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Prohíben el clorpirifos en EEUU, ampliamente usado acá



Por generar daño cerebral, Estados Unidos prohíbe al insecticida de Dow más usado en el agro argentino

Fecha de Publicación
: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Córdoba: en un pueblo 1 cada 2 personas muere de cáncer



Canals, el pueblo fumigado donde más de la mitad de las muertes del último año fueron por cáncer

Fecha de Publicación
: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba


Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.

El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.

Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es  4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.

Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.

Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Políticas al servicio de los agroquímicos



Ministros de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.

Glifosato y cáncer

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial



El mortífero avance de la frontera agrícola argentina

Fecha de Publicación
: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional


La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Cuenca de Jáchal: el gobierno quiere ampliar la protección



Prohibirán actividades en la cuenca hídrica de Jáchal y verán si la amplían

Fecha de Publicación
: 09/08/2018
Fuente: El Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


El Ejecutivo enviará a Diputados un proyecto en el que prohíbe la minería y actividades industriales y agrícolas.
Si bien había una ley de 2010 que protege la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar, que abastece de agua potable a Jáchal, su redacción dejaba abierta la posibilidad a la realización de actividades de tipo productivas bajo algún tipo de control. A pedido del oficialismo jachallero, la gestión uñaquista enviará un proyecto para ampliar el cuidado que establece la norma sobre las 11 mil hectáreas que comprenden a la cuenca, ya que dispondrá la prohibición de actividades extractivas, la agricultura, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería. Y no solo eso sino que también dispondrá que se lleven adelante estudios que determinen si es necesaria o no la extensión del área para su resguardo.
La movida es una fuerte señal del Gobierno para proteger el acuífero, que está ubicado en Huachi, y abastece de agua de calidad a la villa cabecera del departamento del norte a través de un acueducto. Es que en Jáchal vienen sonando versiones de que habría exploración minera en la zona, pero en el Ejecutivo lo desmintieron y además avanzaron con el proyecto de ley. A kilómetros de la cuenca hídrica se encuentra el sector montañoso del distrito en el que hay oro, plata y cobre, entre otros. Por esa razón, desde el oficialismo les encargarán estudios a los organismos especializados para que determinen si es necesario extender el área de protección.
El gobernador Sergio Uñac se reunió el viernes con el intendente Miguel Vega, el diputado departamental, Jorge Barifusa, y los concejales oficialistas Javier Llanos, Eva Castro y Fernanda Díaz. Estos últimos, con el respaldo del jefe comunal, elaboraron y aprobaron una ordenanzas en la que, primero, adhirieron a la ley 1.086 L de 2010 y solicitaron la ampliación de la zona de resguardo. El jefe de Estado provincial recogió el guante, estableció que se lleven a cabo los respectivos análisis para que se establezca si es necesaria la extensión del área y además restringió al máximo las actividades a desarrollar en la cuenca de Pampa del Chañar. Vega resaltó que "con la propuesta y el apoyo del Gobernador, podemos lograr que la Cámara de Diputados modifique la ley y llevar tranquilidad a todos los jachalleros".
Si bien la ley de 2010 protege el acuífero, deja la chance de ejecutar tareas productivas. El artículo 3 señala que toda obra a realizarse en la cuenca deberá contar con la declaración de impacto ambiental, "priorizando... la protección del recurso hídrico". Y el cuarto indica que todo proyecto de explotación de agua subterránea deberá contar con estudios que aseguren que no se afectará ni la calidad ni la cantidad de agua.
Desde la gestión uñaquista cortaron por lo sano y cerraron todo hueco, ya que prohibirán todo tipo de actividad extractiva, la agricultura intensiva y extensiva, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería en la cuenca, aseguraron fuentes oficiales. El proyecto ingresará entre esta semana y la otra a la Cámara de Diputados y se descuenta que será aprobado.
El acuífero es la principal fuente de agua para la mayor parte de los habitantes de Jáchal. Hubo ruido en el departamento ante supuestas exploraciones mineras en la zona, lo que llevó a la oposición en el Concejo Deliberante a pedir una consulta popular contra la megaminería en la cuenca. La misma no prosperó y el oficialismo propuso los cambios a la norma provincial.
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Lanzan el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios

Crean un “Plan Nacional de Suelos Agropecuarios”  

Fecha de Publicación
: 06/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa apunta a “promover la conservación, restauración y manejo sostenible”, a través de Buenas Prácticas de Suelos (BPS). Los detalles de la medida
El Ministerio de Agroindustria de la Nación creó un “Plan Nacional de Suelos Agropecuarios”, que tendrá como objetivo general “promover la conservación, restauración y manejo sostenible” de este recurso, “maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de la provisión de sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático”.
A través de la Resolución 232/2018 publicada en el Boletín Oficial, la cartera productiva determinó que este programa funcionará bajo la órbita de la subsecretaría de Agricultura, que designará como director y coordinador a un funcionario de la Dirección Nacional de Producción Agrícola y Forestal.
La medida también impone que los recursos destinados a solventar el Plan se destinarán, entre otros objetos, a fomentar la adopción de buenas prácticas de suelos, atendiendo a la provisión de los servicios ecosistémicos que otorgan; promover el desarrollo de normativas para la conservación y manejo sostenible; e impulsar investigaciones sobre esta temática.
Asimismo, Agroindustria crea en este marco el Sistema Nacional de Información de Suelos Agropecuarios que funcionará dentro del Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios que se inició hace un año.

Fundamentos
En los considerandos de la resolución, el Ministerio considera que, como la sustentabilidad de los suelos es de interés para el conjunto de toda la Nación, “es obligación del Estado procurar que el uso y manejo sostenible de los mismos se lleve a cabo sin comprometer sus propiedades básicas, estimulando y posibilitando la aplicación de adecuadas técnicas de manejo y conservación, de manera de asegurar el derecho de las generaciones futuras a hacer uso de tal recurso”.
En ese sentido, el Gobierno sostiene que “el uso sostenible de los suelos debe enmarcarse en una planificación sistémica, cimentada en los principios del ordenamiento territorial y, en consecuencia, debe ser manejado con una perspectiva de largo plazo y con el compromiso de todos los actores involucrados en su uso y gestión”.
Todo esto, en un contexto de “creciente demanda mundial de alimentos”, que “presenta la necesidad de seguir elevando la producción lo cual someterá a una fuerte presión a nuestros principales recursos naturales, entre ellos el suelo”.
“Debemos evitar que la elevada tasa de extracción de nutrientes, debido a los altos rendimientos agrícolas, produzca en el corto plazo una significativa disminución de la capacidad productiva de nuestros suelos”, añade el documento oficial.
La resolución incluye un anexo con todos los detalles del plan, que se reproduce a continuación.
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Quieren prohibir el Glifosato en todo Chubut

A partir de una ley se prohibiría el uso del Glifosato en Chubut

Fecha de Publicación
: 03/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut


El legislador provincial del PJ-FpV, José Grazzini Agüero, presentó un proyecto de ley disponiendo "la prohibición, en todo el territorio de Chubut, de la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que lo tengan como base o principio activo".
“La Autoridad de Aplicación de la Ley será el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el que será responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido por esta norma, de la difusión de sus alcances, del control del cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente y de la sanción correspondiente, al igual que de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”, prevé la iniciativa.
Entre los fundamentos, sostiene que tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población a partir de que a comienzos del año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el Glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, lo que no está comprendido por la Ley XI Nº 16 (Antes Ley 4073), y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectiva las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo”, afirmó en la fundamentación del proyecto de ley.
“La Autoridad de Aplicación ejecutará las medidas tendientes a la prevención en la utilización de productos alternativos al Glifosato, controlará los efectos adversos de biocidas y agroquímicos alternativos que incidan sobre la salud de la población, a la par de propender a la obtención de los mayores beneficios por parte de los productores agropecuarios, evitar la contaminación del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico”, dispone en la normativa.
“La inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidas en esta ley y su reglamentación será investigada y sancionada por la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo cuyo trámite será establecido por la reglamentación, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor. Las sanciones previstas serán dispuestas por la autoridad de aplicación en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia”, se alude.
El proyecto de ley establece que la primera infracción será sancionada con una multa de entre 10.000 y 30.000 UF a las que refiere el Artículo 84 del Anexo A de la Ley XIX Nº 26. “Cuando el infractor sea reincidente, la multa a imponer duplicará el monto de la última aplicada, sin posibilidad de conmutar la sanción y sin perjuicio de la inhabilitación temporaria o definitiva de los establecimientos, empresas y profesionales responsables”.
“La Autoridad de Aplicación está autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las multas u otras penalidades o acciones que correspondiere, todo producto agropecuario que contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas compuestas o derivadas del Glifosato. Las costas que pudiera generar la aplicación de este artículo será con cargo al infractor”, consigna.
“Quedará exceptuado de los alcances de esta Ley el tránsito de paso por rutas del territorio chubutense, con destino a otros estados provinciales, de glifosato o productos cuyo principio activo sea el glifosato, lo que deberá ser avalado con la respectiva documentación de tránsito que así lo certifique. En el mismo carácter, queda exceptuado de los alcances de esta Ley el ingreso de Glifosato a territorio chubutense, o productos formulado en base a este herbicida, que tenga por destino responder a necesidad de autoridad judicial para ser exclusivamente destinado a la fumigación de cultivos ilegales a fin de su destrucción y eliminación”, expresa el proyecto de ley.
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Santa Fe: convoca a movilización hoy por las fumigaciones

La Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca a una nueva movilización

Fecha de Publicación
: 01/08/2018
Fuente: Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional


Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe convocaron a los movimientos sociales, pueblos originarios, partidos políticos, gremios, iglesias, colectivos culturales y al publico en general, a manifestarse en la explanada de la Legislatura provincial el miércoles 1 de agosto a partir de las 11.
La convocatoria es "ante la necesidad urgente que tenemos los pobladores santafesinos de contar con una modificación a la Ley Nº 11.273, que regula el uso de agrotóxicos en nuestro territorio provincial". "La legislación vigente tiene más de veinte años y es anterior a la incorporación de los transgénicos en el modelo productivo imperante", agregaron.
"Hace más de ocho meses que el proyecto modificatorio está «estancado», sin dictamen, en la Comisión de Salud de dicha Cámara. Consideramos fundamental reformar la mal llamada ley de fitosanitarios, para preservar la salud de todos los santafesinos, pero muy especialmente, la de los pueblos fumigados del interior provincial", destacaron.
Y en la misma línea acotaron que "si bien esta normativa no resuelve el problema del modelo productivo de fondo, preservaría la salud de los más afectados y crearía zonas sin químicos para desarrollar producciones sin venenos. El Estado provincial debe garantizar la capacitación y la aplicación de la ley de fomento de la agroecología, que también espera tratamiento y aprobación por ambas cámaras", insistieron.

El glifosato
"A pesar de toda la evidencia científica disponible de lo nocivo que resulta el modelo productivo basado en el uso de químicos y transgénicos (entre ellas se destaca la recategorización, realizada por la OMS en 2015, de los herbicidas glifosato y 2,4D como probables y posibles cancerígenos), la Comisión de Salud de dicha Cámara se dispone a realizar el 1 de agosto otra jornada de debate, soslayando los innumerables fundamentos que nos amparan en el reclamo", se explayaron desde la Campaña.
Y continuaron: "Pero además, la Comisión de Salud ha ignorado en su convocatoria a médicos y vecinos afectados por las fumigaciones, convocando solo a un ingeniero agrónomo. A todas luces, tendrían que ser personal de salud y afectados quienes den su testimonio acerca de los impactos de los agroquímicos en la salud humana".
"El proyecto modificatorio impulsado por la Multisectorial corre peligro inminente de perder una vez más el estado parlamentario porque se acaba el plazo legislativo para su tratamiento. Esta sería la cuarta vez que un proyecto para modificar la ley pierde vigencia dejándonos a los pueblos fumigados santafesinos desamparados ante el ataque químico permanente al que somos expuestos. Claramente, hasta ahora la legislatura santafesina no ha querido tratar la nueva ley de agroquímicos, desconociendo el clamor de los vecinos de la provincia que luchan porque se respete el más básico derecho a estar vivos y no ser envenenados", detallaron en ese sentido.
Por todo ello, la Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca e invita a la Jornada de protesta y concientización a realizarse el próximo miércoles 1 de agosto en la explanada de la Legislatura santafesina, a partir de las 11. Habrá tambores, música, intervenciones de artistas, radio abierta, feria de productos agroecológicos y asamblea ciudadana.
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¿Qué comemos los argentinos?: verduras con agroquímicos



¿Qué comemos los argentinos?: los increíbles resultados de los controles del Senasa sobre frutas y verduras

Fecha de Publicación
: 31/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Los controles que realiza el Senasa sobre las frutas y verduras que se venden en todo el país arrojaron la presencia de 80 agroquímicos, entre ellos, cuatro sustancias que están prohibidas y otras seis que no están autorizadas. Lo que más llamó la atención es que en muchísimos casos se usan venenos en cultivos para los que no cuentan con permisos y en otros superan ampliamente los límites máximos autorizados. Una enorme cantidad de esos pesticidas, herbicidas y fungicidas terminan en los platos de los argentinos.
Hasta el año pasado prácticamente no había información oficial sobre la presencia de veneno en frutas y verduras. Luego de que la ONG Naturaleza y Derecho presentara un recurso de amparo por el silencio oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que en el 63% de los controles realizados entre 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos. Y que el 7% de las muestras tomadas entre 2014 y 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque en este último caso se cuestionó la metodología, ya que el 30% de los controles reportados fueron hechos en frutas secas, kiwis y bananas.
Esta vez, la ONG volvió a presentar un pedido de acceso a la información pública, pero solicitó que el Senasa detalle los niveles de agroquímicos detectados, algo que no había aclarado el año pasado. El organismo contestó hace pocos días y reportó que entre 2013 y 2016 hubo unos 8 mil controles positivos, pero no precisó cuántas muestras se analizaron en total.
Un ejemplo. En las distintas muestras de acelga se hallaron restos de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Es lo que se conoce como "desvío de uso": cuando se aplica un veneno para un alimento que no tiene permiso.
En la acelga también se detectaron tres sustancias prohibidas (DDT, endosulfán y metamidofos), además de diazinon, y varios agroquímicos con valores por encima de los límites autorizados. Tal el caso de la deltametrina: el máximo permitido es de 0,05 mg/kg, pero en una partida de Misiones se detectó 2,2 mg/kg, es decir, 44 veces por encima del tope legal. Se trata de una sustancia "moderadamente peligrosa", capaz de provocar coreoatetosis, hipotensión, daño prenatal y shock, según el registro de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Pero a la vez, hubo una inconsistencia: el Senasa reconoció la presencia en controles de lotes de acelga de cinco sustancias que no habían sido reportadas el año pasado, lo que puso en duda la credibilidad de sus respuestas. Son metomil, boscalid, DDT, procimidone y axozistrobina.
Ante la consulta de Infobae, el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza y Derecho, criticó esas inconsistencias con otro ejemplo. "En el durazno informaron en 2017 que entre 2014 y 2016 habían detectado en 53 controles cuatro casos fuera de los valores permitidos en el Mercado Central porteño, La Plata y Mar del Plata. Pero ahora con la nueva información que nos dan nos dicen que en esos años y en 2017 hubo 48 controles. Es decir, dicen que en cuatro años hubo menos que en tres años, y pese a que la información esta vez abarca a todo el país. Y cuando repasamos los valores legales, en el durazno hay 30 casos por encima de los valores permitidos", advirtió.

Comer veneno
Naturalmente, el Senasa no controla todos los lotes de productos -algo que sería imposible-, sino una porción que considera representativa, y solamente trabaja sobre los productos que tienen tránsito federal. Esto se traduce en que los argentinos consumen frutas, verduras y hortalizas con venenos prohibidos o no autorizados para esos productos, ya que solo una pequeña porción es detectada.
Por otra parte, existe lo que se conoce como Límites Máximos de Residuos (LMR), que representan la mayor cantidad de restos de agroquímicos presentes en los alimentos que el Senasa considera que son inocuos. Más allá de que la metodología del organismo para determinar ese tope legal no está exenta de discusión, en los controles se detectaron muchísimos casos en los que los valores están por encima de esos límites.
¿Cómo se calculan esos límites máximos? El Senasa apela a una serie de profesionales independientes que evalúan los estudios sobre los agroquímicos y establecen la dosis sin efecto adverso observado, conocida como NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. En base a ello determinan la llamada Ingesta Diaria Admisible (IDA), a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que pueden tener los productos.
Sin embargo, desde el sector agroecológico hace rato que se viene planteando que el Senasa calcula mal esos LMR y el propio organismo por primera vez sugirió que la metodología podría cambiar. ¿Qué ocurre? Según los ambientalistas, por un lado, los LMR son para todos iguales, por lo que no toma en cuenta si se trata de hombre, mujer, adulto o niño, u otras variables como puede ser un problema de salud preexistente. Y por otro lado, no calcula la acumulación de sustancias en el organismo y el efecto sinérgico, es decir, la interacción de los distintos agroquímicos dentro del cuerpo. 
En la contestación al pedido de información de la ONG, el Senasa admitió que "la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada". Pero aclaró que la Unión Europea está encarando planes piloto para medir la acumulación, cuyos resultados se esperan para finales de este año, lo que "permitirá evaluar la adopción de dicha metodología (en Argentina) en la medida que se valide y reconozca".
Esto quiere decir que el Senasa admitió, indirectamente, que es posible que los argentinos estén consumiendo alimentos que el Estado considera seguros para la salud humana, pero que no lo son, lo cual contradice cualquier principio precautorio en materia sanitaria y ambiental. Por eso la pregunta es, si hay dudas o dificultades técnicas para el análisis de un producto, ¿se debería autorizar su consumo?

Controles
¿Qué sucede cuando una partida es rechazada? "A través de los datos del acta del producto se identifica y visita al productor, y se le indica que el resultado no es satisfactorio con la norma. Este productor pasa a estar dentro del proceso de muestreo dirigido o vigilancia, en el que se le toman muestras a 5 lotes distintos durante un tiempo. No puede vender hasta que estén los resultados de los análisis. En el caso de que los resultados no sean conformes a la norma, se destruye la mercadería y no puede volver a comercializar. Si los niveles de los 5 muestreos dirigidos dan bien, el productor puede volver a comercializar", aclararon desde el Senasa a Infobae.
En cuanto a los controles, explicaron que "la principal estrategia es la prevención". Para ello realizan capacitaciones constantes a los productores en el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Y creen que están dando sus frutos, ya que "desde hace años viene en caída la presencia de muchos residuos de fitosanitarios en la producción agrícola".
Por otra parte, en el organismo resaltaron, entre otras cosas, la prohibición del uso de productos como el endosulfán en 2012 o la restricción del diclorvós este año (que todavía no está vigente), ambas cuestionadas por la gran demora del Senasa en reconocer su toxicidad. Además, realiza otras medidas como la exigencia de documentación y rotulado que los lotes deben llevar, por ejemplo, para conocer su ruta o localizar a los productores.
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Bergman y la SRA insisten con la "producción sustentable"



Bergman visitó la Rural y llamó a "generar una producción que sea amigable con el ambiente"

Fecha de Publicación
: 30/07/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, visitó la 132° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrolla en La Rural, en el barrio porteño de Palermo.
Durante el recorrido, Bergman se refirió al trabajo que lleva adelante su cartera: "Tenemos una agenda compartida con el Ministerio de Agroindustria, donde hay un enorme desafío de generar una producción que sea amigable con el ambiente, que sea sustentable e innovadora en nuevas prácticas y nuevas tecnologías".
Asimismo, detalló la labor conjunta con la cartera de Agroindustria: "En el día de hoy estamos trabajando en la mesa de nuevas prácticas agropecuarias vinculadas a los fitosanitarios, y también en el programa Forestar2030 que tiene que ver con la actividad forestal tanto en el bosque nativo como en el cultivado, impulsando una política ambiental y productiva".
Finalmente, el ministro reiteró con énfasis el "apoyo a los productores y al campo que es un gran motor de la economía y desarrollo argentino".
La visita incluyó reuniones con representantes del Ministerio de Agroindustria y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias donde se conversaron lineamientos sobre el trabajo conjunto para el desarrollo del sector.
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Agrotóxicos en el 80% de la lluvia



Monsanto y Bayer, hasta en la lluvia: a niveles que rompen marcas mundiales, detectan agrotóxicos en precipitaciones de Argentina

Fecha de Publicación
: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.

Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.

Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Una Ley de Semillas al servicio de las multinacionales



Ley de Semillas: Federación Agraria acusó al Gobierno de "regalar la soberanía productiva"

Fecha de Publicación
: 19/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional


Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron este jueves tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), al que accedió LPO, en el que acusa a la Casa Rosada de "regalar la soberanía productiva".
Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de "mayoría" que presenta el Gobierno contempla "la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación".
En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo "legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia".
La entidad que preside Omar Príncipe no se olvidó de Monsanto: "Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos", apuntó.
"Se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo", disparó FAA.
De esta manera, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.
En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo.
Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.
"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.
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"Recomendaciones" para agroquímicos sin protección



Presentaron recomendaciones para aplicar fitosanitarios, pero sin distancias

Fecha de Publicación
: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Piden 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos

Piden a Senasa 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional


El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
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Escuelas rurales bonaerenses a merced de los fumigadores



Agroquímicos: el drama de las escuelas rurales bonaerenses que son fumigadas

Fecha de Publicación
: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires


El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
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Misiones debate sobre el glifosato y agrotóxicos

Destacan el tratamiento de proyecto de Ley busca prohibir el uso del Glifosato y agrotóxicos en Misiones

Fecha de Publicación
: 26/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


La legislatura misionera está debatiendo sobre agrotóxicos, donde la idea es regular y prohibir el uso de productos que pueden afectar la salud. Una de las autoras del proyecto es la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, quien aseguró que el objetivo es que salga la mejor propuesta donde es destacable el debate que se da sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo, dijo.
La Funcionaria dijo que se utilizan productos incluso en verduras, que son las de hoja que consumimos y pueden ser peligrosos para la salud. Por ello entiende que debe salir la mejor propuesta de la Legislatura que se ajuste al momento que vivimos y al debate sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo.
Recordó que su proyecto pedía que se prohíba el uso del glifosato y otros productos muy dañinos. En este sentido dijo que también el debate plantea la formación de los profesionales como los ingenieros agrónomos.
La funcionaria plantea además la necesidad de iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueva la aplicación de la ley de fomento a la producción agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la ley XVI-31 del año 1992, conocida como ley de agrotóxicos.
Ferreira, expresó la necesidad imperiosa de debatir estos temas, con todos los actores de la comunidad Misionera y construir juntos un proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos y que  incentive la agroecología.
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Agroquímicos en Santa Fe: Paren de Fumigarnos no debate

Paren de Fumigarnos no va al debate: 'Ya está todo dicho'

Fecha de Publicación
: 22/06/2018
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe


La multisectorial no participará de las jornadas convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “Creemos que se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados"
La multisectorial Paren de Fumigarnos no participará de las jornadas de debate convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “A esta altura, ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos”, indicaron desde la ONG.
Según las entidades sociales y ambientalistas que llevan adelante la campaña Paren de Fumigarnos, “es imperioso que la comisión avance en un dictamen que contemple esta realidad y no dilatar más esta situación”. Y atribuyeron las demoras a la influencia que ejercen “las organizaciones de productores y las corporaciones que producen estos venenos”.
En la Cámara de Diputados hay tres proyectos de reforma de la ley de agroquímicos. La Comisión de Salud organizó una serie de debates para los días 19 y 26 de junio y 3 de julio. La multisectorial Paren de Fumigarnos avisó este lunes que no participarán del debate ya que lo consideran una pérdida de tiempo.
“Creemos que nuevamente se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados, como es el dictamen del proyecto modificatorio de la ley 11273, mal llamada de fitosanitarios. A esta altura del debate ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura”, indicaron desde la multisectorial.
Entre otros argumentos, mencionan que la Organización Mundial de Salud recategorizó al glifosato como producto “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y al 2,4D como “posible cancerígeno para los seres humanos” en 2015. “Ante esta evidencia, creemos que es perentorio avanzar con una norma que contemple estas nuevas categorizaciones de dos herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura actual y que sin ninguna duda están afectando seriamente la salud de todos nosotros, pero especialmente de los vecinos de los pueblos y ciudades expuestos a los impactos de las fumigaciones que se realizan en los periurbanos de las localidades”, agregaron desde Paren de Fumigarnos.
El debate en la Legislatura lleva diez años pero aun no se lograron los consensos para reformar la ley actual, que fue sancionada en 1995 antes del inicio del modelo sojero. Por eso, los ambientalistas denuncian que detrás de las jornadas de debate se busca “generar un desgaste que pareciera tener como único fin evitar que se sancionaran leyes que antepongan la salud de la población a la renta de algunos sectores”.
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Misiones: procupación de la 'agroindustria' por el glifosato

Sectores de la agroindustria de Misiones plantearon preocupación por proyecto para prohibir el glifosato en la provincia

Fecha de Publicación
: 17/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer con el ministro del Agro, José Luis Garay, preocupados por la posibilidad de que se prohíba el glifosato. Advirtieron que actualmente los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese agroquímico. Reclamaron ser escuchados en el debate legislativo y consideraron que la provincia debería unificar criterios con la Nación en relación al uso de químicos en el agro.
El uso de agroquímicos en la producción primaria volvió al centro de la discusión a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Martín Sereno (PAyS) que propone prohibir el uso de glifosato y de otros agroquímicos cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente están en constante discusión. En la mañana del martes representantes de distintas cadenas agroindustriales se reunieron con el ministro del Agro, Luis Garay, ante quien plantearon su preocupación por el impacto económico que podría tener la adopción de una medida de esa naturaleza.
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, tabacalera y citrícola plantearon que para los agricultores el glifosato es una herramienta de trabajo importante y que el proyecto que propone prohibir su uso no plantea una alternativa que ofrezca resultados similares. Afirman que la posibilidad de reemplazar herbicidas como el glifosato por trabajo manual, resulta prohibitivo por los costos que ello implicaría.
Fernando Acosta, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA) afirmó que se enteraron de la existencia del mencionado proyecto gracias a publicaciones periodísticas y que en ningún momento fueron convocados a debatir en comisión. “Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar en su tratamiento en la Cámara”, dijo.
Señaló que el glifosato “es una herramienta de trabajo para el productor, razón por la cual la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. Reemplazarlo por mano de obra es muy caro, no es una opción por el costo que tiene”. Sin embargo consideró positivo que se abra el debate en relación al uso de agroquímicos: “hay que discutirlo avanzar tratar y ver qué se puede resolver”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, señaló que antes de tomar una postura firme en relación al proyecto de ley, se solicitará mayor información.
Consideró que “no se le puede pedir a los sectores involucrados que destierren el glifosato de la provincia de la noche a la manaña” y recordó que la Unión Europea está transitando un camino progresivo de reducción del uso de ese agroquímico en el marco del cual recientemente se prorrogaron por cinco años las metas planteadas inicialmente.
Aseveró además que “no existe un indicio científico que indique que el glifosato acarree  problemas de salud”.
Se ocupó de destacar la amplia convocatoria de la reunión de realizada hoy martes. “En esta reunión estuvieron presentes todos los sectores involucrados, no faltó ninguno, tanto del sector empresarial como de los colegios profesionales y del sector público, por lo que podemos calificar como exitosa la reunión”, expresó. “Fue el corolario del encuentro que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier y el ministro del agro José Luís Garay”, en referencia al prólogo de las gestiones iniciadas en la primera semana de junio.
Otro de los que participó de la reunión fue René Urbieta, presidente de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (Cotaprom), quien señaló que “nos convocaron para dar nuestra opinión, interiorizarnos más sobre los proyectos de ley. Respecto al uso de glifosato, vemos que hay mucha desinformación en la sociedad, vemos que no hay alternativa a ese producto, a diferencia de ocasiones anteriores donde a la hora de prohibir un producto se le dio al productor una alternativa, que lo reemplazaba técnicamente”, dijo.
En ese punto recordó la experiencia del sector tabacalero con la eliminación del bromuro de metilo. “Había una concordancia respecto al daño que ocasionaba ese producto y se le dio una alternativa al productor, cosa que no ocurre con el glifosato” remarcó.
Además de los ya mencionados participaron del encuentro Victor Saguier y Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Wilfredo Glesman, de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); Pedro Agostini, del INTA Montecarlo y representantes de los colegios de Ingenieros Forestales y e Ingenieros Agrónomos de Misiones.
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No pinta "proteccionista" el proyecto para regular agroquímicos



El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para reglamentar el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 16/06/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional


Técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y organizaciones del agro, coincidieron en la necesidad de establecer como leitmotiv las buenas prácticas agrícolas (BPA) “iguales” para todos y “ordenar” las distintas normas que prohíben el uso de agroquímicos en todas sus formas de aplicación. Las conclusiones estarán a disposición de las provincias para luego elevarlas al Congreso y avanzar en un proyecto de ley marco de presupuestos mínimos para la regulación de los productos fitosanitarios.
La información fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman que en diálogo con BAE Negocios señaló en primera instancia que uno de los objetivos será “homologar las BPA desde una mirada más integral y que tiene que ver con la trazabilidad”.
Esto quiere decir que las autoridades públicas deberán saber desde quien compra un agroquímico hasta su destino final, pero también en lo referido al descarte de envases, su aplicación, tipo de autorización y hasta quien fiscaliza, y controla el producto.
En este último punto, el ministro criticó “a aquellos intendentes que hacen demagogia y prohíben los agroquímicos, cuando antes de hacer eso, deben controlarlo”; esto quiere decir que “si un avión fumiga y abajo hay una escuela. Cuando el piloto baja, ¿lo metes preso? Con lo cual te la pasas hablando sin asumir ninguna responsabilidad, así es fácil”.
En la actualidad la provincia de Entre Ríos es la que más ordenanzas aprobadas tiene en sus distintas localidades ya sea para evitar el uso de fitosanitarios dentro de lo que es el casco urbano como también en los metros a la hora de fumigar. Hace poco el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, prohibió el uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. Por esto, las entidades del campo decidieron ir a la Justicia. “La semana próxima vamos a presentarnos para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza la cual dice que no se puede impedir la comercialización de un producto. En este caso afecta el trabajo de los productores”, señaló a BAE Negocios, el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell.
Otras de las conclusiones de los técnicos tiene que ver precisamente con las normas y el glosario de términos. “Esto significa establecer por ejemplo qué es el casco urbano, zona de amortiguamiento, distancia según el tipo de cultivo, entre otros, “, afirmó Bergman.
Se entiende que todos estos puntos tienen diferentes criterios en cada provincia lo cual aun es un tema a acordar con cada una de ellas y que se hará en lo que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Por lo pronto se emitirá “un dictamen técnico”, dijo el ministro el cual que pasará primero a las provincias y luego irá a al Congreso para que sea evaluado y ver si es viable avanzar en un proyecto de ley o sacar un resolución, pero entiendo que debemos ir a algo normativo y no a una opción transitoria”.
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