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El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
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El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Escándalo por empresarios de ingenio absueltos
Un tribunal rebelde sin causa
Fecha de Publicación: 21/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
Aunque la Cámara había ordenado rever una sentencia absolutoria y dictar condena, porque el expediente acreditaba daño al medio ambiente y riesgo para la salud, dos empresarios de un ingenio tucumano resultaron nuevamente absueltos. La Fiscalía apeló.
En un fallo considerado “inédito y escandaloso” por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió por segunda vez, con los mismos argumentos, a dos empresarios de esa provincia acusados de “contaminar aguas y ríos con efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad”. Lo insólito es que el Tribunal tucumano ratificó el fallo anterior, sin tomar en cuenta una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le había ordenado modificar esa primera sentencia. La segunda y testaruda absolución fue cuestionada por el fiscal Pablo Camuña, quien interpuso un recurso de casación contra el segundo fallo dictado en el mismo sentido, por el mismo Tribunal, ahora constituido por otros jueces que deberían haber acatado la orden del tribunal superior. En la causa quedó demostrado que las efluentes vertidas “superaban más de diez veces los valores permitidos de contaminación”, según las pruebas realizadas. El fiscal pidió que se anule la absolución y se aplique a los imputados penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.
El primer fallo absolutorio fue firmado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral Federal tucumano, ahora conformado por Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Los absueltos por ambas decisiones son Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, directivos de la empresa azucarera. El fiscal Pablo Camuña, en el recurso interpuesto contra el segundo fallo absolutorio, recalcó que “los elementos surgidos en el juicio” determinaron que “los efluentes industriales se mezclaban a pocos metros de la salida del ingenio con el efluente de fábrica y circulaban un primer tramo en un canal a cielo abierto”.
Durante su curso por la localidad de La Trinidad, los desechos industriales emanaban “un olor putrefacto” y generaban “una colonia de moscas y gusanos, afectando a una escuela adyacente y un barrio de viviendas”. El fiscal señaló que “esos desechos líquidos, en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051”. Al mismo tiempo, Camuña precisó que “se realizaron cuatro tomas de muestras que dieron como resultado, en todos los casos, medidas (de contaminación) muy por encima” de los valores permitidos por las normas vigentes.
El fiscal recordó que el primer fallo absolutorio fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, integrada por Ana Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los jueces consideraron que los miembros del Tribunal tucumano “habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido señalaron que “el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 (de residuos peligrosos) reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Sala I de Casación había señalado, incluso, que en el fallo absolutorio inicial no se advertía que el Tribunal tucumano hubiera realizado “un reconocimiento” del “status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”. En ese punto se citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresa que ese derecho configura “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Los jueces de Casación reconocieron lo dicho en el fallo por el Tribunal tucumano en el sentido de que la responsabilidad penal por contaminar sólo puede aplicarse “cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’” de los habitantes. Además, puntualizaron, “no debe entenderse el derecho a la salud (...) como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad”.
Subrayaron los jueces de Casación que la ley vigente debe “abarcar el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
La Sala I recordó que los tribunales internacionales, la Corte Suprema nacional y la legislación vigente “sostienen que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea”.
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Fecha de Publicación: 21/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
Aunque la Cámara había ordenado rever una sentencia absolutoria y dictar condena, porque el expediente acreditaba daño al medio ambiente y riesgo para la salud, dos empresarios de un ingenio tucumano resultaron nuevamente absueltos. La Fiscalía apeló.
En un fallo considerado “inédito y escandaloso” por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió por segunda vez, con los mismos argumentos, a dos empresarios de esa provincia acusados de “contaminar aguas y ríos con efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad”. Lo insólito es que el Tribunal tucumano ratificó el fallo anterior, sin tomar en cuenta una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le había ordenado modificar esa primera sentencia. La segunda y testaruda absolución fue cuestionada por el fiscal Pablo Camuña, quien interpuso un recurso de casación contra el segundo fallo dictado en el mismo sentido, por el mismo Tribunal, ahora constituido por otros jueces que deberían haber acatado la orden del tribunal superior. En la causa quedó demostrado que las efluentes vertidas “superaban más de diez veces los valores permitidos de contaminación”, según las pruebas realizadas. El fiscal pidió que se anule la absolución y se aplique a los imputados penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.
El primer fallo absolutorio fue firmado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral Federal tucumano, ahora conformado por Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Los absueltos por ambas decisiones son Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, directivos de la empresa azucarera. El fiscal Pablo Camuña, en el recurso interpuesto contra el segundo fallo absolutorio, recalcó que “los elementos surgidos en el juicio” determinaron que “los efluentes industriales se mezclaban a pocos metros de la salida del ingenio con el efluente de fábrica y circulaban un primer tramo en un canal a cielo abierto”.
Durante su curso por la localidad de La Trinidad, los desechos industriales emanaban “un olor putrefacto” y generaban “una colonia de moscas y gusanos, afectando a una escuela adyacente y un barrio de viviendas”. El fiscal señaló que “esos desechos líquidos, en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051”. Al mismo tiempo, Camuña precisó que “se realizaron cuatro tomas de muestras que dieron como resultado, en todos los casos, medidas (de contaminación) muy por encima” de los valores permitidos por las normas vigentes.
El fiscal recordó que el primer fallo absolutorio fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, integrada por Ana Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los jueces consideraron que los miembros del Tribunal tucumano “habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido señalaron que “el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 (de residuos peligrosos) reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Sala I de Casación había señalado, incluso, que en el fallo absolutorio inicial no se advertía que el Tribunal tucumano hubiera realizado “un reconocimiento” del “status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”. En ese punto se citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresa que ese derecho configura “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Los jueces de Casación reconocieron lo dicho en el fallo por el Tribunal tucumano en el sentido de que la responsabilidad penal por contaminar sólo puede aplicarse “cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’” de los habitantes. Además, puntualizaron, “no debe entenderse el derecho a la salud (...) como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad”.
Subrayaron los jueces de Casación que la ley vigente debe “abarcar el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
La Sala I recordó que los tribunales internacionales, la Corte Suprema nacional y la legislación vigente “sostienen que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea”.
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El gerente del megabasural de Pacará Pintado elude juicio
El gerente de Pacará Pintado elude el juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Santiago va la corte por la contaminación del Salí-Dulce
A fin de mes presentarán informe sobre la cuenca
Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Llevarán a la Corte el derrame de desechos en Leales que provocó la muerte de peces.
El próximo 30 de este mes vence el plazo para que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, presente los informes sobre el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este marco, el Dr. Lionel Suárez (h) habló con LV11 sobre el trabajo que vienen realizando y anticipó que llevarán a la Corte lo sucedido meses atrás “donde detectamos en Tucumán la mortandad de peces de los ríos Salí y Gastona, producto de algunos desechos del ingenio Leales”.
Este incidente tuvo lugar en el mes de julio y fue denunciado por unos pescadores. “Si bien es cierto no forma parte de los desechos que nosotros monitoreamos que son vinaza y cenina, es nuestra responsabilidad mantener informado al máximo tribunal acerca de estas circunstancias”, declaró Suárez a “La Radio de los Santiagueños”.
El defensor del Pueblo remarcó que tienen expectativas positivas respecto a “las mejoras continuas que presentan los ingenios para evitar que los contaminantes lleguen a los cursos de agua que tienen como destino final nuestro embalse (Las Termas de Río Hondo)”.
Además señaló que finalizaron las inspecciones y están siguiendo de cerca las evaluaciones. “Queda pendiente el control con las imágenes, y tener las actas para emitir un juicio de valor”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Llevarán a la Corte el derrame de desechos en Leales que provocó la muerte de peces.
El próximo 30 de este mes vence el plazo para que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, presente los informes sobre el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este marco, el Dr. Lionel Suárez (h) habló con LV11 sobre el trabajo que vienen realizando y anticipó que llevarán a la Corte lo sucedido meses atrás “donde detectamos en Tucumán la mortandad de peces de los ríos Salí y Gastona, producto de algunos desechos del ingenio Leales”.
Este incidente tuvo lugar en el mes de julio y fue denunciado por unos pescadores. “Si bien es cierto no forma parte de los desechos que nosotros monitoreamos que son vinaza y cenina, es nuestra responsabilidad mantener informado al máximo tribunal acerca de estas circunstancias”, declaró Suárez a “La Radio de los Santiagueños”.
El defensor del Pueblo remarcó que tienen expectativas positivas respecto a “las mejoras continuas que presentan los ingenios para evitar que los contaminantes lleguen a los cursos de agua que tienen como destino final nuestro embalse (Las Termas de Río Hondo)”.
Además señaló que finalizaron las inspecciones y están siguiendo de cerca las evaluaciones. “Queda pendiente el control con las imágenes, y tener las actas para emitir un juicio de valor”.
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El Proyecto Aconquija y la necesidad de proteger las Yungas
El NOA contará con un nuevo Parque Nacional
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Otro directivo de Ingenio procesado por contaminación
Procesaron a los dueños del ingenio Santa Bárbara por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los responsables de la firma que explota el ingenio, José y Julio Colombres. Además, dispuso un embargo de $2 millones a cada uno.
El juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051. Ambos imputados son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara.
El magistrado también dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de $2 millones, por cada uno de ellos.
En base a diferentes estudios realizados por expertos de Buenos Aires y de la UNT, y a informes de Gendarmería Nacional, el juez Bejas concluyó que “la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública, se encuentran acreditados con el grado de certeza exigido en estas instancias”, según el fallo que firmó el 4 de julio pasado.
“Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en parte de sus argumentos para decidir el procesamiento de los dos industriales azucareros.
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Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los responsables de la firma que explota el ingenio, José y Julio Colombres. Además, dispuso un embargo de $2 millones a cada uno.
El juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051. Ambos imputados son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara.
El magistrado también dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de $2 millones, por cada uno de ellos.
En base a diferentes estudios realizados por expertos de Buenos Aires y de la UNT, y a informes de Gendarmería Nacional, el juez Bejas concluyó que “la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública, se encuentran acreditados con el grado de certeza exigido en estas instancias”, según el fallo que firmó el 4 de julio pasado.
“Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en parte de sus argumentos para decidir el procesamiento de los dos industriales azucareros.
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El Gobernador de Tucumán contra la quema de caña
Manzur: “al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”
Fecha de Publicación: 25/08/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobernador pidió que la población denuncie a los que dañen la salud y el medio ambiente.
La quema de caña de azúcar se repite para esta época. Durante esta temporada ha provocado, por ejemplo, que a principios de mes se produjera un apagón en el sur de San Miguel de Tucumán y en otras localidades. Ayer, en tanto, los incendios se extendieron por la zona Este de la provincia. “Es un delito que no solamente daña el medio ambiente y la salud de la población, sino que también pone en peligro la circulación vehicular porque resta visibilidad en las rutas cercanas a los campos”, indicó a LA GACETA el gobernador Juan Manzur. El mandatario remarcó que el Poder Ejecutivo será inflexible respecto de las sanciones. “Al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”, manifestó. El gobernador acotó que el Estado robustecerá los operativos de control, con el fin de erradicar “estas prácticas ilícitas”. Pidió, además, que la población denuncie a los que inicien estos incendios, como el que se observó ayer en cercanías de San Andrés.
A principios de mes, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, había dicho: “La zona en la que más denuncias se vienen registrando es en el Este, Cruz Alta, Leales… que es donde más incidió la helada. Estamos viendo un comportamiento diferente a otros años: por los programas de medio ambiente, hay más conciencia en algunos sectores de la producción, pero hay otros a los que no les llegó el mensaje”.
Los incendios de cañaverales se registraron ayer en varias fincas tucumanas, ubicadas en la zona de San Andrés, y en la ruta 9, cerca del arroyo Mixta, en Los Puestos. Así lo informaron los lectores de LA GACETA a través de Whatsapp. Además, describieron algunos choques en el trayecto entre Tucumán y Las Termas, por la densa humareda que cubrió el camino.
En San Andrés se produjo uno de los incendios más importantes, que obligó a suspender un partido de fútbol infantil porque “el humo dañaba la vista y la respiración de los chicos”, según la madre de uno de los pequeños futbolistas. Otro de los siniestros se inició en la zona de Mixta, también a la vera de la ruta 9. Allí, el humo derivado de las llamaradas se extendió sobre un extenso sector de la ruta. Por ese motivo, los conductores llegaron hasta a detener los vehículos al costado del camino por la falta de visibilidad. Eso derivó, además, en que se produjeran algunos accidentes. Los incendios y la humareda afectaron además a las localidades de Laguna Azul, El Bracho y El Naranjito. Los automovilistas se vieron obligados a transitar a muy baja velocidad en toda esa zona, dado que la visibilidad era escasa. El humo afectaba también la respiración e irritaba los ojos de habitantes y viajeros.
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Fecha de Publicación: 25/08/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobernador pidió que la población denuncie a los que dañen la salud y el medio ambiente.
La quema de caña de azúcar se repite para esta época. Durante esta temporada ha provocado, por ejemplo, que a principios de mes se produjera un apagón en el sur de San Miguel de Tucumán y en otras localidades. Ayer, en tanto, los incendios se extendieron por la zona Este de la provincia. “Es un delito que no solamente daña el medio ambiente y la salud de la población, sino que también pone en peligro la circulación vehicular porque resta visibilidad en las rutas cercanas a los campos”, indicó a LA GACETA el gobernador Juan Manzur. El mandatario remarcó que el Poder Ejecutivo será inflexible respecto de las sanciones. “Al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”, manifestó. El gobernador acotó que el Estado robustecerá los operativos de control, con el fin de erradicar “estas prácticas ilícitas”. Pidió, además, que la población denuncie a los que inicien estos incendios, como el que se observó ayer en cercanías de San Andrés.
A principios de mes, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, había dicho: “La zona en la que más denuncias se vienen registrando es en el Este, Cruz Alta, Leales… que es donde más incidió la helada. Estamos viendo un comportamiento diferente a otros años: por los programas de medio ambiente, hay más conciencia en algunos sectores de la producción, pero hay otros a los que no les llegó el mensaje”.
Los incendios de cañaverales se registraron ayer en varias fincas tucumanas, ubicadas en la zona de San Andrés, y en la ruta 9, cerca del arroyo Mixta, en Los Puestos. Así lo informaron los lectores de LA GACETA a través de Whatsapp. Además, describieron algunos choques en el trayecto entre Tucumán y Las Termas, por la densa humareda que cubrió el camino.
En San Andrés se produjo uno de los incendios más importantes, que obligó a suspender un partido de fútbol infantil porque “el humo dañaba la vista y la respiración de los chicos”, según la madre de uno de los pequeños futbolistas. Otro de los siniestros se inició en la zona de Mixta, también a la vera de la ruta 9. Allí, el humo derivado de las llamaradas se extendió sobre un extenso sector de la ruta. Por ese motivo, los conductores llegaron hasta a detener los vehículos al costado del camino por la falta de visibilidad. Eso derivó, además, en que se produjeran algunos accidentes. Los incendios y la humareda afectaron además a las localidades de Laguna Azul, El Bracho y El Naranjito. Los automovilistas se vieron obligados a transitar a muy baja velocidad en toda esa zona, dado que la visibilidad era escasa. El humo afectaba también la respiración e irritaba los ojos de habitantes y viajeros.
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Gobierno tucumano irá a la justicia por la quema de caña
Llevarán a la Justicia a productores por la quema ilegal de caña
Fecha de Publicación: 07/08/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Por iniciativa de los ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana y Desarrollo Productivo, distintas reparticiones públicas trabajan en conjunto a fin de controlar y reprimir la quema ilegal de caña de azúcar y rastrojo que afecta a pobladores de toda la provincia.
Si bien, desde el Gobierno de Tucumán impulsan programas productivos para la cosecha en verde, todavía hay cañeros que no tomaron conciencia del perjuicio a la salud pública y el ambiente que acarrea esta práctica durante la zafra. Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.
El director de Defensa Civil, Fernando Torres, expresó que las denuncias por quema de cañaverales se incrementaron notablemente. Dijo que junto a la Policía, Fiscalización Ambiental y la Dirección de Aeronáutica, impulsarán un operativo en territorio para localizar infraganti a las personas que realicen quema ilegal.
Las zonas más afectadas en la Provincia, se enmarcan en el este tucumano, debido a que en esos tierras incidieron las heladas, especialmente en Cruza Alta y Leales, pero también el sur, en Chicligasta, Simoca y Monteros.
Cosecha en verde
Torres explicó que hay una diferencia con respecto a otros años, debido a las gestiones de certificación de la cosecha en verde, impulsada desde la Secretaría de Medio Ambiente y productores que están concientizados sobre la importancia del uso de las técnicas ecológicas de producción. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Cesar Nieva, explicó que con los operativos se buscará controlar la quema de cañaverales y rastrojo. “Vamos a trabajar en forma conjunta con equipos en tierra y con el helicóptero de la Provincia. Las personas que sean responsables serán puestas a disposición de la justicia”, advirtió.
Sancionarán a los ingenios que reciban caña quemada
Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental, explicó que gracias a la técnica de cosechada libre de humo, fueron certificadas 20 mil hectáreas.
Sobre el procedimiento, Lizárraga dijo que Medio Ambiente impulsa acciones de prevención desde la Mesa de Gestión de Caña de Cruz Alta: “Trabajamos desde la educación en lo que es la quema y, cuando ya nos encontramos con el hecho consumado, hacemos actuación administrativas para multar al propietario del predio. Además, vamos a impedir, acorde lo que norma la ley, el acceso de la caña quemada, con sanciones a los ingenios que la reciban”.
El funcionario dijo que estas tareas se enmarcan dentro de las disposiciones establecidas desde el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que la quema de caña es un delito.
Malas prácticas
La quema de caña afecta el medio ambiente y atenta contra la salud pública. Pone en peligro viviendas y pobladores de distintas localidades. Es importante la labor de concientización que lleva adelante el Gobierno provincial.
Consultas y denuncias
Las personas afectadas por la quema de cañaverales, podrán formular consultas y denuncias, comunicándose telefónicamente a través del 103.
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Fecha de Publicación: 07/08/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Por iniciativa de los ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana y Desarrollo Productivo, distintas reparticiones públicas trabajan en conjunto a fin de controlar y reprimir la quema ilegal de caña de azúcar y rastrojo que afecta a pobladores de toda la provincia.
Si bien, desde el Gobierno de Tucumán impulsan programas productivos para la cosecha en verde, todavía hay cañeros que no tomaron conciencia del perjuicio a la salud pública y el ambiente que acarrea esta práctica durante la zafra. Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.
El director de Defensa Civil, Fernando Torres, expresó que las denuncias por quema de cañaverales se incrementaron notablemente. Dijo que junto a la Policía, Fiscalización Ambiental y la Dirección de Aeronáutica, impulsarán un operativo en territorio para localizar infraganti a las personas que realicen quema ilegal.
Las zonas más afectadas en la Provincia, se enmarcan en el este tucumano, debido a que en esos tierras incidieron las heladas, especialmente en Cruza Alta y Leales, pero también el sur, en Chicligasta, Simoca y Monteros.
Cosecha en verde
Torres explicó que hay una diferencia con respecto a otros años, debido a las gestiones de certificación de la cosecha en verde, impulsada desde la Secretaría de Medio Ambiente y productores que están concientizados sobre la importancia del uso de las técnicas ecológicas de producción. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Cesar Nieva, explicó que con los operativos se buscará controlar la quema de cañaverales y rastrojo. “Vamos a trabajar en forma conjunta con equipos en tierra y con el helicóptero de la Provincia. Las personas que sean responsables serán puestas a disposición de la justicia”, advirtió.
Sancionarán a los ingenios que reciban caña quemada
Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental, explicó que gracias a la técnica de cosechada libre de humo, fueron certificadas 20 mil hectáreas.
Sobre el procedimiento, Lizárraga dijo que Medio Ambiente impulsa acciones de prevención desde la Mesa de Gestión de Caña de Cruz Alta: “Trabajamos desde la educación en lo que es la quema y, cuando ya nos encontramos con el hecho consumado, hacemos actuación administrativas para multar al propietario del predio. Además, vamos a impedir, acorde lo que norma la ley, el acceso de la caña quemada, con sanciones a los ingenios que la reciban”.
El funcionario dijo que estas tareas se enmarcan dentro de las disposiciones establecidas desde el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que la quema de caña es un delito.
Malas prácticas
La quema de caña afecta el medio ambiente y atenta contra la salud pública. Pone en peligro viviendas y pobladores de distintas localidades. Es importante la labor de concientización que lleva adelante el Gobierno provincial.
Consultas y denuncias
Las personas afectadas por la quema de cañaverales, podrán formular consultas y denuncias, comunicándose telefónicamente a través del 103.
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Otro ingenio en la mira de la justicia
Santiago del Estero demandará a otro ingenio tucumano por contaminación
Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Raúl César Abate, fiscal de Estado de la vecina provincia, denunciará a la compañía ubicada en Leales por derrames químicos hacia el cauce de un arroyo.
Santiago del Estero volverá a recurrir a la justicia por contaminación de ingenio tucumano. La noticia fue confirmada por el fiscal de Estado provincial, doctor Raúl César Abate, que sobrevoló el arroyo Mixta que llega a la localidad de Leales, donde funciona la compañía.
El doctor realizó el relevamiento junto al defensor del pueblo santiagueño, Dr. Lionel Suárez y el secretario del Agua, Sergio Zaltz y el Dr. Ricardo Pérez Neme.
"Hemos podido comprobar que por el arroyo Mixta corría agua de un color verdoso claro, muy raro, lo que develaba la presencia de algún líquido químico. Bajamos en el lugar y tomamos muestras del agua para que sean analizadas, y podamos saber qué tipo de químicos se están derramando al curso de ese arroyo", explicó el fiscal al sitio El Liberal.
El operativo fue realizado debido a la aparición de peces muertos en el arroyo, que fueron vistos durante los primeros tres días de esta semana. al ser notificado, inmediato se trasladó hasta el lugar con un equipo de expertos para comprobar la veracidad de la información recibida.
La demanda sería presentada en los próximos días, una vez que finalicen los estudios que determinarán qué tipo de químico se está volcando al curso de agua, entre otros informes que solicitó el doctor Raúl Abate para fundamentar su demanda.
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Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Raúl César Abate, fiscal de Estado de la vecina provincia, denunciará a la compañía ubicada en Leales por derrames químicos hacia el cauce de un arroyo.
Santiago del Estero volverá a recurrir a la justicia por contaminación de ingenio tucumano. La noticia fue confirmada por el fiscal de Estado provincial, doctor Raúl César Abate, que sobrevoló el arroyo Mixta que llega a la localidad de Leales, donde funciona la compañía.
El doctor realizó el relevamiento junto al defensor del pueblo santiagueño, Dr. Lionel Suárez y el secretario del Agua, Sergio Zaltz y el Dr. Ricardo Pérez Neme.
"Hemos podido comprobar que por el arroyo Mixta corría agua de un color verdoso claro, muy raro, lo que develaba la presencia de algún líquido químico. Bajamos en el lugar y tomamos muestras del agua para que sean analizadas, y podamos saber qué tipo de químicos se están derramando al curso de ese arroyo", explicó el fiscal al sitio El Liberal.
El operativo fue realizado debido a la aparición de peces muertos en el arroyo, que fueron vistos durante los primeros tres días de esta semana. al ser notificado, inmediato se trasladó hasta el lugar con un equipo de expertos para comprobar la veracidad de la información recibida.
La demanda sería presentada en los próximos días, una vez que finalicen los estudios que determinarán qué tipo de químico se está volcando al curso de agua, entre otros informes que solicitó el doctor Raúl Abate para fundamentar su demanda.
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Un cardenal que revela el tráfico de fauna
El cardenal en peligro de extinción robado en Horco Molle podría terminar en una feria
Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
“El tráfico de animales es muy frecuente y común en esta zona del norte, ¿quién no vio un loro o una cata en una jaula, en la casa de algún conocido? Tucumán tiene un gran comercio ilegal de aves, que se suelen vender en ferias. Estos animales son sacados de su ambiente natural y esto está prohibido por leyes provinciales y nacionales”, advirtió Diego Ortiz, encargado de rehabilitación de fauna de la reserva de Horco Molle.
De ese lugar, el lunes a la mañana robaron un cardenal en peligro de extinción. “No hay novedades de ese caso. Es un animal llamativo por sus colores y su canto. No iba a volver a volar nunca por un problema en un ala, pero estaba dentro de un plan de reproducción para salvar la especie”, lamentó.
Con todo, los cardenales no son los animales más traficados en la región. Según Ortiz, en esa categoría se encuentran las catas verdes, los loros habladores, las reinamoras y, en menor medida, los monos. “A estos últimos los suelen entregar a las reservas porque muerden y son agresivos. Ellos ven a un humano como su par”.
Prueba del tráfico resultan dos casos de 2015: en junio, en Villa Mariano Moreno rescataron a 70 aves, entre las que había incluso tucanes y guacamayos. Un mes después, liberaron en Trancas a 103 aves que fueron atraídas con grabaciones bajadas de internet.
Desde Horco Molle también se explicó que la mayoría de los animales que se venden de forma ilegal forman parte de la fauna autóctona del NOA, y que suelen abastecer el mercado interno. Sin embargo, existe todo un sistema aceitado para sacarlos del país.
“Por detrás hay un movimiento mayor, que mueve más dinero. Una persona del campo caza a un animal y se lo entrega a un acopiador. Este lo envía, junto con otros especímenes, a Buenos Aires. De allí, viajan al exterior y son comprados por coleccionistas. Por supuesto, con cada eslabón se encarece el precio, pero desconozco cuánto se paga. Además, se los traslada en condiciones peligrosas para ellos y muchos mueren”, explicó Ortiz.
Para tener una referencia, el director de la reserva ecológica, Juan Pablo Juliá, dijo que el ave que sustrajeron de Horco Molle tiene un valor que aproximado de entre $ 15.000 y $ 20.000. “O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”, reflexionó.
En otro sentido, el encargado de rehabilitación informó sobre los problemas que puede tener un animal en cautiverio. “En principio, suelen sufrir mucho estrés. Además, las aves se golpean contra la jaula al intentar huir y no reciben la nutrición necesaria. Ante este cuadro, pueden morir. Para tener mascotas, siempre es mejor optar por un perro, un gato o un conejo”.
Por último, Ortiz señaló que reciben muchos animales en la reserva, pero que no todos están en condiciones de recuperar. “Se evalúa su condición. Hay algunos que no pueden volver a su entorno. Por ejemplo, aquellas aves que fueron criadas desde pichones con humanos. Estas no logran advertir los peligros de la vida silvestre, algo que consiguen viendo a sus padres”, cerró.
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Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
“El tráfico de animales es muy frecuente y común en esta zona del norte, ¿quién no vio un loro o una cata en una jaula, en la casa de algún conocido? Tucumán tiene un gran comercio ilegal de aves, que se suelen vender en ferias. Estos animales son sacados de su ambiente natural y esto está prohibido por leyes provinciales y nacionales”, advirtió Diego Ortiz, encargado de rehabilitación de fauna de la reserva de Horco Molle.
De ese lugar, el lunes a la mañana robaron un cardenal en peligro de extinción. “No hay novedades de ese caso. Es un animal llamativo por sus colores y su canto. No iba a volver a volar nunca por un problema en un ala, pero estaba dentro de un plan de reproducción para salvar la especie”, lamentó.
Con todo, los cardenales no son los animales más traficados en la región. Según Ortiz, en esa categoría se encuentran las catas verdes, los loros habladores, las reinamoras y, en menor medida, los monos. “A estos últimos los suelen entregar a las reservas porque muerden y son agresivos. Ellos ven a un humano como su par”.
Prueba del tráfico resultan dos casos de 2015: en junio, en Villa Mariano Moreno rescataron a 70 aves, entre las que había incluso tucanes y guacamayos. Un mes después, liberaron en Trancas a 103 aves que fueron atraídas con grabaciones bajadas de internet.
Desde Horco Molle también se explicó que la mayoría de los animales que se venden de forma ilegal forman parte de la fauna autóctona del NOA, y que suelen abastecer el mercado interno. Sin embargo, existe todo un sistema aceitado para sacarlos del país.
“Por detrás hay un movimiento mayor, que mueve más dinero. Una persona del campo caza a un animal y se lo entrega a un acopiador. Este lo envía, junto con otros especímenes, a Buenos Aires. De allí, viajan al exterior y son comprados por coleccionistas. Por supuesto, con cada eslabón se encarece el precio, pero desconozco cuánto se paga. Además, se los traslada en condiciones peligrosas para ellos y muchos mueren”, explicó Ortiz.
Para tener una referencia, el director de la reserva ecológica, Juan Pablo Juliá, dijo que el ave que sustrajeron de Horco Molle tiene un valor que aproximado de entre $ 15.000 y $ 20.000. “O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”, reflexionó.
En otro sentido, el encargado de rehabilitación informó sobre los problemas que puede tener un animal en cautiverio. “En principio, suelen sufrir mucho estrés. Además, las aves se golpean contra la jaula al intentar huir y no reciben la nutrición necesaria. Ante este cuadro, pueden morir. Para tener mascotas, siempre es mejor optar por un perro, un gato o un conejo”.
Por último, Ortiz señaló que reciben muchos animales en la reserva, pero que no todos están en condiciones de recuperar. “Se evalúa su condición. Hay algunos que no pueden volver a su entorno. Por ejemplo, aquellas aves que fueron criadas desde pichones con humanos. Estas no logran advertir los peligros de la vida silvestre, algo que consiguen viendo a sus padres”, cerró.
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Increíble, se robaron un cardenal amarillo de una reserva
Insólito: se robaron de una reserva un cardenal amarillo en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 28/07/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Tucumán
ladrones ingresaron al predio y se llevaron dinero, electrodomésticos y también al ave, que iba a ser derivada a Buenos Aires a un proyecto de conservación.
Los ladrones no dejaron ni el loro dice un dicho popular. En esta ocasión los delincuentes que se llevaron la recaudación del fin de semana y electrodomésticos de la Reserva Natural de Horco Molle se alzaron además con un ave en peligro de extinción, que puede alcanzar un valor de 20.000 pesos en el mercado negro. La denuncia de los hechos fue realizada por el director de la reserva, Juan Pablo Juliá, a quien le llamó mucho la atención que se llevaran el ave, un cardenal amarillo que se encontraba en su jaula y bajo llave en la veterinaria del parque. Además era el único de su especie en Tucumán.
El cardenal, según explicó el funcionario estaba por ser derivado a un proyecto de conservación en Buenos Aires. Además indicó que “es un ave muy valiosa, con valores entre 15 y 20 mil pesos en el mercado negro. O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”. Por su parte el veterinario de la reserva, que pertenece a la Universidad de Tucumán, dijo que el ave no podía volar, tenía las alas cortadas, por eso lo iban a derivar al programa de conservación. El profesional agregó que el cardenal amarillo “está en peligro de extinción por dos motivos: por la destrucción de su hábitat y por la captura por parte de los individuos. Son muy codiciados por su canto y por el color de sus plumas. Pero la gente tiene que saber que la venta y la tenencia de fauna silvestre es ilegal. Hay que parar de comprar y de capturar animales”.
Los ladrones se llevaron 80.000 pesos que fue la recaudación del último fin de semana de vacaciones de invierno en la provincia, un microondas y una balanza electrónica. En su página de Facebook, Reserva Experimental de Horco Molle, se indica que “nos entristece informar que en la noche del 23 al 24 del corriente, sufrimos un robo en nuestras instalaciones en Horco Molle. Los ladrones sustrajeron el dinero de la recaudación, algunos equipos de la veterinaria y cocina de animales y un cardenal amarillo, que se ve en la foto. El cardenal amarillo es un ave amenazada y este en concreto estaba en tratamiento en la veterinaria para ser derivado a un centro de cría en Buenos Aires. Cualquier información sobre su paradero es bienvenida. La causa está en manos de la justicia federal”.
El pasado 25 de abril, en el marco de la Semana de los Animales, se anunciaba la llegada del cardenal y se manifestaban en contra del tráfico de animales. El post expresaba que “Los cardenales amarillos son una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat o por su aprovechamiento comercial de forma ilegal. La semana pasada se recibió un ejemplar de cardenal amarillo en la Reserva, derivado por la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Catamarca. Lamentablemente no podrá regresar a su hábitat ya que cortaron sus alas para mantenerlo en cautiverio. Recuerda que la mejor forma de proteger nuestra biodiversidad es terminar con este tipo de prácticas... Decí #Noalcomerciosilvestre”.
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Fecha de Publicación: 28/07/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Tucumán
ladrones ingresaron al predio y se llevaron dinero, electrodomésticos y también al ave, que iba a ser derivada a Buenos Aires a un proyecto de conservación.
Los ladrones no dejaron ni el loro dice un dicho popular. En esta ocasión los delincuentes que se llevaron la recaudación del fin de semana y electrodomésticos de la Reserva Natural de Horco Molle se alzaron además con un ave en peligro de extinción, que puede alcanzar un valor de 20.000 pesos en el mercado negro. La denuncia de los hechos fue realizada por el director de la reserva, Juan Pablo Juliá, a quien le llamó mucho la atención que se llevaran el ave, un cardenal amarillo que se encontraba en su jaula y bajo llave en la veterinaria del parque. Además era el único de su especie en Tucumán.
El cardenal, según explicó el funcionario estaba por ser derivado a un proyecto de conservación en Buenos Aires. Además indicó que “es un ave muy valiosa, con valores entre 15 y 20 mil pesos en el mercado negro. O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”. Por su parte el veterinario de la reserva, que pertenece a la Universidad de Tucumán, dijo que el ave no podía volar, tenía las alas cortadas, por eso lo iban a derivar al programa de conservación. El profesional agregó que el cardenal amarillo “está en peligro de extinción por dos motivos: por la destrucción de su hábitat y por la captura por parte de los individuos. Son muy codiciados por su canto y por el color de sus plumas. Pero la gente tiene que saber que la venta y la tenencia de fauna silvestre es ilegal. Hay que parar de comprar y de capturar animales”.
Los ladrones se llevaron 80.000 pesos que fue la recaudación del último fin de semana de vacaciones de invierno en la provincia, un microondas y una balanza electrónica. En su página de Facebook, Reserva Experimental de Horco Molle, se indica que “nos entristece informar que en la noche del 23 al 24 del corriente, sufrimos un robo en nuestras instalaciones en Horco Molle. Los ladrones sustrajeron el dinero de la recaudación, algunos equipos de la veterinaria y cocina de animales y un cardenal amarillo, que se ve en la foto. El cardenal amarillo es un ave amenazada y este en concreto estaba en tratamiento en la veterinaria para ser derivado a un centro de cría en Buenos Aires. Cualquier información sobre su paradero es bienvenida. La causa está en manos de la justicia federal”.
El pasado 25 de abril, en el marco de la Semana de los Animales, se anunciaba la llegada del cardenal y se manifestaban en contra del tráfico de animales. El post expresaba que “Los cardenales amarillos son una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat o por su aprovechamiento comercial de forma ilegal. La semana pasada se recibió un ejemplar de cardenal amarillo en la Reserva, derivado por la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Catamarca. Lamentablemente no podrá regresar a su hábitat ya que cortaron sus alas para mantenerlo en cautiverio. Recuerda que la mejor forma de proteger nuestra biodiversidad es terminar con este tipo de prácticas... Decí #Noalcomerciosilvestre”.
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Revocan sobreseimiento a responsables del ingenio
Procesaron a los responsables del ingenio azucarero Cruz Alta por contaminar la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Justicia ordena la paralización de La Alumbrera
La Cámara Federal ordenó suspender actividades a la minera La Alumbrera en Catamarca
Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Cámara Federal de Tucumán ordenó hoy "la suspensión inmediata" de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen pericias sobre contaminación y la empresa acredite "haber contratado" un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.
En el fallo, firmado hoy por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.
Al admitir la cautelar, la cámara resolvió "ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados 'Bajo de la Alumbrera' y 'Bajo el Durazno'", al señalar que ambos se encuentran "ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora" en Andalgalá.
De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que "se realicen los informes periciales in situ solicitados" por la demandante y "hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño".
La definición de la cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.
La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.
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Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Cámara Federal de Tucumán ordenó hoy "la suspensión inmediata" de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen pericias sobre contaminación y la empresa acredite "haber contratado" un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.
En el fallo, firmado hoy por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.
Al admitir la cautelar, la cámara resolvió "ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados 'Bajo de la Alumbrera' y 'Bajo el Durazno'", al señalar que ambos se encuentran "ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora" en Andalgalá.
De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que "se realicen los informes periciales in situ solicitados" por la demandante y "hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño".
La definición de la cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.
La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.
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Remediación de la Cuenca Salí - Dulce en evaluación
Analizan el Plan Director de la Cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el Instituto de Hidrobiología de la ciudad de Las Termas de Río Hondo se llevó a cabo la reunión de la Comisión Técnica del Río Salí - Dulce, que estuvo encabezada por la ministra del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Norma Fuentes y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pablo Bereciartúa.
El objetivo principal de esta nueva reunión consistió en analizar el plan director de la cuenca. El plan pone énfasis en gestionar el recurso de manera eficiente y coordinada, estableciendo prioridades de acción y focos puntuales de intervención a corto, mediano y largo plazo y una evaluación de la oferta y demanda de agua para cada subcuenca y/o región que permita una planificación integrada y sustentable del recurso y una distribución consensuada del mismo. Además de la caracterización de los nuevos escenarios de la cuenca.
Otro aspecto importante del plan consiste en la modelación hidrológica de la cuenca de los ríos Salí - Dulce, considerando escenarios que incluyan las obras priorizadas, entre otras, Potrero del Clavillo, El Sauzal y Tuama.
También se prevé el desarrollo de herramientas de modelación aplicando programas informáticos que incluirá la transferencia y capacitación a usuarios designados por el comité que podrán participar del desarrollo de la modelación.
La formulación del Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca de los ríos Salí - Dulce forma parte del eje “Adaptación a los Extremos Climáticos”, de los Ejes de la Política Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
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Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el Instituto de Hidrobiología de la ciudad de Las Termas de Río Hondo se llevó a cabo la reunión de la Comisión Técnica del Río Salí - Dulce, que estuvo encabezada por la ministra del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Norma Fuentes y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pablo Bereciartúa.
El objetivo principal de esta nueva reunión consistió en analizar el plan director de la cuenca. El plan pone énfasis en gestionar el recurso de manera eficiente y coordinada, estableciendo prioridades de acción y focos puntuales de intervención a corto, mediano y largo plazo y una evaluación de la oferta y demanda de agua para cada subcuenca y/o región que permita una planificación integrada y sustentable del recurso y una distribución consensuada del mismo. Además de la caracterización de los nuevos escenarios de la cuenca.
Otro aspecto importante del plan consiste en la modelación hidrológica de la cuenca de los ríos Salí - Dulce, considerando escenarios que incluyan las obras priorizadas, entre otras, Potrero del Clavillo, El Sauzal y Tuama.
También se prevé el desarrollo de herramientas de modelación aplicando programas informáticos que incluirá la transferencia y capacitación a usuarios designados por el comité que podrán participar del desarrollo de la modelación.
La formulación del Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca de los ríos Salí - Dulce forma parte del eje “Adaptación a los Extremos Climáticos”, de los Ejes de la Política Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
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"Somos el monte que marcha"
Un mosaico de reclamos por los montes
Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
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Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
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El Parque Nacional Aconquija oficialmente creado
Se oficializó la creación del Parque Nacional Aconquija
Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Con la firma de los diputados nacionales por Tucumán, se convalidó la cesión de las tierras para comenzar a trabajar en esta gran apuesta turística y ecológica de 80 mil hectáreas.
Hace cien años, Miguel Lillo soñó con un Parque Nacional de miles de hectáreas, que proteja la vegetación forestal y las cuencas hídricas del suroeste tucumano. Ayer, luego de la firma de los diputados nacionales por Tucumán, su sueño comenzó a tomar forma.
A fines del año pasado, la Legislatura tucumana aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, o Parque Nacional del Bicentenario, que se extiende en 80 mil hectáreas. Este viernes 23 de junio, los diputados nacionales firmaron la entrada de la Ley de aceptación, de la cesión de la jurisdicción y de la creación del mismo, según informó a La Gaceta Emiliano Ezcurra, vicepresidente de Parques Nacionales.
Para crearlo, se adquirirán campos hacia el norte y el sur del Parque Nacional Los Alisos. El sistema montañoso del Aconquija, en la zona, alberga alrededor de 2 mil especies de plantas y diversos tipos de vegetación: bosques pedemontanos, templados, arbustales y pastizales de neblina, pastizales altoandinos, selvas húmedas subtropicales y estepas arbustivas de la Prepuna. En cuanto a la fauna, hay felinos, osos meleros, pecaríes, guanacos y tarucas, entre otros mamíferos.
Además, permitirá el acceso a la Laguna del Tesoro, que hasta el momento se encontraba en manos privadas. También incluirá un sitio de interés arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Ciudacita, a 4.000 msnm. Incluye el tercer sitio arqueológico más importante del Cono Sur, llamado Qhapaq Ñan (del quechua Camino Principal), antecedido solo por el Machu Picchu (Perú) y las Ruinas de Quilmes (Tucumán).
La observación de la flora y la fauna silvestre, el senderismo, el campamentismo, la pesca deportiva de salmónidos, el turismo geológico, el arqueológico y el botánico son algunos de los tipos de actividades que podrán realizarse en este espacio.
Siempre con respeto al medioambiente: “Es necesario resaltar que la actividad turística estará supeditada al plan de manejo del Parque Nacional y brindará actividades que sean sustentables y ambientalmente amigables. Todo lo que se proyecte a nivel turístico se lo hará siempre bajo el paraguas de la sustentabilidad”, aseguró al momento del anuncio Sebastián Giobellina, titular del Ente Tucumán Turismo.
En este sentido Daniel Vega, intendente del Parque Nacional Campo de los Alisos, celebró la voluntad política del gobierno de la provincia. “Los problemas que trajo el avance de la frontera agrícola pueden comprometer, inclusive, el balance hídrico de la provincia y es necesario que lo que queda de yunga y selva sea preservado. Nada mejor que cederlo a Parques Nacionales para su conservación. Esto nos da una garantía porque este organismo lleva la labor de conservación como una decisión de Estado más allá de los vaivenes que sufre la actualidad política”, expresó.
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Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Con la firma de los diputados nacionales por Tucumán, se convalidó la cesión de las tierras para comenzar a trabajar en esta gran apuesta turística y ecológica de 80 mil hectáreas.
Hace cien años, Miguel Lillo soñó con un Parque Nacional de miles de hectáreas, que proteja la vegetación forestal y las cuencas hídricas del suroeste tucumano. Ayer, luego de la firma de los diputados nacionales por Tucumán, su sueño comenzó a tomar forma.
A fines del año pasado, la Legislatura tucumana aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, o Parque Nacional del Bicentenario, que se extiende en 80 mil hectáreas. Este viernes 23 de junio, los diputados nacionales firmaron la entrada de la Ley de aceptación, de la cesión de la jurisdicción y de la creación del mismo, según informó a La Gaceta Emiliano Ezcurra, vicepresidente de Parques Nacionales.
Para crearlo, se adquirirán campos hacia el norte y el sur del Parque Nacional Los Alisos. El sistema montañoso del Aconquija, en la zona, alberga alrededor de 2 mil especies de plantas y diversos tipos de vegetación: bosques pedemontanos, templados, arbustales y pastizales de neblina, pastizales altoandinos, selvas húmedas subtropicales y estepas arbustivas de la Prepuna. En cuanto a la fauna, hay felinos, osos meleros, pecaríes, guanacos y tarucas, entre otros mamíferos.
Además, permitirá el acceso a la Laguna del Tesoro, que hasta el momento se encontraba en manos privadas. También incluirá un sitio de interés arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Ciudacita, a 4.000 msnm. Incluye el tercer sitio arqueológico más importante del Cono Sur, llamado Qhapaq Ñan (del quechua Camino Principal), antecedido solo por el Machu Picchu (Perú) y las Ruinas de Quilmes (Tucumán).
La observación de la flora y la fauna silvestre, el senderismo, el campamentismo, la pesca deportiva de salmónidos, el turismo geológico, el arqueológico y el botánico son algunos de los tipos de actividades que podrán realizarse en este espacio.
Siempre con respeto al medioambiente: “Es necesario resaltar que la actividad turística estará supeditada al plan de manejo del Parque Nacional y brindará actividades que sean sustentables y ambientalmente amigables. Todo lo que se proyecte a nivel turístico se lo hará siempre bajo el paraguas de la sustentabilidad”, aseguró al momento del anuncio Sebastián Giobellina, titular del Ente Tucumán Turismo.
En este sentido Daniel Vega, intendente del Parque Nacional Campo de los Alisos, celebró la voluntad política del gobierno de la provincia. “Los problemas que trajo el avance de la frontera agrícola pueden comprometer, inclusive, el balance hídrico de la provincia y es necesario que lo que queda de yunga y selva sea preservado. Nada mejor que cederlo a Parques Nacionales para su conservación. Esto nos da una garantía porque este organismo lleva la labor de conservación como una decisión de Estado más allá de los vaivenes que sufre la actualidad política”, expresó.
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La Alumbrera llega a su fin
Anuncian el fin de la explotación a cielo abierto de la minera La Alumbrera
Fecha de Publicación: 25/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Catamarca
Cesa la principal explotación del yacimiento. Continuarán actividades subterráneas. Millonarias indemnizaciones. Y ahora, a medir el impacto ambiental.
La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre de la actividad a cielo abierto. Recién a partir de entonces se podrá medir el impacto ambiental del principal. Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto "Agua Rica".
El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.
El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa. “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.
Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.
Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.
En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.
"Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%", comentó una fuente cercana la compañía. "Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017."
La minera en números:
-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.
-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.
-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
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Fecha de Publicación: 25/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Catamarca
Cesa la principal explotación del yacimiento. Continuarán actividades subterráneas. Millonarias indemnizaciones. Y ahora, a medir el impacto ambiental.
La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre de la actividad a cielo abierto. Recién a partir de entonces se podrá medir el impacto ambiental del principal. Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto "Agua Rica".
El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.
El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa. “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.
Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.
Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.
En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.
"Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%", comentó una fuente cercana la compañía. "Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017."
La minera en números:
-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.
-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.
-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
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Biomasa a partir de desechos de la caña de azúcar
Obtendrán combustible a partir de desechos de la caña de azúcar
Fecha de Publicación: 14/06/2017
Fuente: INTI
Provincia/Región: Tucumán
Especialistas de la Red de Biomasa del INTI realizaron el primer ensayo a escala industrial en el país para producir pellets a partir de residuos del sector azucarero. Esta tecnología puede ser una solución energética, ambiental y productiva para el norte argentino.
El cultivo de la caña de azúcar es la base de la economía regional en el noroeste argentino, con 365 mil hectáreas cultivadas y una producción anual de 20 millones de toneladas por molienda. Esta actividad industrial genera 45 mil puestos de trabajo directos e ingresos por aproximadamente ocho millones de pesos anuales, sin embargo, en contraposición de su impacto industrial en la región, los residuos que se generan no son aprovechados, lo que implica un problema ambiental que se acentúa a medida que la producción crece.
Con el objetivo de aprovechar los desechos de la cosecha, especialistas de la Unidad Técnica Valorización de Recursos Biomásicos de INTI-Tucumán llevaron adelante el primer ensayo a escala industrial de conformado de pellets en la ciudad santafesina de Rafaela. El mismo se realizó con máquinas disponibles en el mercado, lo que permitió reunir pautas técnico-económicas para el diseño, en el corto plazo, de un modelo de negocios rentable, apuntando al desarrollo de un nuevo biocombustible para aplicaciones industriales de alcance regional, que cumpla con los estándares mínimos de calidad para su uso en equipos de combustión.
El trabajo contribuirá al desarrollo regional porque apunta a resolver un gran problema de contaminación ambiental, diversificar la matriz energética, agregar valor a un residuo agrícola y mejorar la competitividad de los productores cañeros” afirma Guillermo Martínez Pulido del Centro INTI-Tucumán, quien llevó adelante el proyecto junto a Marcos Risso, Martín Rearte y Sado Abdelhamid.
El ensayo se implementó a partir de la articulación entre el municipio tucumano de Simoca, productores cañeros, una empresa fabricante de máquinas pelletizadoras y el INTI —a través de los centros de Tucumán y Energías Renovables—. Se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante el Instituto, que este año conmemora su 60º aniversario, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento y valorización de recursos biomásicos (materiales orgánicos utilizables como fuente de energía) en todo el país.
Potencial de los residuos agrícolas de cosecha
Si bien estudios estadísticos acuerdan sobre el potencial de estos residuos azucareros, las tecnologías para su aprovechamiento aún no han sido validadas por la propia industria azucarera. Actualmente el único antecedente es el uso parcial en su estado natural en calderas bagaceras de ingenios azucareros —que buscan complementar al bagazo que escasea debido a la demanda energética de la producción de etanol— .
Su aplicación como combustible estandarizado (pellet) puede dar una mayor confiabilidad y diversificar el consumo hacia la media y baja escala, incluso para aplicaciones domésticas en reemplazo del gas licuado de petróleo y el gas natural. “Es una alternativa no solo para darle valor agregado y diversificar la actividad cañera sino para suplir la demanda energética creciente en todo el país”, concluye Martínez Pulido.
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Fecha de Publicación: 14/06/2017
Fuente: INTI
Provincia/Región: Tucumán
Especialistas de la Red de Biomasa del INTI realizaron el primer ensayo a escala industrial en el país para producir pellets a partir de residuos del sector azucarero. Esta tecnología puede ser una solución energética, ambiental y productiva para el norte argentino.
El cultivo de la caña de azúcar es la base de la economía regional en el noroeste argentino, con 365 mil hectáreas cultivadas y una producción anual de 20 millones de toneladas por molienda. Esta actividad industrial genera 45 mil puestos de trabajo directos e ingresos por aproximadamente ocho millones de pesos anuales, sin embargo, en contraposición de su impacto industrial en la región, los residuos que se generan no son aprovechados, lo que implica un problema ambiental que se acentúa a medida que la producción crece.
Con el objetivo de aprovechar los desechos de la cosecha, especialistas de la Unidad Técnica Valorización de Recursos Biomásicos de INTI-Tucumán llevaron adelante el primer ensayo a escala industrial de conformado de pellets en la ciudad santafesina de Rafaela. El mismo se realizó con máquinas disponibles en el mercado, lo que permitió reunir pautas técnico-económicas para el diseño, en el corto plazo, de un modelo de negocios rentable, apuntando al desarrollo de un nuevo biocombustible para aplicaciones industriales de alcance regional, que cumpla con los estándares mínimos de calidad para su uso en equipos de combustión.
El trabajo contribuirá al desarrollo regional porque apunta a resolver un gran problema de contaminación ambiental, diversificar la matriz energética, agregar valor a un residuo agrícola y mejorar la competitividad de los productores cañeros” afirma Guillermo Martínez Pulido del Centro INTI-Tucumán, quien llevó adelante el proyecto junto a Marcos Risso, Martín Rearte y Sado Abdelhamid.
El ensayo se implementó a partir de la articulación entre el municipio tucumano de Simoca, productores cañeros, una empresa fabricante de máquinas pelletizadoras y el INTI —a través de los centros de Tucumán y Energías Renovables—. Se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante el Instituto, que este año conmemora su 60º aniversario, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento y valorización de recursos biomásicos (materiales orgánicos utilizables como fuente de energía) en todo el país.
Potencial de los residuos agrícolas de cosecha
Si bien estudios estadísticos acuerdan sobre el potencial de estos residuos azucareros, las tecnologías para su aprovechamiento aún no han sido validadas por la propia industria azucarera. Actualmente el único antecedente es el uso parcial en su estado natural en calderas bagaceras de ingenios azucareros —que buscan complementar al bagazo que escasea debido a la demanda energética de la producción de etanol— .
Su aplicación como combustible estandarizado (pellet) puede dar una mayor confiabilidad y diversificar el consumo hacia la media y baja escala, incluso para aplicaciones domésticas en reemplazo del gas licuado de petróleo y el gas natural. “Es una alternativa no solo para darle valor agregado y diversificar la actividad cañera sino para suplir la demanda energética creciente en todo el país”, concluye Martínez Pulido.
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La "Mesa Nacional de la Vinaza", crea un "registro de la vinaza"
Crearán un registro de la vinaza para tener mayor control sobre ingenios
Fecha de Publicación: 20/04/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
En el marco de la Mesa Nacional de la Vinaza, se conformó un registro para el seguimiento de la actividad de los ingenios con destilería y evitar que el desecho industrial produzca daños ambientales.
Mientras la vecina provincia avanza en conseguir la reglamentación de la Ley de Fomento de Biocombustible (Ley Nº 26.334) y la creación de un Renavi (Registro Nacional de Vinaza), desde Santiago del Estero, autoridades solicitaron al funcionario de ambiente de Tucumán a que se cumplan con los requisitos de estudio de suelo, tareas de fertirriego y demás actividades que tiendan a no producir daño alguno a los afluentes de la cuenca Salí Dulce, y que desembocan en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Seguimiento
Del encuentro realizado en la provincia, participaron la ministra del Agua y Medio Ambiente, Norma Fuentes; el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; el defensor del Pueblo de la provincia, Lionel Suárez (h) y el director general de Articulación Institucional del ministerio provincial, Daniel Kobylanski.
Cabe resaltar que la Mesa Nacional de la Vinaza estipula un tratamiento eficiente del efluente industrial ya que el Ministerio de Energía puede resentir los cupos para la producción de biocombustible, hoy una actividad altamente rentable en Tucumán.
De esta manera, el Gobierno nacional procura lograr una gestión sustentable de la vinaza.
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Fecha de Publicación: 20/04/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
En el marco de la Mesa Nacional de la Vinaza, se conformó un registro para el seguimiento de la actividad de los ingenios con destilería y evitar que el desecho industrial produzca daños ambientales.
Mientras la vecina provincia avanza en conseguir la reglamentación de la Ley de Fomento de Biocombustible (Ley Nº 26.334) y la creación de un Renavi (Registro Nacional de Vinaza), desde Santiago del Estero, autoridades solicitaron al funcionario de ambiente de Tucumán a que se cumplan con los requisitos de estudio de suelo, tareas de fertirriego y demás actividades que tiendan a no producir daño alguno a los afluentes de la cuenca Salí Dulce, y que desembocan en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Seguimiento
Del encuentro realizado en la provincia, participaron la ministra del Agua y Medio Ambiente, Norma Fuentes; el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; el defensor del Pueblo de la provincia, Lionel Suárez (h) y el director general de Articulación Institucional del ministerio provincial, Daniel Kobylanski.
Cabe resaltar que la Mesa Nacional de la Vinaza estipula un tratamiento eficiente del efluente industrial ya que el Ministerio de Energía puede resentir los cupos para la producción de biocombustible, hoy una actividad altamente rentable en Tucumán.
De esta manera, el Gobierno nacional procura lograr una gestión sustentable de la vinaza.
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La deforestación se paga
Las consecuencias nefastas de la deforestación
Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los antiguos griegos solían afirmar que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Seguramente, se quedaron cortos en la apreciación porque la historia muestra que los tropezones se repiten y en algunas sociedades, como la tucumana, pueden volverse crónicos. La depredación de la naturaleza trae consecuencias previsibles y muchas de ellas se convierten en catástrofes, como está sucediendo en varias poblaciones del sur de nuestra provincia, víctimas de inundaciones. Miles de pobladores, como los de La Madrid, han perdido todos sus bienes. Una de las principales causas de este desastre ambiental es la deforestación.
En la reciente reunión de delegados del NOA de la Pastoral Social, el obispo de Añatuya denunció que ya no quedan montes nativos. “En estado natural, la tierra absorbe 300 milímetros por hora, pero si se desmonta para ganadería, ese suelo sólo retendrá 100 milímetros en el mismo tiempo. Ahora si se siembra soja, como ocurre en el NOA, esos campos absorberán apenas 30 milímetros por hora, según los estudios del INTA”, dijo el sacerdote. Señaló que durante el encuentro se consideró también el daño que causan el uso de agroquímicos y la tala indiscriminada, sin tener en cuenta la aplicación de las leyes. “Las causas de todo esto ya no son invisibles, las vemos en las grandes inundaciones que provocan tanto sufrimiento a nuestros pueblos”, afirmó.
Cuando la deforestación es elevada, se erosiona el suelo y se altera la calidad del agua. Los bosques regulan el régimen hídrico, y cuanto más natural sea el ecosistema, más efectiva será esta función. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló que el agua y los bosques están íntimamente ligados, ya que los árboles filtran el agua, aumentan los niveles de humedad en el aire y la incorporan más profundamente en la tierra, evitando su evaporación. Advirtió que un territorio con menos del 25 % de cobertura vegetal corría grandes peligros ambientales.
En Tucumán, la tala indiscriminada se viene produciendo desde hace año. Por ejemplo, en noviembre de 2006, especialistas en medio ambiente dijeron que en la provincia había un millón de hectáreas degradadas. A ello había que sumarle que sólo el 18 % de la superficie del territorio estaba cubierto por bosques. Ese mes, pescadores de Concepción descubrieron que a la altura del lugar conocido como Remanso de Yacu Suto, en la reserva forestal de Santa Ana, cuadrillas de operarios estaban desmontando totalmente ese lugar; fueron alrededor de 250 hectáreas las desmontadas, según la denuncia efectuada. La deforestación afectó la fauna de la zona, compuesta por corzuelas, ocelotes, loros, chanchos del monte y pájaros.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, Tucumán perdió 22.171 hectáreas por desmonte. La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Nación señaló que entre 2006 y 2011, fueron arrasadas otras 25.333 hectáreas de bosques nativos, bosques en galería, bosques bajos, bosques abiertos y arbustales.
Tucumán cuenta con una herramienta importante que es la ley provincial N° 8.304 referida al “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, sancionada en junio de 2010 y reglamentada en 2013, pero al parecer no la aplica. La tala indiscriminada de nuestros bosques ocurre porque el Estado mira para otro lado y no castiga con todo rigor a los infractores. ¿Acaso la ineficiencia es tan grande o los intereses creados son importantes? Cuando ocurren inundaciones, ningún gobernante se hace cargo por las obras que se debieron haber hecho para evitar la catástrofe y no se hicieron. Seguramente, si nuestra clase dirigente perdiera todos sus bienes bajo el agua, sentiría en carne propia lo que están viviendo los inundados del sur de la provincia, y se ocuparía de preservar el medio ambiente, de hacer las obras públicas necesaria y de mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
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Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los antiguos griegos solían afirmar que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Seguramente, se quedaron cortos en la apreciación porque la historia muestra que los tropezones se repiten y en algunas sociedades, como la tucumana, pueden volverse crónicos. La depredación de la naturaleza trae consecuencias previsibles y muchas de ellas se convierten en catástrofes, como está sucediendo en varias poblaciones del sur de nuestra provincia, víctimas de inundaciones. Miles de pobladores, como los de La Madrid, han perdido todos sus bienes. Una de las principales causas de este desastre ambiental es la deforestación.
En la reciente reunión de delegados del NOA de la Pastoral Social, el obispo de Añatuya denunció que ya no quedan montes nativos. “En estado natural, la tierra absorbe 300 milímetros por hora, pero si se desmonta para ganadería, ese suelo sólo retendrá 100 milímetros en el mismo tiempo. Ahora si se siembra soja, como ocurre en el NOA, esos campos absorberán apenas 30 milímetros por hora, según los estudios del INTA”, dijo el sacerdote. Señaló que durante el encuentro se consideró también el daño que causan el uso de agroquímicos y la tala indiscriminada, sin tener en cuenta la aplicación de las leyes. “Las causas de todo esto ya no son invisibles, las vemos en las grandes inundaciones que provocan tanto sufrimiento a nuestros pueblos”, afirmó.
Cuando la deforestación es elevada, se erosiona el suelo y se altera la calidad del agua. Los bosques regulan el régimen hídrico, y cuanto más natural sea el ecosistema, más efectiva será esta función. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló que el agua y los bosques están íntimamente ligados, ya que los árboles filtran el agua, aumentan los niveles de humedad en el aire y la incorporan más profundamente en la tierra, evitando su evaporación. Advirtió que un territorio con menos del 25 % de cobertura vegetal corría grandes peligros ambientales.
En Tucumán, la tala indiscriminada se viene produciendo desde hace año. Por ejemplo, en noviembre de 2006, especialistas en medio ambiente dijeron que en la provincia había un millón de hectáreas degradadas. A ello había que sumarle que sólo el 18 % de la superficie del territorio estaba cubierto por bosques. Ese mes, pescadores de Concepción descubrieron que a la altura del lugar conocido como Remanso de Yacu Suto, en la reserva forestal de Santa Ana, cuadrillas de operarios estaban desmontando totalmente ese lugar; fueron alrededor de 250 hectáreas las desmontadas, según la denuncia efectuada. La deforestación afectó la fauna de la zona, compuesta por corzuelas, ocelotes, loros, chanchos del monte y pájaros.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, Tucumán perdió 22.171 hectáreas por desmonte. La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Nación señaló que entre 2006 y 2011, fueron arrasadas otras 25.333 hectáreas de bosques nativos, bosques en galería, bosques bajos, bosques abiertos y arbustales.
Tucumán cuenta con una herramienta importante que es la ley provincial N° 8.304 referida al “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, sancionada en junio de 2010 y reglamentada en 2013, pero al parecer no la aplica. La tala indiscriminada de nuestros bosques ocurre porque el Estado mira para otro lado y no castiga con todo rigor a los infractores. ¿Acaso la ineficiencia es tan grande o los intereses creados son importantes? Cuando ocurren inundaciones, ningún gobernante se hace cargo por las obras que se debieron haber hecho para evitar la catástrofe y no se hicieron. Seguramente, si nuestra clase dirigente perdiera todos sus bienes bajo el agua, sentiría en carne propia lo que están viviendo los inundados del sur de la provincia, y se ocuparía de preservar el medio ambiente, de hacer las obras públicas necesaria y de mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
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