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Monitoreo conjunto de Santiago y Tucumán en Río Hondo
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Monitoreo: recolectan muestras de agua en el embalse de Río Hondo
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
En procura de determinar la calidad actual del agua del embalse de Río Hondo, se llevó a cabo un nuevo monitoreo del cual formó parte el equipo técnico del Instituto de Hidrobiología y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (Sema).
Se trata de las labores del Grupo de gestión en tiempo real del Comité de Cuenca Salí - Dulce, oportunidad en la que se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se recolectaron muestras de bentos para su procesamiento y análisis complementarios en el laboratorio.
Tales actividades son de gran importancia en la determinación del estado de este cuerpo de agua. Estas acciones se llevaron adelante desde el Instituto de Hidrobiología, como resultados de la implementación de políticas ambientales por parte del Gobierno de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
En procura de determinar la calidad actual del agua del embalse de Río Hondo, se llevó a cabo un nuevo monitoreo del cual formó parte el equipo técnico del Instituto de Hidrobiología y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (Sema).
Se trata de las labores del Grupo de gestión en tiempo real del Comité de Cuenca Salí - Dulce, oportunidad en la que se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se recolectaron muestras de bentos para su procesamiento y análisis complementarios en el laboratorio.
Tales actividades son de gran importancia en la determinación del estado de este cuerpo de agua. Estas acciones se llevaron adelante desde el Instituto de Hidrobiología, como resultados de la implementación de políticas ambientales por parte del Gobierno de la Provincia.
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La causa Colombres sigue su curso y traban embargo
Confirman procesamiento de dos industriales tucumanos por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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Confirman procesamientos por causa del Salí-Dulce
La Cámara Federal de Casación confirmó procesamientos en causa por residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 22/04/2018
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Tucumán
En la causa se investiga la contaminación, de manera peligrosa para la salud pública, del agua mediante el vertido de efluentes industriales del ingenio Cruz Alta en un canal que desemboca en el río Salí-Dulce, en la provincia de Tucumán
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en una resolución firmada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa particular y confirmó una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en cuanto revocó el sobreseimiento de los imputados y dispuso en su lugar el procesamiento sin prisión preventiva de los mismos.
En la causa se encuentran imputados los responsables de la firma Arenal del Norte SA, a quienes se les endilga haber tenido conocimiento de la características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que liberaba la planta a la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce, ello sin haber tomado los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental.
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Fecha de Publicación: 22/04/2018
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Tucumán
En la causa se investiga la contaminación, de manera peligrosa para la salud pública, del agua mediante el vertido de efluentes industriales del ingenio Cruz Alta en un canal que desemboca en el río Salí-Dulce, en la provincia de Tucumán
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en una resolución firmada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa particular y confirmó una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en cuanto revocó el sobreseimiento de los imputados y dispuso en su lugar el procesamiento sin prisión preventiva de los mismos.
En la causa se encuentran imputados los responsables de la firma Arenal del Norte SA, a quienes se les endilga haber tenido conocimiento de la características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que liberaba la planta a la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce, ello sin haber tomado los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental.
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La probation a Rocchia Ferro más cerca (lamentablemente)
Probation a Rocchia Ferro: Casación rechazó apelaciones de fiscales
Fecha de Publicación: 10/03/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las apelaciones de las fiscalías federales de Santiago del Estero y de Tucumán, que planteaban la incompetencia del Tribunal Oral Federal local conformado para llevar adelante el juicio por contaminación en contra del empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro.
El tribunal había hecho lugar al pedido del imputado de realizar una probation (suspensión del juicio a prueba), acumulando causas por vuelcos de vinazas del ingenio y destilería La Florida, en Tucumán (2011) y en una localidad del departamento Jiménez, El Arenal (en diciembre de 2012 y enero de 2013). Los fiscales se oponían a la acumulación de causas, pero Casación respaldó al tribunal.
De esta manera, el tribunal conformado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli debe fijar ahora fecha para la audiencia en la que se tratará el pedido de probatión del empresario azucarero.
Esta novedad fue confirmada por fuentes judiciales como también por el entorno del empresario, que remarcó que Rocchia Ferro está dispuesto a reparar el daño con obras para una escuela del Dpto. Jiménez, equipamiento para el trabajo de monitoreo ambiental de la cuenca Salí-Dulce, y hasta dar clases sobre producción limpia en una escuela de Santiago.
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Fecha de Publicación: 10/03/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las apelaciones de las fiscalías federales de Santiago del Estero y de Tucumán, que planteaban la incompetencia del Tribunal Oral Federal local conformado para llevar adelante el juicio por contaminación en contra del empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro.
El tribunal había hecho lugar al pedido del imputado de realizar una probation (suspensión del juicio a prueba), acumulando causas por vuelcos de vinazas del ingenio y destilería La Florida, en Tucumán (2011) y en una localidad del departamento Jiménez, El Arenal (en diciembre de 2012 y enero de 2013). Los fiscales se oponían a la acumulación de causas, pero Casación respaldó al tribunal.
De esta manera, el tribunal conformado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli debe fijar ahora fecha para la audiencia en la que se tratará el pedido de probatión del empresario azucarero.
Esta novedad fue confirmada por fuentes judiciales como también por el entorno del empresario, que remarcó que Rocchia Ferro está dispuesto a reparar el daño con obras para una escuela del Dpto. Jiménez, equipamiento para el trabajo de monitoreo ambiental de la cuenca Salí-Dulce, y hasta dar clases sobre producción limpia en una escuela de Santiago.
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Alumbrera e YMAD obligadas a recomponer
Un fallo ratifica la obligación de recomponer el ambiente
Fecha de Publicación: 01/03/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Civil y Comercial de Concepción avaló la imposición de medidas precautorias a las empresas YMAD y Minera Alumbrera Ltd.
Un segundo fallo, que aún no está firme, ratificó que las empresas Minera Alumbrera Ltd. y Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) deben dejar el medio ambiente en el mismo estado en el que estaba hace aproximadamente dos décadas atrás, cuando comenzaron la extracción de metales. El pronunciamiento de María José Posse (preopinante) y Mirtha I. Ibáñez de Córdoba, integrantes de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común de Concepción, confirmó la sentencia que había dictado Eduardo Dip Tártalo, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº2. Ambas decisiones recayeron en el ámbito del reclamo de daños y perjuicios que habían iniciado los hermanos Carlos Alberto y José Antonio Aranda esgrimiendo la polución de un manantial de Alpachiri.
En noviembre pasado, las vocales sostuvieron que Dip Tártalo había hecho lo correcto al establecer una serie de obligaciones a cargo de las compañías demandadas, que este año cerrarán la explotación del yacimiento ubicado en Catamarca. En su resolución del 12 de diciembre de 2016, el juez N°2 desestimó el reclamo de $ 400 millones de los Aranda, pero puso en cabeza de Minera Alumbrera Ltda. y de YMAD el deber de recomponer en forma integral los recursos naturales que habían usado para extraer, principalmente, oro y cobre.
Posse e Ibáñez de Córdoba expresaron que el magistrado, al analizar el planteo de los hermanos Aranda, había priorizado los derechos a gozar de un ambiente sano y de agua potable frente al derecho a la explotación minera de las demandadas. Y coincidieron con él en que estaba facultado para hacerlo en función del principio precautorio previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Esta norma define al postulado como la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del medio cuando haya peligro de daño grave o irreversible aunque falte información o certeza científica sobre la contaminación.
El tribunal revisor destacó que, durante el proceso, las empresas no habían proporcionado algunos de los datos y de las pruebas solicitadas. En particular, las magistradas dijeron que habían omitido la presentación de las actividades consideradas en el ámbito del plan de cierre de la explotación. “Por otro lado, no han aportado las pruebas que permitan dar por cumplida la obligación legal de contratar un seguro suficiente de manera conjunta a la recomposición ambiental”, expresaron. Y añadieron: “las medidas adoptadas por el magistrado se corresponden con el deber de tutela y precaución que imponen los paradigmas del derecho ambiental y la función del magistrado que no puede consistir únicamente en ser espectador. Por otra parte, lucen proporcionadas ante las eventualidades analizadas dado que posibilitarán el control y seguimiento (del cierre) por la autoridad judicial y de aplicación administrativa”.
En una sentencia poco habitual para el foro provincial, Dip Tártalo había ordenado numerosas medidas “precautorias”. Entre ellas, la presentación de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en Tucumán; la constitución del fondo de restauración ambiental previsto en la ley y la acreditación del seguro ya mencionado. El juez dijo que las empresas debían informarle si habían cumplido estas órdenes como consecuencia del cierre de la mina. También resolvió aconsejar al Poder Ejecutivo la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y patologías que guarden relación directa con la contaminación de los acuíferos de la zona, entre otras recomendaciones.
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Fecha de Publicación: 01/03/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Civil y Comercial de Concepción avaló la imposición de medidas precautorias a las empresas YMAD y Minera Alumbrera Ltd.
Un segundo fallo, que aún no está firme, ratificó que las empresas Minera Alumbrera Ltd. y Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) deben dejar el medio ambiente en el mismo estado en el que estaba hace aproximadamente dos décadas atrás, cuando comenzaron la extracción de metales. El pronunciamiento de María José Posse (preopinante) y Mirtha I. Ibáñez de Córdoba, integrantes de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común de Concepción, confirmó la sentencia que había dictado Eduardo Dip Tártalo, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº2. Ambas decisiones recayeron en el ámbito del reclamo de daños y perjuicios que habían iniciado los hermanos Carlos Alberto y José Antonio Aranda esgrimiendo la polución de un manantial de Alpachiri.
En noviembre pasado, las vocales sostuvieron que Dip Tártalo había hecho lo correcto al establecer una serie de obligaciones a cargo de las compañías demandadas, que este año cerrarán la explotación del yacimiento ubicado en Catamarca. En su resolución del 12 de diciembre de 2016, el juez N°2 desestimó el reclamo de $ 400 millones de los Aranda, pero puso en cabeza de Minera Alumbrera Ltda. y de YMAD el deber de recomponer en forma integral los recursos naturales que habían usado para extraer, principalmente, oro y cobre.
Posse e Ibáñez de Córdoba expresaron que el magistrado, al analizar el planteo de los hermanos Aranda, había priorizado los derechos a gozar de un ambiente sano y de agua potable frente al derecho a la explotación minera de las demandadas. Y coincidieron con él en que estaba facultado para hacerlo en función del principio precautorio previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Esta norma define al postulado como la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del medio cuando haya peligro de daño grave o irreversible aunque falte información o certeza científica sobre la contaminación.
El tribunal revisor destacó que, durante el proceso, las empresas no habían proporcionado algunos de los datos y de las pruebas solicitadas. En particular, las magistradas dijeron que habían omitido la presentación de las actividades consideradas en el ámbito del plan de cierre de la explotación. “Por otro lado, no han aportado las pruebas que permitan dar por cumplida la obligación legal de contratar un seguro suficiente de manera conjunta a la recomposición ambiental”, expresaron. Y añadieron: “las medidas adoptadas por el magistrado se corresponden con el deber de tutela y precaución que imponen los paradigmas del derecho ambiental y la función del magistrado que no puede consistir únicamente en ser espectador. Por otra parte, lucen proporcionadas ante las eventualidades analizadas dado que posibilitarán el control y seguimiento (del cierre) por la autoridad judicial y de aplicación administrativa”.
En una sentencia poco habitual para el foro provincial, Dip Tártalo había ordenado numerosas medidas “precautorias”. Entre ellas, la presentación de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en Tucumán; la constitución del fondo de restauración ambiental previsto en la ley y la acreditación del seguro ya mencionado. El juez dijo que las empresas debían informarle si habían cumplido estas órdenes como consecuencia del cierre de la mina. También resolvió aconsejar al Poder Ejecutivo la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y patologías que guarden relación directa con la contaminación de los acuíferos de la zona, entre otras recomendaciones.
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La polémica de los zoológicos ahora en Tucumán
¿El fin de los zoológicos?: La polémica se traslada a Tucumán
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un cambio de paradigma en el vínculo entre el hombre y la naturaleza obliga a pensar en la reconversión de las instituciones zoológicas en lugares para la rehabilitación, conservación y liberación de especies nativas. Las denuncias contra el predio del Instituto Pellegrini abren el debate.
La denuncia de una turista salteña sobre la bichera que presentaba uno de los osos pardos con los que cuenta el zoológico de San Pedro de Colalao recorrió las redes sociales. Esa situación fue el puntapié inicial de varias publicaciones que vinieron después haciendo referencia a la condición sanitaria general de los animales que se encuentran en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini. Pero fue Ariadna Remonda quien se hizo eco de los reclamos dispersos en la virtualidad y encabezó una campaña para pedir el cierre del zoo. Su carta dirigida al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, consignando diversas irregularidades, logró más de 8 mil adhesiones.
Quienes están abocados al activismo medioambiental dicen que nada de lo que ocurrió en lo relativo a las denuncias es una novedad. Aseguran que, al constituirse el zoológico como uno de los principales atractivos de San Pedro de Colalao, tucumanos y turistas tienen la posibilidad de encontrarse durante el verano con alguna que otra situación irregular en el predio que alberga a más de 150 especies entre nativas y exóticas. Sólo es cuestión de sacar el celular, tomar una foto y que las redes y sus usuarios hagan el resto. Lo que sí representa un cambio, según Ivana Acevedo, -referente de la ONG Animalista Libera-, es que en los últimos tiempos los cuestionamientos no provienen estrictamente de un sector vinculado al proteccionismo sino de personas que fueron a visitar el predio solos o con su familia y algo les hizo ruido.
“No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, sostuvo Acevedo, quien tiene la convicción de que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.
El fenómeno es imposible de evaluar de manera aislada a lo que viene sucediendo en distintos lugares del mundo y también en Argentina. Una nueva sensibilidad en lo que refiere al medioambiente en sus distintas vertientes, sumado a las posibilidades que ofrecen la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones pusieron en jaque primero a los circos que incorporaban animales en sus números y luego a los zoológicos que los exhiben cual objeto en una vidriera donde se reúne la sociedad del consumo y del entretenimiento.
“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula. Lo que se proponen son cosas básicas: dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”, requirió.
El fenómeno en contexto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un ecoparque. La decisión fue tomada luego de los feroces cuestionamientos que recibió la institución luego de la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año. En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar con el oso polar Arturo que, pese a los pedidos que llegaron desde todas partes del mundo, no pudo ser trasladado para brindarle una mejor calidad de vida en sus últimos años: rl gasto del transporte era millonario y el riesgo de que muera camino a un santuario, demasiado elevado.
Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.
“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.
Un zoo bajo la lupa
La situación de la Provincia es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.
El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.
El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos- que muchas veces se encuentran en casas de familias.
“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.
Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.
Profesionales abocados al estudio y manejo de fauna silvestre piden considerar en el debate todos los matices que se encuentran desde la angustiosa situación del cautiverio en la que se encuentran cientos de animales en el zoológico a la solución mágica de la liberación que, muchas veces, es un remanso en donde liberar la angustia que ocasiona el sufrimiento de un ser vivo. Lo cierto es que la reconversión es necesaria y el fin último debe ser la reinserción de los animales en su hábitat natural siempre y cuando su trayectoria vital así lo permita.
Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia- las condiciones del cautiverio de los animales: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.
En este punto se convierte en un aspecto central detener la reproducción de animales en cautiverio debido a que sus madres, anuladas de todo instinto, no podrán enseñarles lo esencial para desarrollarse en la naturaleza y la función del zoológico quedará justificada una y otra vez en un entramado de complicidades con aval estatal. “Así como nosotros respetamos a los que piensan diferente, yo pido que se respeten a los que si nos gustan los zoológicos porque creemos que tienen una función educativa muy importante”, sostuvo Fernández.
La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en la Provincia. Afortunadamente, la meiasis fue atacada pero lo realmente grave es que en la misma fosa de cemento donde se tomó la foto, y bajo el intenso calor del enero tucumano, recientemente nacieron dos oseznos. Ante la pregunta de este diario sobre cuál será el destino de los animales, el encargado sanitario del zoológico, José Yapur, admitió que todavía no tienen un destino pero que, seguramente, se trocarán en el mercado cada vez más acotado de zoológicos.
Hasta el momento, no hay currícula de educación ambiental que justifique una situación semejante debido a que la cuestión ambiental comprende a la ética como un ingrediente esencial de la toma decisiones a favor de un mundo sustentable para nuestra generación y también de las que vendrán.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un cambio de paradigma en el vínculo entre el hombre y la naturaleza obliga a pensar en la reconversión de las instituciones zoológicas en lugares para la rehabilitación, conservación y liberación de especies nativas. Las denuncias contra el predio del Instituto Pellegrini abren el debate.
La denuncia de una turista salteña sobre la bichera que presentaba uno de los osos pardos con los que cuenta el zoológico de San Pedro de Colalao recorrió las redes sociales. Esa situación fue el puntapié inicial de varias publicaciones que vinieron después haciendo referencia a la condición sanitaria general de los animales que se encuentran en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini. Pero fue Ariadna Remonda quien se hizo eco de los reclamos dispersos en la virtualidad y encabezó una campaña para pedir el cierre del zoo. Su carta dirigida al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, consignando diversas irregularidades, logró más de 8 mil adhesiones.
Quienes están abocados al activismo medioambiental dicen que nada de lo que ocurrió en lo relativo a las denuncias es una novedad. Aseguran que, al constituirse el zoológico como uno de los principales atractivos de San Pedro de Colalao, tucumanos y turistas tienen la posibilidad de encontrarse durante el verano con alguna que otra situación irregular en el predio que alberga a más de 150 especies entre nativas y exóticas. Sólo es cuestión de sacar el celular, tomar una foto y que las redes y sus usuarios hagan el resto. Lo que sí representa un cambio, según Ivana Acevedo, -referente de la ONG Animalista Libera-, es que en los últimos tiempos los cuestionamientos no provienen estrictamente de un sector vinculado al proteccionismo sino de personas que fueron a visitar el predio solos o con su familia y algo les hizo ruido.
“No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, sostuvo Acevedo, quien tiene la convicción de que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.
El fenómeno es imposible de evaluar de manera aislada a lo que viene sucediendo en distintos lugares del mundo y también en Argentina. Una nueva sensibilidad en lo que refiere al medioambiente en sus distintas vertientes, sumado a las posibilidades que ofrecen la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones pusieron en jaque primero a los circos que incorporaban animales en sus números y luego a los zoológicos que los exhiben cual objeto en una vidriera donde se reúne la sociedad del consumo y del entretenimiento.
“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula. Lo que se proponen son cosas básicas: dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”, requirió.
El fenómeno en contexto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un ecoparque. La decisión fue tomada luego de los feroces cuestionamientos que recibió la institución luego de la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año. En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar con el oso polar Arturo que, pese a los pedidos que llegaron desde todas partes del mundo, no pudo ser trasladado para brindarle una mejor calidad de vida en sus últimos años: rl gasto del transporte era millonario y el riesgo de que muera camino a un santuario, demasiado elevado.
Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.
“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.
Un zoo bajo la lupa
La situación de la Provincia es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.
El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.
El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos- que muchas veces se encuentran en casas de familias.
“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.
Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.
Profesionales abocados al estudio y manejo de fauna silvestre piden considerar en el debate todos los matices que se encuentran desde la angustiosa situación del cautiverio en la que se encuentran cientos de animales en el zoológico a la solución mágica de la liberación que, muchas veces, es un remanso en donde liberar la angustia que ocasiona el sufrimiento de un ser vivo. Lo cierto es que la reconversión es necesaria y el fin último debe ser la reinserción de los animales en su hábitat natural siempre y cuando su trayectoria vital así lo permita.
Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia- las condiciones del cautiverio de los animales: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.
En este punto se convierte en un aspecto central detener la reproducción de animales en cautiverio debido a que sus madres, anuladas de todo instinto, no podrán enseñarles lo esencial para desarrollarse en la naturaleza y la función del zoológico quedará justificada una y otra vez en un entramado de complicidades con aval estatal. “Así como nosotros respetamos a los que piensan diferente, yo pido que se respeten a los que si nos gustan los zoológicos porque creemos que tienen una función educativa muy importante”, sostuvo Fernández.
La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en la Provincia. Afortunadamente, la meiasis fue atacada pero lo realmente grave es que en la misma fosa de cemento donde se tomó la foto, y bajo el intenso calor del enero tucumano, recientemente nacieron dos oseznos. Ante la pregunta de este diario sobre cuál será el destino de los animales, el encargado sanitario del zoológico, José Yapur, admitió que todavía no tienen un destino pero que, seguramente, se trocarán en el mercado cada vez más acotado de zoológicos.
Hasta el momento, no hay currícula de educación ambiental que justifique una situación semejante debido a que la cuestión ambiental comprende a la ética como un ingrediente esencial de la toma decisiones a favor de un mundo sustentable para nuestra generación y también de las que vendrán.
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Una ridícula probation para una empresa contaminadora
El frigorífico Fidensa dará clases sobre el cuidado del ambiente para suspender un juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal dejó en suspenso un juicio oral por hechos de contaminación a cambio de que los imputados ligados al frigorífico Fidensa se capaciten y capaciten a la comunidad en el cuidado del ambiente. Esta actividad educativa tendrá lugar en el aula de 150 metros cuadrados que la firma ha de construir en su inmueble de Alderetes en el plazo de 90 días contado a partir de que la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) quede firme, cosa que todavía no ha ocurrido. Los acusados complementarán esta regla de conducta con la donación de carne y de tecnología atinente a la prevención de la contaminación; la limpieza del área de influencia del frigorífico; la colocación de carteles y señales de concientización, y el sometimiento periódico a la fiscalización de las autoridades correspondientes.
Emitida con las firmas de los vocales Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli (en disidencia parcial), la decisión procura cerrar un proceso penal de interés público iniciado hace casi 14 años contra los acusados Martín Esteban Huerta, Hugo Osvaldo Benejam y Pedro Benito Benejam. Al filo del inicio del juicio, el 7 de diciembre, el estrado aceptó la propuesta de los responsables de Fidensa, pese a la oposición del fiscal Pablo Camuña, quien recurrió la decisión, según indicaron fuentes del TOF.
Tal y como había sucedido en otras investigaciones de presuntos delitos ambientales, los jueces consideraron que el instituto de la suspensión del juicio a prueba o probation podía ser aplicado para el caso “Fidensa”. Con ese criterio, impusieron un paréntesis de tres años, término en el que no correrá el cómputo de la prescripción de la acción penal. Durante este plazo, los imputados tendrán que honrar los compromisos que asumieron en el afán de evitar el juzgamiento y, eventualmente, una condena. El Código Penal estipula que el ofrecimiento de una reparación del daño “en la medida de lo posible” no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil.
El fin: la ‘resocialización’
La resolución explicita que la formación para la protección ambiental debe alcanzar a los propios acusados y al personal del frigorífico, además de a los vecinos. En el aula de Fidensa, los expertos en la materia ilustrarán a la población sobre medidas de limpieza y de conservación de los lugares públicos, en especial de los canales y cursos de agua aledaños a la empresa. En la tarea educativa -a cargo de los acusados- intervendrá la Municipalidad de Alderetes mediante sus asistentes sociales, quienes convocarán a las familias con la intención de que estas reciban la capacitación proyectada. El aula de usos múltiples estará a disposición del Municipio, del Tribunal y del Ministerio Público Fiscal. Luego, será entregada en comodato a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, aunque los imputados costearán el mantenimiento del salón durante cinco años.
La probation no satisfizo al fiscal Camuña, quien, según la sentencia, dictaminó que aquella no sólo debía ser una reparación suficiente, razonable y acorde a la magnitud del daño causado, sino, además, un gesto serio y sincero de arrepentimiento activo, y que tal requisito estaba ausente en esta circunstancia.
Camuña observó que los imputados tenían otras dos causas abiertas (respectivamente en 2007 y 2015) por contaminación. Tanto Noli (con su voto) como Casas y Jiménez Montilla consideraron arbitraria la oposición del fiscal. “Sus fundamentos no son ajustados a Derecho e incurre en contradicción”, manifestaron los segundos y agregaron que los acusados carecen de antecedentes penales. “La finalidad del sistema no es la aplicación de una pena sino la ‘resocialización’ del acusado”, dijeron. Noli por su parte expresó que el dictamen de Camuña se apartaba de la interpretación razonable de la ley que regula la probation y de los motivos que llevaron a su dictado.
La Justicia Federal de Tucumán abrió numerosas investigaciones penales por denuncias de contaminación durante la década pasada. Al estallido de este tipo de causas contribuyó la degradación de la cuenca Salí-Dulce. En los últimos tiempos, los procesos han empezado a dar lugar a reparaciones como la acordada para el caso “Fidensa”. Antes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal había aprobado la “probation” para el ingenio La Fronterita y el basural de Pacará Pintado.
El acuerdo aprobado por los Tribunales
- En el afán de cerrar una causa por contaminación, los responsables del frigorífico Fidensa levantarán un aula de 150 metros cuadrados en el terreno que ocupa la empresa.
- En dicho salón habrá capacitaciones para el cuidado del ambiente dirigidas a los acusados y al personal de la compañía, así como a la comunidad.
- Además, donarán al Pequeño Cottolengo Don Orione 20 kg semanales de carne.
- También entregarán una lupa binocular a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.
- La “probation” incluye la colocación de carteles de concientización (con la leyenda “no arrojar residuos”) y el sometimiento a los controles destinados a prevenir la contaminación.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal dejó en suspenso un juicio oral por hechos de contaminación a cambio de que los imputados ligados al frigorífico Fidensa se capaciten y capaciten a la comunidad en el cuidado del ambiente. Esta actividad educativa tendrá lugar en el aula de 150 metros cuadrados que la firma ha de construir en su inmueble de Alderetes en el plazo de 90 días contado a partir de que la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) quede firme, cosa que todavía no ha ocurrido. Los acusados complementarán esta regla de conducta con la donación de carne y de tecnología atinente a la prevención de la contaminación; la limpieza del área de influencia del frigorífico; la colocación de carteles y señales de concientización, y el sometimiento periódico a la fiscalización de las autoridades correspondientes.
Emitida con las firmas de los vocales Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli (en disidencia parcial), la decisión procura cerrar un proceso penal de interés público iniciado hace casi 14 años contra los acusados Martín Esteban Huerta, Hugo Osvaldo Benejam y Pedro Benito Benejam. Al filo del inicio del juicio, el 7 de diciembre, el estrado aceptó la propuesta de los responsables de Fidensa, pese a la oposición del fiscal Pablo Camuña, quien recurrió la decisión, según indicaron fuentes del TOF.
Tal y como había sucedido en otras investigaciones de presuntos delitos ambientales, los jueces consideraron que el instituto de la suspensión del juicio a prueba o probation podía ser aplicado para el caso “Fidensa”. Con ese criterio, impusieron un paréntesis de tres años, término en el que no correrá el cómputo de la prescripción de la acción penal. Durante este plazo, los imputados tendrán que honrar los compromisos que asumieron en el afán de evitar el juzgamiento y, eventualmente, una condena. El Código Penal estipula que el ofrecimiento de una reparación del daño “en la medida de lo posible” no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil.
El fin: la ‘resocialización’
La resolución explicita que la formación para la protección ambiental debe alcanzar a los propios acusados y al personal del frigorífico, además de a los vecinos. En el aula de Fidensa, los expertos en la materia ilustrarán a la población sobre medidas de limpieza y de conservación de los lugares públicos, en especial de los canales y cursos de agua aledaños a la empresa. En la tarea educativa -a cargo de los acusados- intervendrá la Municipalidad de Alderetes mediante sus asistentes sociales, quienes convocarán a las familias con la intención de que estas reciban la capacitación proyectada. El aula de usos múltiples estará a disposición del Municipio, del Tribunal y del Ministerio Público Fiscal. Luego, será entregada en comodato a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, aunque los imputados costearán el mantenimiento del salón durante cinco años.
La probation no satisfizo al fiscal Camuña, quien, según la sentencia, dictaminó que aquella no sólo debía ser una reparación suficiente, razonable y acorde a la magnitud del daño causado, sino, además, un gesto serio y sincero de arrepentimiento activo, y que tal requisito estaba ausente en esta circunstancia.
Camuña observó que los imputados tenían otras dos causas abiertas (respectivamente en 2007 y 2015) por contaminación. Tanto Noli (con su voto) como Casas y Jiménez Montilla consideraron arbitraria la oposición del fiscal. “Sus fundamentos no son ajustados a Derecho e incurre en contradicción”, manifestaron los segundos y agregaron que los acusados carecen de antecedentes penales. “La finalidad del sistema no es la aplicación de una pena sino la ‘resocialización’ del acusado”, dijeron. Noli por su parte expresó que el dictamen de Camuña se apartaba de la interpretación razonable de la ley que regula la probation y de los motivos que llevaron a su dictado.
La Justicia Federal de Tucumán abrió numerosas investigaciones penales por denuncias de contaminación durante la década pasada. Al estallido de este tipo de causas contribuyó la degradación de la cuenca Salí-Dulce. En los últimos tiempos, los procesos han empezado a dar lugar a reparaciones como la acordada para el caso “Fidensa”. Antes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal había aprobado la “probation” para el ingenio La Fronterita y el basural de Pacará Pintado.
El acuerdo aprobado por los Tribunales
- En el afán de cerrar una causa por contaminación, los responsables del frigorífico Fidensa levantarán un aula de 150 metros cuadrados en el terreno que ocupa la empresa.
- En dicho salón habrá capacitaciones para el cuidado del ambiente dirigidas a los acusados y al personal de la compañía, así como a la comunidad.
- Además, donarán al Pequeño Cottolengo Don Orione 20 kg semanales de carne.
- También entregarán una lupa binocular a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.
- La “probation” incluye la colocación de carteles de concientización (con la leyenda “no arrojar residuos”) y el sometimiento a los controles destinados a prevenir la contaminación.
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Tucumán: denuncian pesca furtiva
La pesca furtiva está destruyendo la fauna de los ríos en toda la provincia
Fecha de Publicación: 02/02/2018
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
“El viernes fue nuestro día. Pero no festejamos nada. Teníamos ganas de llorar por cómo están matando los furtivos”, declaró Juan Carlos Ferreyra, uno de los tantos pescadores que denunciaron a las personas que están capturando peces con todo tipo de redes.
Ferreyra se definió como un pescador de toda la vida. Recordó que, cuando era niño, hace más de 30 años, solía ir con su padre a cualquier río tucumano y siempre capturaba bagres, bogas y dorados enormes. “Ahora no hay nada por culpa de los rederos que sacan todo, no dejan nada. No les importa si son grandes o chicos, si son sábalos o dorados, los sacan, a la bolsa y listo”, agregó.
En el ambiente de los pescadores hay varias versiones sobre cuál es el destino de las capturas. “Se dice que los llevan a fábricas de alimentos balanceados para animales que existen en Banda del Río Salí y en Alderetes. También están los que ya van acopiando pescado para venderlo para Semana Santa en dudosas condiciones y que después lo terminan vendiendo en la calle. Cualquiera sea la razón, el Estado no está controlando y el daño no para”, señaló el pescador.
Hubo una imagen que desató polémica entre los fanáticos. En las redes sociales se difundió la foto de un hombre y una joven sosteniendo un ejemplar de dorado hembra con la panza inflada por las ovas que estaba a punto de lanzar en el río para que sean fecundadas. “No sólo hizo un daño enorme, sino que a sus pies tenía la red con la que supuestamente la atraparon. La gente no entiende: haber matado ese gran pescado impidió el nacimiento de miles de dorados. Está claro entonces que ese hombre, que sería de Simoca, no es ningún pícaro”, dijo Juan Carlos García.
El mismo pescador confesó que desde hace varios años que dejó de ir a los ríos a practicar el deporte que tanto ama. “Estás pescando y pasan estos desgraciados con las redes. Lo más grave es que se movilizan como patotas. Si vos les decís algo, se hacen los malevos y hasta armas de fuego te muestran. Un día se encontrarán con otro que también esté ‘calzado’ y se armará un tiroteo”, opinó.
En los 90, el entonces gobernador Ramón Ortega le quitó el poder de control a la Dirección de Recursos Naturales y se lo dio a la Policía. Los guardapescas, los hombres que vivían a la par de cada sitio pesquero, desaparecieron y la función del organismo pasó a ser la de recibir las denuncias para que actuaran los uniformados.
Desde entonces, menos de 100 personas fueron destinadas a luchar contra los pescadores furtivos, pero también deben encargarse de controlar que las industrias no contaminen, que no se aniquile la flora y la fauna, que no se extraigan áridos y de rescatar, cuidar y liberar los animales que son encontrados en cautiverio.
“Esa gente no tiene la culpa. Los únicos responsables son las autoridades de todos los gobiernos que no les dieron importancia a los delitos ecológicos. El problema es que ahora no se ven los resultados del daño que están haciendo, pero la sufrirán las futuras generaciones”, comentó García.
La Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos, al mando de los comisarios Raúl Villafañe y Luis Castaño, en lo que va del mes secuestraron más de 180 metros de redes en diferentes puntos de la provincia. “Estamos todo el tiempo realizando los operativos. Acá hay un problema cultural porque son cada vez más las personas que van a los ríos a pescar con redes”, dijo Castaño.
Los efectivos saben que no hay una zona roja, sino que son varias. “Pedimos a las personas que amen a esta actividad a que denuncien los casos. Necesitamos colaboración para que los resultados sean más importantes”, dijo. Se pueden demandar los casos en la Dirección de Recursos Naturales (Córdoba al 900), al teléfono de la Dirección de Delitos Rurales 4527715, al 911 y en cualquier comisaría.
Los Britos, Los Gómez, San Antonio, Los Romano, La Junta y Villa Chicligasta, al este de la provincia, son los lugares más castigados. En tanto que en la cola del dique El Frontal, los furtivos ingresan al atardecer con redes y las dejan hasta el día siguiente.
“Desgraciadamente la lucha es desigual. Los furtivos andan en lanchas, los policías caminando. Recorren cualquier camino; los uniformados pueden perseguirlos si es que tienen un vehículo. Aquí se tiene que tomar una decisión política. Si no se lo hace, seguiremos igual”, concluyó Ferreyra.
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Fecha de Publicación: 02/02/2018
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
“El viernes fue nuestro día. Pero no festejamos nada. Teníamos ganas de llorar por cómo están matando los furtivos”, declaró Juan Carlos Ferreyra, uno de los tantos pescadores que denunciaron a las personas que están capturando peces con todo tipo de redes.
Ferreyra se definió como un pescador de toda la vida. Recordó que, cuando era niño, hace más de 30 años, solía ir con su padre a cualquier río tucumano y siempre capturaba bagres, bogas y dorados enormes. “Ahora no hay nada por culpa de los rederos que sacan todo, no dejan nada. No les importa si son grandes o chicos, si son sábalos o dorados, los sacan, a la bolsa y listo”, agregó.
En el ambiente de los pescadores hay varias versiones sobre cuál es el destino de las capturas. “Se dice que los llevan a fábricas de alimentos balanceados para animales que existen en Banda del Río Salí y en Alderetes. También están los que ya van acopiando pescado para venderlo para Semana Santa en dudosas condiciones y que después lo terminan vendiendo en la calle. Cualquiera sea la razón, el Estado no está controlando y el daño no para”, señaló el pescador.
Hubo una imagen que desató polémica entre los fanáticos. En las redes sociales se difundió la foto de un hombre y una joven sosteniendo un ejemplar de dorado hembra con la panza inflada por las ovas que estaba a punto de lanzar en el río para que sean fecundadas. “No sólo hizo un daño enorme, sino que a sus pies tenía la red con la que supuestamente la atraparon. La gente no entiende: haber matado ese gran pescado impidió el nacimiento de miles de dorados. Está claro entonces que ese hombre, que sería de Simoca, no es ningún pícaro”, dijo Juan Carlos García.
El mismo pescador confesó que desde hace varios años que dejó de ir a los ríos a practicar el deporte que tanto ama. “Estás pescando y pasan estos desgraciados con las redes. Lo más grave es que se movilizan como patotas. Si vos les decís algo, se hacen los malevos y hasta armas de fuego te muestran. Un día se encontrarán con otro que también esté ‘calzado’ y se armará un tiroteo”, opinó.
En los 90, el entonces gobernador Ramón Ortega le quitó el poder de control a la Dirección de Recursos Naturales y se lo dio a la Policía. Los guardapescas, los hombres que vivían a la par de cada sitio pesquero, desaparecieron y la función del organismo pasó a ser la de recibir las denuncias para que actuaran los uniformados.
Desde entonces, menos de 100 personas fueron destinadas a luchar contra los pescadores furtivos, pero también deben encargarse de controlar que las industrias no contaminen, que no se aniquile la flora y la fauna, que no se extraigan áridos y de rescatar, cuidar y liberar los animales que son encontrados en cautiverio.
“Esa gente no tiene la culpa. Los únicos responsables son las autoridades de todos los gobiernos que no les dieron importancia a los delitos ecológicos. El problema es que ahora no se ven los resultados del daño que están haciendo, pero la sufrirán las futuras generaciones”, comentó García.
La Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos, al mando de los comisarios Raúl Villafañe y Luis Castaño, en lo que va del mes secuestraron más de 180 metros de redes en diferentes puntos de la provincia. “Estamos todo el tiempo realizando los operativos. Acá hay un problema cultural porque son cada vez más las personas que van a los ríos a pescar con redes”, dijo Castaño.
Los efectivos saben que no hay una zona roja, sino que son varias. “Pedimos a las personas que amen a esta actividad a que denuncien los casos. Necesitamos colaboración para que los resultados sean más importantes”, dijo. Se pueden demandar los casos en la Dirección de Recursos Naturales (Córdoba al 900), al teléfono de la Dirección de Delitos Rurales 4527715, al 911 y en cualquier comisaría.
Los Britos, Los Gómez, San Antonio, Los Romano, La Junta y Villa Chicligasta, al este de la provincia, son los lugares más castigados. En tanto que en la cola del dique El Frontal, los furtivos ingresan al atardecer con redes y las dejan hasta el día siguiente.
“Desgraciadamente la lucha es desigual. Los furtivos andan en lanchas, los policías caminando. Recorren cualquier camino; los uniformados pueden perseguirlos si es que tienen un vehículo. Aquí se tiene que tomar una decisión política. Si no se lo hace, seguiremos igual”, concluyó Ferreyra.
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La domesticación de la fauna, el otro problema del tráfico
La fauna silvestre sufre la domesticación
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Expertas de dos reservas explican las consecuencias negativas del mascotismo de animales autóctonos.
El mascotismo de animales silvestres tiene un lado desconocido para quienes incurren en esa práctica. Primero, la compra y tenencia de ciertas especies es ilegal, como lo indica la ley provincial 6.292. Además, trae aparejado un riesgo para las personas, ya que -por ejemplo- muchas aves transmiten psitacosis (enfermedad infecciosa) y en condiciones de hacinamiento las posibilidades de contagio son elevadas. Por último, los animales pueden sufrir daños irreversibles al mantener un contacto directo con los humanos.
Elena Correa, responsable del área de Veterinaria de la Reserva de Horco Molle, explica que enjaulados, los animales no son felices ni poseen bienestar. “No están acostumbrados al contacto con la gente, se estresan y resulta traumático para ellos”, indica.
Al respecto, la especialista comenta que existe un tráfico de animales, como catas y loros, que resulta un verdadero problema debido a los volúmenes que se secuestran y a la infraestructura que se requiere para permitir su retorno a la naturaleza. “En la Reserva ya no recibimos tortugas, porque carecemos de espacio; son una especie amenazada y se las toma como mascotas. En el momento en que un animal sale del hábitat su reinserción es difícil. Si liberás un ejemplar enfermo podés causar una mortandad mayor en animales silvestres”, detalla.
La liberación y conservación de la fauna se torna una misión importante para las dos reservas naturales de la provincia.
Margarita María Jaramillo Zapata, secretaria académica de la Universidad San Pablo-T, reflexiona sobre el rol de la educación en este proceso: “es bueno empezar a sembrar en los niños el cuidado y conservación de la flora y fauna para que se logre impactar positivamente. Divulgar el trabajo de las reservas ayuda a sembrar en cada persona una semilla de conciencia”.
Las llamadas de denuncia ingresan a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la Provincia, donde se labran las actas de infracción y se procede al posterior secuestro del animal en cuestión. “Los animales son preciosos en su fauna, por eso trabajamos para la conservación y en contra del mascotismo. Cada animal silvestre que llega a una casa pensado como mascota en realidad no lo es; ellos sufren por su domesticación. Se trata de una fauna que nunca va a adaptarse”, comenta Ana Palacios, jefa de Fauna Silvestre de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Expertas de dos reservas explican las consecuencias negativas del mascotismo de animales autóctonos.
El mascotismo de animales silvestres tiene un lado desconocido para quienes incurren en esa práctica. Primero, la compra y tenencia de ciertas especies es ilegal, como lo indica la ley provincial 6.292. Además, trae aparejado un riesgo para las personas, ya que -por ejemplo- muchas aves transmiten psitacosis (enfermedad infecciosa) y en condiciones de hacinamiento las posibilidades de contagio son elevadas. Por último, los animales pueden sufrir daños irreversibles al mantener un contacto directo con los humanos.
Elena Correa, responsable del área de Veterinaria de la Reserva de Horco Molle, explica que enjaulados, los animales no son felices ni poseen bienestar. “No están acostumbrados al contacto con la gente, se estresan y resulta traumático para ellos”, indica.
Al respecto, la especialista comenta que existe un tráfico de animales, como catas y loros, que resulta un verdadero problema debido a los volúmenes que se secuestran y a la infraestructura que se requiere para permitir su retorno a la naturaleza. “En la Reserva ya no recibimos tortugas, porque carecemos de espacio; son una especie amenazada y se las toma como mascotas. En el momento en que un animal sale del hábitat su reinserción es difícil. Si liberás un ejemplar enfermo podés causar una mortandad mayor en animales silvestres”, detalla.
La liberación y conservación de la fauna se torna una misión importante para las dos reservas naturales de la provincia.
Margarita María Jaramillo Zapata, secretaria académica de la Universidad San Pablo-T, reflexiona sobre el rol de la educación en este proceso: “es bueno empezar a sembrar en los niños el cuidado y conservación de la flora y fauna para que se logre impactar positivamente. Divulgar el trabajo de las reservas ayuda a sembrar en cada persona una semilla de conciencia”.
Las llamadas de denuncia ingresan a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la Provincia, donde se labran las actas de infracción y se procede al posterior secuestro del animal en cuestión. “Los animales son preciosos en su fauna, por eso trabajamos para la conservación y en contra del mascotismo. Cada animal silvestre que llega a una casa pensado como mascota en realidad no lo es; ellos sufren por su domesticación. Se trata de una fauna que nunca va a adaptarse”, comenta Ana Palacios, jefa de Fauna Silvestre de la Provincia.
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Tucumán: mortandad de peces por mantenimiento de dique
El mantenimiento en Escaba provocó la mortandad de peces
Fecha de Publicación: 28/12/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Fecha de Publicación: 28/12/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Así explicaron desde Flora y Fauna de la provincia. "Cuando terminen los trabajos realizaremos una resiembra de pejerreyes", prometió un funcionario.
Según informaron desde Medio Ambiente de la provincia, la mortandad de peces que se produjo en el dique de Escaba “es un daño colateral por el mantenimiento que se está realizando en el espejo de agua para tratar de subsanar la rotura de una válvula”.
El titular de Flora y Fauna, Eduardo Dietrich adelantó que “una vez que se termine con los trabajos se realizará una resiembra de pejerreyes”, que es la especie que sufrió miles de pérdidas.
Aclarando que en los próximos días aparecerán más peces muertos, “hace cuatro años que venimos trabajando junto al Club Náutico de Escaba en la siembra de pejerreyes y desgraciadamente se produjo esta rotura de una válvula de desagote y había que repararla”, indicó Dietrich.
El trabajo en Escaba requiere abrir las compuertas y bajar el nivel del agua para que puedan actuar los buzos de la empresa hidroeléctrica que maneja el dique. “Es una labor muy compleja que está en etapa de diagnóstico, y se puso en la balanza la importancia del espejo de agua para proveer de agua y como productor de energía: lo primordial es preservar el dique”, añadió el funcionario.
Por último explicó que “técnicamente la baja del nivel de agua hace que proliferen las algas que le quitan oxígeno al espejo y eso genera la mortandad de peces. La idea es terminar en enero con estos trabajos y a partir de allí volver a resembrar de pejerreyes el embalse”.
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UNT indagada por YMAD
Indagan en la UNT por las regalías mineras
Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una comisión interna requirió informes a las autoridades universitarias.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán responder cuestiones vinculadas al uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El objetivo es desentrañar cómo se manejaron los fondos una vez que llegaban a la UNT producto de las utilidades que arrojaba la actividad minera de La Alumbrera.
La comisión especial integrada por varios consejeros superiores y presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, se reunió para analizar la cuestión y avanzar con los pedidos de informes. Así, ingresaron al Rectorado dos notas. Una, dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y a los actuales directores que representan a la UNT en esa firma, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau. La otra, tiene como destinatarios a Bardón y a la secretaria Económico Financiera, Lidia Ascárate.
La primera solicita, entre otras cosas, copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde el año 2004, copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.
Además, la comisión quiere saber cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado Nacional) en concepto de utilidades y la fecha de los pagos. Una de las sospechas que investiga la Justicia federal es que a la UNT se le liquidó un menor porcentaje del que correspondía. Primero un 40% (hasta enero de 2008) y luego la mitad de ese porcentaje.
YMAD es una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera, que se formó para la explotación del yacimiento y que percibe el 20% de las utilidades.
La segunda nota solicita más documentos y montos. Entre esos, el total de dinero que ingresó a la UNT en concepto de utilidades mineras. En la Justicia Federal se investiga solo el momento que se calcula que llegó entre 2006 y 2009, unos $353 millones. Además, le requieren que precisen cuál era el procedimiento establecido internamente para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios.
Es la primera vez que miembros de la misma institución universitaria realizan una serie de pedidos tan detallados para conocer cómo se manejaron los fondos de YMAD. El año pasado quedaron procesados cuatro ex funcionarios, entre ellos el ex rector, Juan Cerisola. Este año los procesamientos y los embargos quedaron firmes con un dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de eso se incorporaron nuevas líneas de investigación, una de ellas vinculada a la “Ruta del Dinero K”.
En esa misma nota remitida por la comisión, también se le pide a Ascárate que detalle el destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de las liquidaciones. También, cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT.
Una de las cuestiones centrales es lo vinculado a las obras de la Ciudad Universitaria, que iba a dotar de varios metros cuadrados construidos a la UNT, pero que en muchos casos quedó a mitad de camino. Un ejemplo es el edificio de Bioquímica, en el ingreso a la ex Quinta Agronómica. La Justicia puso la lupa sobre los procedimientos porque consideró que no se ajustaron a la normativa vigente en el caso de obras públicas.
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Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una comisión interna requirió informes a las autoridades universitarias.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán responder cuestiones vinculadas al uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El objetivo es desentrañar cómo se manejaron los fondos una vez que llegaban a la UNT producto de las utilidades que arrojaba la actividad minera de La Alumbrera.
La comisión especial integrada por varios consejeros superiores y presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, se reunió para analizar la cuestión y avanzar con los pedidos de informes. Así, ingresaron al Rectorado dos notas. Una, dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y a los actuales directores que representan a la UNT en esa firma, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau. La otra, tiene como destinatarios a Bardón y a la secretaria Económico Financiera, Lidia Ascárate.
La primera solicita, entre otras cosas, copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde el año 2004, copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.
Además, la comisión quiere saber cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado Nacional) en concepto de utilidades y la fecha de los pagos. Una de las sospechas que investiga la Justicia federal es que a la UNT se le liquidó un menor porcentaje del que correspondía. Primero un 40% (hasta enero de 2008) y luego la mitad de ese porcentaje.
YMAD es una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera, que se formó para la explotación del yacimiento y que percibe el 20% de las utilidades.
La segunda nota solicita más documentos y montos. Entre esos, el total de dinero que ingresó a la UNT en concepto de utilidades mineras. En la Justicia Federal se investiga solo el momento que se calcula que llegó entre 2006 y 2009, unos $353 millones. Además, le requieren que precisen cuál era el procedimiento establecido internamente para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios.
Es la primera vez que miembros de la misma institución universitaria realizan una serie de pedidos tan detallados para conocer cómo se manejaron los fondos de YMAD. El año pasado quedaron procesados cuatro ex funcionarios, entre ellos el ex rector, Juan Cerisola. Este año los procesamientos y los embargos quedaron firmes con un dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de eso se incorporaron nuevas líneas de investigación, una de ellas vinculada a la “Ruta del Dinero K”.
En esa misma nota remitida por la comisión, también se le pide a Ascárate que detalle el destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de las liquidaciones. También, cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT.
Una de las cuestiones centrales es lo vinculado a las obras de la Ciudad Universitaria, que iba a dotar de varios metros cuadrados construidos a la UNT, pero que en muchos casos quedó a mitad de camino. Un ejemplo es el edificio de Bioquímica, en el ingreso a la ex Quinta Agronómica. La Justicia puso la lupa sobre los procedimientos porque consideró que no se ajustaron a la normativa vigente en el caso de obras públicas.
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Más problemas para la Minera Alumbrera
Otro revés judicial contra Minera Alumbrera en una demanda por contaminación
Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La empresa deberá acudir a la Corte Suprema como última instancia en un juicio por contaminación iniciado hace 10 años por los hermanos Aranda de Concepción.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tribunales de Concepción no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las demandadas Minera Alumbrera e YMAD contra la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, que ordenó a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
“La Cámara compuesta por las juezas María José Posse y Mirtha Ibáñez de Córdoba mantiene firme lo que dictaminó el juez Dip Tártalo el año pasado quien ordenó a la empresa Minera Alumbrera a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri. Esto se desprende del juicio que iniciamos hace diez años a la empresa por contaminación ambiental”, señalaron a primerafuente. Carlos y Miguel Aranda
De acuerdo a los hermanos Aranda a la Minera Alumbrera le queda como última instancia recurrir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para dirimir la contienda judicial.
“Estamos expectantes de lo que pueda suceder, nunca se llegó a hasta esta instancia dentro de Justicia tucumana la Minera con el poder económico sabemos que tiene. Pero confiamos en la Justicia, ya un juez en un fallo histórico advierte que la multinacional contaminó y ahora la Cámara no hizo lugar a la apelación. Creemos que la corte actuará en consecuencia”, confiaron los hermanos Aranda.
Es importante señalar que la sentencia dictada, por el Juez Civil de la II Nominación del Centro Judicial Concepción, el 12 de diciembre de 2016 solicita además que el Poder Ejecutivo de Tucumán, por medio del Ministerio de Salud de la Provincia, proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías y que se disponga su atención médica inmediata.
La sentencia solicita que Alumbrera:
- “Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
- “Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
- “Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
- “Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
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Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La empresa deberá acudir a la Corte Suprema como última instancia en un juicio por contaminación iniciado hace 10 años por los hermanos Aranda de Concepción.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tribunales de Concepción no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las demandadas Minera Alumbrera e YMAD contra la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, que ordenó a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
“La Cámara compuesta por las juezas María José Posse y Mirtha Ibáñez de Córdoba mantiene firme lo que dictaminó el juez Dip Tártalo el año pasado quien ordenó a la empresa Minera Alumbrera a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri. Esto se desprende del juicio que iniciamos hace diez años a la empresa por contaminación ambiental”, señalaron a primerafuente. Carlos y Miguel Aranda
De acuerdo a los hermanos Aranda a la Minera Alumbrera le queda como última instancia recurrir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para dirimir la contienda judicial.
“Estamos expectantes de lo que pueda suceder, nunca se llegó a hasta esta instancia dentro de Justicia tucumana la Minera con el poder económico sabemos que tiene. Pero confiamos en la Justicia, ya un juez en un fallo histórico advierte que la multinacional contaminó y ahora la Cámara no hizo lugar a la apelación. Creemos que la corte actuará en consecuencia”, confiaron los hermanos Aranda.
Es importante señalar que la sentencia dictada, por el Juez Civil de la II Nominación del Centro Judicial Concepción, el 12 de diciembre de 2016 solicita además que el Poder Ejecutivo de Tucumán, por medio del Ministerio de Salud de la Provincia, proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías y que se disponga su atención médica inmediata.
La sentencia solicita que Alumbrera:
- “Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
- “Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
- “Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
- “Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
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Rooney de la Alumbrera será procesado
Minera Alumbrera: se confirmó el procesamiento del CEO por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Ahora premiará a los ingenios que sean responsables
Premios para los ingenios que cuidan el medio ambiente
Fecha de Publicación: 23/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un programa desarrollado por un fabricante de fertilizantes entregó reconocimientos a ingenios (menciones de honor), porque incorporaron prácticas productivas orientadas a un mejor cuidado ambiental. El premio a las plantas azucareras incluye donaciones para escuelas de la comunidad. Los empresas azucareras premiadas fueron El Pucará, La Providencia (Arcor), Los Balcanes, Marapa (Complejo Azucarero Concepción) y la Estación Obispo Colombres. El uso de fuentes de nitrógeno con menores pérdidas por volatilización, aplicadas al voleo con fertilizadoras de mayor ancho de labor, genera un menor consumo de combustible y proporciona mayor eficiencia al sistema productivo. La fábrica de fertilizantes Yaria señaló que su tarea social incluye la asistencia a las comunidades cercanas a los ingenios.
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Fecha de Publicación: 23/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un programa desarrollado por un fabricante de fertilizantes entregó reconocimientos a ingenios (menciones de honor), porque incorporaron prácticas productivas orientadas a un mejor cuidado ambiental. El premio a las plantas azucareras incluye donaciones para escuelas de la comunidad. Los empresas azucareras premiadas fueron El Pucará, La Providencia (Arcor), Los Balcanes, Marapa (Complejo Azucarero Concepción) y la Estación Obispo Colombres. El uso de fuentes de nitrógeno con menores pérdidas por volatilización, aplicadas al voleo con fertilizadoras de mayor ancho de labor, genera un menor consumo de combustible y proporciona mayor eficiencia al sistema productivo. La fábrica de fertilizantes Yaria señaló que su tarea social incluye la asistencia a las comunidades cercanas a los ingenios.
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El sobreseimiento a Rocchia Ferro fue anulado
Anulan el sobreseimiento a Rocchia Ferro en una causa por daño ambiental
Fecha de Publicación: 22/11/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán lo había sobresido pero desde la Cámara Federal de Casación Penal revirtieron la decisión.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución de la Cámara Federal de Tucumán, que había confirmado el sobreseimiento a Jorge Rocchia Ferro, responsable de la empresa “Ingenio La Florida”, a quien se acusaba de haber vertido productos tóxicos sin previo tratamiento, en dos canales que luego de recorrer el interior de varias fincas, desembocan en el embalse de Termas de Río Hondo.
En una primera instancia, la Justicia Federal de Tucumán consideró que no se había podido acreditar que los residuos arrojados resultaban peligrosos para la salud pública.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos –presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, puntualizó que a partir de la reforma constitucional del año 1994 quedó definido que la protección del medio ambiente constituye un derecho humano fundamental que atañe a la sociedad toda, y a las generaciones por venir.
En su decisión, publicada por el CIJ (Centro de Información Judicial), la Cámara Federal señaló que el medio ambiente y la salud pública se encuentran íntimamente relacionados, por cuanto la gradual destrucción del ecosistema en el que vivimos tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud humana.
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Fecha de Publicación: 22/11/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán lo había sobresido pero desde la Cámara Federal de Casación Penal revirtieron la decisión.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución de la Cámara Federal de Tucumán, que había confirmado el sobreseimiento a Jorge Rocchia Ferro, responsable de la empresa “Ingenio La Florida”, a quien se acusaba de haber vertido productos tóxicos sin previo tratamiento, en dos canales que luego de recorrer el interior de varias fincas, desembocan en el embalse de Termas de Río Hondo.
En una primera instancia, la Justicia Federal de Tucumán consideró que no se había podido acreditar que los residuos arrojados resultaban peligrosos para la salud pública.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos –presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, puntualizó que a partir de la reforma constitucional del año 1994 quedó definido que la protección del medio ambiente constituye un derecho humano fundamental que atañe a la sociedad toda, y a las generaciones por venir.
En su decisión, publicada por el CIJ (Centro de Información Judicial), la Cámara Federal señaló que el medio ambiente y la salud pública se encuentran íntimamente relacionados, por cuanto la gradual destrucción del ecosistema en el que vivimos tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud humana.
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Probation ambiental de empresario de ingenio tucumano
Qué tipo de mejoras se comprometió a encarar el empresario azucarero en la escuela de El Arenal
Fecha de Publicación: 13/11/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
De la audiencia por el juicio oral contra los representantes de la firma Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro y José Coronel, participó también en representación del Gobierno de Tucumán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, quien aceptó el planteo del abogado defensor del empresario, Arnaldo Ahumanda, cuando detalló las herramientas y mobiliario a conceder al cuerpo del Comité de Cuenca Salí Dulce, tanto de Santiago como de Tucumán, como resarcimiento de los daños cometidos en la localidad de El Arenal.
La defensa técnica del empresario tucumano ahondó en que "la suspensión del juicio a prueba requiere como una de las exigencias que la persona que lo solicita, trate de reparar el supuesto daño causado, entonces en esta inteligencia, vamos a colaborar, como mejoró la cuenca Salí Dulce, acción que fue impulsada por los gobiernos de Santiago, Tucumán y las empresas", apuntó.
Al solicitar ante el Tribunal Oral Federal la suspensión del juicio a prueba, el abogado del imputado detalló que a la zona afectada (El Arenal) por el vuelco de vinaza proveniente del ingenio La Florida, se le ofrece como reparación ambiental y material: "la perforación de un pozo profundo para dotar a la escuela de agua potable, una casa de albergue docente, posta sanitaria (tipo Caps), juegos infantiles, un cerco perimetral y portón de ingreso, tapa de pozo ciego, puente peatonal, guardapolvos escolares y otros elementos para cerca de 100 alumnos, provisión de gas envasado", entre otros puntos detallados.
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Fecha de Publicación: 13/11/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
De la audiencia por el juicio oral contra los representantes de la firma Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro y José Coronel, participó también en representación del Gobierno de Tucumán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, quien aceptó el planteo del abogado defensor del empresario, Arnaldo Ahumanda, cuando detalló las herramientas y mobiliario a conceder al cuerpo del Comité de Cuenca Salí Dulce, tanto de Santiago como de Tucumán, como resarcimiento de los daños cometidos en la localidad de El Arenal.
La defensa técnica del empresario tucumano ahondó en que "la suspensión del juicio a prueba requiere como una de las exigencias que la persona que lo solicita, trate de reparar el supuesto daño causado, entonces en esta inteligencia, vamos a colaborar, como mejoró la cuenca Salí Dulce, acción que fue impulsada por los gobiernos de Santiago, Tucumán y las empresas", apuntó.
Al solicitar ante el Tribunal Oral Federal la suspensión del juicio a prueba, el abogado del imputado detalló que a la zona afectada (El Arenal) por el vuelco de vinaza proveniente del ingenio La Florida, se le ofrece como reparación ambiental y material: "la perforación de un pozo profundo para dotar a la escuela de agua potable, una casa de albergue docente, posta sanitaria (tipo Caps), juegos infantiles, un cerco perimetral y portón de ingreso, tapa de pozo ciego, puente peatonal, guardapolvos escolares y otros elementos para cerca de 100 alumnos, provisión de gas envasado", entre otros puntos detallados.
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El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Escándalo por empresarios de ingenio absueltos
Un tribunal rebelde sin causa
Fecha de Publicación: 21/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
Aunque la Cámara había ordenado rever una sentencia absolutoria y dictar condena, porque el expediente acreditaba daño al medio ambiente y riesgo para la salud, dos empresarios de un ingenio tucumano resultaron nuevamente absueltos. La Fiscalía apeló.
En un fallo considerado “inédito y escandaloso” por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió por segunda vez, con los mismos argumentos, a dos empresarios de esa provincia acusados de “contaminar aguas y ríos con efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad”. Lo insólito es que el Tribunal tucumano ratificó el fallo anterior, sin tomar en cuenta una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le había ordenado modificar esa primera sentencia. La segunda y testaruda absolución fue cuestionada por el fiscal Pablo Camuña, quien interpuso un recurso de casación contra el segundo fallo dictado en el mismo sentido, por el mismo Tribunal, ahora constituido por otros jueces que deberían haber acatado la orden del tribunal superior. En la causa quedó demostrado que las efluentes vertidas “superaban más de diez veces los valores permitidos de contaminación”, según las pruebas realizadas. El fiscal pidió que se anule la absolución y se aplique a los imputados penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.
El primer fallo absolutorio fue firmado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral Federal tucumano, ahora conformado por Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Los absueltos por ambas decisiones son Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, directivos de la empresa azucarera. El fiscal Pablo Camuña, en el recurso interpuesto contra el segundo fallo absolutorio, recalcó que “los elementos surgidos en el juicio” determinaron que “los efluentes industriales se mezclaban a pocos metros de la salida del ingenio con el efluente de fábrica y circulaban un primer tramo en un canal a cielo abierto”.
Durante su curso por la localidad de La Trinidad, los desechos industriales emanaban “un olor putrefacto” y generaban “una colonia de moscas y gusanos, afectando a una escuela adyacente y un barrio de viviendas”. El fiscal señaló que “esos desechos líquidos, en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051”. Al mismo tiempo, Camuña precisó que “se realizaron cuatro tomas de muestras que dieron como resultado, en todos los casos, medidas (de contaminación) muy por encima” de los valores permitidos por las normas vigentes.
El fiscal recordó que el primer fallo absolutorio fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, integrada por Ana Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los jueces consideraron que los miembros del Tribunal tucumano “habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido señalaron que “el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 (de residuos peligrosos) reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Sala I de Casación había señalado, incluso, que en el fallo absolutorio inicial no se advertía que el Tribunal tucumano hubiera realizado “un reconocimiento” del “status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”. En ese punto se citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresa que ese derecho configura “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Los jueces de Casación reconocieron lo dicho en el fallo por el Tribunal tucumano en el sentido de que la responsabilidad penal por contaminar sólo puede aplicarse “cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’” de los habitantes. Además, puntualizaron, “no debe entenderse el derecho a la salud (...) como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad”.
Subrayaron los jueces de Casación que la ley vigente debe “abarcar el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
La Sala I recordó que los tribunales internacionales, la Corte Suprema nacional y la legislación vigente “sostienen que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea”.
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Fecha de Publicación: 21/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
Aunque la Cámara había ordenado rever una sentencia absolutoria y dictar condena, porque el expediente acreditaba daño al medio ambiente y riesgo para la salud, dos empresarios de un ingenio tucumano resultaron nuevamente absueltos. La Fiscalía apeló.
En un fallo considerado “inédito y escandaloso” por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió por segunda vez, con los mismos argumentos, a dos empresarios de esa provincia acusados de “contaminar aguas y ríos con efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad”. Lo insólito es que el Tribunal tucumano ratificó el fallo anterior, sin tomar en cuenta una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le había ordenado modificar esa primera sentencia. La segunda y testaruda absolución fue cuestionada por el fiscal Pablo Camuña, quien interpuso un recurso de casación contra el segundo fallo dictado en el mismo sentido, por el mismo Tribunal, ahora constituido por otros jueces que deberían haber acatado la orden del tribunal superior. En la causa quedó demostrado que las efluentes vertidas “superaban más de diez veces los valores permitidos de contaminación”, según las pruebas realizadas. El fiscal pidió que se anule la absolución y se aplique a los imputados penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.
El primer fallo absolutorio fue firmado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral Federal tucumano, ahora conformado por Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Los absueltos por ambas decisiones son Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, directivos de la empresa azucarera. El fiscal Pablo Camuña, en el recurso interpuesto contra el segundo fallo absolutorio, recalcó que “los elementos surgidos en el juicio” determinaron que “los efluentes industriales se mezclaban a pocos metros de la salida del ingenio con el efluente de fábrica y circulaban un primer tramo en un canal a cielo abierto”.
Durante su curso por la localidad de La Trinidad, los desechos industriales emanaban “un olor putrefacto” y generaban “una colonia de moscas y gusanos, afectando a una escuela adyacente y un barrio de viviendas”. El fiscal señaló que “esos desechos líquidos, en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051”. Al mismo tiempo, Camuña precisó que “se realizaron cuatro tomas de muestras que dieron como resultado, en todos los casos, medidas (de contaminación) muy por encima” de los valores permitidos por las normas vigentes.
El fiscal recordó que el primer fallo absolutorio fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, integrada por Ana Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los jueces consideraron que los miembros del Tribunal tucumano “habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido señalaron que “el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 (de residuos peligrosos) reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Sala I de Casación había señalado, incluso, que en el fallo absolutorio inicial no se advertía que el Tribunal tucumano hubiera realizado “un reconocimiento” del “status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”. En ese punto se citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresa que ese derecho configura “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Los jueces de Casación reconocieron lo dicho en el fallo por el Tribunal tucumano en el sentido de que la responsabilidad penal por contaminar sólo puede aplicarse “cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’” de los habitantes. Además, puntualizaron, “no debe entenderse el derecho a la salud (...) como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad”.
Subrayaron los jueces de Casación que la ley vigente debe “abarcar el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
La Sala I recordó que los tribunales internacionales, la Corte Suprema nacional y la legislación vigente “sostienen que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea”.
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El gerente del megabasural de Pacará Pintado elude juicio
El gerente de Pacará Pintado elude el juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Santiago va la corte por la contaminación del Salí-Dulce
A fin de mes presentarán informe sobre la cuenca
Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Llevarán a la Corte el derrame de desechos en Leales que provocó la muerte de peces.
El próximo 30 de este mes vence el plazo para que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, presente los informes sobre el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este marco, el Dr. Lionel Suárez (h) habló con LV11 sobre el trabajo que vienen realizando y anticipó que llevarán a la Corte lo sucedido meses atrás “donde detectamos en Tucumán la mortandad de peces de los ríos Salí y Gastona, producto de algunos desechos del ingenio Leales”.
Este incidente tuvo lugar en el mes de julio y fue denunciado por unos pescadores. “Si bien es cierto no forma parte de los desechos que nosotros monitoreamos que son vinaza y cenina, es nuestra responsabilidad mantener informado al máximo tribunal acerca de estas circunstancias”, declaró Suárez a “La Radio de los Santiagueños”.
El defensor del Pueblo remarcó que tienen expectativas positivas respecto a “las mejoras continuas que presentan los ingenios para evitar que los contaminantes lleguen a los cursos de agua que tienen como destino final nuestro embalse (Las Termas de Río Hondo)”.
Además señaló que finalizaron las inspecciones y están siguiendo de cerca las evaluaciones. “Queda pendiente el control con las imágenes, y tener las actas para emitir un juicio de valor”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Llevarán a la Corte el derrame de desechos en Leales que provocó la muerte de peces.
El próximo 30 de este mes vence el plazo para que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, presente los informes sobre el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este marco, el Dr. Lionel Suárez (h) habló con LV11 sobre el trabajo que vienen realizando y anticipó que llevarán a la Corte lo sucedido meses atrás “donde detectamos en Tucumán la mortandad de peces de los ríos Salí y Gastona, producto de algunos desechos del ingenio Leales”.
Este incidente tuvo lugar en el mes de julio y fue denunciado por unos pescadores. “Si bien es cierto no forma parte de los desechos que nosotros monitoreamos que son vinaza y cenina, es nuestra responsabilidad mantener informado al máximo tribunal acerca de estas circunstancias”, declaró Suárez a “La Radio de los Santiagueños”.
El defensor del Pueblo remarcó que tienen expectativas positivas respecto a “las mejoras continuas que presentan los ingenios para evitar que los contaminantes lleguen a los cursos de agua que tienen como destino final nuestro embalse (Las Termas de Río Hondo)”.
Además señaló que finalizaron las inspecciones y están siguiendo de cerca las evaluaciones. “Queda pendiente el control con las imágenes, y tener las actas para emitir un juicio de valor”.
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