empezaron a tomar forma avanzó la iniciativa del senador bonaerense con mandato cumplido Alfonso Coll Areco.
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Embargan a productores de Pergamino por contaminar

 

Agroquímicos. Embargaron en $5 millones a productores de Pergamino

Fecha de Publicación
: 13/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo embargó en $5 millones a cuatro productores -por ese monto lo hizo para cada uno- que producen en el partido de Pergamino por un supuesto delito ambiental con agroquímicos. Según el magistrado a cargo de una causa, los productores habrían empleado productos que se encuadran en la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y establecidos como no permitidos para utilizarse a una distancia no menor a los 100 metros del perímetro urbano, según una ordenanza municipal. Productores consultados dijeron que respetaron distancias y usaron productos aprobados.
Villaferte Ruzo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva en la causa caratulada como "Fernando Esteban Cortese y otros" de José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini. También ordenó el embargo mencionado.
El juez avanzó con la causa, que se inició unos años atrás, tras denuncias de vecinos de distintos barrios y pueblos aledaños a Pergamino.
"Yo hice una aplicación tomando recaudos como ser la velocidad del viento, utilicé productos banda verde (de bajo riesgo), usé la banda de aplicación y tengo carné habilitante desde 2015. El problema es que el dueño del campo (donde produce) tenía un problema con un vecino que cada vez que aplicamos denunciaba", contó a LA NACION Grattone, uno de los productores embargados.
En octubre pasado, Grattone fue denunciado junto a su maquinista, Taboada, ante las autoridades locales por supuestamente violar los 100 metros que es el límite perimetral para uso y aplicación de los productos químicos en un campo que trabaja en la localidad de Juan Andrés de la Peña, en el partido de Pergamino.
Grattone dijo que, cuando se anoticiaron de la denuncia que fue puesta por un vecino, llegó un auto de la policía federal y le pidieron que detuvieran la aplicación. "Les mostré todo, que estaba en orden con los productos que estaba usando, que son todos etiqueta verde y llevé al policía al lote en ese momento, pero para entonces la policía no envió a ninguna persona porque no tenían encargado. Después de un par de horas que estaba en orden todo, me autorizaron a hacer la aplicación", aseveró.
Señaló que, posteriormente, "vino Sergio Pizarro, en ese momento el secretario de producción de la comuna, e hizo un conteo de los metros con sus propios pasos, sin siquiera usar un sistema de medición". A su vez, añadió que en los días posteriores le dijeron que faltaban ocho o 10 metros para llegar a los 100 permitidos para hacer las aplicaciones.
"El 25 de noviembre de 2019 la policía hizo un allanamiento de domicilio y se ordenó una detención. Nos tuvieron en la comisaría federal y al día siguiente nos llevaron a declarar. Hace una semana me dictaron el procesamiento y el martes me enteré de la caución de $5.000.000 como una garantía", indicó. Su maquinista involucrado, en tanto, también fue embargado por la misma suma de dinero y con procesamiento sin prisión preventiva.
Según la causa, a Grattone y Taboada se les imputa haber efectuado una aplicación terrestre con fitosanitarios en el campo donde cultivaban soja que se encuentra localizado en la calle Ricardo Guiraldes, esquina Leopoldo Lugones, de la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino. Así como en las cercanías al barrio Milla III y a dos establecimientos educativos que se encuentran dentro de la zona de exclusión de 100 metros establecida por la ordenanza municipal vigente.
Grattone se diferenció de los casos de los hermanos Sabattini. "Uno de ellos ya había tenido denuncias y siguió aplicando, entonces eso agravó la situación", argumentó el productor y aclaró que, en ese caso, está determinado que no se pueden realizar aplicaciones en un perímetro inferior a los 600 metros del área urbana en esa parte de la ciudad de Pergamino. Y fue "por esa causa que se reactivó todo porque la persona que denuncia fue a la Municipalidad".
"Está mal asignado el hecho con la calificación a la figura de la causa de la ley de residuos peligrosos que es la ley 24.051", dijo el abogado Lucas Walter, uno de los letrados que llevan adelante la defensa de Grattone y de otro productor que no figura en la última resolución de la causa. Argumentó que el productor no estaba violando la ley.
No obstante, aclara que el embargo aún no quedó firme y hasta que no quede firme una solución no se efectivizará. "Recién hasta que eso se dé y quede firme el procesamiento y esté en etapa recursiva no se hará", afirmó Walter en referencia a lo que sucederá de ahora en adelante hasta llevar a cabo una apelación.
La denuncia original se dio por el caso de Fernando Esteban Cortese, quien fue procesado hace tres años en la primera causa en el barrio Villa Alicia en Pergamino y que abrió el debate. En tanto, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini, quienes figuran en el fallo emitido hace tan solo unos días, habrían realizado aplicaciones en la localidad de Francisco Ayersa, a menos de 1095 metros de distancia de la zona urbana, por lo que habrían incumplido una disposición judicial que ordena la suspensión provisional de las pulverizaciones terrestres con fitosanitarios.
En abril del año pasado, cuando el Juzgado Federal de San Nicolás tomó una intervención, determinó que en el caso del límite territorial que se había iniciado alrededor del barrio Villa Alicia -que con el tiempo fue desplazándose en los alrededores del Luar-Kayad y La Guarida-, cuyo límite perimetral comprendía de 600 metros sobre la exclusión para las aplicaciones, pasara a ser de 1095. Hasta ese entonces se habían autorizado las aplicaciones solo de productos con etiqueta verde.
"Nosotros estamos profundamente preocupados por el caso de Grattone. Hubo una reunión con Pergamino Ambiental que esta integrada por el INTA, Federación Agraria Argentina (FAA), CREA, Aapresid, entre otras entidades, con Sociedad Rural Argentina (SRA) del norte de la provincia de Buenos Aires, con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap para tratarlo y poner en blanco sobre negro el caso puntual de la localidad de Peña porque consideramos que es una exageración el encuadre que se le da a una violación de la reglamentación municipal. Los 100 metros estuvieron supervisados por los policías y como no hubo una supervisión municipal para la aplicación el vecino hizo la denuncia con la Policía Federal", indicó a LA NACION Jorge Josifovich, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino.
En tanto, el diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) se manifestó respecto al fallo y señaló que no se entiende por qué judicialmente se aplicó la ley de residuos y desechos tóxicos y no la ley que regula las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia, que es la 10.699 con su decreto reglamentario Nº 499, que se encuentra vigente.
"Existen problemas de interpretación y varios municipios han realizado sus propias ordenanzas para reglamentar las aplicaciones de fitosanitarios, muchas veces excediéndose en sus competencias. En este momento me encuentro trabajando en ese sentido, a fin de tratar de terminar con vacíos legales y malas interpretaciones para poder aplicar reglas claras y, de esta manera, que los productores y aplicadores no queden a merced de la interpretaciones de un juez que quiera tratarlos como si estuviesen cometiendo un delito, cuando en realidad lo que hacen es producir alimentos y ejercer su derecho a trabajar libremente", sentenció.
Hace unos meses, productores de Pergamino solicitaron que se revise una resolución de ese Juzgado que imposibilita las pulverizaciones terrestre en unas 6000 hectáreas por encontrarse dentro de los 1095 metros de extensión del límite urbano y que afecta a más de 100 productores agropecuarios, quienes han visto una merma considerable en la producción.
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La Pampa: "Campo Limpio" no tan limpio

 

El Gobierno de La Pampa multó por $30 M a la Fundación Campo Limpio

Fecha de Publicación
: 12/08/2020
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: La Pampa


Tras un conflicto a principios de este año, en donde la entidad prometió construir tres centros de acopio, las autoridades pampeanas castigaron a la FCL por el mal manejo de los bidones vacios
El gobierno de La Pampa multó con $30 millones a la Fundación Campo Limpio (FCL), por el "daño ambiental" originado en una gestión ineficiente en el manejo de bidones vacíos, a finales de enero de este año. En mayo de 2019, la entidad había generado -en el marco de la Ley Nacional 27.279- un compromiso con la provincia para construir centros de acopio en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Macachín, para articularlos con un procedimiento de trazabilidad de bidones usados. El incumplimiento en los plazos derivó en un conflicto entre FCL y la Subsecretaría de Ambiente, que llegó a paralizar la venta de agroquímicos durante dos semanas en La Pampa.
El gobierno de La Pampa multó con $30 millones a la Fundación Campo Limpio (FCL), por el "daño ambiental" originado en una gestión ineficiente en el manejo de bidones vacíos, a finales de enero de este año. En mayo de 2019, la entidad había generado -en el marco de la Ley Nacional 27.279- un compromiso con la provincia para construir centros de acopio en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Macachín, para articularlos con un procedimiento de trazabilidad de bidones usados. El incumplimiento en los plazos derivó en un conflicto entre FCL y la Subsecretaría de Ambiente, que llegó a paralizar la venta de agroquímicos durante dos semanas en La Pampa.
La decisión fue tomada a través de la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, con la intervención de la Fiscalía de Estado, que tuvo a su cargo el análisis jurídico del caso. La disposición rechazó el descargo y la ampliación presentados por Campo Limpio y en sus fundamentos sostiene que la conducta desplegada por la Fundación se constituyó en "una flagrante violación" de la Ley de Presupuestos Mínimos General del Ambiente.
La Ley 27.279 establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos de producto en los envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, el lavado de envases rígidos. Esta normativa también contempla generar protocolos de gestión integral de los envases vacíos, para lograr una mayor eficiencia en su recolección, como así también determinar procesos específicos, tales como condicionar la nueva venta de estos productos a aquellos usuarios que no realizaran la devolución de los envases.
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Hay más aves si hay menos agroquímicos

Investigadores del Conicet encontraron mayor presencia de aves en plantaciones libres de agroquímicos

Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: Periodismo.com
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de investigadores del Conicet encontró una mayor cantidad y diversidad de pájaros en un arrozal que se maneja sin uso de agroquímicos versus otra plantación de arroz convencional, donde se aplican ese tipo de insumos.
En estos ensayos, además, los investigadores definieron que esos pájaros cumplen funciones claves de servicios ecológicos benéficos para el cultivo. La novedad académica fue publicada en el portal de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTyS) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
“Encontramos que hay una mayor cantidad de funciones que las aves pueden cumplir cuando se realiza un manejo agroecológico, y eso se relaciona con que hay una gran diversidad de especies que, además, tienen características diferentes”, explicó Rodrigo Lorenzón, investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL) y autor principal del trabajo, a la Agencia CTyS-UNLaM.
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La Pampa comenzará a cuantificar uso de agroquímicos



Productores deben informar uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 01/07/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


El Ministerio de la Producción de La Pampa comenzará, a partir de este año, a contabilizar las dosis anuales que se utilizan en el sector agropecuario de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. El objetivo es tener «un pantallazo» de la cantidad que se aplican en el territorio pampeano.
La información fue dada a conocer oficialmente, en el marco de la habilitación para la presentación de la Declaración Jurada del Registro Provincial Agropecuario (Repagro), que estará disponible a partir del 13 de julio y que, como cada año, deberán presentarla los productores de La Pampa.
En ese sentido, la directora de Estadística y Censos de la cartera, Laura Biasotti, explicó que «los productores saben que cada año se renuevan las declaraciones juradas de Repagro, las cuales deben estar actualizadas ya que son necesarias al momento de hacer algún movimiento de hacienda o de cereales, para obtener la guía». A su vez, recordó que la del año 2019 vence el próximo 12 de julio, mientras que a partir del 13 estará disponible para la carga del Repagro 2020.

Uso de agroquímicos
Por su parte, el coordinador del programa, Mauricio Pérez, precisó que la Declaración Jurada es muy parecida a la del año pasado, aunque señaló que «en esta oportunidad se agregó una pantalla en la cual se pregunta sobre herbicidas, insecticidas y fertilizantes, específicamente respecto de la dosis que utilizan de manera anual y por cultivo que realizan». El objetivo, continuó, es «tener un pantallazo de todos estos productos fitosanitarios que actualmente se están usando en la Provincia».
Pérez precisó que la presentación de esta documentación brinda datos sobre distintos tipos de ganadería, agricultura, vivienda, población rural, infraestructura agrícola y ganadera, malezas, fauna, «picadas, lo cual se agregó hace 2 años porque es muy importante para defensa civil, y este año se sumo agroquímicos ante las consultas en general».
«Dicha información luego es tomada por las distintas reparticiones del Ministerio, analizada y en base a ello se determinan las políticas a llevar a cabo», agregó.

Protección de datos
Biasotti aclaró que «si bien la información es nominal, es decir es declarada por cada productor, luego no se da a conocer nominalmente, sino que se informa la cantidad de hectáreas sembradas, cosechadas y demás, por departamento».
Por su parte, Pérez agregó, llevando tranquilidad a los productores, que «por ley están protegidos los datos individuales, con lo cual el nivel mas chico que se trabaja es el ejido, luego departamento, microrregión (son 10 en La Pampa) y luego a nivel provincial». Alrededor de 8 ó 9 mil productores están registrados, «esto en función de lo que el productor declara».
Finalmente, Biasotti reiteró que desde el 2017 dicha Declaración se encuentra disponible online y que, ante la situación actual por la pandemia de Covid-19, el productor no debe acercarse a las oficinas.»En la página de Repagro tienen el tutorial, el manual de uso, y también está el mail: repagro@lapampa.gov.ar, y el teléfono de la Dirección: 459166, para comunicarse por cualquier duda», concluyó.
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1100 estudios científicos que alertan del glifosato



Nuevo estudio vincula al glifosato con el cáncer, malformaciones y otros problemas de salud

Fecha de Publicación
: 30/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La compilación da cuenta de los impactos que el herbicida provoca en la salud y el ambiente. La semana pasada Bayer ofertó 11 mil millones de indemnización por juicios.
Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en una reciente recopilación y dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico. Más de 200 de esos trabajos científicos son de universidad públicas del país. En Argentina se utilizan más de 270 millones de litros cada año, los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.
 “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, es el título del trabajo, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos. Al inicio se aclara que los 1108 trabajos científicos citados fueron, todos, sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, y aprobados para su publicación académica. Se consultaron bases de datos científicas hasta mediados de 2019 y en todos los casos están disponibles mediante un link de acceso en Internet.
 En el primer capítulo de la Antología Toxicológica se precisan estudios que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. El capítulo dos aborda los mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. El tercer capítulo cita estudios de glifosato y su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.
La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional alemana ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico. Aún no se conocen los detalles del acuerdo. Tres condenas judiciales consecutivas (2018 y 2019) ya habían determinado la responsabilidad de la compañía y todas habían fijado resarcimientos millonarios.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow. No existen datos oficiales de cantidades de uso, pero la ONG Naturaleza de Derechos utilizó las cifras de las empresas: en 2018 se utilizaron unos 270 millones de litros. En 1996, cuando se aprobó la primera soja transgénica de Monsanto, se utilizan 50 millones de litros.
La recopilación también aborda el impacto del agrotóxico en peces, anfibios, aves y mamíferos. Todo un apartado refiere al impacto en el ambiente, clasificado en consecuencias en el aire, aguas y suelos, donde se confirma que el glifosato permanece en el ambiente por largos periodos de tiempo y se traslada por extensas distancias. El capítulo seis y siete abordan el impacto en alimentos, la “interferencia nutricional” y la presencia del químico en comestibles y bebidas.
Es el quinto trabajo de recopilación de estudios sobre glifosato que publica Eduardo Rossi y Naturaleza de Derechos. “En los juicios de Estados Unidos la empresa no pudo negar los correos internos de Monsanto, donde reconoce que desconocía la toxicidad real del Roundup (marca comercial del glifosato). Y en los mismos tribunales se conocieron estudios que vinculan claramente al agrotóxico con la afectación en el ADN y con mecanismos vinculados al cáncer”, afirmó Rossi.
 Durante muchos años Monsanto argumentó que no había “pruebas” de las consecuencias del herbicida. Periodistas agropecuarios y funcionarios seguían la misma línea argumental. Ante la cantidad de estudios de las últimas décadas, el nuevo relato señala que “existen dos bibliotecas” respecto al glifosato. Eduardo Rossi rechazó ese argumento empresario y destacó que existen más de 200 trabajos científicos de universidades públicas de Argentina, investigadores del Conicet y de organismos públicos (como el INTA) que confirman los impactos negativos del químico. Mientras que los únicos trabajos que señalan las bondades del producto son los de las empresas que lo producen o de científicos que reciben financiamiento de esas mismas compañías.
En Argentina no son públicos los estudios del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que clasifican al glifosato como de “baja toxicidad”. Tampoco se tienen en cuenta los efectos crónicos (en largos periodos de tiempo).
Rossi destacó, entre otros trabajos, las investigaciones del grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que desde hace más de una década investiga los efectos de los agroquímicos. Y, mediante decenas de publicaciones, confirmó que el glifosato produce daño genético, indicador de enfermedades como el cáncer. Todos sus trabajos están citados en su propia página de internet (contaminantesambientales.ar ).
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Rechazan apelación para fumigar

Rechazan la apelación de la histórica cautelar que restringió las fumigaciones

Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: TeLeFe Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


En febrero un juez prohibió los agroquímicos a una distancia menor a 800 metros. El municipio y una productora cuestionaron la medida.
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la Municipalidad de Sastre y una productora agraria en relación a la medida cautelar que estableció la prohibición de asperjar cualquier tipo de agroquímico en un radio de 800 metros desde el fin de la zona urbana de Sastre, en el departamento San Martín.
La decisión judicial avaló además, en todos sus términos, la cautelar impuesta por el juez en lo Civil, Duilio Hail, quien en febrero de este año dictó esa disposición considerada histórica ya que es la primera vez que en la provincia se aplica una restricción para proteger a la población de toda una ciudad.
Tras los recursos opuestos únicamente por el municipio y la productora Marta del Carmen Alasino, la cámara de alzada desestimó la pretensión de dejar sin efecto la cautelar y revalidó la decisión del juez Hail. Los camaristas entendieron que quienes intentaron bajar la medida judicial de protección a los vecinos —el municipio y la productora— "pretendieron fundar el recurso de nulidad en falsas afirmaciones", para invalidar el curso de administración de justicia por vicios en el proceso".
En el análisis de los recursos de apelación la Cámara menciona los artículos Nº 41 y 43 de la Constitución Nacional, que establecen que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales". Los camaristas observaron que esta disposición "va ensamblada con el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física".
También invocan el principio de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles. Aclaran que "aplicando el principio precautorio debe entenderse que este supuesto se configura en el caso ya que, en principio y sin que signifique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, no puede dejar de señalarse que en esta instancia no hay información ni certeza de la inocuidad de los agroquímicos".
Además, la Cámara consideró que no corresponde apartar al juez de la causa por prejuzgamiento, porque "no se advierte que se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ya que sus manifestaciones son las indispensables para fundar la decisión que tomó".

Absurdo
"Es ofensivo y absurdo que se hayan asociado los poderes del Municipio, el económico de los productores y la representación de dos renombrados abogados como (Ivan) Cullen y (Domingo) Rondina para enfrentar a un grupo de vecinos que defienden su salud, la de sus hijos y la integridad del ambiente. Por eso es muy gratificante que la Justicia atienda nuestro reclamo cuando el poder político no aporta las soluciones necesarias para resguardar nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano", indicó Walter Bianchi, uno de los vecinos autoconvocados de Sastre que impulsaron el reclamo.
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El círculo vicioso del glifosato en Argentina



Bayer, Monsanto y el círculo vicioso del glifosato en Argentina

Fecha de Publicación
: 26/06/2020
Fuente: Agencia DW
Provincia/Región: Nacional


DW analizó el impacto que puede tener en Argentina el acuerdo anunciado por Bayer con sus litigantes en EE. UU. por el glifosato.
Indemnización multimillonaria, pero sin aceptar responsabilidad alguna: así puede resumirse el acuerdo anunciado ayer por Bayer con más de cien mil demandantes afectados por cáncer en Estados Unidos, que atribuyen su enfermedad al uso del herbicida Roundup. El gigante alemán seguirá vendiendo el polémico producto heredado de Monsanto y, para ello, se remite a los informes de las distintas agencias regulatorias, que, de momento, no han avalado su peligrosidad.
Hasta ahora, solo el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la OMS, ha clasificado al Roundup como cancerígeno probable. Pero la ciencia también tendrá un lugar en el marco del acuerdo entre Bayer y sus litigantes, ya que se creará un comité científico independiente que decidirá si Roundup provoca cáncer de tiroides, la enfermedad habitualmente más vinculada con este herbicida.

La voz de la ciencia
En realidad, la ciencia lleva hablando décadas sobre el asunto. "Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato", dice a DW Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, e investigador del Conicet. Para Lajmanovich, director académico de varios de los artículos publicados en Argentina sobre el tema, el multimillonario acuerdo anunciado ayer por Bayer supone un "tácito reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato".
Según Damián Verzeñassi, director del del Instituto de Salud Socio Ambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza, el hecho de que Bayer no admita responsabilidad es tan solo parte de su "estrategia judicial", pero, en realidad, la empresa "está reconociendo que sus productos son dañinos" y eso va a tener un impacto sobre el sistema productivo. "Lamentablemente, no en Argentina a corto plazo, pero el acuerdo puede dar mucha fuerza a las organizaciones sociales, a los movimientos de vecinos y a los abogados inmersos en demandas por el uso de este pesticida".

Un modelo productivo no cuestionado
También el investigador Rafael Lajmanovich considera que el acuerdo anunciado ayer por Bayer podrá ser usado como argumento en la decena de causas judiciales abiertas en Argentina por el impacto de los agroquímicos en las poblaciones, en especial el glifosato. Sin embargo, no cree que vaya a cuestionarse el actual modelo de producción, en el que el glifosato juega un papel principal.
"Últimamente se está tratando de avanzar en la regulación de la distancia de las poblaciones humanas en la utilización de agroquímicos. Es algo que se ha logrado gracias a las movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientales y científicas, ya que estamos convencidos de que el actual modelo productivo intoxica el medioambiente y a las personas. Pero debería debatirse sobre el modelo productivo, y eso no se está haciendo", advierte el científico.

Un negocio redondo
Corría el año 1996 y Estados Unidos acababa de liberar la soja RR, resistente al glifosato. Sin llevar a cabo estudios sobre impacto ambiental, Argentina aprobó, a su vez, la liberación de este organismo modificado genéticamente, que facilita el cultivo de soja en cantidades masivas. "Argentina tuvo la desgracia de ser el segundo país del mundo en el que se liberó la soja RR", comenta Rafael Lajmanovich.
"Pero, en realidad, el negocio no estaba en las semillas. El gran negocio, que sigue hasta la actualidad, era el herbicida", prosigue Lajmanovich. "Probablemente fue una estrategia de las multinacionales: liberarlo acá en Argentina, sabiendo que este país tiene leyes laxas en muchos sentidos. Rápidamente, de contrabando, esta soja RR invadió países cercanos: se fue a Brasil, a Paraguay, a muchos países de la región", señala.
Entre 1980 y 2005, la superficie de cultivo de soja en Argentina pasó de 2 a 17 millones de hectáreas, un manto gigantesco sobre el que aplicar los productos de las multinacionales, fundamentalmente el glifosato. Y, durante décadas, las políticas de los distintos Gobiernos no han hecho sino reafirmar la expansión del agronegocio: "Argentina se vio, de alguna manera, condenada a proseguir con el cultivo de estos granos. Es un círculo del cual cuesta mucho salir", sentencia Lajmanovic.
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Proponen restringir las aplicaciones aéreas de agroquímicos

Un diputado kirchnerista presentó un proyecto de ley para prohibir las aplicaciones aéreas de agroquímicos

Fecha de Publicación: 23/06/2020
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Se trata de Leonardo Grosso, quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Además, y restringir a 1.500 metros las terrestres en zonas periurbanas
El diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de Ley para restringir la aplicación de agroquímicos en el campo y trajo mucha polémica.
Es que el trabajo del diputado del Frente de Todos prohibe la aplicación aérea de agroquímicos y la aplicación terrestre, manual o mecánica a menos de 1.500 metros en zonas urbanas.
Además, entre otros de los puntos del proyecto, establece el principio de "duda razonable" en la cual ante la duda de la delimitación del área de protección, se considera zona prohibida y prohibe la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas.
La iniciativa la acompañan otros diputados del Frente de Todos: Ayelén Spósito (Río Negro), Gabriela Cerruti (CABA), Federico Fagioli (Buenos Aires), Héctor Bárbaro (Misiones), Mabel Caparros (Tierra del Fuego) y Blanca Osuna (Entre Ríos)
Según publicó Barbechando, el proyecto fue girado a las comisiones de Agricultura y Ganadería, que preside el camporista José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes) y a la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, a cargo de quien impulsa la iniciativa.
Las sanciones establecidas contemplan apercibimientos y multas que pueden ir del 5 al 50% del valor fiscal del inmueble donde se cometió la infracción. También se prevé la incautación de la maquinaria e inhabilitaciones administrativas.
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Agroquímicos en el suelo y agua de escuelas rurales



Un estudio científico confirmó la presencia de agroquímicos en escuelas rurales de Tandil

Fecha de Publicación
: 16/06/2020
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Así lo determinó un estudio que realizaron investigadores, docentes y alumnos de la UNICEN. Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, neurotóxico y carcinogénicos. En el mismo momento que presentaban el estudio, estaban fumigando a metros de una población rural.
La presencia de los agroquímicos también llega hasta en las escuelas y pone en peligro la vida de los más chicos. Así lo confirmó un estudio encabezado por investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), quienes detectaron la existencia de 16 tipos sustancias peligrosas para la salud humana en 15 escuelas rurales del partido de Tandil.
La investigación se realizó durante dos años, recolectando pruebas en diferentes zonas de la localidad. El resultado fue más que preocupante: Todas las escuelas estaban contaminadas, algunas con hasta 8 de estos productos.
“El informe pone en evidencia el riesgo al que forzosamente está expuesta la comunidad educativa rural del partido, que es la realidad de las escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, mutagénicos,  neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos, capaces de generar abortos espontáneos y diversos efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. La gravedad del asunto no tiene precedentes, estamos hablando del posible daño genético de los niños y su descendencia, que son el futuro" sostiene parte del informe presentado el viernes mediante una videoconferencia.
Según sucesivos estudios científicos, está comprobado que las personas que se exponen repetidas veces a los agroquímicos tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades. Algunas graves: como cáncer y enfermedades respiratorias. 
En resumen, el informe encabezado por la doctora Graciela Canziani, Virginia Aparicio, Agustina Cortelezzi, Eduardo De Gerónimo, Soledad Fontanarrosa y Adela Tisnés, comprueba otros elementos: con las fumigaciones, los agroquímicos se difunden por el aire, se escurren hacia ríos y arroyos y se infiltran hacia las napas subterráneas. “Una vez liberados al ambiente, son incontrolables”, explican.
Esos datos pusieron en duda a las llamadas “buenas prácticas”, que aseguran que se puede fumigar sin dañar a las personas y al medio ambiente, mientras se realice a buena distancia y con todos los protocolos de salud e higiene.
Al mismo tiempo, consideraron urgente la necesidad de realizar un estudio epidemiológico hacia las comunidades rurales del partido de Tandil, en especial enfocado a niños y niñas que asisten a las escuelas fumigadas.
“Las Buenas Prácticas Agrícolas son necesarias, pero absolutamente insuficientes. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no pueden, de ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas”, agregaron los realizadores del estudio, que compararon todas las medidas tomadas para evitar los contagios de Covid-19 con el poco control hacia las sucesivas fumigaciones y sus consecuencias.
Según el informe, numerosos estudios sobre la contaminación ambiental producida por estos compuestos “dan cuenta de que las moléculas de agroquímicos plaguicidas son transportadas muchos kilómetros por aire, se descargan con las lluvias, se depositan en los suelos y el viento las desplaza junto con el sedimento eólico, corren por ríos y arroyos y, por supuesto, se infiltran en las napas de agua”.
Por su parte, parte del sector agropecuario y en especial todo lo relacionado al denominado “agronegocio” considera que los diferentes tipos de agroquímicos son indispensables para el control de las malezas y la eliminación de plagas que dañan las cosechas.
Pero, según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en los últimos 22 años, la utilización de diferentes plaguicidas solo aumentó un 30% la producción. A la par, las fumigaciones aumentaron 858%, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50%.
El aporte que realizó la Universidad Nacional del Centro volvió a ratificar lo que ya se venía sosteniendo respecto a las consecuencias del uso de diferentes agroquímicos, así como también marcó un nuevo precedente en la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios del país donde más se fumiga y más resistencia comienza a tener en su población, como ocurrió durante el año pasado en Pergamino y emergió en este, en Mar Chiquita.

El "mosquito" de cada día
Ese mismo día, a la misma hora, mientras los profesionales e integrantes de la UNICEN presentaban el informe que alarmó a la población de Tandil, los vecinos de la localidad rural de Gardey filmaban con resignación una fumigación a menos de 300 metros de un barrio.
Las imágenes exclusivas a las que accedió este medio demuestra la poca distancia entre el trayecto del “mosquito” fumigador y las personas, además de hacerlo en un día con viento desfavorable, que apuntaba hacia el centro urbano.
En febrero de este año, las autoridades de la pequeña localidad autorizaron a fumigar en la plaza pública con herbicida y el veneno llegó hasta la pileta municipal, en donde decenas de menores de edad pasaban la tarde. 
"La Ordenanza vigente en Tandil desde el 2011 prevé distancias de prohibición de fumigación, y así y todo, los agroquímicos están en el suelo y en el agua. Es decir, las buenas prácticas no dan resultado, son ineficientes, la solución es alejar como mínimo las fumigaciones desde donde habitan personas 1095 metros, que está comprobado por investigadores argentinos sin conflicto de intereses, genera daño genético en niños", explicaron desde la Red de Abogadxs de pueblos Fumigados y Generaciones Futuras.
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Pandemia: usaron una fumigadora para desinfectar



Pergamino: usaron una fumigadora para desinfectar las calles pero investigan si dentro tenía restos de agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 11/05/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires


Sucede que ese tipo de maquinaria se utiliza generalmente en zonas rurales y que, si no está correctamente limpia, puede contener residuos de esta sustancia
Por decisión de la Justicia, la Policía Federal secuestró este jueves en Pergamino una máquina de fumigación agrícola para realizarle pericias sobre la limpieza de sus tanques y los productos que se utilizaron días atrás para desinfectar el centro de esta ciudad bonaerense como medida preventiva contra la pandemia de coronavirus.
Las autoridades buscan determinar si este aparato, conocido comúnmente como “mosquito”, no tiene restos de agrotóxicos en su interior, una sustancia que ya viene generando importantes problemas en esta región de la provincia de Buenos Aires.
De hecho, el año pasado se fijó “un límite restrictivo y de exclusión” de poco más de 1.000 metros desde la zona urbana para la fumigación por vía terrestre, ya que esta práctica estaría empeorando la calidad del agua y provocando graves enfermedades en la población.
El secuestro de la máquina agrícola se dio por orden del titular del Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien actuó en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, quién comunicó al magistrado que una de estas máquinas había recorrido la zona céntrica de Pergamino para aplicar desinfectantes para combatir virus y bacterias y así ayudar en la lucha contra el COVID-19.
En su dictamen, explicó que este tipo de aparatos se utiliza generalmente en los campos y que, si no está correctamente limpia, puede contener restos de agroquímicos, cuya utilización en la parte urbana de la ciudad está prohibida por la Ordenanza Municipal Nº 8126/14.
Por eso, Di Lello solicitó al juez que evaluara el secuestro del “mosquito” y la documentación con los actos administrativos que dieron lugar a la fumigación para constatar si las autoridades municipales tomaron los recaudos pertinentes para ese tipo de práctica.
Fue entonces cuando la Policía Federal se presentó en la municipalidad de Pergamino para cumplir con ese pedido tras recibir la autorización del magistrado y los efectivos se llevaron todos los materiales relacionados con el caso, además de algunos informes con los antecedentes respecto a las medidas que se tomaron con la máquina fumigadora, como condiciones de uso, limpieza de sus tanques y productos utilizados.
En septiembre del año pasado, el mismo Juzgado Federal dispuso que a partir de ese momento no se podía pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea.
Esta decisión se tomó en el marco de una causa por infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables, luego de que un estudio científico hecho en aquel momento sobre una familia de Pergamino determinara que todos sus integrantes tienen daño genético producto de las fumigaciones en este lugar.
En su fallo, el juez Villafuerte Ruzo aclaró en aquella oportunidad que la medida implicaba “el no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax”.
En los análisis realizados en abril del 2019 en el agua del barrio de Villa Alicia, en esta ciudad bonaerense, se encontraron 18 agroquímicos con alto contenido tóxico, algunos de los cuales se sospecha que pueden generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas, mientras que de otros se sabe que son cancerígenos, producen mutaciones en el ADN que inducen abortos espontáneos o están prohibidos en Europa.
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Más fumigaciones: precursores con baja de aranceles



En un guiño al agronegocio, bajan aranceles para importar insumos para fabricar glifosato

Fecha de Publicación
: 07/05/2020
Fuente: Rebelion
Provincia/Región: Nacional


Lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de precursores para la elaboración de herbicidas. Fuerte rechazo a la medida de las asambleas de pueblos fumigados.
Aun en días de pandemia y emergencia sanitaria, los intereses del agronegocio fueron, una vez más, favorecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la reducción de aranceles para la importación de insumos que se utilizan en la fabricación de potentes herbicidas como la atrazina y el glifosato. “Estos productos nos están matando, envenenando, y además aumentan los riesgos porque disminuyen considerablemente nuestras capacidades inmunológicas ante el coronavirus”, denuncian desde los pueblos fumigados.
A través de su publicación en el Boletín Oficial, se informó la puesta en vigencia de acuerdos de complementación económica entre los países del Mercosur que implican una rebaja del 2% sobre el valor FOB (el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) de los ingresos al país de monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas, y dimetilamina, con un límite de 6000 toneladas, por los próximos seis meses. El “descuento” había sido solicitado por la Argentina a principios de marzo durante una reunión de los cancilleres en Montevideo.
“Son compuestos que se usan como precursores, intermediarios para la fabricación de, por ejemplo, atrazina y glifosato, que son los herbicidas presentes en todo lo que nos imaginemos, no sólo en la soja transgénica, sino también en la producción hortícola, en las frutas, el tabaco y la yerba”, advierte Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“La atrazina –continúa– está prohibida incluso en su país de origen, que es Suiza. Es un producto desconocido en la Argentina, no está posicionado en la prensa, pero es peligroso porque está demostrado que se solubiliza en agua y se arrastra a las napas. También que, mezclado con otros componentes como ocurre durante las fumigaciones, afecta el sistema endócrino”.
Si bien es cierto que su nombre no es muy conocido, la atrazina es un herbicida usado hace muchos años Argentina, al principio asociado fundamentalmente a la fumigación de campos de trigo y maíz y, en el último tiempo, extendido a prácticamente todos los cultivos. Tanto que, junto al glifosato y el 2,4D, es de los más aplicados en el país.
“Nos resulta preocupante que en medio de la pandemia de Covid-19, que afecta la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país. Esta resulta, además, una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales que operan en el negocio de la agroindustria extractivista, con el fin de asegurar sus ingresos en el suministro de venenos para la próxima temporada de siembra de cultivos transgénicos”, se lee en el comunicado de repudio publicado por las “Asambleas de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y colectivos hermanos”.
Precisamente, la figura del canciller Solá generó una molestia extra entre los ambientalistas, quienes no olvidan su insistente gestión para autorizar el uso de la primera soja transgénica hace más de 25 años (ver aparte).
“La baja de aranceles –reflexiona Souza– va a generar un abaratamiento en la fabricación y por ende en el costo de los herbicidas. El gobierno busca un equilibrio: por un lado, subir las retenciones y, por otro, reducir los costos de producción. Esa fue siempre la política de Solá de mantener contentos a los productores”.

Contradicción
El 22 de abril, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, difundió un video que tomó muchos de los reclamos que se le vienen haciendo al actual modelo de producción. Sin embargo, el abaratamiento de los insumos para fabricar agrotóxicos o la inclusión de las fumigaciones dentro de las actividades esenciales exceptuadas de cumplir la cuarentena (junto a la minería y la explotación forestal) constituyen, para los ambientalistas, una “gigantesca contradicción”.
“Nos parece muy triste que se siga apostando al mismo modelo químico de producción de commodities que provocó un desequilibrio biológico, la destrucción del hábitat y una deforestación que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo”, se lamenta Gabriel Arisnabarreta, productor agroecológico e integrante de Ecos de Saladillo. En el mismo sentido se expresa Yanina Gambetti, del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina: “Lo más grave es que estas multinacionales beneficiadas son justamente las que están acabando desde hace décadas con la salud de los pueblos y de la tierra”.

Solá y los transgénicos
La conformación del marco regulatorio sobre semillas genéticamente modificadas comenzó en el país en el año 1991, con la creación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Cinco años más tarde, en 1996, el entonces secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó de manera exprés y en base a estudios de Monsanto que ni siquiera fueron traducidos al español, la primera soja RR (por Roundup Ready), tolerante al herbicida glifosato y producida, obviamente, por esa multinacional, hoy en manos de la alemana Bayer. Desde entonces, los gobiernos sucesivos no dejaron de incentivar el modelo transgénico. Durante la presidencia de Mauricio Macri, por ejemplo, el ritmo de aprobación de los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) se disparó, avalando 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad (el 41%) de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios. De ellos, 18 fueron aprobados sólo en los últimos dos años de gestión.
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Los agrotóxicos también son pandemia



La pandemia de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 21/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Más de cien organizaciones campesinas y socioambientales apoyan los cuidados de cuarentena, coinciden en la importancia de la salud por sobre los negocios --como sucede con el coronavirus--, pero reclaman que se actúe de forma similar ante los agrotóxicos.
“¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?”, es el título del comunicado de más de cien organizaciones sociales, ambientales y rurales que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población durante la cuarentena. Por contrapartida, organizaciones de la agricultura familiar-campesina se comprometieron a mantener la producción y los precios durante la pandemia. En Misiones, la organización Productores Independiente de Piray (PIP-UTT) donó 5000 kilos de alimentos en barrios populares.
“Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, comienza el texto firmado por la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), la Red Federal de Docentes por la Vida, las ONG Naturaleza de Derechos y Acción por la Biodiversidad, el colectivo de comunicación Huerquen, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas, entre otras.
Entre las actividades “esenciales” y exceptuadas durante la cuarentena figura “la producción agropecuaria”, donde no se diferenció entre quiénes producen alimentos sanos, sin venenos, de los que producen transgénicos para exportación.
Desde el agronegocio, donde sobresale la Mesa de Enlace y Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa) comenzaron una campaña publicitaria donde se muestran “preocupadas por la salud”: ofrecen máquinas fumigadoras para combatir el dengue, regalan silos-bolsa (plásticos gigantes donde acopian los granos) para fabricar ropa de protección de hospitales y clínicas, productores de Villa María (Córdoba) publicitaron la donación de maíz transgénico en comedores comunitarios. La empresa cordobesa Porta Hermanos, en juicio por contaminar y enfermar al barrio San Antonio, publicita una campaña de donación de “alcohol en gel solidario”. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), donde participan todas las grandes empresas de agrotóxicos y transgénicos, envió una gacetilla el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, con un llamado a lavarse las manos y cuidarse del coronavirus.
“Si realmente queremos privilegiar la salud de la población, hay que prohibir que nos sigan contaminando y enfermando con venenos, es urgente cambiar el modelo agropecuario”, afirmó Eugenia Boccio, una de las impulsoras del escrito. Forma parte del Colectivo Cultura Orgánica de San Jorge (Santa Fe), ciudad que acumula denuncias y luchas contras las fumigaciones. Llamó a tener una mirada amplía frente a la pandemia: “Está muy bien aplaudir a los médicos, pero sin los campesinos que producen alimentos no podemos vivir”.
La Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero denunció en lo que va de la cuarentena fumigaciones en los departamentos de Jiménez, Rivadavia, Ibarra, Belgrano, Río Hondo y Pellegrini. Se repitieron casos en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. “Es la trágica cotidianidad de los pueblos fumigados, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de litros de agrotóxicos”, denunciaron las organizaciones y exigieron la aplicación de la Ley 25.675, que establece el “principio precautorio”: cuando hay riesgo de afectar la salud y el ambiente, se deben tomar medidas de protección.
En Argentina existes numerosas pruebas de los efectos de los agrotóxicos. Desde las denuncias de los pueblos afectados (Madres de Ituzaingó de Córdoba, vecinos de Avia Terai en Chaco y de San Salvador en Entre Ríos, entre otros) hasta las pruebas científicas. En la “Antología toxicológica del glifosato”, Eduardo Rossi recopiló más de 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida más famoso.
 El escrito de las organizaciones cita el libro “Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina”, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Sistematizaron información de más de treinta relevamientos sanitarios en pueblos y ciudades (en el marco de la materia Práctica Final), y dan cuenta de las enfermedades que se repiten en los pueblos fumigados: abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas, problemas respiratorios y pulmonares.
“Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente; quienes firmamos esta carta les pedimos a nuestros gobernantes, una vez más, que defiendan nuestra salud”, resalta el final del escrito. Afirman que es tiempo de impulsar la agroecología, con alimentos sanos y a precios justos.
Como muestra de ese otro modelo, Productores Independientes de Piray (organización de El Dorado, Misiones, parte de la UTT) donó 5000 kilos de mandioca, poroto, maíz y frutas a familias humildes. En la misma sintonía, cuatro organizaciones de la agricultura familiar lanzaron la campaña “compromiso social de abastecimiento”, para que no falten alimentos durante la pandemia. Consiste en mantener el nivel de producción y a los mismos precios que estaban antes de la cuarentena. Se trata de la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Frente Nacional Campesino (FNC).
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Las fumigaciones sin freno por el Covid-19



Las fumigaciones no paran, ni su efecto inmunodepresor  

Fecha de Publicación
: 01/04/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Exceptuados por el DNU que permite la actividad en la cadena agropecuaria y de la alimentación, los productores siguen aplicando agrotóxicos, que en medio de la pandemia irritan las vías respiratorias y debilitan el sistema inmune de las poblaciones expuestas.
Aún en un contexto de pandemia mundial, donde todas las voluntades deberían estar puestas en proteger la salud de la población, no son pocos los productores que se aprovechan de los recursos ocupados en contener la propagación del Covid-19 para fumigar sin ningún tipo de control o escrúpulo. “Continuar con este sistema de producción que libera veneno, no sólo no disminuye la cadena de contagio, sino que, en realidad, habilita el desarrollo de patologías respiratorias graves”, advierten los especialistas.
El DNU 297/2020 establece en su artículo 6 que las cadenas agropecuarias y de la alimentación quedaran exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que rige en la Argentina, al momento del cierre de esta edición, hasta el 31 de marzo. La fría letra del decreto presidencial ampara, por desgracia, a aquellos que privilegian la economía de sus bolsillos sobre la salud de sus semejantes.
“La primera pregunta que hay que hacerse es si la producción de commodities agroindustriales para la exportación forma parte de la cadena agroalimentaria. Luego, por un lado, está el Covid-19 con una especial morbilidad (capacidad de enfermar) en aquellas personas con problemas en las vías respiratorias, y por el otro, los productos que se usan para fumigar, que sabemos que son irritativos para las vías respiratorias y gastrointestinales. Y esto no es una hipótesis, porque lo dicen los membretes de los mismos envases. La siguiente pregunta que debería hacerse el sistema en general, es decir, el poder político y el resto de la sociedad, es por qué exponer a la gente a químicos que generan irritación en las dos vías fundamentales del ataque del coronavirus”, dice a Tiempo Damián Verzeñassi, especialista en Medicina Legal e investigador en temas de salud socioambiental.
“Pese a la situación en la que está sumida la humanidad ante la pandemia del nuevo coronavirus, en función de la cual el gobierno nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, el avance de avionetas y máquinas terrestres con agroquímicos sobre las casas de lxs vecinxs continúa, poniendo en riesgo la salud de las comunidades”, denunció en un comunicado la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero, aludiendo a las fumigaciones constantes que se registraron en El Bagual, Casilla del Medio, El Charco Bobadal y otros parajes de la zona, limítrofe con Tucumán.
“La situación está peor que antes, porque la justicia también está en cuarentena. Cuando hacemos la denuncia, el fiscal nos dice que está solo porque la gente trabaja desde la casa, y con la policía, la mayoría está cuidando los accesos. Así que los sojeros se aprovechan y le meten con todo, no les importa, te tiran el veneno por la cabeza. Es un desastre”, se queja Sergio Raffaelli, párroco de Pozo Hondo y referente de la lucha de las comunidades.
El comunicado de la Mesa exige, “en un momento en que los organismos del Estado no dan abasto con los controles, y que los sistemas de seguridad están concentrados en la emergencia sanitaria”, el cese de fumigaciones y pulverizaciones conforme la aplicación del principio precautorio.
“En este contexto, continuar con un sistema de producción que libera veneno, no solo no disminuye la cadena de contagio, sino que, en realidad, habilita el desarrollo de patologías respiratorias graves. Esa gente fumigada tiene un riesgo mayor de padecer una infección grave por coronavirus respecto de las personas que no están expuestas”, destaca Verzeñassi.

Hipocresía
Selva, una modesta localidad de 2500 habitantes en el sur de Santiago del Estero, tuvo hace unos días la fama repentina que otorga la noticia sensacionalista: la supuesta infidelidad de uno de sus vecinos causó el aislamiento total del pueblo. Pero ni antes y tampoco después los medios nacionales cubrirán el drama cotidiano.
“En el pueblo de la novela, como le decimos a Selva, de los primeros nueve días de aislamiento, en cuatro los vecinos vieron salir al avión aplicador del hangar. En un contexto de pandemia y emergencia sanitaria esto es muy grave, porque los agroquímicos provocan debilitamiento del sistema inmunológico. Los vecinos nos mandan videos de los aviones pasando sobre las cabezas de los chicos. Es una situación constante”, se lamenta Virginia Toledo López, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y miembro del Grupo Ecología Política, dependiente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
López elaboró junto a un equipo del Instituto Gino Germani (UBA) un trabajo que analizó los riesgos e impactos socio–sanitarios de las fumigaciones con agrotóxicos en la zona, detectando que “las comunidades carecían de los medios, recursos e información para denunciar” los atropellos de los productores. “Encontramos muchos campesinos despojados de sus medios de vida por el avance de la frontera agropecuaria y que la creciente conflictividad social por las fumigaciones no es debidamente atendida”.
La misma tragedia se repite en cada área rural del país. En Entre Ríos, por ejemplo, el martes 24, con una temperatura que superaba los 30 grados, una avioneta descargó miles de litros de insecticida sobre la casa de Lidia Moreyra, en la zona del Sexto Distrito, departamento de Gualeguay. Lidia, que tiene 50 años, vive con su hijo de 24, su madre de 91 enferma de Parkinson, y su pareja de 70 con antecedentes de cáncer de colon.
“El olor me descompuso, me causó vómitos y mareos, se me fue la fuerza de las piernas, estuve en cama hasta el otro día”, cuenta la mujer, que desde 2017 denuncia las aplicaciones en campos linderos, sin ninguna respuesta.
“Es paradójico que, en épocas de pandemia, donde hemos parado un país para proteger a nuestra gente, no sólo sigamos con el modelo que nos enferma, sino que, ante la falta de controles, recrudezca la exposición”, dice María Fernández Benetti, abogada entrerriana e integrante de la Coordinadora Basta es Basta y agrega: “En época de coronavirus, el agronegocio demuestra hipocresía y desprecio por la vida”.
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Publican trabajos sobre glifosato en el agua



Dinámica e impactos del glifosato en el agua

Fecha de Publicación
: 31/03/2020
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


Recopilación de citas bibliográficas sobre trabajos e investigaciones científicas del agrotóxico de mayor uso en la agricultura industrial en la Argentina.
El presente trabajo es uno de los capítulos de la 5ª edición de la Antología Toxicológica del Glifosato +1000 próxima a publicarse.
Refiere a 81 citas de artículos científicos o papers: informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, etc. publicadas en revistas y resúmenes de congresos científicos nacionales e internacionales sobre los impactos y la dinámica del agrotóxico Glifosato en el agua, tanto como principio activo, formulado y su metabolito final Aminometlfosfonico (AMPA).
Se trata de trabajos científicos que han sido sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, a través de un sistema ciego (sin conocer la identidad de los autores) y aprobados para su publicación al considerarlos significativos en cuanto al aporte que se realiza al conocimiento humano de la cuestión estudiada, en este caso: glifosato.
Esta recopilación fue realizada después de una búsqueda exhaustiva en portales de información científica como Pubmed, Scielo, Comunicaciones Conicet y Scholar de google. Está ordenada por enfermedades vinculantes, sistemas orgánicos afectados, mecanismos fisio-patológicos más frecuentes y tipo de muestras a analizar, actualizada hasta mediados del año 2019.
Para poder acceder a por lo menos a sus resúmenes de consulta, debajo de cada cita va su link de acceso en internet.
Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace
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Pergamino: confirma competencia en causa por agroquímicos



Confirman la competencia federal en la investigación por el uso de agroquímicos en Pergamino

Fecha de Publicación
: 25/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Santa Fe


La Cámara Federal de Rosario rechazó el planteo del intendente de esa localidad y advirtió que la afectación al acuífero Puelche habría alcanzado una extensión interjurisdiccional todavía no delimitada. Durante el proceso ya se había prohibido fumigar con ciertos productos por el impacto en la salud de las personas.
La Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez, y confirmó la competencia federal de la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en esa localidad y zonas urbanas, luego de que se conocieran estudios que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas” afectadas. En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
La resolución -adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará- fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El jefe comunal, como pretenso querellante, sostenía que no se encuentra acreditada que “la supuesta contaminación” en “una zona urbana y rural del partido de Pergamino haya afectado otras jurisdicciones”. Lo sostuvo ante el juez federal de instrucción nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo, y luego ante la Cámara Federal rosarina.

“Una realidad mucho más compleja”
El fallo reseñó los argumentos de Di Lello. El fiscal había puesto de resalto que “el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación”, puesto que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”, no obstante persistan medidas en tal sentido.
La fiscalía destacó que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino” están “siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”
“Por otro lado se encuentra aún discutido en autos la calidad del agua que beben en sus domicilios, en el cual en todos los casos se ha detectado la presencia de moléculas correspondientes a compuestos químicos vinculados a los productos pesticidas (tales como glifosato, AMPA, imazaquin, hidroxi-atrazina, etc.)”, señaló el representante del MPF en su intervención previa a la de la Cámara.
Asimismo, Florencia Morales, en su carácter de querellante, refirió que los acuíferos afectados son los Puelche y Pampeano, recurso hídrico subterráneo interjurisdiccional. En cuanto al Puelche, el camarista Barbará valoró su descripción como “la principal reserva de agua potable de la Argentina. Da de beber a buena parte de nuestro mayor conglomerado urbano, provee a sus industrias y riega la zona que genera casi todo el producto bruto agrícola del país”.

Competencia federal
Al resolver, Barbará señaló: “los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada”.
Esas, entendió el juez, son razones que “constituyen motivo suficiente para rechazar los agravios del recurrente y confirmar la resolución del 27 de agosto de 2019” de Villafuerte Ruzo, que había rechazado la remisión de la causa a la justicia provincial. También se incorporó el memorial del fiscal general Palacín, quien propició la confirmación de la decisión del juez de instrucción.

Medidas adoptadas y sugeridas
A fines de agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
El fallo dispuso el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUDUP ULTRAMAX; en zonas urbanas y periurbanas”.
Luego, en diciembre del año pasado, la Fiscalía sugirió una serie de nuevas medidas, entre las que se destacaban la producción de un informe con carácter urgente por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279 -sobre Productos Fitosanitarios-, “respecto de la situación real” de la región “en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley”.
Hay tres productores rurales procesados por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos”
El escrito presentado en esa ocasión reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich -profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet-. “En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico”, propuso Di Lello.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino”.
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