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Políticas al servicio de los agroquímicos
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Ministros de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Quieren prohibir el Glifosato en todo Chubut
A partir de una ley se prohibiría el uso del Glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 03/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El legislador provincial del PJ-FpV, José Grazzini Agüero, presentó un proyecto de ley disponiendo "la prohibición, en todo el territorio de Chubut, de la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que lo tengan como base o principio activo".
“La Autoridad de Aplicación de la Ley será el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el que será responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido por esta norma, de la difusión de sus alcances, del control del cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente y de la sanción correspondiente, al igual que de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”, prevé la iniciativa.
Entre los fundamentos, sostiene que tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población a partir de que a comienzos del año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el Glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, lo que no está comprendido por la Ley XI Nº 16 (Antes Ley 4073), y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectiva las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo”, afirmó en la fundamentación del proyecto de ley.
“La Autoridad de Aplicación ejecutará las medidas tendientes a la prevención en la utilización de productos alternativos al Glifosato, controlará los efectos adversos de biocidas y agroquímicos alternativos que incidan sobre la salud de la población, a la par de propender a la obtención de los mayores beneficios por parte de los productores agropecuarios, evitar la contaminación del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico”, dispone en la normativa.
“La inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidas en esta ley y su reglamentación será investigada y sancionada por la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo cuyo trámite será establecido por la reglamentación, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor. Las sanciones previstas serán dispuestas por la autoridad de aplicación en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia”, se alude.
El proyecto de ley establece que la primera infracción será sancionada con una multa de entre 10.000 y 30.000 UF a las que refiere el Artículo 84 del Anexo A de la Ley XIX Nº 26. “Cuando el infractor sea reincidente, la multa a imponer duplicará el monto de la última aplicada, sin posibilidad de conmutar la sanción y sin perjuicio de la inhabilitación temporaria o definitiva de los establecimientos, empresas y profesionales responsables”.
“La Autoridad de Aplicación está autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las multas u otras penalidades o acciones que correspondiere, todo producto agropecuario que contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas compuestas o derivadas del Glifosato. Las costas que pudiera generar la aplicación de este artículo será con cargo al infractor”, consigna.
“Quedará exceptuado de los alcances de esta Ley el tránsito de paso por rutas del territorio chubutense, con destino a otros estados provinciales, de glifosato o productos cuyo principio activo sea el glifosato, lo que deberá ser avalado con la respectiva documentación de tránsito que así lo certifique. En el mismo carácter, queda exceptuado de los alcances de esta Ley el ingreso de Glifosato a territorio chubutense, o productos formulado en base a este herbicida, que tenga por destino responder a necesidad de autoridad judicial para ser exclusivamente destinado a la fumigación de cultivos ilegales a fin de su destrucción y eliminación”, expresa el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 03/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El legislador provincial del PJ-FpV, José Grazzini Agüero, presentó un proyecto de ley disponiendo "la prohibición, en todo el territorio de Chubut, de la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que lo tengan como base o principio activo".
“La Autoridad de Aplicación de la Ley será el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el que será responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido por esta norma, de la difusión de sus alcances, del control del cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente y de la sanción correspondiente, al igual que de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”, prevé la iniciativa.
Entre los fundamentos, sostiene que tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población a partir de que a comienzos del año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el Glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, lo que no está comprendido por la Ley XI Nº 16 (Antes Ley 4073), y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectiva las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo”, afirmó en la fundamentación del proyecto de ley.
“La Autoridad de Aplicación ejecutará las medidas tendientes a la prevención en la utilización de productos alternativos al Glifosato, controlará los efectos adversos de biocidas y agroquímicos alternativos que incidan sobre la salud de la población, a la par de propender a la obtención de los mayores beneficios por parte de los productores agropecuarios, evitar la contaminación del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico”, dispone en la normativa.
“La inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidas en esta ley y su reglamentación será investigada y sancionada por la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo cuyo trámite será establecido por la reglamentación, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor. Las sanciones previstas serán dispuestas por la autoridad de aplicación en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia”, se alude.
El proyecto de ley establece que la primera infracción será sancionada con una multa de entre 10.000 y 30.000 UF a las que refiere el Artículo 84 del Anexo A de la Ley XIX Nº 26. “Cuando el infractor sea reincidente, la multa a imponer duplicará el monto de la última aplicada, sin posibilidad de conmutar la sanción y sin perjuicio de la inhabilitación temporaria o definitiva de los establecimientos, empresas y profesionales responsables”.
“La Autoridad de Aplicación está autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las multas u otras penalidades o acciones que correspondiere, todo producto agropecuario que contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas compuestas o derivadas del Glifosato. Las costas que pudiera generar la aplicación de este artículo será con cargo al infractor”, consigna.
“Quedará exceptuado de los alcances de esta Ley el tránsito de paso por rutas del territorio chubutense, con destino a otros estados provinciales, de glifosato o productos cuyo principio activo sea el glifosato, lo que deberá ser avalado con la respectiva documentación de tránsito que así lo certifique. En el mismo carácter, queda exceptuado de los alcances de esta Ley el ingreso de Glifosato a territorio chubutense, o productos formulado en base a este herbicida, que tenga por destino responder a necesidad de autoridad judicial para ser exclusivamente destinado a la fumigación de cultivos ilegales a fin de su destrucción y eliminación”, expresa el proyecto de ley.
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Santa Fe: convoca a movilización hoy por las fumigaciones
La Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca a una nueva movilización
Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe convocaron a los movimientos sociales, pueblos originarios, partidos políticos, gremios, iglesias, colectivos culturales y al publico en general, a manifestarse en la explanada de la Legislatura provincial el miércoles 1 de agosto a partir de las 11.
La convocatoria es "ante la necesidad urgente que tenemos los pobladores santafesinos de contar con una modificación a la Ley Nº 11.273, que regula el uso de agrotóxicos en nuestro territorio provincial". "La legislación vigente tiene más de veinte años y es anterior a la incorporación de los transgénicos en el modelo productivo imperante", agregaron.
"Hace más de ocho meses que el proyecto modificatorio está «estancado», sin dictamen, en la Comisión de Salud de dicha Cámara. Consideramos fundamental reformar la mal llamada ley de fitosanitarios, para preservar la salud de todos los santafesinos, pero muy especialmente, la de los pueblos fumigados del interior provincial", destacaron.
Y en la misma línea acotaron que "si bien esta normativa no resuelve el problema del modelo productivo de fondo, preservaría la salud de los más afectados y crearía zonas sin químicos para desarrollar producciones sin venenos. El Estado provincial debe garantizar la capacitación y la aplicación de la ley de fomento de la agroecología, que también espera tratamiento y aprobación por ambas cámaras", insistieron.
El glifosato
"A pesar de toda la evidencia científica disponible de lo nocivo que resulta el modelo productivo basado en el uso de químicos y transgénicos (entre ellas se destaca la recategorización, realizada por la OMS en 2015, de los herbicidas glifosato y 2,4D como probables y posibles cancerígenos), la Comisión de Salud de dicha Cámara se dispone a realizar el 1 de agosto otra jornada de debate, soslayando los innumerables fundamentos que nos amparan en el reclamo", se explayaron desde la Campaña.
Y continuaron: "Pero además, la Comisión de Salud ha ignorado en su convocatoria a médicos y vecinos afectados por las fumigaciones, convocando solo a un ingeniero agrónomo. A todas luces, tendrían que ser personal de salud y afectados quienes den su testimonio acerca de los impactos de los agroquímicos en la salud humana".
"El proyecto modificatorio impulsado por la Multisectorial corre peligro inminente de perder una vez más el estado parlamentario porque se acaba el plazo legislativo para su tratamiento. Esta sería la cuarta vez que un proyecto para modificar la ley pierde vigencia dejándonos a los pueblos fumigados santafesinos desamparados ante el ataque químico permanente al que somos expuestos. Claramente, hasta ahora la legislatura santafesina no ha querido tratar la nueva ley de agroquímicos, desconociendo el clamor de los vecinos de la provincia que luchan porque se respete el más básico derecho a estar vivos y no ser envenenados", detallaron en ese sentido.
Por todo ello, la Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca e invita a la Jornada de protesta y concientización a realizarse el próximo miércoles 1 de agosto en la explanada de la Legislatura santafesina, a partir de las 11. Habrá tambores, música, intervenciones de artistas, radio abierta, feria de productos agroecológicos y asamblea ciudadana.
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Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe convocaron a los movimientos sociales, pueblos originarios, partidos políticos, gremios, iglesias, colectivos culturales y al publico en general, a manifestarse en la explanada de la Legislatura provincial el miércoles 1 de agosto a partir de las 11.
La convocatoria es "ante la necesidad urgente que tenemos los pobladores santafesinos de contar con una modificación a la Ley Nº 11.273, que regula el uso de agrotóxicos en nuestro territorio provincial". "La legislación vigente tiene más de veinte años y es anterior a la incorporación de los transgénicos en el modelo productivo imperante", agregaron.
"Hace más de ocho meses que el proyecto modificatorio está «estancado», sin dictamen, en la Comisión de Salud de dicha Cámara. Consideramos fundamental reformar la mal llamada ley de fitosanitarios, para preservar la salud de todos los santafesinos, pero muy especialmente, la de los pueblos fumigados del interior provincial", destacaron.
Y en la misma línea acotaron que "si bien esta normativa no resuelve el problema del modelo productivo de fondo, preservaría la salud de los más afectados y crearía zonas sin químicos para desarrollar producciones sin venenos. El Estado provincial debe garantizar la capacitación y la aplicación de la ley de fomento de la agroecología, que también espera tratamiento y aprobación por ambas cámaras", insistieron.
El glifosato
"A pesar de toda la evidencia científica disponible de lo nocivo que resulta el modelo productivo basado en el uso de químicos y transgénicos (entre ellas se destaca la recategorización, realizada por la OMS en 2015, de los herbicidas glifosato y 2,4D como probables y posibles cancerígenos), la Comisión de Salud de dicha Cámara se dispone a realizar el 1 de agosto otra jornada de debate, soslayando los innumerables fundamentos que nos amparan en el reclamo", se explayaron desde la Campaña.
Y continuaron: "Pero además, la Comisión de Salud ha ignorado en su convocatoria a médicos y vecinos afectados por las fumigaciones, convocando solo a un ingeniero agrónomo. A todas luces, tendrían que ser personal de salud y afectados quienes den su testimonio acerca de los impactos de los agroquímicos en la salud humana".
"El proyecto modificatorio impulsado por la Multisectorial corre peligro inminente de perder una vez más el estado parlamentario porque se acaba el plazo legislativo para su tratamiento. Esta sería la cuarta vez que un proyecto para modificar la ley pierde vigencia dejándonos a los pueblos fumigados santafesinos desamparados ante el ataque químico permanente al que somos expuestos. Claramente, hasta ahora la legislatura santafesina no ha querido tratar la nueva ley de agroquímicos, desconociendo el clamor de los vecinos de la provincia que luchan porque se respete el más básico derecho a estar vivos y no ser envenenados", detallaron en ese sentido.
Por todo ello, la Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca e invita a la Jornada de protesta y concientización a realizarse el próximo miércoles 1 de agosto en la explanada de la Legislatura santafesina, a partir de las 11. Habrá tambores, música, intervenciones de artistas, radio abierta, feria de productos agroecológicos y asamblea ciudadana.
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¿Qué comemos los argentinos?: verduras con agroquímicos
¿Qué comemos los argentinos?: los increíbles resultados de los controles del Senasa sobre frutas y verduras
Fecha de Publicación: 31/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Los controles que realiza el Senasa sobre las frutas y verduras que se venden en todo el país arrojaron la presencia de 80 agroquímicos, entre ellos, cuatro sustancias que están prohibidas y otras seis que no están autorizadas. Lo que más llamó la atención es que en muchísimos casos se usan venenos en cultivos para los que no cuentan con permisos y en otros superan ampliamente los límites máximos autorizados. Una enorme cantidad de esos pesticidas, herbicidas y fungicidas terminan en los platos de los argentinos.
Hasta el año pasado prácticamente no había información oficial sobre la presencia de veneno en frutas y verduras. Luego de que la ONG Naturaleza y Derecho presentara un recurso de amparo por el silencio oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que en el 63% de los controles realizados entre 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos. Y que el 7% de las muestras tomadas entre 2014 y 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque en este último caso se cuestionó la metodología, ya que el 30% de los controles reportados fueron hechos en frutas secas, kiwis y bananas.
Esta vez, la ONG volvió a presentar un pedido de acceso a la información pública, pero solicitó que el Senasa detalle los niveles de agroquímicos detectados, algo que no había aclarado el año pasado. El organismo contestó hace pocos días y reportó que entre 2013 y 2016 hubo unos 8 mil controles positivos, pero no precisó cuántas muestras se analizaron en total.
Un ejemplo. En las distintas muestras de acelga se hallaron restos de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Es lo que se conoce como "desvío de uso": cuando se aplica un veneno para un alimento que no tiene permiso.
En la acelga también se detectaron tres sustancias prohibidas (DDT, endosulfán y metamidofos), además de diazinon, y varios agroquímicos con valores por encima de los límites autorizados. Tal el caso de la deltametrina: el máximo permitido es de 0,05 mg/kg, pero en una partida de Misiones se detectó 2,2 mg/kg, es decir, 44 veces por encima del tope legal. Se trata de una sustancia "moderadamente peligrosa", capaz de provocar coreoatetosis, hipotensión, daño prenatal y shock, según el registro de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Pero a la vez, hubo una inconsistencia: el Senasa reconoció la presencia en controles de lotes de acelga de cinco sustancias que no habían sido reportadas el año pasado, lo que puso en duda la credibilidad de sus respuestas. Son metomil, boscalid, DDT, procimidone y axozistrobina.
Ante la consulta de Infobae, el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza y Derecho, criticó esas inconsistencias con otro ejemplo. "En el durazno informaron en 2017 que entre 2014 y 2016 habían detectado en 53 controles cuatro casos fuera de los valores permitidos en el Mercado Central porteño, La Plata y Mar del Plata. Pero ahora con la nueva información que nos dan nos dicen que en esos años y en 2017 hubo 48 controles. Es decir, dicen que en cuatro años hubo menos que en tres años, y pese a que la información esta vez abarca a todo el país. Y cuando repasamos los valores legales, en el durazno hay 30 casos por encima de los valores permitidos", advirtió.
Comer veneno
Naturalmente, el Senasa no controla todos los lotes de productos -algo que sería imposible-, sino una porción que considera representativa, y solamente trabaja sobre los productos que tienen tránsito federal. Esto se traduce en que los argentinos consumen frutas, verduras y hortalizas con venenos prohibidos o no autorizados para esos productos, ya que solo una pequeña porción es detectada.
Por otra parte, existe lo que se conoce como Límites Máximos de Residuos (LMR), que representan la mayor cantidad de restos de agroquímicos presentes en los alimentos que el Senasa considera que son inocuos. Más allá de que la metodología del organismo para determinar ese tope legal no está exenta de discusión, en los controles se detectaron muchísimos casos en los que los valores están por encima de esos límites.
¿Cómo se calculan esos límites máximos? El Senasa apela a una serie de profesionales independientes que evalúan los estudios sobre los agroquímicos y establecen la dosis sin efecto adverso observado, conocida como NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. En base a ello determinan la llamada Ingesta Diaria Admisible (IDA), a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que pueden tener los productos.
Sin embargo, desde el sector agroecológico hace rato que se viene planteando que el Senasa calcula mal esos LMR y el propio organismo por primera vez sugirió que la metodología podría cambiar. ¿Qué ocurre? Según los ambientalistas, por un lado, los LMR son para todos iguales, por lo que no toma en cuenta si se trata de hombre, mujer, adulto o niño, u otras variables como puede ser un problema de salud preexistente. Y por otro lado, no calcula la acumulación de sustancias en el organismo y el efecto sinérgico, es decir, la interacción de los distintos agroquímicos dentro del cuerpo.
En la contestación al pedido de información de la ONG, el Senasa admitió que "la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada". Pero aclaró que la Unión Europea está encarando planes piloto para medir la acumulación, cuyos resultados se esperan para finales de este año, lo que "permitirá evaluar la adopción de dicha metodología (en Argentina) en la medida que se valide y reconozca".
Esto quiere decir que el Senasa admitió, indirectamente, que es posible que los argentinos estén consumiendo alimentos que el Estado considera seguros para la salud humana, pero que no lo son, lo cual contradice cualquier principio precautorio en materia sanitaria y ambiental. Por eso la pregunta es, si hay dudas o dificultades técnicas para el análisis de un producto, ¿se debería autorizar su consumo?
Controles
¿Qué sucede cuando una partida es rechazada? "A través de los datos del acta del producto se identifica y visita al productor, y se le indica que el resultado no es satisfactorio con la norma. Este productor pasa a estar dentro del proceso de muestreo dirigido o vigilancia, en el que se le toman muestras a 5 lotes distintos durante un tiempo. No puede vender hasta que estén los resultados de los análisis. En el caso de que los resultados no sean conformes a la norma, se destruye la mercadería y no puede volver a comercializar. Si los niveles de los 5 muestreos dirigidos dan bien, el productor puede volver a comercializar", aclararon desde el Senasa a Infobae.
En cuanto a los controles, explicaron que "la principal estrategia es la prevención". Para ello realizan capacitaciones constantes a los productores en el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Y creen que están dando sus frutos, ya que "desde hace años viene en caída la presencia de muchos residuos de fitosanitarios en la producción agrícola".
Por otra parte, en el organismo resaltaron, entre otras cosas, la prohibición del uso de productos como el endosulfán en 2012 o la restricción del diclorvós este año (que todavía no está vigente), ambas cuestionadas por la gran demora del Senasa en reconocer su toxicidad. Además, realiza otras medidas como la exigencia de documentación y rotulado que los lotes deben llevar, por ejemplo, para conocer su ruta o localizar a los productores.
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Fecha de Publicación: 31/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Los controles que realiza el Senasa sobre las frutas y verduras que se venden en todo el país arrojaron la presencia de 80 agroquímicos, entre ellos, cuatro sustancias que están prohibidas y otras seis que no están autorizadas. Lo que más llamó la atención es que en muchísimos casos se usan venenos en cultivos para los que no cuentan con permisos y en otros superan ampliamente los límites máximos autorizados. Una enorme cantidad de esos pesticidas, herbicidas y fungicidas terminan en los platos de los argentinos.
Hasta el año pasado prácticamente no había información oficial sobre la presencia de veneno en frutas y verduras. Luego de que la ONG Naturaleza y Derecho presentara un recurso de amparo por el silencio oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que en el 63% de los controles realizados entre 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos. Y que el 7% de las muestras tomadas entre 2014 y 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque en este último caso se cuestionó la metodología, ya que el 30% de los controles reportados fueron hechos en frutas secas, kiwis y bananas.
Esta vez, la ONG volvió a presentar un pedido de acceso a la información pública, pero solicitó que el Senasa detalle los niveles de agroquímicos detectados, algo que no había aclarado el año pasado. El organismo contestó hace pocos días y reportó que entre 2013 y 2016 hubo unos 8 mil controles positivos, pero no precisó cuántas muestras se analizaron en total.
Un ejemplo. En las distintas muestras de acelga se hallaron restos de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Es lo que se conoce como "desvío de uso": cuando se aplica un veneno para un alimento que no tiene permiso.
En la acelga también se detectaron tres sustancias prohibidas (DDT, endosulfán y metamidofos), además de diazinon, y varios agroquímicos con valores por encima de los límites autorizados. Tal el caso de la deltametrina: el máximo permitido es de 0,05 mg/kg, pero en una partida de Misiones se detectó 2,2 mg/kg, es decir, 44 veces por encima del tope legal. Se trata de una sustancia "moderadamente peligrosa", capaz de provocar coreoatetosis, hipotensión, daño prenatal y shock, según el registro de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Pero a la vez, hubo una inconsistencia: el Senasa reconoció la presencia en controles de lotes de acelga de cinco sustancias que no habían sido reportadas el año pasado, lo que puso en duda la credibilidad de sus respuestas. Son metomil, boscalid, DDT, procimidone y axozistrobina.
Ante la consulta de Infobae, el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza y Derecho, criticó esas inconsistencias con otro ejemplo. "En el durazno informaron en 2017 que entre 2014 y 2016 habían detectado en 53 controles cuatro casos fuera de los valores permitidos en el Mercado Central porteño, La Plata y Mar del Plata. Pero ahora con la nueva información que nos dan nos dicen que en esos años y en 2017 hubo 48 controles. Es decir, dicen que en cuatro años hubo menos que en tres años, y pese a que la información esta vez abarca a todo el país. Y cuando repasamos los valores legales, en el durazno hay 30 casos por encima de los valores permitidos", advirtió.
Comer veneno
Naturalmente, el Senasa no controla todos los lotes de productos -algo que sería imposible-, sino una porción que considera representativa, y solamente trabaja sobre los productos que tienen tránsito federal. Esto se traduce en que los argentinos consumen frutas, verduras y hortalizas con venenos prohibidos o no autorizados para esos productos, ya que solo una pequeña porción es detectada.
Por otra parte, existe lo que se conoce como Límites Máximos de Residuos (LMR), que representan la mayor cantidad de restos de agroquímicos presentes en los alimentos que el Senasa considera que son inocuos. Más allá de que la metodología del organismo para determinar ese tope legal no está exenta de discusión, en los controles se detectaron muchísimos casos en los que los valores están por encima de esos límites.
¿Cómo se calculan esos límites máximos? El Senasa apela a una serie de profesionales independientes que evalúan los estudios sobre los agroquímicos y establecen la dosis sin efecto adverso observado, conocida como NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. En base a ello determinan la llamada Ingesta Diaria Admisible (IDA), a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que pueden tener los productos.
Sin embargo, desde el sector agroecológico hace rato que se viene planteando que el Senasa calcula mal esos LMR y el propio organismo por primera vez sugirió que la metodología podría cambiar. ¿Qué ocurre? Según los ambientalistas, por un lado, los LMR son para todos iguales, por lo que no toma en cuenta si se trata de hombre, mujer, adulto o niño, u otras variables como puede ser un problema de salud preexistente. Y por otro lado, no calcula la acumulación de sustancias en el organismo y el efecto sinérgico, es decir, la interacción de los distintos agroquímicos dentro del cuerpo.
En la contestación al pedido de información de la ONG, el Senasa admitió que "la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada". Pero aclaró que la Unión Europea está encarando planes piloto para medir la acumulación, cuyos resultados se esperan para finales de este año, lo que "permitirá evaluar la adopción de dicha metodología (en Argentina) en la medida que se valide y reconozca".
Esto quiere decir que el Senasa admitió, indirectamente, que es posible que los argentinos estén consumiendo alimentos que el Estado considera seguros para la salud humana, pero que no lo son, lo cual contradice cualquier principio precautorio en materia sanitaria y ambiental. Por eso la pregunta es, si hay dudas o dificultades técnicas para el análisis de un producto, ¿se debería autorizar su consumo?
Controles
¿Qué sucede cuando una partida es rechazada? "A través de los datos del acta del producto se identifica y visita al productor, y se le indica que el resultado no es satisfactorio con la norma. Este productor pasa a estar dentro del proceso de muestreo dirigido o vigilancia, en el que se le toman muestras a 5 lotes distintos durante un tiempo. No puede vender hasta que estén los resultados de los análisis. En el caso de que los resultados no sean conformes a la norma, se destruye la mercadería y no puede volver a comercializar. Si los niveles de los 5 muestreos dirigidos dan bien, el productor puede volver a comercializar", aclararon desde el Senasa a Infobae.
En cuanto a los controles, explicaron que "la principal estrategia es la prevención". Para ello realizan capacitaciones constantes a los productores en el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Y creen que están dando sus frutos, ya que "desde hace años viene en caída la presencia de muchos residuos de fitosanitarios en la producción agrícola".
Por otra parte, en el organismo resaltaron, entre otras cosas, la prohibición del uso de productos como el endosulfán en 2012 o la restricción del diclorvós este año (que todavía no está vigente), ambas cuestionadas por la gran demora del Senasa en reconocer su toxicidad. Además, realiza otras medidas como la exigencia de documentación y rotulado que los lotes deben llevar, por ejemplo, para conocer su ruta o localizar a los productores.
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San Luis trabajará en la gestión de envases de agroquímicos
San Luis comienza a diseñar el sistema de gestión de envases fitosanitarios
Fecha de Publicación: 29/07/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Luego de reunirse en Buenos Aires con las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes (CIAFA), la cartera medioambiental recibió a referentes del CIAFA y de la Fundación “Campo Limpio” para coordinar acciones de cara a la instalación de un centro de almacenamiento de estos envases.
“La reunión fue para dar el puntapié inicial en lo que es el diseño de un sistema de gestión de envases vacíos de agroquímicos”, señaló la jefa del Subprograma Industrias y Residuos Peligrosos, Eliana Giorda, luego del encuentro en Terrazas del Portezuelo.
Y amplió: “Queremos que se aplique la ley vigente de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, Nº 27.279, que obliga a los registrantes (fabricantes e importadores de agroquímicos) a establecer un sistema de gestión de los envases que incorporan al sistema y que generarán residuos”.
Es importante recordar que funcionarios de la cartera provincial habían viajado -en junio pasado- a Buenos Aires para comunicarle a estos organismos nacionales la necesidad de instalar en San Luis un centro de almacenamiento de envases fitosanitarios.
“En las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes se encuentran agrupados los registrantes. La Fundación ‘Campo Limpio’ es la encargada de instrumentar el sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios para el tratamiento y reciclado del plástico recuperado”, aclaró Giorda.
Curso de aplicadores en Villa Mercedes
Este jueves, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción ofrece una charla a aplicadores de agroquímicos, en la que disertarán representantes de “Campo Limpio”. “Allí planificaremos acciones para seguir avanzando con este tema”, concluyó la funcionaria.
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Fecha de Publicación: 29/07/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Luego de reunirse en Buenos Aires con las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes (CIAFA), la cartera medioambiental recibió a referentes del CIAFA y de la Fundación “Campo Limpio” para coordinar acciones de cara a la instalación de un centro de almacenamiento de estos envases.
“La reunión fue para dar el puntapié inicial en lo que es el diseño de un sistema de gestión de envases vacíos de agroquímicos”, señaló la jefa del Subprograma Industrias y Residuos Peligrosos, Eliana Giorda, luego del encuentro en Terrazas del Portezuelo.
Y amplió: “Queremos que se aplique la ley vigente de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, Nº 27.279, que obliga a los registrantes (fabricantes e importadores de agroquímicos) a establecer un sistema de gestión de los envases que incorporan al sistema y que generarán residuos”.
Es importante recordar que funcionarios de la cartera provincial habían viajado -en junio pasado- a Buenos Aires para comunicarle a estos organismos nacionales la necesidad de instalar en San Luis un centro de almacenamiento de envases fitosanitarios.
“En las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes se encuentran agrupados los registrantes. La Fundación ‘Campo Limpio’ es la encargada de instrumentar el sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios para el tratamiento y reciclado del plástico recuperado”, aclaró Giorda.
Curso de aplicadores en Villa Mercedes
Este jueves, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción ofrece una charla a aplicadores de agroquímicos, en la que disertarán representantes de “Campo Limpio”. “Allí planificaremos acciones para seguir avanzando con este tema”, concluyó la funcionaria.
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Agrotóxicos en el 80% de la lluvia
Monsanto y Bayer, hasta en la lluvia: a niveles que rompen marcas mundiales, detectan agrotóxicos en precipitaciones de Argentina
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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La prohibición del glifosato en Gualeguaychú suma un capítulo
La Justicia reconoció la autonomía del municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Gualeguaychú da pelea a la venta del glifosato
Gualeguaychú da pelea en el rechazo del glifosato y prepara medidas judiciales
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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El Senasa quiere más agroquímicos en alimentos
El Senasa busca ampliar el uso de agroquímicos en varios cultivos y la cantidad de veneno permitida en los alimentos
Fecha de Publicación: 18/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió una consulta pública -pero muy poco divulgada- para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados "cultivos menores", que incluyen desde bananas y acelga, hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios puedan afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista.
La consulta estuvo abierta durante 15 días corridos, pero no tuvo publicidad. Para enterarse, había que hacer varios clics dentro de la página web del Senasa. No hubo una gacetilla de prensa, aunque desde el organismo aclararon a este medio que es el procedimiento habitual.
Según un punteo de Infobae basado en 50 casos elegidos al azar, menos del 15% de los que se presentaron apoyaron el proyecto de resolución. Y ninguno aportó argumentos científicos como exigió el Senasa en su convocatoria, sino que se limitaron a manifestar su adhesión. Aún así, como la consulta no es vinculante, el organismo aprobará la resolución.
El objetivo del proyecto es ampliar la paleta de agroquímicos autorizados para los llamados "cultivos menores", que es una clasificación que el Senasa hace en base a una serie de variables. Esos cultivos incluyen, entre otros, pomelo, pelón, damasco, cereza, arándanos, higo, banana, kiwi, palta, hinojo, puerro, brócoli, coliflor, pepino, zapallito, berenjena, acelga, rúcula, espinaca, legumbres, cereales en grano, frutos secos, hierbas aromáticas y tés.
El proyecto contempla tres posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un "cultivo mayor", o que directamente no tenga antecedentes.
"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación 'inversión-recuperación de la inversión' no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini.
"Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.
En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo 'si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.
El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".
Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.
Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.
Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.
Veneno en la comida
De la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial.
"Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.
El tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal.
"Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.
La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.
En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses".
"Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.
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Fecha de Publicación: 18/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió una consulta pública -pero muy poco divulgada- para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados "cultivos menores", que incluyen desde bananas y acelga, hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios puedan afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista.
La consulta estuvo abierta durante 15 días corridos, pero no tuvo publicidad. Para enterarse, había que hacer varios clics dentro de la página web del Senasa. No hubo una gacetilla de prensa, aunque desde el organismo aclararon a este medio que es el procedimiento habitual.
Según un punteo de Infobae basado en 50 casos elegidos al azar, menos del 15% de los que se presentaron apoyaron el proyecto de resolución. Y ninguno aportó argumentos científicos como exigió el Senasa en su convocatoria, sino que se limitaron a manifestar su adhesión. Aún así, como la consulta no es vinculante, el organismo aprobará la resolución.
El objetivo del proyecto es ampliar la paleta de agroquímicos autorizados para los llamados "cultivos menores", que es una clasificación que el Senasa hace en base a una serie de variables. Esos cultivos incluyen, entre otros, pomelo, pelón, damasco, cereza, arándanos, higo, banana, kiwi, palta, hinojo, puerro, brócoli, coliflor, pepino, zapallito, berenjena, acelga, rúcula, espinaca, legumbres, cereales en grano, frutos secos, hierbas aromáticas y tés.
El proyecto contempla tres posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un "cultivo mayor", o que directamente no tenga antecedentes.
"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación 'inversión-recuperación de la inversión' no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini.
"Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.
En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo 'si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.
El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".
Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.
Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.
Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.
Veneno en la comida
De la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial.
"Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.
El tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal.
"Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.
La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.
En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses".
"Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.
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Un principio pecautorio al revés por glifosato en Entre Ríos
La Justicia autorizó la venta de glifosato en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Glifosato en el río Luján
Glifosato: el río Luján alcanzado por el peligroso agroquímico
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
Surge de un estudio encarado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo que depende de la UNLP y el CONICET. Las muestras analizadas se focalizaron en el río Paraná y sus afluentes, tanto en aguas superficiales como en sedimentos. El curso de agua presentó las mayores concentraciones de este compuesto derivado de la agricultura intensiva a base de químicos.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), organismo dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, deja en evidencia las consecuencias negativas de la agricultura intensiva en importantes cursos de agua, entre ellos el río Luján. La presencia de glifosato, la estrella del modelo a base de químicos, fue detectada en aguas superficiales y sedimentos.
El trabajo, encarado a partir de distintas muestras tomadas años atrás, se centra en el río Paraná y sus afluentes. Los resultados ponen en evidencia que el peligroso agroquímico, señalado por múltiples evidencias científicas como responsable de graves daños en la salud, supera el ámbito de su aplicación para terminar afectando la integralidad de los ecosistemas.
“Al fondo del río el glifosato llega por dos procesos: cuando llueve todos los campos tienen pendientes que van hacia los ríos o arroyos y el otro es el atmosférico, la erosión eólica de los campos por lo que hoy no hay sedimentos de los ríos de la región pampeana que no tengan glifosato”, explicó a la agencia DIP Damián Marino, integrante del CIM.
La investigación buscó indicios de glifosato y de ácido aminometil fosfónico (AMPA según sus siglas en inglés), definido técnicamente como un metabolito ambiental exclusivo del glifosato. La detección de AMPA indica que en ese lugar hubo rastros del herbicida.
Un párrafo del trabajo da cuenta del impacto que ambas sustancias tienen en el río Luján: “Los análisis de las muestras de sedimentos indican niveles detectables de ambos compuestos (glifosato y AMPA), principalmente en el medio y tributarios de tramo inferior de los sectores de la cuenca bajo investigación. Las concentraciones medias detectadas fueron 742 y 521 µg/kg, respectivamente. La mayor concentración se detectó en el río Luján, que contiene más de 3000 µg/kg de glifosato y 5000 µg/kg de AMPA”.
Se agrega que “en el río Luján, donde las concentraciones respectivas de los dos compuestos se determinaron para todos compartimentos, los niveles de glifosato eran de tres a cuatro veces mayor en los sedimentos que en el agua completa”.
En definitiva, se comprobó que la presencia del herbicida es detectable, especialmente, en toda la zona gobernada por el Paraná que se extiende desde la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján.
El trabajo desarrollado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) muestra que en la región estudiada la concentración de glifosato en los sedimentos, unos 8 miligramos por litro, es entre dos y cuatro veces superior a la detectada en un suelo cultivado con soja”.
A partir de los datos puntuales, expresados a través de una serie de cuadros, los investigadores aportan el contexto que explican los resultados obtenidos y exponen la complejidad de un sistema agrícola caracterizado por su agresividad contra el medio ambiente. De esa manera, se explica que en el caso de Argentina “el uso de plaguicidas aumentó en las últimas décadas con la transformación de la agricultura en un sistema de alta tecnología”. La incorporación de cultivos transgénicos diseñados para tolerar la aplicación del glifosato se incrementó en los últimos veinte años.
Hasta 2012, unas 22 millones de hectáreas de la tierra cultivada estaban ocupadas por maíz y soja tolerantes al glifosato. Más superficie implica mayor cantidad de litros de químicos tóxicos, eso sin contar la resistencia que con el paso de los años generan algunos organismos vegetales, lo que obliga a subir la dosis.
Marino explicó que “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón”. Sin embargo, con el paso del tiempo “algunas especies comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
El especialista destacó que “en los últimos 10 años entraron más de 1.000 millones de litros de glifosato”, un número que “pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año). En las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 por ciento de la carga total de plaguicidas de la muestra. Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénicos, se usaban en el país tres litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, describió Marino.
En cuanto a los efectos sobre los ambientes, el integrante del CIM puntualizó que “el glifosato está destruyendo los distintos ecosistemas, produciendo una pérdida de la biodiversidad, ya que por ejemplo al eliminar determinada planta también se elimina la especie animal que depositaba sus huevos en esa planta y consecuentemente a la especie que se alimentaba de ese bicho, lo que provoca la destrucción de la flora y la fauna autóctona”.
Otro de los trabajos orientados desde el CIM se encargó de comparar lagunas patagónicas con iguales espejos de agua en la provincia de Buenos Aires. En los primeros, las muestras no detectaron glifosato, mientras que en los segundos sí.
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Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
Surge de un estudio encarado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo que depende de la UNLP y el CONICET. Las muestras analizadas se focalizaron en el río Paraná y sus afluentes, tanto en aguas superficiales como en sedimentos. El curso de agua presentó las mayores concentraciones de este compuesto derivado de la agricultura intensiva a base de químicos.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), organismo dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, deja en evidencia las consecuencias negativas de la agricultura intensiva en importantes cursos de agua, entre ellos el río Luján. La presencia de glifosato, la estrella del modelo a base de químicos, fue detectada en aguas superficiales y sedimentos.
El trabajo, encarado a partir de distintas muestras tomadas años atrás, se centra en el río Paraná y sus afluentes. Los resultados ponen en evidencia que el peligroso agroquímico, señalado por múltiples evidencias científicas como responsable de graves daños en la salud, supera el ámbito de su aplicación para terminar afectando la integralidad de los ecosistemas.
“Al fondo del río el glifosato llega por dos procesos: cuando llueve todos los campos tienen pendientes que van hacia los ríos o arroyos y el otro es el atmosférico, la erosión eólica de los campos por lo que hoy no hay sedimentos de los ríos de la región pampeana que no tengan glifosato”, explicó a la agencia DIP Damián Marino, integrante del CIM.
La investigación buscó indicios de glifosato y de ácido aminometil fosfónico (AMPA según sus siglas en inglés), definido técnicamente como un metabolito ambiental exclusivo del glifosato. La detección de AMPA indica que en ese lugar hubo rastros del herbicida.
Un párrafo del trabajo da cuenta del impacto que ambas sustancias tienen en el río Luján: “Los análisis de las muestras de sedimentos indican niveles detectables de ambos compuestos (glifosato y AMPA), principalmente en el medio y tributarios de tramo inferior de los sectores de la cuenca bajo investigación. Las concentraciones medias detectadas fueron 742 y 521 µg/kg, respectivamente. La mayor concentración se detectó en el río Luján, que contiene más de 3000 µg/kg de glifosato y 5000 µg/kg de AMPA”.
Se agrega que “en el río Luján, donde las concentraciones respectivas de los dos compuestos se determinaron para todos compartimentos, los niveles de glifosato eran de tres a cuatro veces mayor en los sedimentos que en el agua completa”.
En definitiva, se comprobó que la presencia del herbicida es detectable, especialmente, en toda la zona gobernada por el Paraná que se extiende desde la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján.
El trabajo desarrollado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) muestra que en la región estudiada la concentración de glifosato en los sedimentos, unos 8 miligramos por litro, es entre dos y cuatro veces superior a la detectada en un suelo cultivado con soja”.
A partir de los datos puntuales, expresados a través de una serie de cuadros, los investigadores aportan el contexto que explican los resultados obtenidos y exponen la complejidad de un sistema agrícola caracterizado por su agresividad contra el medio ambiente. De esa manera, se explica que en el caso de Argentina “el uso de plaguicidas aumentó en las últimas décadas con la transformación de la agricultura en un sistema de alta tecnología”. La incorporación de cultivos transgénicos diseñados para tolerar la aplicación del glifosato se incrementó en los últimos veinte años.
Hasta 2012, unas 22 millones de hectáreas de la tierra cultivada estaban ocupadas por maíz y soja tolerantes al glifosato. Más superficie implica mayor cantidad de litros de químicos tóxicos, eso sin contar la resistencia que con el paso de los años generan algunos organismos vegetales, lo que obliga a subir la dosis.
Marino explicó que “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón”. Sin embargo, con el paso del tiempo “algunas especies comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
El especialista destacó que “en los últimos 10 años entraron más de 1.000 millones de litros de glifosato”, un número que “pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año). En las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 por ciento de la carga total de plaguicidas de la muestra. Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénicos, se usaban en el país tres litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, describió Marino.
En cuanto a los efectos sobre los ambientes, el integrante del CIM puntualizó que “el glifosato está destruyendo los distintos ecosistemas, produciendo una pérdida de la biodiversidad, ya que por ejemplo al eliminar determinada planta también se elimina la especie animal que depositaba sus huevos en esa planta y consecuentemente a la especie que se alimentaba de ese bicho, lo que provoca la destrucción de la flora y la fauna autóctona”.
Otro de los trabajos orientados desde el CIM se encargó de comparar lagunas patagónicas con iguales espejos de agua en la provincia de Buenos Aires. En los primeros, las muestras no detectaron glifosato, mientras que en los segundos sí.
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"Recomendaciones" para agroquímicos sin protección
Presentaron recomendaciones para aplicar fitosanitarios, pero sin distancias
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Piden 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos
Piden a Senasa 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
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Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
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Escuelas rurales bonaerenses a merced de los fumigadores
Agroquímicos: el drama de las escuelas rurales bonaerenses que son fumigadas
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
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Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
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Santa Fe: la ley de agroquímicos y 'cajita feliz'
Agrotóxicos y 'cajita feliz'
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Misiones debate sobre el glifosato y agrotóxicos
Destacan el tratamiento de proyecto de Ley busca prohibir el uso del Glifosato y agrotóxicos en Misiones
Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La legislatura misionera está debatiendo sobre agrotóxicos, donde la idea es regular y prohibir el uso de productos que pueden afectar la salud. Una de las autoras del proyecto es la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, quien aseguró que el objetivo es que salga la mejor propuesta donde es destacable el debate que se da sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo, dijo.
La Funcionaria dijo que se utilizan productos incluso en verduras, que son las de hoja que consumimos y pueden ser peligrosos para la salud. Por ello entiende que debe salir la mejor propuesta de la Legislatura que se ajuste al momento que vivimos y al debate sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo.
Recordó que su proyecto pedía que se prohíba el uso del glifosato y otros productos muy dañinos. En este sentido dijo que también el debate plantea la formación de los profesionales como los ingenieros agrónomos.
La funcionaria plantea además la necesidad de iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueva la aplicación de la ley de fomento a la producción agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la ley XVI-31 del año 1992, conocida como ley de agrotóxicos.
Ferreira, expresó la necesidad imperiosa de debatir estos temas, con todos los actores de la comunidad Misionera y construir juntos un proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos y que incentive la agroecología.
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Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La legislatura misionera está debatiendo sobre agrotóxicos, donde la idea es regular y prohibir el uso de productos que pueden afectar la salud. Una de las autoras del proyecto es la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, quien aseguró que el objetivo es que salga la mejor propuesta donde es destacable el debate que se da sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo, dijo.
La Funcionaria dijo que se utilizan productos incluso en verduras, que son las de hoja que consumimos y pueden ser peligrosos para la salud. Por ello entiende que debe salir la mejor propuesta de la Legislatura que se ajuste al momento que vivimos y al debate sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo.
Recordó que su proyecto pedía que se prohíba el uso del glifosato y otros productos muy dañinos. En este sentido dijo que también el debate plantea la formación de los profesionales como los ingenieros agrónomos.
La funcionaria plantea además la necesidad de iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueva la aplicación de la ley de fomento a la producción agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la ley XVI-31 del año 1992, conocida como ley de agrotóxicos.
Ferreira, expresó la necesidad imperiosa de debatir estos temas, con todos los actores de la comunidad Misionera y construir juntos un proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos y que incentive la agroecología.
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Agroquímicos en Santa Fe: Paren de Fumigarnos no debate
Paren de Fumigarnos no va al debate: 'Ya está todo dicho'
Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La multisectorial no participará de las jornadas convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “Creemos que se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados"
La multisectorial Paren de Fumigarnos no participará de las jornadas de debate convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “A esta altura, ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos”, indicaron desde la ONG.
Según las entidades sociales y ambientalistas que llevan adelante la campaña Paren de Fumigarnos, “es imperioso que la comisión avance en un dictamen que contemple esta realidad y no dilatar más esta situación”. Y atribuyeron las demoras a la influencia que ejercen “las organizaciones de productores y las corporaciones que producen estos venenos”.
En la Cámara de Diputados hay tres proyectos de reforma de la ley de agroquímicos. La Comisión de Salud organizó una serie de debates para los días 19 y 26 de junio y 3 de julio. La multisectorial Paren de Fumigarnos avisó este lunes que no participarán del debate ya que lo consideran una pérdida de tiempo.
“Creemos que nuevamente se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados, como es el dictamen del proyecto modificatorio de la ley 11273, mal llamada de fitosanitarios. A esta altura del debate ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura”, indicaron desde la multisectorial.
Entre otros argumentos, mencionan que la Organización Mundial de Salud recategorizó al glifosato como producto “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y al 2,4D como “posible cancerígeno para los seres humanos” en 2015. “Ante esta evidencia, creemos que es perentorio avanzar con una norma que contemple estas nuevas categorizaciones de dos herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura actual y que sin ninguna duda están afectando seriamente la salud de todos nosotros, pero especialmente de los vecinos de los pueblos y ciudades expuestos a los impactos de las fumigaciones que se realizan en los periurbanos de las localidades”, agregaron desde Paren de Fumigarnos.
El debate en la Legislatura lleva diez años pero aun no se lograron los consensos para reformar la ley actual, que fue sancionada en 1995 antes del inicio del modelo sojero. Por eso, los ambientalistas denuncian que detrás de las jornadas de debate se busca “generar un desgaste que pareciera tener como único fin evitar que se sancionaran leyes que antepongan la salud de la población a la renta de algunos sectores”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La multisectorial no participará de las jornadas convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “Creemos que se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados"
La multisectorial Paren de Fumigarnos no participará de las jornadas de debate convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “A esta altura, ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos”, indicaron desde la ONG.
Según las entidades sociales y ambientalistas que llevan adelante la campaña Paren de Fumigarnos, “es imperioso que la comisión avance en un dictamen que contemple esta realidad y no dilatar más esta situación”. Y atribuyeron las demoras a la influencia que ejercen “las organizaciones de productores y las corporaciones que producen estos venenos”.
En la Cámara de Diputados hay tres proyectos de reforma de la ley de agroquímicos. La Comisión de Salud organizó una serie de debates para los días 19 y 26 de junio y 3 de julio. La multisectorial Paren de Fumigarnos avisó este lunes que no participarán del debate ya que lo consideran una pérdida de tiempo.
“Creemos que nuevamente se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados, como es el dictamen del proyecto modificatorio de la ley 11273, mal llamada de fitosanitarios. A esta altura del debate ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura”, indicaron desde la multisectorial.
Entre otros argumentos, mencionan que la Organización Mundial de Salud recategorizó al glifosato como producto “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y al 2,4D como “posible cancerígeno para los seres humanos” en 2015. “Ante esta evidencia, creemos que es perentorio avanzar con una norma que contemple estas nuevas categorizaciones de dos herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura actual y que sin ninguna duda están afectando seriamente la salud de todos nosotros, pero especialmente de los vecinos de los pueblos y ciudades expuestos a los impactos de las fumigaciones que se realizan en los periurbanos de las localidades”, agregaron desde Paren de Fumigarnos.
El debate en la Legislatura lleva diez años pero aun no se lograron los consensos para reformar la ley actual, que fue sancionada en 1995 antes del inicio del modelo sojero. Por eso, los ambientalistas denuncian que detrás de las jornadas de debate se busca “generar un desgaste que pareciera tener como único fin evitar que se sancionaran leyes que antepongan la salud de la población a la renta de algunos sectores”.
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Misiones: procupación de la 'agroindustria' por el glifosato
Sectores de la agroindustria de Misiones plantearon preocupación por proyecto para prohibir el glifosato en la provincia
Fecha de Publicación: 17/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer con el ministro del Agro, José Luis Garay, preocupados por la posibilidad de que se prohíba el glifosato. Advirtieron que actualmente los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese agroquímico. Reclamaron ser escuchados en el debate legislativo y consideraron que la provincia debería unificar criterios con la Nación en relación al uso de químicos en el agro.
El uso de agroquímicos en la producción primaria volvió al centro de la discusión a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Martín Sereno (PAyS) que propone prohibir el uso de glifosato y de otros agroquímicos cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente están en constante discusión. En la mañana del martes representantes de distintas cadenas agroindustriales se reunieron con el ministro del Agro, Luis Garay, ante quien plantearon su preocupación por el impacto económico que podría tener la adopción de una medida de esa naturaleza.
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, tabacalera y citrícola plantearon que para los agricultores el glifosato es una herramienta de trabajo importante y que el proyecto que propone prohibir su uso no plantea una alternativa que ofrezca resultados similares. Afirman que la posibilidad de reemplazar herbicidas como el glifosato por trabajo manual, resulta prohibitivo por los costos que ello implicaría.
Fernando Acosta, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA) afirmó que se enteraron de la existencia del mencionado proyecto gracias a publicaciones periodísticas y que en ningún momento fueron convocados a debatir en comisión. “Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar en su tratamiento en la Cámara”, dijo.
Señaló que el glifosato “es una herramienta de trabajo para el productor, razón por la cual la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. Reemplazarlo por mano de obra es muy caro, no es una opción por el costo que tiene”. Sin embargo consideró positivo que se abra el debate en relación al uso de agroquímicos: “hay que discutirlo avanzar tratar y ver qué se puede resolver”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, señaló que antes de tomar una postura firme en relación al proyecto de ley, se solicitará mayor información.
Consideró que “no se le puede pedir a los sectores involucrados que destierren el glifosato de la provincia de la noche a la manaña” y recordó que la Unión Europea está transitando un camino progresivo de reducción del uso de ese agroquímico en el marco del cual recientemente se prorrogaron por cinco años las metas planteadas inicialmente.
Aseveró además que “no existe un indicio científico que indique que el glifosato acarree problemas de salud”.
Se ocupó de destacar la amplia convocatoria de la reunión de realizada hoy martes. “En esta reunión estuvieron presentes todos los sectores involucrados, no faltó ninguno, tanto del sector empresarial como de los colegios profesionales y del sector público, por lo que podemos calificar como exitosa la reunión”, expresó. “Fue el corolario del encuentro que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier y el ministro del agro José Luís Garay”, en referencia al prólogo de las gestiones iniciadas en la primera semana de junio.
Otro de los que participó de la reunión fue René Urbieta, presidente de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (Cotaprom), quien señaló que “nos convocaron para dar nuestra opinión, interiorizarnos más sobre los proyectos de ley. Respecto al uso de glifosato, vemos que hay mucha desinformación en la sociedad, vemos que no hay alternativa a ese producto, a diferencia de ocasiones anteriores donde a la hora de prohibir un producto se le dio al productor una alternativa, que lo reemplazaba técnicamente”, dijo.
En ese punto recordó la experiencia del sector tabacalero con la eliminación del bromuro de metilo. “Había una concordancia respecto al daño que ocasionaba ese producto y se le dio una alternativa al productor, cosa que no ocurre con el glifosato” remarcó.
Además de los ya mencionados participaron del encuentro Victor Saguier y Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Wilfredo Glesman, de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); Pedro Agostini, del INTA Montecarlo y representantes de los colegios de Ingenieros Forestales y e Ingenieros Agrónomos de Misiones.
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Fecha de Publicación: 17/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer con el ministro del Agro, José Luis Garay, preocupados por la posibilidad de que se prohíba el glifosato. Advirtieron que actualmente los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese agroquímico. Reclamaron ser escuchados en el debate legislativo y consideraron que la provincia debería unificar criterios con la Nación en relación al uso de químicos en el agro.
El uso de agroquímicos en la producción primaria volvió al centro de la discusión a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Martín Sereno (PAyS) que propone prohibir el uso de glifosato y de otros agroquímicos cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente están en constante discusión. En la mañana del martes representantes de distintas cadenas agroindustriales se reunieron con el ministro del Agro, Luis Garay, ante quien plantearon su preocupación por el impacto económico que podría tener la adopción de una medida de esa naturaleza.
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, tabacalera y citrícola plantearon que para los agricultores el glifosato es una herramienta de trabajo importante y que el proyecto que propone prohibir su uso no plantea una alternativa que ofrezca resultados similares. Afirman que la posibilidad de reemplazar herbicidas como el glifosato por trabajo manual, resulta prohibitivo por los costos que ello implicaría.
Fernando Acosta, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA) afirmó que se enteraron de la existencia del mencionado proyecto gracias a publicaciones periodísticas y que en ningún momento fueron convocados a debatir en comisión. “Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar en su tratamiento en la Cámara”, dijo.
Señaló que el glifosato “es una herramienta de trabajo para el productor, razón por la cual la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. Reemplazarlo por mano de obra es muy caro, no es una opción por el costo que tiene”. Sin embargo consideró positivo que se abra el debate en relación al uso de agroquímicos: “hay que discutirlo avanzar tratar y ver qué se puede resolver”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, señaló que antes de tomar una postura firme en relación al proyecto de ley, se solicitará mayor información.
Consideró que “no se le puede pedir a los sectores involucrados que destierren el glifosato de la provincia de la noche a la manaña” y recordó que la Unión Europea está transitando un camino progresivo de reducción del uso de ese agroquímico en el marco del cual recientemente se prorrogaron por cinco años las metas planteadas inicialmente.
Aseveró además que “no existe un indicio científico que indique que el glifosato acarree problemas de salud”.
Se ocupó de destacar la amplia convocatoria de la reunión de realizada hoy martes. “En esta reunión estuvieron presentes todos los sectores involucrados, no faltó ninguno, tanto del sector empresarial como de los colegios profesionales y del sector público, por lo que podemos calificar como exitosa la reunión”, expresó. “Fue el corolario del encuentro que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier y el ministro del agro José Luís Garay”, en referencia al prólogo de las gestiones iniciadas en la primera semana de junio.
Otro de los que participó de la reunión fue René Urbieta, presidente de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (Cotaprom), quien señaló que “nos convocaron para dar nuestra opinión, interiorizarnos más sobre los proyectos de ley. Respecto al uso de glifosato, vemos que hay mucha desinformación en la sociedad, vemos que no hay alternativa a ese producto, a diferencia de ocasiones anteriores donde a la hora de prohibir un producto se le dio al productor una alternativa, que lo reemplazaba técnicamente”, dijo.
En ese punto recordó la experiencia del sector tabacalero con la eliminación del bromuro de metilo. “Había una concordancia respecto al daño que ocasionaba ese producto y se le dio una alternativa al productor, cosa que no ocurre con el glifosato” remarcó.
Además de los ya mencionados participaron del encuentro Victor Saguier y Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Wilfredo Glesman, de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); Pedro Agostini, del INTA Montecarlo y representantes de los colegios de Ingenieros Forestales y e Ingenieros Agrónomos de Misiones.
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