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Repensar las emisiones de GEIs en la agricultura
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Argentina avanza en su estrategia de desarrollo con bajas emisiones para la agricultura
Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue a través de una jornada realizada en el INTA con organismos públicos e instituciones referentes del sector.
Con vistas a aumentar esfuerzos en el marco de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, se llevó a cabo una jornada con la participación de representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el INTA y la Fundación AVINA.
En la apertura del encuentro, Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, quien estuvo acompañado por Luis Urriza, subsecretario de Agricultura, señaló: “Lo que está en el horizonte son las estrategias de largo plazo, que son las que van a definir un perfil de hacia dónde va el mundo para combatir el cambio climático. La suma de todas ellas, a partir de la visión a 2050, determinará si podemos asegurar que el aumento de la temperatura sea de 2 grados o inferior”.
“Focalizamos nuestra estrategia a largo plazo fundamentalmente en los sectores de energía y de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. El objetivo es consensuar insumos para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el gabinete ampliado y las provincias, a través del Cofema, determinen cuál va a ser la mejor estrategia para Argentina”, concluyó el funcionario de la cartera de Ambiente.
Por su parte, Urriza sostuvo: “Esta es una agenda ambiental positiva, que integra a la comunidad en los desafíos que tenemos en materia de cambio climático”. Asimismo añadió: “Buscamos que la ganadería sea más eficiente y minimice sus emisiones”.
El objetivo del encuentro fue iniciar formalmente el proceso participativo de desarrollo de insumos técnicos en conjunto con las instituciones del sector presentando el plan y la dinámica propuesta de trabajo. El proceso busca promover el intercambio y la construcción de acuerdos y espacios de consenso con el fin de obtener un abanico de escenarios a 2050 que representen diversas visiones de país a largo plazo para el sector agro y bosques.
El contexto internacional y la estrategia nacional fueron abordados en un panel a cargo de Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, y Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles (MAGyP), quienes también disertaron en la apertura de la jornada. La misma fue organizada con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en el marco del programa Partenariado Estratégico para la Implementación del Acuerdo de París.
Contexto
El Acuerdo de París invita a las Partes a aumentar sus esfuerzos para formular y comunicar estrategias nacionales de desarrollo con bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (LTS). A su vez, invita a los miembros a comunicar sus LTS a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 2020.
Estas visiones a largo plazo, y las opciones para alcanzarlas, deben basarse en datos y modelos sólidos, así como también en los aportes de los diferentes actores de la sociedad que desempeñarán un rol clave para alcanzar esa visión a largo plazo, fortaleciendo el diálogo entre la ciencia y la política. El objetivo global del proceso es proporcionar insumos técnicos para la formulación de la LTS nacional en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra a fin de presentar al Gabinete Nacional de Cambio Climático durante el 2020.
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Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue a través de una jornada realizada en el INTA con organismos públicos e instituciones referentes del sector.
Con vistas a aumentar esfuerzos en el marco de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, se llevó a cabo una jornada con la participación de representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el INTA y la Fundación AVINA.
En la apertura del encuentro, Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, quien estuvo acompañado por Luis Urriza, subsecretario de Agricultura, señaló: “Lo que está en el horizonte son las estrategias de largo plazo, que son las que van a definir un perfil de hacia dónde va el mundo para combatir el cambio climático. La suma de todas ellas, a partir de la visión a 2050, determinará si podemos asegurar que el aumento de la temperatura sea de 2 grados o inferior”.
“Focalizamos nuestra estrategia a largo plazo fundamentalmente en los sectores de energía y de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. El objetivo es consensuar insumos para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el gabinete ampliado y las provincias, a través del Cofema, determinen cuál va a ser la mejor estrategia para Argentina”, concluyó el funcionario de la cartera de Ambiente.
Por su parte, Urriza sostuvo: “Esta es una agenda ambiental positiva, que integra a la comunidad en los desafíos que tenemos en materia de cambio climático”. Asimismo añadió: “Buscamos que la ganadería sea más eficiente y minimice sus emisiones”.
El objetivo del encuentro fue iniciar formalmente el proceso participativo de desarrollo de insumos técnicos en conjunto con las instituciones del sector presentando el plan y la dinámica propuesta de trabajo. El proceso busca promover el intercambio y la construcción de acuerdos y espacios de consenso con el fin de obtener un abanico de escenarios a 2050 que representen diversas visiones de país a largo plazo para el sector agro y bosques.
El contexto internacional y la estrategia nacional fueron abordados en un panel a cargo de Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, y Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles (MAGyP), quienes también disertaron en la apertura de la jornada. La misma fue organizada con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en el marco del programa Partenariado Estratégico para la Implementación del Acuerdo de París.
Contexto
El Acuerdo de París invita a las Partes a aumentar sus esfuerzos para formular y comunicar estrategias nacionales de desarrollo con bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (LTS). A su vez, invita a los miembros a comunicar sus LTS a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 2020.
Estas visiones a largo plazo, y las opciones para alcanzarlas, deben basarse en datos y modelos sólidos, así como también en los aportes de los diferentes actores de la sociedad que desempeñarán un rol clave para alcanzar esa visión a largo plazo, fortaleciendo el diálogo entre la ciencia y la política. El objetivo global del proceso es proporcionar insumos técnicos para la formulación de la LTS nacional en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra a fin de presentar al Gabinete Nacional de Cambio Climático durante el 2020.
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Santiago del Estero: siguen desalojando campesinos
Destruyen casa de un campesino apresado por usurpación
Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Justicia nuevamente protege las escuelas entrerrianas
Otro freno a las fumigaciones cerca de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Desastre ambiental por explosión de fábrica de agrotóxicos
Desastre ambiental en la provincia de Vidal: “Es un accidente a nivel Chernobyl”
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
Explotó una fábrica de agrotóxicos en Mercedes. Nadie del gobierno se acercó a la zona de desastre. Provocó la muerte de una persona y una debacle ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar.
Ocurrió el viernes 27 de septiembre, pero el cerco mediático que existe sobre los agrovenenos en Argentina, hizo que demorara su difusión. Explotó una fábrica de agrotóxicos en el partido bonaerense de Mercedes, que provocó la muerte de una persona y un desastre ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar.
Según publicó Radio Gráfica, Martin Barros, productor de semillas orgánicas de la zona afectada, expresó: “Toneladas de agrotóxicos concentrados ardieron, se gasificaron y diseminaron por el aire, es un accidente a nivel Chernobyl”.
El productor relató que, en la madrugada de ese viernes, en un hecho absolutamente tapado por los medios de comunicación, alrededor de las 4.30 de la madrugada, “temblaron las paredes y piso de mi casa. Apenas amaneció se podía ver la estela inmensa de humo negro y un olor muy intenso a agrotóxico”.
La mayor preocupación gira en torno a la contaminación que podrían sufrir las napas de agua: “No sabemos ni cuándo, cuánto ni cómo se afectarán, pero va a tener repercusiones graves en la comunidad, fauna silvestre, vegetación, etc.”, sostuvo.
“Desconozco por qué de ésto se está diciendo tan poco, estamos hablando de millones de agroquímicos de altísima toxicidad en el aire”, señaló Barros.
La planta incendiada está ubicada en la ruta 42, pertenece a la firma Sigma Agro SA, de capitales desconocidos, que controla el 40% del mercado argentino de Paraquat, un herbicida altamente tóxico.
La seguridad y habilitación de empresas de este tipo, están a cargo del gobierno provincial, de María Eugenia Vidal, que hasta el momento no ha actuado en el desastre: “Es un tema que excede al Municipio, incluso creo que le queda grande a la Provincia. Luego de esta tragedia, la remediación, requiere de un esfuerzo muy grande, creo que debería intervenir directamente Nación”, expresó el productor.
“Luego de esta tragedia, la remediación, requiere de un esfuerzo muy grande, creo que debería intervenir directamente Nación”, aseguró.
Barros además informó que este jueves, tras una semana de internación, y producto de las severas quemaduras sufridas durante la explosión, murió Rubén Ponce, de 42 años: “Oficiaba de sereno, pero en realidad era un contratista de máquinas viales, intento salvar una de sus máquinas del galpón que explotó y no sobrevivió”.
Si bien desde la intendencia a cargo de Juan Ignacio Ustarroz, se está trabajando en la recuperación y prevención del medioambiente, no hubo un correcto plan de evacuación, que debió haberse implementado el mismo día del accidente, aunque sea, de manera preventiva.
La zona del incendio está ubicada a 5 km del casco urbano de Mercedes y a 3,5 km de distancia Gowdlan y Altamira, poblaciones periurbanas que podrían estar en riesgo.
La magnitud del accidente implica que se tomen medidas de urgencia para prevenir a la comunidad: “El tiempo es acuciante, cada minuto que pasa el problema se acrecienta. Ya pasaron más de 20 camiones atmosféricos especiales para residuos peligrosos, y están removiendo barro, con retroexcavadoras y camiones, para trasladar los residuos a Campana, sin embargo, nada de eso alcanza”, señaló Barros.
Para finalizar, el productor informó que se están desarrollando reuniones seguidas con el intendente y sus secretarios municipales para informar y delinear las medidas a seguir, y que la actual prioridad es establecer un “monitoreo muy riguroso de la salud de las personas que vivimos cerca de este desastre”.
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Otro transgénico de Monsanto aprobado
Autorizan a Monsanto a vender una nueva semilla genéticamente modificada resistente al glifosato
Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía aprobó la comercialización de este producto resistente al glifosato y los lepidópteros. Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina
Luego de las evaluaciones que llevaron adelante la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, se determinó que la nueva semilla es resistente al glifosato y a los insectos lepidópteros (las mariposas).
Estas entidades aseguraron que los riesgos de bioseguridad derivados de este cultivo a gran escala no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado, por lo que este nuevo desarrollo no debería presentar efectos adversos sobre el agroecosistema.
No obstante, la resolución aclara que la firma "deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización".
Por este motivo, la medida podría quedar sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información que da cuenta de un riesgo potencial en su aplicación.
"Los mejores rindes llegan con la incorporación de conocimiento al trabajo diario en el campo. Este anuncio tiene que ver con la importancia de seguir estimulando el desarrollo científico en un marco de una agroindustria sostenible", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "Somos uno de los países líderes y referentes a nivel global en materia biotecnológica".
Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina, desde la primera soja RR, tolerante al glifosato, que se autorizó en 1996, según los registros de la Conabia.
Un dato relevante es que el ritmo de aprobación de OVGM se potenció durante la presidencia de Mauricio Macri: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De ellos, 18 fueron aprobados en los últimos dos años de gestión.
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Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía aprobó la comercialización de este producto resistente al glifosato y los lepidópteros. Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina
Luego de las evaluaciones que llevaron adelante la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, se determinó que la nueva semilla es resistente al glifosato y a los insectos lepidópteros (las mariposas).
Estas entidades aseguraron que los riesgos de bioseguridad derivados de este cultivo a gran escala no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado, por lo que este nuevo desarrollo no debería presentar efectos adversos sobre el agroecosistema.
No obstante, la resolución aclara que la firma "deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización".
Por este motivo, la medida podría quedar sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información que da cuenta de un riesgo potencial en su aplicación.
"Los mejores rindes llegan con la incorporación de conocimiento al trabajo diario en el campo. Este anuncio tiene que ver con la importancia de seguir estimulando el desarrollo científico en un marco de una agroindustria sostenible", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "Somos uno de los países líderes y referentes a nivel global en materia biotecnológica".
Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina, desde la primera soja RR, tolerante al glifosato, que se autorizó en 1996, según los registros de la Conabia.
Un dato relevante es que el ritmo de aprobación de OVGM se potenció durante la presidencia de Mauricio Macri: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De ellos, 18 fueron aprobados en los últimos dos años de gestión.
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UNNE demuestra daño genético por exposición a agroquímicos
Confirman indicios de daño genético por exposición a agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/10/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Un estudio realizado por científicos del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia (Chaco), reveló que se encontraron indicios de "daño genético" por exposición a agroquímicos.
El trabajo científico demostró una estimación del daño genético en personas expuestas a productos químicos y agentes “genotóxicos”, es decir aquellas sustancias que pueden unirse directamente al ADN causando mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
El estudio fue revelado por el doctor Horacio Lucero del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La investigación se realizó con diez pacientes, de los cuales cinco están regularmente expuestos a los agroquímicos en zonas productivas del Chaco y los restantes cinco son habitantes de la ciudad de Resistencia.
“Se hallaron rastros de Glifosato y AMPA en todas las muestras de orina incluso en las personas del grupo control que vivieron siempre en Resistencia”, dice el informe difundido por la UNNE.
Según el equipo de investigadores esto abre la hipótesis de que la vía de ingreso de estos agroquímicos sería a través de los alimentos contaminados.
Los tres pacientes que presentaron algún agrotóxico en sangre (piretroides e insecticidas organofosforados) son los que demostraron mayores porcentajes de “aberraciones cromosómicas (AC)” o “micronúcleos (MN)”.
El estudio sobre agrotóxicos en sangre hace una aclaración: los compuestos organoclorados y organofosforados se miden en sangre porque son altamente persistentes y de difícil degradación, por lo tanto pueden indicar exposiciones no recientes, mientras que Glifosato de metabolismo más rápido se debe medir en orina y puede indicar exposiciones más inmediatas.
El número de pacientes estudiados es escaso para una interpretación estadística robusta, pero dado lo laborioso de contar 1.100 células por paciente y el costo de la medición de plaguicidas en laboratorio especializado, es un trabajo muy valioso por la combinación de datos de biomarcadores de daño junto con medición de plaguicidas en muestras biológicas.
Además de Lucero, el equipo de investigadores que participó del trabajo está conformado por Bettina Brusés; Laura Formichelli; José Espíndola; Mariana Cancian; Alejandra Gómez; María Seveso; Ana Black y Raúl Montenegro.
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Fecha de Publicación: 02/10/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Un estudio realizado por científicos del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia (Chaco), reveló que se encontraron indicios de "daño genético" por exposición a agroquímicos.
El trabajo científico demostró una estimación del daño genético en personas expuestas a productos químicos y agentes “genotóxicos”, es decir aquellas sustancias que pueden unirse directamente al ADN causando mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
El estudio fue revelado por el doctor Horacio Lucero del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La investigación se realizó con diez pacientes, de los cuales cinco están regularmente expuestos a los agroquímicos en zonas productivas del Chaco y los restantes cinco son habitantes de la ciudad de Resistencia.
“Se hallaron rastros de Glifosato y AMPA en todas las muestras de orina incluso en las personas del grupo control que vivieron siempre en Resistencia”, dice el informe difundido por la UNNE.
Según el equipo de investigadores esto abre la hipótesis de que la vía de ingreso de estos agroquímicos sería a través de los alimentos contaminados.
Los tres pacientes que presentaron algún agrotóxico en sangre (piretroides e insecticidas organofosforados) son los que demostraron mayores porcentajes de “aberraciones cromosómicas (AC)” o “micronúcleos (MN)”.
El estudio sobre agrotóxicos en sangre hace una aclaración: los compuestos organoclorados y organofosforados se miden en sangre porque son altamente persistentes y de difícil degradación, por lo tanto pueden indicar exposiciones no recientes, mientras que Glifosato de metabolismo más rápido se debe medir en orina y puede indicar exposiciones más inmediatas.
El número de pacientes estudiados es escaso para una interpretación estadística robusta, pero dado lo laborioso de contar 1.100 células por paciente y el costo de la medición de plaguicidas en laboratorio especializado, es un trabajo muy valioso por la combinación de datos de biomarcadores de daño junto con medición de plaguicidas en muestras biológicas.
Además de Lucero, el equipo de investigadores que participó del trabajo está conformado por Bettina Brusés; Laura Formichelli; José Espíndola; Mariana Cancian; Alejandra Gómez; María Seveso; Ana Black y Raúl Montenegro.
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El próximo gobierno seguirá con el extractivismo
El extractivismo que viene
Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.
Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.
Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.El extractivismo del Frente de Todos.
Política de Estado
Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.
El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.
Votos y agronegocio
El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.
Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.
En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (...) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.
El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.
Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).
Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.
Vaca Muerta
Publicitada como la clave para la "soberanía energética", de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en "accidentes" (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).
En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que "sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad", aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).
Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.
De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.
De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de "publinotas" sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de "polémica" y "preocupación" de las compañías.
El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: "Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo", dijo y agregó: "Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron".
El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.
La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.
Megaminería
Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.
“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.
Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.
Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.
Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.
Otro campo
El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.
Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado "no votamos a Macri". El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.
El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. "Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández", comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.
A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.
Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.
“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.
Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.
¿Qué grieta?
Los funcionarios kirchneristas impulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el "es necesario para el desarrollo del país", un intermedio "es una contradicción secundaria" (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible "le hacen el juego a la derecha", utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.
Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción fundamente de la injusticia social, y se cobra vidas.
Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.
“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.
Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.
Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.
Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.
Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefa de Gabinete.El extractivismo del Frente de Todos.
Política de Estado
Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.
El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.
Votos y agronegocio
El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie los esperaba.
Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.
En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que nos se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (...) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.
El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.
Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).
Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.
Vaca Muerta
Publicitada como la clave para la "soberanía energética", de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en "accidentes" (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).
En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que "sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad", aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles (otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).
Luego de las elecciones de agosto, Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.
De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.
De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de "publinotas" sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de "polémica" y "preocupación" de las compañías.
El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: "Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo", dijo y agregó: "Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron".
El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.
La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.
Megaminería
Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decenas de multinacionales mineras y Alberto Fernández.
“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.
Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.
Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.
Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales. Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.
Otro campo
El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.
Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado "no votamos a Macri". El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.
El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. "Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández", comenzó el escrito. De detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.
A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.
Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados para políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.
“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.
Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador, justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.
¿Qué grieta?
Los funcionarios kirchneristas impulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el "es necesario para el desarrollo del país", un intermedio "es una contradicción secundaria" (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible "le hacen el juego a la derecha", utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.
Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción fundamente de la injusticia social, y se cobra vidas.
Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.
“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.
Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.
Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”.
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Chaco: 35.000 hectáreas con "cambio del uso del suelo”
Desmontes: confirman que en unas 35.000 hectáreas “se aprobó el cambio del uso del suelo”
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, analizó en CIUDAD TV la audiencia realizada este martes en el Juzgado del Juez Julián Flores, por la suspensión de los desmontes. Mencionó un “proceso de regulación”, donde se debe mantener un porcentaje de “bosque en pie”, y reconoció que el Chaco “no tiene una cultura de forestación”, Realizó apreciaciones especiales a lo que sucede en el Departamento Güemes, revelando que “recién en el 2019 se está definiendo el límite con Salta”.
“Los ambientalistas pidieron al juez Flores frenar los desmontes y en 10 días se conocerá la sentencia. Existe un ordenamiento territorial de bosque nativo, que se aprobó en el 2009, donde se establecen las tres categorías que son: las zonas rojas, de reserva natural; las amarillas en las que son reguladas las actividades, y las verdes, donde se permite el desmonte”, sostuvo Luciano Olivares.
Afirmando que “la Provincia, desde el 2012, comenzó el proceso de actualización a través de la regulación de las categorías y de las modificaciones que pudieran surgir a través del Estado o la sociedad civil”. Indicando que “se recibieron más de 100 solicitudes de particulares de que se revise la categorización del 2009, contando con un informe de suelos del INTA por situaciones que no fueron contempladas”.
“A través de este proceso y de una evaluación ambiental y del impacto, se autorizó el otorgamiento del cambio del uso del sueldo y el desmonte. Y desde el 2017 el Estado buscó una forma más general de revisar el tema de las categorías, y también hubo una medida de amparo y una cautelar para suspender estos desmontes. Aclaramos que eran casos particulares, no una medida general”, especificó el funcionario provincial.
En ese sentido, dio a conocer que “son alrededor de 35.000 hectáreas en total, en 53 predios y algunos con más de 1.000 hectáreas. Hoy están aprobadas para el cambio del uso del suelo, detrás de un proceso de regulación, y cada inmueble debe preservar un porcentaje de bosque en pie, que puede llegar al 30% según el caso”.
Reforestación ‘sin cultura’
En lo que hace a programas de forestación, Olivares reconoció que “es un tema muy importante, y a mi criterio, no existe una cultura de reforestación; por eso tiene que encararse a través de distintos ángulos”.
Sobre la incursión judicial por el tema desmontes, explicó que “la primera fue una audiencia preliminar, y hoy martes fue una segunda audiencia para escuchar a las partes. Hubo gente que opinaba desde un plano y otros con diferente puntos de vista, es algo interesante y novedoso. La medida cautelar nos ordenó la suspensión de los permisos y nosotros la obedecimos de inmediato, y el trámite principal es el amparo. También apelamos y, después del fallo, veremos si prospera la cautelar o el amparo”.
Afirmó que con la Oenegés que intervienen en la causa, “hay una relación con la mayoría, y fuimos creando una especie de diálogo fluido e intercambio de opiniones. Lea hicimos notar que hay cosas que no es tan sencillo responder, porque hay que dar respuesta a uno u otro sector, o a los dos, y el sistema legal te da la potestad de dar permisos; por supuesto, siempre que se respeten los estándares”.
Controles y conflictos
En cuanto al poder de policía de su cartera, opinó que lo que se da en el Departamento Güemes “es la situación del aprovechamiento del corte de madera para su industrialización (muebles, carbón, etc.), y ese abordaje se hace a través de denuncias a la Policía, o en la Dirección de Bosques, y actuamos rápidamente. A diferencia de los Departamentos San Martín y Fontana, el Güemes es el que mayor volumen de tierras tiene y el más conflictivo, porque está en una zona limítrofe con otras provincias”.
Al respecto relató que “recién en 2019 se está definiendo el límite con la provincia de Salta”. Y otro punto a tener en cuenta, “es que los puestos de control están a 400 o 500 kilómetros de Resistencia, donde los vehículos tienen que ser especiales y los inspectores tienen que estar formados”.
Vuelve a retomar el tema, y reitera, que “en la provincia no existe la cultura de la forestación. Chaco tiene una industria y producción forestal muy importante, y cuando digo esto es porque que no existe una política constante y mantenida en el tiempo, como sí la tienen en Misiones y Corrientes. La generación de madera tiene que preocuparnos, para que esté disponible y no se siga afectando al bosque nativo”.
Luciano Olivares describió que, mientras en las provincias vecinas se realiza la renovación de eucaliptos y pinos, que tienen rápido crecimiento y en unos 10 años vuelve a contarse con los ejemplares, “nosotros nos fuimos volcando por el bosque nativo, que es más complejo”. Y finalizó refiriendo la necesidad, de “incentivar las especies autóctonas para preservar nuestros bosques”..
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, analizó en CIUDAD TV la audiencia realizada este martes en el Juzgado del Juez Julián Flores, por la suspensión de los desmontes. Mencionó un “proceso de regulación”, donde se debe mantener un porcentaje de “bosque en pie”, y reconoció que el Chaco “no tiene una cultura de forestación”, Realizó apreciaciones especiales a lo que sucede en el Departamento Güemes, revelando que “recién en el 2019 se está definiendo el límite con Salta”.
“Los ambientalistas pidieron al juez Flores frenar los desmontes y en 10 días se conocerá la sentencia. Existe un ordenamiento territorial de bosque nativo, que se aprobó en el 2009, donde se establecen las tres categorías que son: las zonas rojas, de reserva natural; las amarillas en las que son reguladas las actividades, y las verdes, donde se permite el desmonte”, sostuvo Luciano Olivares.
Afirmando que “la Provincia, desde el 2012, comenzó el proceso de actualización a través de la regulación de las categorías y de las modificaciones que pudieran surgir a través del Estado o la sociedad civil”. Indicando que “se recibieron más de 100 solicitudes de particulares de que se revise la categorización del 2009, contando con un informe de suelos del INTA por situaciones que no fueron contempladas”.
“A través de este proceso y de una evaluación ambiental y del impacto, se autorizó el otorgamiento del cambio del uso del sueldo y el desmonte. Y desde el 2017 el Estado buscó una forma más general de revisar el tema de las categorías, y también hubo una medida de amparo y una cautelar para suspender estos desmontes. Aclaramos que eran casos particulares, no una medida general”, especificó el funcionario provincial.
En ese sentido, dio a conocer que “son alrededor de 35.000 hectáreas en total, en 53 predios y algunos con más de 1.000 hectáreas. Hoy están aprobadas para el cambio del uso del suelo, detrás de un proceso de regulación, y cada inmueble debe preservar un porcentaje de bosque en pie, que puede llegar al 30% según el caso”.
Reforestación ‘sin cultura’
En lo que hace a programas de forestación, Olivares reconoció que “es un tema muy importante, y a mi criterio, no existe una cultura de reforestación; por eso tiene que encararse a través de distintos ángulos”.
Sobre la incursión judicial por el tema desmontes, explicó que “la primera fue una audiencia preliminar, y hoy martes fue una segunda audiencia para escuchar a las partes. Hubo gente que opinaba desde un plano y otros con diferente puntos de vista, es algo interesante y novedoso. La medida cautelar nos ordenó la suspensión de los permisos y nosotros la obedecimos de inmediato, y el trámite principal es el amparo. También apelamos y, después del fallo, veremos si prospera la cautelar o el amparo”.
Afirmó que con la Oenegés que intervienen en la causa, “hay una relación con la mayoría, y fuimos creando una especie de diálogo fluido e intercambio de opiniones. Lea hicimos notar que hay cosas que no es tan sencillo responder, porque hay que dar respuesta a uno u otro sector, o a los dos, y el sistema legal te da la potestad de dar permisos; por supuesto, siempre que se respeten los estándares”.
Controles y conflictos
En cuanto al poder de policía de su cartera, opinó que lo que se da en el Departamento Güemes “es la situación del aprovechamiento del corte de madera para su industrialización (muebles, carbón, etc.), y ese abordaje se hace a través de denuncias a la Policía, o en la Dirección de Bosques, y actuamos rápidamente. A diferencia de los Departamentos San Martín y Fontana, el Güemes es el que mayor volumen de tierras tiene y el más conflictivo, porque está en una zona limítrofe con otras provincias”.
Al respecto relató que “recién en 2019 se está definiendo el límite con la provincia de Salta”. Y otro punto a tener en cuenta, “es que los puestos de control están a 400 o 500 kilómetros de Resistencia, donde los vehículos tienen que ser especiales y los inspectores tienen que estar formados”.
Vuelve a retomar el tema, y reitera, que “en la provincia no existe la cultura de la forestación. Chaco tiene una industria y producción forestal muy importante, y cuando digo esto es porque que no existe una política constante y mantenida en el tiempo, como sí la tienen en Misiones y Corrientes. La generación de madera tiene que preocuparnos, para que esté disponible y no se siga afectando al bosque nativo”.
Luciano Olivares describió que, mientras en las provincias vecinas se realiza la renovación de eucaliptos y pinos, que tienen rápido crecimiento y en unos 10 años vuelve a contarse con los ejemplares, “nosotros nos fuimos volcando por el bosque nativo, que es más complejo”. Y finalizó refiriendo la necesidad, de “incentivar las especies autóctonas para preservar nuestros bosques”..
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Santa Fe busca identificar patologías asociadas a pesticidas
Agroquímicos: proponen crear un registro provincial de patologías asociadas a la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Caso Pergamino: Casafe sigue insistiendo con la BPA
Casafe “confía” en que se apele y revierta el fallo sobre agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Lo poco que queda del monte entrerriano, sigue cayendo
Denuncian desmontes en campos entrerrianos
Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Entre Ríos
Aseguran desde la zona que los árboles extraídos del campo son amontonados y luego quemados, dejando a los animales sin hogar.
En la localidad de Isletas, departamento Diamante denunciaron que se está deforestando "lo poco que aún queda" de monte nativo, según se puede observar en fotos y un video difundido en las últimas horas por el sitio isletas Noticias.
Informaron que si bien el desmonte no es algo anormal estos últimos años en la localidad, en las últimas semanas un terrateniente decidió arrasar con gran parte de un monte, con el fin de acondicionar el territorio para la siembra de cultivos.
El lugar se ubica en cercanías de la Escuela N° 17, Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de un conjunto de árboles, en su mayoría espinillos, aunque también se encuentran otras especies. Es reconocido por los lugareños porque allí habitan animales que en otros puntos de la zona ya no se ven, como zorros, liebres, zorrinos, comodrejas y hasta se han visto gato montés y ciervos, entre otros. Además de una gran variedad de pájaros y peces en el arroyo.
Detallaron que se accede al sitio por un camino de tierra, un pequeño sendero que en días de lluvia queda prácticamente intransitable. En parte es tierra de vertientes en épocas lluviosas y además un arroyo cursa por el interior del bosque por lo que no generaba gran interés para la producción, al menos hasta ahora.
Desde un medio provincial contaron que todo cambió en las últimas semanas cuando el propietario del campo que ya había desmontado otras taperas de su propiedad, decidió contratar maquinarias para arrasar con buena parte de los árboles.
Se abren especies de caminos o surcos, los árboles son amontonados hasta que se secan y luego se les prende fuego. De esa forma, la tierra ya queda preparada para la siembra en la próxima campaña.
"Lo que más llama atención, es que la mayoría de los vecinos no considera importante aquel árbol o animal que no sea para un beneficio personal, es decir dar sombra, frutos, poder ser consumido o vendido. Otros ven que se desmonta pero lo califican como normal; están los que no quieren tener problemas con los vecinos y prefieren no meterse y hasta hay quienes se quejan por la aparición de mayor cantidad de zorros que les matan lechones y gallinas, pero no se preguntan a qué se debe", concluyó un vecino.
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Justicia protege a vecinos de Pergamino de fumigaciones
Fallo histórico: la Justicia Federal prohibió las fumigaciones a 3 mil metros en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En Pergamino, el drama por el agua contaminada está llegando a una resolución histórica. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo dictó una resolución que prohíbe las fumigaciones terrestres a más de mil metros y las áreas, a más de tres mil.
El único precedente hasta ahora a nivel nacional había sido en Entre Ríos, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia así lo estableciera para esa provincia. En tanto, se convierte en el primer caso emitido en territorio bonaerense.
La medida es extensiva de lo ya ordenado por el juez en abril de este año, cuando había pedido suspender provisoriamente las fumigaciones, mientras se determinaba el impacto que los distintos agroquímicos en las poblaciones cercanas.
En efecto, meses después, dos informes distintos concluyeron en que la cantidad de cáncer y enfermedades respiratorias y de piel tenía que ver con la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos en el agua analizada en los barrios afectados.
El nuevo fallo –que tendrá un impacto a nivel provincial y nacional- le pide además al intendente Javier Martínez (de Juntos por el Cambio) que le informe sobre la cantidad de parajes y pueblos rurales que existen dentro del Partido de Pergamino, para que también se fijen una distancia considerable para las fumigaciones en esas zonas.
Uno de los argumentos que llevaron a convencer al juez para ordenar las fumigaciones a más de mil metro se basa en el último informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. Ese estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
En la reflexión del propio magistrado, se evidencia que el Estado “no tiene la capacidad de restituir del daño” que ya generó la contaminación del agua y que por eso, las medidas ahora ordenadas apuntan más que nada a prevenir casos futuros. El fallo pone en aprietos al gobierno de la Provincia y también del municipio a cargo del intendente Javier Martínez, quien hasta entonces había negado la contaminación del agua. “El tema del agua es algo complejo, está manoseado políticamente y siempre surge en épocas electorales. (…) Se encontró una partícula de glifosato en miles y miles de litros porque nuestro suelo se aplica esa sustancia hace mucho tiempo, pero lo que tiene no es dañino”, había dicho hace poco.
Por su parte, el fiscal de la causa Matías Di Lello se mostró a favor del fallo y destacó que según los numerosos estudios ya realizados, ya no se discute que el agua de Pergamino esté contaminada. Para el fiscal, los nuevos informes deberían apuntar a esclarecer qué niveles de toxicidad marcan.
Sobre esto, es importante recordar que la propia Autoridad del Agua a cargo de Provincia confirmó que las napas de agua de Pergamino obtienen niveles altos –no permitidos- de arsénico, y que según lo aportado por los profesionales que actuaron en la causa, este material tiene un efecto aún más dañino cuando se mescla con las partículas de agroquímicos que se hallan en el agua.
Resumen de la Causa
El primer estudio que les dio la razón a los vecinos, fue realizado por especialistas del Conicet y del Inta- Balcarce, así como por el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino. Allí se arrojó niveles altos de agroquímicos en el agua. Sin embargo, posteriormente el municipio encomendó un estudio paralelo realizado por la Autoridad del Agua de la provincia (ASA), que contradijo lo anteriormente dicho.
A pesar de lo que había arrojado los análisis previos de dos laboratorios, el municipio ordenó una muestra que llevó a cabo Bromatología y la Autoridad del Agua de la Provincia, quienes posteriormente publicaron sus resultados y descartaron que el agua esté contaminada.
Para destrabar el conflicto, el juez Villafuerte Ruzo dispuso que por ahora se suspenda cualquier tipo de fumigación y ordenó que se realice un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El cual, coincidió en que el agua de los pergaminenses estaba contaminada.
La última novedad fue que la propia Autoridad del Agua aseguró que el agua de la ciudad contiene niveles altísimos de arsénico. Pese a que el mismo se trata de un material natural -no producto de una contaminación externa-, potencia la peligrosidad para la salud humana en contacto con los agroquímicos.
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Santa Fe sigue debatiendo una nueva ley de agroquímico
La Legislatura santafesina deberá debatir una nueva ley de agroquímico
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Grave: gobierno casi modifica la ley de semillas por decreto
A último momento, el Gobierno frenó un decreto para modificar la ley de semillas
Fecha de Publicación: 30/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno desistió de una convocatoria al campo donde se iba a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para modificar la actual ley de semillas luego de que había cursado las invitaciones al sector.
Para este jueves, a las 13.45, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, habían sido convocadas las empresas semilleras y entidades del sector para el anuncio de la modificación de la ley.
El 5 del actual, LA NACION anticipó que el jefe del Estado había contemplado la posibilidad de un decreto sobre el tema luego de que en el Congreso no se avanzó en el tratamiento de una nueva ley.
El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país, con menos de 400.000 hectáreas (hoy, la superficie ronda los 18 millones de hectáreas, según las campañas).
El oficialismo alcanzó a fin de 2018 un dictamen que limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley de 1973 por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación.
Además, estableció con ese dictamen que por cinco años las empresas debían contemplar en la bolsa de semillas el valor que pretendían cobrar en concepto de regalías por la tecnología incorporada.
Pese al dictamen conseguido en el Congreso, el Gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quorum. El oficialismo solo tenía 109 voluntades.
Fuentes consultadas habían señalado a LA NACION que el decreto del presidente Mauricio Macri iba a tomar como base el dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo, según trascendió, en el decreto no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que molestaron a sectores del ruralismo y a empresas. Entre otros, en el dictamen se contemplaba una desgravación de Ganancias en la compra de semillas. En tanto, al sector industrial le habría molestado que se incluyera una prohibición para los controles privados.
La industria semillera ha venido reclamando una nueva ley para poder seguir trayendo tecnologías al país.
Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, sin contar los acuerdos de regalías entre las empresas y los productores, ronda el 20% de la superficie de siembra, un porcentaje que en el sector consideran bajo.
El resto del mercado se divide entre el uso propio amparado en la misma ley de semillas y el circuito ilegal.
En valor, el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que, si se formalizara todo, podría ascender a unos US$1000 millones.
El de las semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. Apenas asumió, en diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa, hoy controlada por la alemana Bayer, de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos.
Controles
Con una resolución para prohibir cualquier control privado no autorizado y ordenar que pasaran por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas.
Otras empresas también tienen frenadas nuevas tecnologías para el país hasta que se presente un nuevo marco para la propiedad intelectual.
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Los bosques siguen cayendo
Bosques: el Gran Chaco es uno de los 11 lugares con mayor deforestación
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Ríos contaminados con agroquímicos en la pampa húmeda
El río pampeano más contaminado con plaguicidas está en Córdoba
Fecha de Publicación: 28/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La presencia de plaguicidas actuales, como la cipermetrina y también otros ya prohibidos por su alta toxicidad, como el endosulfán, hace del río Suquía la cuenca hídrica más contaminada con pesticidas de la pampa argentina.
El dato surge de una revisión realizada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La conclusión es que el río que atraviesa la ciudad de Córdoba representa un riesgo muy alto para la vida acuática.
El trabajo recopiló estudios científicos que analizaron la presencia de insecticidas y de herbicidas en 66 puntos de ríos de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos en los últimos 12 años.
Con estos datos se calculó un coeficiente de riesgo; esto es, una relación entre la concentración de plaguicidas medida en los sitios y la concentración que se sabe que es tóxica para la vida acuática.
El cálculo se hizo tanto para plaguicidas de uso actual como para plaguicidas totales, es decir, incluyendo sustancias que ya están prohibidas.
De los 66 puntos, 13 presentaron un muy alto riesgo para la vida acuática si se tienen en cuenta sólo los plaguicidas actuales. La cifra sube a 22, si en la cuenta también se incluyen los productos que ya están prohibidos.
Las mediciones en el río Suquía fueron las más altas si se consideran concentraciones de plaguicidas totales. En tanto, para el río Ctalamochita, el riesgo fue medio.
Fernando Iturburu, investigador del Conicet en Mar del Plata, fue el primer autor del trabajo. Explica que los datos para el Suquía también son muy altos si sólo se tienen en cuenta los plaguicidas actuales, aunque son parecidos a los encontrados en el río Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Valeria Ame, investigadora de Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, codirigió el trabajo de Iturburu. Asegura que los niveles detectados en el Suquía pueden ser consecuencia de la historia de uso de plaguicidas en la cuenca y que todavía están presentes compuestos de alta toxicidad ya prohibidos.
“Es esperable que con el tiempo los agroquímicos ya prohibidos vayan decayendo y por lo tanto baje el riesgo. Los nuevos plaguicidas que se incorporen, por lo general, son más amigables con el ambiente porque son más biodegradables y menos tóxicos”, explica.
Iturburu aclara que este estudio no habla de riesgo para las personas. “Si bien los seres humanos estamos en contacto con el agua y la consumimos, no somos organismos acuáticos”, detalla.
De todas formas, asegura que los datos de este estudio son una señal para profundizar las mediciones y eventualmente tomar decisiones de protección de la cuenca.
El estudio fue publicado hace algunas semanas en la revista científica Science of the Total Environment.
Las sustancias
Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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