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Agroquímicos en Santa Fe: Paren de Fumigarnos no debate

Paren de Fumigarnos no va al debate: 'Ya está todo dicho'

Fecha de Publicación
: 22/06/2018
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe


La multisectorial no participará de las jornadas convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “Creemos que se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados"
La multisectorial Paren de Fumigarnos no participará de las jornadas de debate convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “A esta altura, ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos”, indicaron desde la ONG.
Según las entidades sociales y ambientalistas que llevan adelante la campaña Paren de Fumigarnos, “es imperioso que la comisión avance en un dictamen que contemple esta realidad y no dilatar más esta situación”. Y atribuyeron las demoras a la influencia que ejercen “las organizaciones de productores y las corporaciones que producen estos venenos”.
En la Cámara de Diputados hay tres proyectos de reforma de la ley de agroquímicos. La Comisión de Salud organizó una serie de debates para los días 19 y 26 de junio y 3 de julio. La multisectorial Paren de Fumigarnos avisó este lunes que no participarán del debate ya que lo consideran una pérdida de tiempo.
“Creemos que nuevamente se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados, como es el dictamen del proyecto modificatorio de la ley 11273, mal llamada de fitosanitarios. A esta altura del debate ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura”, indicaron desde la multisectorial.
Entre otros argumentos, mencionan que la Organización Mundial de Salud recategorizó al glifosato como producto “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y al 2,4D como “posible cancerígeno para los seres humanos” en 2015. “Ante esta evidencia, creemos que es perentorio avanzar con una norma que contemple estas nuevas categorizaciones de dos herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura actual y que sin ninguna duda están afectando seriamente la salud de todos nosotros, pero especialmente de los vecinos de los pueblos y ciudades expuestos a los impactos de las fumigaciones que se realizan en los periurbanos de las localidades”, agregaron desde Paren de Fumigarnos.
El debate en la Legislatura lleva diez años pero aun no se lograron los consensos para reformar la ley actual, que fue sancionada en 1995 antes del inicio del modelo sojero. Por eso, los ambientalistas denuncian que detrás de las jornadas de debate se busca “generar un desgaste que pareciera tener como único fin evitar que se sancionaran leyes que antepongan la salud de la población a la renta de algunos sectores”.
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Misiones: procupación de la 'agroindustria' por el glifosato

Sectores de la agroindustria de Misiones plantearon preocupación por proyecto para prohibir el glifosato en la provincia

Fecha de Publicación
: 17/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer con el ministro del Agro, José Luis Garay, preocupados por la posibilidad de que se prohíba el glifosato. Advirtieron que actualmente los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese agroquímico. Reclamaron ser escuchados en el debate legislativo y consideraron que la provincia debería unificar criterios con la Nación en relación al uso de químicos en el agro.
El uso de agroquímicos en la producción primaria volvió al centro de la discusión a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Martín Sereno (PAyS) que propone prohibir el uso de glifosato y de otros agroquímicos cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente están en constante discusión. En la mañana del martes representantes de distintas cadenas agroindustriales se reunieron con el ministro del Agro, Luis Garay, ante quien plantearon su preocupación por el impacto económico que podría tener la adopción de una medida de esa naturaleza.
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, tabacalera y citrícola plantearon que para los agricultores el glifosato es una herramienta de trabajo importante y que el proyecto que propone prohibir su uso no plantea una alternativa que ofrezca resultados similares. Afirman que la posibilidad de reemplazar herbicidas como el glifosato por trabajo manual, resulta prohibitivo por los costos que ello implicaría.
Fernando Acosta, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA) afirmó que se enteraron de la existencia del mencionado proyecto gracias a publicaciones periodísticas y que en ningún momento fueron convocados a debatir en comisión. “Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar en su tratamiento en la Cámara”, dijo.
Señaló que el glifosato “es una herramienta de trabajo para el productor, razón por la cual la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. Reemplazarlo por mano de obra es muy caro, no es una opción por el costo que tiene”. Sin embargo consideró positivo que se abra el debate en relación al uso de agroquímicos: “hay que discutirlo avanzar tratar y ver qué se puede resolver”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, señaló que antes de tomar una postura firme en relación al proyecto de ley, se solicitará mayor información.
Consideró que “no se le puede pedir a los sectores involucrados que destierren el glifosato de la provincia de la noche a la manaña” y recordó que la Unión Europea está transitando un camino progresivo de reducción del uso de ese agroquímico en el marco del cual recientemente se prorrogaron por cinco años las metas planteadas inicialmente.
Aseveró además que “no existe un indicio científico que indique que el glifosato acarree  problemas de salud”.
Se ocupó de destacar la amplia convocatoria de la reunión de realizada hoy martes. “En esta reunión estuvieron presentes todos los sectores involucrados, no faltó ninguno, tanto del sector empresarial como de los colegios profesionales y del sector público, por lo que podemos calificar como exitosa la reunión”, expresó. “Fue el corolario del encuentro que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier y el ministro del agro José Luís Garay”, en referencia al prólogo de las gestiones iniciadas en la primera semana de junio.
Otro de los que participó de la reunión fue René Urbieta, presidente de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (Cotaprom), quien señaló que “nos convocaron para dar nuestra opinión, interiorizarnos más sobre los proyectos de ley. Respecto al uso de glifosato, vemos que hay mucha desinformación en la sociedad, vemos que no hay alternativa a ese producto, a diferencia de ocasiones anteriores donde a la hora de prohibir un producto se le dio al productor una alternativa, que lo reemplazaba técnicamente”, dijo.
En ese punto recordó la experiencia del sector tabacalero con la eliminación del bromuro de metilo. “Había una concordancia respecto al daño que ocasionaba ese producto y se le dio una alternativa al productor, cosa que no ocurre con el glifosato” remarcó.
Además de los ya mencionados participaron del encuentro Victor Saguier y Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Wilfredo Glesman, de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); Pedro Agostini, del INTA Montecarlo y representantes de los colegios de Ingenieros Forestales y e Ingenieros Agrónomos de Misiones.
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No pinta "proteccionista" el proyecto para regular agroquímicos



El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para reglamentar el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 16/06/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional


Técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y organizaciones del agro, coincidieron en la necesidad de establecer como leitmotiv las buenas prácticas agrícolas (BPA) “iguales” para todos y “ordenar” las distintas normas que prohíben el uso de agroquímicos en todas sus formas de aplicación. Las conclusiones estarán a disposición de las provincias para luego elevarlas al Congreso y avanzar en un proyecto de ley marco de presupuestos mínimos para la regulación de los productos fitosanitarios.
La información fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman que en diálogo con BAE Negocios señaló en primera instancia que uno de los objetivos será “homologar las BPA desde una mirada más integral y que tiene que ver con la trazabilidad”.
Esto quiere decir que las autoridades públicas deberán saber desde quien compra un agroquímico hasta su destino final, pero también en lo referido al descarte de envases, su aplicación, tipo de autorización y hasta quien fiscaliza, y controla el producto.
En este último punto, el ministro criticó “a aquellos intendentes que hacen demagogia y prohíben los agroquímicos, cuando antes de hacer eso, deben controlarlo”; esto quiere decir que “si un avión fumiga y abajo hay una escuela. Cuando el piloto baja, ¿lo metes preso? Con lo cual te la pasas hablando sin asumir ninguna responsabilidad, así es fácil”.
En la actualidad la provincia de Entre Ríos es la que más ordenanzas aprobadas tiene en sus distintas localidades ya sea para evitar el uso de fitosanitarios dentro de lo que es el casco urbano como también en los metros a la hora de fumigar. Hace poco el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, prohibió el uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. Por esto, las entidades del campo decidieron ir a la Justicia. “La semana próxima vamos a presentarnos para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza la cual dice que no se puede impedir la comercialización de un producto. En este caso afecta el trabajo de los productores”, señaló a BAE Negocios, el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell.
Otras de las conclusiones de los técnicos tiene que ver precisamente con las normas y el glosario de términos. “Esto significa establecer por ejemplo qué es el casco urbano, zona de amortiguamiento, distancia según el tipo de cultivo, entre otros, “, afirmó Bergman.
Se entiende que todos estos puntos tienen diferentes criterios en cada provincia lo cual aun es un tema a acordar con cada una de ellas y que se hará en lo que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Por lo pronto se emitirá “un dictamen técnico”, dijo el ministro el cual que pasará primero a las provincias y luego irá a al Congreso para que sea evaluado y ver si es viable avanzar en un proyecto de ley o sacar un resolución, pero entiendo que debemos ir a algo normativo y no a una opción transitoria”.
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Confirman que pesticidas mataron 70 millones de abejas



Confirmado: un pesticida mató a los 70 millones de abejas en Traslasierra

Fecha de Publicación
: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.

920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.

La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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Glifosato en todos lados



Fuerte advertencia de científicos por la presencia de un peligroso herbicida

Fecha de Publicación
: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional


Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.

Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.

El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.

En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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En Misiones también plantean prohibir el glifosato



Proponen prohibir por ley el uso de glifosato en Misiones

Fecha de Publicación
: 31/05/2018
Fuente: Misiones Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ley del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) que tiene como fin prohibir el uso y comercialización del glifosato en todo el territorio de la provincia de Misiones, como asimismo de todos los agrotóxicos prohibidos a nivel nacional e internacional.
En el proyecto se solicita iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueve la aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la Ley XVI-31, conocida como Agrotóxicos.
La iniciativa había sido presentada ya en otras ocasiones pero no tuvo aprobación, por eso la insistencia con un nuevo proyecto.
El objetivo de esta norma es “evitar el contacto de las poblaciones de la ciudadanía con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra su salud; prevenir patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida y proteger la flora y fauna de la región así como la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales existentes, incluyendo sus recursos hídricos”, indicó el autor.
El Ministerio de Ecología sería el organismo de aplicación y control, que deberá articular en caso de aprobarse el proyecto con el Ministerio del Agro  y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia a fin de lograr el cumplimiento de la norma.
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos necesarios para su utilización, o que directamente por sus efectos nocivos para la salud humana debieran de prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
“El enorme número de vidas humanas perdidas por intoxicación por plaguicidas, lo que debe generarnos un alerta y una voluntad de legislar en favor de la protección de los derechos humanos de nuestras comunidades que puedan ser intoxicadas con el uso indebido de estas sustancias, ya sea por contacto directo, por darse fumigación con estas sustancias en cercanías de donde habitan, o por contaminación indirecta o derivada de productos de consumos, cursos de agua, etc”, agregó entre sus fundamentos.
Sostuvo, además, que “en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente, cabe mencionar que la utilización de plaguicidas peligrosos tiene efectos devastadores desde la contaminación de ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados hasta consecuencias ecológicas imprevisibles de la deriva de los residuos o los mismos plaguicidas por tierra, aire o agua. Producen desequilibrios biológicos entre especies predadoras y presas de la cadena alimenticia natural del ecosistema, hay una disminución sustancial en la biodiversidad de los suelos derivando en disminuciones importantes del rendimiento de las cosechas y nuevamente esto redunda en problemas de seguridad alimentaria”.
Expuso además el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que “la exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud. El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y por que estos estén libres de plaguicidas y resulten cualitativamente adecuados”.
Por su parte, el profesor Alejandro Borgmann del equipo de Agricultura Familiar, expresó la necesidad de que los conocimientos agronómicos que se transmiten en los centros de formación, contemplen toda la dimensión de la agricultura, incluyendo la agroecología, y no solo aquellos conocimientos necesarios para aplicación de paquetes tecnológicos.
Además, la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, expresó que “el Presidente de la Legislatura tiene muy claro lo que queremos para Misiones, basta señalar la Ley de Agricultura Familiar (VIII-69) y la de Agroecología (VIII-68) donde se expresa que, para Misiones, la agricultura familiar es el modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Y que Misiones plantea una Agricultura con agricultores, desde prácticas que no pongan en riesgo la salud humana ni la del planeta”.
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Entre Ríos: fallo favorece la limitación de las fumigaciones



Un fallo confirmó que el municipio de Victoria es competente para impedir en sus islas la agricultura intensiva

Fecha de Publicación
: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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El agro "en alerta" por cambios en delitos ambientales



Alerta en el agro ante potenciales penas por delitos ambientales

Fecha de Publicación
: 27/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


Referentes del agro consideran que es necesario abrir un debate y apoyar un cambio cultural para limitar las agresiones al ambiente, pero al mismo tiempo dejaron sentada su preocupación ante la propuesta de incluir en el Código Penal de la Nación el título "Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental" y penas de hasta 10 años para los responsables.
Dirigentes del sector dieron cuenta de este alerta tras una reunión –que se concretó la semana pasada-- de la Comisión para la Reforma del Código Penal a la que asistieron funcionarios de los Ministerios de Agroindustria, Ambiente y de Justicia, junto a los expertos que intervienen en el tema.
Al respecto, este martes la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado en el que resume la postura de "cuidar el ambiente, sin afectar la producción", mientras advierte que se trata de un tema delicado, con muchos aspectos a analizar.
En su contenido, la entidad rural menciona que ha participado activamente de la elaboración de medidas de sugerencia en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), inclusive con la elaboración de normativa que ha sido de utilidad en varias localidades del país.
En lo medular, dice coincidir "con el trabajo que están llevando adelante los Ministerios de Justicia, de Agroindustria, de Ambiente para lograr aportes acerca de delito ambiental en el proceso de reforma del Código Penal".

Cambio cultural
Frente a las BPA, agrega, "es necesario apoyar un cambio cultural que permita su cumplimiento. Las entidades deberemos seguir trabajando en la concientización de la cadena de producción con el objetivo de limitar las agresiones al ambiente".
Por la misma cuerda, Coninagro afirma que "si bien es muy positivo abrir un debate, es un  tema delicado,  ya que hay muchos conceptos a analizar para cuidar el ambiente  sin afectar la producción".

Comisión
La comisión específica tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.

Delitos y condenas
En concreto, se consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
Asimismo, se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana.
Además, se acordó establecer los delitos contra la biodiversidad con pena de hasta tres años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
En tanto, se prevé fijar pena de hasta seis años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
Por último, se prevé el delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
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Entre Ríos: archivaron resistido proyecto de agroquímicos



Diputados archivó el proyecto de ley de agroquímicos y festejaron los ambientalistas

Fecha de Publicación
: 13/05/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Baja rechazó el proyecto que venía con media sanción del senado entrerriano. Urgente deberán confeccionar una nueva iniciativa para frenar el envenenamiento y fomentar la transición a la agroecología.
 El proyecto de ley de agroquímicos fue archivado este martes por la Cámara de Diputados de Entre Ríos aunque durante más de dos horas se generaron duros cruces entre los diferentes bloques.
Representantes de grupos ambientalistas llegados de toda la provincia colmaron los balcones para seguir la sesión que tuvo enérgicas exposiciones.
Oficialistas y opositores remarcaron que hoy en la provincia solo hay dos personas, que en un vehículo, controlan la fumigación con agroquímicos en los campos entrerrianos representando al Estado.
El bloque justicialista ya había adelantado que votaría en contra del proyecto que venía con media sanción del Senado. Mientras que diputados y diputadas de Cambiemos reclamaron que se discutiera en Comisión.
Algunos diputados radicales que forman parte de la oposición también rechazaron el proyecto y Alberto Rotman, en particular, se llevó una gran ovación del público porque basó su discurso en datos concretos que tomó de diferentes investigaciones que sirvieron para prohibir el uso del glifosato en otros países.
Lo cierto es que para frenar las muertes deberán ponerse a trabajar para discutir en forma urgente un nuevo proyecto de ley que regule el uso de los agroquímicos y que además incentive la transición hacia la agroecología.
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Otro maíz transgénico de Monsanto aprobado



Aprueban un nuevo maíz transgénico de Monsanto: tolera glifosato y resiste insectos

Fecha de Publicación
: 13/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional aprobó la comercialización de un nuevo maíz transgénico, desarrollado por la firma Monsanto, que es tolerante a la aplicación de glifosato y resistente a la acción de coleópteros y lepidópteros.
A través de la resolución 19/2018 de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agroindustria, publicada en el Boletín Oficial, se le dio el aval a “la semilla de maiz y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de los eventos MON-87427-7, MON-87411-9, de la acumulación de eventos MON-87427-7 x MON-89034-3 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 (denominaciones OCDE) y de los acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de los parentales que la componen, y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente, solicitado por la firma Monsanto Argentina”.
Para dar esta autorización, Agroindustria tuvo en cuenta el dictamen de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que señaló que “los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de los mencionados maíces GM (genéticamente modificados) al agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de maíz no GM”.
La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Mercados Agroindustrial también respaldó la medida, al concluir que esta nueva semilla “va a proporcionar una nueva herramienta para aumentar la eficiencia de manejo del cultivo” y que “desde el punto de vista comercial, no se detectan riesgos importantes ya que en el grupo de países con marcos regulatorios vigentes, sólo queda pendiente la aprobación del MON-87411-9 en Vietnam e Indonesia”.

Características
El último maíz que el Gobierno le aprobó a Monsanto data de 2012 y es tolerante a glifosato y resistente a lepidópteros, fundamentalmente, barrenador y cogollero del maíz.
La novedad, entonces, es que este nuevo híbrido suma resistencia también a la acción de coleópteros, que son principalmente los escarabajos.
En general, este es el 47° evento biotecnológico que la Conabia aprueba en Argentina, desde la soja resistente a glifosato de 1996.
Es, además, el 27° híbrido de maíz que se autoriza formalmente a vender en el mercado, y el tercero del año, luego de que los aprobados en marzo a Dow Agrosciences y Syngenta.
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El modelo agrotóxico se defiende en la justicia



Ruralistas van a la Justicia contra la prohibición del glifosato: "Es una herramienta de trabajo"

Fecha de Publicación
: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.

– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.

– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.

– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.

– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".

– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.

– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.

– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.

– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.

– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.

– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.

– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.

– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.

– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.

– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.

– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.

– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.

– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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La agricultura industrial no genera trabajo, los pierde

En la última década el agro argentino perdió más de 4600 empleos formales

Fecha de Publicación
: 05/05/2018
Fuente: Agritotal
Provincia/Región: Nacional


En la última década el sector agropecuario argentino perdió 4640 empleos formales al registrar 332.772 trabajadores en febrero de 2018 -último dato oficial publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- versus 337.412 diez años atrás.
Vale tener en cuenta que, al momento de confeccionar estadísticas laborales, el empleo agropecuario no sólo abarca a la agricultura extensiva, ganadería y tambos, sino también a actividades muy diversas como legumbres, hortalizas, olivos, caña de azúcar, tabaco, flores, apicultura, servicios de contratistas agrícolas y de inseminación artificial, entre muchos otros.
Otro sector que destruyó empleos en la última década es el pesquero -con una pérdida de 2108 trabajadores-, mientras que la minería creó apenas 9987 puestos de trabajo en el período.
Es probable que el factor común detrás de la dinámica de empleo registrada en esas actividades económicas sea la creciente automatización de procesos impulsada por avances tecnológicos. Los tres rubros -agro, pesca y minería- son los principales generadores netos de divisas de la economía argentina.
Otro sector económico que en la última década registró una pobre performance en la creación de empleo formal fue la industria manufacturera con apenas 6338 puestos de trabajo nuevos. En este caso, además del avance tecnológico, en algunas situaciones podría estar reflejándose el fracaso del modelo de sustitución de importaciones.
En la última década, el rubro "contrucción" -que comprende no sólo edificios, sino también toda obra de infraestructura- creó 59.207 empleos formales, buena parte de los cuales se explican por empresas contratistas que realizan obras públicas nacionales, provinciales o municipales.
Los principales motores del empleo privado formal en la última década fueron los servicios, con el comercio a la cabeza, que creó 167.864 nuevos puestos de trabajo, seguido por los servicios de salud (+91.352), de enseñanza (+82.206), servicios de transporte de cargas, de pasajeros, correo y telecomunicaciones (+75.073), hoteles y restaurantes (+54.736) y servicios sociales y comunitarios (+48.412) (este último rubro comprende desde recolección de residuos y organizaciones sindicales hasta producciones audiovisuales, artísticas, deportivas, gimnasios y servicios fúnebres).
En la última década se crearon en total 657.137 nuevos puestos de trabajo en el sector privado registrado argentino, de los cuales el 79% se explican por los servicios antes mencionados.
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Niños cercano a zonas fumigadas con daños genéticos



"Niños que están a menos de 500 metros de zona fumigada tienen daños genéticos"

Fecha de Publicación
: 04/05/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


Los estudios se realizaron en el departamento Uruguay. Compararon casos de niños de escuelas rurales con alumnos de ciudades. "Es el primer análisis demostrando el efecto" de los agroquímicos, se indicó a Elonce TV.
Impulsados por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y con el aporte de científicos y universidades públicas, en el departamento Uruguay se llevaron adelante estudios para establecer los daños genéticos en niños que viven a menos de 500 metros de zonas de fumigación con agroquímicos.
La docente Mariela Leiva confirmó al programa El Despertador de Elonce TV que los primeros resultados de los estudios realizados corroboraron que "los niños que están a menos de 500 metros de la zona de fumigación tienen daños genéticos. Lo nuestro es el primer análisis que tiene la causa demostrando el efecto", resaltó.
Explicó que para efectuar el cotejo se "extrajo material de chicos que estaban a menos de 500 metros de las zonas fumigadas y, por otro lado, de niños de las ciudades".
La educadora puso de relieve que "el daño genético puede traer aparejadas distintas enfermedades a lo largo de su vida".
Leiva recordó que tras el caso de la escuela fumigada en San José "surgió un caso similar en Maciá, donde la docente terminó hospitalizada, en observación. Estuvimos prestándole nuestra solidaridad y ofreciéndonos en lo que podemos aportar desde nuestro lugar. La Fiscalía de Rosario del Tala decidió no investigar porque la fumigación estaba a más de 100 metros. Si tuvo síntomas es porque el producto llegó hasta la escuela", recalcó.

Leyes
Interrogada sobre el tratamiento de la norma que busca regular las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, la docente contó que "estuvimos reunidos para brindarles a los diputados las herramientas con profesionales técnicos que trabajan con nosotros. Nos decían que querían tener la convicción y la sabiduría para votar esa ley. Llevamos a los especialistas y el último ciclo, el presidente de la Cámara, nos dijo que el bloque del Partido Justicialista iba a votar en forma negativa esa ley, al igual que algunos diputados de Cambiemos. Queremos ser optimistas. Creo que el 8 de mayo se va a votar. Estaremos esperando la votación", completó. Elonce.com
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La Pampa: planean zonas de resguardo a fumigaciones

Vecinos de Alvear piden que los depósitos de las pulverizaciones estén a 1km del casco urbano

Fecha de Publicación
: 04/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


Se realizó en Intendente Alvear una charla abierta a la comunidad impulsada por las filiales de Santa Rosa y General Pico del Colectivo Sanitario-La Pampa. La jornada se denominó “Impacto de los agroquímicos en la salud humana y el medio ambiente”. La misma contó con la adhesión y el aporte de organizaciones sociales preocupadas por el permanente  aumento y el uso de los agroquímicos en la zona.
Dentro de las principales propuestas está, a través del pedido de los vecinos, que las maquinas, los depósitos y las fumigaciones estén a una distancia mínima de 1000 metros del casco urbano. La iniciativa fue muy bien recibida y acompañada por la firma de los vecinos presentes que a su vez, se comprometieron en recolectar más firmas para ser presentadas en el Consejo Deliberante local.
Fueron parte y acompañaron en la jornada AMET, UTELPA, SITRASAP, ATE, LUZ Y FUERZA MERCEDES, SADOP, UPCN, CTA de los trabajadores, SATSAID y el CEC. También se hicieron presentes concejales de E. Castex y de I. Alvear.

Otras propuestas
Según informó el Colectivo mediante un comunicado, en esta misma ocasión se presentaron: un protocolo de denuncias denominado “Cómo actuar frente a fumigaciones ilegales”. Esto también prevé otras situaciones como desechos o depósitos de insumos nocivos a la salud
Realizar un Campamento Sanitario en el pueblo, en conjunto con la” Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, fue otra de las iniciativas. Todo el esquema de desarrollo del campamento, incluida la encuesta, es a fin de poder contar con un trabajo de campo que permita asociar las patologías presentes con los distintos factores ambientales que pueden ocasionarlos. Ambas propuestas contaron con la adhesión de los presentes.
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El glifosato cada vez más cuestionado y limitado



Monsanto, en la mira: cada vez más ciudades prohíben el glifosato tras pruebas que relacionan su uso a la proliferación del cáncer

Fecha de Publicación
: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional


Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias 
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.

¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
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Hasta investigadores del INTA advierten de los agroquímicos



Un informe contra corriente

Fecha de Publicación
: 25/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
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Fumigación de una escuela, nuevo capítulo judicial




La causa por la fumigación de una escuela suma un nuevo capítulo

Fecha de Publicación
: 23/04/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Los tres hombres condenados por haber fumigado a una maestra y a los alumnos de una escuela rural de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, en 2014, finalmente llegaron a la Cámara de Casación Penal de la Provincia, con un planteo para que se revea la sentencia que los condenó a un año y medio de prisión condicional.
José Mario Honecker, titular del campo lindante a la escuela; Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la firma Aero Litoral SA, de Villaguay; y el piloto de fumigó el campo, César Martín Visconti, fueron condenados el 3 de octubre de 2017 por el Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
Los jueces coincidieron con la Fiscalía y los condenó por el delito de lesiones leves culposas –negligente- en concurso ideal con contaminación ambiental por haber fumigado la Escuela N° 44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay.
La pulverización ocurrió el 4 de diciembre de 2014 en un área del campo que explotaba con cultivo de arroz y maíz localizado en los kilómetros 7 y 11 de la zona rural, frente a la escuela. La fumigación afectó a la maestra Mariela Leiva -referente de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas- y a cinco chicos que se encontraban en el aula.
Aquella vez, hace casi cuatro años, la avioneta descargó un cóctel peligroso para la salud: los productos químicos Ako Power, Dash, Aura y Clincher. Este último calificado como Residuo Peligroso por la Ley Nacional 24.051.
Disconformes con la resolución, los abogados Laura Madoz (defensora de Honeker) y Eduardo Emilio De Casas, (que asiste a Visconti y Rodríguez) fueron en apelación ante la Cámara de Casación Penal con el fin de que se revoque la sentencia. La principal tesis de los letrados es que en el caso no sólo fueron sentenciados sus defendidos “sino todo un modelo productivo”.
Recientemente, el Tribunal de Casación admitió el recurso de apelación interpuesto por los defensores contra aquella sentencia y se fijó fecha para la audiencia en el que se resolverá si el fallo de primera instancia es confirmado o revocado: será el 21 de junio, a las 11, en los Tribunales de Paraná. Los jueces serán Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti.
A pesar de que el fallo del Tribunal de Juicio fue cuestionado por los abogados de los tres hombres castigados por la fumigación imprudente, que vincularon la resolución a una “presión mediática” y de ONG’S contra el uso de agroquímicos, los jueces dejaron en claro que lo que sucedió en Santa Anita fue un conjunto de irregularidades, y que lo que se juzgó no fue el sistema productivo a base de agroquímicos.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que el día de la fumigación existieron varias condiciones que no se tuvieron en cuenta. En primer lugar, no haberse limitado en el uso de agroquímicos por la existencia de la escuela a distancia menor de 50 metros del lote sembrado; no haber comunicado que se iba a realizar la pulverización aérea; no haber contado con la presencia con un técnico en la materia el día de la fumigación; y porque al momento de la pulverización la empresa Aero Litoral no estaba habilitada para hacerlo tal como lo exige la Ley de Agroquímicos de Entre Ríos Nº 6.599, entre otras irregularidades.
Por esa razón, entendieron que “se hace pasible a los imputados de la responsabilidad atribuida no ya por haber tomado una decisión en sí misma delictiva sino más bien por los actos negligentes que se concretaran a partir de la inobservancia de los reglamentos”.
Así, al finalizar la resolución, resaltaron que en el caso “se han juzgado conductas humanas, es decir, se analizaron responsabilidades individuales derivadas de una actividad específica. De modo alguno se trata de una generalización -que aquí no cabe- sobre la eficacia o no de distintos modelos productivos agropecuarios”.
Sin embargo, a pesar de la aclaración de la magistratura, los tres hombres buscarán que la sentencia en su contra sea revocada.
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