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Glifosato en el agua de lluvia
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Encuentran glifosato en agua de lluvia en la provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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La Pampa: constatan incumplimiento de "Campo Limpio"
El Gobierno inspeccionó las obras y constató que Campo Limpio no finalizó las tareas
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Fallo histórico en Santa Fe contra las fumigaciones
Fallo histórico: prohíben fumigar a menos de 800 metros de Sastre
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
Hasta 2019, la localidad santafesina tenía el límite a 100 metros para fumigar cerca de las viviendas urbanas, donde además de los hogares hay clubes. El promedio de enfermedades cancerígenas es un tercio más alto que el nacional: “Todos tenemos un familiar muerto de cáncer", dice una vecina
Los vecinos de Sastre –una localidad de seis mil habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe– lograron un triunfo en la pelea judicial en contra de los pesticidas y en defensa de su salud. Durante años, la Municipalidad permitió la fumigación con agroquímicos a sólo cien metros del ejido urbano, en la práctica esto implica que quienes tienen sus hogares cerca del área de cultivos, soja principalmente, reciben de lleno los químicos que utilizan los productores agrícolas. La normativa tiene efectos fácilmente mensurables: la tasa de enfermedades oncológicas es un tercio más alta que el promedio nacional, así surge de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fue presentado a la Municipalidad luego de un campamento sanitario que se llevó adelante en marzo de 2017.
El 5 de febrero de este año, apenas terminada la feria judicial, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una cautelar en la que limita el uso terrestre de agroquímicos a una distancia de 800 metros de los límites urbanos para la localidad de Sastre. Ruth Oitana de los vecinos autoconvocados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente atendió a Tiempo Argentino y expresó que se trata de “una noticia maravillosa” porque incluye a toda la ciudad, en ese sentido, es un caso similar a lo que pasó en Pergamino, ya que no se limita a un barrio, pero la medida aún no está firme y puede ser recurrida.
El juez en su fallo explica que la propia Municipalidad demandada “reconoce la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en su modificación amplía drásticamente el perímetro de fumigación aérea y duplica el de fumigación terrestre, a esa circunstancia se suman los documentos acompañados por los actores, particularmente planos y fotografías que fueron ‘explicados’ in situ en la audiencia del 29-10-19 con indicación de los asistentes del lugar de ubicación de clubes, escuelas y viviendas de los reclamantes próximas al perímetro urbano”. La modificación a la que remite el fallo es la ampliación del área fumigable por vía aérea a 3.000 metros y la terrestre de 100 a 200.
El fallo toma en cuenta los informes de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS del 20 de marzo de 2015 presentados por la querella y referenciados por la fiscalía, dichos informes “califican al herbicida glifosato como ‘potecialmente carcinogénico'”, también menciona investigaciones del Laboratorio de embriología molecular de CONICET (UBA) y otro elaborado por la UNL en el marco de la causa “Peralta”, además de antecedentes nacionales y de la Unión Europea.
El juez Hail valora los derechos en juego, salud vs. negocio: “por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas”, por lo tanto dice el magistrado “debo definirme en favor de los amparistas por cuanto el derecho a la salud se torna en un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable”.
El caso y una sociedad dividida
La historia judicial de esta causa no viene de muy lejos aunque ha afectado la vida cotidiana de los vecinos de Sastre, porque “acá todos nos conocemos”, como dice una vecina de la localidad. En enero de 2018 se presenta una denuncia “porque fumigaban muy cerca de un club donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, luego, en marzo, una vecina presenta otra denuncia ya que fumigaban muy cerca de su casa”.
A partir de allí los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante local y comenzaron una serie de reuniones para que dictaran una ordenanza que ampliara la zona de exclusión de fumigación. Ruth Oitana, de los vecinos autoconvocados, explica que presentaron evidencia científica para sustentar su reclamo y que los ediles no pensaran que se trataba sólo de un “capricho”. Hasta octubre de ese año –cuentan desde la asociación– no lograron muchos avances, pero durante ese mes los padres de la niña Zoe Giraudo, paciente oncológica que se recuperaba de un linfoma no hodgkin –enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato (y que está referenciada en la reciente cautelar)–, debía volver a su casa que si bien está dentro de la ciudad, dista apenas 400 metros de la zona de fumigación. En ese momento el Consejo Deliberante intentó sacar una ordenanza que ampliaba la zona de exclusión a 500 metros, pero la norma nunca fue promulgada por presión de los productores.
Las consecuencias sociales en una localidad pequeña es fuerte y causa grandes divisiones: “El tema se puso muy tenso y los padres de Zoe recurrieron a la Defensoría de la provincia y junto con los vecinos presentaron en 29 de noviembre de 2018 un amparo contra la Municipalidad. Al mes el juez dictó una medida cautelar que disponía 400 metros de exclusión”, cuenta la cronología previa a esta cautelar Oitana.
En esta instancia los productores agrícolas hacen aparición y se presentan como terceros damnificados, y logran tumbar esa cautelar. La causa volvió a foja cero y, en septiembre de 2019, una ordenanza dictamina los límites en 200 m y 3000 m para las fumigaciones terrestres y aérea respectivamente. Luego, la causa no se movió hasta octubre de 2019 en que hubo una mediación a la que la municipalidad no se presentó, pero el juez escuchó a las partes, incluidos los productores y los representantes legales de la provincia. De allí sale la cautelar.
El lobby de los productores agropecuarios es fuerte en la zona ya que “representan el poder real, el poder económico”, incluso cuentan vecinos: “le dicen a nuestros empleadores que nos echen del trabajo, boicotean nuestros negocios. Hemos perdido amigos, se han roto familias, porque los productores no quieren ver alternativas para dejar de envenenarnos y envenenarse”, y advierten: “Acá, en la zona, todos tenemos un familiar muerto de cáncer”.
La realidad de esta lucha por la salud pública versus el interés económico es palpable para los vecinos, según explican: “Los que tienen el poder económico logran cosas que nos parecen imposibles, como hacer caer una medida cautelar en una feria judicial. Los intereses son muy grandes, ellos tienen los mejores estudios de abogados y nosotros tuvimos que recurrir a la Defensoría porque no podemos pagar un abogado. Pero por ahí nos toca un juez como Hail que se toma su tiempo pero estudia seriamente el tema”.
La Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente emitió un comunicado en el que convocan a la población a “denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”. Un hecho a remarcar es como los productores niegan el efecto nocivo de los pesticidas, que ya están prohibidos en Europa y cuyas empresas enfrentan demandas varias veces millonarias.
Los vecinos, que poseen una página en la red social Facebook con el nombre de su organización, califican la medida como “histórica” y celebran que, “aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
Hasta 2019, la localidad santafesina tenía el límite a 100 metros para fumigar cerca de las viviendas urbanas, donde además de los hogares hay clubes. El promedio de enfermedades cancerígenas es un tercio más alto que el nacional: “Todos tenemos un familiar muerto de cáncer", dice una vecina
Los vecinos de Sastre –una localidad de seis mil habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe– lograron un triunfo en la pelea judicial en contra de los pesticidas y en defensa de su salud. Durante años, la Municipalidad permitió la fumigación con agroquímicos a sólo cien metros del ejido urbano, en la práctica esto implica que quienes tienen sus hogares cerca del área de cultivos, soja principalmente, reciben de lleno los químicos que utilizan los productores agrícolas. La normativa tiene efectos fácilmente mensurables: la tasa de enfermedades oncológicas es un tercio más alta que el promedio nacional, así surge de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fue presentado a la Municipalidad luego de un campamento sanitario que se llevó adelante en marzo de 2017.
El 5 de febrero de este año, apenas terminada la feria judicial, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una cautelar en la que limita el uso terrestre de agroquímicos a una distancia de 800 metros de los límites urbanos para la localidad de Sastre. Ruth Oitana de los vecinos autoconvocados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente atendió a Tiempo Argentino y expresó que se trata de “una noticia maravillosa” porque incluye a toda la ciudad, en ese sentido, es un caso similar a lo que pasó en Pergamino, ya que no se limita a un barrio, pero la medida aún no está firme y puede ser recurrida.
El juez en su fallo explica que la propia Municipalidad demandada “reconoce la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en su modificación amplía drásticamente el perímetro de fumigación aérea y duplica el de fumigación terrestre, a esa circunstancia se suman los documentos acompañados por los actores, particularmente planos y fotografías que fueron ‘explicados’ in situ en la audiencia del 29-10-19 con indicación de los asistentes del lugar de ubicación de clubes, escuelas y viviendas de los reclamantes próximas al perímetro urbano”. La modificación a la que remite el fallo es la ampliación del área fumigable por vía aérea a 3.000 metros y la terrestre de 100 a 200.
El fallo toma en cuenta los informes de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS del 20 de marzo de 2015 presentados por la querella y referenciados por la fiscalía, dichos informes “califican al herbicida glifosato como ‘potecialmente carcinogénico'”, también menciona investigaciones del Laboratorio de embriología molecular de CONICET (UBA) y otro elaborado por la UNL en el marco de la causa “Peralta”, además de antecedentes nacionales y de la Unión Europea.
El juez Hail valora los derechos en juego, salud vs. negocio: “por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas”, por lo tanto dice el magistrado “debo definirme en favor de los amparistas por cuanto el derecho a la salud se torna en un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable”.
El caso y una sociedad dividida
La historia judicial de esta causa no viene de muy lejos aunque ha afectado la vida cotidiana de los vecinos de Sastre, porque “acá todos nos conocemos”, como dice una vecina de la localidad. En enero de 2018 se presenta una denuncia “porque fumigaban muy cerca de un club donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, luego, en marzo, una vecina presenta otra denuncia ya que fumigaban muy cerca de su casa”.
A partir de allí los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante local y comenzaron una serie de reuniones para que dictaran una ordenanza que ampliara la zona de exclusión de fumigación. Ruth Oitana, de los vecinos autoconvocados, explica que presentaron evidencia científica para sustentar su reclamo y que los ediles no pensaran que se trataba sólo de un “capricho”. Hasta octubre de ese año –cuentan desde la asociación– no lograron muchos avances, pero durante ese mes los padres de la niña Zoe Giraudo, paciente oncológica que se recuperaba de un linfoma no hodgkin –enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato (y que está referenciada en la reciente cautelar)–, debía volver a su casa que si bien está dentro de la ciudad, dista apenas 400 metros de la zona de fumigación. En ese momento el Consejo Deliberante intentó sacar una ordenanza que ampliaba la zona de exclusión a 500 metros, pero la norma nunca fue promulgada por presión de los productores.
Las consecuencias sociales en una localidad pequeña es fuerte y causa grandes divisiones: “El tema se puso muy tenso y los padres de Zoe recurrieron a la Defensoría de la provincia y junto con los vecinos presentaron en 29 de noviembre de 2018 un amparo contra la Municipalidad. Al mes el juez dictó una medida cautelar que disponía 400 metros de exclusión”, cuenta la cronología previa a esta cautelar Oitana.
En esta instancia los productores agrícolas hacen aparición y se presentan como terceros damnificados, y logran tumbar esa cautelar. La causa volvió a foja cero y, en septiembre de 2019, una ordenanza dictamina los límites en 200 m y 3000 m para las fumigaciones terrestres y aérea respectivamente. Luego, la causa no se movió hasta octubre de 2019 en que hubo una mediación a la que la municipalidad no se presentó, pero el juez escuchó a las partes, incluidos los productores y los representantes legales de la provincia. De allí sale la cautelar.
El lobby de los productores agropecuarios es fuerte en la zona ya que “representan el poder real, el poder económico”, incluso cuentan vecinos: “le dicen a nuestros empleadores que nos echen del trabajo, boicotean nuestros negocios. Hemos perdido amigos, se han roto familias, porque los productores no quieren ver alternativas para dejar de envenenarnos y envenenarse”, y advierten: “Acá, en la zona, todos tenemos un familiar muerto de cáncer”.
La realidad de esta lucha por la salud pública versus el interés económico es palpable para los vecinos, según explican: “Los que tienen el poder económico logran cosas que nos parecen imposibles, como hacer caer una medida cautelar en una feria judicial. Los intereses son muy grandes, ellos tienen los mejores estudios de abogados y nosotros tuvimos que recurrir a la Defensoría porque no podemos pagar un abogado. Pero por ahí nos toca un juez como Hail que se toma su tiempo pero estudia seriamente el tema”.
La Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente emitió un comunicado en el que convocan a la población a “denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”. Un hecho a remarcar es como los productores niegan el efecto nocivo de los pesticidas, que ya están prohibidos en Europa y cuyas empresas enfrentan demandas varias veces millonarias.
Los vecinos, que poseen una página en la red social Facebook con el nombre de su organización, califican la medida como “histórica” y celebran que, “aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”.
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Gobierno pampeano propuso nueva ley de agroquímicos
La ley prohibirá fumigar a menos de 500 metros de los pueblos
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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¿Porque se prohibió los agroquímicos en La Pampa?
Prohibieron la venta de agroquímicos en La Pampa y Cabandié apoyó la medida
Fecha de Publicación: 01/02/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente respaldó la decisión del gobierno y aseguró que "al macrismo nunca le interesó cumplir la Ley 27.279". Los nuevos plazos para Campo Limpio.
Finalmente, este martes el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, que debía estar en funcionamiento antes del 28 de enero.
La prohibición continuará “hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley 27.279“, explicaron las autoridades en relación a la construcción de los Centros de Acopios Transitorio (CAT) de los envases y al sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa.
La medida se implementó a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, dado que su titular, Fabián Titarelli, rechazó el pedido de prórroga que formuló la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos.
En ese sentido, el gobierno provincial intimó a Campo Limpio a poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, y señaló que deberá presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos.
De todos modos, desde la fundación aseguran que ya está todo listo para poner en marcha el sistema en la provincia, y remarcan que solamente falta la habilitación de Ambiente.
Apoyo de Cabandié
En ese marco, y luego de que las empresas distribuidoras de agroinsumos expresaran su preocupación, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su apoyo a la decisión.
“Respaldamos la respuesta del gobierno de La Pampa en función de hacer cumplir la ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades del Estado nacional, debilitadas por el macrismo, al que nunca le interesó hacer cumplir esta ley, que fue aprobada en 2016”, expresó.
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Fecha de Publicación: 01/02/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente respaldó la decisión del gobierno y aseguró que "al macrismo nunca le interesó cumplir la Ley 27.279". Los nuevos plazos para Campo Limpio.
Finalmente, este martes el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, que debía estar en funcionamiento antes del 28 de enero.
La prohibición continuará “hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley 27.279“, explicaron las autoridades en relación a la construcción de los Centros de Acopios Transitorio (CAT) de los envases y al sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa.
La medida se implementó a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, dado que su titular, Fabián Titarelli, rechazó el pedido de prórroga que formuló la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos.
En ese sentido, el gobierno provincial intimó a Campo Limpio a poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, y señaló que deberá presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos.
De todos modos, desde la fundación aseguran que ya está todo listo para poner en marcha el sistema en la provincia, y remarcan que solamente falta la habilitación de Ambiente.
Apoyo de Cabandié
En ese marco, y luego de que las empresas distribuidoras de agroinsumos expresaran su preocupación, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su apoyo a la decisión.
“Respaldamos la respuesta del gobierno de La Pampa en función de hacer cumplir la ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades del Estado nacional, debilitadas por el macrismo, al que nunca le interesó hacer cumplir esta ley, que fue aprobada en 2016”, expresó.
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Aprietes del agronegocio salteño en Las Lajitas
Las Lajitas: empresario del agronegocio denunciado por amenazas
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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La Pampa prohibiría temporalmente la venta de pesticidas
La Pampa a días de suspender la comercialización de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
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Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
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Kicillof seguiría con la normativa que limita fumigaciones
Agrotóxicos bonaerenses: Kicillof extenderá la suspensión a la norma de Vidal que habilita fumigaciones irrestrictas
Fecha de Publicación: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
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Fecha de Publicación: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
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Conflicto por fumigaciones entre Tucumán y Santiago
Aviones tucumanos fumigan con agrotóxicos localidades del noroeste santiagueño
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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Localidad de Córdoba de acampe contra fumigaciones
Córdoba: 80 días de acampe contra fumigaciones con agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: notasperiodismopopular.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
Habitantes de Sebastián Elcano, una pequeña localidad de 3 mil personas, se mantienen en pie de lucha y reclaman la efectiva aplicación de una ley provincial que prohíbe la utilización de productos con glifosato.
En la ciudad cordobesa de Sebastián Elcano los vecinos y las vecinas mantienen un acampe desde hace más de 80 días en reclamo contra el uso de agroquímicos para fumigaciones rurales. Denuncian que no se cumple con la ley ni se realizan controles regulatorios.
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Sebastián Elcano explicaron que el municipio no garantiza el cumplimiento de la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164 frente a situaciones de fumigaciones ilegales. Por el contrario, son les habitantes quienes alertan frente a cada pulverización con sustancias tóxicas.
Sin ir más lejos, cuentan que presentaron iniciativas al intendente radical, Manolo Bonaldi, que fueron cajoneadas, o peor, modificadas con puntos que retrotraían lo pedido originalmente por la asamblea.
En concreto, el municipio ofertó restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, cuando el reclamo asambleario es por 1.500 metros de distancia para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y de la asamblea, explicó en diálogo con La Ronda que ya presentaron denuncias por contaminación ambiental, luego de que varias personas comenzaran a registrar serios problemas en su salud.
Además, consideró que Sebastián Elcano no era el único pueblo que está siendo invadido por fumigaciones con agrotóxicos sino también localidades cercanas.
“Queremos concientizar a las otras regiones de que nos están envenenando para que los vecinos hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y se vea que se puede sembrar y trabajar sin agrotóxicos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: notasperiodismopopular.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
Habitantes de Sebastián Elcano, una pequeña localidad de 3 mil personas, se mantienen en pie de lucha y reclaman la efectiva aplicación de una ley provincial que prohíbe la utilización de productos con glifosato.
En la ciudad cordobesa de Sebastián Elcano los vecinos y las vecinas mantienen un acampe desde hace más de 80 días en reclamo contra el uso de agroquímicos para fumigaciones rurales. Denuncian que no se cumple con la ley ni se realizan controles regulatorios.
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Sebastián Elcano explicaron que el municipio no garantiza el cumplimiento de la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164 frente a situaciones de fumigaciones ilegales. Por el contrario, son les habitantes quienes alertan frente a cada pulverización con sustancias tóxicas.
Sin ir más lejos, cuentan que presentaron iniciativas al intendente radical, Manolo Bonaldi, que fueron cajoneadas, o peor, modificadas con puntos que retrotraían lo pedido originalmente por la asamblea.
En concreto, el municipio ofertó restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, cuando el reclamo asambleario es por 1.500 metros de distancia para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y de la asamblea, explicó en diálogo con La Ronda que ya presentaron denuncias por contaminación ambiental, luego de que varias personas comenzaran a registrar serios problemas en su salud.
Además, consideró que Sebastián Elcano no era el único pueblo que está siendo invadido por fumigaciones con agrotóxicos sino también localidades cercanas.
“Queremos concientizar a las otras regiones de que nos están envenenando para que los vecinos hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y se vea que se puede sembrar y trabajar sin agrotóxicos”, concluyó.
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Kicillof también piensa en los agrotóxicos para su agenda
Agroquímicos, en la agenda 2020 de Kicillof
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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La Pampa lista para debatir una nueva Ley de Agroquímicos
Ya está el texto para la nueva Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».
Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».
Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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Fecha de Publicación: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».
Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».
Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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Otra limitación legal de fumigaciones en Buenos Aires
Agroquímicos: un juez prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros
Fecha de Publicación: 23/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Una denuncia penal presentada en la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental derivó en una resolución judicial con impacto en todas las zonas urbanizadas del frente costero marchiquitense.
Integrantes de diversas organizaciones ambientales y residentes del partido de Mar Chiquita recibieron el aval del juez en lo Civil y Comercial, Héctor Fabián Casas, quien resolvió a favor de la petición realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental Nº 11 para detener el uso y la aplicación de agroquímicos en diversas urbanizaciones de la zona costera del distrito.
Preocupados por la ausencia de resguardo sanitario y ambiental por parte de los funcionarios públicos del municipio, desde el Poder Judicial decretaron una medida protectora inmediata y decidieron impedir que los privados continúen con las acciones contaminantes y degradantes en todo el corredor poblacional que se extiende desde Santa Clara del Mar hasta la laguna de Mar Chiquita.
Casas resolvió la cuestión tan sola una semana después de realizada la presentación, lo que para los afectados muestra lo "contundente de la realidad adversa que vivimos".
La organización comunitaria en torno a esta grave problemática se inició hace un año, cuando varios vecinos decidieron comenzar a realizar diversas acciones para cambiar la situación impuesta por los explotadores agrícola-industriales en los campos lindantes a diversos barrios y localidades, entre ellos: Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar, Atlántida, Santa Clara del Mar, Camet Norte, La Caleta, Mar de Cobo, La Baliza, Parque Lago y el balneario Mar Chiquita.
El juez ordenó a los demandados abstenerse de aplicar, manipular, trasladar y disponer de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuo peligroso a una distancia menor a mil quinientos metros (1.500 mts) de zonas pobladas, escuelas rurales, núcleos de viviendas habitadas, cursos de agua tales como arroyos, lagunas y el Mar Argentino, postas sanitarias, centros asistenciales, villas recreativas y deportivas.
Las miradas están puestas sobre las firmas "Los Grobo Agropecuaria S.A.", "Echevarria Santiago y Echevarria Juan Sociedad de Hecho", "Garcia Carlos Alberto y Garcia Hector Roberto Sociedad de Hecho", "29 de junio S.A.", "Espartina S.A..", "Surco Sociedad Anónima Inmobiliaria Financiera Comercial e Industria", "Ganadera San Ramon S.A.", "Toledo Adalberto Obdulio", " Lavigne Jose Maria", "Ganadera San Ramón" y "Voyaguer S.A.".
Casas también dispuso a las empresas demandadas a abstenerse de circular con los equipos de aplicación terrestre (denominados "mosquitos" o cisternas contenedoras de químicos por medios de arrastre) por centros poblados y aclaró que, en caso de tener que hacerlo por extrema necesidad, deben concretarlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
La determinación judicial deberá ser comunicada además al Instituto Provincial de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Ambiente de la Nación y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y, en su carácter de Autoridades de Aplicación de las leyes vinculadas, a la Municipalidad de Mar Chiquita y a la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
Además, se le requirió a la Municipalidad de Mar Chiquita informar en el término de cinco días hábiles sobre la existencia de reglamentación local que regule la aplicación, manipulación, traslado y disposición de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuos peligrosos. De no existir, el poder Ejecutivo y los concejales deberán avanzar en la conformación de una ordenanza.
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Pergamino: justicia pide informes sobre la contaminación
La Fiscalía pidió un informe urgente sobre la contaminación en Pergamino
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Un ensalada con agroquímicos
Detectan agroquímicos en numerosas ensaladas preparadas de góndolas marplatenses
Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la ONG Bios explicaron que los niveles detectados son los permitidos por el Senasa pero advirtieron que afectan al sistema nervioso.
Un análisis efectuado en numerosas ensaladas preparadas que se comercializan en verdulerías y supermercados de Mar del Plata, comprobó que tienen niveles de agrotóxicos que si bien están dentro de los permitidos por las autoridades fitosanitarias del país, pueden afectar el sistema nervioso.
El trabajo fue realizado por la ONG Bios Argentina, que tomaron las muestras en verdulerías pequeñas, grandes y hasta en una cadena de supermercados local.
En un informe suministrado a 0223, explicaron que fueron analizados distintas variedades de vegetales presentes en una ensalada. "Cada ensalada fue analizada uniendo los ingredientes en una masa única. Esto hace que algún agrotóxico haya podido quedar diluido en la mezcla, y su detección se presente disminuida por debajo del límite de detección del equipo analítico, que es 0,005mg/kg, pero no significa en modo alguno que no haya otras varias presencias en este cóctel”, indicaron desde la ONG.
Algunos de los elementos encontrados fueron bifentrin, metalaxil, imidacloprid, imidacloprid, difenoconazole, tebuconazole, lambdacialotrina, azoxystrobin, tiamethozam y clorpirifos etil, funguicidas e insecticidas, algunos que están prohibidos en países como Brasil, Holanda, Oman, Noruega, Palestina, Arabia Saudita, Sri Lanka, Vietnam y algunos próximamente a ser prohibidos en la Unión Europea.
“El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel que se considera oficialmente como aceptable de residuos de fertilizantes o medicamentos que puede contener un alimento. Los LMR ignoran más de 20 años de investigaciones, e ignoran si el comensal es un bebé que come sus primeros purés, si el comensal es un trasplantado con sus defensas bajas, si el comensal es un anciano, si el comensal es un atleta si la comensal es una embarazada. Además, ignoran cuánto ha comido hoy la persona, porque los vegetales no vienen con una etiqueta que diga qué es lo que tienen y en qué cantidades lo tienen. E ignoran la sinergia que se puede producir con las combinaciones de estas sustancias”, cuestionaron.
En ese punto, desde Bios remarcaron que “estos son los valores que estamos criticando, los límites máximos que están amparados por la ley son los que te permiten comer todos estas cosas. Te van decir, ´lo siento, es el Senasa que está actuando bajo las resoluciones vigentes´. Nosotros queremos cambiar las resoluciones vigentes porque esos límites son un número mágico y puestos de manera arbitraria”.
“Bajo los límites máximos permitidos hay un montón de sustancias. ´Coma tranquilo, acá tienen 100 gotitas de veneno pero una gotita no le va a hacer nada´. Nadie te puede decir que te va a hacer porque la mezcla es infinita. Pero una molécula ya es tóxica y afecta al sistema hormonal”, cuestionaron.
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Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la ONG Bios explicaron que los niveles detectados son los permitidos por el Senasa pero advirtieron que afectan al sistema nervioso.
Un análisis efectuado en numerosas ensaladas preparadas que se comercializan en verdulerías y supermercados de Mar del Plata, comprobó que tienen niveles de agrotóxicos que si bien están dentro de los permitidos por las autoridades fitosanitarias del país, pueden afectar el sistema nervioso.
El trabajo fue realizado por la ONG Bios Argentina, que tomaron las muestras en verdulerías pequeñas, grandes y hasta en una cadena de supermercados local.
En un informe suministrado a 0223, explicaron que fueron analizados distintas variedades de vegetales presentes en una ensalada. "Cada ensalada fue analizada uniendo los ingredientes en una masa única. Esto hace que algún agrotóxico haya podido quedar diluido en la mezcla, y su detección se presente disminuida por debajo del límite de detección del equipo analítico, que es 0,005mg/kg, pero no significa en modo alguno que no haya otras varias presencias en este cóctel”, indicaron desde la ONG.
Algunos de los elementos encontrados fueron bifentrin, metalaxil, imidacloprid, imidacloprid, difenoconazole, tebuconazole, lambdacialotrina, azoxystrobin, tiamethozam y clorpirifos etil, funguicidas e insecticidas, algunos que están prohibidos en países como Brasil, Holanda, Oman, Noruega, Palestina, Arabia Saudita, Sri Lanka, Vietnam y algunos próximamente a ser prohibidos en la Unión Europea.
“El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel que se considera oficialmente como aceptable de residuos de fertilizantes o medicamentos que puede contener un alimento. Los LMR ignoran más de 20 años de investigaciones, e ignoran si el comensal es un bebé que come sus primeros purés, si el comensal es un trasplantado con sus defensas bajas, si el comensal es un anciano, si el comensal es un atleta si la comensal es una embarazada. Además, ignoran cuánto ha comido hoy la persona, porque los vegetales no vienen con una etiqueta que diga qué es lo que tienen y en qué cantidades lo tienen. E ignoran la sinergia que se puede producir con las combinaciones de estas sustancias”, cuestionaron.
En ese punto, desde Bios remarcaron que “estos son los valores que estamos criticando, los límites máximos que están amparados por la ley son los que te permiten comer todos estas cosas. Te van decir, ´lo siento, es el Senasa que está actuando bajo las resoluciones vigentes´. Nosotros queremos cambiar las resoluciones vigentes porque esos límites son un número mágico y puestos de manera arbitraria”.
“Bajo los límites máximos permitidos hay un montón de sustancias. ´Coma tranquilo, acá tienen 100 gotitas de veneno pero una gotita no le va a hacer nada´. Nadie te puede decir que te va a hacer porque la mezcla es infinita. Pero una molécula ya es tóxica y afecta al sistema hormonal”, cuestionaron.
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Cien rondas en Entre Ríos por los agroquímicos
Basta es Basta cumple cien martes de ronda por un Entre Ríos libre de venenos
Fecha de Publicación: 16/12/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Entre Ríos
Hemos logrado como parte de las acciones de la Coordinadora Basta es Basta sostener cien martes consecutivos de rondas por la defensa de la vida y de nuestros territorios. Regalo de la historia el que coincida con el día internacional de los Derechos Humanos.
No existe hoy en la agenda mundial, ningún tema más urgente que la crisis ambiental.
En este contexto, es prioritario que la agroindustria transforme sus modos de producción, ya que es la responsable de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el Basta es Basta, durante dos años de participación y coherencia obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo.
Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición productiva para los productores ahogados por un modelo agotado apeló en contra de los derechos humanos y ambientales en vez de responder con empleo, desarrollo y alimentos seguros como lo demanda nuestra sociedad y el mundo entero ante una crisis climática y alimentaria que ya nadie puede ocultar. En vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio.
Más de 300 de personas acompañaron la Ronda de los Martes N°100 en Paraná. En círculo leímos los 16 puntos que presentamos dos años atrás y que siguen vigentes porque desde las organizaciones sabemos qué futuro y qué vida merecemos. Señor gobernador, le hemos pedido 100 veces que nos reciba. En este nuevo mandato que le confió el pueblo de Entre Ríos, reiteramos el pedido de que escuche a los pueblos fumigados y nuestras peticiones que son las mismas que hace dos años.
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Fecha de Publicación: 16/12/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Entre Ríos
Hemos logrado como parte de las acciones de la Coordinadora Basta es Basta sostener cien martes consecutivos de rondas por la defensa de la vida y de nuestros territorios. Regalo de la historia el que coincida con el día internacional de los Derechos Humanos.
No existe hoy en la agenda mundial, ningún tema más urgente que la crisis ambiental.
En este contexto, es prioritario que la agroindustria transforme sus modos de producción, ya que es la responsable de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el Basta es Basta, durante dos años de participación y coherencia obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo.
Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición productiva para los productores ahogados por un modelo agotado apeló en contra de los derechos humanos y ambientales en vez de responder con empleo, desarrollo y alimentos seguros como lo demanda nuestra sociedad y el mundo entero ante una crisis climática y alimentaria que ya nadie puede ocultar. En vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio.
Más de 300 de personas acompañaron la Ronda de los Martes N°100 en Paraná. En círculo leímos los 16 puntos que presentamos dos años atrás y que siguen vigentes porque desde las organizaciones sabemos qué futuro y qué vida merecemos. Señor gobernador, le hemos pedido 100 veces que nos reciba. En este nuevo mandato que le confió el pueblo de Entre Ríos, reiteramos el pedido de que escuche a los pueblos fumigados y nuestras peticiones que son las mismas que hace dos años.
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El glifosato en La Pampa es un peligro doble
El glifosato que llega al agua en La Pampa es un veneno doble
Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Un informe científico realizado por investigadores argentinos alertó una crítica situación ambiental que se vive en los campos de las provincias agroganaderas, entre ellas La Pampa: se confirmó que el glifosato cuando entra en contacto con el arsénico tienen un efecto sinérgico, potencian su toxicidad, y producen consecuencias muy graves. «Estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública», alertó el paper publicado en la revista científica Eliyon.
Pese a lo alarmante de algunos estudios científicos, muchas prácticas dañinas tanto para el medio ambiente como para la salud de los hombres y las mujeres siguen aún vigentes en muchos establecimientos rurales. Es más, algunas carecen casi de total regulación y control. Un caso emblemático es el uso de los llamados «agroquímicos», entre ellos el herbicida estrella del modelo de agronegocio: el glisofato.
Una reciente investigación -la cual fue publicada en una revista científica y reproducida por Página 12- advirtió sobre una situación que está muy presente en los campos de La Pampa: los efectos nocivos del glisofato se potencian cuando entran en contacto con el arsénico, un químico que está presente en gran parte de nuestro territorio. «Los resultados presentados aquí deberían ser motivo de preocupación para los sistemas (responsables) de la salud humana y de la vida silvestre», indicó el estudio, encendiendo las luces de alarma.
¿Cuáles son las consecuencias? Según el estudio, la combinación de ambos elementos produce la disrupción hormonal (aumento en la concentración de hormonas tiroideas), la mayor proliferación celular (aumentan su tasa normal de división celular) y genotoxicidad (daño en el material genético). «Estos tres marcadores son fuertes indicadores de mayor riesgo ecotóxicológico de procesos de daño en el ADN y/o de los mecanismos de regulación del mismo (llamado daño epigenético), que resultan en una proliferación celular incontrolada», explicó Rafael Lajmanovich, científico a cargo de la investigación. Es una obviedad en el mundo científico, probado desde hace décadas: a mayor daño genético, mayor probabilidad de contraer enfermedades como el cáncer y malformaciones.
Efecto en anfibios.
El estudio se enfocó en analizar el impacto de los agroecosistemas y los efectos de los agroquímicos sobre la fauna silvestre, en este caso los anfibios. La experimentación en este animal en una de las mejores maneras de prever lo que pasará en humanos ya que son excelentes modelos experimentales para estudiar el efecto agudo y crónico de sustancias tóxicas sobre el desarrollo de los vertebrados inferiores hasta los mamíferos.
El trabajo experimental consistió en dos etapas. La primera del tipo «aguda a concentraciones letales» de ambos tóxicos, en la que se demostró que existía «sinergia». Lajmanovich lo explica de forma didáctica: si la toxicidad del glifosato es 100 y la del arsénico es 100. Juntos tienen una toxicidad de 300 o más. La segunda etapa fue una medición de efecto crónico, de un mes, expuesto a dosis sub-letales (en cantidades que se pueden encontrar en escenarios naturales). El resultado fue el daño genético y alteración hormonal.
La investigación, única en su tipo, cobra mayor relevancia por la gran cantidad de herbicidas utilizados en Argentina y las amplias zonas con exceso de arsénico: desde Santiago del Estero, Chaco, Salta y Entre Ríos, hasta regiones de la Pampa Húmeda del agronegocio (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe).
La investigación fue publicada en la revista científica Eliyon, de la prestigiosa editorial internacional Elsevier, de Reino Unido. El título de la investigación es «Primera evaluación de nuevos efectos sinérgicos potenciales del glifosato y mezcla de arsénico». Lleva la firma de otros siete investigadores. Paola Peltzer, Andrés Attademo, Candela Martinuzzi, María Fernanda Simioniello, Carlina Colussi, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Mirna Sigrist.
Problema de salud.
El científico Rafael Lajmanovich insistió en que, luego de 30 años de agronegocio transgénico, no hay dudas del efecto devastador de los agrotóxicos. En particular del glifosato. Y tiene una hipótesis de por qué sectores de gobiernos aún minimizan las consecuencias: «Lo niegan porque es un problema económico-político muy difícil de resolver. No se trata de un problema científico, donde ya se confirmó sus efectos tóxicos».
Recuerda que hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS -mediante su espacio oficial de estudio del cáncer-) clasificó como «probable cancerígeno» al glifosato. El académico apunta sobre todo al rol del Estado, que desde sus entidades regulatorias avalan el uso de estos tóxicos: «Los residuos de glifosato empiezan a encontrase a niveles alarmantes en el agua y sedimento de ríos y arroyos, en el aire, en la lluvia, hasta en las aguas subterráneas y en los abrevaderos donde toman agua las vacas de los tambos y en la orina de las personas adultas y niños. Entonces ya no caben dudas, estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública».
No es el único peligro
A principios de noviembre, el docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Carlos Schulz, también lanzó una dura advertencia sobre el modelo agroganadero y el uso de agroquímicos en La Pampa: «Tenemos zonas que son muy propensas a que el agroquímico llegue al agua subterránea, que es el acuífero».
Este dato lo dio a conocer en el programa La Parte y el Todo, que se emite en la televisión cooperativa, donde explicó una consecuencia ambiental del uso del glisofato. Según sostuvo Schulz, cuando este agroquímico entra en contacto con el agua -antes de pasar su periodo de semivida, que son 47 días- potencia también sus efectos nocivos y tóxicos.
«Antes de ese tiempo pasa a tener metabolitos, una cadena orgánica distinta a la que tenía y, posiblemente, mucho más tóxica que el glifosato, que se llama AMPA (ácido aminometilfosfónico)», indicó el profesor, quien es el titular de la cátedra de Hidrología Ambiental, en la carrera de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNLPam.
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Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Un informe científico realizado por investigadores argentinos alertó una crítica situación ambiental que se vive en los campos de las provincias agroganaderas, entre ellas La Pampa: se confirmó que el glifosato cuando entra en contacto con el arsénico tienen un efecto sinérgico, potencian su toxicidad, y producen consecuencias muy graves. «Estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública», alertó el paper publicado en la revista científica Eliyon.
Pese a lo alarmante de algunos estudios científicos, muchas prácticas dañinas tanto para el medio ambiente como para la salud de los hombres y las mujeres siguen aún vigentes en muchos establecimientos rurales. Es más, algunas carecen casi de total regulación y control. Un caso emblemático es el uso de los llamados «agroquímicos», entre ellos el herbicida estrella del modelo de agronegocio: el glisofato.
Una reciente investigación -la cual fue publicada en una revista científica y reproducida por Página 12- advirtió sobre una situación que está muy presente en los campos de La Pampa: los efectos nocivos del glisofato se potencian cuando entran en contacto con el arsénico, un químico que está presente en gran parte de nuestro territorio. «Los resultados presentados aquí deberían ser motivo de preocupación para los sistemas (responsables) de la salud humana y de la vida silvestre», indicó el estudio, encendiendo las luces de alarma.
¿Cuáles son las consecuencias? Según el estudio, la combinación de ambos elementos produce la disrupción hormonal (aumento en la concentración de hormonas tiroideas), la mayor proliferación celular (aumentan su tasa normal de división celular) y genotoxicidad (daño en el material genético). «Estos tres marcadores son fuertes indicadores de mayor riesgo ecotóxicológico de procesos de daño en el ADN y/o de los mecanismos de regulación del mismo (llamado daño epigenético), que resultan en una proliferación celular incontrolada», explicó Rafael Lajmanovich, científico a cargo de la investigación. Es una obviedad en el mundo científico, probado desde hace décadas: a mayor daño genético, mayor probabilidad de contraer enfermedades como el cáncer y malformaciones.
Efecto en anfibios.
El estudio se enfocó en analizar el impacto de los agroecosistemas y los efectos de los agroquímicos sobre la fauna silvestre, en este caso los anfibios. La experimentación en este animal en una de las mejores maneras de prever lo que pasará en humanos ya que son excelentes modelos experimentales para estudiar el efecto agudo y crónico de sustancias tóxicas sobre el desarrollo de los vertebrados inferiores hasta los mamíferos.
El trabajo experimental consistió en dos etapas. La primera del tipo «aguda a concentraciones letales» de ambos tóxicos, en la que se demostró que existía «sinergia». Lajmanovich lo explica de forma didáctica: si la toxicidad del glifosato es 100 y la del arsénico es 100. Juntos tienen una toxicidad de 300 o más. La segunda etapa fue una medición de efecto crónico, de un mes, expuesto a dosis sub-letales (en cantidades que se pueden encontrar en escenarios naturales). El resultado fue el daño genético y alteración hormonal.
La investigación, única en su tipo, cobra mayor relevancia por la gran cantidad de herbicidas utilizados en Argentina y las amplias zonas con exceso de arsénico: desde Santiago del Estero, Chaco, Salta y Entre Ríos, hasta regiones de la Pampa Húmeda del agronegocio (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe).
La investigación fue publicada en la revista científica Eliyon, de la prestigiosa editorial internacional Elsevier, de Reino Unido. El título de la investigación es «Primera evaluación de nuevos efectos sinérgicos potenciales del glifosato y mezcla de arsénico». Lleva la firma de otros siete investigadores. Paola Peltzer, Andrés Attademo, Candela Martinuzzi, María Fernanda Simioniello, Carlina Colussi, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Mirna Sigrist.
Problema de salud.
El científico Rafael Lajmanovich insistió en que, luego de 30 años de agronegocio transgénico, no hay dudas del efecto devastador de los agrotóxicos. En particular del glifosato. Y tiene una hipótesis de por qué sectores de gobiernos aún minimizan las consecuencias: «Lo niegan porque es un problema económico-político muy difícil de resolver. No se trata de un problema científico, donde ya se confirmó sus efectos tóxicos».
Recuerda que hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS -mediante su espacio oficial de estudio del cáncer-) clasificó como «probable cancerígeno» al glifosato. El académico apunta sobre todo al rol del Estado, que desde sus entidades regulatorias avalan el uso de estos tóxicos: «Los residuos de glifosato empiezan a encontrase a niveles alarmantes en el agua y sedimento de ríos y arroyos, en el aire, en la lluvia, hasta en las aguas subterráneas y en los abrevaderos donde toman agua las vacas de los tambos y en la orina de las personas adultas y niños. Entonces ya no caben dudas, estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública».
No es el único peligro
A principios de noviembre, el docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Carlos Schulz, también lanzó una dura advertencia sobre el modelo agroganadero y el uso de agroquímicos en La Pampa: «Tenemos zonas que son muy propensas a que el agroquímico llegue al agua subterránea, que es el acuífero».
Este dato lo dio a conocer en el programa La Parte y el Todo, que se emite en la televisión cooperativa, donde explicó una consecuencia ambiental del uso del glisofato. Según sostuvo Schulz, cuando este agroquímico entra en contacto con el agua -antes de pasar su periodo de semivida, que son 47 días- potencia también sus efectos nocivos y tóxicos.
«Antes de ese tiempo pasa a tener metabolitos, una cadena orgánica distinta a la que tenía y, posiblemente, mucho más tóxica que el glifosato, que se llama AMPA (ácido aminometilfosfónico)», indicó el profesor, quien es el titular de la cátedra de Hidrología Ambiental, en la carrera de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNLPam.
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Un pueblo de Córdoba en guardia contra los agrotóxicos
El pueblo que hace guardia contra los agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Córdoba
Es en Sebastián Elcano. Desde hace dos meses, montaron una carpa para exigir una ley que aleje las fumigaciones del pueblo.
Más de 65 días de acampe. Un movimiento comunitario para garantizar la salud colectiva. Guardias comunales sostenidas principalmente por mujeres para frenar o echar a las máquinas pulverizadoras del casco urbano y campos aledaños. Un colectivo organizado y varias propuestas para hacer del espacio habitado un espacio habitable: una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento socio-sanitario, y una férrea promoción de la agroecología. Esa es la pintura de este tiempo en Sebastián Elcano, localidad del norte cordobés. “Vamos a sostener esta lucha hasta que cambie esta situación, y la comunidad está muy convencida de lo que quiere”, apunta Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), espacio que apuntala esta digna lucha.
Organizarse para curar el territorio
Sebastián Elcano está a más de 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba, en cercanías del Cerro Colorado. Área que fue históricamente campesina y que pasó en las últimas décadas a ser parte del llamado ‘corrimiento de la frontera agrícola’ o ‘pampeanización’. En los hechos, la zona sucumbió al ingreso a gran escala de monocultivos de exportación --soja y maíz transgénicos--, uso masivo de plaguicidas, desmontes y desalojos campesinos. La resistencia de la abuela Ramona Bustamante es un emblema de esta área, un caso que llegó a ser conocido en otras partes del mundo.
La cartografía del poblado, donde desde hace más de dos décadas gobierna el radical Pedro Bonaldi, se vio alterada en los últimos dos meses a partir de la instalación de una carpa en el espacio público. Un nuevo eje de energía política de desplegó para disputar sentidos, prácticas que parecían intocables, y en definitiva, para cambiar la forma de concebir el territorio. Reuniones multitudinarias y acciones directas son los frutos de un reclamo que se fraguó a fuerza de dolores y hastío a lo largo de años. “Paren de fumigar el pueblo”, se escucha en las calles, las casas, y en la escuela.
“En un plenario de la organización, las madres pusieron como tema principal de preocupación las constantes fumigaciones, y la situación de salud de la población vinculada a estas prácticas. Entonces nos planteamos ponernos firmes, porque ya el año pasado presentamos una propuesta de ordenanza pero no pasó nada”, apunta la miembro de la FOB. En concreto, el colectivo reclama que se aleje todo tipo de aplicación de agroquímicos a 1500 metros del límite del casco urbano cuando se haga con maquinaria terrestre, y a 3000 metros cuando se trate de aplicaciones aéreas. La actual legislación provincial permite por ejemplo liberar glifosato con máquinas terrestres en el propio borde urbano. Desde el acampe solicitan también que se erradiquen de la zona poblada los depósitos de acopio de los químicos, y los galpones donde se guardan las máquinas aplicadoras.
Patricio, un vecino que adhiere a la causa, plantea que “realmente es muy difícil avanzar en acuerdos con sectores que durante más de veinte años hicieron este tipo de producción, nunca nadie les dijo nada, y todo fue avalado por el poder político, entonces hay como mucha prepotencia”. En ese contexto, siente que “es admirable lo que comenzaron las mujeres porque se parte desde ese escenario, donde la comunidad tenía como normal que a toda hora en cualquier parte del pueblo hay que estar respirando venenos”. “Lo que vino a hacer esta lucha es romper toda esta normalidad”, enfatiza este docente.
Cuidado comunal como acción política
Sin quedarse estáticas frente a la falta de respuestas de las autoridades, las mujeres organizadas, junto a sus compañeros, decidieron no sólo montar la carpa sino darse una forma de control comunal de las aplicaciones. Una y otra vez salen a la búsqueda de las máquinas fumigadoras que ingresas por el centro del pueblo o de aquellas que están aplicando venenos a la vera de las casas, a veces incluso de noche y a escondidas. “Estamos alertas en varios barrios, paramos los ‘mosquitos’ (máquinas fumigadoras terrestres), y en algunos casos bloqueamos la salida de los campos porque se querían escapar, sabiendo que no estaban haciendo las cosas bien”, describe sobre el accionar comunitario, Mónica Ponce. Ante estas situaciones, las vecinas y los vecinos organizados retienen la maquinaria, llaman a la policía y solicitan que se labren actas que constaten que las aplicaciones de agroquímicos se realizan fuera de toda normativa. Así, asegura Mónica “ya se lograron más de veinte intervenciones”. “Un problema que tenemos es que la policía labra el acta, pero no puede secuestrar los mosquitos porque no tienen dónde dejarlo que no sea en el propio centro”. En algunos casos, la propia comunidad escolta a las máquinas en caravana, a bocinazos, hasta que las echa del pueblo.
Este modo de actuar del colectivo local no puede entenderse sin dar cuenta de “la crítica situación sanitaria que tiene la zona, donde hay muchos niños con enfermedades respiratorias, y muertes por cáncer en cantidad que llaman la atención”, explica esta mujer. Como complemento, Patricio señala que “la situación sanitaria es bastante desastrosa por la absoluta falta de control sobre el tema, porque se fumiga con viento, con cualquier temperatura, en cualquier lugar”. Luego de un reciente encuentro con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, organización referente en la lucha contra las fumigaciones y emblema del armado de relevamiento sanitario populares, desde el acampe se proponen iniciar un mapeo de la situación de la salud colectiva del pueblo. “Las madres de Ituzaingó nos enseñaron de su historia, y ya que desde el Estado no se nos acompaña vamos a relevar nosotras las causas de muerte y las distintas enfermedades que hubo en los últimos años, según cada barrio”, agrega esta mujer, decidida a transformar el territorio que habita en un espacio más digno para la vida. Desde el acampe, Mónica dice con total claridad: “vamos a levantar la carpa cuando se cumplan los pedidos, cuando esto verdaderamente cambie, no tenemos una fecha para irnos porque todas las compañeras estamos muy convencidas de la lucha que estamos dando, que es por la salud de la comunidad y por un pueblo sin venenos”.
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Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Córdoba
Es en Sebastián Elcano. Desde hace dos meses, montaron una carpa para exigir una ley que aleje las fumigaciones del pueblo.
Más de 65 días de acampe. Un movimiento comunitario para garantizar la salud colectiva. Guardias comunales sostenidas principalmente por mujeres para frenar o echar a las máquinas pulverizadoras del casco urbano y campos aledaños. Un colectivo organizado y varias propuestas para hacer del espacio habitado un espacio habitable: una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento socio-sanitario, y una férrea promoción de la agroecología. Esa es la pintura de este tiempo en Sebastián Elcano, localidad del norte cordobés. “Vamos a sostener esta lucha hasta que cambie esta situación, y la comunidad está muy convencida de lo que quiere”, apunta Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), espacio que apuntala esta digna lucha.
Organizarse para curar el territorio
Sebastián Elcano está a más de 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba, en cercanías del Cerro Colorado. Área que fue históricamente campesina y que pasó en las últimas décadas a ser parte del llamado ‘corrimiento de la frontera agrícola’ o ‘pampeanización’. En los hechos, la zona sucumbió al ingreso a gran escala de monocultivos de exportación --soja y maíz transgénicos--, uso masivo de plaguicidas, desmontes y desalojos campesinos. La resistencia de la abuela Ramona Bustamante es un emblema de esta área, un caso que llegó a ser conocido en otras partes del mundo.
La cartografía del poblado, donde desde hace más de dos décadas gobierna el radical Pedro Bonaldi, se vio alterada en los últimos dos meses a partir de la instalación de una carpa en el espacio público. Un nuevo eje de energía política de desplegó para disputar sentidos, prácticas que parecían intocables, y en definitiva, para cambiar la forma de concebir el territorio. Reuniones multitudinarias y acciones directas son los frutos de un reclamo que se fraguó a fuerza de dolores y hastío a lo largo de años. “Paren de fumigar el pueblo”, se escucha en las calles, las casas, y en la escuela.
“En un plenario de la organización, las madres pusieron como tema principal de preocupación las constantes fumigaciones, y la situación de salud de la población vinculada a estas prácticas. Entonces nos planteamos ponernos firmes, porque ya el año pasado presentamos una propuesta de ordenanza pero no pasó nada”, apunta la miembro de la FOB. En concreto, el colectivo reclama que se aleje todo tipo de aplicación de agroquímicos a 1500 metros del límite del casco urbano cuando se haga con maquinaria terrestre, y a 3000 metros cuando se trate de aplicaciones aéreas. La actual legislación provincial permite por ejemplo liberar glifosato con máquinas terrestres en el propio borde urbano. Desde el acampe solicitan también que se erradiquen de la zona poblada los depósitos de acopio de los químicos, y los galpones donde se guardan las máquinas aplicadoras.
Patricio, un vecino que adhiere a la causa, plantea que “realmente es muy difícil avanzar en acuerdos con sectores que durante más de veinte años hicieron este tipo de producción, nunca nadie les dijo nada, y todo fue avalado por el poder político, entonces hay como mucha prepotencia”. En ese contexto, siente que “es admirable lo que comenzaron las mujeres porque se parte desde ese escenario, donde la comunidad tenía como normal que a toda hora en cualquier parte del pueblo hay que estar respirando venenos”. “Lo que vino a hacer esta lucha es romper toda esta normalidad”, enfatiza este docente.
Cuidado comunal como acción política
Sin quedarse estáticas frente a la falta de respuestas de las autoridades, las mujeres organizadas, junto a sus compañeros, decidieron no sólo montar la carpa sino darse una forma de control comunal de las aplicaciones. Una y otra vez salen a la búsqueda de las máquinas fumigadoras que ingresas por el centro del pueblo o de aquellas que están aplicando venenos a la vera de las casas, a veces incluso de noche y a escondidas. “Estamos alertas en varios barrios, paramos los ‘mosquitos’ (máquinas fumigadoras terrestres), y en algunos casos bloqueamos la salida de los campos porque se querían escapar, sabiendo que no estaban haciendo las cosas bien”, describe sobre el accionar comunitario, Mónica Ponce. Ante estas situaciones, las vecinas y los vecinos organizados retienen la maquinaria, llaman a la policía y solicitan que se labren actas que constaten que las aplicaciones de agroquímicos se realizan fuera de toda normativa. Así, asegura Mónica “ya se lograron más de veinte intervenciones”. “Un problema que tenemos es que la policía labra el acta, pero no puede secuestrar los mosquitos porque no tienen dónde dejarlo que no sea en el propio centro”. En algunos casos, la propia comunidad escolta a las máquinas en caravana, a bocinazos, hasta que las echa del pueblo.
Este modo de actuar del colectivo local no puede entenderse sin dar cuenta de “la crítica situación sanitaria que tiene la zona, donde hay muchos niños con enfermedades respiratorias, y muertes por cáncer en cantidad que llaman la atención”, explica esta mujer. Como complemento, Patricio señala que “la situación sanitaria es bastante desastrosa por la absoluta falta de control sobre el tema, porque se fumiga con viento, con cualquier temperatura, en cualquier lugar”. Luego de un reciente encuentro con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, organización referente en la lucha contra las fumigaciones y emblema del armado de relevamiento sanitario populares, desde el acampe se proponen iniciar un mapeo de la situación de la salud colectiva del pueblo. “Las madres de Ituzaingó nos enseñaron de su historia, y ya que desde el Estado no se nos acompaña vamos a relevar nosotras las causas de muerte y las distintas enfermedades que hubo en los últimos años, según cada barrio”, agrega esta mujer, decidida a transformar el territorio que habita en un espacio más digno para la vida. Desde el acampe, Mónica dice con total claridad: “vamos a levantar la carpa cuando se cumplan los pedidos, cuando esto verdaderamente cambie, no tenemos una fecha para irnos porque todas las compañeras estamos muy convencidas de la lucha que estamos dando, que es por la salud de la comunidad y por un pueblo sin venenos”.
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