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Funcionario de La Pampa admite problemas con agroquímicos



"Tenemos problemas graves por mal uso de agroquímicos"

Fecha de Publicación
: 21/09/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa


El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que "hay que tener mucho cuidado con el uso de agroquímicos". "Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales", admitió.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, participó el fin de semana del acto inaugural de la 63º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial organizada por la Asociación Rural de Realicó. En ese marco, se refirió a la utilización de agroquímicos que están haciendo los productores agropecuarios para intensificar sus cosechas y mejorar los rindes.
Reveló que hay "trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas".
"Creemos también que toda la agricultura debe eficientizarse y en ese camino hay que tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Tenemos problemas graves porque por mal o exceso de uso afecta los recursos naturales, teniendo trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas. Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales”, aseguró.
Recordó que "la innovación es una herramienta permanente en estos tiempos, por eso queremos dejar asentado aquí la defensa del INTA, del SENASA, del CONICET y del INTI, porque son las que nos generan tecnología para poder producir y competir. Modelos sobran, hace poco en Marcos Juárez se sacó una soja más resistente al glifosato. Cuando no tengamos tecnología no vamos a tener innovaciones, y cuando no hay innovación llegarán los productos foráneos que habrá que pagar la patente para poder utilizarlos. Creo que debe existir una férrea defensa de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ese compromiso los debemos asumir todos, me hubiera gustado que en su discurso hubiera una mención a estas instituciones que hicieron grandes al campo, porque permitieron que con tecnología argentina se pudiera ser competitivo a nivel internacional”, señaló.

Exposición
El funcionario provincial, que también recorrió los distintos stands y participó del almuerzo, transmitió en su discurso el saludo del gobernador, Carlos Verna, e inmediatamente identificó al sector, “que trabaja por la economía provincial, por su desarrollo, generando materia prima para que el segmento agroindustrial pueda desarrollarse desde La Pampa”.
Moralejo destacó a los organizadores de la tradicional muestra por el trabajo, dedicación, esfuerzo, “para llevar adelante una exposición relevante en cantidad y calidad de stand”. En ese contexto, reconoció que gran parte de ese trabajo organizativo pudo ser posible merced al nivel de “conducción y compromiso” de parte de los mismos.
Valorizó el trabajo de los cabañeros, “porque en la última década pasaron de hacer encierres muy pequeños de animales a hoy, con una realidad que nos muestra un encierre importantísimo. Eso es bueno y merece el reconocimiento del acompañamiento desde el año 2005 cuando lanzamos el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de mejorar la ganadería pampeana, tanto en cantidad como en calidad de su genética”.
El ministro se afirmó en datos estadísticos que señalan que en el año 2005 había 21 cabañas registradas en la provincia, mientras que en la actualidad existen 56, “creciendo, invirtiendo y saliendo fuera de la provincia, logrando importantes premios como el que obtuvo recientemente en Huinca Renancó una cabaña de General Acha”.

Pedidos
Continuando con sus palabras, Moralejo fue claro al sostener la necesidad de que se termine la comercialización de la media res, “porque eso va a mejorar la eficiencia e integración de la misma logrando tener mejores precios. Eso lo debemos impulsar desde los gobiernos provinciales con el acompañamiento de las asociaciones agropecuarias, porque estoy seguro que se va a traducir en un 10 o 15 % más del valor de la carne”.
“Vivimos tiempos saludables en lo que es agricultura, más ahora porque se sembró con un dólar a 20 pesos y se está vendiendo con un dólar de 40, aquellos que reservaron bolsones hicieron diferencias importantes”, dijo.
Moralejo se mostró convencido de que las retenciones “son una herramienta no adecuada, no hay ninguna parte del mundo donde se apliquen retenciones a la exportación, de lo que fuere".
“Estamos pasando tiempos complejos, tiempos en los cuales hubo un mal diagnóstico cuando asumió este nuevo gobierno. Hoy vemos que tenemos problemas que se deberían haber encarado de otras formas desde el inicio y se nos ha complicado. No importa que haya una herencia, si la hubo tuvo que haberse diagnosticado y definido los proyectos económicos y productivos para cada una de las regiones del país y para cada uno de los sectores de la sociedad. No estar inmersos en esta crisis que hoy muchos argentinos la están padeciendo mal. Sabemos que tenemos que acompañar, pero también sabemos que tenemos que poner las personas idóneas en los lugares que tienen que estar. La producción en Argentina no se arregla con financistas, se arregla con economistas comprometidos con la producción y con el pueblo argentino, eso es lo que estamos pidiendo y lo que defiende nuestro gobernador. Él no pelea, defiende los intereses de todos los sectores de la sociedad pampeana, lo ha demostrado con la defensa de los ríos pampeanos” afirmó.
“Debemos pensar en un programa abarcativo para todos y a su vez inclusivo, no estamos en un país donde algunos se salven y otros no, queremos que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y generen trabajo, ese ha sido y es nuestro objetivo, vemos como nuestra provincia se está abriendo a los mercados internacionales, es una de las únicas formas para crecer y desarrollar en el tiempo una sociedad que incluya a todos, para eso trabajamos”, concluyó.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres



En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador

Fecha de Publicación
: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional


Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Murió Fabián Tomasi, simbolo de lucha contra los agrotóxicos



Murió Fabián Tomasi, víctima de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 08/09/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El exfumigador padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. Fue el ejemplo de las consecuencias del uso de glifosato en los campos.
El exfumigador Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, luego de no haber podido sobreponerse a una neumonía que provocó su internación hace cinco días.
Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso, según consignó el medio local Uno Entre Ríos.
El exbanderillero fue el protagonista del libro Envenenados del periodista y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
El exfumigador había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había glifosato–, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja.
"Era verano, trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban", relató el hombre en una entrevista.
Despedida. El autor del libro que cuenta la historia de Tomasi expresó sus condolencias en Twitter y calificó al hombre como un "símbolo de la lucha contra las fumigaciones".
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Justicia de Santa Fe ordena control de agrotóxicos en verduras

La justicia ordenó que se controlen agroquímicos en frutas y verduras  

Fecha de Publicación
: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
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Abejas en riesgo por agroquímicos, impactante informe



Abejas en riesgo: el 90% de las colmenas ubicadas en zonas agroindustriales presentan contaminación por agroquímicos

Fecha de Publicación
: 31/08/2018
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Así surge de un estudio realizado por investigadores de Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advierten que es necesario que el gobierno tome medidas preventivas para evitar que las colmenas comiencen a "desaparecer".
A través de un estudio que lleva más de seis años en curso, un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitiera una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medici, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a los productos argentinos, lo que representó una crisis porque más del 98% de la miel de abeja que se produce en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el país y se consumió en el mercado interno", explicó a 0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la investigación científica que le permitieron realizar su tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los organismos polinizadores para generar aproximadamente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas son las que producen casi el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de 10 años los apicultores de Estados Unidos y de distintas regiones de Europa vienen denunciando la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la preservación de las abejas cumple un papel fundamental para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre problemas de características similares a los de Estados Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas muertas en el exterior de la piquera (abertura de la colmena) o directamente no volvían a la colmena luego de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por ciento de la población en unas pocas semanas.
Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM) del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnológico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combinás distintas familias de plaguicidas", explicó la científica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando contacto con todos los agroquímicos que se están aplicando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolectan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras patologías porque su sistema inmunológico se ve afectado. Además, ingresan las sustancias a la colmena contaminando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenientes de zonas agroindustruales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del total de las muestras analizadas, el 88% presentó residuos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agroquímico más frecuente.
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los valores hallados de estos productos en miel están por debajo de los límites máximos permitidos por la Unión Europea, se pudo utilizar este parámetro para identificar las provincias de mayor riesgo para la actividad apícola, porque la presencia de estos productos en la colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe una desaparición de colmenas como en otras zonas del país donde muchos apilcutores lo están relacionando con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil y los neonicotinoides".
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Decenas de papers contra el glifosato



Una recopilación de pruebas

Fecha de Publicación
: 23/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


Se llama Antología toxicológica del glifosato y es una respuesta a la defensa que hicieran del herbicida las empresas que lo producen y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Más de 100 de los trabajos son de universidades públicas.
“No hay pruebas de que el glifosato sea nocivo”, repiten una y otra vez los defensores del agro transgénico en referencia al herbicida más utilizado del mundo. “Es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Una reciente recopilación de investigaciones científicas, Antología toxicológica del glifosato, da cuenta de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta del químico y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
“Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación y resúmenes de congresos que han sido objeto de publicación en revistas científicas. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos”, explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet, cuenta con la descripción y link de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre “mecanismo de fisiopatología celular de cáncer”. El capítulo tres se dedica a “toxicidad en los sistemas orgánicos”, con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto “en la biodiversidad”, con 336 investigaciones.
“No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad”, alerta el trabajo. Y recuerda que en 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto), se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En la actualidad se utilizan hasta quince litros, incluso junto a otros agrotóxicos (como el 2-4D).
La recopilación, que contó con la colaboración y edición del abogado especializado en ambiente Fernando Cabaleiro (de la organización Naturaleza de Derechos), recuerda que Monsanto publicitó “con información falsa que el glifosato era biodegradable”. En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida “es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua”.
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología denuncia que la autorización de los agrotóxicos (llamado “fitosanitarios” por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, “Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores”. En base a ese estudio, la empresa definió que el herbicida no producía efectos adversos.
“Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores”, explica la recopilación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo estatal que evalúa y autoriza el uso de agrotóxicos. Es denunciado por los organizaciones socioambientales, ONG y por los propios trabajadores del Senasa de estar dominado por las grandes empresas del agronegocio. “La última revisión de seguridad ambiental e inocuidad alimentaria del glifosato en Argentina fue en el 2000. Para esa fecha no existían protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos”, denuncian los autores de la recopilación. Y exigen que el Senasa revalúe la autorización del glifosato, en base a estudios independientes (no de las empresas).
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En Santa Fe se debatió sobre los límites del agronegocio

Expertos debatieron sobre los límites del modelo agroindustrial

Fecha de Publicación
: 23/08/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe


¿Hay otro modelo agropecuario posible fuera del industrial pampeano? La respuesta es si. Posible, necesario y urgente. Esa es la síntesis de un panel de especialistas que congregó días atrás a una pequeña multitud en el hall de entrada del Concejo.
Convocados por el consejo asesor de la comisión de Ecología un mix de ingenieros agrónomos que hoy trabajan para el Estado y en el sector privado trazaron los límites del modelo agroindustrial químico dependiente y explicaron de qué manera se puede avanzar hacia una agricultura que sea rentable y también respetuosa con el suelo, la salud humana y el ambiente.
 Dos datos sirvieron como "marco teórico" de la reunión: la normativa que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, y la noticia fresca de la sentencia contra Monsanto de un tribunal estadounidense que condenó a la multinacional a pagar 280 millones de dólares a un agricultor que la demandó por haberse enfermado de cáncer tras utilizar durante años ese herbicida.
"Tras la prohibición del glifosato quedó un debate abierto y la idea es comenzar a saldarlo con este panel" dijo el concejal Osvaldo Miatello, presidente de la comisión de Ecología.
Pero la transición hacia una agricultura enfocada en criterios ecológicos no es fácil ni se hace de un día para el otro: hace falta trabajar en semillas, regenerar el suelo, adaptar maquinarias y formar profesionales y productores con ese perfil.
"Sin políticas públicas claras por parte del Estado es muy difícil avanzar", sintetizó Antonio Lattuca, del programa de Agricultura Urbana de Rosario.
Hasta los años 80 el paisaje del sur provincial, originalmente cubierto por pastizales, era una combinación de chacras mixtas con cultivos que se rotaban según las estaciones.
En los 90, con la introducción del paquete tecnológico semillas modificadas + siembra directa + agroquímicos ese paisaje cambió y se volcó hacia el monocultivo de la soja, cuyo pico llegó en la primera década del siglo XXI de la mano de la suba de precios de los commodities agrícolas.
"Es tiempo que la chacra mixta vuelva a ser y para eso precisamos otra política y otros políticos que defiendan el consumo de cercanía y entiendan la necesidad de mercados de referencia" explicó el productor y dirigente agropecuario Pedro Peretti.
En una línea parecida avanzó Guillermo Montero, decano de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, quien hizo foco en la importancia de introducir herramientas para modificar el actual modelo agrícola pampeano como bordes de campos con vegetación espontánea y franjas de cultivos periurbanos.
"Debemos avanzar en la construcción de un sistema agrícola sustentable, y hay alternativas como mantener la vegetación espontánea, restaurar la biodiversidad o implementar ?escudos verdes?" afirmó Montero.
Eduardo Cerdá, referente de la agroecología en modelos de producción extensiva, relató la experiencia de Guaminí, localidad del sur de la provincia de Buenos Aires donde se trabajan 5 mil hectáreas sin agroquímicos con rindes similares a los de la agricultura química y con costos mucho más bajos.
"Nos han hecho creer que sólo existe la agricultura industrial y eso es una mentira. Hoy tenemos una agricultura drogadicta que cuesta cada vez más cara, y los productores se empiezan a dar cuenta" subrayó.
Tanto Lattuca como Raúl Terrile, de la Municipalidad, contaron los diversos planes de agricultura urbana y periurbana libre de agroquímicos que desde 2001 lleva adelante el gobierno local.
Las huertas urbanas nacieron como plan de contención social tras la crisis de 2001. Hoy -de la mano de una mayor conciencia sobre los beneficios de alimentos sanos y una demanda creciente- ya hay 30 hectáreas de parques-huerta más otras 35 hectáreas del Cinturón Verde. Unas 2400 familias viven de eso y venden su producción a través del circuito de ferias y en el local del Mercado del Patio.
"Hoy en Rosario tenemos acceso a alimentos agroecológicos de calidad. Hay que jerarquizar el oficio de agricultor, otra agricultura es posible y precisamos más y mejores políticas públicas para eso" dijo Lattuca.
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Volvieron las quemas ilegales en las islas del Litoral



Rosario vuelve a padecer las quemas ilegales que se multiplican en las islas

Fecha de Publicación
: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.

Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".

Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Para los sojeros todo, para la agricultura familiar nada



La Agricultura Familiar, entre el vaciamiento y la disputa campesina por la tierra

Fecha de Publicación
: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.

A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.

El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.

La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Las BPA son voluntarias; las leyes obligatorias



Las buenas prácticas son voluntarias; las leyes, obligatorias

Fecha de Publicación
: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.

La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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Prohíben el clorpirifos en EEUU, ampliamente usado acá



Por generar daño cerebral, Estados Unidos prohíbe al insecticida de Dow más usado en el agro argentino

Fecha de Publicación
: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Córdoba: en un pueblo 1 cada 2 personas muere de cáncer



Canals, el pueblo fumigado donde más de la mitad de las muertes del último año fueron por cáncer

Fecha de Publicación
: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba


Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.

El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.

Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es  4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.

Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.

Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Políticas al servicio de los agroquímicos



Ministros de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.

Glifosato y cáncer

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial



El mortífero avance de la frontera agrícola argentina

Fecha de Publicación
: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional


La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Cuenca de Jáchal: el gobierno quiere ampliar la protección



Prohibirán actividades en la cuenca hídrica de Jáchal y verán si la amplían

Fecha de Publicación
: 09/08/2018
Fuente: El Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


El Ejecutivo enviará a Diputados un proyecto en el que prohíbe la minería y actividades industriales y agrícolas.
Si bien había una ley de 2010 que protege la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar, que abastece de agua potable a Jáchal, su redacción dejaba abierta la posibilidad a la realización de actividades de tipo productivas bajo algún tipo de control. A pedido del oficialismo jachallero, la gestión uñaquista enviará un proyecto para ampliar el cuidado que establece la norma sobre las 11 mil hectáreas que comprenden a la cuenca, ya que dispondrá la prohibición de actividades extractivas, la agricultura, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería. Y no solo eso sino que también dispondrá que se lleven adelante estudios que determinen si es necesaria o no la extensión del área para su resguardo.
La movida es una fuerte señal del Gobierno para proteger el acuífero, que está ubicado en Huachi, y abastece de agua de calidad a la villa cabecera del departamento del norte a través de un acueducto. Es que en Jáchal vienen sonando versiones de que habría exploración minera en la zona, pero en el Ejecutivo lo desmintieron y además avanzaron con el proyecto de ley. A kilómetros de la cuenca hídrica se encuentra el sector montañoso del distrito en el que hay oro, plata y cobre, entre otros. Por esa razón, desde el oficialismo les encargarán estudios a los organismos especializados para que determinen si es necesario extender el área de protección.
El gobernador Sergio Uñac se reunió el viernes con el intendente Miguel Vega, el diputado departamental, Jorge Barifusa, y los concejales oficialistas Javier Llanos, Eva Castro y Fernanda Díaz. Estos últimos, con el respaldo del jefe comunal, elaboraron y aprobaron una ordenanzas en la que, primero, adhirieron a la ley 1.086 L de 2010 y solicitaron la ampliación de la zona de resguardo. El jefe de Estado provincial recogió el guante, estableció que se lleven a cabo los respectivos análisis para que se establezca si es necesaria la extensión del área y además restringió al máximo las actividades a desarrollar en la cuenca de Pampa del Chañar. Vega resaltó que "con la propuesta y el apoyo del Gobernador, podemos lograr que la Cámara de Diputados modifique la ley y llevar tranquilidad a todos los jachalleros".
Si bien la ley de 2010 protege el acuífero, deja la chance de ejecutar tareas productivas. El artículo 3 señala que toda obra a realizarse en la cuenca deberá contar con la declaración de impacto ambiental, "priorizando... la protección del recurso hídrico". Y el cuarto indica que todo proyecto de explotación de agua subterránea deberá contar con estudios que aseguren que no se afectará ni la calidad ni la cantidad de agua.
Desde la gestión uñaquista cortaron por lo sano y cerraron todo hueco, ya que prohibirán todo tipo de actividad extractiva, la agricultura intensiva y extensiva, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería en la cuenca, aseguraron fuentes oficiales. El proyecto ingresará entre esta semana y la otra a la Cámara de Diputados y se descuenta que será aprobado.
El acuífero es la principal fuente de agua para la mayor parte de los habitantes de Jáchal. Hubo ruido en el departamento ante supuestas exploraciones mineras en la zona, lo que llevó a la oposición en el Concejo Deliberante a pedir una consulta popular contra la megaminería en la cuenca. La misma no prosperó y el oficialismo propuso los cambios a la norma provincial.
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