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Ana Zabaloy: murió un símbolo de la lucha contra agrotóxicos
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Eco Sitio |
Murió la directora de una de las escuelas fumigadas con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Otra iniciativa que busca prohibir el Glifosato
El Senado busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Arcioni no vetó la ley. El glifosato prohibido en Chubut
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Santa Fe quiere controla fumigaciones pero en base a BPA
Santa Fe procura regularizar las aplicaciones de agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Agroquímicos en Pergamino, fiscal pidió mayor intervención
Contaminación en Pergamino: un fiscal federal pidió mayor intervención y compromiso de organismos del Estado
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Matías Di Lello firmó un dictamen en el que pide al juez de la causa convocar a autoridades nacionales y provinciales. En Pergamino se encontraron más de 18 tóxicos en el agua de tres barrios
Cáncer, leucemia, asma, problemas de tiroides, irritaciones en la piel. Niños y adultos sufren en los barrios de Pergamino dolencias y enfermedades que la Justicia Federal investiga en relación con el uso de fertilizantes y plaguicidas en los campos linderos.
En el marco de esa causa, que apunta específicamente a cuatro propietarios de campos de la zona a partir de la denuncia de una vecina con graves problemas de salud en su familia, pero que puede interpretarse como un drama amenazante en gran parte del país, un fiscal federal pidió en un dictamen incorporado al expediente mayor compromiso e intervención de diversos organismos del Estado para saber qué pasa en esta ciudad bonaerense de fuerte impronta agrícola.
Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, firmó y elevó el dictamen al juez que investiga el caso, Carlos Villafuerte Ruzo. "Subyacen en las cuestiones que se plantean en la causa circunstancias vinculadas estrictamente a verdaderas políticas de Estado –en todas sus esferas: municipal, provincial y nacional- que conciernen a la salud, la economía, cuidado del medioambiente (…) para las cuales existen organismos públicos que deben dar respuesta precisa y/o adoptar las medidas que al respecto les incumbe", escribió el fiscal, en el documento, fechado el 23 de mayo pasado.
Di Lello reclamó así la intervención del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que en la ley de su creación -advierte el fiscal- se establece que debe "formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes".
"Todo lo expuesto conlleva a la necesidad de que este organismo, en el marco de sus funciones, produzca, como consecuencia del análisis que deberá hacer, un informe que permita a esta jurisdicción tener las herramientas que la ley prevé como obligatorias y válidas para la consideración de las cuestiones ambientales", reclamó Di Lello, quien además le pidió al juez Villafuerte Ruzo que convoque a una reunión con ambos a las autoridades del Cofema.
Por su condición de "organismo por excelencia en estas cuestiones", el fiscal federal de San Nicolás dictaminó que también se llame a la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, a cargo del rabino Sergio Bergman.
Di Lello quiere saber si, al estar en conocimiento de los problemas en Pergamino, esta dependencia del Gobierno nacional "adoptó –en función de la gravedad de la cuestión- alguna medida para estudiar el asunto y en tal caso, conclusiones a las que se arribó".
También el dictamen incluye la incorporación en el expediente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación ya que, explica el fiscal federal, "uno de los aspectos relevantes de estas actuaciones es lo concerniente a la salud de los denunciantes, quienes alegaron un claro perjuicio a la misma como consecuencia de la utilización de pesticidas, y que por otra parte, a la fecha no existen certezas sobre la calidad del agua que se consume en Pergamino".
Además, Di Lello sostiene en su dictamen la importancia de la intervención del Senasa, a cargo de la reglamentación y uso de los agroquímicos; de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, por sugerencia de uno de los peritos de la causa, ya que este área coordina el Plan Nacional del Agua.
El fiscal federal de San Nicolás amplió en el dictamen la convocatoria a organismos del Estado provincial. Más allá de que ya intervinieron la Autoridad del Agua y el Ministerio de Salud bonaerenses, Di Lello solicitó la inclusión en la investigación de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales.
El punto de la calidad del agua es fundamental en esta investigación. Los análisis incorporados al expediente son contradictorios. Un estudio del INTA-Balcarce estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y estableció que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema nacional.
Sin embargo, la Autoridad del Agua (ASA) de la Provincia opinó en sentido contrario. De esta forma, Di Lello consideró que "resulta necesario que se le otorgue inmediata intervención para que se aboque a la cuestión, a los fines de que participe de la discusión, produzca un informe de las actividades que ha desarrollado en la zona de Pergamino en los últimos años y/o en la actualidad; cuales son las estrategias de protección que se han establecido".
También el fiscal federal de San Nicolás pidió citar a una reunión a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ya que en "el caso se advierten cuestiones de salud pública que conllevan aspectos mucho más complejos" y quiere saber qué medidas adoptó esta cartera al respecto.
"En especial interesa saber si se han adoptado directivas para los centros asistenciales del sistema de salud –ya sea público y/o privado- en orden a que se observen determinadas pautas en el diagnóstico y/o atención que se realiza a los pacientes de la ciudad de Pergamino para dilucidar médicamente si existe algún patrón y/o causas comunes en el origen de determinadas enfermedades que padecen, considerando que los denunciantes en estas actuaciones lo atribuyen a la utilización que se está efectuando de plaguicidas".
Es que los vecinos de Pergamino denunciaron tanto en la Justicia como en las notas que publicó Infobae al respecto que en los centros de salud público de Pergamino minimizan los problemas que llevan a las consultas. Sin embargo, una pediatra del Hospital San José de Pergamino admitió a este medio un mes atrás que los casos de cáncer y leucemia en chicos superan ampliamente la media.
"Algunos denunciantes han tenido que recurrir a centros de salud muy alejados de sus hogares para lograr diagnósticos y estudios médicos apropiados", remarcó Di Lello en su dictamen.
Para el fiscal, a partir de la denuncia y de la investigación que abrió Villafuerte Ruzo "se advierten cuestiones sumamente preocupantes que están generando intranquilidad" en Pergamino.
A principios de abril, el juez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean los tres barrios mencionados de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable, algo que el intendente Javier Martínez activó, aunque, según denunciaron los vecinos, lo hizo parcialmente.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido. Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas contra cuatro propietarios y que desencadenó la intervención de la Justicia.
Entre los componente tóxicos encontrados en el agua del barrio donde creció Ortiz encontraron atrazina, un herbicida que en humanos afecta la salud reproductiva; el 2.4D, calificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas. El glifosato -y su metabolito AMPA-, que es altamente cancerígeno, tal como tuvo que reconocerlo la empresa Bayer Monsanto en Estados Unidos tras un fallo de la Justicia de ese país, y produce mutaciones en el ADN que induce abortos espontáneos y malformaciones en los recién nacidos; el imidaclopir, un insecticida altamente tóxico prohibido en gran parte de Europa; y la tetrametrina, también vedada en aquel continente, que afecta las hormonas sexuales.
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San Juan podría prohibir el glifosato en San Juan
Evaluarán prohibir el glifosato en San Juan
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Chubut: gobernador anunció veto a prohibición del glifosato
Arcioni anunció el veto de la prohibición del glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Más fallos contra las fumigaciones cerca de los colegios
Sin fumigaciones cerca de los colegios
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Entre Ríos
El STJ de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, contra la sentencia que declaró la nulidad parcial del decreto que flexibilizó las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia, mediante la cual se declaró la nulidad parcial el decreto 4407/18, que regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios. Todo ello en los autos "Foro Ecologista de Paraná c/Superior Gobierno - Acción de Amparo".
De este modo, la Sala del STJ rechazó el recurso de apelación articulado por el gobierno de la provincia y confirmó la sentencia mediante la cual se decretó la nulidad parcial del decreto provincial 4407/18 que estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas a quinientos metros.
Cabe recordar que, en abril último, el camarista Andrés Marfil resolvió que el decreto era inconstitucional por violación de la “cosa juzgada” al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado primero por el integrante de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, y ratificado por el STJ. Dicha decisión prohibió la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
La causa se inició por un amparo ambiental del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Estado provincial, a fin de que se declare la nulidad y se revoque el decreto 4407/2018, por el cual el Poder Ejecutivo estableció distancias para efectuar fumigaciones con agrotóxicos en torno a las escuelas rurales.
Los amparistas esgrimieron que el texto "viola lo establecido por la sentencia que dispuso prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos". Dicho fallo también exhortó la realización de estudios que permitan “delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
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Fumigaciones: repudiables declaraciones del agro entrerriano
Entre Ríos: insólita defensa de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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Argentina también se sumó al repudio contra Monsanto/Bayer
Buenos Aires participó de la Marcha Mundial contra Monsanto/Bayer
Fecha de Publicación: 21/05/2019
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: Nacional
El sábado 18 de mayo se juntaron en la Plaza San Martín para realizar la séptima Marcha Mundial contra Monsanto/Bayer. Estas convocatorias contra la multinacional se impulsan desde el año 2013 cuando Tami Monroe, una activista norteamericana, fundó el movimiento para detener los Organismos Modificamos Genéticamente (OGM), los pesticidas y para apoyar un sistema de producción de alimentos sostenible.
La primera movilización se replicó en 330 ciudades de todo el mundo. Hay que destacar también que las redes sociales cumplieron un rol clave para el desarrollo de la campaña.
«Esta Marcha es algo mucho más grande que una manifestación contra una empresa, y nuestros reclamos abarcan una realidad tan amplia que no cabe en un solo nombre. Más allá de la consigna internacional que invita a manifestarse contra Monsanto/Bayer, éstas son sólo unas de las tantas multinacionales, que por su historial, sirven para hacer referencia a un modelo de muerte asegurada», dice el manifiesto de los convocantes que van desde trabajadores de la agricultura familiar hasta nutricionistas, ecologistas y docentes.
Hace 23 años llega a la Argentina el primer evento transgénico, la soja RR, una semilla modificada y producida por Monsanto. Desde ese entonces los cultivos de transgénicos y el uso de agrotóxicos ha crecido de manera desmedida. Al rededor del 80% del área cultivable del país se utiliza para monocultivos transgénicos que son rociados por 450 millones de litros de agrotóxicos que afecta a 17 millones de personas cada año.
Hace poco, el gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional.
Myriam Gorban, Licenciada en Nutrición y Coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires se refirió a la convocatoria contra la multinacional y a la alimentación basada en el consumo de agrotóxicos en una entrevista en Radio La Tribu: “Nosotros también nos tenemos que preparar. Tenemos muchas muertes, muchos daños, muchos problemas que merecen ser atendidos por lo menos para que no comprometan el futuro de nuestras vidas y de principalmente nuestra salud…” .
En el año 2015, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA), de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA realizó un estudio a partir del análisis de las frutas y verduras que consumían los y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires.
El resultado detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenían al menos uno de los compuestos químicos. Además, entre los agrotóxicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en el país desde el 2013.
Los convocantes reclaman la renuncia del Secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere que forma parte del riñón de la Sociedad Rural Argentina. De Lino Barañao Secretario de Ciencia y Tecnología, y de Sergio Bergman Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También se pronuncian «en contra de la modificación de la Ley de Semillas, contra la ley de agrotóxicos y contra los tratados de libre comercio» y contra la Energía Nuclear, Megaminería, el Fracking, las Megarrepresas, los rellenos de humedales y todas las actividades de carácter extractivista que se realizan en nuestro territorio».
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Bonaerenses en alerta por agroquímicos en el agua
Preocupación en municipios de Buenos Aires por la presencia de agroquímicos en el agua
Fecha de Publicación: 13/05/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En los últimos días proliferaron los pedidos de informes en los diferentes Concejos Deliberantes, en los que se piden, fundamentalmente, análisis para evaluar la situación de los pozos de agua y determinar si están afectando la salud de la población.
En Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir (randazzismo), en el que se solicita realizar análisis físico-químicos para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
En el municipio de Rojas, comandado por el radical Claudio Rossi, se cnfirmó que se mandará a analizar el agua del distrito, ante la probabilidad de que el agua contenga agroquímicos, perjudiciales para la salud.
En Bragado, la edil radical Laura Pico pidió al municipio informes acerca de la calidad del agua que se utiliza en el partido, a través del estudio de los pozos de extracción de Absa.
Iniciativas similares se vienen registrando también en otros municipios, como Junín, 9 de Julio o General Viamonte, entre otros.
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Fecha de Publicación: 13/05/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En los últimos días proliferaron los pedidos de informes en los diferentes Concejos Deliberantes, en los que se piden, fundamentalmente, análisis para evaluar la situación de los pozos de agua y determinar si están afectando la salud de la población.
En Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir (randazzismo), en el que se solicita realizar análisis físico-químicos para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
En el municipio de Rojas, comandado por el radical Claudio Rossi, se cnfirmó que se mandará a analizar el agua del distrito, ante la probabilidad de que el agua contenga agroquímicos, perjudiciales para la salud.
En Bragado, la edil radical Laura Pico pidió al municipio informes acerca de la calidad del agua que se utiliza en el partido, a través del estudio de los pozos de extracción de Absa.
Iniciativas similares se vienen registrando también en otros municipios, como Junín, 9 de Julio o General Viamonte, entre otros.
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Las BPA y las mentiras de sus discursos
La gran mentira de las Buenas Prácticas Agrícolas
Fecha de Publicación: 07/05/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
¿De qué se habla, cuando hablan de las BPA? Las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) son el Modo que encontraron las trasnacionales del agronegocios para neutralizar la creciente resistencia de los pueblos a los agronegocios en general y a los agrotóxicos en particular. A través de diversos dispositivos de propaganda y comunicación hegemónica tanto locales, como extranjeros, las BPA van ganando terreno, es decir se van instalando socialmente.
Instituciones de importante envergadura nacional como el INTA1, SENASA2, Ministerios y algunas Universidades, impulsan cada vez con más ímpetu las BPA, como si fueran una extraordinaria solución para seguir sosteniendo el sistema productivo agrícola de eventos transgénico dependiente de venenos. También debemos recordar, como para ir entendiendo este asunto, que los directivos del INTA prohibieron hablar de agrotóxicos. No es para nada menor tomar esa definición, que claramente es una posición política.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) define a las BPA como: “un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”.
También dice CASAFE en su sitio web3: “La gestión responsable de fitosanitarios tiene como objetivo lograr el manejo y uso responsable de los agroquímicos durante todo su ciclo de vida: desde su descubrimiento y desarrollo, ciclo comercial y uso en el campo, hasta su eliminación por el uso y disposición final de envases”. Linda frase, lástima que un químico no tiene vida. La frase disfraza de vida al potencial químico del agrotóxico y de ciclo a su cadena productiva como si fuera algo natural.
A primera vista, las BPA nos la presentan en un lecho de rosas, con palabras agradables y pomposas. Nos dicen que son prácticas buenas, orientadas a la producción de alimentos, que garantiza la inocuidad y la preservación de la salud humana y de medio ambiente. ¿Qué mejor que eso? Y termina diciendo, como frutilla de postre, que encima son económicamente factibles. ¿Cómo podríamos oponernos a algo supuestamente tan bondadoso?¡Podrían acusarnos de necios!
Pero sí, nos oponemos de manera intransigente, y no precisamente por ser necios, sino por las siguientes razones: porque lo que las trasnacionales que promueven el modelo tecnológico de producción agrícola de eventos transgénicos dependientes de venenos, pretenden con las BPA es lo siguiente:
- Disminuir el rechazo, la resistencia, la movilización y la organización popular que viene creciendo en contra de las fumigaciones. Pretenden frenar las iniciativas populares que se han generado en muchos municipios, en los cuales se gestaron diversas ordenanzas para la prohibición o regulación del uso de agrotóxicos.
- Pretenden esquivar la gravedad de los efectos ocasionados en la salud humana por los agrotóxicos, aludiendo que el problema pasa por el “buen uso” o “mal uso” y no por el impacto del químico en sí. El crecimiento de manera exponencial de diferentes enfermedades en zonas rurales, periurbanas y hasta urbanas,afectadas por la fumigación, ya no dan lugar a dudas sobre las causantes. Varios estudios científicos, como elde la Facultad de Cs Medicas de la UNR, del Dr. Damián Verzeñassi4, dirigiendoloscampamentos sanitariosen distintas zonas, pueblosyparajes de la provincia de SantaFe, muchos de los cuales están afectados por las frecuentes fumigaciones, dan prueba de esta afirmación y dan sustento académico a los posicionamientos políticos del Movimiento Paren de Fumigarnos. Los estudios dan cuente de un profundo crecimiento de varias enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades alérgicas respiratorias, malformaciones congénitas, abortos espantemos y por supuesto cáncer, que van en línea ascendente desde 1996 (año en el que se instala este modelo agrícola) hasta la actualidad.
- Eluden laresponsabilidad de la generación de pasivos ambientales colosales que se vienen generando día a día y que tienencada vez de mayor impacto socio-ambiental negativo, a partir de la profundización y de esas supuestas “mejoras” en el paquete tecnológico. Buscnconsenso social aludiendo a que a partir de ahora, con la BPA, se va a hacer un “uso racional” del agente “Fito Sanitario” al que nosotros llamamos agrotóxico.
- Niegan ladinámica ambiental: Un plaguicida, sea insecticida, fungicida o herbicida, no es estático, está en movimiento, tiene un punto de inicio y un destino. Ademásestá sometido al conjunto de factores impredecibles, y autónomos de la voluntad del ser humano, que brinda la naturaleza: calor, humedad, vientos, etc.Hay estudios que muestran que la Atrazina5 fue detectada en la Antártida, lugar donde no se planta soja ni se usan herbicidas por razones obvias. No tendría sentido, pero sin embargo ocurrió. Una investigación realizada por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina. Damián Marino6, Doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, explica que la presencia de herbicidas en la gota de lluvia, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al ser el planeta tierra un sistema cerrado, los efectos del continente donde se efectúa la actividad productiva, por los fenómenos ambientales dinámicos por un lado, más las características autónomas de las partículas por otro, repercuten en otros puntos del planeta. Por lo tanto dicha partícula toxica devenida de ese modo de producción agrícola es pasible de ingresar a nuestros hogares por más lejos que estemos de las áreas de producción.
Por último, no es menor el tema de las apropiaciones lingüísticas, tanto para la dominación como así también para la emancipación. Está claro que llamar o hablar de agroquímico desde el punto de vista académico,está bien porque es un químico que se utiliza para el agro (no hace falta aclarar que un insumo orgánico o agroecológico es también una sustancia química). Pero llamar al Agroquímico, Agente fitosanitario o Agrotóxicos es ya tomar un posicionamiento político ideológico. Ellos hablan de Agente Fitosanitario, nosotros hablamos deAgrotóxicos. Lo mismo ocurre con las BPA. Una buena práctica agrícola es aquella que no usa veneno, que usa técnicas biodinámicas, permaculturales y/o agroecológicas, cuya producción está orientada a garantizar la Soberanía Alimentaria.
Federico Andrés Lopardo
Docente de la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP
Notas:
[1] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
[2] Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
[3] https://www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas/uso-seguro-y-responsable-de-productos-fitosanitarios/
[4] Médico, Docente Universitario, Profesor de la Materia Salud Socioambiental- Facultad de Cs. Médicas de la UNR-, fue Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Director de los campamentos Sanitarios de la UNR. Actual Decano de la Facultad de Cs Medicas de la Universidad Nacional del Chaco Austral.
[5] Es un herbicida artificial ampliamente utilizado para “controlar el crecimiento” de “malezas” vegetales en el agronegocio, interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
[6]El Dr. Damián Marino de la Facultad de Cs Exactas de la UNLP también rebeló que se encontró Glifosato en algodón, gazas, hisopos, toallitas femeninas y tampones, supuestamente esterilizados.
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La Pampa: proponen fuerte restricciones a fumigaciones
Glifosato: quieren prohibir la fumigación a 3.000 metros del radio urbano
Fecha de Publicación: 04/05/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Es un proyecto del diputado provincial Darío Hernández del Frente Renovador y alido del oficialismno. También establece la prohibición de la aplicación terrestre a 1.500 metros de ciudadades y pueblos. Afirman que la restricción actual es escasa.
El diputado provincial Darío Hernández (Frente Renovador) presentó un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de Fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extenderá dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Agrega que “las prohibiciones anteriores regirán también en relación a los establecimientos educativos rurales de la provincia”.
Hernández sostiene que “conocida es la polémica instalada en relación al uso del glifosato o productos herbicidas que tengan dicho principio activo en nuestro país y en el mundo. Recientes fallos judiciales en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Pergamino, han reavivado el tema”.
El legislador menciona que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás, Bs. As.) determinó la prohibición, como medida cautelar, de las fumigaciones aéreas a menos de 600 metros de los barrios periféricos de Pergamino, a partir de un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que detectaron 18 agrotóxicos en el agua que consume la población, a través de la red urbana.
También el juez federal de Entre Rios, Pablo Ferreyra validó una ordenanza de Gualeguaychu (Nº 12216/13) que declaró a la ciudad "Libre de Glifosato".
Hernández dijo que “el Presidente Mauricio Macri ha considerado el fallo insólitamente como "irresponsable", a raíz de que pone en riesgo más del 20 % de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia. En igual sentido el Gobernador de Entre Rios, Gustavo Bordet dictó el Decreto Nº 4407/18 por el que se reducían las distancias establecidas por la justicia (a 500 m las aéreas y 100 m terrestres) y que fue declarado parcialmente nulo por el Poder Judicial”.
Además recordó que el legislador del PJ -FPV José Grazzini Agüero, de Chubut presentó oportunamente un proyecto prohibiendo su uso en todo el territorio provincial y la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) presentó un proyecto prohibiendo totalmente la pulverización (fumigación) aérea con plaguicidas o agrotóxicos.
“En suma -dice Hernández-, la pelea de fondo es entre los pooles sojeros, el estado nacional, los diferentes estados provinciales y algunos municipios por un lado, cuyos recursos provienen del cultivo de la soja y de las retenciones que en consecuencia perciben, y por otro, la gente que sufre las consecuencias de esta actividad que produce millones de dólares, pero también cáncer, malformaciones, y afecciones en la piel”, asegura.
El diputado provincial del Frente Renovador dijo que “desde 2015 la OMS consideró cancerígeno "probable" al glifosato por resultar un perturbador endocrino, aunque la opinión no es admitida en forma unánime. La empresa multinacional Monsanto sin embargo, lo ha comercializado a través del producto "Round Up" que ahora pasó a manos del gigante Bayer. En este panorama se impone que las instituciones, entre ellas, el Poder Legislativo, tomen partido por la salud de la gente sancionando normas que prohíban las fumigaciones aéreas con glifosato, dentro de determinados límites”.
El legislado recorçó que un tribunal de California ha condenado al grupo Monsanto a pagar 81 millones de dólares a un jubilado que sufre cáncer, por negligencia en relación al uso de glifosato marca "Round up". En La Pampa la Ley N° 1173 y su Decreto reglamentario N° 618/90 establecen límites aún insuficientes, a nuestro criterio, para las actividades señaladas.
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Fecha de Publicación: 04/05/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Es un proyecto del diputado provincial Darío Hernández del Frente Renovador y alido del oficialismno. También establece la prohibición de la aplicación terrestre a 1.500 metros de ciudadades y pueblos. Afirman que la restricción actual es escasa.
El diputado provincial Darío Hernández (Frente Renovador) presentó un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de Fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extenderá dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Agrega que “las prohibiciones anteriores regirán también en relación a los establecimientos educativos rurales de la provincia”.
Hernández sostiene que “conocida es la polémica instalada en relación al uso del glifosato o productos herbicidas que tengan dicho principio activo en nuestro país y en el mundo. Recientes fallos judiciales en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Pergamino, han reavivado el tema”.
El legislador menciona que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás, Bs. As.) determinó la prohibición, como medida cautelar, de las fumigaciones aéreas a menos de 600 metros de los barrios periféricos de Pergamino, a partir de un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que detectaron 18 agrotóxicos en el agua que consume la población, a través de la red urbana.
También el juez federal de Entre Rios, Pablo Ferreyra validó una ordenanza de Gualeguaychu (Nº 12216/13) que declaró a la ciudad "Libre de Glifosato".
Hernández dijo que “el Presidente Mauricio Macri ha considerado el fallo insólitamente como "irresponsable", a raíz de que pone en riesgo más del 20 % de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia. En igual sentido el Gobernador de Entre Rios, Gustavo Bordet dictó el Decreto Nº 4407/18 por el que se reducían las distancias establecidas por la justicia (a 500 m las aéreas y 100 m terrestres) y que fue declarado parcialmente nulo por el Poder Judicial”.
Además recordó que el legislador del PJ -FPV José Grazzini Agüero, de Chubut presentó oportunamente un proyecto prohibiendo su uso en todo el territorio provincial y la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) presentó un proyecto prohibiendo totalmente la pulverización (fumigación) aérea con plaguicidas o agrotóxicos.
“En suma -dice Hernández-, la pelea de fondo es entre los pooles sojeros, el estado nacional, los diferentes estados provinciales y algunos municipios por un lado, cuyos recursos provienen del cultivo de la soja y de las retenciones que en consecuencia perciben, y por otro, la gente que sufre las consecuencias de esta actividad que produce millones de dólares, pero también cáncer, malformaciones, y afecciones en la piel”, asegura.
El diputado provincial del Frente Renovador dijo que “desde 2015 la OMS consideró cancerígeno "probable" al glifosato por resultar un perturbador endocrino, aunque la opinión no es admitida en forma unánime. La empresa multinacional Monsanto sin embargo, lo ha comercializado a través del producto "Round Up" que ahora pasó a manos del gigante Bayer. En este panorama se impone que las instituciones, entre ellas, el Poder Legislativo, tomen partido por la salud de la gente sancionando normas que prohíban las fumigaciones aéreas con glifosato, dentro de determinados límites”.
El legislado recorçó que un tribunal de California ha condenado al grupo Monsanto a pagar 81 millones de dólares a un jubilado que sufre cáncer, por negligencia en relación al uso de glifosato marca "Round up". En La Pampa la Ley N° 1173 y su Decreto reglamentario N° 618/90 establecen límites aún insuficientes, a nuestro criterio, para las actividades señaladas.
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Humedales de La Plata contaminados con agroquímicos
Los humedales de La Plata están contaminados con agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un equipo de la Universidad de La Plata detectó la contaminación en arroyos, ríos y laguna de la periferia platense, y advirtió sobre sus consecuencias en el medioambiente.
En la periferia de La Plata, los arroyos están contaminados con agroquímicos en altas concentraciones, por lo que los investigadores que detectaron su presencia recomendaron que la agricultura de la zona deje de usar esos productos. Los humedales donde actualmente se registran productos agroquímicos son reservorios de agua que atenúan el impacto de los cultivos, depuran el agua y moderan los regímenes hidrológicos y las inundaciones advirtieron expertos de la Universidad Nacional de La Plata.
Para los expertos, es conveniente "detener el uso de agroquímicos ya que los humedales ofrecen múltiples servicios que derivan en importantes beneficios: retención de sedimentos, nutrientes, depuración de las aguas y atenuación del impacto de la agricultura. Además, actúan moderando el régimen hidrológico y los pulsos de inundación, por lo que la protección de estos ambientes resulta de gran importancia".
Los productos químicos que se aplican en los cultivos de los campos cercanos de la periferia platense, donde la horticultura es fuerte, terminan derramando sobre los humedales, como demostraron los análisis de muestras de arroyos, ríos y lagunas que estudió un equipo formado por especialistas del Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (Universidad Nacional de La Plata - CONICET), de la Facultad de Ciencias Naturales, y del Museo de la universidad platense.
Los humedales son áreas cubiertas de agua y vegetación que suelen encontrarse en las zonas bajas del relieve. Cumplen un rol fundamental para el medioambiente, porque funcionan como reservorios de agua, ayudan a controlar las crecidas, permiten recargar flujos de aguas subterráneas y a mitigar el cambio climático.
Para el estudio, los investigadores sembraron soja en la Estación Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales que la UNLP tiene en Los Hornos. Para el cultivo, llevaron adelante los mismos métodos que los productores locales. Luego, aplicaron los agroquímicos más habituales en la zona (cipermetrina, endosulfan y clorpirifos), y simularon lluvias mediante un circuito de riego por aspersión. El equipo estableció que, al principio de una lluvia, el agua se infiltra en el suelo, pero luego comienza a escurrir superficialmente, y termina incorporándose en arroyos y lagunas adyacentes.
La investigación también estableció que los agroquímicos en cuestión tienen fuerte impacto negativo en al menos dos tipos de organismos presentes en los humedales de la región. Los especialistas pusieron al anfípodo Hyalella curvispina y al pez Cnesterodon decemmaculatus, (conocido como "madrecita de agua”) en contacto con las aguas derramadas por las lluvias y determinaron que hasta aproximadamente un mes después de ese contacto los organismos murieron por efecto de los agroquímicos.
Los responsables del proyecto indicaron que se detectaron concentraciones de agroquímicos de 148-199 nano gramos por gramo de sedimento seco (ng/g p.s) en dos muestreos sucesivos en el arroyo del Gato y 51 ng/g p.s. de cipermetrina en el arroyo del Sauce.
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Agroquímicos fuera de control en Río Negro, un caso más
Agroquímicos en las verduras: lo que comemos, fuera de control
Fecha de Publicación: 30/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un estudio del Ministerio de Agricultura de Río Negro sobre algunos productos determinó una alta presencia de pesticidas. Según fuentes técnicas los niveles no afectan a la salud, pero alertan sobre el incumplimiento de buenas prácticas agrícolas.
Frutas, verduras y agrotóxicos forman una ecuación que preocupa y a veces atemoriza. Pocos consumidores optan por comprar orgánico. Otros, sin remedio, toman las verduras de las góndolas y confían. Los pequeños productores de hortalizas de la zona crecen pero las buenas prácticas agrícolas no siempre se respetan. Tierra adentro toman decisiones solos e involucran a todos.
Los últimos controles realizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro sobre verduras y frutas que se consumen dentro del mercado interno arrojaron la presencia de pesticidas y grandes cantidades de insecticidas, herbicidas y fungicidas.
Si bien los técnicos en la materia aseguran que no son nocivas para la salud, las muestras tomadas en distintas ciudades, dejaron a la vista que no se respetan buenas prácticas agrícolas. Desde el Estado se trabaja a través de varios organismos en capacitaciones y controles, pero no alcanzan a todos los productores.
La verdura, muchas veces, pasa directo de la huerta a la verdulería. En Río Negro, cerca de algunas ciudades, no hay mercado concentrador.
El estudio del ministerio, se realizó en mayo de 2018. Los diferentes muestreos se tomaron en Viedma, Cipolletti y Bariloche, ciudades con más de 40.000 habitantes. Se eligieron al azar distintas bocas y tomaron algunas especies que se consumen a diario como zanahorias, verduras de hoja, tomates, peras y manzanas.
Entre los 10 alimentos seleccionados, se dio cuenta de que el tomate es el que mayor carga de agroquímicos tiene. Las hortalizas que a diario se consumen en las mesas familiares contienen de insecticidas, herbicidas, fungicidas.
El ingeniero agrónomo Alejandro Fernández, de la Dirección de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa explicó que en la agricultura tradicional se utilizan estos productos, por eso es esperable que estén presentes en el alimento que se cosecha y que los niveles no son altos como para alarmarse. “Una norma fija los límites autorizados de residuos. Los niveles que aparecen son bajos y no afectan a la salud”, dijo y agregó que Argentina es uno de los pocos países que hace ensayos a campo.
“Si se superan los límites, se debe a que se aplicó una dosis mayor, más veces de lo recomendado o más cerca de la fecha de cosecha. Es una muestra de que hay una buena práctica que no se cumplió”, dijo.
Walter Copes, licenciado en saneamiento ambiental del Inta sostuvo que “no siempre los productos no permitidos están prohibidos. Algunos se colocan pocos días antes de la cosecha, o usan un producto que aprobado para el tomate en otro cultivo para el que no está aprobado. Lo que sucede en las verduras, muchas veces, es que es más difícil controlar”.
En la fruta que se produce en la zona, los controles son más efectivos, porque pasan por un galpón de empaque y allí se realizan de acuerdo a las exigencias de los mercados externos. Pero la verdura, muchas veces, pasa directo de la huerta, a la verdulería. En Río Negro, cerca de algunos grandes polos urbanos, no hay mercados concentradores y llega al consumidor sin control.
Libre albedrío del productor
Según el censo oficial del Ministerio, en los valles irrigados de Río Negro se producen aproximadamente 7.700 hectáreas de horticultura, generando cerca de 200 toneladas de hortalizas. Los cultivos más importantes son la cebolla (que un gran porcentaje es enviada a Brasil), tomate para industria, zapallo y papa.
Todo se desarrolla mayoritariamente por pequeños productores. Una parte se consume dentro de la provincia y otra se comercializa en mercados internos y de exportación. Las buenas prácticas agrícolas en las huertas productoras, son más una decisión que toma con libre albedrío el productor, que una obligación.
“Lo que se necesita son capacitaciones y seguimiento. El Inta da cursos de buenas prácticas agrícolas pero su asistencia es voluntaria, no obligatoria”, dijo Walter Copes.
La mayoría de los productores son bolivianos. Ellos ganaron terreno, literalmente, cuando la fruticultura dejó tierras improductivas. Su cultura es cerrada y el desafío del Estado es llegar a esas parcelas, para controlar, pero sobre todo incentivar y enseñar la importancia del cuidado en el manejo de agroquímicos.
Heriberto Llanos, de la Asociación de productores y horticultores de General Roca, sostiene que respeta las buenas prácticas agrícolas, que entiende la importancia, pero reconoce que no todos los horticultores lo hacen.
“Hay que difundir. Acá, no tenemos mercado concentrador, entonces no hay controles. Nosotros presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante local para que se cree un ente agropecuario, una secretaría con centro de acopio pero todavía no tenemos respuesta”, comentó.
“También podríamos hacer orgánico pero tenemos que certificar. Si nos acompañan y nos dicen que eso tenemos que hacer, lo hacemos, porque creemos que es importante cuidar al consumidor”, sostuvo el productor.
Finalmente, los consumidores tienen es sus casas herramientas para comer tranquilos. Lo que recomiendan los técnicos es un buen lavado de las frutas y verduras y exigir.
Como señaló Pilar Muñiz, ingeniera agrónoma de Río Colorado, responsable en la cámara hortícola “los consumidores tenemos que tomar conciencia sobre qué estamos consumiendo para poder exigir a todos los organismos oficiales y privados que se produzcan alimentos inocuos”.
Cuatro preguntas que responde el Senasa
1.-¿Los vegetales pueden tener residuos de plaguicidas?
Sí, es posible aunque no en todos los casos. Es normal que el uso de un plaguicida deje pequeñas cantidades en los vegetales sobre los cuales se aplica. No siempre esa presencia implica un peligro para la salud.
2.-¿Se pueden consumir los alimentos que contienen residuos?
Si, una de las consecuencias del uso de plaguicidas en la producción agropecuaria es la presencia de un residuo en el alimento. Senasa, después de ensayos y evaluaciones, determina la cantidad máxima que se puede tolerar y se conoce como límite máximo de residuo (LMR).
3.- ¿Qué ocurre cuando un residuo supera un LMR?
Cuando un residuo supera un LMR no significa que el alimento sea dañino para la salud o “envenene” a quien consuma ese alimento. La superación generalmente muestra el incumplimiento de la práctica agrícola recomendada. Es decir, sería la consecuencia de una “mala práctica agrícola”.
4.-¿Se usan plaguicidas no autorizados?
Sí, es una mala práctica agrícola recurrente que algunos agricultores apliquen plaguicidas que no están autorizados para la especie donde lo aplican. No significa que se aplicó un producto prohibido sino que por razones económicas o desconocimiento, utilizó el plaguicida que tenía disponible que está autorizado para otra especie.
Qué cantidad de agroquímicos hay en cada verdura
Los resultados del estudio realizado por el Ministerio en Viedma, Cipolletti y Bariloche, se replican en las restantes zonas productoras de Río Negro.
Sobre 36 muestras estudiadas, con 9 muestras por especie seleccionadas, arrojaron que el 100% del tomate contiene residuos de plaguicidas y un 44% presentaban presencias de químicos no indicadas para el cultivo.
El 33% de las muestras tienen presencias en los límites del LMR (límite máximo de residuo que se puede tolerar) con hasta 6 productos insecticidas y fungicidas.
En las plantas de lechugas el 78% de las muestras presentan residuos de plaguicidas. Un 44% residuos por encima de los LMR, con 5 plaguicidas por muestra. Un 22% de las muestras no poseían residuos.
El 78% de las muestras de zanahorias, contenían residuos de plaguicidas. 44% presentaba residuos por encima de los LMR y contenían hasta 5 plaguicidas por muestra.
En la manzana, el 88% de las muestras presentan residuos de plaguicidas, el 55% presenta residuos por encima de los LMR y hasta 14 plaguicidas.
Para bajar los niveles de pesticidas se tienen que involucrar todos los actores de la sociedad, desde productores, hasta consumidores y el Estado.
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Fecha de Publicación: 30/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un estudio del Ministerio de Agricultura de Río Negro sobre algunos productos determinó una alta presencia de pesticidas. Según fuentes técnicas los niveles no afectan a la salud, pero alertan sobre el incumplimiento de buenas prácticas agrícolas.
Frutas, verduras y agrotóxicos forman una ecuación que preocupa y a veces atemoriza. Pocos consumidores optan por comprar orgánico. Otros, sin remedio, toman las verduras de las góndolas y confían. Los pequeños productores de hortalizas de la zona crecen pero las buenas prácticas agrícolas no siempre se respetan. Tierra adentro toman decisiones solos e involucran a todos.
Los últimos controles realizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro sobre verduras y frutas que se consumen dentro del mercado interno arrojaron la presencia de pesticidas y grandes cantidades de insecticidas, herbicidas y fungicidas.
Si bien los técnicos en la materia aseguran que no son nocivas para la salud, las muestras tomadas en distintas ciudades, dejaron a la vista que no se respetan buenas prácticas agrícolas. Desde el Estado se trabaja a través de varios organismos en capacitaciones y controles, pero no alcanzan a todos los productores.
La verdura, muchas veces, pasa directo de la huerta a la verdulería. En Río Negro, cerca de algunas ciudades, no hay mercado concentrador.
El estudio del ministerio, se realizó en mayo de 2018. Los diferentes muestreos se tomaron en Viedma, Cipolletti y Bariloche, ciudades con más de 40.000 habitantes. Se eligieron al azar distintas bocas y tomaron algunas especies que se consumen a diario como zanahorias, verduras de hoja, tomates, peras y manzanas.
Entre los 10 alimentos seleccionados, se dio cuenta de que el tomate es el que mayor carga de agroquímicos tiene. Las hortalizas que a diario se consumen en las mesas familiares contienen de insecticidas, herbicidas, fungicidas.
El ingeniero agrónomo Alejandro Fernández, de la Dirección de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa explicó que en la agricultura tradicional se utilizan estos productos, por eso es esperable que estén presentes en el alimento que se cosecha y que los niveles no son altos como para alarmarse. “Una norma fija los límites autorizados de residuos. Los niveles que aparecen son bajos y no afectan a la salud”, dijo y agregó que Argentina es uno de los pocos países que hace ensayos a campo.
“Si se superan los límites, se debe a que se aplicó una dosis mayor, más veces de lo recomendado o más cerca de la fecha de cosecha. Es una muestra de que hay una buena práctica que no se cumplió”, dijo.
Walter Copes, licenciado en saneamiento ambiental del Inta sostuvo que “no siempre los productos no permitidos están prohibidos. Algunos se colocan pocos días antes de la cosecha, o usan un producto que aprobado para el tomate en otro cultivo para el que no está aprobado. Lo que sucede en las verduras, muchas veces, es que es más difícil controlar”.
En la fruta que se produce en la zona, los controles son más efectivos, porque pasan por un galpón de empaque y allí se realizan de acuerdo a las exigencias de los mercados externos. Pero la verdura, muchas veces, pasa directo de la huerta, a la verdulería. En Río Negro, cerca de algunos grandes polos urbanos, no hay mercados concentradores y llega al consumidor sin control.
Libre albedrío del productor
Según el censo oficial del Ministerio, en los valles irrigados de Río Negro se producen aproximadamente 7.700 hectáreas de horticultura, generando cerca de 200 toneladas de hortalizas. Los cultivos más importantes son la cebolla (que un gran porcentaje es enviada a Brasil), tomate para industria, zapallo y papa.
Todo se desarrolla mayoritariamente por pequeños productores. Una parte se consume dentro de la provincia y otra se comercializa en mercados internos y de exportación. Las buenas prácticas agrícolas en las huertas productoras, son más una decisión que toma con libre albedrío el productor, que una obligación.
“Lo que se necesita son capacitaciones y seguimiento. El Inta da cursos de buenas prácticas agrícolas pero su asistencia es voluntaria, no obligatoria”, dijo Walter Copes.
La mayoría de los productores son bolivianos. Ellos ganaron terreno, literalmente, cuando la fruticultura dejó tierras improductivas. Su cultura es cerrada y el desafío del Estado es llegar a esas parcelas, para controlar, pero sobre todo incentivar y enseñar la importancia del cuidado en el manejo de agroquímicos.
Heriberto Llanos, de la Asociación de productores y horticultores de General Roca, sostiene que respeta las buenas prácticas agrícolas, que entiende la importancia, pero reconoce que no todos los horticultores lo hacen.
“Hay que difundir. Acá, no tenemos mercado concentrador, entonces no hay controles. Nosotros presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante local para que se cree un ente agropecuario, una secretaría con centro de acopio pero todavía no tenemos respuesta”, comentó.
“También podríamos hacer orgánico pero tenemos que certificar. Si nos acompañan y nos dicen que eso tenemos que hacer, lo hacemos, porque creemos que es importante cuidar al consumidor”, sostuvo el productor.
Finalmente, los consumidores tienen es sus casas herramientas para comer tranquilos. Lo que recomiendan los técnicos es un buen lavado de las frutas y verduras y exigir.
Como señaló Pilar Muñiz, ingeniera agrónoma de Río Colorado, responsable en la cámara hortícola “los consumidores tenemos que tomar conciencia sobre qué estamos consumiendo para poder exigir a todos los organismos oficiales y privados que se produzcan alimentos inocuos”.
Cuatro preguntas que responde el Senasa
1.-¿Los vegetales pueden tener residuos de plaguicidas?
Sí, es posible aunque no en todos los casos. Es normal que el uso de un plaguicida deje pequeñas cantidades en los vegetales sobre los cuales se aplica. No siempre esa presencia implica un peligro para la salud.
2.-¿Se pueden consumir los alimentos que contienen residuos?
Si, una de las consecuencias del uso de plaguicidas en la producción agropecuaria es la presencia de un residuo en el alimento. Senasa, después de ensayos y evaluaciones, determina la cantidad máxima que se puede tolerar y se conoce como límite máximo de residuo (LMR).
3.- ¿Qué ocurre cuando un residuo supera un LMR?
Cuando un residuo supera un LMR no significa que el alimento sea dañino para la salud o “envenene” a quien consuma ese alimento. La superación generalmente muestra el incumplimiento de la práctica agrícola recomendada. Es decir, sería la consecuencia de una “mala práctica agrícola”.
4.-¿Se usan plaguicidas no autorizados?
Sí, es una mala práctica agrícola recurrente que algunos agricultores apliquen plaguicidas que no están autorizados para la especie donde lo aplican. No significa que se aplicó un producto prohibido sino que por razones económicas o desconocimiento, utilizó el plaguicida que tenía disponible que está autorizado para otra especie.
Qué cantidad de agroquímicos hay en cada verdura
Los resultados del estudio realizado por el Ministerio en Viedma, Cipolletti y Bariloche, se replican en las restantes zonas productoras de Río Negro.
Sobre 36 muestras estudiadas, con 9 muestras por especie seleccionadas, arrojaron que el 100% del tomate contiene residuos de plaguicidas y un 44% presentaban presencias de químicos no indicadas para el cultivo.
El 33% de las muestras tienen presencias en los límites del LMR (límite máximo de residuo que se puede tolerar) con hasta 6 productos insecticidas y fungicidas.
En las plantas de lechugas el 78% de las muestras presentan residuos de plaguicidas. Un 44% residuos por encima de los LMR, con 5 plaguicidas por muestra. Un 22% de las muestras no poseían residuos.
El 78% de las muestras de zanahorias, contenían residuos de plaguicidas. 44% presentaba residuos por encima de los LMR y contenían hasta 5 plaguicidas por muestra.
En la manzana, el 88% de las muestras presentan residuos de plaguicidas, el 55% presenta residuos por encima de los LMR y hasta 14 plaguicidas.
Para bajar los niveles de pesticidas se tienen que involucrar todos los actores de la sociedad, desde productores, hasta consumidores y el Estado.
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Amenazas a quienes denuncian agrotóxicos en el agua
"Es complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque el agronegocio está en todas partes"
Fecha de Publicación: 27/04/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Sabrina Ortiz y sus dos hijos tienen altas cantidades de glifosato en sangre, constatadas por la Corte, y graves problemas de salud. Su denuncia logró frenar las fumigaciones en Pergamino.
Sabrina Ortiz vive con custodia policial por decir la verdad. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de Pergamino, donde ella vive, está contaminada con 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos. Desde 2011, la mujer viene denunciando las fumigaciones en la zona que le provocaron la pérdida de un embarazo, enfermaron a sus dos hijos y la obligaron a dejar su casa. "Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes".
El martes, el Máximo Tribunal ratificó que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida no es apta para consumo humano. Los peritos de la Corte elaboraron el informe, luego de que el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde un grupo de vecinos denunció los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión de Villafuerte Ruzo se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable".
Lejos de acatar el fallo, el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuvo que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios" y juró que en su vivienda toma "agua de la canilla". En paralelo, ordenó un nuevo análisis a la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires que, si bien confirmó la presencia de agrotóxicos en las muestras tomadas, aclaró que "estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud".
Frente a este desacuerdo, se encomendó un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema que, en coincidencia con el INTA Balcarce, determinó que el agua está contaminada con 18 tipos de agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud de las personas.
"Cuando yo salí –recuerda Sabrina– a cuestionar las fumigaciones y que no había ningún control, nadie me escuchó. Fui a la Municipalidad, a la Secretaría de Salud, hice la denuncia en la fiscalía provincial, llamé a las radios locales, hice de todo para pedir que alguien nos cuidara".
Era 2011 y Sabrina cursaba un embarazo de cinco meses. Durante el día, el acostumbrado riego de agrotóxicos en los campos lindantes a su casa de Villa Alicia le provocaba mareos, brotes en la piel y unas contracciones que la convencieron de ir al médico. Esa misma noche, perdió al que iba a ser su tercer hijo.
"El médico –cuenta– me preguntó donde vivía, si tenía campos alrededor, si estaba en contacto con las fumigaciones. Cuando le conté que sí, me dijo que seguro había perdido el embarazo por eso, pero no se animó a ponérmelo por escrito, ni a darme un certificado. Me dijo que le podía traer problemas si lo hacía".
Harta del silencio cómplice, en 2012 Sabrina fundó la Asamblea de la Protección de la Vida y el Ambiente y empezó la carrera de Derecho para "poder hacer algo con las herramientas jurídicas que hasta ese momento no tenía". En 2017, ya recibida y matriculada como abogada, Sabrina decidió acudir a la Justicia Federal.
"Me constituí como querellante en causa propia para ver hasta dónde llegaba el compromiso del juez, y la verdad es que resultó una sorpresa. Trabajó muy bien y enseguida activó la causa".
La denuncia de Sabrina, hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, derivó en el fallo de Villafuerte Ruzo y, posteriormente, en el informe de la Corte que avaló que el agua de la ciudad está contaminada.
Secuelas
"Hasta que no se habló del agua, la gente no se despertó –relata Sabrina–. Si se les habla de las fumigaciones, enseguida piensan que eso no les va a llegar, pero el veneno no sólo está en el agua, está en el aire, en todos lados. En unos años, todos los vecinos de Pergamino van a tener los mismos niveles de glifosato en el cuerpo que tiene mi familia".
A los 34 años, Sabrina ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca Syngenta) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija de 18 años tiene niveles de glifosato cien veces más alto de lo aconsejable para su peso. Su hijo menor, de apenas seis años, ostenta el récord familiar: el nivel de glifosato que lleva en su organismo es 120 veces más de lo inofensivo.
"En mi caso, la lambdacialotrina es neurotóxica y ataca el sistema nervioso. Combinada con glifosato es un cóctel fatal. Tengo temblores en los brazos, de vez en cuando me trabo al hablar, y por lo menos una vez por semana sufro una ceguera fugaz en un ojo. Son las secuelas de las fumigaciones".
El año pasado, Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa de toda la vida luego del ultimátum del equipo médico del Hospital Austral, de Pilar: o se mudan o los problemas de salud de los chicos van a empeorar.
"Nos fuimos –cuenta con amargura– una noche de lluvia. Cargamos unas pocas cosas en la camioneta de mi papá, mientras mi hijo más chico lloraba. Era como si nos estuviésemos escapando, fue horrible. Por el viento, el veneno se sentía más fuerte". «
Monsanto acumula condenas en Estados Unidos
Hasta enero de este año, Monsanto, integrada a la multinacional Bayer, tenía más de 11 mil denuncias, sólo en los Estados Unidos, por los efectos del herbicida glifosato. En agosto del año pasado, los jurados de un tribunal de California determinaron de manera unánime que Monsanto actuó con "malicia", y que sus herbicidas Roundup y Ranger Pro contribuyeron "sustancialmente" al desarrollo de un cáncer terminal en el organismo del jardinero Dewayne "Lee" Johnson. En una primera instancia, la justicia ordenó a Monsanto pagar una suma de 287 millones de dólares como compensación. Sin embargo, luego de que apelara la sentencia, la cifra se redujo a unos 78 millones.
En marzo de este año, la justicia norteamericana condenó nuevamente a Monsanto, esta vez al pago de 80 millones de dólares a Edwin Hardeman, de 70 años, quien acusó a la multinacional por haberle provocado el cáncer que sufre tras haber aplicado durante años el producto Roundup.
El glifosato, que sigue acumulando denuncias en el mundo, es el herbicida más usado en Argentina.
Negacionismo, de Macri a Bergman
El fallo que ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino, llegó una semana después de que el presidente Mauricio Macri calificara de “absurda” la prohibición de fumigar cerca de escuelas.
Durante una visita a Gualeguaychú que tuvo como principal objetivo apuntalar al candidato a gobernador del oficialismo, el radical Atilio Benedetti, a la postre derrotado por el frente peronista, el mandatario cuestionó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que impide fumigar a una distancia de menos de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos respecto de escuelas rurales, calificándolo como “irresponsable”. "La ley de distancias de fumigación vigente es absurda", enfatizó Macri y agregó que "pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia". Claro, llamó "ley" a la sentencia de un tribunal.
Desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos repudiaron los dichos del presidente y le recordaron que “nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”, en referencia a la hija menor de Macri.
Días después, el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, reforzó la línea del gobierno durante el 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que nuclea a los grandes pools sojeros y representantes de las compañías que producen agrotóxicos. En su discurso, consideró que fumigar a 200 metros de poblaciones en el ámbito rural no supone problemas para la salud.
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