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La Pampa: pulverizadores no pueden ingresar a los pueblos
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Prohibieron el ingreso de pulverizadores a los 80 pueblos de la provincia
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Diario Textual (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.
“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías, de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.
El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.
También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.
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Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Diario Textual (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.
“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías, de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.
El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.
También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.
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Quedó en firme la prohibición de fumigar las escuelas
La Justicia dejó firme la 'prohibición de fumigar las escuelas'
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Otra muestra del desastre de las fumigaciones periurbanas
Sastre: el dramático pedido de una madre para frenar las fumigaciones
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Agrotóxicos: la ONU indica que hay que aplicar la precaución
La ONU exigió al país una regulación más rigurosa del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Entre Ríos: al agronegocio le preocupa sus ganancias
En Entre Ríos quedarían miles de hectáreas sin producir por restricciones a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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Finalmente aprueban fuerte restricción al glifosato en Misiones
A partir de 2020 no se podrá fumigar con glifosato en zonas urbanas de Misiones
Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Misiones
De acuerdo a la ley aprobada este jueves en la Legislatura de la provincia d Misiones, a partir del 1° de abril de 2020 queda prohibido el uso de glifosato, sus componentes y afines, en los ejidos urbanos del territorio provincial.,
Tampoco se podrá fumigar con ese agrotóxico cerca de las comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios, Reservas Naturales ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o su utilización para la producción agrícola ganadera.
La norma le da un plazo de dos años a los productores agrículoas con el fin de iniciar un cambio cultural de los sistemas productivos actuales hacia métodos más amigables con el medio ambiente.
Destaca como objetivos, entre otras cosas, evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población con glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud, además de promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso del glifosato, sus componentes y afines, brindar protección a la flora y fauna de la región que puede verse afectada y proteger la biodiversidad de bosques, parques y reservas naturales.
Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que deberá establecer una denominada Zona Mínima de Amortiguación de Impacto Ambiental alrededor de las áreas definidas en el Artículo 1 de la Ley y realizar un plano territorial delimitando las zonas restringidas al uso del glifosato, sus componentes y afines, además de efectuar convenios que articulen actividades conjuntas con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales o internacionales.
Implementa además, una Campaña de Educación y Concientización para la transformación de las prácticas actuales hacia sistemas amigables con el medio ambiente y establece sanciones basadas en leyes anteriores.
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Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Misiones
De acuerdo a la ley aprobada este jueves en la Legislatura de la provincia d Misiones, a partir del 1° de abril de 2020 queda prohibido el uso de glifosato, sus componentes y afines, en los ejidos urbanos del territorio provincial.,
Tampoco se podrá fumigar con ese agrotóxico cerca de las comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios, Reservas Naturales ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o su utilización para la producción agrícola ganadera.
La norma le da un plazo de dos años a los productores agrículoas con el fin de iniciar un cambio cultural de los sistemas productivos actuales hacia métodos más amigables con el medio ambiente.
Destaca como objetivos, entre otras cosas, evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población con glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud, además de promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso del glifosato, sus componentes y afines, brindar protección a la flora y fauna de la región que puede verse afectada y proteger la biodiversidad de bosques, parques y reservas naturales.
Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que deberá establecer una denominada Zona Mínima de Amortiguación de Impacto Ambiental alrededor de las áreas definidas en el Artículo 1 de la Ley y realizar un plano territorial delimitando las zonas restringidas al uso del glifosato, sus componentes y afines, además de efectuar convenios que articulen actividades conjuntas con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales o internacionales.
Implementa además, una Campaña de Educación y Concientización para la transformación de las prácticas actuales hacia sistemas amigables con el medio ambiente y establece sanciones basadas en leyes anteriores.
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El glifosato suma rechazos, ahora en Misiones
Diputados prohibirían el uso del glifosato
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Los diputados provinciales dieron un paso más para prohibir el uso y la comercialización del glifosato, iniciativa que obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y que ahora deberá ser tratada en el recinto de la Cámara de Representantes.
Es muy probable que sea tratada en la próxima sesión ordinaria, el próximo jueves, ya que solamente quedan dos encuentros del pleno de diputados en este 2018.
La lucha para prohibir el uso del glifosato, sus componentes y afines comenzó hace un par de años. Primero fue la actual secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira (FR), quien presentó un proyecto para tratar el tema. Y a principios de este año, el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), Martín Sereno, insistió con una idea en el mismo sentido junto a todo su bloque legislativo.
El diputado comentó a PRIMERA EDICIÓN que “es una satisfacción porque es un producto que está haciendo mucho daño a nuestros colonos”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En el artículo 1 del dictamen, los diputados expresaron: “Prohíbase la utilización de glifosato, sus componentes y afines en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; Reservas Naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que provean, o deriven en cursos de agua que provean del vital líquido a comunidades originarias y centros urbanos para su procesamiento para consumo humano o para utilización para la producción agrícola ganadera”.
“La prohibición de la presente Ley rige a partir del 1 de abril del 2020, dicho plazo se establece con el fin de iniciar un cambio cultural de los sistemas productivos actuales hacia métodos más amigables con el medio ambiente”, agregaron.
Mientras que en su artículo 2 están los objetivos de la Ley, que plantea: “Evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población al glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud. Promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso. Brindar protección a la flora y fauna de la región que pueda verse afectada”.
De igual manera propone, “resguardar la Salud, el territorio y la autodeterminación de las comunidades originarias de nuestra provincia, como pueblos que viven en armonía con su entorno y que pueden verse afectados de manera directa, indirecta o derivada”.
Fundamentos
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos de biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos, los cuales deberían prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
Asimismo, cuestionó “los argumentos en defensa de la utilización casi indiscriminada de sustancias plaguicidas, del tipo de los venenos agroquímicos y/o agrotóxicos, a pesar de los daños asociados a un uso excesivo e inseguro”.
“Está asentada la posición de la necesidad de una agricultura industrial intensiva, casi totalmente dependiente de estas sustancias, con la finalidad de lograr producciones que rindan para alimentar a una población mundial cada vez mayor. Sin embargo, no podemos dejar pasar que este fin no puede perseguirse a costa de la salud humana, en detrimento de comunidades y del medio ambiente”, sostuvo.
Apoyo
Durante todo este año, la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente recibió la visita de varios especialistas. Una de ellas, la integrante de la Red de Agroecología de Misiones, Marcela Bobatto, explicó las consecuencias de estar en constante cercanía al herbicida.
“Son millones de litros los que se usan por año en las chacras misioneras, hay que empezar a cambiar la utilización de los agrotóxicos por una plantación más orgánica. Los productores están constantemente expuestos, pero también hay otros casos y la realidad es que son nocivos para las personas”, aseguró.
“Se estima que el glifosato representa un 70% de todos los agrotóxicos que se están utilizando en el sistema agroalimentario”, detalló la especialista y consideró que “por eso, a nivel país también se debate sobre su uso”.
Por su parte, la funcionaria provincial Marta Ferreira también se expidió al respecto y dijo que “en la provincia se utilizan muchos productos químicos de los cuales algunos son muy tóxicos”.
“Actualmente se están llevando adelante capacitaciones de buenas prácticas agrícolas con el fin de que los productores sepan qué productos utilizar y en qué circunstancias, cuáles son las dosis recomendadas. Tenemos que trabajar y generar conciencia en productores y consumidores, también continuar en la búsqueda de un nuevo modelo de agricultura para los misioneros”, añadió.
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Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Los diputados provinciales dieron un paso más para prohibir el uso y la comercialización del glifosato, iniciativa que obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y que ahora deberá ser tratada en el recinto de la Cámara de Representantes.
Es muy probable que sea tratada en la próxima sesión ordinaria, el próximo jueves, ya que solamente quedan dos encuentros del pleno de diputados en este 2018.
La lucha para prohibir el uso del glifosato, sus componentes y afines comenzó hace un par de años. Primero fue la actual secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira (FR), quien presentó un proyecto para tratar el tema. Y a principios de este año, el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), Martín Sereno, insistió con una idea en el mismo sentido junto a todo su bloque legislativo.
El diputado comentó a PRIMERA EDICIÓN que “es una satisfacción porque es un producto que está haciendo mucho daño a nuestros colonos”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En el artículo 1 del dictamen, los diputados expresaron: “Prohíbase la utilización de glifosato, sus componentes y afines en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; Reservas Naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que provean, o deriven en cursos de agua que provean del vital líquido a comunidades originarias y centros urbanos para su procesamiento para consumo humano o para utilización para la producción agrícola ganadera”.
“La prohibición de la presente Ley rige a partir del 1 de abril del 2020, dicho plazo se establece con el fin de iniciar un cambio cultural de los sistemas productivos actuales hacia métodos más amigables con el medio ambiente”, agregaron.
Mientras que en su artículo 2 están los objetivos de la Ley, que plantea: “Evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población al glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud. Promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso. Brindar protección a la flora y fauna de la región que pueda verse afectada”.
De igual manera propone, “resguardar la Salud, el territorio y la autodeterminación de las comunidades originarias de nuestra provincia, como pueblos que viven en armonía con su entorno y que pueden verse afectados de manera directa, indirecta o derivada”.
Fundamentos
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos de biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos, los cuales deberían prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
Asimismo, cuestionó “los argumentos en defensa de la utilización casi indiscriminada de sustancias plaguicidas, del tipo de los venenos agroquímicos y/o agrotóxicos, a pesar de los daños asociados a un uso excesivo e inseguro”.
“Está asentada la posición de la necesidad de una agricultura industrial intensiva, casi totalmente dependiente de estas sustancias, con la finalidad de lograr producciones que rindan para alimentar a una población mundial cada vez mayor. Sin embargo, no podemos dejar pasar que este fin no puede perseguirse a costa de la salud humana, en detrimento de comunidades y del medio ambiente”, sostuvo.
Apoyo
Durante todo este año, la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente recibió la visita de varios especialistas. Una de ellas, la integrante de la Red de Agroecología de Misiones, Marcela Bobatto, explicó las consecuencias de estar en constante cercanía al herbicida.
“Son millones de litros los que se usan por año en las chacras misioneras, hay que empezar a cambiar la utilización de los agrotóxicos por una plantación más orgánica. Los productores están constantemente expuestos, pero también hay otros casos y la realidad es que son nocivos para las personas”, aseguró.
“Se estima que el glifosato representa un 70% de todos los agrotóxicos que se están utilizando en el sistema agroalimentario”, detalló la especialista y consideró que “por eso, a nivel país también se debate sobre su uso”.
Por su parte, la funcionaria provincial Marta Ferreira también se expidió al respecto y dijo que “en la provincia se utilizan muchos productos químicos de los cuales algunos son muy tóxicos”.
“Actualmente se están llevando adelante capacitaciones de buenas prácticas agrícolas con el fin de que los productores sepan qué productos utilizar y en qué circunstancias, cuáles son las dosis recomendadas. Tenemos que trabajar y generar conciencia en productores y consumidores, también continuar en la búsqueda de un nuevo modelo de agricultura para los misioneros”, añadió.
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Senasa prohibió cinco agroquímicos
Prohíben la fabricación y venta de cinco plaguicidas riesgosos para la salud
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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La Pampa, desmanejo de agroquímicos y la misma respuesta
Moralejo descartó una prohibición total en el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo Moralejo, descartó la posibilidad de avanzar en una prohibición total del uso de agroquímicos en el territorio pampeano y, en cambio, indicó que se pretende hacer “un mejor uso”.
Las declaraciones se producen luego de que desde el Colectivo Sanitario le entregaran un petitorio en el que reclaman poner fin a las fumigaciones.
Moralejo dijo que desde el Gobierno se trabaja en la modificación de la reglamentación del uso de agroquímicos para lograr un mejor uso y una mayor concientización por parte de los productores, expendedores y empresas fumigadoras.
En ese sentido comentó que “la intención es que se usen como corresponde, respetando la legislación nacional y la provincial. Nosotros consideramos que es un insumo dentro del manejo de los campos. No estamos en una posición fundamentalista de decir ‘esto no va’, sino decimos que se debe hacer un uso adecuado, buscando aquellos productos que no tienen impacto adverso con la sociedad y el ambiente”.
“Es un compromiso del Gobierno pampeano cuidar la salud de los pampeanos. Para ello trabajamos con el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio de Ingenieros Agrónomos para dar seguridad y que la actividad agrícola que se realiza en La Pampa no ofrezca riesgos en la salud de los habitantes, ni la contaminación del ambiente”, explicó.
Agregó que “la ley existe, estamos viendo cómo modificarla, pero fundamentalmente que se cumplan las legislaciones vigentes. Vamos a profundizar algunos aspectos que llevarán a un cambio en la ley. También debe existir una concientización en los municipios, tener ordenanzas correspondientes en lo que hace a las pulverizaciones periurbanas; hace falta más concientización, los municipios son responsables en pulverizaciones periurbanas y nosotros que todo el equipamiento esté en estado adecuado”.
Sostuvo también que “se trabaja en la recuperación de bidones que fueron utilizados con agroquímicos. La idea es que no queden en los campos, que sean reciclados, es un compromiso social trabajar en este sentido”
“Queremos brindar la seguridad adecuada pues nuestra provincia es productora de agroalimentos; nosotros queremos proteger a nuestra industria agroalimentaria para que estas materias primas no tengan residuos y puedan perder competitividad en los diferentes mercados”, concluyó Moralejo.
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Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo Moralejo, descartó la posibilidad de avanzar en una prohibición total del uso de agroquímicos en el territorio pampeano y, en cambio, indicó que se pretende hacer “un mejor uso”.
Las declaraciones se producen luego de que desde el Colectivo Sanitario le entregaran un petitorio en el que reclaman poner fin a las fumigaciones.
Moralejo dijo que desde el Gobierno se trabaja en la modificación de la reglamentación del uso de agroquímicos para lograr un mejor uso y una mayor concientización por parte de los productores, expendedores y empresas fumigadoras.
En ese sentido comentó que “la intención es que se usen como corresponde, respetando la legislación nacional y la provincial. Nosotros consideramos que es un insumo dentro del manejo de los campos. No estamos en una posición fundamentalista de decir ‘esto no va’, sino decimos que se debe hacer un uso adecuado, buscando aquellos productos que no tienen impacto adverso con la sociedad y el ambiente”.
“Es un compromiso del Gobierno pampeano cuidar la salud de los pampeanos. Para ello trabajamos con el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio de Ingenieros Agrónomos para dar seguridad y que la actividad agrícola que se realiza en La Pampa no ofrezca riesgos en la salud de los habitantes, ni la contaminación del ambiente”, explicó.
Agregó que “la ley existe, estamos viendo cómo modificarla, pero fundamentalmente que se cumplan las legislaciones vigentes. Vamos a profundizar algunos aspectos que llevarán a un cambio en la ley. También debe existir una concientización en los municipios, tener ordenanzas correspondientes en lo que hace a las pulverizaciones periurbanas; hace falta más concientización, los municipios son responsables en pulverizaciones periurbanas y nosotros que todo el equipamiento esté en estado adecuado”.
Sostuvo también que “se trabaja en la recuperación de bidones que fueron utilizados con agroquímicos. La idea es que no queden en los campos, que sean reciclados, es un compromiso social trabajar en este sentido”
“Queremos brindar la seguridad adecuada pues nuestra provincia es productora de agroalimentos; nosotros queremos proteger a nuestra industria agroalimentaria para que estas materias primas no tengan residuos y puedan perder competitividad en los diferentes mercados”, concluyó Moralejo.
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Apelan el fallo que protege las escuelas de fumigaciones
La Provincia apeló el fallo que prohíbe fumigar a mil metros de escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Entre Ríos: prohiben fumigar cerca de escuelas rurales
Fallo inédito: la Justicia prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental
Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte
Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Funcionario de La Pampa admite problemas con agroquímicos
"Tenemos problemas graves por mal uso de agroquímicos"
Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que "hay que tener mucho cuidado con el uso de agroquímicos". "Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales", admitió.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, participó el fin de semana del acto inaugural de la 63º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial organizada por la Asociación Rural de Realicó. En ese marco, se refirió a la utilización de agroquímicos que están haciendo los productores agropecuarios para intensificar sus cosechas y mejorar los rindes.
Reveló que hay "trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas".
"Creemos también que toda la agricultura debe eficientizarse y en ese camino hay que tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Tenemos problemas graves porque por mal o exceso de uso afecta los recursos naturales, teniendo trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas. Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales”, aseguró.
Recordó que "la innovación es una herramienta permanente en estos tiempos, por eso queremos dejar asentado aquí la defensa del INTA, del SENASA, del CONICET y del INTI, porque son las que nos generan tecnología para poder producir y competir. Modelos sobran, hace poco en Marcos Juárez se sacó una soja más resistente al glifosato. Cuando no tengamos tecnología no vamos a tener innovaciones, y cuando no hay innovación llegarán los productos foráneos que habrá que pagar la patente para poder utilizarlos. Creo que debe existir una férrea defensa de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ese compromiso los debemos asumir todos, me hubiera gustado que en su discurso hubiera una mención a estas instituciones que hicieron grandes al campo, porque permitieron que con tecnología argentina se pudiera ser competitivo a nivel internacional”, señaló.
Exposición
El funcionario provincial, que también recorrió los distintos stands y participó del almuerzo, transmitió en su discurso el saludo del gobernador, Carlos Verna, e inmediatamente identificó al sector, “que trabaja por la economía provincial, por su desarrollo, generando materia prima para que el segmento agroindustrial pueda desarrollarse desde La Pampa”.
Moralejo destacó a los organizadores de la tradicional muestra por el trabajo, dedicación, esfuerzo, “para llevar adelante una exposición relevante en cantidad y calidad de stand”. En ese contexto, reconoció que gran parte de ese trabajo organizativo pudo ser posible merced al nivel de “conducción y compromiso” de parte de los mismos.
Valorizó el trabajo de los cabañeros, “porque en la última década pasaron de hacer encierres muy pequeños de animales a hoy, con una realidad que nos muestra un encierre importantísimo. Eso es bueno y merece el reconocimiento del acompañamiento desde el año 2005 cuando lanzamos el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de mejorar la ganadería pampeana, tanto en cantidad como en calidad de su genética”.
El ministro se afirmó en datos estadísticos que señalan que en el año 2005 había 21 cabañas registradas en la provincia, mientras que en la actualidad existen 56, “creciendo, invirtiendo y saliendo fuera de la provincia, logrando importantes premios como el que obtuvo recientemente en Huinca Renancó una cabaña de General Acha”.
Pedidos
Continuando con sus palabras, Moralejo fue claro al sostener la necesidad de que se termine la comercialización de la media res, “porque eso va a mejorar la eficiencia e integración de la misma logrando tener mejores precios. Eso lo debemos impulsar desde los gobiernos provinciales con el acompañamiento de las asociaciones agropecuarias, porque estoy seguro que se va a traducir en un 10 o 15 % más del valor de la carne”.
“Vivimos tiempos saludables en lo que es agricultura, más ahora porque se sembró con un dólar a 20 pesos y se está vendiendo con un dólar de 40, aquellos que reservaron bolsones hicieron diferencias importantes”, dijo.
Moralejo se mostró convencido de que las retenciones “son una herramienta no adecuada, no hay ninguna parte del mundo donde se apliquen retenciones a la exportación, de lo que fuere".
“Estamos pasando tiempos complejos, tiempos en los cuales hubo un mal diagnóstico cuando asumió este nuevo gobierno. Hoy vemos que tenemos problemas que se deberían haber encarado de otras formas desde el inicio y se nos ha complicado. No importa que haya una herencia, si la hubo tuvo que haberse diagnosticado y definido los proyectos económicos y productivos para cada una de las regiones del país y para cada uno de los sectores de la sociedad. No estar inmersos en esta crisis que hoy muchos argentinos la están padeciendo mal. Sabemos que tenemos que acompañar, pero también sabemos que tenemos que poner las personas idóneas en los lugares que tienen que estar. La producción en Argentina no se arregla con financistas, se arregla con economistas comprometidos con la producción y con el pueblo argentino, eso es lo que estamos pidiendo y lo que defiende nuestro gobernador. Él no pelea, defiende los intereses de todos los sectores de la sociedad pampeana, lo ha demostrado con la defensa de los ríos pampeanos” afirmó.
“Debemos pensar en un programa abarcativo para todos y a su vez inclusivo, no estamos en un país donde algunos se salven y otros no, queremos que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y generen trabajo, ese ha sido y es nuestro objetivo, vemos como nuestra provincia se está abriendo a los mercados internacionales, es una de las únicas formas para crecer y desarrollar en el tiempo una sociedad que incluya a todos, para eso trabajamos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que "hay que tener mucho cuidado con el uso de agroquímicos". "Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales", admitió.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, participó el fin de semana del acto inaugural de la 63º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial organizada por la Asociación Rural de Realicó. En ese marco, se refirió a la utilización de agroquímicos que están haciendo los productores agropecuarios para intensificar sus cosechas y mejorar los rindes.
Reveló que hay "trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas".
"Creemos también que toda la agricultura debe eficientizarse y en ese camino hay que tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Tenemos problemas graves porque por mal o exceso de uso afecta los recursos naturales, teniendo trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas. Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales”, aseguró.
Recordó que "la innovación es una herramienta permanente en estos tiempos, por eso queremos dejar asentado aquí la defensa del INTA, del SENASA, del CONICET y del INTI, porque son las que nos generan tecnología para poder producir y competir. Modelos sobran, hace poco en Marcos Juárez se sacó una soja más resistente al glifosato. Cuando no tengamos tecnología no vamos a tener innovaciones, y cuando no hay innovación llegarán los productos foráneos que habrá que pagar la patente para poder utilizarlos. Creo que debe existir una férrea defensa de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ese compromiso los debemos asumir todos, me hubiera gustado que en su discurso hubiera una mención a estas instituciones que hicieron grandes al campo, porque permitieron que con tecnología argentina se pudiera ser competitivo a nivel internacional”, señaló.
Exposición
El funcionario provincial, que también recorrió los distintos stands y participó del almuerzo, transmitió en su discurso el saludo del gobernador, Carlos Verna, e inmediatamente identificó al sector, “que trabaja por la economía provincial, por su desarrollo, generando materia prima para que el segmento agroindustrial pueda desarrollarse desde La Pampa”.
Moralejo destacó a los organizadores de la tradicional muestra por el trabajo, dedicación, esfuerzo, “para llevar adelante una exposición relevante en cantidad y calidad de stand”. En ese contexto, reconoció que gran parte de ese trabajo organizativo pudo ser posible merced al nivel de “conducción y compromiso” de parte de los mismos.
Valorizó el trabajo de los cabañeros, “porque en la última década pasaron de hacer encierres muy pequeños de animales a hoy, con una realidad que nos muestra un encierre importantísimo. Eso es bueno y merece el reconocimiento del acompañamiento desde el año 2005 cuando lanzamos el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de mejorar la ganadería pampeana, tanto en cantidad como en calidad de su genética”.
El ministro se afirmó en datos estadísticos que señalan que en el año 2005 había 21 cabañas registradas en la provincia, mientras que en la actualidad existen 56, “creciendo, invirtiendo y saliendo fuera de la provincia, logrando importantes premios como el que obtuvo recientemente en Huinca Renancó una cabaña de General Acha”.
Pedidos
Continuando con sus palabras, Moralejo fue claro al sostener la necesidad de que se termine la comercialización de la media res, “porque eso va a mejorar la eficiencia e integración de la misma logrando tener mejores precios. Eso lo debemos impulsar desde los gobiernos provinciales con el acompañamiento de las asociaciones agropecuarias, porque estoy seguro que se va a traducir en un 10 o 15 % más del valor de la carne”.
“Vivimos tiempos saludables en lo que es agricultura, más ahora porque se sembró con un dólar a 20 pesos y se está vendiendo con un dólar de 40, aquellos que reservaron bolsones hicieron diferencias importantes”, dijo.
Moralejo se mostró convencido de que las retenciones “son una herramienta no adecuada, no hay ninguna parte del mundo donde se apliquen retenciones a la exportación, de lo que fuere".
“Estamos pasando tiempos complejos, tiempos en los cuales hubo un mal diagnóstico cuando asumió este nuevo gobierno. Hoy vemos que tenemos problemas que se deberían haber encarado de otras formas desde el inicio y se nos ha complicado. No importa que haya una herencia, si la hubo tuvo que haberse diagnosticado y definido los proyectos económicos y productivos para cada una de las regiones del país y para cada uno de los sectores de la sociedad. No estar inmersos en esta crisis que hoy muchos argentinos la están padeciendo mal. Sabemos que tenemos que acompañar, pero también sabemos que tenemos que poner las personas idóneas en los lugares que tienen que estar. La producción en Argentina no se arregla con financistas, se arregla con economistas comprometidos con la producción y con el pueblo argentino, eso es lo que estamos pidiendo y lo que defiende nuestro gobernador. Él no pelea, defiende los intereses de todos los sectores de la sociedad pampeana, lo ha demostrado con la defensa de los ríos pampeanos” afirmó.
“Debemos pensar en un programa abarcativo para todos y a su vez inclusivo, no estamos en un país donde algunos se salven y otros no, queremos que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y generen trabajo, ese ha sido y es nuestro objetivo, vemos como nuestra provincia se está abriendo a los mercados internacionales, es una de las únicas formas para crecer y desarrollar en el tiempo una sociedad que incluya a todos, para eso trabajamos”, concluyó.
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Despiden docente que se opone a las fumigaciones rurales
Denuncian que echaron a docente por su oposición a fumigaciones
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.
Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.
Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.
Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.
Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.
Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.
Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.
Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.
Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Agroquímicos sin control en Río Negro
Agroquímicos sin control, un riesgo para la salud en Valle Medio
Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Técnicos y funcionarios del área ambiental proponen crear un depósito de estos residuos contaminantes en la zona, ya que hoy existe un desmanejo en los envases por parte de los productores.
El correcto uso de agroquímicos y el posterior descarte de los envases utilizados sigue siendo una tarea pendiente. Si bien en Río Negro, existe una ley, aprobada hace 30 años, no se está aplicando por la falta de organismos que la ejecuten, por lo que muchos productores y profesionales agrícolas se muestran preocupados por lo que consideran una situación de desmanejo y descontrol de estos productos.
Aunque la aplicación de nuevas técnicas, principalmente en la fruticultura, ha hecho que se baje la cantidad de aplicaciones de productos químicos en los montes, en la horticultura, una actividad creciente en la zona, se mantiene su uso intensivo.
En el caso particular del Valle Medio, la ingeniera agrónoma Nazarena Sternone, realizó hace poco una propuesta para crear un centro regional de acopio de envases. Allí señala que “en el Valle Medio del Río Negro los envases vacíos de agroquímicos abandonados en el campo constituyen un verdadero riesgo para la salud humana y ambiental. Generalmente los envases vacíos quedan abandonados en las chacras o aún peor en cursos de agua, se entierran, queman o se lavan para su posterior reutilización. Ninguna de estas prácticas es recomendada. Por esta razón, para mitigar el riesgo ambiental que estas prácticas habituales constituyen, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, se vienen llevando adelante sucesivas campañas de recolección de envases vacíos de agroquímicos, previamente tratados con la técnica del triple lavado, para su posterior reciclado. La técnica del triple lavado asegura prácticamente un 100 % de la remoción del líquido remanente”.
Indicó –además– que “la Chacra Experimental de Luis Beltrán acompaña esta campaña actuando como Centro de Acopio Transitorio de dichos envases. Nos parece conveniente y apropiado poder contar en el predio de la chacra con instalaciones adecuadas y que cumplan con los requisitos básicos para la recepción de los bolsones” explica.
Más adelante, agrega que “se pretende en el marco de la campaña realizar en la región capacitaciones a productores y usuarios de los agroquímicos sobre medidas de seguridad, técnica del triple lavado e inutilización de envases vacíos”.
La posibilidad de contar con un sitio de estas características en Lamarque vendría a ordenar el acopio de envases de agroquímicos en la comarca.
En la última campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos en la provincia, se juntaron un total de 7 toneladas de residuos. Sin embargo , no hay controles sobre el manejo y uso de estos productos. Tras la desaparición de organismos que se encargaban de la aplicación de la ley provincial 2175, no hay entidades que se hayan encargado del tema.
Por caso, desde Medio Ambiente de la provincia no se dieron respuestas concretas a una serie de preguntas de este medio sobre cómo es actualmente el escenario de manejo de agroquímicos. Por otra parte, se señala que el organismo gubernamental actualmente sólo inspecciona los depósitos de envases. Pero no existen medidas de control sobre la utilización irregular de los agroquímicos en la provincia.
Modernización
Un comerciante de este tipo de productos de la zona del Valle Medio al ser consultado señaló “para horticultura lo que más se vende son los herbicidas. La fruticultura cada vez más va usando menos agroquímicos, porque va más hacia el sistema de feromonas de confusión sexual” que no son químicos. De este modo, los especialistas señalan que las aplicaciones en el monte de frutales han disminuido en la última década de manera considerable. Se pasó de un promedio de 8 a 10 aplicaciones a alrededor de sólo 2 ó 3.
Diana Fernández, técnica de la sede del INTA en Valle Medio asegura que hoy “no hay quien regule. Nosotros sólo damos las capacitaciones: decimos y explicamos la técnica del triple lavado, cómo deben ser los depósitos, el uso, todo lo que es la protección. Eso es lo que nosotros hacemos en las capacitaciones básicas con los pequeños productores y en los colegios para concientizar a los chicos”. Pero también desde los distintos ámbitos consultados por este medio se menciona que existe, sobre todo en los productores hortícolas, un alto grado de informalidad.
Se aplican productos sólo por la recomendación de otros productores y no de especialistas. O no se toman en cuenta las medidas de protección para la aplicación o para deshacerse de los envases. (ver infografía)
¿Cuánto se usa?
Por otra parte, es difícil establecer la cantidad de químicos que se utilizan en la zona.
Por ejemplo, la cantidad de productores totales en Valle Medio es y ha sido una materia pendiente sobre todo del estado provincial, dado que no se han realizado censos en la zona.
A pesar de ello desde la Agencia de Extensión del INTA del Valle Medio se dieron a conocer algunos detalles como la cantidad de hectáreas en producción: en nogales 450 hectáreas de vid 82, de pepita –manzana y pera– 2.200 hectáreas, y fruta de carozo unas 250 hectáreas.
Por otra parte, se indica que otras producciones como el tomate alcanzan las 500 hectáreas en producción.
En el caso de la horticultura cabe mencionar, como número de referencia que entre las ferias de Choele Choel, Beltrán y Lamarque participan alrededor de 50 productores.
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Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Técnicos y funcionarios del área ambiental proponen crear un depósito de estos residuos contaminantes en la zona, ya que hoy existe un desmanejo en los envases por parte de los productores.
El correcto uso de agroquímicos y el posterior descarte de los envases utilizados sigue siendo una tarea pendiente. Si bien en Río Negro, existe una ley, aprobada hace 30 años, no se está aplicando por la falta de organismos que la ejecuten, por lo que muchos productores y profesionales agrícolas se muestran preocupados por lo que consideran una situación de desmanejo y descontrol de estos productos.
Aunque la aplicación de nuevas técnicas, principalmente en la fruticultura, ha hecho que se baje la cantidad de aplicaciones de productos químicos en los montes, en la horticultura, una actividad creciente en la zona, se mantiene su uso intensivo.
En el caso particular del Valle Medio, la ingeniera agrónoma Nazarena Sternone, realizó hace poco una propuesta para crear un centro regional de acopio de envases. Allí señala que “en el Valle Medio del Río Negro los envases vacíos de agroquímicos abandonados en el campo constituyen un verdadero riesgo para la salud humana y ambiental. Generalmente los envases vacíos quedan abandonados en las chacras o aún peor en cursos de agua, se entierran, queman o se lavan para su posterior reutilización. Ninguna de estas prácticas es recomendada. Por esta razón, para mitigar el riesgo ambiental que estas prácticas habituales constituyen, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, se vienen llevando adelante sucesivas campañas de recolección de envases vacíos de agroquímicos, previamente tratados con la técnica del triple lavado, para su posterior reciclado. La técnica del triple lavado asegura prácticamente un 100 % de la remoción del líquido remanente”.
Indicó –además– que “la Chacra Experimental de Luis Beltrán acompaña esta campaña actuando como Centro de Acopio Transitorio de dichos envases. Nos parece conveniente y apropiado poder contar en el predio de la chacra con instalaciones adecuadas y que cumplan con los requisitos básicos para la recepción de los bolsones” explica.
Más adelante, agrega que “se pretende en el marco de la campaña realizar en la región capacitaciones a productores y usuarios de los agroquímicos sobre medidas de seguridad, técnica del triple lavado e inutilización de envases vacíos”.
La posibilidad de contar con un sitio de estas características en Lamarque vendría a ordenar el acopio de envases de agroquímicos en la comarca.
En la última campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos en la provincia, se juntaron un total de 7 toneladas de residuos. Sin embargo , no hay controles sobre el manejo y uso de estos productos. Tras la desaparición de organismos que se encargaban de la aplicación de la ley provincial 2175, no hay entidades que se hayan encargado del tema.
Por caso, desde Medio Ambiente de la provincia no se dieron respuestas concretas a una serie de preguntas de este medio sobre cómo es actualmente el escenario de manejo de agroquímicos. Por otra parte, se señala que el organismo gubernamental actualmente sólo inspecciona los depósitos de envases. Pero no existen medidas de control sobre la utilización irregular de los agroquímicos en la provincia.
Modernización
Un comerciante de este tipo de productos de la zona del Valle Medio al ser consultado señaló “para horticultura lo que más se vende son los herbicidas. La fruticultura cada vez más va usando menos agroquímicos, porque va más hacia el sistema de feromonas de confusión sexual” que no son químicos. De este modo, los especialistas señalan que las aplicaciones en el monte de frutales han disminuido en la última década de manera considerable. Se pasó de un promedio de 8 a 10 aplicaciones a alrededor de sólo 2 ó 3.
Diana Fernández, técnica de la sede del INTA en Valle Medio asegura que hoy “no hay quien regule. Nosotros sólo damos las capacitaciones: decimos y explicamos la técnica del triple lavado, cómo deben ser los depósitos, el uso, todo lo que es la protección. Eso es lo que nosotros hacemos en las capacitaciones básicas con los pequeños productores y en los colegios para concientizar a los chicos”. Pero también desde los distintos ámbitos consultados por este medio se menciona que existe, sobre todo en los productores hortícolas, un alto grado de informalidad.
Se aplican productos sólo por la recomendación de otros productores y no de especialistas. O no se toman en cuenta las medidas de protección para la aplicación o para deshacerse de los envases. (ver infografía)
¿Cuánto se usa?
Por otra parte, es difícil establecer la cantidad de químicos que se utilizan en la zona.
Por ejemplo, la cantidad de productores totales en Valle Medio es y ha sido una materia pendiente sobre todo del estado provincial, dado que no se han realizado censos en la zona.
A pesar de ello desde la Agencia de Extensión del INTA del Valle Medio se dieron a conocer algunos detalles como la cantidad de hectáreas en producción: en nogales 450 hectáreas de vid 82, de pepita –manzana y pera– 2.200 hectáreas, y fruta de carozo unas 250 hectáreas.
Por otra parte, se indica que otras producciones como el tomate alcanzan las 500 hectáreas en producción.
En el caso de la horticultura cabe mencionar, como número de referencia que entre las ferias de Choele Choel, Beltrán y Lamarque participan alrededor de 50 productores.
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Murió Fabián Tomasi, simbolo de lucha contra los agrotóxicos
Murió Fabián Tomasi, víctima de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 08/09/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El exfumigador padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. Fue el ejemplo de las consecuencias del uso de glifosato en los campos.
El exfumigador Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, luego de no haber podido sobreponerse a una neumonía que provocó su internación hace cinco días.
Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso, según consignó el medio local Uno Entre Ríos.
El exbanderillero fue el protagonista del libro Envenenados del periodista y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
El exfumigador había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había glifosato–, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja.
"Era verano, trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban", relató el hombre en una entrevista.
Despedida. El autor del libro que cuenta la historia de Tomasi expresó sus condolencias en Twitter y calificó al hombre como un "símbolo de la lucha contra las fumigaciones".
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Fecha de Publicación: 08/09/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El exfumigador padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. Fue el ejemplo de las consecuencias del uso de glifosato en los campos.
El exfumigador Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, luego de no haber podido sobreponerse a una neumonía que provocó su internación hace cinco días.
Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso, según consignó el medio local Uno Entre Ríos.
El exbanderillero fue el protagonista del libro Envenenados del periodista y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
El exfumigador había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había glifosato–, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja.
"Era verano, trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban", relató el hombre en una entrevista.
Despedida. El autor del libro que cuenta la historia de Tomasi expresó sus condolencias en Twitter y calificó al hombre como un "símbolo de la lucha contra las fumigaciones".
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Justicia de Santa Fe ordena control de agrotóxicos en verduras
La justicia ordenó que se controlen agroquímicos en frutas y verduras
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
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Santa Fe se sumó a la ola del anti-glifosato
Otro revés para el glifosato: ahora Santa Fe vetó el uso y comercialización del herbicida que creó Monsanto
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe
El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.
Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
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Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe
El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.
Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
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Juez y parte para autorizar el glifosato
Juez y parte del glifosato
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
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Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
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