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Los desmontes siguen y crecen en la pandemia



“Salta es cómplice de un crimen ambiental”

Fecha de Publicación
: 16/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.
En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.
Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.
"Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestan. Es responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.
El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. “Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional", señaló Giardini.
Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.

Dos mil hectáreas más que en 2019
En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.
“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
“Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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Rechazan apelación para fumigar

Rechazan la apelación de la histórica cautelar que restringió las fumigaciones

Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: TeLeFe Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


En febrero un juez prohibió los agroquímicos a una distancia menor a 800 metros. El municipio y una productora cuestionaron la medida.
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la Municipalidad de Sastre y una productora agraria en relación a la medida cautelar que estableció la prohibición de asperjar cualquier tipo de agroquímico en un radio de 800 metros desde el fin de la zona urbana de Sastre, en el departamento San Martín.
La decisión judicial avaló además, en todos sus términos, la cautelar impuesta por el juez en lo Civil, Duilio Hail, quien en febrero de este año dictó esa disposición considerada histórica ya que es la primera vez que en la provincia se aplica una restricción para proteger a la población de toda una ciudad.
Tras los recursos opuestos únicamente por el municipio y la productora Marta del Carmen Alasino, la cámara de alzada desestimó la pretensión de dejar sin efecto la cautelar y revalidó la decisión del juez Hail. Los camaristas entendieron que quienes intentaron bajar la medida judicial de protección a los vecinos —el municipio y la productora— "pretendieron fundar el recurso de nulidad en falsas afirmaciones", para invalidar el curso de administración de justicia por vicios en el proceso".
En el análisis de los recursos de apelación la Cámara menciona los artículos Nº 41 y 43 de la Constitución Nacional, que establecen que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales". Los camaristas observaron que esta disposición "va ensamblada con el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física".
También invocan el principio de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles. Aclaran que "aplicando el principio precautorio debe entenderse que este supuesto se configura en el caso ya que, en principio y sin que signifique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, no puede dejar de señalarse que en esta instancia no hay información ni certeza de la inocuidad de los agroquímicos".
Además, la Cámara consideró que no corresponde apartar al juez de la causa por prejuzgamiento, porque "no se advierte que se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ya que sus manifestaciones son las indispensables para fundar la decisión que tomó".

Absurdo
"Es ofensivo y absurdo que se hayan asociado los poderes del Municipio, el económico de los productores y la representación de dos renombrados abogados como (Ivan) Cullen y (Domingo) Rondina para enfrentar a un grupo de vecinos que defienden su salud, la de sus hijos y la integridad del ambiente. Por eso es muy gratificante que la Justicia atienda nuestro reclamo cuando el poder político no aporta las soluciones necesarias para resguardar nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano", indicó Walter Bianchi, uno de los vecinos autoconvocados de Sastre que impulsaron el reclamo.
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El círculo vicioso del glifosato en Argentina



Bayer, Monsanto y el círculo vicioso del glifosato en Argentina

Fecha de Publicación
: 26/06/2020
Fuente: Agencia DW
Provincia/Región: Nacional


DW analizó el impacto que puede tener en Argentina el acuerdo anunciado por Bayer con sus litigantes en EE. UU. por el glifosato.
Indemnización multimillonaria, pero sin aceptar responsabilidad alguna: así puede resumirse el acuerdo anunciado ayer por Bayer con más de cien mil demandantes afectados por cáncer en Estados Unidos, que atribuyen su enfermedad al uso del herbicida Roundup. El gigante alemán seguirá vendiendo el polémico producto heredado de Monsanto y, para ello, se remite a los informes de las distintas agencias regulatorias, que, de momento, no han avalado su peligrosidad.
Hasta ahora, solo el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la OMS, ha clasificado al Roundup como cancerígeno probable. Pero la ciencia también tendrá un lugar en el marco del acuerdo entre Bayer y sus litigantes, ya que se creará un comité científico independiente que decidirá si Roundup provoca cáncer de tiroides, la enfermedad habitualmente más vinculada con este herbicida.

La voz de la ciencia
En realidad, la ciencia lleva hablando décadas sobre el asunto. "Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato", dice a DW Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, e investigador del Conicet. Para Lajmanovich, director académico de varios de los artículos publicados en Argentina sobre el tema, el multimillonario acuerdo anunciado ayer por Bayer supone un "tácito reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato".
Según Damián Verzeñassi, director del del Instituto de Salud Socio Ambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza, el hecho de que Bayer no admita responsabilidad es tan solo parte de su "estrategia judicial", pero, en realidad, la empresa "está reconociendo que sus productos son dañinos" y eso va a tener un impacto sobre el sistema productivo. "Lamentablemente, no en Argentina a corto plazo, pero el acuerdo puede dar mucha fuerza a las organizaciones sociales, a los movimientos de vecinos y a los abogados inmersos en demandas por el uso de este pesticida".

Un modelo productivo no cuestionado
También el investigador Rafael Lajmanovich considera que el acuerdo anunciado ayer por Bayer podrá ser usado como argumento en la decena de causas judiciales abiertas en Argentina por el impacto de los agroquímicos en las poblaciones, en especial el glifosato. Sin embargo, no cree que vaya a cuestionarse el actual modelo de producción, en el que el glifosato juega un papel principal.
"Últimamente se está tratando de avanzar en la regulación de la distancia de las poblaciones humanas en la utilización de agroquímicos. Es algo que se ha logrado gracias a las movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientales y científicas, ya que estamos convencidos de que el actual modelo productivo intoxica el medioambiente y a las personas. Pero debería debatirse sobre el modelo productivo, y eso no se está haciendo", advierte el científico.

Un negocio redondo
Corría el año 1996 y Estados Unidos acababa de liberar la soja RR, resistente al glifosato. Sin llevar a cabo estudios sobre impacto ambiental, Argentina aprobó, a su vez, la liberación de este organismo modificado genéticamente, que facilita el cultivo de soja en cantidades masivas. "Argentina tuvo la desgracia de ser el segundo país del mundo en el que se liberó la soja RR", comenta Rafael Lajmanovich.
"Pero, en realidad, el negocio no estaba en las semillas. El gran negocio, que sigue hasta la actualidad, era el herbicida", prosigue Lajmanovich. "Probablemente fue una estrategia de las multinacionales: liberarlo acá en Argentina, sabiendo que este país tiene leyes laxas en muchos sentidos. Rápidamente, de contrabando, esta soja RR invadió países cercanos: se fue a Brasil, a Paraguay, a muchos países de la región", señala.
Entre 1980 y 2005, la superficie de cultivo de soja en Argentina pasó de 2 a 17 millones de hectáreas, un manto gigantesco sobre el que aplicar los productos de las multinacionales, fundamentalmente el glifosato. Y, durante décadas, las políticas de los distintos Gobiernos no han hecho sino reafirmar la expansión del agronegocio: "Argentina se vio, de alguna manera, condenada a proseguir con el cultivo de estos granos. Es un círculo del cual cuesta mucho salir", sentencia Lajmanovic.
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Proponen restringir las aplicaciones aéreas de agroquímicos

Un diputado kirchnerista presentó un proyecto de ley para prohibir las aplicaciones aéreas de agroquímicos

Fecha de Publicación: 23/06/2020
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Se trata de Leonardo Grosso, quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Además, y restringir a 1.500 metros las terrestres en zonas periurbanas
El diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de Ley para restringir la aplicación de agroquímicos en el campo y trajo mucha polémica.
Es que el trabajo del diputado del Frente de Todos prohibe la aplicación aérea de agroquímicos y la aplicación terrestre, manual o mecánica a menos de 1.500 metros en zonas urbanas.
Además, entre otros de los puntos del proyecto, establece el principio de "duda razonable" en la cual ante la duda de la delimitación del área de protección, se considera zona prohibida y prohibe la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas.
La iniciativa la acompañan otros diputados del Frente de Todos: Ayelén Spósito (Río Negro), Gabriela Cerruti (CABA), Federico Fagioli (Buenos Aires), Héctor Bárbaro (Misiones), Mabel Caparros (Tierra del Fuego) y Blanca Osuna (Entre Ríos)
Según publicó Barbechando, el proyecto fue girado a las comisiones de Agricultura y Ganadería, que preside el camporista José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes) y a la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, a cargo de quien impulsa la iniciativa.
Las sanciones establecidas contemplan apercibimientos y multas que pueden ir del 5 al 50% del valor fiscal del inmueble donde se cometió la infracción. También se prevé la incautación de la maquinaria e inhabilitaciones administrativas.
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Agroquímicos en el suelo y agua de escuelas rurales



Un estudio científico confirmó la presencia de agroquímicos en escuelas rurales de Tandil

Fecha de Publicación
: 16/06/2020
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Así lo determinó un estudio que realizaron investigadores, docentes y alumnos de la UNICEN. Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, neurotóxico y carcinogénicos. En el mismo momento que presentaban el estudio, estaban fumigando a metros de una población rural.
La presencia de los agroquímicos también llega hasta en las escuelas y pone en peligro la vida de los más chicos. Así lo confirmó un estudio encabezado por investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), quienes detectaron la existencia de 16 tipos sustancias peligrosas para la salud humana en 15 escuelas rurales del partido de Tandil.
La investigación se realizó durante dos años, recolectando pruebas en diferentes zonas de la localidad. El resultado fue más que preocupante: Todas las escuelas estaban contaminadas, algunas con hasta 8 de estos productos.
“El informe pone en evidencia el riesgo al que forzosamente está expuesta la comunidad educativa rural del partido, que es la realidad de las escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, mutagénicos,  neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos, capaces de generar abortos espontáneos y diversos efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. La gravedad del asunto no tiene precedentes, estamos hablando del posible daño genético de los niños y su descendencia, que son el futuro" sostiene parte del informe presentado el viernes mediante una videoconferencia.
Según sucesivos estudios científicos, está comprobado que las personas que se exponen repetidas veces a los agroquímicos tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades. Algunas graves: como cáncer y enfermedades respiratorias. 
En resumen, el informe encabezado por la doctora Graciela Canziani, Virginia Aparicio, Agustina Cortelezzi, Eduardo De Gerónimo, Soledad Fontanarrosa y Adela Tisnés, comprueba otros elementos: con las fumigaciones, los agroquímicos se difunden por el aire, se escurren hacia ríos y arroyos y se infiltran hacia las napas subterráneas. “Una vez liberados al ambiente, son incontrolables”, explican.
Esos datos pusieron en duda a las llamadas “buenas prácticas”, que aseguran que se puede fumigar sin dañar a las personas y al medio ambiente, mientras se realice a buena distancia y con todos los protocolos de salud e higiene.
Al mismo tiempo, consideraron urgente la necesidad de realizar un estudio epidemiológico hacia las comunidades rurales del partido de Tandil, en especial enfocado a niños y niñas que asisten a las escuelas fumigadas.
“Las Buenas Prácticas Agrícolas son necesarias, pero absolutamente insuficientes. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no pueden, de ninguna manera, proteger a la población ni a los ecosistemas”, agregaron los realizadores del estudio, que compararon todas las medidas tomadas para evitar los contagios de Covid-19 con el poco control hacia las sucesivas fumigaciones y sus consecuencias.
Según el informe, numerosos estudios sobre la contaminación ambiental producida por estos compuestos “dan cuenta de que las moléculas de agroquímicos plaguicidas son transportadas muchos kilómetros por aire, se descargan con las lluvias, se depositan en los suelos y el viento las desplaza junto con el sedimento eólico, corren por ríos y arroyos y, por supuesto, se infiltran en las napas de agua”.
Por su parte, parte del sector agropecuario y en especial todo lo relacionado al denominado “agronegocio” considera que los diferentes tipos de agroquímicos son indispensables para el control de las malezas y la eliminación de plagas que dañan las cosechas.
Pero, según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en los últimos 22 años, la utilización de diferentes plaguicidas solo aumentó un 30% la producción. A la par, las fumigaciones aumentaron 858%, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50%.
El aporte que realizó la Universidad Nacional del Centro volvió a ratificar lo que ya se venía sosteniendo respecto a las consecuencias del uso de diferentes agroquímicos, así como también marcó un nuevo precedente en la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios del país donde más se fumiga y más resistencia comienza a tener en su población, como ocurrió durante el año pasado en Pergamino y emergió en este, en Mar Chiquita.

El "mosquito" de cada día
Ese mismo día, a la misma hora, mientras los profesionales e integrantes de la UNICEN presentaban el informe que alarmó a la población de Tandil, los vecinos de la localidad rural de Gardey filmaban con resignación una fumigación a menos de 300 metros de un barrio.
Las imágenes exclusivas a las que accedió este medio demuestra la poca distancia entre el trayecto del “mosquito” fumigador y las personas, además de hacerlo en un día con viento desfavorable, que apuntaba hacia el centro urbano.
En febrero de este año, las autoridades de la pequeña localidad autorizaron a fumigar en la plaza pública con herbicida y el veneno llegó hasta la pileta municipal, en donde decenas de menores de edad pasaban la tarde. 
"La Ordenanza vigente en Tandil desde el 2011 prevé distancias de prohibición de fumigación, y así y todo, los agroquímicos están en el suelo y en el agua. Es decir, las buenas prácticas no dan resultado, son ineficientes, la solución es alejar como mínimo las fumigaciones desde donde habitan personas 1095 metros, que está comprobado por investigadores argentinos sin conflicto de intereses, genera daño genético en niños", explicaron desde la Red de Abogadxs de pueblos Fumigados y Generaciones Futuras.
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Salta elegida por la Nasa como ejemplo de deforestación




La Nasa publicó un mapa interactivo de la deforestación del Gran Chaco salteño en dos décadas

Fecha de Publicación
: 23/05/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Salta


Fue este miércoles. Las fotos satelitales superpuestas permiten ver el avance de tierra arrasada en las provincias de Jujuy, Salta y Chaco. El segundo bosque más extenso y diverso del subcontinente después del Amazonas puesto bajo la lupa desde el espacio
El Gran Chaco es el segundo bosque en tamaño y biodiversidad de América del Sur después de la selva amazónica. Tienen distintos climas: el primero semiárido, el otro húmedo. Los dos, sin embargo, sufren similares acciones depredadoras: la rápida deforestación. Con este argumento, la agencia espacial estadounidense eligió el último miércoles como su “imágen del día” fotos satelitales del Chaco que muestran cómo el hombre –ciertos hombres– arrasan con su vegetación autóctona, y con ello también ponen en peligro su fauna, a la par de promover cambios climáticos cuyas consecuencias se verifican a miles de kilómetros.
Las observaciones de los satélites Landsat que expone el sitio de la Nasa indican que aproximadamente el 20 por ciento (142 mil kilómetros cuadrados) del bosque se convirtió en tierras de cultivo o de pastoreo entre 1985 y 2013.
De 2010 a 2018, más de 29 mil kilómetros cuadrados fueron limpiados para granjas y ranchos, sigue el texto de la agencia espacial con remito de los datos a la organización sin fines de lucro Guyra Paraguay. Y añade: gran parte del desmonte se da en la Argentina.
El Gran Chaco se extiende por unos 650 mil kilómetros cuadrados en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el bosque seco más grande de América del Sur, reseña el artículo de la Nasa.
Se compone principalmente de arbustos y árboles de madera dura que proporcionan hábitat para miles de especies de plantas y cientos de especies animales. Los nativos wichí han cazado y se han reunido en esta tierra durante décadas.
Las imágenes muestran la deforestación en un lapso de dos décadas alrededor de la provincia de Salta. La imagen del 18 de diciembre de 2000 muestra una mezcla de tierra despejada y áreas más verdes. La imagen del 24 de diciembre de 2019 muestra gran parte del bosque reemplazado por grandes campos.
Se trata de imágenes procesadas procedentes del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (Modis) instalado en el satélite Terra de la Nasa.

Soja y vacas a un alto precio ambiental
Gran parte de la tierra despejada, afirma el artículo de la Nasa, se convirtió en tierras de cultivo para soja y espacios para la cría de ganado.
Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo. La investigación de la ONG paraguaya muestra que la producción de soja fue un impulsor directo de la deforestación en el bosque durante la década de 2000.
La creciente demanda mundial del poroto –en gran medida para alimento animal– y el aumento de los precios internacionales motivaron a los productores de la región, muchos de ellos grandes jugadores del mercado, a incursionar en tierras sin explotación agrícola previa. Un aliciente extra son las modificaciones genéticas que permiten a la soja resistir climas más severos. Así comenzó el avance sobre bosques y regiones áridas, al compás de legislación ambiental nula o pobre, y falta de control estatal sobre las violaciones a la normativa vigente.

Rara “federalización”
El control de la deforestación en el Gran Chaco es un desafío con varias vertientes, que incluyen el poder de lobby de los grandes productores y exportadores sobre los gobiernos.
En 2007, la Argentina promulgó una “ley forestal” nacional –Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– que descarga en los gobiernos locales la regulación y fiscalización de la expansión de la agricultura a gran escala y la fijación de prácticas para proteger los bosques nativos. La investigación muestra que esas administraciones locales no pudieron, no quisieron o no tuvieron poder suficiente para hacer cumplir la ley en numerosas zonas protegidas. Muchas, incluso, experimentaron un aumento de la deforestación después de la aprobación de la norma.
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Apenas el 5% de empleo de productos biológicos en agricultura



Sólo el 5% de los productores agropecuarios usan productos biológicos

Fecha de Publicación
: 16/05/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Así lo indica un estudio realizado por Map Of Agriculture, que de todas formas indica que "el panorama a futuro se muestra prometedor, dado que el 36% cree que esta tendencia aumentará".
Map of Agriculture realizó un estudio sobre la utilización de productos biológicos en la Argentina, y el resultado de la encuesta realizada a 944 establecimientos productivos de todo el país muestra que sólo el 5% los utiliza.
“La oferta de mercado de productos para la protección de cultivos posee una amplia variedad de marcas, tecnologías y precios. La mayoría de las adversidades producidas por organismos vivos en los cultivos se controlan a través de productos agroquímicos“, sostiene el informe, y agrega: “Por su parte, la categoría biológicos, lleva varios años intentando responder a una premisa que toma cada día más fuerza entre la comunidad agropecuaria y en el mundo. Como dicen los especialistas se tratan de organismos vivos para el control de otros organismos vivos“.
Un dato a tener en cuenta que se extiende del informe, es que si bien sólo el 5% de los productores de la Argentina utiliza este tipo de productos, el 36% considera que la tendencia aumentará.
Detallado por provincia, “sabemos que en provincias como Santa Fe, Buenos Aires y Chaco, el conocimiento sobre este producto supera el 53%, no obstante, el porcentaje de establecimientos que conocen y utilizan productos biológicos son: 9%, 5 % y el 2% respectivamente”, amplía el informe de Map of Agriculture.
“El 25% de nuestra muestra total (228 entrevistas) representa netamente al productor de agrícola. Entre ellos el conocimiento y uso de productos biológicos es del 9%, mientras que un 59% los conoce, pero no los usa, y un 32% no conoce este tipo de productos“.
Existen diferencias tanto en el conocimiento como en el uso de productos biológicos según el tipo de cultivo principal del productor, y según el estudio, “el mayor conocimiento sobre estos productos se encuentra en productores de Trigo, siendo que el 75% dice conocer los productos, pero no utilizarlos, en tanto los usuarios de productos biológicos dentro del segmento agrícola no superan el 9%”.
De aquellos que utilizaron los productos biológicos, el 85% tiene una valoración positiva del producto (muy bueno 20% y bueno 65%), mientras que sólo el 15% sostiene un resultado negativo o regular.
Mirá el informe completo haciendo click AQUÍ.
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Documental sobre los daños de Bayer- Monsanto en Rojas



Rojas: Difunden un documental los daños que causa un producto de Bayer- Monsanto

Fecha de Publicación
: 13/05/2020
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires


El documental detalla con datos concretos y cruelmente reales, como la “invasión” de Bayer- Monsanto en el distrito de Rojas, desde hace más de 20 años, “ha transformado no solo la fisonomía del paisaje rural, sino la misma profundidad de la tierra y de todos los seres vivos que habitaban en ella”.
Según da cuenta el portal de noticias local, Rojas Ciudad, el agro tóxico al matar todo tipo de malezas, “mata también a casi todas las especies de bichos del campo, los microbios y bichos que conformaban la microbiología tan rica que existía”, al tiempo que asegura que “las consecuencias más trágicas se seguirán sufriendo en las futuras generaciones, puesto que el daño ya es genético en los habitantes” del distrito.
Tal como lo expresa el material audiovisual, estas prácticas afectan no solo a los seres vivos, sino que han provocado la muerte de la tierra que ya no posee más abonos naturales, y además al ir muriendo se va secando y sellando, lo que aumenta los riesgos de nuevas inundaciones aun en lugares donde no se registran altos índices de lluvias.
Así pues, en Rojas llevan adelante actos en “beneficio” de la comunidad a la que ellos mismos condenan a muerte. En ese sentido, hacen donaciones, pintan edificios públicos, enseñan oficios en cursos acelerados, entre otros ejemplos de alto contenido hipócrita.
Como lo afirma un médico en el documental, “no es lógico producir alimentos aplicándoles veneno, porque luego se ingieren. Esto lo comprenden desde los niños hasta cualquier ser humano sensato y con una mínima dosis de bondad pero, estas multinacionales llevan la misma venda de corrupción en los ojos que la mayoría de los miembros del sistema judicial argentino, que hacen todo lo posible junto al poder político que esté de turno para ocultar esta tragedia que sufre el pueblo”, finaliza la nota de Rojas Ciudad. (InfoGEI)
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Más fumigaciones: precursores con baja de aranceles



En un guiño al agronegocio, bajan aranceles para importar insumos para fabricar glifosato

Fecha de Publicación
: 07/05/2020
Fuente: Rebelion
Provincia/Región: Nacional


Lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de precursores para la elaboración de herbicidas. Fuerte rechazo a la medida de las asambleas de pueblos fumigados.
Aun en días de pandemia y emergencia sanitaria, los intereses del agronegocio fueron, una vez más, favorecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la reducción de aranceles para la importación de insumos que se utilizan en la fabricación de potentes herbicidas como la atrazina y el glifosato. “Estos productos nos están matando, envenenando, y además aumentan los riesgos porque disminuyen considerablemente nuestras capacidades inmunológicas ante el coronavirus”, denuncian desde los pueblos fumigados.
A través de su publicación en el Boletín Oficial, se informó la puesta en vigencia de acuerdos de complementación económica entre los países del Mercosur que implican una rebaja del 2% sobre el valor FOB (el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) de los ingresos al país de monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas, y dimetilamina, con un límite de 6000 toneladas, por los próximos seis meses. El “descuento” había sido solicitado por la Argentina a principios de marzo durante una reunión de los cancilleres en Montevideo.
“Son compuestos que se usan como precursores, intermediarios para la fabricación de, por ejemplo, atrazina y glifosato, que son los herbicidas presentes en todo lo que nos imaginemos, no sólo en la soja transgénica, sino también en la producción hortícola, en las frutas, el tabaco y la yerba”, advierte Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“La atrazina –continúa– está prohibida incluso en su país de origen, que es Suiza. Es un producto desconocido en la Argentina, no está posicionado en la prensa, pero es peligroso porque está demostrado que se solubiliza en agua y se arrastra a las napas. También que, mezclado con otros componentes como ocurre durante las fumigaciones, afecta el sistema endócrino”.
Si bien es cierto que su nombre no es muy conocido, la atrazina es un herbicida usado hace muchos años Argentina, al principio asociado fundamentalmente a la fumigación de campos de trigo y maíz y, en el último tiempo, extendido a prácticamente todos los cultivos. Tanto que, junto al glifosato y el 2,4D, es de los más aplicados en el país.
“Nos resulta preocupante que en medio de la pandemia de Covid-19, que afecta la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país. Esta resulta, además, una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales que operan en el negocio de la agroindustria extractivista, con el fin de asegurar sus ingresos en el suministro de venenos para la próxima temporada de siembra de cultivos transgénicos”, se lee en el comunicado de repudio publicado por las “Asambleas de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y colectivos hermanos”.
Precisamente, la figura del canciller Solá generó una molestia extra entre los ambientalistas, quienes no olvidan su insistente gestión para autorizar el uso de la primera soja transgénica hace más de 25 años (ver aparte).
“La baja de aranceles –reflexiona Souza– va a generar un abaratamiento en la fabricación y por ende en el costo de los herbicidas. El gobierno busca un equilibrio: por un lado, subir las retenciones y, por otro, reducir los costos de producción. Esa fue siempre la política de Solá de mantener contentos a los productores”.

Contradicción
El 22 de abril, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, difundió un video que tomó muchos de los reclamos que se le vienen haciendo al actual modelo de producción. Sin embargo, el abaratamiento de los insumos para fabricar agrotóxicos o la inclusión de las fumigaciones dentro de las actividades esenciales exceptuadas de cumplir la cuarentena (junto a la minería y la explotación forestal) constituyen, para los ambientalistas, una “gigantesca contradicción”.
“Nos parece muy triste que se siga apostando al mismo modelo químico de producción de commodities que provocó un desequilibrio biológico, la destrucción del hábitat y una deforestación que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo”, se lamenta Gabriel Arisnabarreta, productor agroecológico e integrante de Ecos de Saladillo. En el mismo sentido se expresa Yanina Gambetti, del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina: “Lo más grave es que estas multinacionales beneficiadas son justamente las que están acabando desde hace décadas con la salud de los pueblos y de la tierra”.

Solá y los transgénicos
La conformación del marco regulatorio sobre semillas genéticamente modificadas comenzó en el país en el año 1991, con la creación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Cinco años más tarde, en 1996, el entonces secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó de manera exprés y en base a estudios de Monsanto que ni siquiera fueron traducidos al español, la primera soja RR (por Roundup Ready), tolerante al herbicida glifosato y producida, obviamente, por esa multinacional, hoy en manos de la alemana Bayer. Desde entonces, los gobiernos sucesivos no dejaron de incentivar el modelo transgénico. Durante la presidencia de Mauricio Macri, por ejemplo, el ritmo de aprobación de los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) se disparó, avalando 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad (el 41%) de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios. De ellos, 18 fueron aprobados sólo en los últimos dos años de gestión.
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Los agrotóxicos también son pandemia



La pandemia de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 21/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Más de cien organizaciones campesinas y socioambientales apoyan los cuidados de cuarentena, coinciden en la importancia de la salud por sobre los negocios --como sucede con el coronavirus--, pero reclaman que se actúe de forma similar ante los agrotóxicos.
“¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?”, es el título del comunicado de más de cien organizaciones sociales, ambientales y rurales que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población durante la cuarentena. Por contrapartida, organizaciones de la agricultura familiar-campesina se comprometieron a mantener la producción y los precios durante la pandemia. En Misiones, la organización Productores Independiente de Piray (PIP-UTT) donó 5000 kilos de alimentos en barrios populares.
“Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, comienza el texto firmado por la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), la Red Federal de Docentes por la Vida, las ONG Naturaleza de Derechos y Acción por la Biodiversidad, el colectivo de comunicación Huerquen, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas, entre otras.
Entre las actividades “esenciales” y exceptuadas durante la cuarentena figura “la producción agropecuaria”, donde no se diferenció entre quiénes producen alimentos sanos, sin venenos, de los que producen transgénicos para exportación.
Desde el agronegocio, donde sobresale la Mesa de Enlace y Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa) comenzaron una campaña publicitaria donde se muestran “preocupadas por la salud”: ofrecen máquinas fumigadoras para combatir el dengue, regalan silos-bolsa (plásticos gigantes donde acopian los granos) para fabricar ropa de protección de hospitales y clínicas, productores de Villa María (Córdoba) publicitaron la donación de maíz transgénico en comedores comunitarios. La empresa cordobesa Porta Hermanos, en juicio por contaminar y enfermar al barrio San Antonio, publicita una campaña de donación de “alcohol en gel solidario”. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), donde participan todas las grandes empresas de agrotóxicos y transgénicos, envió una gacetilla el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, con un llamado a lavarse las manos y cuidarse del coronavirus.
“Si realmente queremos privilegiar la salud de la población, hay que prohibir que nos sigan contaminando y enfermando con venenos, es urgente cambiar el modelo agropecuario”, afirmó Eugenia Boccio, una de las impulsoras del escrito. Forma parte del Colectivo Cultura Orgánica de San Jorge (Santa Fe), ciudad que acumula denuncias y luchas contras las fumigaciones. Llamó a tener una mirada amplía frente a la pandemia: “Está muy bien aplaudir a los médicos, pero sin los campesinos que producen alimentos no podemos vivir”.
La Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero denunció en lo que va de la cuarentena fumigaciones en los departamentos de Jiménez, Rivadavia, Ibarra, Belgrano, Río Hondo y Pellegrini. Se repitieron casos en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. “Es la trágica cotidianidad de los pueblos fumigados, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de litros de agrotóxicos”, denunciaron las organizaciones y exigieron la aplicación de la Ley 25.675, que establece el “principio precautorio”: cuando hay riesgo de afectar la salud y el ambiente, se deben tomar medidas de protección.
En Argentina existes numerosas pruebas de los efectos de los agrotóxicos. Desde las denuncias de los pueblos afectados (Madres de Ituzaingó de Córdoba, vecinos de Avia Terai en Chaco y de San Salvador en Entre Ríos, entre otros) hasta las pruebas científicas. En la “Antología toxicológica del glifosato”, Eduardo Rossi recopiló más de 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida más famoso.
 El escrito de las organizaciones cita el libro “Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina”, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Sistematizaron información de más de treinta relevamientos sanitarios en pueblos y ciudades (en el marco de la materia Práctica Final), y dan cuenta de las enfermedades que se repiten en los pueblos fumigados: abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas, problemas respiratorios y pulmonares.
“Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente; quienes firmamos esta carta les pedimos a nuestros gobernantes, una vez más, que defiendan nuestra salud”, resalta el final del escrito. Afirman que es tiempo de impulsar la agroecología, con alimentos sanos y a precios justos.
Como muestra de ese otro modelo, Productores Independientes de Piray (organización de El Dorado, Misiones, parte de la UTT) donó 5000 kilos de mandioca, poroto, maíz y frutas a familias humildes. En la misma sintonía, cuatro organizaciones de la agricultura familiar lanzaron la campaña “compromiso social de abastecimiento”, para que no falten alimentos durante la pandemia. Consiste en mantener el nivel de producción y a los mismos precios que estaban antes de la cuarentena. Se trata de la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Frente Nacional Campesino (FNC).
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Las fumigaciones sin freno por el Covid-19



Las fumigaciones no paran, ni su efecto inmunodepresor  

Fecha de Publicación
: 01/04/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Exceptuados por el DNU que permite la actividad en la cadena agropecuaria y de la alimentación, los productores siguen aplicando agrotóxicos, que en medio de la pandemia irritan las vías respiratorias y debilitan el sistema inmune de las poblaciones expuestas.
Aún en un contexto de pandemia mundial, donde todas las voluntades deberían estar puestas en proteger la salud de la población, no son pocos los productores que se aprovechan de los recursos ocupados en contener la propagación del Covid-19 para fumigar sin ningún tipo de control o escrúpulo. “Continuar con este sistema de producción que libera veneno, no sólo no disminuye la cadena de contagio, sino que, en realidad, habilita el desarrollo de patologías respiratorias graves”, advierten los especialistas.
El DNU 297/2020 establece en su artículo 6 que las cadenas agropecuarias y de la alimentación quedaran exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que rige en la Argentina, al momento del cierre de esta edición, hasta el 31 de marzo. La fría letra del decreto presidencial ampara, por desgracia, a aquellos que privilegian la economía de sus bolsillos sobre la salud de sus semejantes.
“La primera pregunta que hay que hacerse es si la producción de commodities agroindustriales para la exportación forma parte de la cadena agroalimentaria. Luego, por un lado, está el Covid-19 con una especial morbilidad (capacidad de enfermar) en aquellas personas con problemas en las vías respiratorias, y por el otro, los productos que se usan para fumigar, que sabemos que son irritativos para las vías respiratorias y gastrointestinales. Y esto no es una hipótesis, porque lo dicen los membretes de los mismos envases. La siguiente pregunta que debería hacerse el sistema en general, es decir, el poder político y el resto de la sociedad, es por qué exponer a la gente a químicos que generan irritación en las dos vías fundamentales del ataque del coronavirus”, dice a Tiempo Damián Verzeñassi, especialista en Medicina Legal e investigador en temas de salud socioambiental.
“Pese a la situación en la que está sumida la humanidad ante la pandemia del nuevo coronavirus, en función de la cual el gobierno nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, el avance de avionetas y máquinas terrestres con agroquímicos sobre las casas de lxs vecinxs continúa, poniendo en riesgo la salud de las comunidades”, denunció en un comunicado la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero, aludiendo a las fumigaciones constantes que se registraron en El Bagual, Casilla del Medio, El Charco Bobadal y otros parajes de la zona, limítrofe con Tucumán.
“La situación está peor que antes, porque la justicia también está en cuarentena. Cuando hacemos la denuncia, el fiscal nos dice que está solo porque la gente trabaja desde la casa, y con la policía, la mayoría está cuidando los accesos. Así que los sojeros se aprovechan y le meten con todo, no les importa, te tiran el veneno por la cabeza. Es un desastre”, se queja Sergio Raffaelli, párroco de Pozo Hondo y referente de la lucha de las comunidades.
El comunicado de la Mesa exige, “en un momento en que los organismos del Estado no dan abasto con los controles, y que los sistemas de seguridad están concentrados en la emergencia sanitaria”, el cese de fumigaciones y pulverizaciones conforme la aplicación del principio precautorio.
“En este contexto, continuar con un sistema de producción que libera veneno, no solo no disminuye la cadena de contagio, sino que, en realidad, habilita el desarrollo de patologías respiratorias graves. Esa gente fumigada tiene un riesgo mayor de padecer una infección grave por coronavirus respecto de las personas que no están expuestas”, destaca Verzeñassi.

Hipocresía
Selva, una modesta localidad de 2500 habitantes en el sur de Santiago del Estero, tuvo hace unos días la fama repentina que otorga la noticia sensacionalista: la supuesta infidelidad de uno de sus vecinos causó el aislamiento total del pueblo. Pero ni antes y tampoco después los medios nacionales cubrirán el drama cotidiano.
“En el pueblo de la novela, como le decimos a Selva, de los primeros nueve días de aislamiento, en cuatro los vecinos vieron salir al avión aplicador del hangar. En un contexto de pandemia y emergencia sanitaria esto es muy grave, porque los agroquímicos provocan debilitamiento del sistema inmunológico. Los vecinos nos mandan videos de los aviones pasando sobre las cabezas de los chicos. Es una situación constante”, se lamenta Virginia Toledo López, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y miembro del Grupo Ecología Política, dependiente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
López elaboró junto a un equipo del Instituto Gino Germani (UBA) un trabajo que analizó los riesgos e impactos socio–sanitarios de las fumigaciones con agrotóxicos en la zona, detectando que “las comunidades carecían de los medios, recursos e información para denunciar” los atropellos de los productores. “Encontramos muchos campesinos despojados de sus medios de vida por el avance de la frontera agropecuaria y que la creciente conflictividad social por las fumigaciones no es debidamente atendida”.
La misma tragedia se repite en cada área rural del país. En Entre Ríos, por ejemplo, el martes 24, con una temperatura que superaba los 30 grados, una avioneta descargó miles de litros de insecticida sobre la casa de Lidia Moreyra, en la zona del Sexto Distrito, departamento de Gualeguay. Lidia, que tiene 50 años, vive con su hijo de 24, su madre de 91 enferma de Parkinson, y su pareja de 70 con antecedentes de cáncer de colon.
“El olor me descompuso, me causó vómitos y mareos, se me fue la fuerza de las piernas, estuve en cama hasta el otro día”, cuenta la mujer, que desde 2017 denuncia las aplicaciones en campos linderos, sin ninguna respuesta.
“Es paradójico que, en épocas de pandemia, donde hemos parado un país para proteger a nuestra gente, no sólo sigamos con el modelo que nos enferma, sino que, ante la falta de controles, recrudezca la exposición”, dice María Fernández Benetti, abogada entrerriana e integrante de la Coordinadora Basta es Basta y agrega: “En época de coronavirus, el agronegocio demuestra hipocresía y desprecio por la vida”.
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Pergamino: confirma competencia en causa por agroquímicos



Confirman la competencia federal en la investigación por el uso de agroquímicos en Pergamino

Fecha de Publicación
: 25/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Santa Fe


La Cámara Federal de Rosario rechazó el planteo del intendente de esa localidad y advirtió que la afectación al acuífero Puelche habría alcanzado una extensión interjurisdiccional todavía no delimitada. Durante el proceso ya se había prohibido fumigar con ciertos productos por el impacto en la salud de las personas.
La Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez, y confirmó la competencia federal de la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en esa localidad y zonas urbanas, luego de que se conocieran estudios que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas” afectadas. En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
La resolución -adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará- fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El jefe comunal, como pretenso querellante, sostenía que no se encuentra acreditada que “la supuesta contaminación” en “una zona urbana y rural del partido de Pergamino haya afectado otras jurisdicciones”. Lo sostuvo ante el juez federal de instrucción nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo, y luego ante la Cámara Federal rosarina.

“Una realidad mucho más compleja”
El fallo reseñó los argumentos de Di Lello. El fiscal había puesto de resalto que “el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación”, puesto que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”, no obstante persistan medidas en tal sentido.
La fiscalía destacó que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino” están “siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”
“Por otro lado se encuentra aún discutido en autos la calidad del agua que beben en sus domicilios, en el cual en todos los casos se ha detectado la presencia de moléculas correspondientes a compuestos químicos vinculados a los productos pesticidas (tales como glifosato, AMPA, imazaquin, hidroxi-atrazina, etc.)”, señaló el representante del MPF en su intervención previa a la de la Cámara.
Asimismo, Florencia Morales, en su carácter de querellante, refirió que los acuíferos afectados son los Puelche y Pampeano, recurso hídrico subterráneo interjurisdiccional. En cuanto al Puelche, el camarista Barbará valoró su descripción como “la principal reserva de agua potable de la Argentina. Da de beber a buena parte de nuestro mayor conglomerado urbano, provee a sus industrias y riega la zona que genera casi todo el producto bruto agrícola del país”.

Competencia federal
Al resolver, Barbará señaló: “los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada”.
Esas, entendió el juez, son razones que “constituyen motivo suficiente para rechazar los agravios del recurrente y confirmar la resolución del 27 de agosto de 2019” de Villafuerte Ruzo, que había rechazado la remisión de la causa a la justicia provincial. También se incorporó el memorial del fiscal general Palacín, quien propició la confirmación de la decisión del juez de instrucción.

Medidas adoptadas y sugeridas
A fines de agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
El fallo dispuso el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUDUP ULTRAMAX; en zonas urbanas y periurbanas”.
Luego, en diciembre del año pasado, la Fiscalía sugirió una serie de nuevas medidas, entre las que se destacaban la producción de un informe con carácter urgente por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279 -sobre Productos Fitosanitarios-, “respecto de la situación real” de la región “en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley”.
Hay tres productores rurales procesados por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos”
El escrito presentado en esa ocasión reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich -profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet-. “En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico”, propuso Di Lello.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino”.
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Integrante del Mocase detenido ilegalmente



Detienen ilegalmente a un integrante del Mocase denunciado por Manaos

Fecha de Publicación
: 20/03/2020
Fuente: Notas. Periodismo Popular
Provincia/Región: Santiago del Estero


Se trata del responsable de la secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización campesina quien fue detenido este martes por efectivos policiales sin presentar orden alguna a raíz de una denuncia del dueño de la compañía de gaseosas.
Sin presentar orden ni notificar a sus familiares, este martes fue detenido en su vivienda de la ciudad de Quimilí, Cariló Olaiz. Se trata de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase – VC). La irregular detención se originó por una denuncia de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien desde hace años pretende quedarse ilegalmente con 500 hectáreas de bosque provincial en una finca donde viven 60 familias campesinas e indígenas.
“Denunciamos la impunidad sistemática de Orlando Canido, dueño de la Gaseosa Manaos y con un largo historial de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas del norte argentino, que ayer mismo se reunió en Fiscalía de Estado de la Provincia con una de las abogadas de dicho organismos”, expresó el Mocase en un  comunicado que contó con las firmas de adhesión de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otros.
A su vez, el mensaje denunció también la “complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de Santiago del Estero” a quienes acusaron de favorecer siempre a terratenientes y empresas y actuar “contra las comunidades campesino indígenas”.
Este lunes Canido había pedido reunirse con la abogada Andrea Olmedo, asesora del fiscal de Estado y abogada que representa al Estado provincial en varias causas, muchas de ellas vinculadas a tierras fiscales. Al día siguiente, la fiscal Lorena Belkis ordenó el procedimiento donde fue detenido Cariló Olaiz quien junto a otros miembros del Mocase vienen defendiendo las tierras que Manaos pretende usurpar.

Un empresario con un largo historial de violencia e impunidad
Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa Manaos, presentó en 2014 un título de compra de un campo con dos lotes, de mil y de 1.163 hectáreas, ubicados en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña.
En paralelo, también presentó un proyecto agrícola a la Dirección de Bosques provincial que en un primer momento lo aprobó. Inmediatamente se inició el desmonte de 55 hectáreas que fueron frenadas por la resistencia del Mocase, quienes a su vez realizaron un reclamo judicial por la posesión de las tierras y denuncias a Canido. Frente a esta situación, la Dirección ordenó la suspensión del desmonte. Sin embargo, Canido se burló las regulaciones y avanzó sin realizar una audiencia pública. Desde entonces, los ataques de grupos armados a las comunidades campesino indígenas son sistemáticos.
A comienzos de 2016 el Mocase denunció que Canido pretendía desmontar cuatro mil hectáreas de monte nativo, donde habitan 60 familias. Asimismo informaron que sus topadoras ya habían “arrasado” 500 hectáreas “quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el Mocase”.
En julio de ese año, la comunidad Iacu Chiri – Bajo Hondo fue la víctima de una agresión de bandas armadas contratadas por Canido.
“Han roto las piletas donde beben los animales; creemos que han tirado veneno en el pozo; quemaron los corrales de las cabras y los chanchos; quemaron la casa que estaba levantando un compañero de la comunidad; y se han llevado la bomba de agua también”, denunciaron desde la organización en ese momento.
Vale recordar que también en octubre de 2014 se difundió un video donde se veía a paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos. En aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del Lote 5 cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el Mocase denunciaba a Canido quién se presentaba “siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y diciendo que compra tierra para Amado Boudou”.
Sin embargo en 2003 se había radicado la primera denuncia contra Canido por “hostigamiento y agresiones a pobladores”. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse.
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Denuncia penal quema de pastizales en las islas del Litoral



Rosario denunció a los responsables de la quema de pastizales en las islas

Fecha de Publicación
: 05/03/2020
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Litoral Argentino


La Municipalidad presentó la demanda penal en Paraná por delitos "contra la seguridad pública y el medioambiente".
La Municipalidad de Rosario, a través de la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, presentó en los Tribunales de Paraná una denuncia penal contras los productores responsables de los incendios de pastizales en la zona de islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario y contra los funcionarios "responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia", en caso de que la Fiscalía lo considere necesario.
La información incluso fue confirmada por el intendente rosarino Pablo Javkin, quien aseguró que la subsecretaria legal y técnica se encontraba en Paraná realizando una denuncia penal "contra aquellos responsables de las quemas intencionales de pastizales en la zona de islas del Alto Delta del Río Paraná, enmarcados en la figura de delitos contra la seguridad pública y como así también en distintas figuras referidas al medioambiente".
En su presentación, Conti señaló: "Tal como se ha expresado precedentemente, se ha detectado en el espacio aéreo la presencia de gran cantidad de humo y cenizas a causa de los incendios producidos intencionalmente en los pastizales en el Alto Delta del Río Paraná, frente a la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe (Rosario), perjudicando a una cantidad de actores: la fauna íctica de los cuales viven gran número de los habitantes de nuestra ciudad y zonas aledañas, la flora, los pobladores ribereños, los transeúntes, los turistas, y los habitantes de Rosario también se encontrarían perjudicados".
"A manera de ejemplo –redondeó Conti– decimos que el humo junto con la niebla dificulta la visibilidad en las rutas propendiendo a la producción de accidentes automovilísticos; la atmósfera, el aire contaminado afecta el sistema espiratorio, entre otras cuestiones de salud".
Más adelante expresó que "ante esta situación, es de marcada urgencia constatar por parte de las autoridades de contralor, responsables del área, si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder (Ley 9868), individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente en resguardo del resto de la población y el medio ambiente definido como el 'medio vital para la vida de los seres humanos'".
La funcionaria destacó que "la presente denuncia se efectúa contra los responsables de la quema intencional e indiscriminada de pastizales en la zona de islas-humedales Alto Delta del Río Paraná, y, en su caso, de valorarlo la Fiscalía, contra los funcionarios responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia".
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Radiografía de la deforestación en Argentina



Arrasar para cultivar: una radiografía de la deforestación en Argentina

Fecha de Publicación
: 28/02/2020
Fuente: biodiversidadla.org - InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad y la reducción de la deforestación podría ser la clave para frenar su avance. ¿Argentina podrá estar a la altura de los cambios que se necesitan?
“Según datos del Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas (2014) en América Latina, en nuestro país, a contramano de la tendencia global, se explica el aumento de la producción agropecuaria más por la extensión de las tierras arables que por la productividad de sus cultivos”, sostienen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En nuestro país, este modus operandi deviene en el proceso conocido como “pampeanización”: la exportación de la lógica productiva pampeana hacia otras ecorregiones del país (Chaco, por ejemplo). Como explican desde FARN, en menos de 20 años nos hemos encargado de deforestar el equivalente a la superficie de la provincia de Formosa.
Un dato: la deforestación, por la transformación de bosques nativos para la producción de cultivos y la ganadería, ha emitido el 10,52 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional. En ese sentido, Belén Zermatten de PWC en Argentina, explicó durante la jornada final de la Diplomatura en Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible, organizada conjuntamente por la Fundación Criteria y la Universidad del CEMA, que, según el Acuerdo de París, “el promedio de reducción de emisiones que se necesita a nivel global para cumplir con las metas que pusieron cada una de las naciones que adhieren es de un 3 por ciento. De acuerdo con los últimos resultados, se ha logrado una reducción 1,6 por ciento, lo cual está bastante por debajo del compromiso”.
DEF pudo dialogar con la directora ejecutiva adjunta de FARN, Ana Di Pangracio, sobre las cifras de deforestación en nuestro país: “A nivel de Argentina, es un problema serio, y lo más grave es que la deforestación ilegal persiste, particularmente en un bosque de relevancia regional como el Gran Chaco, que compartimos con Bolivia y Paraguay”. Para ella, la conversión de bosques a tierras agrícolas, el pastoreo excesivo, la rotación intensa de cultivos, el manejo no sostenible de los bosques, la introducción de especies vegetales y animales exóticas invasoras, la infraestructura a gran escala, la explotación minera y de petróleo, los incendios, las plantaciones forestales, la contaminación y el cambio climático impactan negativamente sobre los bosques, sus ecosistemas y especies.

De hecho, la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, es la responsable de generar los datos de pérdida de bosques nativos. De acuerdo a los trabajos realizados, se pueden saber alguno de los efectos que génera la reducción de estos bosques. Entre ellos, se puede mencionar la pérdida de la biodiversidad en muchas escalas, lo que afecta la estabilidad y el mantenimiento de los procesos evolutivos, así como también las funciones ecosistémicas. Además, modifica el ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo y de otros elementos que alteran la conexión entre los componentes vivos y no vivos de la tierra. Asimismo, genera la emisión de gases de efecto invernadero y afecta la calidad de vida de las poblaciones.

Cifras alarmantes
“Según datos de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), entre 1998 y 2002, desaparecieron más de 780.000 hectáreas de bosques. En los siguientes años, previo a la entrada en vigor de la Ley de Bosques, el proceso se acentuó, y se arrasaron 1,1 millones de hectáreas, en su gran mayoría, a manos de la soja”, sostiene la directora de FARN, quien, además, explica que, con estas cifras, la tasa de deforestación de la Argentina resultó seis veces más alta que el promedio mundial. En ese sentido, Di Pangracio señala que el desmonte más intenso se producía en la franja de transición entre el parque chaqueño y las yungas; se perdían un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora.
Frente a tan grave situación, en 2006 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para atender la emergencia forestal que se atravesaba. Se trató de una iniciativa del entonces diputado Miguel Bonasso. Finalmente, la Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Desde entonces, el escenario se modificó, aunque, como explica, la deforestación ilegal sigue existiendo y, de hecho, se desmontan bosques protegidos por las categorías amarilla y roja de la Ley 26331, uso sostenible y conservación estricta respectivamente.
Pese a las medidas adoptadas, las cifras siguen siendo alarmantes. “El porcentaje de la superficie del país cubierta con bosque nativo era de 11,26 por ciento en 1998 y bajó al 9,77 por ciento en 2015. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000 de hectáreas, a una tasa anual de deforestación de 0,83 por ciento. Nos queda en pie el equivalente al 30 por ciento de las masas forestales originales. Índices internacionales ponen también de relieve el escenario argentino en materia de bosques nativos: en 2014, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que en Argentina ocurre el 4,3 por ciento de la deforestación global. Por su parte, un informe de la FAO ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 2010 y 2015”, detalla Di Pangracio al tiempo que insiste en que se debe profundizar el trabajo en materia de combate de la deforestación ilegal y ofrecer opciones de uso sostenible y responsable de los bosques nativos.
“El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo era de 11,26 por ciento en 1998 y bajó al 9,77 por ciento en 2015. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a 27,3 millones en 2015”.¿Hay tiempo para un cambio?, para Di Pangracio, sí: “Tenemos la herramienta para lograrlo, la Ley de Bosques 26331, pero necesitamos el compromiso político a la altura del desafío y recursos dinerarios. Para 2020, la Ley de Presupuesto 2020 prevé asignar un total de $609.829.000, lo que equivale a solo el 3,25 por ciento del mandato legal y significa que, por cada hectárea de bosque nativo que posee, Argentina invertirá apenas $10,20. Sin plata, no podemos salvar los bosques”.

Lejos del ideal agroecológico
Para Di Pangracio, Argentina transformó buena parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. “El avance de la frontera agropecuaria es atribuible en gran medida a la expansión del cultivo de la soja, por sus elevados precios internacionales y los nuevos países que se sumaron a la demanda. Esto impacta en los ecosistemas y en la salud de las personas, debido al abusivo y desaprensivo uso de agroquímicos que supone el agronegocio. Se necesita acordar intervenciones en el bosque que sean genuinamente sostenibles y avanzar hacia sistemas agroecológicos”.
En ese sentido, la directora de FARN explica que la zona más afectada, porque aún preserva bosque nativo en pie y poco salvaguardado bajo alguna categoría de área protegida, es el Gran Chaco (las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero concentran gran parte de la deforestación). Básicamente, allí el suelo fue destinado a la agricultura y la ganadería.
En el sur o en los bosques ribereños del noreste del país, una amenaza importante es el desarrollo inmobiliario, detalla la directora de FARN. La restauración de bosques degradados o bosques que se han deforestado tiempo atrás es bienvenida, en tanto se haga con especies nativas de la zona de que se trate.

¿Forestar o detener la deforestación?
Para Di Pangracio, se debe hacer foco en detener la deforestación, ya que los procesos de restauración llevan muchos años, esfuerzo y recursos económicos. “La restauración de bosques degradados o bosques que se han deforestado tiempo atrás es bienvenida, en tanto se haga con especies nativas de la zona de que se trate, involucrando a la comunidad local. Pero es más fácil y barato mantener el bosque en pie que destruirlo y restaurar.
Cabe resaltar que es preocupante que Argentina plantee para 2030 llevar de 1,3 a 2 millones las hectáreas con forestaciones de exóticas, planteándolas como solución al cambio climático, porque, al tratarse de árboles, capturan carbono”. La directora de FARN explica que estas forestaciones tienen fuerte impacto social y ambiental y reciben subsidios estatales para llevarse adelante: “Creemos que esto debe detenerse porque son incentivos perjudiciales para la biodiversidad, y que debe atenderse con urgencia el abordaje de los impactos sociales y ambientales de las plantaciones ya existentes”.
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12 millones de argentinos fumigados



Fumigación con agrotóxicos: 12 millones de argentinos viven expuestos

Fecha de Publicación
: 22/02/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


En los denominados "pueblos fumigados", que son los que más expuestos están al uso de agroquímicos, seis de cada diez niños nacen con malformaciones.
En diálogo con "No tan millennials", de MDZ Radio, el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vazquez, dijo que "ha cambiado la forma en que las personas que viven en estos pueblos se enferman. Antes no veían la cantidad de asma, niños malformados y personas con cáncer. Dos de cada 100 niños nacen con malformaciones, es la carga natural, pero en los pueblos fumigados es 6 de cada 100, es el triple".
En ese sentido, explicó: "Los pueblos están inmersos en los campos, los equipos de fumigación están allí. Las personas que viven en los pueblos fumigados son alrededor de 12 millones, que están expuestas".
Respecto a las enfermedades que predominan en estos lugares destacó que "en algunos pueblos encontramos que la mitad de las personas que mueren es por cáncer. Un ejemplo claro tiene que ver con que se han multiplicado los centros de oncología, que hace 20 años esto no existía. Los que más se enferman son los que están en contacto con estas sustancias".
Al ser consultado sobre el rol del Estado, Avila Vazquez dijo: "Los gobiernos provinciales y nacionales encubren y tapan los efectos dañiños del agronegocio porque participan del mismo". Acto seguido, destacó: "Estamos proponiendo al Gobierno Nacional una política de reducción de agrotóxicos", similar a lo que se está haciendo en Francia y se está proponiendo en Brasil, desarrollar un programa donde, a medida que los productores se inscriban  y vayan mostrando que reducen el uso de agrotóxicos van a tener asesoramientos del INTA y Facultades de Agronomía para poder desarrollar los mismos cultivos con técnicas de agroecología".
"Hay más de 400 pueblos en Argentina que han dictado ordenanzas que prohíben fumigar con agrotóxicos alrededor del pueblo. Tenemos una experiencia de casi 100 mil hectáreas de cultivos de soja, maíz y trigo donde no se usa agrotóxicos donde los resultados han sido muy buenos", agregó el médico pediatra y neonatólogo.
En cuanto a la situación en el mundo destacó: "En todo el mundo hay un fenómeno que aumenta la utilización de agrotóxicos, sustancias químicas que matan insectos pero también afectan la salud de las personas. Hay insectos y plantas que se van haciendo resistentes y la solución ha sido aumentar la dosis, un 30% o 50% más de pesticidas. Eso genera más exposición y más venta para la industria química. En muchas países europeos se está cuestionando la exposición agrotóxica, Francia, Dinamarca, Holanda tienen políticas muy exitosas en poder desarrollar agriculturas que disminuyan la exposición a agrotóxicos".
Por último, destacó: "El uso de agrotóxicos se ha generalizado para todo y también para el vino, nos preocupa mucho que en Cuyo se fumiguen tan intensamente los viñedos porque tenemos estudios de California donde se encuentra que los vinos californianos tienen residuos de glifosato y otros pesticidas que los hace peligrosos para la salud".
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Un observatorio de agroquímicos en Buenos Aires



Buenos Aires: presentan un observatorio de agroquímicos para definir criterios de uso e impacto en el ambiente

Fecha de Publicación
: 18/02/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires


El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, lo anunció tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la Provincia.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó ayer los lineamientos para la conformación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, que definirá los criterios y modalidades de su uso, y el impacto en la salud y el ambiente.
El funcionario lo anunció tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones con agroquímicos junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la provincia.
"Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio, tiene que tener una fundamentación científico-técnico que la respalde basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las universidades, el INTA, el Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)", afirmó el funcionario provincial.
Y agregó: “Hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en dónde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate”.
Según explicaron, el Ministerio de Desarrollo Agrario decidió suspender la vigencia de la Resolución 246 por un año y convocó a organismos públicos bonaerenses a que sean parte de una mesa de trabajo con el fin de coordinar la implementación y evaluación de políticas públicas relativas para la aplicación de agroquímicos.
Del observatorio participarán el Ministerio de Salud bonaerense, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). También se convocó a las universidades nacionales, provinciales, el INTA y los centros de investigación científico técnico con asiento en la provincia.
En un comunicado, la cartera agraria precisó que "la anterior gestión no contempló la diversidad de las distintas realidades productivas que tiene la Provincia y desestimó los avances que obtuvieron varios municipios en materia de regulación agroquímicos”.
Además, Rodríguez remarcó que la mesa “se hace en función al cuidado de la salud, del medio ambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua".
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