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China pone bajo la lupa a la soja argentina
09:00 | 
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Discuten en China la soja transgénica
Fecha de Publicación: 14/10/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El país oriental podría comenzar a analizar los niveles de plaguicidas en el grano y rechazar los lotes provenientes de Argentina y de otros países que registren un exceso. Algunos organismos estatales ya prohibieron el consumo de la soja genéticamente modificada.
Dejamos de ser el granero del mundo para ser los sojeros de China. Pero ahora el país asiático comienza a preocuparse por los cultivos transgénicos y el uso de pesticidas en Argentina. A lo mejor es una estrategia comercial o quizá hay razones ambientales y de salud, lo cierto es que se trata de una decisión que podría afectar seriamente la economía de nuestro país.
Hace más de un mes, la Universidad de Yunnan organizó un Foro sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Sustentable que contó con la presencia de más de 300 miembros de diversas áreas gubernamentales e instituciones académicas de China. Invitaron a voces de todo el mundo que se oponen a los cultivos transgénicos.
Entre ellos estuvo el médico cordobés Medardo Ávila Vázquez. “Querían información directa de los actores sociales y científicos sobre evidencia que tenemos”, aseguró. La invitación le llegó a través de la Cancillería Argentina.
Señales
Una primera señal es la prohibición impuesta en la provincia de Hubei. Allí las autoridades militares prohibieron la compra y consumo de soja genéticamente modificada (GM) y aceite elaborado a partir de este tipo de oleaginosa.
Entre las voces chinas más críticas a los cultivos transgénicos está el teniente general chino Mi Zhen-Yu, ex vicepresidente de la Academia de Ciencias y representante ante el Congreso Nacional del Pueblo. En un artículo editado por el Ministerio de Ciencia de este país, toma como referencia lo que ocurre en Argentina.
El militar chino recuerda que en abril de 2013, Testbiotech, una institución alemana independiente, tomó muestras de soja GM cultivadas en Argentina para medir los niveles de residuos de glifosato. En siete de las 11 muestras se superaba los 20 mg/kg, límite de seguridad que fijan organismos internacionales. Las más altas alcanzaban 97,36 mg/kg.
“La salud nacional se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Aunque el clima, la contaminación del agua y otros factores también existen, el daño de la soja GM no se puede descartar”, advierte en el texto Zhen-Yu.
En China no se aplican restricciones a los residuos de glifosato que debe tener la soja. En Argentina, el límite máximo de residuos en soja para consumo humano es de 5 mg/kg. En Estados Unidos y la Unión Europea es de 20 mg/kg.
El año pasado, Taiwan comenzó a revisar los niveles de glifosato en la soja transgénica importada de Argentina, Brasil y otros países. “China va por el mismo camino”, cree Ávila Vázquez. Y agrega: “Uno de los reclamos que surgió en este foro es que empiecen a medir la cantidad de pesticidas y lo más probable es que cuando lo hagan, empezarán a devolver los embarques de soja que estén excedidos en agroquímicos”.
Ávila Vázquez dice que en Argentina se usan cada vez más pesticidas. “Cuando empezaron con este sistema agroindustrial en 1996, se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En 2013, 12 litros”, precisa.
Reacciones
Algunas encuestas de opinión indican que la mayoría de la población china rechaza los cultivos transgénicos. El problema comenzó en 2009, cuando el Ministerio de Agricultura del país aprobó el uso de arroz y maíz GM. Entre los habitantes comenzaron a circular rumores sobre sus consecuencias en los tradicionales arrozales del país y en la salud de la gente.
Luego, las dudas se trasladaron a la soja GM importada. Mientras que en Europa la soja se usa para forraje, en China una buena parte se destina al consumo humano, como aceite, grano o concentrado proteico.
“Necesitamos los transgénicos para alimentar a nuestros habitantes, pero por ahora nos enfrentamos a una importante oposición de la opinión pública en China”, afirma el antiguo director del Instituto de Biotecnología dentro de la Academia China de Ciencias Agrícolas, Dafang Huang al portal Technology Review del MIT.
En detalle
Foro. La Universidad de Yunnan organizó un foro sobre seguridad alimentaria, con más de 300 miembros de diversas áreas gubernamentales e instituciones académicas de China. Expusieron especialistas de todo el mundo que rechazan cultivos transgénicos.
Problema. Argentina es el tercer exportador mundial de porotos de soja y el principal proveedor internacional de aceite y harina derivados de la oleaginosa. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la importancia que ha ido adquiriendo China en el mercado internacional de soja pone de manifiesto la dependencia creciente que tienen los principales países productores de soja, entre ellos, Argentina.
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Fecha de Publicación: 14/10/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El país oriental podría comenzar a analizar los niveles de plaguicidas en el grano y rechazar los lotes provenientes de Argentina y de otros países que registren un exceso. Algunos organismos estatales ya prohibieron el consumo de la soja genéticamente modificada.
Dejamos de ser el granero del mundo para ser los sojeros de China. Pero ahora el país asiático comienza a preocuparse por los cultivos transgénicos y el uso de pesticidas en Argentina. A lo mejor es una estrategia comercial o quizá hay razones ambientales y de salud, lo cierto es que se trata de una decisión que podría afectar seriamente la economía de nuestro país.
Hace más de un mes, la Universidad de Yunnan organizó un Foro sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Sustentable que contó con la presencia de más de 300 miembros de diversas áreas gubernamentales e instituciones académicas de China. Invitaron a voces de todo el mundo que se oponen a los cultivos transgénicos.
Entre ellos estuvo el médico cordobés Medardo Ávila Vázquez. “Querían información directa de los actores sociales y científicos sobre evidencia que tenemos”, aseguró. La invitación le llegó a través de la Cancillería Argentina.
Señales
Una primera señal es la prohibición impuesta en la provincia de Hubei. Allí las autoridades militares prohibieron la compra y consumo de soja genéticamente modificada (GM) y aceite elaborado a partir de este tipo de oleaginosa.
Entre las voces chinas más críticas a los cultivos transgénicos está el teniente general chino Mi Zhen-Yu, ex vicepresidente de la Academia de Ciencias y representante ante el Congreso Nacional del Pueblo. En un artículo editado por el Ministerio de Ciencia de este país, toma como referencia lo que ocurre en Argentina.
El militar chino recuerda que en abril de 2013, Testbiotech, una institución alemana independiente, tomó muestras de soja GM cultivadas en Argentina para medir los niveles de residuos de glifosato. En siete de las 11 muestras se superaba los 20 mg/kg, límite de seguridad que fijan organismos internacionales. Las más altas alcanzaban 97,36 mg/kg.
“La salud nacional se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Aunque el clima, la contaminación del agua y otros factores también existen, el daño de la soja GM no se puede descartar”, advierte en el texto Zhen-Yu.
En China no se aplican restricciones a los residuos de glifosato que debe tener la soja. En Argentina, el límite máximo de residuos en soja para consumo humano es de 5 mg/kg. En Estados Unidos y la Unión Europea es de 20 mg/kg.
El año pasado, Taiwan comenzó a revisar los niveles de glifosato en la soja transgénica importada de Argentina, Brasil y otros países. “China va por el mismo camino”, cree Ávila Vázquez. Y agrega: “Uno de los reclamos que surgió en este foro es que empiecen a medir la cantidad de pesticidas y lo más probable es que cuando lo hagan, empezarán a devolver los embarques de soja que estén excedidos en agroquímicos”.
Ávila Vázquez dice que en Argentina se usan cada vez más pesticidas. “Cuando empezaron con este sistema agroindustrial en 1996, se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En 2013, 12 litros”, precisa.
Reacciones
Algunas encuestas de opinión indican que la mayoría de la población china rechaza los cultivos transgénicos. El problema comenzó en 2009, cuando el Ministerio de Agricultura del país aprobó el uso de arroz y maíz GM. Entre los habitantes comenzaron a circular rumores sobre sus consecuencias en los tradicionales arrozales del país y en la salud de la gente.
Luego, las dudas se trasladaron a la soja GM importada. Mientras que en Europa la soja se usa para forraje, en China una buena parte se destina al consumo humano, como aceite, grano o concentrado proteico.
“Necesitamos los transgénicos para alimentar a nuestros habitantes, pero por ahora nos enfrentamos a una importante oposición de la opinión pública en China”, afirma el antiguo director del Instituto de Biotecnología dentro de la Academia China de Ciencias Agrícolas, Dafang Huang al portal Technology Review del MIT.
En detalle
Foro. La Universidad de Yunnan organizó un foro sobre seguridad alimentaria, con más de 300 miembros de diversas áreas gubernamentales e instituciones académicas de China. Expusieron especialistas de todo el mundo que rechazan cultivos transgénicos.
Problema. Argentina es el tercer exportador mundial de porotos de soja y el principal proveedor internacional de aceite y harina derivados de la oleaginosa. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la importancia que ha ido adquiriendo China en el mercado internacional de soja pone de manifiesto la dependencia creciente que tienen los principales países productores de soja, entre ellos, Argentina.
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A más soja, más inundación. La deforestación brutal
“El 92% de la selva ha sido deforestada para hacer monocultivo de soja”
Fecha de Publicación: 17/06/2014
Fuente: ANR
Provincia/Región: Nacional
Las inundaciones en Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos podrían producir el anegamiento de sus zonas ribereñas, dado que sus costas se encuentran casi al mismo nivel del río Paraná, cuyas aguas experimentaron una fuerte crecida a la altura de la ciudad de Posadas. Enredando las mañanas dialogó el pasado jueves con Marcelo Giraud, geógrafo, docente universitario y activista, quién explicó éste es solo un fenómeno climático por las lluvias o si los grandes desmontes a favor de políticas de monocultivo de soja favorecen las grandes crecidas de las cuencas del río.
Marcelo Giraud: Creo que la deforestación es una causal sin lugar a dudas y es esencial para comprender cabalmente el fenómeno que está ocurriendo. Por supuesto que crecidas ha habido desde hace siglos y milenios en la cuenca del Paraná-Plata, pero este fenómeno se ha agravado mucho en las últimas décadas y cada vez más a medida que avanza la deforestación de los diferentes bosques y selvas tropicales del norte de nuestro país y en los países vecinos. En este caso en particular lo que estamos viendo es sobre todo una crecida, no solo por el aumento en el caudal del Paraná, a partir de su cuenca de alimentación superior en Brasil, sino una de sus importantes afluentes como es el río Iguazú, en la cuenca de éste del lado brasileño, recordemos que tiene más de 800 kilómetros de largo, que nace cerca del Océano Atlántico y a partir de allí corre hacia el oeste. Ha habido lluvias muy fuertes, intensas en los últimos días, pero no podemos decir que son lluvias récord y sin embargo esas fuertes lluvias han generado que el río Iguazú llegue a tener un caudal de 46.000 m3 por segundo. Para darnos una idea, es más del doble del caudal medio del Rio de la Plata, casi el triple del Paraná, para solo un afluente, una cifra levemente superior al caudal medio del río Hongo el segundo más caudaloso del mundo.
Ese pico de crecida que va a durar pocos días, se está transmitiendo aguas abajo, está fluyendo, llegando a Yacyretá y a partir de allí va a generar problemas severos para algunas poblaciones de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso la lluvia cayó sobre el estado de Paraná de la cuenca del Iguazú, donde queda apenas el 8% de la superficie de la selva originaria, el 92% ha sido deforestada para ser reemplazada para hacer monocultivo de soja con fuerte presencia de los agro negocios.
Evidentemente en esta época donde la soja ha sido cosechada, los suelos de ninguna manera pueden actuar reteniendo una buena parte de las lluvias caídas como ocurriría en un ecosistema de la selva paranaense originaria, eso hace que el agua llegue mucho más rápidamente en los ríos y los picos de crecida sean mucho más cortos pero mucho mayores y más repentinos. Este mismo fenómeno vivió Santa Fé en la cuenca del rio Salado por mayo del 2003, relacionado con la deforestación en toda la cuenca del rio, en Santiago del Estero y en Salta.
Lamentablemente en tanto no se revierta o se detenga el avance de las deforestaciones estos fenómenos se van a seguir repitiendo y ojalá no sigan acentuándose aun más a futuro.
Debemos cuidarnos muy bien en calificar a estos fenómenos como catástrofes naturales, porque sin duda es natural como la lluvia pero interactuando fuertemente con las transformaciones en el uso del suelo, generados por la sociedad y por algunos empresarios avalados por los poderes políticos.
Enredando las mañanas: Sobre eso quería consultarte, porque la producción de soja au incentivo por sobre de otro tipo de cultivos, no es puntual de alguna provincia sino que es nacional.
M. G. : Justamente en la medida en que el Gobierno nacional está impulsando a través del Plan Estratégico Agro alimentario, Agro industrial al 2020, una expansión de la frontera agropecuaria, la incorporación de unos 9.000.000 de hectáreas a la superficie ya cultivada de las cuales 4.000.000, según dice ese plan estarían destinadas a la soja. Uno se pregunta, de dónde saldrían esas hectáreas, no de la región pampeana precisamente, sino hablamos de una continuidad de la expansión hacia las provincias del noroeste y noreste argentino. En la medida que el gobierno nacional tenga este tipo de política, con qué autoridad podría plantearles a los otros países de la cuenca del Plata, como Paraguay y Brasil, que observen un poco las consecuencias que está sufriendo nuestra población, nuestro territorio, estas inundaciones, estas crecidas extraordinarias en función de la deforestación que está ocurriendo en esos países, como en la cuenca de Iguazú, en el estado de Paraná brasileño. Mal se podría plantear o reclamar a los brasileños que tengan otro tipo de política. No es solo nacional sino inclusive en algún momento se vio una publicidad de una de las transnacionales semilleras y de agroquímicos Syngenta, ese mapa como una enorme mancha verde cubriendo una parte importante de nuestro cono sur, con la leyenda República Unida de la Soja.
Estamos viendo en la cuenca del Plata y del Paraná-Plata, las consecuencias de un fenómeno puntual en el tiempo que no cubre un área demasiado extensa en Brasil, pero que aguas abajo por supuesto va a generar en los próximos días muchos miles de perjudicados y probablemente evacuados.
ELM: Además son las comunidades que históricamente han sido olvidadas por los Estados.
M. G. : Generalmente los evacuados por inundaciones, por crecidas de los ríos a lo largo de la cuenca del Paraná, suelen ser las poblaciones de menores recursos, que de instalan donde se sabe que el río cada tanto produce crecidas, ero van y lo hacen porque no les queda otra, no porque les gusta ser periódicamente inundados. Ante esta política, a medida que se favorece la expulsión de una parte de la población rural en función de la adopción de otro modelo agropecuario, tecnológico intensivo en capital, con menos requerimiento de mano de obra, muchos habitantes del campo terminan migrando a las grandes ciudades del litoral argentino y al no tener donde establecerse, se terminan instalando en los lugares más propensos, más riesgosos a peligros como las inundaciones.
Es todo un entramado de problemas que afectan a las poblaciones urbanas como a las rurales y forman parte de un mismo sistema social y político.
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Fecha de Publicación: 17/06/2014
Fuente: ANR
Provincia/Región: Nacional
Las inundaciones en Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos podrían producir el anegamiento de sus zonas ribereñas, dado que sus costas se encuentran casi al mismo nivel del río Paraná, cuyas aguas experimentaron una fuerte crecida a la altura de la ciudad de Posadas. Enredando las mañanas dialogó el pasado jueves con Marcelo Giraud, geógrafo, docente universitario y activista, quién explicó éste es solo un fenómeno climático por las lluvias o si los grandes desmontes a favor de políticas de monocultivo de soja favorecen las grandes crecidas de las cuencas del río.
Marcelo Giraud: Creo que la deforestación es una causal sin lugar a dudas y es esencial para comprender cabalmente el fenómeno que está ocurriendo. Por supuesto que crecidas ha habido desde hace siglos y milenios en la cuenca del Paraná-Plata, pero este fenómeno se ha agravado mucho en las últimas décadas y cada vez más a medida que avanza la deforestación de los diferentes bosques y selvas tropicales del norte de nuestro país y en los países vecinos. En este caso en particular lo que estamos viendo es sobre todo una crecida, no solo por el aumento en el caudal del Paraná, a partir de su cuenca de alimentación superior en Brasil, sino una de sus importantes afluentes como es el río Iguazú, en la cuenca de éste del lado brasileño, recordemos que tiene más de 800 kilómetros de largo, que nace cerca del Océano Atlántico y a partir de allí corre hacia el oeste. Ha habido lluvias muy fuertes, intensas en los últimos días, pero no podemos decir que son lluvias récord y sin embargo esas fuertes lluvias han generado que el río Iguazú llegue a tener un caudal de 46.000 m3 por segundo. Para darnos una idea, es más del doble del caudal medio del Rio de la Plata, casi el triple del Paraná, para solo un afluente, una cifra levemente superior al caudal medio del río Hongo el segundo más caudaloso del mundo.
Ese pico de crecida que va a durar pocos días, se está transmitiendo aguas abajo, está fluyendo, llegando a Yacyretá y a partir de allí va a generar problemas severos para algunas poblaciones de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso la lluvia cayó sobre el estado de Paraná de la cuenca del Iguazú, donde queda apenas el 8% de la superficie de la selva originaria, el 92% ha sido deforestada para ser reemplazada para hacer monocultivo de soja con fuerte presencia de los agro negocios.
Evidentemente en esta época donde la soja ha sido cosechada, los suelos de ninguna manera pueden actuar reteniendo una buena parte de las lluvias caídas como ocurriría en un ecosistema de la selva paranaense originaria, eso hace que el agua llegue mucho más rápidamente en los ríos y los picos de crecida sean mucho más cortos pero mucho mayores y más repentinos. Este mismo fenómeno vivió Santa Fé en la cuenca del rio Salado por mayo del 2003, relacionado con la deforestación en toda la cuenca del rio, en Santiago del Estero y en Salta.
Lamentablemente en tanto no se revierta o se detenga el avance de las deforestaciones estos fenómenos se van a seguir repitiendo y ojalá no sigan acentuándose aun más a futuro.
Debemos cuidarnos muy bien en calificar a estos fenómenos como catástrofes naturales, porque sin duda es natural como la lluvia pero interactuando fuertemente con las transformaciones en el uso del suelo, generados por la sociedad y por algunos empresarios avalados por los poderes políticos.
Enredando las mañanas: Sobre eso quería consultarte, porque la producción de soja au incentivo por sobre de otro tipo de cultivos, no es puntual de alguna provincia sino que es nacional.
M. G. : Justamente en la medida en que el Gobierno nacional está impulsando a través del Plan Estratégico Agro alimentario, Agro industrial al 2020, una expansión de la frontera agropecuaria, la incorporación de unos 9.000.000 de hectáreas a la superficie ya cultivada de las cuales 4.000.000, según dice ese plan estarían destinadas a la soja. Uno se pregunta, de dónde saldrían esas hectáreas, no de la región pampeana precisamente, sino hablamos de una continuidad de la expansión hacia las provincias del noroeste y noreste argentino. En la medida que el gobierno nacional tenga este tipo de política, con qué autoridad podría plantearles a los otros países de la cuenca del Plata, como Paraguay y Brasil, que observen un poco las consecuencias que está sufriendo nuestra población, nuestro territorio, estas inundaciones, estas crecidas extraordinarias en función de la deforestación que está ocurriendo en esos países, como en la cuenca de Iguazú, en el estado de Paraná brasileño. Mal se podría plantear o reclamar a los brasileños que tengan otro tipo de política. No es solo nacional sino inclusive en algún momento se vio una publicidad de una de las transnacionales semilleras y de agroquímicos Syngenta, ese mapa como una enorme mancha verde cubriendo una parte importante de nuestro cono sur, con la leyenda República Unida de la Soja.
Estamos viendo en la cuenca del Plata y del Paraná-Plata, las consecuencias de un fenómeno puntual en el tiempo que no cubre un área demasiado extensa en Brasil, pero que aguas abajo por supuesto va a generar en los próximos días muchos miles de perjudicados y probablemente evacuados.
ELM: Además son las comunidades que históricamente han sido olvidadas por los Estados.
M. G. : Generalmente los evacuados por inundaciones, por crecidas de los ríos a lo largo de la cuenca del Paraná, suelen ser las poblaciones de menores recursos, que de instalan donde se sabe que el río cada tanto produce crecidas, ero van y lo hacen porque no les queda otra, no porque les gusta ser periódicamente inundados. Ante esta política, a medida que se favorece la expulsión de una parte de la población rural en función de la adopción de otro modelo agropecuario, tecnológico intensivo en capital, con menos requerimiento de mano de obra, muchos habitantes del campo terminan migrando a las grandes ciudades del litoral argentino y al no tener donde establecerse, se terminan instalando en los lugares más propensos, más riesgosos a peligros como las inundaciones.
Es todo un entramado de problemas que afectan a las poblaciones urbanas como a las rurales y forman parte de un mismo sistema social y político.
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La soja en Mendoza también conlleva problemas
Alarma ambiental por avance de la soja en Mendoza
Fecha de Publicación: 09/06/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La firma Nidera quiere masificar el cultivo en el sur provincial. Advierten sobre el riesgo por uso de agrotóxicos y señalan que los puestos de trabajo que se generan son ínfimos.
En el municipio de Santa Rosa, la empresa Multicultivos, ya realiza pruebas para llevar adelante el cultivo de soja. Del mismo modo, y en una etapa más avanzada, tanto en el departamento de San Rafael como en Lavalle, hay empresarios que se han decidido a sembrar soja bajo riego.
Las pruebas han llegado sponsoreadas por la multinacional Nidera que ve con buenos ojos masificar el cultivo en el sur provincial, siguiendo una línea de producción que abarca Córdoba, San Luis y ahora Mendoza.
Claro que más allá de las promesas de rentabilidad y apertura de nuevos negocios, la soja, el cultivo que en los últimos 10 años ha expandido su frontera agrícola un 60% en Argentina, existe una realidad que pocas veces se revela.
Patricio Eleisegui es periodista de Iprofesional y autor del libro Envenenados y consultado por MDZ señaló que “la experiencia de la soja en San Rafael viene a confirmar que hay una decisión política concreta de profundizar la expansión de un cultivo que, como ningún otro, garantiza alta rentabilidad a un costo siempre en descenso. Todo esto, sin importar que la oleaginosa, como alguna vez lo reconoció el mismo INTA, erradique puestos de trabajo del campo o desplace cultivos clave para la supervivencia de numerosas economías regionales”.
Y detalla: “Hay que pensar que mientras actividades como la ganadería aseguran hasta 10 empleos cada 100 hectáreas, la soja apenas si puede garantizar 1. Es más, en provincias como Entre Ríos se han dado casos de pooles de siembra que, dotados con la última maquinaria, están haciendo hasta 1.000 hectáreas de soja con un único empleado. De modo que si la idea es plantear esto de San Rafael como una oportunidad productiva, de entrada se está sosteniendo una falacia”.
Vale recordar que el año pasado un equipo de abogados argentinos decidió tomar cartas en el asunto y presentó una demanda colectiva por daño ambiental contra la implantación de cultivos y la venta de organismos genéticamente modificados (OGM´s), conocidos como transgénicos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nómina de demandados está encabezada por el estado nacional y seguida por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, el Concejo Federal de Medio Ambiente y las empresas que los comercializan como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow AgroSciences, Pioneer, Agrevo, Ciba Geigy y ArgenBio y Bayer.
La demanda tiene entre otros objetivos, que se prohíba la aplicación de los agroquímicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente y la salud de los seres vivos. Los abogados ambientalistas además reclaman que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandas a reparar el medioambiente y pagar indemnizaciones en caso de que sea necesario.
En el mismo sentido también se expresó Eleisegui, quien señala que “después está la cuestión de los agroquímicos que demanda la oleaginosa. Desembarcará con fuerza el glifosato, herbicidas prohibidos en la Comunidad Europea por su toxicidad como la atrazina, o los productos derivados de la industria bélica como el 2,4-D. Se intensificará la aplicación de insecticidas como el clorpirifos, de uso restringido hasta en los Estados Unidos; país que normalmente permite la pulverización con cualquier químico. En definitiva, la anuencia para avanzar con soja en San Rafael explicita, además, cómo se sigue expandiendo la frontera agropecuaria de lo que, por cantidad de superficie ocupada, claramente puede definirse como monocultivo. Pero no debería sorprendernos”.
Por último, el autor de Envenenados remarca que a la par de Mendoza, en provincias como Neuquén también se discuten proyectos para desarrollar soja. “De concretarse esto último, motorizado por un proyecto denominado Patagonia Sustentable, asistiremos a la primera –e impensada– irrupción del poroto que reporta millones en uno de los tramos más fríos e inhóspitos del país.
Justamente, el caso más común es el de la soja ‘Roundup Ready’ (RR) de Monsanto, una semilla resistente al herbicida Roundup, a base de glifosato. La soja transgénica ya colonizó el 59% de la tierra cultivable en Argentina, de acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Biodiversidad de Noruega.
Las empresas que comercializan las semillas de soja RR son justamente Nidera (58%) Monsanto (19%), Don Mario (16%) y Relmo (3%), todos ellos tienen una licencia de uso de la tecnología de Monsanto. Para Monsanto, la semilla de soja representa sólo el 10% de su negocio en el país, contra el 90% de la venta de agroquímicos y de híbridos de maíz y girasol.
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Fecha de Publicación: 09/06/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La firma Nidera quiere masificar el cultivo en el sur provincial. Advierten sobre el riesgo por uso de agrotóxicos y señalan que los puestos de trabajo que se generan son ínfimos.
En el municipio de Santa Rosa, la empresa Multicultivos, ya realiza pruebas para llevar adelante el cultivo de soja. Del mismo modo, y en una etapa más avanzada, tanto en el departamento de San Rafael como en Lavalle, hay empresarios que se han decidido a sembrar soja bajo riego.
Las pruebas han llegado sponsoreadas por la multinacional Nidera que ve con buenos ojos masificar el cultivo en el sur provincial, siguiendo una línea de producción que abarca Córdoba, San Luis y ahora Mendoza.
Claro que más allá de las promesas de rentabilidad y apertura de nuevos negocios, la soja, el cultivo que en los últimos 10 años ha expandido su frontera agrícola un 60% en Argentina, existe una realidad que pocas veces se revela.
Patricio Eleisegui es periodista de Iprofesional y autor del libro Envenenados y consultado por MDZ señaló que “la experiencia de la soja en San Rafael viene a confirmar que hay una decisión política concreta de profundizar la expansión de un cultivo que, como ningún otro, garantiza alta rentabilidad a un costo siempre en descenso. Todo esto, sin importar que la oleaginosa, como alguna vez lo reconoció el mismo INTA, erradique puestos de trabajo del campo o desplace cultivos clave para la supervivencia de numerosas economías regionales”.
Y detalla: “Hay que pensar que mientras actividades como la ganadería aseguran hasta 10 empleos cada 100 hectáreas, la soja apenas si puede garantizar 1. Es más, en provincias como Entre Ríos se han dado casos de pooles de siembra que, dotados con la última maquinaria, están haciendo hasta 1.000 hectáreas de soja con un único empleado. De modo que si la idea es plantear esto de San Rafael como una oportunidad productiva, de entrada se está sosteniendo una falacia”.
Vale recordar que el año pasado un equipo de abogados argentinos decidió tomar cartas en el asunto y presentó una demanda colectiva por daño ambiental contra la implantación de cultivos y la venta de organismos genéticamente modificados (OGM´s), conocidos como transgénicos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nómina de demandados está encabezada por el estado nacional y seguida por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, el Concejo Federal de Medio Ambiente y las empresas que los comercializan como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow AgroSciences, Pioneer, Agrevo, Ciba Geigy y ArgenBio y Bayer.
La demanda tiene entre otros objetivos, que se prohíba la aplicación de los agroquímicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente y la salud de los seres vivos. Los abogados ambientalistas además reclaman que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandas a reparar el medioambiente y pagar indemnizaciones en caso de que sea necesario.
En el mismo sentido también se expresó Eleisegui, quien señala que “después está la cuestión de los agroquímicos que demanda la oleaginosa. Desembarcará con fuerza el glifosato, herbicidas prohibidos en la Comunidad Europea por su toxicidad como la atrazina, o los productos derivados de la industria bélica como el 2,4-D. Se intensificará la aplicación de insecticidas como el clorpirifos, de uso restringido hasta en los Estados Unidos; país que normalmente permite la pulverización con cualquier químico. En definitiva, la anuencia para avanzar con soja en San Rafael explicita, además, cómo se sigue expandiendo la frontera agropecuaria de lo que, por cantidad de superficie ocupada, claramente puede definirse como monocultivo. Pero no debería sorprendernos”.
Por último, el autor de Envenenados remarca que a la par de Mendoza, en provincias como Neuquén también se discuten proyectos para desarrollar soja. “De concretarse esto último, motorizado por un proyecto denominado Patagonia Sustentable, asistiremos a la primera –e impensada– irrupción del poroto que reporta millones en uno de los tramos más fríos e inhóspitos del país.
Justamente, el caso más común es el de la soja ‘Roundup Ready’ (RR) de Monsanto, una semilla resistente al herbicida Roundup, a base de glifosato. La soja transgénica ya colonizó el 59% de la tierra cultivable en Argentina, de acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Biodiversidad de Noruega.
Las empresas que comercializan las semillas de soja RR son justamente Nidera (58%) Monsanto (19%), Don Mario (16%) y Relmo (3%), todos ellos tienen una licencia de uso de la tecnología de Monsanto. Para Monsanto, la semilla de soja representa sólo el 10% de su negocio en el país, contra el 90% de la venta de agroquímicos y de híbridos de maíz y girasol.
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Zonas protegidas que caen al ritmo de la soja
La soja no les deja ver el bosque
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Más soja, más resistente, más agrotóxicos
La nueva soja y el 2,4-D
Fecha de Publicación: 27/04/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Una nueva semilla transgénica dio un primer y muy importante paso para su aprobación definitiva. Ya despertó incertidumbre y rechazo en amplios sectores. En diciembre pasado fue aprobada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) un nuevo evento biotecnológico: la soja DAS-444O6-6.
Esta nueva semilla de la empresa Dow AgroSciences es resistente a tres agroquímicos: glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. Según organizaciones ligadas a la lucha contra los agronegocios, científicos y movimientos sociales este paso previo para su aprobación total presenta varias irregularidades y comprende una amenaza para la naturaleza y la salud de las personas.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció el funcionamiento irresponsable de Conabia. En un comunicado señalan que la comisión se desatiende abiertamente el orden público ambiental “al no prever la participación ciudadana y no efectuar un debido e integral estudio de impacto ambiental” de los organismos modificados genéticamente (OMG). También remarcaron la falta de intervención de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
El primer eje de las críticas pasa por la forma en que son aprobados los transgénicos en Argentina. El primer antecedente fue la aprobación de la soja RR, resistente al glifosato, en 1996. En aquel entonces, en un trámite rápido y a oscuras, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica y el uso del RaoundUp (glifosato) basándose casi por completo en informes realizados por la multinacional Monsanto que ni siquiera fueron traducidos. Desde ese entonces, la modalidad se repitió. Este caso no es la excepción.
El Celma remarcó que los estudios de riesgo fueron realizados en una matriz muy acotada denominada “agroecosistema”. “El agroecosistema es un subecosistema muy diferente al medio ambiente o ecosistema donde coexisten varios agroecosistemas (transgénicos y orgánicos) con otros subecosistemas”, explica el comunicado. Por lo que señalan que el estudio de impacto ambiental debe realizarse teniendo en cuenta la interacción con los subecosistemas lindantes y el efecto de los agroquímicos (o agrotóxicos) en las cercanías. El Celma presentó una impugnación en el Ministerio de Agricultura exigiendo las debidas audiencias públicas y una correcta evaluación del impacto ambiental.
El segundo eje tiene que ver con el impacto de esta nueva semilla en la salud, en la naturaleza y en el modelo del agronegocio. Los tres agroquímicos que serían utilizados con estas semillas son duramente cuestionados. El comunicado del Celma omite referirse al glifosato, ya que es más conocido por su gran uso y hace hincapié en los otros dos productos. Uno es el glufosinato de amonio, “un herbicida tóxico”, y su utilización representa un serio riesgo al medio ambiente y a la salud humana. “Según estudios realizados en la Unión Europea, el glufosinato de amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está asegurada su inocuidad alimentaria, todo lo contrario resulta muy peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida”, explica el comunicado y continúa enumerando estudios y evidencias al respecto.
También da cuenta de la prohibición de este producto en la Unión Europea. Otro de los cuestionamientos aparece en torno al 2,4-D. Este producto nació durante la Segunda Guerra Mundial en medio de búsquedas de armas químicas. Combinado con otro herbicida y en una concentración más elevada que la usada en agricultura fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El famoso Agente Naranja, que contenía 2,4-D, fue fabricado por empresas como Dow y Monsanto, entre otras. Los efectos de este producto persisten aún hoy en las comunidades afectadas por la guerra.
Según el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, el poderoso químico es altamente tóxico y peligroso. Además es cuestionado en todo el mundo y fue prohibido en varios países. La forma en que se aprueban los transgénicos, el modelo del agronegocio basado en la sojización, la concentración, el mayor uso de tecnologías, el avance de la frontera agropecuaria y el atropello a derechos de campesinos e indígenas, son cuestionados por muchas organizaciones de agricultura familiar, campesina y de Pueblos Originarios. Entre tantas voces que fueron apareciendo, también se sumaron la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos, Alianza Biodiversidad y el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat), quienes iniciaron una campaña internacional para detener la el avance de esta nueva semilla.
“El 2,4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”, deja en claro el texto que acompaña la junta de firmas. El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dar la aprobación final para que esta nueva semilla entre en el mercado argentino. Mientras tanto se siguen sumando voces que alertan los riesgos de esta nueva soja y rechazan la falta de consulta en información ante estos hechos. El Celma es claro al respecto: “Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado” .
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Fecha de Publicación: 27/04/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Una nueva semilla transgénica dio un primer y muy importante paso para su aprobación definitiva. Ya despertó incertidumbre y rechazo en amplios sectores. En diciembre pasado fue aprobada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) un nuevo evento biotecnológico: la soja DAS-444O6-6.
Esta nueva semilla de la empresa Dow AgroSciences es resistente a tres agroquímicos: glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. Según organizaciones ligadas a la lucha contra los agronegocios, científicos y movimientos sociales este paso previo para su aprobación total presenta varias irregularidades y comprende una amenaza para la naturaleza y la salud de las personas.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció el funcionamiento irresponsable de Conabia. En un comunicado señalan que la comisión se desatiende abiertamente el orden público ambiental “al no prever la participación ciudadana y no efectuar un debido e integral estudio de impacto ambiental” de los organismos modificados genéticamente (OMG). También remarcaron la falta de intervención de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
El primer eje de las críticas pasa por la forma en que son aprobados los transgénicos en Argentina. El primer antecedente fue la aprobación de la soja RR, resistente al glifosato, en 1996. En aquel entonces, en un trámite rápido y a oscuras, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica y el uso del RaoundUp (glifosato) basándose casi por completo en informes realizados por la multinacional Monsanto que ni siquiera fueron traducidos. Desde ese entonces, la modalidad se repitió. Este caso no es la excepción.
El Celma remarcó que los estudios de riesgo fueron realizados en una matriz muy acotada denominada “agroecosistema”. “El agroecosistema es un subecosistema muy diferente al medio ambiente o ecosistema donde coexisten varios agroecosistemas (transgénicos y orgánicos) con otros subecosistemas”, explica el comunicado. Por lo que señalan que el estudio de impacto ambiental debe realizarse teniendo en cuenta la interacción con los subecosistemas lindantes y el efecto de los agroquímicos (o agrotóxicos) en las cercanías. El Celma presentó una impugnación en el Ministerio de Agricultura exigiendo las debidas audiencias públicas y una correcta evaluación del impacto ambiental.
El segundo eje tiene que ver con el impacto de esta nueva semilla en la salud, en la naturaleza y en el modelo del agronegocio. Los tres agroquímicos que serían utilizados con estas semillas son duramente cuestionados. El comunicado del Celma omite referirse al glifosato, ya que es más conocido por su gran uso y hace hincapié en los otros dos productos. Uno es el glufosinato de amonio, “un herbicida tóxico”, y su utilización representa un serio riesgo al medio ambiente y a la salud humana. “Según estudios realizados en la Unión Europea, el glufosinato de amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está asegurada su inocuidad alimentaria, todo lo contrario resulta muy peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida”, explica el comunicado y continúa enumerando estudios y evidencias al respecto.
También da cuenta de la prohibición de este producto en la Unión Europea. Otro de los cuestionamientos aparece en torno al 2,4-D. Este producto nació durante la Segunda Guerra Mundial en medio de búsquedas de armas químicas. Combinado con otro herbicida y en una concentración más elevada que la usada en agricultura fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El famoso Agente Naranja, que contenía 2,4-D, fue fabricado por empresas como Dow y Monsanto, entre otras. Los efectos de este producto persisten aún hoy en las comunidades afectadas por la guerra.
Según el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, el poderoso químico es altamente tóxico y peligroso. Además es cuestionado en todo el mundo y fue prohibido en varios países. La forma en que se aprueban los transgénicos, el modelo del agronegocio basado en la sojización, la concentración, el mayor uso de tecnologías, el avance de la frontera agropecuaria y el atropello a derechos de campesinos e indígenas, son cuestionados por muchas organizaciones de agricultura familiar, campesina y de Pueblos Originarios. Entre tantas voces que fueron apareciendo, también se sumaron la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos, Alianza Biodiversidad y el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat), quienes iniciaron una campaña internacional para detener la el avance de esta nueva semilla.
“El 2,4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”, deja en claro el texto que acompaña la junta de firmas. El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dar la aprobación final para que esta nueva semilla entre en el mercado argentino. Mientras tanto se siguen sumando voces que alertan los riesgos de esta nueva soja y rechazan la falta de consulta en información ante estos hechos. El Celma es claro al respecto: “Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado” .
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Aprueban nueva soja resistente a tres herbicidas
Semillas para el debate
Fecha de Publicación: 20/02/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria aprobó una soja resistente a tres herbicidas. Organizaciones sociales sostienen que es nociva para el ambiente y la salud.
Una nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos, científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).
En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última aprobación.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes 24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.
El Celma realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.
La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las empresas.
La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.
A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad. Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”.
Las organizaciones coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos Greenpeace.
El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.
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Fecha de Publicación: 20/02/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria aprobó una soja resistente a tres herbicidas. Organizaciones sociales sostienen que es nociva para el ambiente y la salud.
Una nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos, científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).
En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última aprobación.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes 24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.
El Celma realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.
La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las empresas.
La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.
A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad. Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”.
Las organizaciones coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos Greenpeace.
El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.
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Córdoba le poné un límite a la soja
Los dólares de la soja hallan un límite ambiental en Córdoba
Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Nueva soja que genera más rechazos
Greenpeace rechaza nueva soja transgénica resistente a tres agroquímicos
Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace reclamó al Gobierno Nacional que no apruebe una nueva variedad de soja transgénica resistente a tres potentes agroquímicos.
La nueva semilla fue creada para tolerar el famoso 2,4 - D (componente del Agente Naranja, usado por los militares de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam), y otros dos potentes herbicidas: el glufosinato de amonio y el glifosato. (1)
La organización ecologista advierte que la incorporación de este tipo de soja aumenta la posibilidad de que las malezas se vuelvan resistentes a los tres herbicidas y se necesitarán fórmulas más fuertes y más cantidad de agroquímicos para combatirlas. (2)
“Los transgénicos llegaron a Argentina con la promesa de alimentar al mundo y evitar la deforestación. Sin embargo, los resultados son otros: avance descontrolado de la frontera agrícola sobre los bosques nativos, contaminación y pérdida de la soberanía alimentaria”, advirtió Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La aprobación de esta nueva semilla, propiedad de Dow AgroScience Argentina S.A, fue recomendada a la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).
Greenpeace promueve un modelo agrícola sin transgénicos ni agroquímicos, que priorice los conocimientos agroecológicos y que proteja los recursos naturales, los alimentos y a los productores agrícolas. Al mismo tiempo, reclama el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos contienen organismos genéticamente modificados.
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Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace reclamó al Gobierno Nacional que no apruebe una nueva variedad de soja transgénica resistente a tres potentes agroquímicos.
La nueva semilla fue creada para tolerar el famoso 2,4 - D (componente del Agente Naranja, usado por los militares de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam), y otros dos potentes herbicidas: el glufosinato de amonio y el glifosato. (1)
La organización ecologista advierte que la incorporación de este tipo de soja aumenta la posibilidad de que las malezas se vuelvan resistentes a los tres herbicidas y se necesitarán fórmulas más fuertes y más cantidad de agroquímicos para combatirlas. (2)
“Los transgénicos llegaron a Argentina con la promesa de alimentar al mundo y evitar la deforestación. Sin embargo, los resultados son otros: avance descontrolado de la frontera agrícola sobre los bosques nativos, contaminación y pérdida de la soberanía alimentaria”, advirtió Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La aprobación de esta nueva semilla, propiedad de Dow AgroScience Argentina S.A, fue recomendada a la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).
Greenpeace promueve un modelo agrícola sin transgénicos ni agroquímicos, que priorice los conocimientos agroecológicos y que proteja los recursos naturales, los alimentos y a los productores agrícolas. Al mismo tiempo, reclama el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos contienen organismos genéticamente modificados.
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Más cultivos a fuerza de las topadoras
Se extiende la frontera del riesgo agrícola en el país
Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Estimados foristas como quienes no han comprado la edición impresa del diario La Nación de hoy no han podido leer una nota en el Suplemento Campo sobre el avance de la frontera agrícola y sus consecuencias, la voy a transcribir. El artículo, firmado por el periodista Dante Rofi, no aparece en la edición on line porque sólo se cargan en la edición digital las notas de tapa.
La búsqueda de una renta rápida y la falta de un ordenamiento territorial exponen la región a las consecuencias de la sequía
Desde fines de los 90 y hasta la actualidad, la frontera agrícola se expandió en forma exponencial, particularmente hacia el norte del país. Este desplazamiento contó con el beneficio de un ciclo húmedo que recibió con lluvias generosas a los recién llegados, que no parecieron tener en cuenta las verdaderas características de una región donde los suelos están débilmente estructurados y las lluvias se concentran en el verano.
Hoy, que el NOA y el NEA transitan la segunda campaña agrícola consecutiva con condiciones de sequía, comienzan a quedar en evidencia las consecuencias de la falta de una efectiva planificación territorial. Asimismo, se advierte la crisis ambiental que fuera anticipada por los especialistas que oportunamente advirtieron sobre el avance imprudente de la frontera agrícola hacia ambientes no aptos para prácticas agronómicas de la pampa húmeda.
Para analizar cómo fue el proceso de expansión de la frontera agrícola y cuál es la situación actual, La Nación consultó a Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA; a Ernesto Viglizzo, técnico dela Estación Experimental AgrícolaAnguil del INTA e investigador del Conicet, y a Jorge Adámoli, integrante del Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Todos los consultados coincidieron en señalar que el crecimiento de la frontera agrícola hacia el Norte estuvo relacionado con una coyuntura de valores elevados para los granos, en particular para la soja, y con una generosa oferta de tierras a bajos precios. “La expansión de la frontera agrícola no respondió a un programa de ordenamiento territorial, sino a las leyes del mercado. Coincidió con un período en el cual se alinearon altos precios para los granos, paquetes tecnológicos simples, buena rentabilidad y una concepción novedosa del negocio, con fondos de inversión que integraron los pools de siembra”, detalló Viglizzo.
Para Casas, el proceso de expansión agrícola se dio sobre diversos frentes localizados principalmente “en los bordes del Chaco semiárido y de la selva de Yungas, donde se registra una fuerte tendencia al monocultivo de soja. En este contexto aparecen como temáticas muy sensibles la simplificación del paisaje con pérdida de diversidad biológica, la fragmentación de ambientes y de hábitat, y la degradación del suelo”.
En el análisis de este especialista, se registró un proceso de “pampeanización” basado en sistemas de producción simples y en la maximización de la rentabilidad. “Pero se debe considerar que dicho modelo productivo en regiones marginales implica quedar expuestos a un mayor nivel de riesgo climático, económico y ambiental.” Y añadió que esta nueva forma de trabajar se basa en el avance de la agricultura sobre bosques, pastizales y sabanas de alto valor ecológico. “En forma conjunta, estos ecosistemas producen servicios de alta importancia ambiental, como la regulación del clima; el suministro de agua; el control de la erosión, y el ciclado de nutrientes, que dejan de producirse cuando son reemplazados por sistemas agrícolas.”
Adámoli dijo que en el proceso de expansión “no se tomaron en cuenta criterios para una equitativa distribución de la riqueza producida” y añadió que hubo una dualidad entre generación de trabajo en algunas zonas y pérdida de empleos en otras. “Hubiera sido ideal que un proceso de esta magnitud hubiera respondido a una planificación consensuada entre gobiernos locales, productores, sectores sociales y ambientales, para optimizar los impactos positivos y minimizar los negativos. La realidad es que esto no ocurrió.”
Ahora, el cambio hacia un ciclo de tiempo seco plantea interrogantes. “La ocurrencia de fases secas y húmedas en zonas semiáridas y subhúmedas parece ser una característica dominante del ciclo climático en gran parte del centro y del noroeste del país. Esas fases pueden durar entre 30 y 40 años, y el siglo XXI estaría marcando la finalización de una fase húmeda muy favorable a la expansión agrícola y el advenimiento de una fase seca menos favorable”, dijo Viglizzo. Y advirtió que los fondos de inversión que “impulsaron la expansión agrícola en tiempos de bonanza, ahora se van hacia otro tipo de negocios desvinculados del agro”.
Según Adámoli, “es común que cuando un ciclo dura –como el desvío positivo de lluvias– en torno a los 25 años, la gente asuma que eso llegó para quedarse. Pero la mayor parte de los productores no invierte y se instala pensando en abandonar todo ante contingencias desfavorables. En realidad, habría que pensar en deficiencias del Estado, tanto en la prevención de lo que iba a suceder al comenzar este proceso como en la actualidad, dejando a los productores librados a su suerte. Lo lamentable sería que terminen siendo afectadas la gente y el ambiente”.
A modo de síntesis, Casas señaló que coyunturas negativas que incluyeran un período prolongado de sequía como el actual podrían afectar a los productores y disparar procesos de desertificación de difícil reversión. “La situación descripta sin lugar a dudas amerita un análisis profundo, con intervención del Estado y de las provinciales, ya que la misma plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo productivo planteado para la región.”
Más hectáreas de las previstas
En 2004, un trabajo de investigación de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA proyectó que de las 4.886.779 hectáreas cultivadas en la región chaqueña en el ciclo 1995/9696 se pasaría a poco más de 9.200.000 de hectáreas en 2010. Jorge Adámoli, que integró aquel equipo, explicó que tras el monitoreo se demostró que “en 2010 se destinaron a cultivos 11.413.000 ha”. En un trabajo hecho para la Fundación Producir Conservando, el especialista señala que “el 79% de las áreas transformadas eran bosques”. Y agrega que el problema no fue el porcentaje transformado, sino la falta de planificación. “En algunos sectores hay ecosistemas severamente afectados, como el bosque de tres quebrachos, en Santiago del Estero, y la zona de transición Chaco-Yungas, en Salta”.
La desertificación está latente en la región
Ante la posibilidad de la consolidación de un ciclo seco en el Norte, los especialistas advierten sobre los riesgos latentes. “Los suelos de la región son naturalmente pobres en materia orgánica y débilmente estructurados, características que potencian la susceptibilidad a la erosión hídrica. Sobre ellos, la agricultura continua provoca un acelerado descenso del contenido de materia orgánica y su degradación”, alertó Casas. Agregó que allí las lluvias se concentran entre diciembre y marzo, y que por lo general caen en forma de chaparrones de alta intensidad, con una fuerte capacidad erosiva. “En la zona se registran procesos erosivos eólicos que no eran de importancia cuando existía el bosque, pero que adquieren trascendencia sin él. En líneas generales, todo esto no fue tenido en cuenta, ya que para éstos ambientes no se recomienda el desmonte masivo, ni el monocultivo de soja”, dijo Casas.
En opinión del especialista, el proceso de desertificación va dando señales, como la erosión del suelo; la salinización, y la alteración del ciclo hidrológico, entre otras. “Indudablemente en parte de la región se observan síntomas de que el proceso se ha iniciado: en el Chaco seco (Santiago del Estero, este de Salta, sudeste de Catamarca y este de La Rioja) hay procesos incipientes relacionados con la caída de la materia orgánica de los suelos; la pérdida de estructura, y el aumento de los procesos eólicos”.
Como prácticas para mitigar la situación, Casas recomendó “volver a un sistema de rotaciones, incluyendo trigo, maíz, sorgo y pasturas, que permita mantener cobertura sobre el suelo e incrementar los niveles de carbono de los mismos. Este sistema bajo siembra directa deberá incluir la alternancia de franjas con monte nativo como elemento atenuador de los vientos y como corredores verdes para conservación de biodiversidad”.
Adámoli destacó el papel fundamental que le cabe al sector productivo, de tomar en cuenta lo ocurrido para elaborar medidas de tipo paliativo para el futuro inmediato. “Lo anterior es importante, pero lo fundamental es poder generar para el mediano plazo propuestas realistas que permitan mantener la creación de riqueza, pero agregando como condición indispensable, la generación de un marco de equidad social y de responsabilidad ambiental”.
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Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Estimados foristas como quienes no han comprado la edición impresa del diario La Nación de hoy no han podido leer una nota en el Suplemento Campo sobre el avance de la frontera agrícola y sus consecuencias, la voy a transcribir. El artículo, firmado por el periodista Dante Rofi, no aparece en la edición on line porque sólo se cargan en la edición digital las notas de tapa.
La búsqueda de una renta rápida y la falta de un ordenamiento territorial exponen la región a las consecuencias de la sequía
Desde fines de los 90 y hasta la actualidad, la frontera agrícola se expandió en forma exponencial, particularmente hacia el norte del país. Este desplazamiento contó con el beneficio de un ciclo húmedo que recibió con lluvias generosas a los recién llegados, que no parecieron tener en cuenta las verdaderas características de una región donde los suelos están débilmente estructurados y las lluvias se concentran en el verano.
Hoy, que el NOA y el NEA transitan la segunda campaña agrícola consecutiva con condiciones de sequía, comienzan a quedar en evidencia las consecuencias de la falta de una efectiva planificación territorial. Asimismo, se advierte la crisis ambiental que fuera anticipada por los especialistas que oportunamente advirtieron sobre el avance imprudente de la frontera agrícola hacia ambientes no aptos para prácticas agronómicas de la pampa húmeda.
Para analizar cómo fue el proceso de expansión de la frontera agrícola y cuál es la situación actual, La Nación consultó a Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA; a Ernesto Viglizzo, técnico dela Estación Experimental AgrícolaAnguil del INTA e investigador del Conicet, y a Jorge Adámoli, integrante del Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Todos los consultados coincidieron en señalar que el crecimiento de la frontera agrícola hacia el Norte estuvo relacionado con una coyuntura de valores elevados para los granos, en particular para la soja, y con una generosa oferta de tierras a bajos precios. “La expansión de la frontera agrícola no respondió a un programa de ordenamiento territorial, sino a las leyes del mercado. Coincidió con un período en el cual se alinearon altos precios para los granos, paquetes tecnológicos simples, buena rentabilidad y una concepción novedosa del negocio, con fondos de inversión que integraron los pools de siembra”, detalló Viglizzo.
Para Casas, el proceso de expansión agrícola se dio sobre diversos frentes localizados principalmente “en los bordes del Chaco semiárido y de la selva de Yungas, donde se registra una fuerte tendencia al monocultivo de soja. En este contexto aparecen como temáticas muy sensibles la simplificación del paisaje con pérdida de diversidad biológica, la fragmentación de ambientes y de hábitat, y la degradación del suelo”.
En el análisis de este especialista, se registró un proceso de “pampeanización” basado en sistemas de producción simples y en la maximización de la rentabilidad. “Pero se debe considerar que dicho modelo productivo en regiones marginales implica quedar expuestos a un mayor nivel de riesgo climático, económico y ambiental.” Y añadió que esta nueva forma de trabajar se basa en el avance de la agricultura sobre bosques, pastizales y sabanas de alto valor ecológico. “En forma conjunta, estos ecosistemas producen servicios de alta importancia ambiental, como la regulación del clima; el suministro de agua; el control de la erosión, y el ciclado de nutrientes, que dejan de producirse cuando son reemplazados por sistemas agrícolas.”
Adámoli dijo que en el proceso de expansión “no se tomaron en cuenta criterios para una equitativa distribución de la riqueza producida” y añadió que hubo una dualidad entre generación de trabajo en algunas zonas y pérdida de empleos en otras. “Hubiera sido ideal que un proceso de esta magnitud hubiera respondido a una planificación consensuada entre gobiernos locales, productores, sectores sociales y ambientales, para optimizar los impactos positivos y minimizar los negativos. La realidad es que esto no ocurrió.”
Ahora, el cambio hacia un ciclo de tiempo seco plantea interrogantes. “La ocurrencia de fases secas y húmedas en zonas semiáridas y subhúmedas parece ser una característica dominante del ciclo climático en gran parte del centro y del noroeste del país. Esas fases pueden durar entre 30 y 40 años, y el siglo XXI estaría marcando la finalización de una fase húmeda muy favorable a la expansión agrícola y el advenimiento de una fase seca menos favorable”, dijo Viglizzo. Y advirtió que los fondos de inversión que “impulsaron la expansión agrícola en tiempos de bonanza, ahora se van hacia otro tipo de negocios desvinculados del agro”.
Según Adámoli, “es común que cuando un ciclo dura –como el desvío positivo de lluvias– en torno a los 25 años, la gente asuma que eso llegó para quedarse. Pero la mayor parte de los productores no invierte y se instala pensando en abandonar todo ante contingencias desfavorables. En realidad, habría que pensar en deficiencias del Estado, tanto en la prevención de lo que iba a suceder al comenzar este proceso como en la actualidad, dejando a los productores librados a su suerte. Lo lamentable sería que terminen siendo afectadas la gente y el ambiente”.
A modo de síntesis, Casas señaló que coyunturas negativas que incluyeran un período prolongado de sequía como el actual podrían afectar a los productores y disparar procesos de desertificación de difícil reversión. “La situación descripta sin lugar a dudas amerita un análisis profundo, con intervención del Estado y de las provinciales, ya que la misma plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo productivo planteado para la región.”
Más hectáreas de las previstas
En 2004, un trabajo de investigación de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA proyectó que de las 4.886.779 hectáreas cultivadas en la región chaqueña en el ciclo 1995/9696 se pasaría a poco más de 9.200.000 de hectáreas en 2010. Jorge Adámoli, que integró aquel equipo, explicó que tras el monitoreo se demostró que “en 2010 se destinaron a cultivos 11.413.000 ha”. En un trabajo hecho para la Fundación Producir Conservando, el especialista señala que “el 79% de las áreas transformadas eran bosques”. Y agrega que el problema no fue el porcentaje transformado, sino la falta de planificación. “En algunos sectores hay ecosistemas severamente afectados, como el bosque de tres quebrachos, en Santiago del Estero, y la zona de transición Chaco-Yungas, en Salta”.
La desertificación está latente en la región
Ante la posibilidad de la consolidación de un ciclo seco en el Norte, los especialistas advierten sobre los riesgos latentes. “Los suelos de la región son naturalmente pobres en materia orgánica y débilmente estructurados, características que potencian la susceptibilidad a la erosión hídrica. Sobre ellos, la agricultura continua provoca un acelerado descenso del contenido de materia orgánica y su degradación”, alertó Casas. Agregó que allí las lluvias se concentran entre diciembre y marzo, y que por lo general caen en forma de chaparrones de alta intensidad, con una fuerte capacidad erosiva. “En la zona se registran procesos erosivos eólicos que no eran de importancia cuando existía el bosque, pero que adquieren trascendencia sin él. En líneas generales, todo esto no fue tenido en cuenta, ya que para éstos ambientes no se recomienda el desmonte masivo, ni el monocultivo de soja”, dijo Casas.
En opinión del especialista, el proceso de desertificación va dando señales, como la erosión del suelo; la salinización, y la alteración del ciclo hidrológico, entre otras. “Indudablemente en parte de la región se observan síntomas de que el proceso se ha iniciado: en el Chaco seco (Santiago del Estero, este de Salta, sudeste de Catamarca y este de La Rioja) hay procesos incipientes relacionados con la caída de la materia orgánica de los suelos; la pérdida de estructura, y el aumento de los procesos eólicos”.
Como prácticas para mitigar la situación, Casas recomendó “volver a un sistema de rotaciones, incluyendo trigo, maíz, sorgo y pasturas, que permita mantener cobertura sobre el suelo e incrementar los niveles de carbono de los mismos. Este sistema bajo siembra directa deberá incluir la alternancia de franjas con monte nativo como elemento atenuador de los vientos y como corredores verdes para conservación de biodiversidad”.
Adámoli destacó el papel fundamental que le cabe al sector productivo, de tomar en cuenta lo ocurrido para elaborar medidas de tipo paliativo para el futuro inmediato. “Lo anterior es importante, pero lo fundamental es poder generar para el mediano plazo propuestas realistas que permitan mantener la creación de riqueza, pero agregando como condición indispensable, la generación de un marco de equidad social y de responsabilidad ambiental”.
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Denuncia por la aprobación irregular de la Intacta RR2
Una ONG ambientalista objeta una nueva semilla
Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.
Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
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Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
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Soja Intacta: denuncian irregularidades en autorización
Como se otorgó el permiso de comercialización de la soja 'intacta' de Monsanto en Argentina
Fecha de Publicación: 26/08/2013
Fuente: Renace
Provincia/Región: Nacional
EL Centro de Estudios Legales sobre el Medio Ambiente (CELMA) tramita ante la Justicia Federal Argentina contra el Estado Nacional y la empresa Monsanto Argentina SAIC por falta de declaración de impacto ambiental y participación pública en aprobación comercial de OVGM Soja “Intacta”.
Como paso previo al dictado de la resolución, el magistrado Dr Ernesto Marinelli dispuso que se corriera traslado a CELMA de todos los antecedentes administrativos agregados al expediente en relación con la Resolución 446/12 que aprobó el evento de soja “Intacta”.
De la documentación surge claramente que:
- No hubo convocatoria a audiencia o consulta pública (conforme lo exigen las leyes 24.375 y 25.675), lo cual hace al procedimiento administrativo nulo de nulidad absoluta.
- El evento “soja intacta” no posee una debida declaración de impacto ambiental por parte de la CONABIA.
- En el dictamen no se encuentran analizados los riesgos ambientales considerando todas las regiones del país donde se desarrolla el cultivo de soja;
- Existe inconsistencia del dictamen de la CONABIA con información actualizada sobre la contaminación por flujo de genes
- No se planifica un monitoreo ambiental sobre las eventuales implicancias al medio ambiente y salud humana durante la vía útil del proyecto.
- El dictamen de la CONABIA es suscripto por 11 de sus integrantes pero no se identifican quiénes son.
- Se basa exclusivamente en los estudios y trabajos realizados por la propia firma solicitante Monsanto.
- No existe ninguna observación ni pregunta realizada por los integrantes de la CONABIA en relación a los estudios y trabajos presentados por Monsanto.
- El dictamen de inocuidad alimentaria realizado por el SENASA muestra groseros y graves errores de procedimiento que lo hacen nulo de nulidad absoluta.
- Se comprueba que uno de los firmantes del Acta del dictamen perteneciente al Comité de Evaluación del SENASA ha sido miembro asesor de una asociación integrada por Monsanto.
- El acta original fue ratificada por uno de los miembros sin advertir que la redacción refería al Maíz (cuando se trataba de Soja).
- Los análisis en animales fueron realizados en escasos 90 y 42 días respectivamente por Monsanto, contemplado solo la intoxicación aguda y soslayando los efectos crónicos.
- Monsanto hizo uso de cláusula de confidencialidad, siendo violatorio del derecho a la información en materia de salubridad y alimentos.
- El SENASA no efectuó ninguna observación ni formuló pregunta alguna a los estudios presentados por Monsanto.
Así en relación a la CONABIA en el año 2007 la AGN señalaba.” Este equipo de auditoría no verificó el cumplimiento de las normas sobre los OGM ni la efectiva participación de todos los miembros de evaluación y consulta en la CONABIA para la autorización de introducción y liberación en territorio argentino de la semilla transgénica soja RR. Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado.” (Ver aquí)
En el 2012 la AGN concluyó que se está en presencia de un organismo “al que se le han otorgado atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”. Luego agrega que “la deficiente actuación del SENASA en este campo no fue por falta de normas sino por falta de cumplimiento de las mismas” (Ver aquí)
El proceso judicial se encuentra con el diligenciamiento de medidas preliminares solicitadas por el CELMA y el tratamiento de la medida cautelar. Monsanto apelo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, quien debe resolver sobre el planteo de la empresa codemandada.
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Fecha de Publicación: 26/08/2013
Fuente: Renace
Provincia/Región: Nacional
EL Centro de Estudios Legales sobre el Medio Ambiente (CELMA) tramita ante la Justicia Federal Argentina contra el Estado Nacional y la empresa Monsanto Argentina SAIC por falta de declaración de impacto ambiental y participación pública en aprobación comercial de OVGM Soja “Intacta”.
Como paso previo al dictado de la resolución, el magistrado Dr Ernesto Marinelli dispuso que se corriera traslado a CELMA de todos los antecedentes administrativos agregados al expediente en relación con la Resolución 446/12 que aprobó el evento de soja “Intacta”.
De la documentación surge claramente que:
- No hubo convocatoria a audiencia o consulta pública (conforme lo exigen las leyes 24.375 y 25.675), lo cual hace al procedimiento administrativo nulo de nulidad absoluta.
- El evento “soja intacta” no posee una debida declaración de impacto ambiental por parte de la CONABIA.
- En el dictamen no se encuentran analizados los riesgos ambientales considerando todas las regiones del país donde se desarrolla el cultivo de soja;
- Existe inconsistencia del dictamen de la CONABIA con información actualizada sobre la contaminación por flujo de genes
- No se planifica un monitoreo ambiental sobre las eventuales implicancias al medio ambiente y salud humana durante la vía útil del proyecto.
- El dictamen de la CONABIA es suscripto por 11 de sus integrantes pero no se identifican quiénes son.
- Se basa exclusivamente en los estudios y trabajos realizados por la propia firma solicitante Monsanto.
- No existe ninguna observación ni pregunta realizada por los integrantes de la CONABIA en relación a los estudios y trabajos presentados por Monsanto.
- El dictamen de inocuidad alimentaria realizado por el SENASA muestra groseros y graves errores de procedimiento que lo hacen nulo de nulidad absoluta.
- Se comprueba que uno de los firmantes del Acta del dictamen perteneciente al Comité de Evaluación del SENASA ha sido miembro asesor de una asociación integrada por Monsanto.
- El acta original fue ratificada por uno de los miembros sin advertir que la redacción refería al Maíz (cuando se trataba de Soja).
- Los análisis en animales fueron realizados en escasos 90 y 42 días respectivamente por Monsanto, contemplado solo la intoxicación aguda y soslayando los efectos crónicos.
- Monsanto hizo uso de cláusula de confidencialidad, siendo violatorio del derecho a la información en materia de salubridad y alimentos.
- El SENASA no efectuó ninguna observación ni formuló pregunta alguna a los estudios presentados por Monsanto.
Así en relación a la CONABIA en el año 2007 la AGN señalaba.” Este equipo de auditoría no verificó el cumplimiento de las normas sobre los OGM ni la efectiva participación de todos los miembros de evaluación y consulta en la CONABIA para la autorización de introducción y liberación en territorio argentino de la semilla transgénica soja RR. Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado.” (Ver aquí)
En el 2012 la AGN concluyó que se está en presencia de un organismo “al que se le han otorgado atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”. Luego agrega que “la deficiente actuación del SENASA en este campo no fue por falta de normas sino por falta de cumplimiento de las mismas” (Ver aquí)
El proceso judicial se encuentra con el diligenciamiento de medidas preliminares solicitadas por el CELMA y el tratamiento de la medida cautelar. Monsanto apelo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, quien debe resolver sobre el planteo de la empresa codemandada.
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Otra muestra de la insustentabilidad del modelo agrícula
Se reponen menos nutrientes y hay más erosión
Fecha de Publicación: 30/06/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según el INTA, las pérdidas de los últimos veinte años ya son evidentes.
"El subsidio que la riqueza natural de los suelos otorga al usuario de la tierra no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital del recurso", expresó Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA.
Cada año, los principales cultivos consumen unos 4 millones de toneladas de nutrientes. Sin embargo, con fertilización, sólo se reponen 1,4 millones de toneladas. Este índice de reposición, alrededor del 35 por ciento, arroja un balance negativo que condiciona la competitividad argentina.
Un relevamiento realizado en la Argentina concluyó que unas 60 millones de hectáreas, que representan el 20 por ciento del territorio nacional, están afectadas por procesos de erosión hídrica y eólica. Además, las regiones áridas y semiáridas cubren el 75 por ciento del país y poseen ecosistemas frágiles con grados de desertificación entre moderados y graves.
De acuerdo con Casas, las pérdidas registradas en los últimos 20 años ya son evidentes: "El fósforo asimilable por los cultivos decreció a un ritmo anual de dos partes por millón, la materia orgánica se redujo en promedio un 0,5 por ciento, el calcio intercambiable un 50 por ciento y el pH del suelo se redujo en alrededor de una unidad".
"Sin las rotaciones adecuadas ni los niveles de reposición de nutrientes necesarios, la intensificación productiva registrada en la región pampeana y extrapampeana, determina la disminución paulatina de la calidad de los suelos. Los procesos erosivos generan al país una pérdida anual de producción superior a los 2000 millones de dólares", afirmó Casas, para quien esa cifra puede triplicarse si también se consideran daños provocados por inundaciones y sedimentación en rutas, caminos, embalses, puentes, alcantarillas y dragado de canales de navegación.
Asimismo, añadió, "por cada centímetro de suelo perdido, el rendimiento de maíz disminuye alrededor de 250 kilogramos por hectárea; el trigo, 150 kg/ha y la soja 100 kg/ha".
El técnico se refirió al trabajo del INTA para prevenir y combatir la desertificación y degradación de los suelos, enfocado en "tecnología para el uso sustentable de los recursos naturales, recuperación de áreas degradadas, generación de información estratégica para el ordenamiento territorial, diversificación productiva, promoción de emprendimientos asociativos, educación y concientización de la sociedad sobre la conservación de suelos", enumeró Casas.
En ese sentido, el director destacó la necesidad de que la sociedad pueda valorar y defender al recurso, ya que "es el pilar de la economía nacional, la base de una agricultura que motoriza el desarrollo y nos proyecta al mundo en un rol cada vez más estratégico como productores de alimentos y energía".
Para atenuar la degradación de los suelos se desarrollaron programas de transferencia y adopción de sistemas de labranza conservacionistas, como la siembra directa que permitió mejorar la calidad de los suelos.
Sin embargo, en los últimos años se produjo un desbalance en la rotación de cultivos y "se disminuyó la superficie con cultivos de invierno, se produjo el desplazamiento de pasturas hacia zonas marginales para la producción agrícola y se generalizó el monocultivo de soja", dijo la investigadora Carolina Sasal, investigadora del INTA Paraná (Entre Ríos).
Además aseguró: "La sustentabilidad de sistemas bajo siembra directa depende del tipo de rotación y/o secuencia de cultivos implementada".
De acuerdo con Casas, en sistemas de siembra directa con rotación, "las pérdidas de suelo por erosión son inferiores a 2 toneladas por hectárea y por año, muy por debajo del máximo tolerable, que ronda las 10 toneladas por hectárea".
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Fecha de Publicación: 30/06/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según el INTA, las pérdidas de los últimos veinte años ya son evidentes."El subsidio que la riqueza natural de los suelos otorga al usuario de la tierra no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital del recurso", expresó Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA.
Cada año, los principales cultivos consumen unos 4 millones de toneladas de nutrientes. Sin embargo, con fertilización, sólo se reponen 1,4 millones de toneladas. Este índice de reposición, alrededor del 35 por ciento, arroja un balance negativo que condiciona la competitividad argentina.
Un relevamiento realizado en la Argentina concluyó que unas 60 millones de hectáreas, que representan el 20 por ciento del territorio nacional, están afectadas por procesos de erosión hídrica y eólica. Además, las regiones áridas y semiáridas cubren el 75 por ciento del país y poseen ecosistemas frágiles con grados de desertificación entre moderados y graves.
De acuerdo con Casas, las pérdidas registradas en los últimos 20 años ya son evidentes: "El fósforo asimilable por los cultivos decreció a un ritmo anual de dos partes por millón, la materia orgánica se redujo en promedio un 0,5 por ciento, el calcio intercambiable un 50 por ciento y el pH del suelo se redujo en alrededor de una unidad".
"Sin las rotaciones adecuadas ni los niveles de reposición de nutrientes necesarios, la intensificación productiva registrada en la región pampeana y extrapampeana, determina la disminución paulatina de la calidad de los suelos. Los procesos erosivos generan al país una pérdida anual de producción superior a los 2000 millones de dólares", afirmó Casas, para quien esa cifra puede triplicarse si también se consideran daños provocados por inundaciones y sedimentación en rutas, caminos, embalses, puentes, alcantarillas y dragado de canales de navegación.
Asimismo, añadió, "por cada centímetro de suelo perdido, el rendimiento de maíz disminuye alrededor de 250 kilogramos por hectárea; el trigo, 150 kg/ha y la soja 100 kg/ha".
El técnico se refirió al trabajo del INTA para prevenir y combatir la desertificación y degradación de los suelos, enfocado en "tecnología para el uso sustentable de los recursos naturales, recuperación de áreas degradadas, generación de información estratégica para el ordenamiento territorial, diversificación productiva, promoción de emprendimientos asociativos, educación y concientización de la sociedad sobre la conservación de suelos", enumeró Casas.
En ese sentido, el director destacó la necesidad de que la sociedad pueda valorar y defender al recurso, ya que "es el pilar de la economía nacional, la base de una agricultura que motoriza el desarrollo y nos proyecta al mundo en un rol cada vez más estratégico como productores de alimentos y energía".
Para atenuar la degradación de los suelos se desarrollaron programas de transferencia y adopción de sistemas de labranza conservacionistas, como la siembra directa que permitió mejorar la calidad de los suelos.
Sin embargo, en los últimos años se produjo un desbalance en la rotación de cultivos y "se disminuyó la superficie con cultivos de invierno, se produjo el desplazamiento de pasturas hacia zonas marginales para la producción agrícola y se generalizó el monocultivo de soja", dijo la investigadora Carolina Sasal, investigadora del INTA Paraná (Entre Ríos).
Además aseguró: "La sustentabilidad de sistemas bajo siembra directa depende del tipo de rotación y/o secuencia de cultivos implementada".
De acuerdo con Casas, en sistemas de siembra directa con rotación, "las pérdidas de suelo por erosión son inferiores a 2 toneladas por hectárea y por año, muy por debajo del máximo tolerable, que ronda las 10 toneladas por hectárea".
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La otra cara de la soja, la desertificación
Argentina: desertificación, lado escondido del boom granario
Fecha de Publicación: 22/06/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Nacional
"En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación."
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza la sustentabilidad en la producción de alimentos. En Argentina, por el imaginario del país "granero del mundo", se trata también de un tema oculto, subordinado al éxito del modelo agroexportador. Asimismo, un problema relacionado es la degradación de los suelos fértiles, porque también afecta la capacidad de producir. En tal sentido, un reciente estudio del INTA, difundido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, concluye que el suelo pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta pérdida en casi 4 mil millones de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Allí se alerta: "Se registra una elevada extracción de nutrientes no repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave.
"Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento.
El informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes por millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en las últimas tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano, correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es decir, como bien analizan los autores: "Si en los márgenes brutos de las explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos sufriría variaciones en función del sistema de rotación elegido. Serviría además para demostrar la dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde el punto de vista físico como económico, cuando la visión es estrictamente cortoplacista".
La problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la deforestación. Según aclaran los investigadores: "En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación. Y la gran responsable allí es la sojización, que cuadriplicó la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la existencia de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos y, por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional".
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Fecha de Publicación: 22/06/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Nacional
"En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación."
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza la sustentabilidad en la producción de alimentos. En Argentina, por el imaginario del país "granero del mundo", se trata también de un tema oculto, subordinado al éxito del modelo agroexportador. Asimismo, un problema relacionado es la degradación de los suelos fértiles, porque también afecta la capacidad de producir. En tal sentido, un reciente estudio del INTA, difundido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, concluye que el suelo pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta pérdida en casi 4 mil millones de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Allí se alerta: "Se registra una elevada extracción de nutrientes no repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave.
"Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento.
El informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes por millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en las últimas tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano, correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es decir, como bien analizan los autores: "Si en los márgenes brutos de las explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos sufriría variaciones en función del sistema de rotación elegido. Serviría además para demostrar la dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde el punto de vista físico como económico, cuando la visión es estrictamente cortoplacista".
La problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la deforestación. Según aclaran los investigadores: "En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación. Y la gran responsable allí es la sojización, que cuadriplicó la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la existencia de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos y, por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional".
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Medirán los GEIs en los campos de soja
INTA medirá emisiones gases efecto invernadero en campos de soja
Fecha de Publicación: 21/05/2013
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) medirá la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de plantaciones de soja ubicadas en el partido bonaerense de Carlos Casares.
"Podremos certificar que la producción argentina es sustentable", aseguró Jorge Hilbert, referente de bioenergía del INTA, en referencia a las estrategias para reducir la emisión de esos gases en los cultivos.
Cada media hora, según un comunicado del INTA, una torre fija de la Planta instalada en plantaciones pertenecientes al grupo Los Grobo medirá en forma remota cuánto óxido nitroso emiten los cultivos de soja.
La planta requirió una inversión en equipamiento de 140.000 dólares y 83.000 pesos para el suministro de gases y hoy es una realidad gracias a un convenio firmado entre el INTA y la asociación Solidaridad con fondos del gobierno de Holanda.
Por su parte, Los Grobo aportó los campos para instalar las estaciones de medición.
Según Hilbert, "si determinamos cuánto emite una planta podremos calcular y establecer estrategias de reducción".
"Estudiar las tasas de emisión de óxido nitroso y dióxido de carbono en sistemas de producción de soja bajo siembra directa con destino a biocombustibles es prioritario y estratégico para Argentina debido a que asegura la sustentabilidad de la actividad", agregó.
En 2012, un estudio del instituto de Ingeniería Rural del INTA y la Unión Europea determinó que los biocombustibles argentinos evitaron que se enviaran a la atmósfera 5,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.
El técnico aseguró que la "Argentina posee la industria de biodiesel más moderna del mundo, que cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales".
Apuntando a la producción sustentable de biocombustibles, el INTA organiza el taller de trabajo internacional "Los impactos sociales y ambientales de la producción de biocombustibles en América", que realizará el 28 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
El seminario cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, la Cámara Argentina de Productores de Biodiesel (Carbio), la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH).
También tiene el apoyo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional y la National Science Foundation de los Estados Unidos.
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Fecha de Publicación: 21/05/2013
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) medirá la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de plantaciones de soja ubicadas en el partido bonaerense de Carlos Casares.
"Podremos certificar que la producción argentina es sustentable", aseguró Jorge Hilbert, referente de bioenergía del INTA, en referencia a las estrategias para reducir la emisión de esos gases en los cultivos.
Cada media hora, según un comunicado del INTA, una torre fija de la Planta instalada en plantaciones pertenecientes al grupo Los Grobo medirá en forma remota cuánto óxido nitroso emiten los cultivos de soja.
La planta requirió una inversión en equipamiento de 140.000 dólares y 83.000 pesos para el suministro de gases y hoy es una realidad gracias a un convenio firmado entre el INTA y la asociación Solidaridad con fondos del gobierno de Holanda.
Por su parte, Los Grobo aportó los campos para instalar las estaciones de medición.
Según Hilbert, "si determinamos cuánto emite una planta podremos calcular y establecer estrategias de reducción".
"Estudiar las tasas de emisión de óxido nitroso y dióxido de carbono en sistemas de producción de soja bajo siembra directa con destino a biocombustibles es prioritario y estratégico para Argentina debido a que asegura la sustentabilidad de la actividad", agregó.
En 2012, un estudio del instituto de Ingeniería Rural del INTA y la Unión Europea determinó que los biocombustibles argentinos evitaron que se enviaran a la atmósfera 5,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.
El técnico aseguró que la "Argentina posee la industria de biodiesel más moderna del mundo, que cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales".
Apuntando a la producción sustentable de biocombustibles, el INTA organiza el taller de trabajo internacional "Los impactos sociales y ambientales de la producción de biocombustibles en América", que realizará el 28 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
El seminario cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, la Cámara Argentina de Productores de Biodiesel (Carbio), la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH).
También tiene el apoyo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional y la National Science Foundation de los Estados Unidos.
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Córdoba desmonta una hectárea por hora
En la provincia se desmontó más de una hectárea por hora durante 2012
Fecha de Publicación: 14/01/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Según un monitoreo de la ONG Guyra Paraguay, el año pasado se perdieron 7.800 hectáreas de bosques nativos en Córdoba, mientras que en 2011 sólo se deforestaron 40. La expansión de la agricultura y la falta de controles serían las causas
La provincia de Córdoba perdió más de una hectárea de bosque nativo por hora durante 2012. Así lo demuestra el monitoreo realizado por la Asociación Guyra Paraguay, el cual revela que entre marzo y noviembre del año pasado se desmontaron 7.800 hectáreas, mientras que en todo 2011 sólo se deforestaron 40. Según indicaron desde el Foro Ambiental Córdoba, este alarmante aumento se debe principalmente a la expansión de la frontera agrícola y la falta de controles por parte del gobierno provincial.
Las cifras difundidas por la asociación paraguaya sólo contabilizan los desmontes ocurridos en departamentos del norte y oeste de Córdoba, por lo que al dato deben sumarse todos aquellos bosques que fueron talados en el resto del territorio provincial. De cualquier manera, considerando solamente esa región de nuestra provincia, se concluye que cada día se pierden más de 28 hectáreas de monte nativo.
El panorama se vuelve aún más preocupante si se considera que la mayoría de los sectores deforestados durante 2012 corresponden a las zonas definidas como de máxima protección por la actual Ley de Bosques de la provincia.
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, indicó que este gran aumento de los desmontes se debe principalmente a que los avances tecnológicos sumados al incremento de las precipitaciones permitieron que la actividad agrícola se expandiera a zonas semiáridas, donde permanecen los últimas extensiones de bosques de la provincia. Además, alertó que esta realidad tiene consecuencias ambientales irreversibles, ya que provoca una desertificación del suelo y una grave pérdida de la biodiversidad.
Menos bosques
El relevamiento realizado por Guyra Paraguay muestra un incremento difícil de dimensionar en relación a los desmontes ocurridos en la provincia en el último año. Mientras que en 2011 sólo se detectó una deforestación de 40 hectáreas, ocurrida en diciembre de ese año en el departamento Sobremonte, en 2012 la cifra asciende a casi 8 mil hectáreas.
Los datos disponibles indican que junio fue el mes más crítico para los bosques nativos de Córdoba, ya que en ese período desaparecieron 3.302 hectáreas de monte, casi la mitad de la superficie desmontada durante el año. Julio, con 1228 hectáreas deforestadas, y septiembre, con 1428, también concentran parte importante de la tala realizada el año pasado. En noviembre, en tanto, se observa una disminución de la superficie afectada con 230 hectáreas desmontadas.
A su vez, Ischilín y Río Seco son los departamentos que perdieron la mayor cantidad de árboles durante 2012.
El relevamiento satelital realizado por la ONG registra todos los desmontes realizados mensualmente en el territorio del Gran Chaco Americano, el cual se distribuye entre los países de Argentina, Bolivia y Paraguay. En ese marco, la provincia de Córdoba fue el caso más destacado en los meses de junio, octubre y noviembre, debido especialmente a la presencia de desmontes en zona roja, categorizada como de “Protección Boscosa” según la Ley de Bosques vigente en la provincia.
Sin control
Kopta explicó que las regiones categorizadas como “zona roja” por la actual ley provincial son aquellas que requieren máxima protección, ya que corresponden a “lugares con mayor cantidad de formaciones vegetales nativas”. En estas zonas, la norma vigente -largamente cuestionada por diversos sectores- permite realizar desmontes en aquellos casos en los que exista infraestructura de riego, pero para ello se debe contar con la autorización de la Secretaría de Ambiente.
Ante ello, desde el Foro Ambiental Córdoba solicitaron información a la Provincia para conocer si los desmontes detectados por Guyra Paraguay habían sido autorizados y, de lo contrario, conocer qué sanciones se habían aplicado. “En los pedidos de información refenciamos cada uno de los campos donde se encuentran esas 8 mil hectáreas desmontadas y hemos recibo respuesta sólo por 29 hectáreas”, reclamó el biólogo.
Además, destacó que el aumento de la deforestación “ha sido casi simultáneo a la noticia de que había quedado desafectado el personal encargado de controlar”, haciendo referencia a los despidos de empleados claves de Ambiente efectuados a mediados de 2012.
Por otro lado, el presidente de la asociación cordobesa alertó las implicancias de que continúen desapareciendo los últimos reductos de bosques de la provincia.
“Las zonas en que se está desmontando, norte y oeste de la provincia, son zonas susceptibles a la desertificación que siempre han sido marginales a la actividad agrícola y ganadera y el hecho de eliminar su cubierta vegetal las hace especialmente sensibles a la pérdida de suelo fértil y a la incapacidad de sostener vegetación. Este es un proceso que se torna irreversible en cuanto a sus consecuencias”, advirtió.
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Fecha de Publicación: 14/01/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Según un monitoreo de la ONG Guyra Paraguay, el año pasado se perdieron 7.800 hectáreas de bosques nativos en Córdoba, mientras que en 2011 sólo se deforestaron 40. La expansión de la agricultura y la falta de controles serían las causas
La provincia de Córdoba perdió más de una hectárea de bosque nativo por hora durante 2012. Así lo demuestra el monitoreo realizado por la Asociación Guyra Paraguay, el cual revela que entre marzo y noviembre del año pasado se desmontaron 7.800 hectáreas, mientras que en todo 2011 sólo se deforestaron 40. Según indicaron desde el Foro Ambiental Córdoba, este alarmante aumento se debe principalmente a la expansión de la frontera agrícola y la falta de controles por parte del gobierno provincial.
Las cifras difundidas por la asociación paraguaya sólo contabilizan los desmontes ocurridos en departamentos del norte y oeste de Córdoba, por lo que al dato deben sumarse todos aquellos bosques que fueron talados en el resto del territorio provincial. De cualquier manera, considerando solamente esa región de nuestra provincia, se concluye que cada día se pierden más de 28 hectáreas de monte nativo.
El panorama se vuelve aún más preocupante si se considera que la mayoría de los sectores deforestados durante 2012 corresponden a las zonas definidas como de máxima protección por la actual Ley de Bosques de la provincia.
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, indicó que este gran aumento de los desmontes se debe principalmente a que los avances tecnológicos sumados al incremento de las precipitaciones permitieron que la actividad agrícola se expandiera a zonas semiáridas, donde permanecen los últimas extensiones de bosques de la provincia. Además, alertó que esta realidad tiene consecuencias ambientales irreversibles, ya que provoca una desertificación del suelo y una grave pérdida de la biodiversidad.
Menos bosques
El relevamiento realizado por Guyra Paraguay muestra un incremento difícil de dimensionar en relación a los desmontes ocurridos en la provincia en el último año. Mientras que en 2011 sólo se detectó una deforestación de 40 hectáreas, ocurrida en diciembre de ese año en el departamento Sobremonte, en 2012 la cifra asciende a casi 8 mil hectáreas.
Los datos disponibles indican que junio fue el mes más crítico para los bosques nativos de Córdoba, ya que en ese período desaparecieron 3.302 hectáreas de monte, casi la mitad de la superficie desmontada durante el año. Julio, con 1228 hectáreas deforestadas, y septiembre, con 1428, también concentran parte importante de la tala realizada el año pasado. En noviembre, en tanto, se observa una disminución de la superficie afectada con 230 hectáreas desmontadas.
A su vez, Ischilín y Río Seco son los departamentos que perdieron la mayor cantidad de árboles durante 2012.
El relevamiento satelital realizado por la ONG registra todos los desmontes realizados mensualmente en el territorio del Gran Chaco Americano, el cual se distribuye entre los países de Argentina, Bolivia y Paraguay. En ese marco, la provincia de Córdoba fue el caso más destacado en los meses de junio, octubre y noviembre, debido especialmente a la presencia de desmontes en zona roja, categorizada como de “Protección Boscosa” según la Ley de Bosques vigente en la provincia.
Sin control
Kopta explicó que las regiones categorizadas como “zona roja” por la actual ley provincial son aquellas que requieren máxima protección, ya que corresponden a “lugares con mayor cantidad de formaciones vegetales nativas”. En estas zonas, la norma vigente -largamente cuestionada por diversos sectores- permite realizar desmontes en aquellos casos en los que exista infraestructura de riego, pero para ello se debe contar con la autorización de la Secretaría de Ambiente.
Ante ello, desde el Foro Ambiental Córdoba solicitaron información a la Provincia para conocer si los desmontes detectados por Guyra Paraguay habían sido autorizados y, de lo contrario, conocer qué sanciones se habían aplicado. “En los pedidos de información refenciamos cada uno de los campos donde se encuentran esas 8 mil hectáreas desmontadas y hemos recibo respuesta sólo por 29 hectáreas”, reclamó el biólogo.
Además, destacó que el aumento de la deforestación “ha sido casi simultáneo a la noticia de que había quedado desafectado el personal encargado de controlar”, haciendo referencia a los despidos de empleados claves de Ambiente efectuados a mediados de 2012.
Por otro lado, el presidente de la asociación cordobesa alertó las implicancias de que continúen desapareciendo los últimos reductos de bosques de la provincia.
“Las zonas en que se está desmontando, norte y oeste de la provincia, son zonas susceptibles a la desertificación que siempre han sido marginales a la actividad agrícola y ganadera y el hecho de eliminar su cubierta vegetal las hace especialmente sensibles a la pérdida de suelo fértil y a la incapacidad de sostener vegetación. Este es un proceso que se torna irreversible en cuanto a sus consecuencias”, advirtió.
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Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Santiago del Estero y el abuso a campesinos
Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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