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UNT dice no al acuerdo minero de Ymad
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La UNT rechazó el acuerdo para la explotación minera de Agua Rica
Fecha de Publicación: 07/11/2019
Fuente: La Nota
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó en el día de ayer y por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó en el día de ayer y por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
En la tarde de ayer, el Concejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
El conflicto comenzó cuando el pasado 3 de octubre, el directorio de YMAD comprometido con Agua Rica y la Minera Alumbrera aprobaron la propuesta de nuevas exploraciones. Esta resolución se hizo sin la presencia de la Universidad Nacional de Tucumán y sin consultar al pueblo de Andalgalá.
En esa reunión no estuvieron presentes los directores de la UNT, Alfredo Grau y Domingo Marchese. La propuesta consistía que YMAD procese el mineral que extraiga del yacimiento Agua Rica en las instalaciones de Minera Alumbrera, a cambio de un alquiler de 12,5 millones de dólares que se pagaría por adelantado en dos partes.
Luego de varios días, se le notificó al Concejo Superior de la UNT del acuerdo y comenzó un proceso de movilización por parte de las asambleas ambientales y la comunidad educativa.
Hace unos días la Asamblea El Algarrobo presentó una denuncia penal contra YMAD por la voluntad de volver a explotar la zona ya que representa el incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con glaciares y ambiente periglacial.
Tras dos encuentros truncos, el Concejo Superior volvió a tratar este acuerdo el día de ayer, y tuvo una gran concurrencia de asambleístas, gremios docentes y ambientalistas.
“La Universidad Nacional de Tucumán es socia minoritaria de la empresa YMAD, que brindó infraestructura durante 16 años para el proyecto de Megaminería “La Alumbrera”, en Catamarca. En éste momento, se encuentra en tratamiento la participación de la empresa a un nuevo emprendimiento minero, Agua Rica, que afectaría principalmente a la ciudad de Andalgalá, pero también a todas las poblaciones que se nutren de la cuenca hídrica del Cerro Aconquija, entre ellas comunidades indígenas como el pueblo Diaguita” reza el petitorio que se leyó ayer en el Concejo Superior por parte de los vecinos de Andalgalá.
Gracias a que los movimientos sociales se movilizaron al Rectorado UNT (Ayacucho 491), el Consejo Superior escuchó los reclamos.
“Se rechaza en bloque (y no se convalida) el negocio que instrumentan el memorandum de entendimiento ni los contratos derivados del mismo aprobados el 3 de octubre pasado” declama la resolución del Concejo Superior. A su vez, se argumentó que la UNT debe velar por el derecho a un medio anbiente sano; se reclamó que no se han incluido en los contratos las observaciones del informe de la UNT en 2008 sobre la evaluación de impacto ambiental de Agua Rica Con respecto a los contratos mineros.
En tanto la UNT, advierte que el negocio “está orientado a la puesta a disposición de la infraestructura construida para Bajo la alumbrera al servicio del proyecto agua rica por YMAD y la Alumbrera en común”. Incluso objeta que YMAD sólo participa del 26% de la ganancia, lo cual es “notoriamente desproporcionado con el valor de la infraestructura” y que además los contratos dan absoluta prioridad a los intereses de Alumbrera.
Por ultimo afirma que “la UNT se reserva las acciones legales… para preservar los derechos en juego, contra cualquier persona, incluidos los representantes de la UNT ante YMAD”, y “se compromete a constituir una comisión de expertos que analice… la problemática asociada a esta cuestión, poniendo especial acento en los intereses sobre el medioambiente y la salud de la población en su conjunto, así como los patrimoniales de la institución”.
La victoria de los movimientos sociales en este conflicto es inminente pero la Universidad aún no decidió romper todos sus vínculos con YMAD. Sólo se compromete “a promover la discusión interna sobre su participación futura en la minería”.
¿Cómo se vinculan YMAD, La Alumbrera y la UNT?
La ley 14.771 dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para explotar el yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, en Catamarca. Para su explotación, YMAD ha creado el complejo minero La Alumbrera para la extracción de cobre y oro. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado nacional se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60 por ciento) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40 por ciento).
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Fecha de Publicación: 07/11/2019
Fuente: La Nota
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó en el día de ayer y por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó en el día de ayer y por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
En la tarde de ayer, el Concejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
El conflicto comenzó cuando el pasado 3 de octubre, el directorio de YMAD comprometido con Agua Rica y la Minera Alumbrera aprobaron la propuesta de nuevas exploraciones. Esta resolución se hizo sin la presencia de la Universidad Nacional de Tucumán y sin consultar al pueblo de Andalgalá.
En esa reunión no estuvieron presentes los directores de la UNT, Alfredo Grau y Domingo Marchese. La propuesta consistía que YMAD procese el mineral que extraiga del yacimiento Agua Rica en las instalaciones de Minera Alumbrera, a cambio de un alquiler de 12,5 millones de dólares que se pagaría por adelantado en dos partes.
Luego de varios días, se le notificó al Concejo Superior de la UNT del acuerdo y comenzó un proceso de movilización por parte de las asambleas ambientales y la comunidad educativa.
Hace unos días la Asamblea El Algarrobo presentó una denuncia penal contra YMAD por la voluntad de volver a explotar la zona ya que representa el incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con glaciares y ambiente periglacial.
Tras dos encuentros truncos, el Concejo Superior volvió a tratar este acuerdo el día de ayer, y tuvo una gran concurrencia de asambleístas, gremios docentes y ambientalistas.
“La Universidad Nacional de Tucumán es socia minoritaria de la empresa YMAD, que brindó infraestructura durante 16 años para el proyecto de Megaminería “La Alumbrera”, en Catamarca. En éste momento, se encuentra en tratamiento la participación de la empresa a un nuevo emprendimiento minero, Agua Rica, que afectaría principalmente a la ciudad de Andalgalá, pero también a todas las poblaciones que se nutren de la cuenca hídrica del Cerro Aconquija, entre ellas comunidades indígenas como el pueblo Diaguita” reza el petitorio que se leyó ayer en el Concejo Superior por parte de los vecinos de Andalgalá.
Gracias a que los movimientos sociales se movilizaron al Rectorado UNT (Ayacucho 491), el Consejo Superior escuchó los reclamos.
“Se rechaza en bloque (y no se convalida) el negocio que instrumentan el memorandum de entendimiento ni los contratos derivados del mismo aprobados el 3 de octubre pasado” declama la resolución del Concejo Superior. A su vez, se argumentó que la UNT debe velar por el derecho a un medio anbiente sano; se reclamó que no se han incluido en los contratos las observaciones del informe de la UNT en 2008 sobre la evaluación de impacto ambiental de Agua Rica Con respecto a los contratos mineros.
En tanto la UNT, advierte que el negocio “está orientado a la puesta a disposición de la infraestructura construida para Bajo la alumbrera al servicio del proyecto agua rica por YMAD y la Alumbrera en común”. Incluso objeta que YMAD sólo participa del 26% de la ganancia, lo cual es “notoriamente desproporcionado con el valor de la infraestructura” y que además los contratos dan absoluta prioridad a los intereses de Alumbrera.
Por ultimo afirma que “la UNT se reserva las acciones legales… para preservar los derechos en juego, contra cualquier persona, incluidos los representantes de la UNT ante YMAD”, y “se compromete a constituir una comisión de expertos que analice… la problemática asociada a esta cuestión, poniendo especial acento en los intereses sobre el medioambiente y la salud de la población en su conjunto, así como los patrimoniales de la institución”.
La victoria de los movimientos sociales en este conflicto es inminente pero la Universidad aún no decidió romper todos sus vínculos con YMAD. Sólo se compromete “a promover la discusión interna sobre su participación futura en la minería”.
¿Cómo se vinculan YMAD, La Alumbrera y la UNT?
La ley 14.771 dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para explotar el yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, en Catamarca. Para su explotación, YMAD ha creado el complejo minero La Alumbrera para la extracción de cobre y oro. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado nacional se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60 por ciento) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40 por ciento).
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Liberan tucanes en reserva tucumana
Del Ecoparque de Mendoza a la Reserva de Horco Molle: El viaje a la libertad de 5 tucanes
Fecha de Publicación: 07/11/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Mendoza - Tucumán
Los ejemplares fueron recuperados del tráfico ilegal en la provincia cuyana. Luego de rehabilitarse en manos de especialistas tucumanos, regresarán a su hábitat natural.
Cinco tucanes que habitan en el Ecoparque de Mendoza serán trasladados a la Reserva Experimental de Horco Molle en el marco de un convenio entre ambas instituciones. Según informó la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia cuyana, los animales serán trasladados a Tucumán en donde, de la mano de especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), recuperarán la libertad con otros pares de la misma especie.
Los cinco ejemplares que viajarán a la Provincia fueron recuperados del tráfico ilegal por el Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales de Mandoza. Dos de ellos estaban en custodia de Fauna y el resto residía en el Ecoparque desde hacía algunos años.
El Tucán Grande se distribuye en selvas y bosques del Norte Argentino y posee un solo ecotipo en nuestro país, el R. t. albogularis. Se lo puede encontrar en el Noroeste, -en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán- y en el Noreste, -en las provincias Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones-.
Si bien hasta hace algunos años se consideraba a la especie extinta en Tucumán, a través de un proyecto conjunto diversos organismos trabajan para repoblar la provincia con estas coloridas aves.
Especialistas señalaron que se trata de una especie muy buscada como mascota debido a la belleza de su plumaje. Esta situación sumada a la pérdida de hábitat por el avance de la frontera agropecuaria, está provocando retracciones numéricas en Misiones y Chaco.
En toda su área de distribución en el país es muy buscada como ave ornamental, pero también como alimento. El comercio de pichones como mascotas conlleva una muy alta mortandad de los mismos. El comercio de ejemplares silvestres como mascotas, está regulado a nivel internacional y está prohibido a nivel nacional.
En este sentido, Mariana Caram, directora del Ecoparque aseguró que algunos de los animales involucrados en este traslado llevan más de 10 años en custodia del Estado, víctimas del tráfico ilegal de animales. “Es momento que todos tengan la oportunidad de ser evaluados por especialistas y rehabilitados para regresar a su hábitat natural, a su casa”, expuso.
La Directora explicó que los animales silvestres con distribución natural en la provincia de Tucumán que se encuentran a cargo de la Dirección de Ecoparque serán involucrados en los programas de evaluación, rehabilitación y reconstitución de la Reserva Experimental Horco Molle dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº 451/17 del Gobierno de Mendoza y con el aval del Consejo Consultivo del Ecoparque.
Rehabilitación en la Reserva Experimental de Horco Molle
Una vez en Tucumán se realizarán tomas de muestras para análisis sanitarios y sexado de ejemplares. Para ello se trabajará en conjunto con el SENASA y laboratorios de la UNT. En caso de ser necesario se realizarán estudios genéticos comparados para asegurar la correspondencia de algunos ejemplares a la subespecie seleccionada. La cuarentena, de un mes de duración, se realizará en el predio de la Reserva.
En tanto, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, informó que se trata de “un acuerdo marco tiene por objeto consolidar una mecánica de actuación en primera instancia en pos de preservar la vida de las especies argentinas autóctonas, como así también alentar el intercambio de experiencias en conservación, rescate y tareas de educación y formación que las instituciones llevan adelante”.
Los animales fueron anillados para su identificación y se les realizará un examen clínico exhaustivo en el centro especializado. Entre las pruebas y análisis a tomar se prevén pruebas de inhibición de la hemoaglutinación para la Enfermedad de Newcastle, de diagnóstico para la detección de la Micoplasmosis aviar, salmonelosis y de psitacosis.
Además, al llegar a la cuarentena, las aves serán sometidas a un tratamiento contra la Clamidiosis Aviar, y un tratamiento antiparasitario interno y externo. De manera complementaria, se trabajará junto al Instituto de Tecnologías Disruptivas de la USP-T en el diseño e implementación de equipos para el seguimiento y monitoreo de los ejemplares liberados (transmisores de VHF o satelitales).
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Fecha de Publicación: 07/11/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Mendoza - Tucumán
Los ejemplares fueron recuperados del tráfico ilegal en la provincia cuyana. Luego de rehabilitarse en manos de especialistas tucumanos, regresarán a su hábitat natural.
Cinco tucanes que habitan en el Ecoparque de Mendoza serán trasladados a la Reserva Experimental de Horco Molle en el marco de un convenio entre ambas instituciones. Según informó la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia cuyana, los animales serán trasladados a Tucumán en donde, de la mano de especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), recuperarán la libertad con otros pares de la misma especie.
Los cinco ejemplares que viajarán a la Provincia fueron recuperados del tráfico ilegal por el Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales de Mandoza. Dos de ellos estaban en custodia de Fauna y el resto residía en el Ecoparque desde hacía algunos años.
El Tucán Grande se distribuye en selvas y bosques del Norte Argentino y posee un solo ecotipo en nuestro país, el R. t. albogularis. Se lo puede encontrar en el Noroeste, -en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán- y en el Noreste, -en las provincias Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones-.
Si bien hasta hace algunos años se consideraba a la especie extinta en Tucumán, a través de un proyecto conjunto diversos organismos trabajan para repoblar la provincia con estas coloridas aves.
Especialistas señalaron que se trata de una especie muy buscada como mascota debido a la belleza de su plumaje. Esta situación sumada a la pérdida de hábitat por el avance de la frontera agropecuaria, está provocando retracciones numéricas en Misiones y Chaco.
En toda su área de distribución en el país es muy buscada como ave ornamental, pero también como alimento. El comercio de pichones como mascotas conlleva una muy alta mortandad de los mismos. El comercio de ejemplares silvestres como mascotas, está regulado a nivel internacional y está prohibido a nivel nacional.
En este sentido, Mariana Caram, directora del Ecoparque aseguró que algunos de los animales involucrados en este traslado llevan más de 10 años en custodia del Estado, víctimas del tráfico ilegal de animales. “Es momento que todos tengan la oportunidad de ser evaluados por especialistas y rehabilitados para regresar a su hábitat natural, a su casa”, expuso.
La Directora explicó que los animales silvestres con distribución natural en la provincia de Tucumán que se encuentran a cargo de la Dirección de Ecoparque serán involucrados en los programas de evaluación, rehabilitación y reconstitución de la Reserva Experimental Horco Molle dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº 451/17 del Gobierno de Mendoza y con el aval del Consejo Consultivo del Ecoparque.
Rehabilitación en la Reserva Experimental de Horco Molle
Una vez en Tucumán se realizarán tomas de muestras para análisis sanitarios y sexado de ejemplares. Para ello se trabajará en conjunto con el SENASA y laboratorios de la UNT. En caso de ser necesario se realizarán estudios genéticos comparados para asegurar la correspondencia de algunos ejemplares a la subespecie seleccionada. La cuarentena, de un mes de duración, se realizará en el predio de la Reserva.
En tanto, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, informó que se trata de “un acuerdo marco tiene por objeto consolidar una mecánica de actuación en primera instancia en pos de preservar la vida de las especies argentinas autóctonas, como así también alentar el intercambio de experiencias en conservación, rescate y tareas de educación y formación que las instituciones llevan adelante”.
Los animales fueron anillados para su identificación y se les realizará un examen clínico exhaustivo en el centro especializado. Entre las pruebas y análisis a tomar se prevén pruebas de inhibición de la hemoaglutinación para la Enfermedad de Newcastle, de diagnóstico para la detección de la Micoplasmosis aviar, salmonelosis y de psitacosis.
Además, al llegar a la cuarentena, las aves serán sometidas a un tratamiento contra la Clamidiosis Aviar, y un tratamiento antiparasitario interno y externo. De manera complementaria, se trabajará junto al Instituto de Tecnologías Disruptivas de la USP-T en el diseño e implementación de equipos para el seguimiento y monitoreo de los ejemplares liberados (transmisores de VHF o satelitales).
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Agua Rica: el acuerdo con YMAD cuestionado
Piden informes a YMAD por el acuerdo con Agua Rica
Fecha de Publicación: 22/10/2019
Fuente: El Ancasti
Fecha de Publicación: 22/10/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El diputado y candidato a gobernador por Consenso Federal, Hugo Ávila, presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que la empresa interestadual YMAD envíe copias del acta de Directorio en la que se aprobó la oferta para participar en la futura explotación del proyecto minero Agua Rica.
La presentación hace referencia al acuerdo que YMAD aprobó para que Minera Agua Rica procese el mineral que extraiga del yacimiento Agua Rica en las instalaciones de Minera Alumbrera, a cambio de un alquiler de 12,5 millones de dólares que se pagaría por adelantado en dos partes, decisión que se tomó sin la participación de los miembros del directorio que representan a la Universidad Nacional de Tucumán.
En ese sentido, Ávila quiere conocer cuáles fueron los motivos por los cuales los directores Alfredo Grau y Domingo Marchese (representantes de la UNT) no participaron de la reunión del pasado 3 de octubre y qué informes relacionados con un posible impacto ambiental negativo sobre el proyecto minero Agua Rica recibió YMAD de la UNT.
"Como el ciclo de Minera Alumbrera está en su etapa de cierre, YMAD está buscando un nuevo proyecto para extender el negocio de la UTE con tres (3) empresas más que son Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, con quienes pretende firmar un acuerdo para utilizar la infraestructura y las instalaciones de Minera Alumbrera en la explotación de la mina Agua Rica", expresó Ávila.
El legislador recordó que existe un grupo vecinal de Andalgalá que se opone a la explotación del proyecto Agua Rica porque considera que el impacto ambiental en la zona "va a generar 500.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que va a modificar el clima de manera significativa, alterando la flora, la fauna y los ríos"; y que por intermedio de una abogada presentaron un petitorio a la UNT junto con un informe técnico que demuestra la aludida contaminación; documento que no habrían tenido en cuenta en la reunión del Directorio de principios de mes.
"El proyecto minero Agua Rica -recuerda el legislador- tiene reservas por 5 millones de toneladas de cobre y siete millones de onzas de oro, lo cual representa un negocio descomunal: la onza de oror cuesta 1.600 dólares y la tonelada de cobre 5.800 dólares".
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Justicia dejó firme procesamiento de empresario contaminador
Confirmaron el procesamiento de Rocchia Ferro por contaminación
Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".
La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
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Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".
La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
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Fiscalía pide anular probation de empresario contaminador
Solicitan revertir la suspensión de juicio a empresarios tucumanos por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.
Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.
Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.
Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.
Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.
Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.
Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
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La quema de cañaverales en Tucumán continúa
Práctica dañina: se incrementó la quema de cañaverales en la provincia
Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, dijo que se observa con preocupación el incremento del fuego en cañaverales y pastizales en las últimas semanas, “por lo que se intensifican los controles que habitualmente hacemos, esta vez con apoyo aéreo, para localizar flagancias con el fin de realizar intervenciones policiales en directo”.
Señaló que la acción forma parte de las tareas habituales de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el combate del fuego en la caña de azúcar.
En lo que va del año se registraron más de 40 focos ígneos, número sensiblemente menor que el año anterior, ya que para este época del 2018 se habían registrado 200 incendios.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que se realizan controles terrestres y aéreos en distintas localidades con el fin de detectar y multar la quema de caña y pastizales en los campos. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica.
Las zonas más vulnerables son Cruz Alta, al este; Simoca y Bella Vista; y Monteros y Chicligasta, al sur de la provincia, Famaillá y Lúles.
En estas áreas se refuerzan los controles que inician en mayo y culminan en noviembre y diciembre cuando comienzan las lluvias. El clima invernal, con altas temperaturas durante el día, sequía y fuertes vientos contribuye a que se esparza el fuego.
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Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, dijo que se observa con preocupación el incremento del fuego en cañaverales y pastizales en las últimas semanas, “por lo que se intensifican los controles que habitualmente hacemos, esta vez con apoyo aéreo, para localizar flagancias con el fin de realizar intervenciones policiales en directo”.
Señaló que la acción forma parte de las tareas habituales de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el combate del fuego en la caña de azúcar.
En lo que va del año se registraron más de 40 focos ígneos, número sensiblemente menor que el año anterior, ya que para este época del 2018 se habían registrado 200 incendios.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que se realizan controles terrestres y aéreos en distintas localidades con el fin de detectar y multar la quema de caña y pastizales en los campos. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica.
Las zonas más vulnerables son Cruz Alta, al este; Simoca y Bella Vista; y Monteros y Chicligasta, al sur de la provincia, Famaillá y Lúles.
En estas áreas se refuerzan los controles que inician en mayo y culminan en noviembre y diciembre cuando comienzan las lluvias. El clima invernal, con altas temperaturas durante el día, sequía y fuertes vientos contribuye a que se esparza el fuego.
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Tucumán: sigue la quema de cañaverales
En dos días hubo 45 focos de incendios por quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
“A pesar de las recomendaciones la gente sigue quemando”, explicó, a primerafuente, Eduardo Figueroa, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción
Durante esta época del año el trabajo de los bomberos en el sur tucumano se intensifica debido a la quema ilegal de cañaverales.
“Este fin de semana tuvimos al menos 45 intervenciones producto de la quema sistemática de caña en diferentes campos. Es lamentable que los dueños de las fincas no tomen conciencia del daño que eso produce a toda la sociedad. El humo y las partículas quedan flotando en el ambiente y luego todo eso respiramos”, señaló Figueroa.
En una parte de la nota, con nuestro portal, el jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción se refirió a los incontrolables incendios que se producen desde hace más de 20 días en el Amazonas, el pulmón del mundo.
“Tenemos que tomar conciencia del daño que se produce cuando se quema. Es terrible lo que ocurre en Brasil, el fuego se tornó incontrolable. Hay mucha gente tratando de socar el fuego pero está difícil por la sequía y los vientos. Sin ser dramático aquí durante el año tenemos varias Amazonas producto de la quema de cañaverales. Es importante cuidar el medio ambiente debemos trabajar para conseguir erradicar esta mala costumbre”, puntualizó.
Aunque el Gobierno de Tucumán informó que incrementó las fiscalizaciones del campo tucumano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente debido a la quema ilegal de cañaverales, esta práctica no ha cesado.
Basta solamente con transitar la ruta nacional 38 en cualquier hora del día y se pueden observar las llamas y densas columnas de humo que brotan de los terrenos plantados con caña.
También en el mundo virtual de las redes sociales a diario se viralizan filmaciones y fotos denunciando los incendios.
“Anoche en Los Córdoba, entre Alberdi y Aguilares, no se podía respirar en la ruta 38 por la quema de maloja. A 4 días de una tragedia terrible que enlutó el sur, otra vez la indiferencia de la gente y el desprecio por la vida de los que transitamos a diario para ir a trabajar. La impunidad nuestra de cada día. ¿Quién controla todo esto?”, escribió en las redes sociales, una vecina de Alberdi.
De acuerdo a publicaciones realizadas por el Gobierno tucumano los controles son llevados a cabo por los inspectores de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil, Policía Ecológica y la secretaría de Estado.
Asimismo instan a la comunidad a llamar al 103 para realizar la denuncia sobre los lugares donde se realiza la quema “indicando el lugar, tratando siempre de dar precisiones para agilizar el arribo de las patrullas ambientales para combatir el fuego”.
“Tras identificar a los propietarios de las tierras en las que se produce el fuego, se los multa a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental. Además, los hechos son encuadrados en la tipología delictiva correspondiente por intermedio de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía, que envía sumarios a la Justicia para impulsar causas penales”, según reza la publicación.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
“A pesar de las recomendaciones la gente sigue quemando”, explicó, a primerafuente, Eduardo Figueroa, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción
Durante esta época del año el trabajo de los bomberos en el sur tucumano se intensifica debido a la quema ilegal de cañaverales.
“Este fin de semana tuvimos al menos 45 intervenciones producto de la quema sistemática de caña en diferentes campos. Es lamentable que los dueños de las fincas no tomen conciencia del daño que eso produce a toda la sociedad. El humo y las partículas quedan flotando en el ambiente y luego todo eso respiramos”, señaló Figueroa.
En una parte de la nota, con nuestro portal, el jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción se refirió a los incontrolables incendios que se producen desde hace más de 20 días en el Amazonas, el pulmón del mundo.
“Tenemos que tomar conciencia del daño que se produce cuando se quema. Es terrible lo que ocurre en Brasil, el fuego se tornó incontrolable. Hay mucha gente tratando de socar el fuego pero está difícil por la sequía y los vientos. Sin ser dramático aquí durante el año tenemos varias Amazonas producto de la quema de cañaverales. Es importante cuidar el medio ambiente debemos trabajar para conseguir erradicar esta mala costumbre”, puntualizó.
Aunque el Gobierno de Tucumán informó que incrementó las fiscalizaciones del campo tucumano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente debido a la quema ilegal de cañaverales, esta práctica no ha cesado.
Basta solamente con transitar la ruta nacional 38 en cualquier hora del día y se pueden observar las llamas y densas columnas de humo que brotan de los terrenos plantados con caña.
También en el mundo virtual de las redes sociales a diario se viralizan filmaciones y fotos denunciando los incendios.
“Anoche en Los Córdoba, entre Alberdi y Aguilares, no se podía respirar en la ruta 38 por la quema de maloja. A 4 días de una tragedia terrible que enlutó el sur, otra vez la indiferencia de la gente y el desprecio por la vida de los que transitamos a diario para ir a trabajar. La impunidad nuestra de cada día. ¿Quién controla todo esto?”, escribió en las redes sociales, una vecina de Alberdi.
De acuerdo a publicaciones realizadas por el Gobierno tucumano los controles son llevados a cabo por los inspectores de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil, Policía Ecológica y la secretaría de Estado.
Asimismo instan a la comunidad a llamar al 103 para realizar la denuncia sobre los lugares donde se realiza la quema “indicando el lugar, tratando siempre de dar precisiones para agilizar el arribo de las patrullas ambientales para combatir el fuego”.
“Tras identificar a los propietarios de las tierras en las que se produce el fuego, se los multa a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental. Además, los hechos son encuadrados en la tipología delictiva correspondiente por intermedio de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía, que envía sumarios a la Justicia para impulsar causas penales”, según reza la publicación.
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Justicia tucumana, confirma procesamiento de empresario
Confirman procesamiento de empresario tucumano por cometer delitos ambientales
Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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Tucumán protegerá sus rapaces
Protegerán a las aves rapaces en el territorio provincial
Fecha de Publicación: 06/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Una resolución de Flora y Fauna regulará la habilitación de Cetrería a través de un registro provincial.
A raíz de la necesidad de reglamentar la actividad de cetrería como caza deportiva y control de poblaciones perjudiciales en la provincia, la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a través de la resolución Nº 143/2019 se regulará la Habilitación de Cetrería a través de un Registro provincial.
El objetivo de la medida es proteger a las aves rapaces en el ámbito provincial, teniendo en cuenta que la actividad de la cetrería consiste en la cría, cuidado y entrenamiento de aves rapaces para la cacería de presas silvestres en el medio natural.
De acuerdo a la resolución, esta disciplina es una actividad en crecimiento en nuestro país y puede utilizarse como una herramienta de control biológico de plagas, sin generar impactos negativos en el ambiente.
Combate de plagas
El rol de las aves rapaces autóctonas como depredadoras naturales es fundamental para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, principalmente por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. Estas aves se alimentan principalmente de pequeños roedores y aves, como palomas y cotorras.
Siendo capaces de regular las poblaciones de especiales perjudiciales para la sociedad, que son vectores de enfermedades y en otros casos son consideradas plaga en los cultivos. Es el caso de roedores transmisores de hantavirosis, fiebre hemorrágica, leptospirosis, salmonelosis, entre otras, y palomas y catas, transmisoras de histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis.
Registro de Cetreros
De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 6.292 se crea un Registro provincial de las actividades previstas a los fines de su control. La actividad será arancelada según lo dispone la normativa. Por tal motivo, se habilita la práctica de la cetrería sólo con fines deportivos y de control de especies perjudiciales.
Se establece un Registro de Cetreros, donde deberán inscribirse quienes practiquen esta actividad por medio de una Licencia de Cetrería. Consistente en un carnet emitido por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que habilita al cetrero a la práctica de la disciplina por el tiempo de validez de seis meses si es solicitada por primera vez. La primera renovación durará seis meses y renovaciones posteriores un año. La credencial será personal e intransferible.
También se dará un permiso temporal de centraría al cetrero no registrado en la provincia a realizar la actividad de caza deportiva y control de plagas. Y se registrará a cetreros no activos.
Los interesados podrán realizar consultas y serán asesorados en la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, ubicada en calle Córdoba 1039., informaron desde comunicaciontucuman.gob.ar.
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Fecha de Publicación: 06/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Una resolución de Flora y Fauna regulará la habilitación de Cetrería a través de un registro provincial.
A raíz de la necesidad de reglamentar la actividad de cetrería como caza deportiva y control de poblaciones perjudiciales en la provincia, la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a través de la resolución Nº 143/2019 se regulará la Habilitación de Cetrería a través de un Registro provincial.
El objetivo de la medida es proteger a las aves rapaces en el ámbito provincial, teniendo en cuenta que la actividad de la cetrería consiste en la cría, cuidado y entrenamiento de aves rapaces para la cacería de presas silvestres en el medio natural.
De acuerdo a la resolución, esta disciplina es una actividad en crecimiento en nuestro país y puede utilizarse como una herramienta de control biológico de plagas, sin generar impactos negativos en el ambiente.
Combate de plagas
El rol de las aves rapaces autóctonas como depredadoras naturales es fundamental para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, principalmente por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. Estas aves se alimentan principalmente de pequeños roedores y aves, como palomas y cotorras.
Siendo capaces de regular las poblaciones de especiales perjudiciales para la sociedad, que son vectores de enfermedades y en otros casos son consideradas plaga en los cultivos. Es el caso de roedores transmisores de hantavirosis, fiebre hemorrágica, leptospirosis, salmonelosis, entre otras, y palomas y catas, transmisoras de histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis.
Registro de Cetreros
De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 6.292 se crea un Registro provincial de las actividades previstas a los fines de su control. La actividad será arancelada según lo dispone la normativa. Por tal motivo, se habilita la práctica de la cetrería sólo con fines deportivos y de control de especies perjudiciales.
Se establece un Registro de Cetreros, donde deberán inscribirse quienes practiquen esta actividad por medio de una Licencia de Cetrería. Consistente en un carnet emitido por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que habilita al cetrero a la práctica de la disciplina por el tiempo de validez de seis meses si es solicitada por primera vez. La primera renovación durará seis meses y renovaciones posteriores un año. La credencial será personal e intransferible.
También se dará un permiso temporal de centraría al cetrero no registrado en la provincia a realizar la actividad de caza deportiva y control de plagas. Y se registrará a cetreros no activos.
Los interesados podrán realizar consultas y serán asesorados en la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, ubicada en calle Córdoba 1039., informaron desde comunicaciontucuman.gob.ar.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores
Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Cuenca Salí-Dulce: indagatoria a directivos de empresas
Citarán a directivo y funcionarios por vuelcos cloacales en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revocó el sobreseimiento y ordenó la indagatoria del extitular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales, la querellante particular Elba Ledesma advirtió que la planta San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que se vuelcan al curso hídrico.
Ledesma que junto con el fiscal general federal Gustavo Gómez apeló la resolución en primera instancia que había favorecido a Calvo, señaló que el fallo de la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña cite a dar explicaciones ante la Justicia las actuales autoridades de la SAT y del ente controlador del servicio.
La mujer, vecina de la zona donde está la planta San Felipe de tratamiento de líquidos cloacales, apuntó que también la Cámara pide que se realice un nuevo relevamiento en los barrios colindantes por parte del Ministerio de Salud. También, que la Secretaría de Ambiente y la Gendarmería, realicen informes sobre los vuelcos que realiza la SAT en la cuenca.
Como se recordará, la Cámara Federal había revocado el fallo que sobreseyó a Calvo, extitular de la SAT, considerando que carecía de fundamentos. Al respecto, señaló en su fallo ya que no se tuvieron en cuenta los informes del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, que mostraban que los efluentes no cumplían con los parámetros legales del tratamiento debido.
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Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revocó el sobreseimiento y ordenó la indagatoria del extitular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales, la querellante particular Elba Ledesma advirtió que la planta San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que se vuelcan al curso hídrico.
Ledesma que junto con el fiscal general federal Gustavo Gómez apeló la resolución en primera instancia que había favorecido a Calvo, señaló que el fallo de la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña cite a dar explicaciones ante la Justicia las actuales autoridades de la SAT y del ente controlador del servicio.
La mujer, vecina de la zona donde está la planta San Felipe de tratamiento de líquidos cloacales, apuntó que también la Cámara pide que se realice un nuevo relevamiento en los barrios colindantes por parte del Ministerio de Salud. También, que la Secretaría de Ambiente y la Gendarmería, realicen informes sobre los vuelcos que realiza la SAT en la cuenca.
Como se recordará, la Cámara Federal había revocado el fallo que sobreseyó a Calvo, extitular de la SAT, considerando que carecía de fundamentos. Al respecto, señaló en su fallo ya que no se tuvieron en cuenta los informes del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, que mostraban que los efluentes no cumplían con los parámetros legales del tratamiento debido.
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Otro empresario a que se le revocó sobreseimiento
Cámara Federal revocó sobreseimiento a directivo acusado de contaminación
Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán revocó un sobreseimiento que beneficiaba al presidente de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) ingeniero Alfredo Calvo. En el fallo, ordena que se lo cite a prestar declaración indagatoria, imputado por el delito de contaminación ambiental con líquidos cloacales que se tiran a la cuenca del río Salí-Dulce.
“Es un importante antecedente jurisprudencial para todos los vecinos de nuestro país que hoy sufren la contaminación con efluentes cloacales, denuncien este delito. Por fallos como estos no podemos permitir que el proyecto de Código Penal derogue la ley 24.051”, señaló al respecto el fiscal federal ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez.
La causa tiene como querellante a la exconcejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto, y data de más de una década.
El Tribunal revocó la resolución de fecha 12 de diciembre de 2017 que fue emanada por el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Instrucción de Tucumán, Fernando Poviña, y “disponer que vueltas las actuaciones al Juzgado de origen, sea ordenado el llamado a prestar declaración indagatoria”.
En su fundamentación ante la Cámara Federal, el fiscal Gómez señaló que el imputado “nunca prestó declaración indagatoria y que ostenta un grandilocuente plexo probatorio adverso”, por lo cual sostuvo “carecía de fundamento” el sobreseimiento de Calvo.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal añadió que en virtud de las pruebas, se “estaría en presencia de una clara contaminación de un canal de agua con diversas aplicaciones, entre ellas riego, desagüe y consumo humano, ya que el río es utilizado cuenca abajo para esos fines habida cuenta de las probanzas elocuentes en cuanto a la eliminación de efluentes cloacales sin el debido tratamiento, consumándose la maniobra mediante canales ocultos”.
Por lo expuesto, el fiscal federal general entiende que existió una “maniobra artera de quien quiere ocultar su delito”.
Agregó que sobre la base de informes de Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, “la SAT estaría realizando un fraude porque no realiza el debido tratamiento en su planta de San Felipe y arroja residuos cloacales y de agroquímicos prohibidos sin ser tratados al río Salí, con afectación” a Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
Gómez concluyó en su fundamentación ante el tribunal, que “se encontraría totalmente probado en los informes de los peritos bioquímicos -antes referenciados-, la peligrosidad inminente para la salud pública en base a las muestras analizadas de los efluentes arrojados”. Por ello, sostuvo que “la sentencia apelada carecería de fundamentos” y solicitaba “su revocación y la continuación de la tramitación de esta causa”.
A partir de la decisión de la Cámara Federal, el juez Poviña tendrá que citar a Calvo y proceder a tomarle declaración indagatoria.
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Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán revocó un sobreseimiento que beneficiaba al presidente de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) ingeniero Alfredo Calvo. En el fallo, ordena que se lo cite a prestar declaración indagatoria, imputado por el delito de contaminación ambiental con líquidos cloacales que se tiran a la cuenca del río Salí-Dulce.
“Es un importante antecedente jurisprudencial para todos los vecinos de nuestro país que hoy sufren la contaminación con efluentes cloacales, denuncien este delito. Por fallos como estos no podemos permitir que el proyecto de Código Penal derogue la ley 24.051”, señaló al respecto el fiscal federal ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez.
La causa tiene como querellante a la exconcejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto, y data de más de una década.
El Tribunal revocó la resolución de fecha 12 de diciembre de 2017 que fue emanada por el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Instrucción de Tucumán, Fernando Poviña, y “disponer que vueltas las actuaciones al Juzgado de origen, sea ordenado el llamado a prestar declaración indagatoria”.
En su fundamentación ante la Cámara Federal, el fiscal Gómez señaló que el imputado “nunca prestó declaración indagatoria y que ostenta un grandilocuente plexo probatorio adverso”, por lo cual sostuvo “carecía de fundamento” el sobreseimiento de Calvo.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal añadió que en virtud de las pruebas, se “estaría en presencia de una clara contaminación de un canal de agua con diversas aplicaciones, entre ellas riego, desagüe y consumo humano, ya que el río es utilizado cuenca abajo para esos fines habida cuenta de las probanzas elocuentes en cuanto a la eliminación de efluentes cloacales sin el debido tratamiento, consumándose la maniobra mediante canales ocultos”.
Por lo expuesto, el fiscal federal general entiende que existió una “maniobra artera de quien quiere ocultar su delito”.
Agregó que sobre la base de informes de Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, “la SAT estaría realizando un fraude porque no realiza el debido tratamiento en su planta de San Felipe y arroja residuos cloacales y de agroquímicos prohibidos sin ser tratados al río Salí, con afectación” a Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
Gómez concluyó en su fundamentación ante el tribunal, que “se encontraría totalmente probado en los informes de los peritos bioquímicos -antes referenciados-, la peligrosidad inminente para la salud pública en base a las muestras analizadas de los efluentes arrojados”. Por ello, sostuvo que “la sentencia apelada carecería de fundamentos” y solicitaba “su revocación y la continuación de la tramitación de esta causa”.
A partir de la decisión de la Cámara Federal, el juez Poviña tendrá que citar a Calvo y proceder a tomarle declaración indagatoria.
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Confirman procesamiento a Rooney, ex CEO minero
Procesan y embargan a ex CEO de La Alumbrera por daño ambiental
Fecha de Publicación: 02/05/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Tucumán
Se trata del primer fallo condenatorio desde la sanción de la Ley de Residuos Peligrosos en 1991.
En un fallo que sienta un precedente en el país en términos de delitos contra el medio ambiente, el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán procesó y le trabó un embargo de $ 500 mil a Julián Patricio Rooney, ex CEO dela minera La Alumbrera, como partícipe primario en la contaminación ambiental con metales pesados de la empresa en sus instalaciones en Catamarca.
Tras ser sobreseído por la misma causa en 2016, un grupo ecologista presentó una apelación ante el tribunal tucumano para revisar el dictamen y solicitó informes ambientales a la Dirección de Minería de Tucumán, provincia en la que la compañía minera registra sus plantas de tratamiento.
Según consta en el fallo al que accedió PERFIL, el juez federal Fernando Luis Poviña justificó su decisión basado en lo obrado contra otro directivo de la firma en 2016, cuando se sentó que “la posición directriz de las autoridades en la firma” es un elemento probatorio suficiente para dictar la culpabilidad en delitos ambientales”.
Poviña, además, alegó que Rooney, en calidad de garante y con el deber de “vigilancia de una fuente determinada de peligro”, ponderó la maximización de las ganancias de la empresa producto de la explotación minera por sobre la prevención de los daños. “(Rooney) debió haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible. Se advierte que (La Alumbrera) vino a nuestro país con la única finalidad de realizar un negocio de gran magnitud, que le dejó dividendos importantísimos”, señaló el juez.
De este modo, la decisión del magistrado de considerar como penalmente responsable a Rooney en su condición de directivo de una empresa contaminante se convierte en el primer fallo condenatorio desde la sanción en 1991 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que pena con hasta 25 años de prisión las acciones contra el suelo o el agua, condena aplicable a los directores de las empresas cuando la contaminación la produce una persona jurídica.
Poviña revocó el sobreseimiento de Rooney luego de que se sumara una inspección ocular de Gendarmería Nacional a la causa iniciada en 1999 contra la minera La Alumbrera por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que comparten las provincias de Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. A través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses catamarqueña, el juez constató la existencia de decenas de depósitos de materiales contaminantes que incluyen metales, cubiertas de neumáticos, maderas, plásticos, cañerías, bobinas, residuos industriales y chatarra pesada.
PERFIL se comunicó con La Alumbrera en Catamarca para indagar sobre los alcances del fallo en las acciones de la compañía y no obtuvo respuesta de sus autoridades.
Con una inversión de 6 mil millones de dólares, la minera explota desde 1997 el Bajo de la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que se localiza a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 km de San Miguel de Tucumán, unos 2.600 metros sobre el nivel del mar.
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Fecha de Publicación: 02/05/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Tucumán
Se trata del primer fallo condenatorio desde la sanción de la Ley de Residuos Peligrosos en 1991.
En un fallo que sienta un precedente en el país en términos de delitos contra el medio ambiente, el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán procesó y le trabó un embargo de $ 500 mil a Julián Patricio Rooney, ex CEO dela minera La Alumbrera, como partícipe primario en la contaminación ambiental con metales pesados de la empresa en sus instalaciones en Catamarca.
Tras ser sobreseído por la misma causa en 2016, un grupo ecologista presentó una apelación ante el tribunal tucumano para revisar el dictamen y solicitó informes ambientales a la Dirección de Minería de Tucumán, provincia en la que la compañía minera registra sus plantas de tratamiento.
Según consta en el fallo al que accedió PERFIL, el juez federal Fernando Luis Poviña justificó su decisión basado en lo obrado contra otro directivo de la firma en 2016, cuando se sentó que “la posición directriz de las autoridades en la firma” es un elemento probatorio suficiente para dictar la culpabilidad en delitos ambientales”.
Poviña, además, alegó que Rooney, en calidad de garante y con el deber de “vigilancia de una fuente determinada de peligro”, ponderó la maximización de las ganancias de la empresa producto de la explotación minera por sobre la prevención de los daños. “(Rooney) debió haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible. Se advierte que (La Alumbrera) vino a nuestro país con la única finalidad de realizar un negocio de gran magnitud, que le dejó dividendos importantísimos”, señaló el juez.
De este modo, la decisión del magistrado de considerar como penalmente responsable a Rooney en su condición de directivo de una empresa contaminante se convierte en el primer fallo condenatorio desde la sanción en 1991 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que pena con hasta 25 años de prisión las acciones contra el suelo o el agua, condena aplicable a los directores de las empresas cuando la contaminación la produce una persona jurídica.
Poviña revocó el sobreseimiento de Rooney luego de que se sumara una inspección ocular de Gendarmería Nacional a la causa iniciada en 1999 contra la minera La Alumbrera por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que comparten las provincias de Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. A través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses catamarqueña, el juez constató la existencia de decenas de depósitos de materiales contaminantes que incluyen metales, cubiertas de neumáticos, maderas, plásticos, cañerías, bobinas, residuos industriales y chatarra pesada.
PERFIL se comunicó con La Alumbrera en Catamarca para indagar sobre los alcances del fallo en las acciones de la compañía y no obtuvo respuesta de sus autoridades.
Con una inversión de 6 mil millones de dólares, la minera explota desde 1997 el Bajo de la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que se localiza a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 km de San Miguel de Tucumán, unos 2.600 metros sobre el nivel del mar.
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La Alumbrera: revocan sobreseimiento a ex directivo
Procesan nuevamente a un exCEO de Minera La Alumbrera
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán revocó el sobreseimiento de Julian Patricio Rooney luego de hace lugar a una apelación presentada por un grupo ecologista.
El Juzgado Federal Número 2 de Tucumán revocó el sobreseimiento del exCEO de Minera La Alumbrera Julian Rooney, luego de hacer lugar a una apelación presentada por una organización ecologista tucumana, PRO ECO Grupo Ecologista.
El exjefe corporativo volvió a ser procesado por el delito contaminación en la provincia, y junto a Raúl Pedro Mentz se suma a los directivos señalados en la causa que inició en 1999 por el tratamiento de residuos extraídos en Catamarca, pero que eran tratados en plantas que la compañía tenía en Tucumán.
Rooney había sido procesado en 2006 y sobreseído en 2016, lo que provocó que la organización ecologista, que actúa como querellante en la causa apeló esa medida, luego la cámara requirió nuevamente su procesamiento y el juzgado Nro. 2 solicitó además otros informes adicionales al Comité de Cuencas Salí Dulce, al Instituto Miguel Lillo y la Dirección de Minería de Tucumán, lo que profundizó el procesamiento de Rooney.
“Lo importante de este fallo, que justamente ya son dos los procesados por el delito de contaminación ambiental y que están en infracción al artículo 55, de la ley nacional 24051, que es una ley de residuos peligrosos que es la que controla a nivel nacional todos los efluentes industriales y de metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, integrante de PRO ECO Grupo Ecologista.
Acerca de los puntos sobresalientes del fallo, Carbonel destaca que “allí se anuncia que si bien Roomey no era un partícipe directo, pero fue un partícipe primario, como lo llama la justicia. El estaba encargado de las finanzas, pero no tenía que dejar de lado los aspectos ambientales de esa explotación en Catamarca y en Tucumán”.
“Ellos dicen que no contaminan porque se ampara en una legislación provincial de Tucumán. Esta ley está hecha su medida, porque permite el volcado de efluentes de la minería y de otras industrias pesadas de Tucumán. Esas leyes son inconstitucionales bajo el amparo de la ley nacional. Esto lo venimos denunciando y justamente este fallo a nivel federal nos marca que la ley 24.051 es la que se debe aplicar y por la cual se procesa a estos ex gerentes corporativos de La Alumbrera”, agregó el ecologista al sitio Canal Abierto.
Y cerró: “otra cosa fundamental que hizo el juez es marcar claramente que este es un delito de peligro y no un delito concreto. Es un delito que puede afectar a la salud y al ambiente. Y es un delito continuado y eso queda claro en el fallo, dado que la explotación se realizó entre 1997 y 2018”.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán revocó el sobreseimiento de Julian Patricio Rooney luego de hace lugar a una apelación presentada por un grupo ecologista.
El Juzgado Federal Número 2 de Tucumán revocó el sobreseimiento del exCEO de Minera La Alumbrera Julian Rooney, luego de hacer lugar a una apelación presentada por una organización ecologista tucumana, PRO ECO Grupo Ecologista.
El exjefe corporativo volvió a ser procesado por el delito contaminación en la provincia, y junto a Raúl Pedro Mentz se suma a los directivos señalados en la causa que inició en 1999 por el tratamiento de residuos extraídos en Catamarca, pero que eran tratados en plantas que la compañía tenía en Tucumán.
Rooney había sido procesado en 2006 y sobreseído en 2016, lo que provocó que la organización ecologista, que actúa como querellante en la causa apeló esa medida, luego la cámara requirió nuevamente su procesamiento y el juzgado Nro. 2 solicitó además otros informes adicionales al Comité de Cuencas Salí Dulce, al Instituto Miguel Lillo y la Dirección de Minería de Tucumán, lo que profundizó el procesamiento de Rooney.
“Lo importante de este fallo, que justamente ya son dos los procesados por el delito de contaminación ambiental y que están en infracción al artículo 55, de la ley nacional 24051, que es una ley de residuos peligrosos que es la que controla a nivel nacional todos los efluentes industriales y de metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, integrante de PRO ECO Grupo Ecologista.
Acerca de los puntos sobresalientes del fallo, Carbonel destaca que “allí se anuncia que si bien Roomey no era un partícipe directo, pero fue un partícipe primario, como lo llama la justicia. El estaba encargado de las finanzas, pero no tenía que dejar de lado los aspectos ambientales de esa explotación en Catamarca y en Tucumán”.
“Ellos dicen que no contaminan porque se ampara en una legislación provincial de Tucumán. Esta ley está hecha su medida, porque permite el volcado de efluentes de la minería y de otras industrias pesadas de Tucumán. Esas leyes son inconstitucionales bajo el amparo de la ley nacional. Esto lo venimos denunciando y justamente este fallo a nivel federal nos marca que la ley 24.051 es la que se debe aplicar y por la cual se procesa a estos ex gerentes corporativos de La Alumbrera”, agregó el ecologista al sitio Canal Abierto.
Y cerró: “otra cosa fundamental que hizo el juez es marcar claramente que este es un delito de peligro y no un delito concreto. Es un delito que puede afectar a la salud y al ambiente. Y es un delito continuado y eso queda claro en el fallo, dado que la explotación se realizó entre 1997 y 2018”.
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Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Emergencia agropecuaria en cuatro provincias
La Nación declaró la emergencia agropecuaria en cuatro provincias
Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, firmó las resoluciones a través de la cuales se declaró el estado de emergencia y/o desastre para las provincias de Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Se trata de jurisdicciones que fueron afectadas en sus capacidades productivas e infraestructura por distintos eventos climatológicos como inundaciones, bajas temperaturas y/o granizo.
La medida se adoptó conforme a la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de evaluar las consecuencias generadas por distintos eventos climáticos en las cuatro provincias.
“Con la inmediata publicación de las declaraciones de emergencia habilitamos los mecanismos que prevé la Ley de Emergencia para brindar herramientas que ayudan a minimizar el impacto de los daños causados por las inclemencias climáticas a los productores de las provincias afectadas”, explicó el titular de la cartera agroindustrial.
Alcances
Santa Fe. En este caso se declaró la emergencia entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del corriente año por inundaciones, para los departamentos de la Capital, Garay, Las Colonias, San Justo, San Javier, San Martín (distritos Carlos Pellegrini, María Susana y Piamonte), San Cristóbal (distritos Aguara Grande, San Cristóbal, Las Avispas, Huanqueros, Villa Saralegui, La Lucila, Ñanducita, Colonia La Clara y Soledad), San Jerónimo (distritos Coronda y Larrechea) y Belgrano (distritos Bouquet, Montes de Oca y Tortugas).
Santiago del Estero. Será por el término de 12 meses a partir de enero de 2019 para las localidades de Cañada Escobar, Colonia Gamara, Clodomira del departamento de Banda; La Cañada, Hurito Huasi del departamento de Figueroa y Colonia El Simbolar, Fernández, Vilmer, Forres y Beltrán del departamento de Robles, afectadas en forma directa por las inundaciones de enero pasado.
Tucumán. La emergencia contempla la totalidad del territorio provincial por efecto de las bajas temperaturas y las precipitaciones intensas ocurridas durante octubre y noviembre del año pasado.
El período comprende del 1° de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019, para las producciones de arándanos, papas, garbanzos y trigo.
Mendoza. La declaración de emergencia es por los daños provocados por tormenta de granizo; el período de emergencia abarcará del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, para las producciones agrícolas de bajo riesgo en algunos distritos de los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo, Junín, Maipú y Rivadavia.
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Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, firmó las resoluciones a través de la cuales se declaró el estado de emergencia y/o desastre para las provincias de Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Se trata de jurisdicciones que fueron afectadas en sus capacidades productivas e infraestructura por distintos eventos climatológicos como inundaciones, bajas temperaturas y/o granizo.
La medida se adoptó conforme a la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de evaluar las consecuencias generadas por distintos eventos climáticos en las cuatro provincias.
“Con la inmediata publicación de las declaraciones de emergencia habilitamos los mecanismos que prevé la Ley de Emergencia para brindar herramientas que ayudan a minimizar el impacto de los daños causados por las inclemencias climáticas a los productores de las provincias afectadas”, explicó el titular de la cartera agroindustrial.
Alcances
Santa Fe. En este caso se declaró la emergencia entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del corriente año por inundaciones, para los departamentos de la Capital, Garay, Las Colonias, San Justo, San Javier, San Martín (distritos Carlos Pellegrini, María Susana y Piamonte), San Cristóbal (distritos Aguara Grande, San Cristóbal, Las Avispas, Huanqueros, Villa Saralegui, La Lucila, Ñanducita, Colonia La Clara y Soledad), San Jerónimo (distritos Coronda y Larrechea) y Belgrano (distritos Bouquet, Montes de Oca y Tortugas).
Santiago del Estero. Será por el término de 12 meses a partir de enero de 2019 para las localidades de Cañada Escobar, Colonia Gamara, Clodomira del departamento de Banda; La Cañada, Hurito Huasi del departamento de Figueroa y Colonia El Simbolar, Fernández, Vilmer, Forres y Beltrán del departamento de Robles, afectadas en forma directa por las inundaciones de enero pasado.
Tucumán. La emergencia contempla la totalidad del territorio provincial por efecto de las bajas temperaturas y las precipitaciones intensas ocurridas durante octubre y noviembre del año pasado.
El período comprende del 1° de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019, para las producciones de arándanos, papas, garbanzos y trigo.
Mendoza. La declaración de emergencia es por los daños provocados por tormenta de granizo; el período de emergencia abarcará del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, para las producciones agrícolas de bajo riesgo en algunos distritos de los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo, Junín, Maipú y Rivadavia.
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Anulan absoluciones por contaminación (nuevamente)
Por segunda vez, anulan absoluciones por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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Avanza el trabajo en Tucumán sobre la caña libre de fuego
Tucumán tiene 25.500 hectáreas de caña libre de fuego
Fecha de Publicación: 07/03/2019
Fuente: Gobierno de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán
Entre las políticas ambientales y productivas promovidas por el Estado tucumano, el Primer Mandatario, Juan Manzur, expresó ante la 114° apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, que el Sistema de Certificación de Cosecha de Caña de Azúcar sin Uso del Fuego ya tiene 25.500 hectáreas certificadas.
“Aspiramos a erradicar por completo la quema de caña de azúcar y pastizales en Tucumán”, dijo.
También señaló que en los últimos tres años se intensificó el Plan de Producción Limpia en el que participan ingenios, citrícolas y frigoríficos: “hemos logrado que ya no se vuelquen a la cuenca Salí Dulce la cachaza, la vinaza, las cenizas y los efluentes industriales, lo cual ha mejorado enormemente la calidad ambiental del Embalse de Río Hondo”.
Este año, por Ley Nacional Nº 27.451, se creó el Parque Nacional Aconquija, que protegerá 70 mil hectáreas de biodiversidad en el oeste de la provincia.
Para cumplir con su rol constitucional de custodia de los bosques nativos, “hemos realizado a lo largo de 2018 un amplio proceso participativo de revisión según lo previsto por la ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia (Ley 8304). A partir de ello, se está trabajando en la confección de un anteproyecto de Ley que será presentado en una audiencia pública y luego elevado a la Honorable Legislatura para su tratamiento y sanción”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2019
Fuente: Gobierno de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán
Entre las políticas ambientales y productivas promovidas por el Estado tucumano, el Primer Mandatario, Juan Manzur, expresó ante la 114° apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, que el Sistema de Certificación de Cosecha de Caña de Azúcar sin Uso del Fuego ya tiene 25.500 hectáreas certificadas.
“Aspiramos a erradicar por completo la quema de caña de azúcar y pastizales en Tucumán”, dijo.
También señaló que en los últimos tres años se intensificó el Plan de Producción Limpia en el que participan ingenios, citrícolas y frigoríficos: “hemos logrado que ya no se vuelquen a la cuenca Salí Dulce la cachaza, la vinaza, las cenizas y los efluentes industriales, lo cual ha mejorado enormemente la calidad ambiental del Embalse de Río Hondo”.
Este año, por Ley Nacional Nº 27.451, se creó el Parque Nacional Aconquija, que protegerá 70 mil hectáreas de biodiversidad en el oeste de la provincia.
Para cumplir con su rol constitucional de custodia de los bosques nativos, “hemos realizado a lo largo de 2018 un amplio proceso participativo de revisión según lo previsto por la ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia (Ley 8304). A partir de ello, se está trabajando en la confección de un anteproyecto de Ley que será presentado en una audiencia pública y luego elevado a la Honorable Legislatura para su tratamiento y sanción”.
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El problema de la vinaza con posible solución
Con potasio, quieren poner fin al drama de la vinaza
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
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Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
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Avances del "Monitoreo ambiental" del Salí-Dulce
Reconocen avances del programa "Monitoreo ambiental"
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Con el objeto de terminar con el flagelo de la contaminación ambiental en la cuenca Salí-Dulce, se celebró el séptimo aniversario del programa "Monitoreo ambiental" que se desarrolla de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo de la provincia y el Ministerio del Agua y Ambiente, todo bajo tutela de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Participaron del acto, el defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel E. Suárez; el secretario del Agua y de Ambiente, Lic. Sergio Zaltz; el presidente del Tribunal de Cuentas y ex defensor del Pueblo, Dr. Martín Díaz Achával, y el secretario de Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, quienes, en la oportunidad de participar de un panel, aludieron a todo el proceso que significó la puesta en operaciones del monitoreo permanente, alerta temprana en el embalse y la inspección a industrias de la provincia de Tucumán.
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