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Como la agroindustria provoca innumerables imactos
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Cómo y por qué se destruyen los bosques y comunidades indígenas en Argentina
Fecha de Publicación: 14/02/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional
Las economías regionales de las zonas más pobres de Argentina profundizan su agroindustria, una estrategia que provoca graves consecuencias ambientales y sociales como producto de la deforestación: inundaciones, epidemias, contaminación, extinción de especies, entre otros.
Argentina está entre los primeros 10 países y comunidades del mundo en producción de alimentos (incluyendo a la Unión Europea), y aproximadamente 60% de sus exportaciones son materias primas. La cosecha de granos y cereales a gran escala, en especial de la soja, así como la exportación de carnes y vinos, son de los pocos sectores competitivos para una nación inmersa en una grave crisis económica.
Pero no todas las provincias del país se ven bendecidas por esta situación, principalmente reservada por su vastos pastizales para la llamada Pampa húmeda. Es por esto que, como ocurre en la Amazonía brasileña, la deforestación de bosques y selvas se ha transformado en una polémica alternativa para los interesados en expandir esas zonas tropicales dedicándolas a la ganadería y la agricultura, con graves consecuencias ambientales y sociales.
"Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques protegidos. Si bien desde 2014 la deforestación bajó, ya en 2019 un tercio de los desmontes se realizaron en zonas protegidas, violando la ley", dijo a Sputnik Noemí Cruz, coordinadora de campaña de la ONG internacional Greenpeace en Argentina.
Chaco es la provincia donde hubo mayor deforestación en los últimos cuatro años, un total de 130.177 hectáreas. Pero esta tendencia no parece estar en revisión. El Gobierno local presentó a fin de enero de 2020 el Plan Ganadero 2020-2030, que pretende aumentar el stock y pasar de 2,6 millones de cabezas de ganado a 3,2 millones, además de alcanzar las 500.000 hectáreas de pasturas al aumentar de 3% a 15% la superficie de cada predio ganadero.
Desde la reglamentación de la Ley de Bosques en 2009, que determina el ordenamiento de las reservas naturales, la industria agroganadera continuó su expansión, principalmente en el norte del territorio nacional. Las provincias de la región del Gran Chaco (Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta) representan el 80% de los desmontes. En 10 años, se deforestaron casi 3 millones de hectáreas, lo equivalente al tamaño de Bélgica.
Emergencia socioambiental en Argentina
"Quienes más resisten a los desmontes son las personas que se ven directamente afectadas: pequeños productores, campesinos e indígenas, representados por movimientos ambientalistas y sociales. Hay desalojos, pérdida de culturas, muertes por falta de alimentación y agua, aumento de enfermedades. Además, están las consecuencias ambientales, como la pérdida de biodiversidad, cambio climático que agrava sequías e inundaciones recurrentes por los aumentos de temperatura y falta de absorción de las precipitaciones", explicó Cruz.
Una de las regiones de mayor deforestación es Salta, provincia donde recientemente se declaró la emergencia sociosanitaria en las zonas rurales del norte, luego de la muerte por desnutrición y deshidratación de siete niños y una mujer de la etnia Wichi, asentados en las regiones del Tartagal y Santa Victoria.
Las comunidades aborígenes del norte del país se han visto desplazadas de sus territorios ancestrales como consecuencia de la deforestación, que además de afectar sus fuentes de alimentos y agua potable, ven cada vez más difícil su subsistencia y su modo de vida.
Los desmontes evitan la absorción de las precipitaciones y provocan el desborde de los ríos. Esto tiene enormes consecuencias por las pérdidas totales de sus pertenencias y hogares, como ocurriera en 2019 con el Río Pilcomayo, en Salta, además de aumentos en las enfermedades transmitidas por vectores (como ocurre con el dengue, vía mosquitos) y las infecciones (como la meningitis bacteriana).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ubicó a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, período en el que se perdieron un total de 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
Argentina cuenta con 54 millones de hectáreas de bosques y el 80% de estos territorios está protegido por la ley, por lo que está fuera de límites para cualquier tipo de explotación, una normativa que los gobiernos no han sabido ni podido hacer cumplir.
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Fecha de Publicación: 14/02/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional
Las economías regionales de las zonas más pobres de Argentina profundizan su agroindustria, una estrategia que provoca graves consecuencias ambientales y sociales como producto de la deforestación: inundaciones, epidemias, contaminación, extinción de especies, entre otros.
Argentina está entre los primeros 10 países y comunidades del mundo en producción de alimentos (incluyendo a la Unión Europea), y aproximadamente 60% de sus exportaciones son materias primas. La cosecha de granos y cereales a gran escala, en especial de la soja, así como la exportación de carnes y vinos, son de los pocos sectores competitivos para una nación inmersa en una grave crisis económica.
Pero no todas las provincias del país se ven bendecidas por esta situación, principalmente reservada por su vastos pastizales para la llamada Pampa húmeda. Es por esto que, como ocurre en la Amazonía brasileña, la deforestación de bosques y selvas se ha transformado en una polémica alternativa para los interesados en expandir esas zonas tropicales dedicándolas a la ganadería y la agricultura, con graves consecuencias ambientales y sociales.
"Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques protegidos. Si bien desde 2014 la deforestación bajó, ya en 2019 un tercio de los desmontes se realizaron en zonas protegidas, violando la ley", dijo a Sputnik Noemí Cruz, coordinadora de campaña de la ONG internacional Greenpeace en Argentina.
Chaco es la provincia donde hubo mayor deforestación en los últimos cuatro años, un total de 130.177 hectáreas. Pero esta tendencia no parece estar en revisión. El Gobierno local presentó a fin de enero de 2020 el Plan Ganadero 2020-2030, que pretende aumentar el stock y pasar de 2,6 millones de cabezas de ganado a 3,2 millones, además de alcanzar las 500.000 hectáreas de pasturas al aumentar de 3% a 15% la superficie de cada predio ganadero.
Desde la reglamentación de la Ley de Bosques en 2009, que determina el ordenamiento de las reservas naturales, la industria agroganadera continuó su expansión, principalmente en el norte del territorio nacional. Las provincias de la región del Gran Chaco (Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta) representan el 80% de los desmontes. En 10 años, se deforestaron casi 3 millones de hectáreas, lo equivalente al tamaño de Bélgica.
Emergencia socioambiental en Argentina
"Quienes más resisten a los desmontes son las personas que se ven directamente afectadas: pequeños productores, campesinos e indígenas, representados por movimientos ambientalistas y sociales. Hay desalojos, pérdida de culturas, muertes por falta de alimentación y agua, aumento de enfermedades. Además, están las consecuencias ambientales, como la pérdida de biodiversidad, cambio climático que agrava sequías e inundaciones recurrentes por los aumentos de temperatura y falta de absorción de las precipitaciones", explicó Cruz.
Una de las regiones de mayor deforestación es Salta, provincia donde recientemente se declaró la emergencia sociosanitaria en las zonas rurales del norte, luego de la muerte por desnutrición y deshidratación de siete niños y una mujer de la etnia Wichi, asentados en las regiones del Tartagal y Santa Victoria.
Las comunidades aborígenes del norte del país se han visto desplazadas de sus territorios ancestrales como consecuencia de la deforestación, que además de afectar sus fuentes de alimentos y agua potable, ven cada vez más difícil su subsistencia y su modo de vida.
Los desmontes evitan la absorción de las precipitaciones y provocan el desborde de los ríos. Esto tiene enormes consecuencias por las pérdidas totales de sus pertenencias y hogares, como ocurriera en 2019 con el Río Pilcomayo, en Salta, además de aumentos en las enfermedades transmitidas por vectores (como ocurre con el dengue, vía mosquitos) y las infecciones (como la meningitis bacteriana).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ubicó a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, período en el que se perdieron un total de 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
Argentina cuenta con 54 millones de hectáreas de bosques y el 80% de estos territorios está protegido por la ley, por lo que está fuera de límites para cualquier tipo de explotación, una normativa que los gobiernos no han sabido ni podido hacer cumplir.
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agricultura industrial,
biodiversidad,
Desmontes,
Nacional,
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Glifosato en el agua de lluvia
Encuentran glifosato en agua de lluvia en la provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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La Pampa: constatan incumplimiento de "Campo Limpio"
El Gobierno inspeccionó las obras y constató que Campo Limpio no finalizó las tareas
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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2,8 millones de hectáreas de bosques perdidos en 12 años
Deforestación: se perdieron 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos en 12 años
Fecha de Publicación: 30/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina perdió 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 12 años debido a los desmontes, de acuerdo con un nuevo informe de Greenpeace. Un millón de esas hectáreas estaban en zonas protegidas por la ley de bosques de 2007 en cuatro provincias: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Es urgente que se implementen políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 30/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina perdió 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 12 años debido a los desmontes, de acuerdo con un nuevo informe de Greenpeace. Un millón de esas hectáreas estaban en zonas protegidas por la ley de bosques de 2007 en cuatro provincias: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Es urgente que se implementen políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Los datos indican que la pérdida forestal el año pasado fue un 28% menor que en 2018, una tendencia en descenso que se mantiene desde 2014, de acuerdo con la organización ambientalista. Giardini lo atribuye a varios factores, que van desde un avance con la aplicación de la ley de bosques hasta una mayor conciencia en la población de la importancia del cuidado del ambiente y sus recursos. Cita, por ejemplo, las movilizaciones de la comunidad en El Bolsón, Chaco y Córdoba en defensa de estas áreas verdes. "Hay un aumento de la participación social", indica.
La superficie desmontada el año pasado en las provincias monitoreadas fue de 80.938 hectáreas, de acuerdo con los resultados difundidos este mes. Son 25.513 hectáreas en Santiago del Estero, 23.521 hectáreas en Formosa, 14.664 hectáreas en Salta y 17.240 hectáreas en Chaco.
En la misma región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017. Poco más de un tercio de la zona deforestada el año pasado (27.704 hectáreas) corresponde a áreas protegidas con las categorías rojo y amarillo (junto con el verde, estos tres colores indican dónde los gobiernos provinciales pueden o no autorizar el desmonte). La rezonificación de las áreas con máxima protección suele ser una estrategia en las provincias para autorizar los desmontes.
Greenpeace difunde anualmente los resultados de un monitoreo del estado de esos ecosistemas en el norte de la Argentina, donde se concentra el 80% de la deforestación. Esas áreas verdes conservan la riqueza de especies del Gran Chaco argentino y su protección es importante para mitigar el cambio climático y proteger a las poblaciones de catástrofes naturales, como las inundaciones.
En este nuevo informe de ese relevamiento, que incluye el análisis de imágenes satelitales, Greenpeace advierte que "Chaco y Santiago del Estero son las provincias con más pérdida de bosques nativos en los últimos cuatro años". Son 130.177 hectáreas en suelo chaqueño y 127.527 en territorio santiagueño.
"Lo que más nos preocupa es la crisis climática. Frente a eso, ya ni la ley de bosques [sancionada en 2007] es suficiente. No habría que deforestar más en la Argentina -afirma Giardini-. La norma es restrictiva, pero a medias. Logró avances en los últimos tiempos, pero la cantidad de especies en peligro de extinción debido a la deforestación es enorme. Se estima que quedan unos 20 ejemplares de yaguareté en el Chaco argentino. La forma en que se emplea la agricultura, la ganadería y la deforestación es responsable del 40% de las emisiones de efecto invernadero del país."
Como para sus análisis anteriores, Greenpeace superpuso capas de datos de 2019 generados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, además de imágenes satelitales mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Para Greenpeace, es "evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente". La organización denuncia, además, que "en muchos casos, es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de las normas".
Ganado por soja
Giardini explicó que, actualmente, en el norte se está deforestando más del doble por la ganadería que por el cultivo de soja. La pastura reemplaza el bosque bajo, los arbustos y su biodiversidad. "A veces, dejan 20 o 30 árboles por hectárea para decir que no se perdió el bosque. Pero esos árboles no se renuevan y desaparecen", comentó.
El valor de la hectárea en el norte, que es más bajo que en la región pampeana, es un atractivo para la expansión de la frontera agropecuaria. Aun cuando degradar esos ecosistemas que mantienen las cuencas de agua y protegen el suelo aumenta el riesgo de inundaciones.
"Las cuatro provincias que concentran el 80% de la deforestación del país siguen siendo las más pobres. Esto demuestra que el famoso proyecto de sacar los bosques para promover el cultivo de soja o la ganadería no se tradujo en progreso", sostiene Giardini en diálogo con LA NACION.
A través del informe, la organización reclama la implementación de normas y acuerdos "más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus habitantes".
Y Giardini finaliza: "Hemos avanzado, pero aún no podemos seguir perdiendo alrededor de 100.000 hectáreas por año. La crisis climática está obligando a los gobiernos y las empresas a no transformar los ecosistemas de manera innecesaria y avanzar sobre áreas que no vamos a poder recuperar. Es necesario que el gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en el que están representadas todas las provincias, aumente las exigencias para el cumplimiento efectivo de la ley de bosques y no que cada provincia pueda hacer lo que quiera".
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Aprietes del agronegocio salteño en Las Lajitas
Las Lajitas: empresario del agronegocio denunciado por amenazas
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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Crítico informe oficinal sobre transgénicos en Argentina
Presentan informe crítico sobre uso de transgénicos
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
El informe «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» de la Auditoria General de la Nación (AGN) confirmó que el Estado argentino aprueba los transgénicos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo cual pone en riesgo la biodiversidad.
En Argentina se han aprobado 60 transgénicos, que ocupan más de 30 millones de hectáreas. Ellos han sido aceptados en base a estudios realizados por las mismas empresas que los venden.
Ello resulta poco transparente, desatiende convenios internacionacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación de la AGN afirma también lo mismo que denuncian desde hace décadas las organizaciones campesinas y sociambientales.
Con el sustento del informe la AGN ha solicitado que la Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas.
Asimismo, solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales «a fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto de los transgénicos».
Organismos genéticamente modificados
«Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» analizó la actuación del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente en el periodo de 2015 y 2018.
Además, contiene un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Conabia.
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)», afirma la Auditoria General de la Nación.
La AGN detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena —instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología—.
Asimismo, refiere que la Dirección de Biotecnología, a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia, suministró a la AGN información «en formato borrador» y «ambigua» referida al proceso de autorización de los transgénicos.
El informe cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Los campesinos tenían razón
Desde hace años, distintos académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales han cuestionado que el Gobierno argentino apruebe los transgénicos en base a los publicitado por las campañas.
Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) es un claro ejemplo, pues presenta al mercado una soja o maíz transgénico, y aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad que los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si es o no verdad.
«La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada», destaca la Auditoría.
De igual manera, tampoco existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: «No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante».
Historia de los transgénicos en Argentina
En Argentina, se han aprobado desde 1996 a la actualidad 60 eventos transgénicos como los de soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa.
Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras.
Así, la aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Por su parte, Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento, realizó una tesis doctoral donde hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina.
«El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia».
Así, la investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental —en bosques, animales, aire, agua, suelos— y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos.
«La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población», afirmó Poth.
La Conabia no cuenta con participación ciudadana
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana.
«Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población».
Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) deben controlar la experimentación de OGM. Como tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta.
La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, «se afecta la transparencia del procedimiento de aprobación».
A pesar de ello, la Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos debido a que realiza la «evaluación técnica-científica» de las semillas presentadas.
La Conabia se creó en 1991 y durante 23 años, hasta el 2014, su composición fue secreta. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: eran 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses.
Ahora, la Auditoría General de la Nación suma un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con solo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos.
«El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los OGM posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas», precisa la AGN.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales.
«Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional», se destaca en las conclusiones del informe.
Descarga el informe completo de la AGN aquí.
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Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
El informe «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» de la Auditoria General de la Nación (AGN) confirmó que el Estado argentino aprueba los transgénicos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo cual pone en riesgo la biodiversidad.
En Argentina se han aprobado 60 transgénicos, que ocupan más de 30 millones de hectáreas. Ellos han sido aceptados en base a estudios realizados por las mismas empresas que los venden.
Ello resulta poco transparente, desatiende convenios internacionacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación de la AGN afirma también lo mismo que denuncian desde hace décadas las organizaciones campesinas y sociambientales.
Con el sustento del informe la AGN ha solicitado que la Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas.
Asimismo, solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales «a fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto de los transgénicos».
Organismos genéticamente modificados
«Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» analizó la actuación del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente en el periodo de 2015 y 2018.
Además, contiene un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Conabia.
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)», afirma la Auditoria General de la Nación.
La AGN detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena —instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología—.
Asimismo, refiere que la Dirección de Biotecnología, a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia, suministró a la AGN información «en formato borrador» y «ambigua» referida al proceso de autorización de los transgénicos.
El informe cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Los campesinos tenían razón
Desde hace años, distintos académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales han cuestionado que el Gobierno argentino apruebe los transgénicos en base a los publicitado por las campañas.
Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) es un claro ejemplo, pues presenta al mercado una soja o maíz transgénico, y aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad que los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si es o no verdad.
«La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada», destaca la Auditoría.
De igual manera, tampoco existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: «No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante».
Historia de los transgénicos en Argentina
En Argentina, se han aprobado desde 1996 a la actualidad 60 eventos transgénicos como los de soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa.
Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras.
Así, la aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Por su parte, Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento, realizó una tesis doctoral donde hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina.
«El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia».
Así, la investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental —en bosques, animales, aire, agua, suelos— y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos.
«La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población», afirmó Poth.
La Conabia no cuenta con participación ciudadana
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana.
«Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población».
Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) deben controlar la experimentación de OGM. Como tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta.
La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, «se afecta la transparencia del procedimiento de aprobación».
A pesar de ello, la Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos debido a que realiza la «evaluación técnica-científica» de las semillas presentadas.
La Conabia se creó en 1991 y durante 23 años, hasta el 2014, su composición fue secreta. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: eran 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses.
Ahora, la Auditoría General de la Nación suma un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con solo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos.
«El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los OGM posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas», precisa la AGN.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales.
«Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional», se destaca en las conclusiones del informe.
Descarga el informe completo de la AGN aquí.
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Rechazo de la Justicia a Bayer por patentes de gen
La justicia rechazó un reclamo de Bayer de patentar un gen que le da a la soja mas tolerancia al glifosato
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Pergamino: justicia pide informes sobre la contaminación
La Fiscalía pidió un informe urgente sobre la contaminación en Pergamino
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Un ensalada con agroquímicos
Detectan agroquímicos en numerosas ensaladas preparadas de góndolas marplatenses
Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la ONG Bios explicaron que los niveles detectados son los permitidos por el Senasa pero advirtieron que afectan al sistema nervioso.
Un análisis efectuado en numerosas ensaladas preparadas que se comercializan en verdulerías y supermercados de Mar del Plata, comprobó que tienen niveles de agrotóxicos que si bien están dentro de los permitidos por las autoridades fitosanitarias del país, pueden afectar el sistema nervioso.
El trabajo fue realizado por la ONG Bios Argentina, que tomaron las muestras en verdulerías pequeñas, grandes y hasta en una cadena de supermercados local.
En un informe suministrado a 0223, explicaron que fueron analizados distintas variedades de vegetales presentes en una ensalada. "Cada ensalada fue analizada uniendo los ingredientes en una masa única. Esto hace que algún agrotóxico haya podido quedar diluido en la mezcla, y su detección se presente disminuida por debajo del límite de detección del equipo analítico, que es 0,005mg/kg, pero no significa en modo alguno que no haya otras varias presencias en este cóctel”, indicaron desde la ONG.
Algunos de los elementos encontrados fueron bifentrin, metalaxil, imidacloprid, imidacloprid, difenoconazole, tebuconazole, lambdacialotrina, azoxystrobin, tiamethozam y clorpirifos etil, funguicidas e insecticidas, algunos que están prohibidos en países como Brasil, Holanda, Oman, Noruega, Palestina, Arabia Saudita, Sri Lanka, Vietnam y algunos próximamente a ser prohibidos en la Unión Europea.
“El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel que se considera oficialmente como aceptable de residuos de fertilizantes o medicamentos que puede contener un alimento. Los LMR ignoran más de 20 años de investigaciones, e ignoran si el comensal es un bebé que come sus primeros purés, si el comensal es un trasplantado con sus defensas bajas, si el comensal es un anciano, si el comensal es un atleta si la comensal es una embarazada. Además, ignoran cuánto ha comido hoy la persona, porque los vegetales no vienen con una etiqueta que diga qué es lo que tienen y en qué cantidades lo tienen. E ignoran la sinergia que se puede producir con las combinaciones de estas sustancias”, cuestionaron.
En ese punto, desde Bios remarcaron que “estos son los valores que estamos criticando, los límites máximos que están amparados por la ley son los que te permiten comer todos estas cosas. Te van decir, ´lo siento, es el Senasa que está actuando bajo las resoluciones vigentes´. Nosotros queremos cambiar las resoluciones vigentes porque esos límites son un número mágico y puestos de manera arbitraria”.
“Bajo los límites máximos permitidos hay un montón de sustancias. ´Coma tranquilo, acá tienen 100 gotitas de veneno pero una gotita no le va a hacer nada´. Nadie te puede decir que te va a hacer porque la mezcla es infinita. Pero una molécula ya es tóxica y afecta al sistema hormonal”, cuestionaron.
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Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la ONG Bios explicaron que los niveles detectados son los permitidos por el Senasa pero advirtieron que afectan al sistema nervioso.
Un análisis efectuado en numerosas ensaladas preparadas que se comercializan en verdulerías y supermercados de Mar del Plata, comprobó que tienen niveles de agrotóxicos que si bien están dentro de los permitidos por las autoridades fitosanitarias del país, pueden afectar el sistema nervioso.
El trabajo fue realizado por la ONG Bios Argentina, que tomaron las muestras en verdulerías pequeñas, grandes y hasta en una cadena de supermercados local.
En un informe suministrado a 0223, explicaron que fueron analizados distintas variedades de vegetales presentes en una ensalada. "Cada ensalada fue analizada uniendo los ingredientes en una masa única. Esto hace que algún agrotóxico haya podido quedar diluido en la mezcla, y su detección se presente disminuida por debajo del límite de detección del equipo analítico, que es 0,005mg/kg, pero no significa en modo alguno que no haya otras varias presencias en este cóctel”, indicaron desde la ONG.
Algunos de los elementos encontrados fueron bifentrin, metalaxil, imidacloprid, imidacloprid, difenoconazole, tebuconazole, lambdacialotrina, azoxystrobin, tiamethozam y clorpirifos etil, funguicidas e insecticidas, algunos que están prohibidos en países como Brasil, Holanda, Oman, Noruega, Palestina, Arabia Saudita, Sri Lanka, Vietnam y algunos próximamente a ser prohibidos en la Unión Europea.
“El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel que se considera oficialmente como aceptable de residuos de fertilizantes o medicamentos que puede contener un alimento. Los LMR ignoran más de 20 años de investigaciones, e ignoran si el comensal es un bebé que come sus primeros purés, si el comensal es un trasplantado con sus defensas bajas, si el comensal es un anciano, si el comensal es un atleta si la comensal es una embarazada. Además, ignoran cuánto ha comido hoy la persona, porque los vegetales no vienen con una etiqueta que diga qué es lo que tienen y en qué cantidades lo tienen. E ignoran la sinergia que se puede producir con las combinaciones de estas sustancias”, cuestionaron.
En ese punto, desde Bios remarcaron que “estos son los valores que estamos criticando, los límites máximos que están amparados por la ley son los que te permiten comer todos estas cosas. Te van decir, ´lo siento, es el Senasa que está actuando bajo las resoluciones vigentes´. Nosotros queremos cambiar las resoluciones vigentes porque esos límites son un número mágico y puestos de manera arbitraria”.
“Bajo los límites máximos permitidos hay un montón de sustancias. ´Coma tranquilo, acá tienen 100 gotitas de veneno pero una gotita no le va a hacer nada´. Nadie te puede decir que te va a hacer porque la mezcla es infinita. Pero una molécula ya es tóxica y afecta al sistema hormonal”, cuestionaron.
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Misiones se posiciona contra los transgénicos
La Provincia marca fuerte postura contra los cultivos de maíz transgénico
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
“Llevando adelante una política de equilibrio entre la diversificación productiva y el respeto al medio ambiente, no vamos a ser permisivos con la introducción de transgénicos en Misiones”. La contundente frase corresponde al gobernador Oscar Herrera Ahuad y fue expresada en el discurso de inicio de gestión, el último 10 de diciembre.
La marcada postura del Ejecutivo provincial fue celebrada por la Secretaría de Agricultura Familiar que, junto a distintas organizaciones hace tiempo vienen trabajando en la producción sustentable y en políticas que promuevan este tipo de prácticas saludables en Misiones.
Así también, desde el Ministerio de Agro y Producción se mostraron confiados en la labor que se viene realizando además en la Biofábrica con estudios acerca del maíz criollo.
Lo mismo fue destacado por Herrera Ahuad, al señalar que “la Biofábrica es y seguirá siendo un elemento fundamental para dotar de elementos biotecnológicos, capacitación a todos los productores de la provincia de Misiones”.
“Pondremos a disposición de la comunidad todas las estructuras científicas provinciales para producir los elementos necesarios para un desarrollo sustentable y amigable con la naturaleza, exigiremos a todos los actores económicos y sociales que adopten las prácticas de ecoeficiencia, la protección de los ecosistemas estratégicos y la utilización al máximo de la tecnología ambiental”, pidió el mandatario.
Cabe recordar que un importante debate se suscitó desde fines del 2018 ante la posibilidad de que en la tierra colorada comience a plantarse maíz transgénico. En esa fecha, Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad en Misiones.
Se planteó entonces que era para incrementar la disponibilidad de forraje para su transformación en origen en distintos tipos de carnes y, a su vez, para satisfacer la enorme demanda de maíz del complejo agroindustrial del Estado de Santa Catarina, Brasil, muy cercano a la frontera.
No obstante, desde los espacios que se oponen a la medida temen que Misiones se torne en la nueva frontera del maíz, planteando como consecuencias negativas que la producción a gran escala puede causar impacto negativo en el medioambiente.
Uno de los principales planteos de los productores está relacionado con el desmonte para el cultivo de transgénicos a gran escala y la contaminación del suelo, aire y agua, como así también la extinción de las semillas criollas.
Políticas de soberanía
Marta Ferreira, secretaria de Agricultura Familiar de la Provincia, es una de las mayores defensoras de la producción sustentable y criolla.
En diálogo con El Territorio, indicó que “los transgénicos son lo contrario a la soberanía alimentaria que venimos trabajando, y por eso venimos haciendo reuniones con las organizaciones que están en contra de su implementación”.
La funcionaria adelantó que ya están en elaboración dos borradores de proyectos de ley que serán analizados durante el próximo período legislativo provincial para promover e incentivar el cultivo de maíz criollo.
“Esta expresión del gobernador es lo que estaban esperando las organizaciones que vienen luchando y planteando la postura. Y lo que dijo Herrera Ahuad fue contundente, él es médico, y quiere una vida saludable para su pueblo, sabe de lo que está hablando”, manifestó Ferreira.
Es que, en palabras del gobernador, “el desarrollo del capital humano se hace cuidando el medio ambiente. Así reafirmamos que Misiones es una provincia en donde la protección y el cuidado son políticas de Estado”.
Estudios y tecnología
El mandatario también aseguró que se incorporará logística y tecnología para el cuidado y protección de la biodiversidad.
“En la Biofábrica se están estudiando los maíces criollos en campos experimentales para determinar la calidad y pureza para la multiplicación de la producción”, detalló la titular de Agricultura Familiar.
Apuntó además que allí se resguardan las diversas semillas criollas e información científica para avanzar en los cultivos más provechosos y sin contaminación de agrotóxicos.
Por su parte, el flamante ministro de Agro y Producción de Misiones, Sebastián Oriozabala, también se hizo eco de lo expresado por Herrera Ahuad.
“No podemos pensar la producción si no pensamos en el alimento que es maíz, soja. Entonces él (por el gobernador) ya nos había encomendado y lo venimos trabajando en pruebas de maíces criollos de distintas variedades, con campos experimentales. Y estamos en proceso de siembra de producción de los maíces”, contó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.
Al tiempo que remarcó que “lo que tenemos que pensar es una proyección y es un trabajo con la Biofábrica y Agricultura Familiar. Se va fijando una política agropecuaria y ambiental, marcando la provincia que tenemos para adelante”.
“En principio se puede competir en la producción, hay evaluaciones ya hechas. Depende de la variedad del maíz. Varía mucho de acuerdo a lo que hagamos, se puede llegar a generar alternativas productivas. Implica investigación, desarrollo, pruebas a campo, e incluso nuevos cruzamientos de distintos maíces que nos permitan tomar características genéticas”, explicó.
Y concluyó en que “cuando el gobernador lo plantea, lo hace con la mirada de una provincia que protege su biodiversidad, que protege fundamentalmente su masa boscosa, como una política ambiental sustentable, vinculada a otros sectores productivos, como el turismo. Es una proyección que tenemos que pensarla y trabajarla”.
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Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
“Llevando adelante una política de equilibrio entre la diversificación productiva y el respeto al medio ambiente, no vamos a ser permisivos con la introducción de transgénicos en Misiones”. La contundente frase corresponde al gobernador Oscar Herrera Ahuad y fue expresada en el discurso de inicio de gestión, el último 10 de diciembre.
La marcada postura del Ejecutivo provincial fue celebrada por la Secretaría de Agricultura Familiar que, junto a distintas organizaciones hace tiempo vienen trabajando en la producción sustentable y en políticas que promuevan este tipo de prácticas saludables en Misiones.
Así también, desde el Ministerio de Agro y Producción se mostraron confiados en la labor que se viene realizando además en la Biofábrica con estudios acerca del maíz criollo.
Lo mismo fue destacado por Herrera Ahuad, al señalar que “la Biofábrica es y seguirá siendo un elemento fundamental para dotar de elementos biotecnológicos, capacitación a todos los productores de la provincia de Misiones”.
“Pondremos a disposición de la comunidad todas las estructuras científicas provinciales para producir los elementos necesarios para un desarrollo sustentable y amigable con la naturaleza, exigiremos a todos los actores económicos y sociales que adopten las prácticas de ecoeficiencia, la protección de los ecosistemas estratégicos y la utilización al máximo de la tecnología ambiental”, pidió el mandatario.
Cabe recordar que un importante debate se suscitó desde fines del 2018 ante la posibilidad de que en la tierra colorada comience a plantarse maíz transgénico. En esa fecha, Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad en Misiones.
Se planteó entonces que era para incrementar la disponibilidad de forraje para su transformación en origen en distintos tipos de carnes y, a su vez, para satisfacer la enorme demanda de maíz del complejo agroindustrial del Estado de Santa Catarina, Brasil, muy cercano a la frontera.
No obstante, desde los espacios que se oponen a la medida temen que Misiones se torne en la nueva frontera del maíz, planteando como consecuencias negativas que la producción a gran escala puede causar impacto negativo en el medioambiente.
Uno de los principales planteos de los productores está relacionado con el desmonte para el cultivo de transgénicos a gran escala y la contaminación del suelo, aire y agua, como así también la extinción de las semillas criollas.
Políticas de soberanía
Marta Ferreira, secretaria de Agricultura Familiar de la Provincia, es una de las mayores defensoras de la producción sustentable y criolla.
En diálogo con El Territorio, indicó que “los transgénicos son lo contrario a la soberanía alimentaria que venimos trabajando, y por eso venimos haciendo reuniones con las organizaciones que están en contra de su implementación”.
La funcionaria adelantó que ya están en elaboración dos borradores de proyectos de ley que serán analizados durante el próximo período legislativo provincial para promover e incentivar el cultivo de maíz criollo.
“Esta expresión del gobernador es lo que estaban esperando las organizaciones que vienen luchando y planteando la postura. Y lo que dijo Herrera Ahuad fue contundente, él es médico, y quiere una vida saludable para su pueblo, sabe de lo que está hablando”, manifestó Ferreira.
Es que, en palabras del gobernador, “el desarrollo del capital humano se hace cuidando el medio ambiente. Así reafirmamos que Misiones es una provincia en donde la protección y el cuidado son políticas de Estado”.
Estudios y tecnología
El mandatario también aseguró que se incorporará logística y tecnología para el cuidado y protección de la biodiversidad.
“En la Biofábrica se están estudiando los maíces criollos en campos experimentales para determinar la calidad y pureza para la multiplicación de la producción”, detalló la titular de Agricultura Familiar.
Apuntó además que allí se resguardan las diversas semillas criollas e información científica para avanzar en los cultivos más provechosos y sin contaminación de agrotóxicos.
Por su parte, el flamante ministro de Agro y Producción de Misiones, Sebastián Oriozabala, también se hizo eco de lo expresado por Herrera Ahuad.
“No podemos pensar la producción si no pensamos en el alimento que es maíz, soja. Entonces él (por el gobernador) ya nos había encomendado y lo venimos trabajando en pruebas de maíces criollos de distintas variedades, con campos experimentales. Y estamos en proceso de siembra de producción de los maíces”, contó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.
Al tiempo que remarcó que “lo que tenemos que pensar es una proyección y es un trabajo con la Biofábrica y Agricultura Familiar. Se va fijando una política agropecuaria y ambiental, marcando la provincia que tenemos para adelante”.
“En principio se puede competir en la producción, hay evaluaciones ya hechas. Depende de la variedad del maíz. Varía mucho de acuerdo a lo que hagamos, se puede llegar a generar alternativas productivas. Implica investigación, desarrollo, pruebas a campo, e incluso nuevos cruzamientos de distintos maíces que nos permitan tomar características genéticas”, explicó.
Y concluyó en que “cuando el gobernador lo plantea, lo hace con la mirada de una provincia que protege su biodiversidad, que protege fundamentalmente su masa boscosa, como una política ambiental sustentable, vinculada a otros sectores productivos, como el turismo. Es una proyección que tenemos que pensarla y trabajarla”.
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Un pueblo de Córdoba en guardia contra los agrotóxicos
El pueblo que hace guardia contra los agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Córdoba
Es en Sebastián Elcano. Desde hace dos meses, montaron una carpa para exigir una ley que aleje las fumigaciones del pueblo.
Más de 65 días de acampe. Un movimiento comunitario para garantizar la salud colectiva. Guardias comunales sostenidas principalmente por mujeres para frenar o echar a las máquinas pulverizadoras del casco urbano y campos aledaños. Un colectivo organizado y varias propuestas para hacer del espacio habitado un espacio habitable: una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento socio-sanitario, y una férrea promoción de la agroecología. Esa es la pintura de este tiempo en Sebastián Elcano, localidad del norte cordobés. “Vamos a sostener esta lucha hasta que cambie esta situación, y la comunidad está muy convencida de lo que quiere”, apunta Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), espacio que apuntala esta digna lucha.
Organizarse para curar el territorio
Sebastián Elcano está a más de 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba, en cercanías del Cerro Colorado. Área que fue históricamente campesina y que pasó en las últimas décadas a ser parte del llamado ‘corrimiento de la frontera agrícola’ o ‘pampeanización’. En los hechos, la zona sucumbió al ingreso a gran escala de monocultivos de exportación --soja y maíz transgénicos--, uso masivo de plaguicidas, desmontes y desalojos campesinos. La resistencia de la abuela Ramona Bustamante es un emblema de esta área, un caso que llegó a ser conocido en otras partes del mundo.
La cartografía del poblado, donde desde hace más de dos décadas gobierna el radical Pedro Bonaldi, se vio alterada en los últimos dos meses a partir de la instalación de una carpa en el espacio público. Un nuevo eje de energía política de desplegó para disputar sentidos, prácticas que parecían intocables, y en definitiva, para cambiar la forma de concebir el territorio. Reuniones multitudinarias y acciones directas son los frutos de un reclamo que se fraguó a fuerza de dolores y hastío a lo largo de años. “Paren de fumigar el pueblo”, se escucha en las calles, las casas, y en la escuela.
“En un plenario de la organización, las madres pusieron como tema principal de preocupación las constantes fumigaciones, y la situación de salud de la población vinculada a estas prácticas. Entonces nos planteamos ponernos firmes, porque ya el año pasado presentamos una propuesta de ordenanza pero no pasó nada”, apunta la miembro de la FOB. En concreto, el colectivo reclama que se aleje todo tipo de aplicación de agroquímicos a 1500 metros del límite del casco urbano cuando se haga con maquinaria terrestre, y a 3000 metros cuando se trate de aplicaciones aéreas. La actual legislación provincial permite por ejemplo liberar glifosato con máquinas terrestres en el propio borde urbano. Desde el acampe solicitan también que se erradiquen de la zona poblada los depósitos de acopio de los químicos, y los galpones donde se guardan las máquinas aplicadoras.
Patricio, un vecino que adhiere a la causa, plantea que “realmente es muy difícil avanzar en acuerdos con sectores que durante más de veinte años hicieron este tipo de producción, nunca nadie les dijo nada, y todo fue avalado por el poder político, entonces hay como mucha prepotencia”. En ese contexto, siente que “es admirable lo que comenzaron las mujeres porque se parte desde ese escenario, donde la comunidad tenía como normal que a toda hora en cualquier parte del pueblo hay que estar respirando venenos”. “Lo que vino a hacer esta lucha es romper toda esta normalidad”, enfatiza este docente.
Cuidado comunal como acción política
Sin quedarse estáticas frente a la falta de respuestas de las autoridades, las mujeres organizadas, junto a sus compañeros, decidieron no sólo montar la carpa sino darse una forma de control comunal de las aplicaciones. Una y otra vez salen a la búsqueda de las máquinas fumigadoras que ingresas por el centro del pueblo o de aquellas que están aplicando venenos a la vera de las casas, a veces incluso de noche y a escondidas. “Estamos alertas en varios barrios, paramos los ‘mosquitos’ (máquinas fumigadoras terrestres), y en algunos casos bloqueamos la salida de los campos porque se querían escapar, sabiendo que no estaban haciendo las cosas bien”, describe sobre el accionar comunitario, Mónica Ponce. Ante estas situaciones, las vecinas y los vecinos organizados retienen la maquinaria, llaman a la policía y solicitan que se labren actas que constaten que las aplicaciones de agroquímicos se realizan fuera de toda normativa. Así, asegura Mónica “ya se lograron más de veinte intervenciones”. “Un problema que tenemos es que la policía labra el acta, pero no puede secuestrar los mosquitos porque no tienen dónde dejarlo que no sea en el propio centro”. En algunos casos, la propia comunidad escolta a las máquinas en caravana, a bocinazos, hasta que las echa del pueblo.
Este modo de actuar del colectivo local no puede entenderse sin dar cuenta de “la crítica situación sanitaria que tiene la zona, donde hay muchos niños con enfermedades respiratorias, y muertes por cáncer en cantidad que llaman la atención”, explica esta mujer. Como complemento, Patricio señala que “la situación sanitaria es bastante desastrosa por la absoluta falta de control sobre el tema, porque se fumiga con viento, con cualquier temperatura, en cualquier lugar”. Luego de un reciente encuentro con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, organización referente en la lucha contra las fumigaciones y emblema del armado de relevamiento sanitario populares, desde el acampe se proponen iniciar un mapeo de la situación de la salud colectiva del pueblo. “Las madres de Ituzaingó nos enseñaron de su historia, y ya que desde el Estado no se nos acompaña vamos a relevar nosotras las causas de muerte y las distintas enfermedades que hubo en los últimos años, según cada barrio”, agrega esta mujer, decidida a transformar el territorio que habita en un espacio más digno para la vida. Desde el acampe, Mónica dice con total claridad: “vamos a levantar la carpa cuando se cumplan los pedidos, cuando esto verdaderamente cambie, no tenemos una fecha para irnos porque todas las compañeras estamos muy convencidas de la lucha que estamos dando, que es por la salud de la comunidad y por un pueblo sin venenos”.
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Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Córdoba
Es en Sebastián Elcano. Desde hace dos meses, montaron una carpa para exigir una ley que aleje las fumigaciones del pueblo.
Más de 65 días de acampe. Un movimiento comunitario para garantizar la salud colectiva. Guardias comunales sostenidas principalmente por mujeres para frenar o echar a las máquinas pulverizadoras del casco urbano y campos aledaños. Un colectivo organizado y varias propuestas para hacer del espacio habitado un espacio habitable: una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento socio-sanitario, y una férrea promoción de la agroecología. Esa es la pintura de este tiempo en Sebastián Elcano, localidad del norte cordobés. “Vamos a sostener esta lucha hasta que cambie esta situación, y la comunidad está muy convencida de lo que quiere”, apunta Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), espacio que apuntala esta digna lucha.
Organizarse para curar el territorio
Sebastián Elcano está a más de 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba, en cercanías del Cerro Colorado. Área que fue históricamente campesina y que pasó en las últimas décadas a ser parte del llamado ‘corrimiento de la frontera agrícola’ o ‘pampeanización’. En los hechos, la zona sucumbió al ingreso a gran escala de monocultivos de exportación --soja y maíz transgénicos--, uso masivo de plaguicidas, desmontes y desalojos campesinos. La resistencia de la abuela Ramona Bustamante es un emblema de esta área, un caso que llegó a ser conocido en otras partes del mundo.
La cartografía del poblado, donde desde hace más de dos décadas gobierna el radical Pedro Bonaldi, se vio alterada en los últimos dos meses a partir de la instalación de una carpa en el espacio público. Un nuevo eje de energía política de desplegó para disputar sentidos, prácticas que parecían intocables, y en definitiva, para cambiar la forma de concebir el territorio. Reuniones multitudinarias y acciones directas son los frutos de un reclamo que se fraguó a fuerza de dolores y hastío a lo largo de años. “Paren de fumigar el pueblo”, se escucha en las calles, las casas, y en la escuela.
“En un plenario de la organización, las madres pusieron como tema principal de preocupación las constantes fumigaciones, y la situación de salud de la población vinculada a estas prácticas. Entonces nos planteamos ponernos firmes, porque ya el año pasado presentamos una propuesta de ordenanza pero no pasó nada”, apunta la miembro de la FOB. En concreto, el colectivo reclama que se aleje todo tipo de aplicación de agroquímicos a 1500 metros del límite del casco urbano cuando se haga con maquinaria terrestre, y a 3000 metros cuando se trate de aplicaciones aéreas. La actual legislación provincial permite por ejemplo liberar glifosato con máquinas terrestres en el propio borde urbano. Desde el acampe solicitan también que se erradiquen de la zona poblada los depósitos de acopio de los químicos, y los galpones donde se guardan las máquinas aplicadoras.
Patricio, un vecino que adhiere a la causa, plantea que “realmente es muy difícil avanzar en acuerdos con sectores que durante más de veinte años hicieron este tipo de producción, nunca nadie les dijo nada, y todo fue avalado por el poder político, entonces hay como mucha prepotencia”. En ese contexto, siente que “es admirable lo que comenzaron las mujeres porque se parte desde ese escenario, donde la comunidad tenía como normal que a toda hora en cualquier parte del pueblo hay que estar respirando venenos”. “Lo que vino a hacer esta lucha es romper toda esta normalidad”, enfatiza este docente.
Cuidado comunal como acción política
Sin quedarse estáticas frente a la falta de respuestas de las autoridades, las mujeres organizadas, junto a sus compañeros, decidieron no sólo montar la carpa sino darse una forma de control comunal de las aplicaciones. Una y otra vez salen a la búsqueda de las máquinas fumigadoras que ingresas por el centro del pueblo o de aquellas que están aplicando venenos a la vera de las casas, a veces incluso de noche y a escondidas. “Estamos alertas en varios barrios, paramos los ‘mosquitos’ (máquinas fumigadoras terrestres), y en algunos casos bloqueamos la salida de los campos porque se querían escapar, sabiendo que no estaban haciendo las cosas bien”, describe sobre el accionar comunitario, Mónica Ponce. Ante estas situaciones, las vecinas y los vecinos organizados retienen la maquinaria, llaman a la policía y solicitan que se labren actas que constaten que las aplicaciones de agroquímicos se realizan fuera de toda normativa. Así, asegura Mónica “ya se lograron más de veinte intervenciones”. “Un problema que tenemos es que la policía labra el acta, pero no puede secuestrar los mosquitos porque no tienen dónde dejarlo que no sea en el propio centro”. En algunos casos, la propia comunidad escolta a las máquinas en caravana, a bocinazos, hasta que las echa del pueblo.
Este modo de actuar del colectivo local no puede entenderse sin dar cuenta de “la crítica situación sanitaria que tiene la zona, donde hay muchos niños con enfermedades respiratorias, y muertes por cáncer en cantidad que llaman la atención”, explica esta mujer. Como complemento, Patricio señala que “la situación sanitaria es bastante desastrosa por la absoluta falta de control sobre el tema, porque se fumiga con viento, con cualquier temperatura, en cualquier lugar”. Luego de un reciente encuentro con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, organización referente en la lucha contra las fumigaciones y emblema del armado de relevamiento sanitario populares, desde el acampe se proponen iniciar un mapeo de la situación de la salud colectiva del pueblo. “Las madres de Ituzaingó nos enseñaron de su historia, y ya que desde el Estado no se nos acompaña vamos a relevar nosotras las causas de muerte y las distintas enfermedades que hubo en los últimos años, según cada barrio”, agrega esta mujer, decidida a transformar el territorio que habita en un espacio más digno para la vida. Desde el acampe, Mónica dice con total claridad: “vamos a levantar la carpa cuando se cumplan los pedidos, cuando esto verdaderamente cambie, no tenemos una fecha para irnos porque todas las compañeras estamos muy convencidas de la lucha que estamos dando, que es por la salud de la comunidad y por un pueblo sin venenos”.
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Juticia frena explotación agrícola en isla entrerriana
Frenaron definitivamente explotación sojera y maicera en zona de islas protegida
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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15 escuelas contaminadas con agroquímicos en Tandil
Tandil: Según un estudio, 15 escuelas fueron contaminadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Jugada del gobierno a favor de Bayer-Monsanto
Semillas: caído el proyecto de ley, buscan reflotar una norma de 2006
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Detenidos por fumigar ilegalmente, detenidos
Detienen al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y a un aplicador por fumigar a 90 metros de dos escuelas
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Santa Fe: un estudio revela el problema de los agroquímicos
"Si hay sospecha no se deben usar"
Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe
La directora del Programa Provincial de Cáncer aconsejó ayer aplicar el principio precautorio frente al uso actual de los agroquímicos. "Si hay productos que son oncógenos sospechados no se deben usar o se debe aconsejar su menor uso posible" advirtió Gabriela Quintanilla. La médica presentará un estudio provincial en los próximos días y se pronunció en torno de los cuidados sobre la salud de los santafesinos. "Los agroquímicos permean al agua, y por tanto a los alimentos. Las consecuencias no solo son para las poblaciones rurales" afirmó.
-¿Que conclusión tiene frente al uso de agroquímicos y las denuncias por su responsabilidad frente al cáncer. Que relación hay entre agroquímicos y cáncer?
-Hemos hecho un dossier sobre agroquímicos donde se plantea la maniobra de precaución, como ocurre en el mundo, ya que si un producto es un oncógeno sospechado, lo lógico desde lo precautorio, es recomendar su menor uso posible o su no uso. Pero también este punto tiene que ser analizado en las áreas de producción y trabajo donde hay muchos núcleos de reproducción social que giran en torno de los agroquímicos, hay mucho en lo cultural en lo social y económico que cambiar.
-¿Que estudios puede referenciar?
-Hay varias líneas de investigación en universidades locales, además seguimos a través de nuestro consejo de investigación otro trabajos como dosaje de agroquimicos en leche materna y orina, dosaje de glifosato en personas que viven en zonas urbanas comparados con habitantes rurales, proque hay que entender que este tema ( la contaminación por agroquímicos)no es solo un fenómeno rural porque se contaminan las napas de agua. Es decir también puede afectar a los alimentos que consumimos en las ciudades.
Y por último estamos realizando una investigación epidemiológica, con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Lazarte, tratando de vincular el mapa de agroquímicos con el mapa de cáncer.
-Los enfermos de cáncer son más numerosos en poblaciones rurales o urbanas?
-Depende de los tipos de cáncer, porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único: hay diferentes tipos de cáncer, son cientos de enfermedades diversas. Por ejemplo el cáncer de cérvix (cuello de útero) tiene más incidencia en el departamento 9 de julio pero en el departamento Caseros es el cáncer de cólon. Cada tumor está vinculado con determinantes sociales y el modo de vivir, en cada uno de los territorios, con lo cual no se podría decir si el cáncer es más urbano que rural, cada enfermedad tiene conducta diferente.
-¿Hay estudios que prueban si el uso de agroquímicos enferma a los habitantes rurales por su medio ambiente?
-Globalmente para la provincia hay un estudio del Ministerio de Salud, que analiza la mortalidad y que está en la página web y analiza los últimos 15 años, donde por ejemplo baja el cáncer de mama y el cáncer de pulmón en hombres, asi como denota un aumento del cáncer de pulmón en mujeres por el habito de fumar. Pero este vinculación entre el riesgo de exposición rural y urbano se esta realizando ahora. De todos modos hay que decir que los trabajos que vinculan cánceres con una causa determinada son difíciles de hacer. Para que se desarrolle un cáncer por una sustancia oncogénica, se necesita una exposición de decenios, por eso es tan compleja la relación de cáncer, por ejemplo, con el uso de celulares porque esta tecnología tiene un tiempo de uso corto aún.
-Entonces ¿qué deberíamos hacer frente a un oncógeno sospechado, por su efecto sobre la salud y el medio ambiente?
-Aplicar el principio precautorio y extenderlo sobre nuestra vida cotidiana: esto es no deberíamos tampoco tener obesidad, fumar y medir la contaminación ambiental, tampoco caer en una vida sedentaria. Hay que cuidarse y tener todo esto incorporado como criterio de prevencion primaria. Pero además debemos decir que los agroquimicos permean el agua y los alimentos asi que este es un problema universal, no mas rural que urbano.
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Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe
La directora del Programa Provincial de Cáncer aconsejó ayer aplicar el principio precautorio frente al uso actual de los agroquímicos. "Si hay productos que son oncógenos sospechados no se deben usar o se debe aconsejar su menor uso posible" advirtió Gabriela Quintanilla. La médica presentará un estudio provincial en los próximos días y se pronunció en torno de los cuidados sobre la salud de los santafesinos. "Los agroquímicos permean al agua, y por tanto a los alimentos. Las consecuencias no solo son para las poblaciones rurales" afirmó.
-¿Que conclusión tiene frente al uso de agroquímicos y las denuncias por su responsabilidad frente al cáncer. Que relación hay entre agroquímicos y cáncer?
-Hemos hecho un dossier sobre agroquímicos donde se plantea la maniobra de precaución, como ocurre en el mundo, ya que si un producto es un oncógeno sospechado, lo lógico desde lo precautorio, es recomendar su menor uso posible o su no uso. Pero también este punto tiene que ser analizado en las áreas de producción y trabajo donde hay muchos núcleos de reproducción social que giran en torno de los agroquímicos, hay mucho en lo cultural en lo social y económico que cambiar.
-¿Que estudios puede referenciar?
-Hay varias líneas de investigación en universidades locales, además seguimos a través de nuestro consejo de investigación otro trabajos como dosaje de agroquimicos en leche materna y orina, dosaje de glifosato en personas que viven en zonas urbanas comparados con habitantes rurales, proque hay que entender que este tema ( la contaminación por agroquímicos)no es solo un fenómeno rural porque se contaminan las napas de agua. Es decir también puede afectar a los alimentos que consumimos en las ciudades.
Y por último estamos realizando una investigación epidemiológica, con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Lazarte, tratando de vincular el mapa de agroquímicos con el mapa de cáncer.
-Los enfermos de cáncer son más numerosos en poblaciones rurales o urbanas?
-Depende de los tipos de cáncer, porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único: hay diferentes tipos de cáncer, son cientos de enfermedades diversas. Por ejemplo el cáncer de cérvix (cuello de útero) tiene más incidencia en el departamento 9 de julio pero en el departamento Caseros es el cáncer de cólon. Cada tumor está vinculado con determinantes sociales y el modo de vivir, en cada uno de los territorios, con lo cual no se podría decir si el cáncer es más urbano que rural, cada enfermedad tiene conducta diferente.
-¿Hay estudios que prueban si el uso de agroquímicos enferma a los habitantes rurales por su medio ambiente?
-Globalmente para la provincia hay un estudio del Ministerio de Salud, que analiza la mortalidad y que está en la página web y analiza los últimos 15 años, donde por ejemplo baja el cáncer de mama y el cáncer de pulmón en hombres, asi como denota un aumento del cáncer de pulmón en mujeres por el habito de fumar. Pero este vinculación entre el riesgo de exposición rural y urbano se esta realizando ahora. De todos modos hay que decir que los trabajos que vinculan cánceres con una causa determinada son difíciles de hacer. Para que se desarrolle un cáncer por una sustancia oncogénica, se necesita una exposición de decenios, por eso es tan compleja la relación de cáncer, por ejemplo, con el uso de celulares porque esta tecnología tiene un tiempo de uso corto aún.
-Entonces ¿qué deberíamos hacer frente a un oncógeno sospechado, por su efecto sobre la salud y el medio ambiente?
-Aplicar el principio precautorio y extenderlo sobre nuestra vida cotidiana: esto es no deberíamos tampoco tener obesidad, fumar y medir la contaminación ambiental, tampoco caer en una vida sedentaria. Hay que cuidarse y tener todo esto incorporado como criterio de prevencion primaria. Pero además debemos decir que los agroquimicos permean el agua y los alimentos asi que este es un problema universal, no mas rural que urbano.
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