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Aumentan los desmontes, más de cien mil hectareas en 2023

 


En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación
: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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155 loros rescatados en Santiago del Estero

 


Rescataron 155 loros transportados ilegalmente en una camioneta a Santiago del Estero

Fecha de Publicación
: 19/01/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santiago del Estero


El hecho courrió este martes en el kilómetro 798 de la Ruta Nacional 34. En el operativo participó personal de Gendarmería Nacional.
Personal de Gendarmería Nacional rescató 155 ejemplares de loro que eran transportados ilegalmente en el interior de una camioneta con destino a la provincia de Santiago del Estero. El hecho courrió este martes en el kilómetro 798 de la Ruta Nacional 34.
“Para proteger medio ambiente y fauna silvestre, efectivos de Gendarmería, con funciones de seguridad interior, lograron interceptar el traslado de estas aves, recuperando a 155 loros habladores, transportados dentro de un camión en pésimas condiciones”, se indicó.
El operativo fue bautizado como “Nido de Cotorras” desde el Ministerio de Seguridad. Voceros de la fuerza detallaron que integrantes del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” de Gendarmería, a raíz de tareas investigativas, lograron dar con información de un posible tráfico de animales e interceptar al vehículo.
Los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Duster Oroch que era conducida por un hombre que viajaba con destino a la ciudad de Termas de Río Hondo.
“Al levantar la lona que cubría el baúl y ser requisado el vehículo, hallaron en el interior de su caja a los animales, que eran trasladados dentro de jaulas, conservadoras de telgopor y otros boxes de madera”, se informó.
Se dio intervención al Juzgado Federal Nro. 2 de Santiago del Estero y la Dirección General de Bosques y Fauna, que “ordenaron la incautación de las aves”. También dictaminaron labrar actuaciones por Infracción a la Ley Provincial N° 4.802 “Protección de la Flora y Fauna Silvestre”.
La legislación vigente contempla acciones para la protección y cuidado de los animales, prohibir su caza, y sus hábitats, “para mantener especies o poblaciones de vida silvestre saludables y restaurar, proteger o mejorar los ecosistemas naturales”.
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Procedimiento en ingenios tucumanos por contaminación

 


Gendarmería allanó a 10 ingenios tucumanos por la mortandad de peces

Fecha de Publicación
: 30/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán


La medida fue ordenada por el juez federal Molinari, a pedido del fiscal Pedro Simón que lleva adelante la investigación.
La Justicia Federal de Santiago del Estero concretó una importante medida en la investigación por la mortandad de peces, registrada hace dos semanas en el río Salí, en Tucumán, cerca de la desembocadura en el Embalse Río Hondo.
Gendarmería allanó 10 ingenios azucareros tucumanos, ante la sospecha de la probable contaminación del curso de agua con efluentes industriales. Con ese propósito se realizó este procedimiento que fue ordenado por el juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ante un planteo del fiscal federal Nº 1, Pedro Simón, quien lleva adelante la investigación de esta causa.
Como se recordará, en el expediente penal que se inició por una denuncia de la Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo de la provincia -se constituyeron en querellantes- se investiga la comisión de delitos previstos en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
El fiscal Simón solicitó el allanamiento de los ingenios “Bella Vista”, “Famaillá (ex Fronterita)”, “Santa Bárbara”, “Marapa”, “La Corona”, “Santa Rosa”, “Concepción”, “Florida”, “Leales”, “San Juan”, “Trinidad”. También, que se librase exhorto al juez federal de turno de la provincia de Tucumán.
Es así como la medida estuvo a cargo de dos unidades especiales de Gendarmería. Los efectivos extrajeron muestras de las plantas (en los procesos finales de producción - vertientes). También secuestraron documentación relativa al uso de agroquímicos y cualquier tipo de sustancia contaminante. Además, registraron los medios de transporte de estas empresas para detectar cuál de ellas posee camiones o rodados que carguen líquidos contaminantes (teniendo en cuenta los antecedentes de vuelcos de contaminantes en los cursos de agua de la cuenca Salí-Dulce, en la década pasada).
El pedido de la fiscalía, se argumentó en que efectivos de Gendarmería que realizaron tomas de muestras (de agua y de los peces muertos) a los pocos días del descubrimiento del desastre ecológico, hallaron indicios de que los “seres vivos que habitan en la misma habrían sido altamente contaminados”.
Ahora, la Justicia Federal espera por los informes de Gendarmería sobre los allanamientos en las plantas industriales. También, por los resultados de las tomas de muestras de peces y de agua en la zona del desastre ecológico, y que se analizan en laboratorios.
Para la querella -Fiscalía de Estado y Defensoría del Pueblo provincial- hay fuertes sospechas de que un pulso contaminante fue el causante de la mortandad. Los resultados de las medidas probatorias serán importantes para determinar el origen o responsabilidad si las hubiera de este hecho. Esto se contrapone con lo manifestado por las autoridades de Tucumán, quienes rápidamente salieron a despegar a los ingenios y plantear que la mortandad de peces se debió al “cambio climático”.
El pasado 14 de noviembre, la Fiscalía de Estado (Raúl Abate) y el Defensor del Pueblo (Lionel Suárez), radicaron denuncia penal en contra de autores a determinar, a fin de que se investigue la mortandad de peces detectada los días 12, 13 y 14 de noviembre en la desembocadura río Salí, que se extiende hasta el Embalse de Río Hondo. Este episodio, que se conoció a través de la denuncia de un grupo de pescadores que compartió un video que rápidamente se viralizó, fue constatado por el equipo de monitoreo de la Cuenca Salí-Dulce.

“Existen evidencias que demuestran que la contaminación proviene de Tucumán”
Para el Ministerio Público Fiscal “existen evidencias suficientes que demuestran que la contaminación proviene de Tucumán y se extiende a Santiago del Estero”.
Así lo remarca en la solicitud del allanamiento de 10 ingenios azucareros tucumanos. Para ello, se basó en un informe que le hizo Gendarmería sobre lo que halló en la zona del desastre ecológico (en el río Salí), donde fue acompañado por personal del monitoreo de la Cuenca Salí-Dulce.
El fiscal Simón indicó que “de acuerdo con lo informado telefónicamente por personal de Gendarmería Nacional, tanto la zona constatada como los ejemplares de pescados extraídos emanan un fuerte olor a descomposición y putrefacción y el agua del río se encuentra teñida por un color verde luminoso”.
También señala que los gendarmes describieron que “observaron una vasta cantidad de peces muertos flotando en el agua”.
“Frente a lo expuesto, se presume que las aguas del río como los seres vivos que habitan en la misma habrían sido altamente contaminados”, señala el fiscal, que refiere que esa extracción de muestras fue en la provincia de Tucumán. Y recalca que ante lo informado por Gendarmería, “existen evidencias suficientes que demuestran que la contaminación proviene de Tucumán y se extiende a Santiago del Estero”.
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Sali-Dulce: no creen en la justificación de gobierno tucumano

 


"Este hecho pone en seria duda la continuidad del acuerdo"

Fecha de Publicación
: 21/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán  - Santiago del Estero


"Este hecho puntual tiene que ver seguramente con un pulso contaminante en el que secuestraron el oxígeno y tomó por sorpresa a ese cardumen de peces que a esta altura del año iba a desovar", fue la causal que señaló el defensor del Pueblo, Lionel Suárez, sobre la mortandad de peces.
En diálogo con Radio Panorama, señaló que esta situación tomó por sorpresa el trabajo "que esta Defensoría del Pueblo realiza conjuntamente con la Secretaría del Agua, con el monitoreo de todos los afluentes y del embalse, en el contexto de un acta acuerdo que suscribieron los gobernadores y que la Nación es garante".
Agregó que este hecho "pone en seria duda la continuidad de ese acuerdo, por lo menos para esta Defensoría del Pueblo, porque más allá de este hecho puntual que tiene que ver seguramente con un pulso contaminante en el que secuestraron el oxígeno y tomó por sorpresa a ese cardumen de peces que a esta altura del año iba a desovar, por lo cual cuantificar el daño para el embalse va a ser por lo menos difícil, no solo por la cantidad de peces efectivamente muerta, sino la población que ha perdido de recuperar el embalse", lamentó.
"Llama la atención también que este episodio haya sucedido en el cambio de autoridades de la vecina provincia, llama también la atención a esta Defensoría del Pueblo, que la primera declaración que hace el funcionario del área (Montalván), hace referencia a que ha sido un episodio relacionado con una cuestión climática", cuestionó Lionel Suárez.
Y advirtió: "Pareciera reeditar viejas astucias o artimañas, tratando de justificar lo injustificable: que algún industrial haya optado evacuar sus efluentes industriales a nuestros afluentes al embalse y que estén de alguna manera desde las nuevas autoridades, justificando esta situación, porque los peces no mueren en razón del cambio climático, los peces murieron por una situación de anoxia provocada no por las altas temperaturas".
Recordó que dentro del acta acuerdo entre Santiago y Tucumán, están previstas duras sanciones en el caso de que se violen los términos de la misma. "El punto es que tenemos desde Santiago del Estero, acreditar el hecho cierto de que pueda haber sido en el marco de esta acta acuerdo y vinculado con los ingenios azucareros con destilería", aclaró.
"Pero aquí se abre un abanico de posibilidades porque hay un sinnúmero de empresas que tienen sus efluentes industriales que también llegan a nuestro embalse y que hasta el momento, no han sido objeto de esta acta acuerdo, que podrá ser en todo caso, objeto de revisión para ampliar sus alcances a las citrícolas, a las papeleras, a los frigoríficos. Incluso al tratamiento de efluentes cloacales que tiene Tucumán, que también ha sido objeto de una denuncia y de una actuación judicial de parte de esta Defensoría, por motivo de una presentación que hiciera un particular".

"El agua que ingresa al embalse es óptima para la vida acuática"
La Defensoría junto Fiscalía de Estado se han constituido como querellantes en la causa por la mortandad de peces, "para que dentro del expediente, de la denuncia que formuláramos, realizar todas las medidas probatorias", indicó Lionel Suárez.
"Ya se ha ejecutado conjuntamente con la Justicia Federal que ha solicitado la colaboración del programa de monitoreo para avanzar en la toma de muestras de agua y de peces en las orillas del río Salí, en la desembocadura al embalse, en donde lamentablemente en jurisdicción de Santiago del Estero tenemos que volver a ver estas imágenes".
"Pero queremos llevarles la tranquilidad a los ciudadanos de Las Termas y de Santiago del Estero, que el agua está ingresando a la altura de la desembocadura del embalse, es óptima para el desarrollo de la vida acuática", subrayó el funcionario.

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Una federación ambiental puso en duda el informe del Gobierno sobre la mortandad de peces

Fecha de Publicación
: 21/11/2023
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán  - Santiago del Estero


Tucumán Sostenible, formada por 13 organizaciones ambientales tucumanas, desestimó las causas naturales y pidió que se tomen nuevas pruebas en otros puntos del río Salí.
La Federación de Organizaciones Ambientales para un Tucumán Sostenible puso en duda el informe del Gobierno sobre la mortandad de peces en la Bahía de Los Brito, en la cuenca Salí-Dulce, que contempla causas naturales.
En un comunicado, Tucumán Sostenible, que representa a 13 organizaciones ambientales de la provincia, solicitó que “se revise la causa alegada a cuestiones naturales, como profundidad o temperatura del agua”.
“La opinión de pescadores locales, conocedores de la zona y que se encontraron en el lugar en esos días, nos informan que tanto la profundidad como la temperatura no pueden haber sido causales de la muerte masiva de los peces. Adicionalmente, afirman que el desove que se alega en el informe oficial se da en la estación húmeda desde diciembre-enero en adelante”, expresó.
El secretario de Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, señalaron este jueves era “claro que la mortandad de esos peces no se debe a contaminación, sino a un fenómeno climático”. “Hasta el momento se cree que es la falta de oxígeno por la escasa cantidad de agua que tiene el río y por la gran cantidad de peces que suben a desovar”, comentó Castro.
Montalván detalló que “Tucumán trabaja junto a la Fundación Lillo para dilucidar la causa de la mortandad de peces y se programó para la semana que viene una reunión con los equipos técnicos santiagueños. “Hemos trabajado con Santiago durante los últimos 12 años de un modo intachable, con honestidad intelectual en la temática”, añadió.
Ante esa información, la Federación de Organizaciones Ambientales señaló que el proceso de eutrofización mencionado "no es aplicable a ríos, sino es propio de embalses, lagos o lagunas, o sea aguas lentas”.
“Es obligatorio estudiar y no descartar posibles causas, como el lavado de maquinarias con herbicidas u otros restos químicos de actividades antropogénicas”, acotó.
Tucumán Sustentable requirió que “se tomen nuevamente muestras río arriba, ya que se están analizando actualmente muestras tomadas demasiado lejanas al presunto pulso de contaminación”.
“Nos genera dudas el comunicado difundido informalmente que lleva la identidad de la Dirección de Flora, Fauna y Suelos. La misma se encuentra sin Director de Flora y Fauna, desde hace 12 meses y se encuentra acéfala. Situación que denunciaron numerosas organizaciones y a la fecha no obtuvieron respuesta. A su vez, esta dirección debería tomar las medidas para remediar este desastre ambiental”, señaló en el texto firmado por el presidente de la Federación (en formación), Mauricio Villanueva.
Al final, la organización reclamó que “el Comité Interjurisdiccional de Cuenca Santiago del Estero y Tucumán realice la confrontación de pruebas de manera pública” y que se informe a la población los resultados.
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El conflicto Salí-Dulce con un Déjà vu

 


Santiago radicará una denuncia penal por el desastre ecológico en el Salí-Dulce

Fecha de Publicación
: 16/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán


"Pensábamos que había escarmentado la gente que produce estos hechos, o que con las iniciativas dadas por la Corte se iban a terminar estas visiones tan aterradoras".
Fiscalía de Estado de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de la provincia iniciarán acciones penales para dar con los responsables de la masiva mortandad de peces que se depositan a lo largo de kilómetros de las costas del Embalse de Río Hondo.
Así lo afirmó el fiscal Raúl Abate, luego de participar ayer de un operativo de verificación por agua y por aire en distintos puntos de la desembocadura del río Salí, que nace en Tucumán.
La comitiva también estuvo integrada por el defensor del Pueblo, Lionel Suárez; el director de Asuntos Penales, Marcelo Acuña; la asesora de Fiscalía de Estado, Andrea Achari, e integrantes del Sistema de Monitoreo de la Defensoría del Pueblo, Martín Ibarra y Oscar Ibarra.
"En este operativo verificamos la mortandad de peces, nos encontramos con este desastre ecológico que tiene su comienzo en la vecina provincia de Tucumán", aseguró Abate.
"Hemos ido remontando con el helicóptero de la provincia río arriba y observamos que son kilómetros de peces muertos y también moribundos. Pensábamos que había escarmentado la gente que produce estos hechos con las órdenes, o que con las iniciativas dadas por la Corte Suprema de Justicia se iban a terminar estas visiones tan aterradoras, pero aparentemente la codicia y la ambición les pesa y prima sobre estas cuestiones. A partir de este momento vamos a iniciar las acciones penales por instrucción de la Dirección de Asuntos Penales de la Fiscalía de Estado", dijo.
Por su parte, Lionel Suárez, explicó: "Vinimos a verificar esta situación dolorosa para Santiago del Estero porque afecta todo el esfuerzo que viene haciendo la provincia con la puesta en marcha desde el 2012 con el Programa de Monitoreo Permanente, incluso con las inspecciones en los ingenios con destilerías de la provincia de Tucumán y que estábamos próximo a hacerlo, y nos encontramos con esta sorpresa con un sinnúmero de peces muertos de distintas variedades a lo largo de lo que es el río Salí y principalmente en la desembocadura de nuestro embalse, que a su altura goza de óptimo oxígeno, lo cual no implica que esta mortandad que ha sufrido río arriba en jurisdicción de Tucumán no impacte negativamente en nuestra provincia".
Agregó: "A pesar de los monitores y que se hayan extraído las muestras de los cursos de agua y de peces, estamos a menos de 48 hs de un supuesto pulso contaminante que se ha llevado la vida de todos estos ejemplares. Nos vamos con la peor de las imágenes, pero con las herramientas suficientes como para iniciar las acciones judiciales para determinación de los responsables de esta mortandad".
Por su parte, la Fiscal Federal General, Indiana Garzón, que subroga la Fiscalía de Instrucción Nº 2, comenzó con las averiguaciones pertinentes para abrir la causa judicial, informaron a EL LIBERAL fuentes calificadas.

Más Información:

- El Tucumano  - "Kilómetros y kilómetros de peces muertos": denuncian contaminación en ríos tucumanos
Las imágenes son contundentes y muestran a cientos y miles de peces muertos amontonados a orillas del río Salí en la zona de Los Britos (departamento Leales). En distintos videos filmados este lunes y domingo, se puede apreciar los cadáveres de dorados, sábalos y bogas. El reclamo de los lugareños y la denuncia por contaminación realizada por un abogado.
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Buscan un modelo ganadero más sostenible en Santiago

 


El desmonte arrasó con árboles nativos y con miles de familias campesinas: Desde Incupo, Oscar Cena promueve un modelo ganadero más moderno para que ambos retornen al paisaje

Fecha de Publicación
: 11/11/2023
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Santiago del Estero


El ingeniero agrónomo Oscar Cena vive en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, donde la ONG Incupo (Instituto de Cultura Popular) tiene su sede central, y de la cual él es miembro desde hace 30 años. Incupo lleva 50 años de trabajo social al servicio del campesinado del Norte argentino.
Oscar comenzó en Santiago del Estero trabajando con caprinos en monte nativo y siempre le apasionó la ganadería y su integración con los bosques naturales. Este profesional nació en un pueblo forestal, La Gallareta, al sureste de Reconquista, y seguramente su paisaje natal le marcó su vocación actual, la de haberse puesto al hombro la problemática de los bosques nativos de su región.
Como parte de Incupo o también como su actividad privada como asesor, Cena se desempeña como formulador de planes de manejo de bosques nativos orientados especialmente hacia sistemas silvopastoriles, con cría bovina. Pero además es responsable técnico del vivero de especies nativas en el centro de capacitación que tiene la ONG, y que está ubicado en Colonia La Lola, a 13 kilómetros al sur de Reconquista. Allí lo entrevistamos:
En la entrevista con Bichos de Campo, Oscar mostró de entrada un mapa que demuestra por qué su tarea y la de ese vivero son muy importantes. Allí se ve claramente cómo ha venido reduciéndose la superficie ocupada por bosques nativos en la provincia de Santa Fe. Dice: en 1914 había 6.500.000 hectáreas con algarrobos y otras especies. En 1935 pasó a haber 5.900.000. Y en 2022 quedaban solo 1,2 millones de hectáreas.

-¿Cuáles fueron las razones de esta drástica reducción de los bosques nativos en apenas 100 años?
-Nosotros veníamos viendo este achicamiento debido al crecimiento de las intervenciones para un modelo agrícola y ganadero. Pero no olvidemos que la empresa inglesa La Forestal, primera productora de tanino desde fines del siglo 19, fue extractiva. Dicen que se había acordado una reposición, pero no se cumplió.

-¿Este proceso condiciona a las comunidades de pequeños productores con los que ustedes trabajan?
-La extracción la hace el gran productor cuando habilita mucha tierra. Y el pequeño, se queda resistiendo, con un modelo diversificado y esta caja de ahorro que tiene siempre, que es la ganadería. Los que se pudieron quedar en el campo, hicieron ganadería de monte, en bosques y pastizales de la Cuña Boscosa, donde colonos gringos han recibido tierras, y han intentado desarrollar una agricultura, pero sin tecnología, porque aún no manejan la cosecha ni el mercado, de modo que siempre reservaron una parte de bosque con la ganadería.

-Dijiste caja de ahorro…
-Porque se sigue demostrando que la ganadería es un reservorio de capital y la actividad productiva no varía tanto. La sequía, las inundaciones, el mercado, todo lo le pega al pequeño productor y lo funde, y se ha ido retirando del campo, masivamente. En esos bosques “relictos” o frágiles, hemos planteado cambiar de modelo. Ahora decimos: “Volvamos a hacer ganadería, pero aprovechando la parte desmontada, haciendo agricultura, forraje”.

-Es decir, desde Incupo proponen cambiar la lógica para que la ganadería conviva con el bosque pero a la vez se pueda establecer algún modelo que sea más productivo.
-Pero por un modelo que empiece a ir la agricultura, porque si no los pequeños productores no tienen rentabilidad. Porque si no, ya pasan a ser rentistas. Todo el mundo alquiló su tierra a los grandes productores, quienes tenían el financiamiento, los insumos y la herramientas para sembrar y cosechar, y están vinculados a los mercados donde se venden esos commodities. El pequeño productor no podía hacer esa cadena. Poco a poco unos fueron dejando de alquilar, y ahora lo primero que hacen es planificar su establecimiento: dónde pueden sembrar algo de pasturas, dónde pueden hacer algo rotativo con la ganadería, más en las praderas, y dónde es el refugio de invierno, donde tira alimento el bosque nativo. Allí se refugia el animal y no se estresa por los grandes fríos y se puede ir a cosechar frutos del algarrobo, del guayacán y sobre todo, la espina corona, que lo tira en invierno.

-¿Está demostrado que la producción de esas especies nativas sirve como alimento sustituto para el bovino dentro del monte?
-Es complementario. Comen el pasto de las praderas, de mala calidad, y vienen a comer lo que queda de verde en el bosque, más los frutos que éste tira. Porque históricamente la ganadería se hizo en sistemas de bosques y pastizales. Por eso en los años ’80 y ’90 se decía que se fue corriendo la misma, de La Pampa, y terminó en Formosa.

-¿Y la agricultura está pensada como otro suplemento?
-Se viene diciendo desde hace años que hace falta suplementar al bosque nativo en los inviernos. Porque en la región chaqueña hay un bache alimenticio en los inviernos. Porque la producción natural está sujeta a las heladas de ese año y a la humedad ambiente. ¿Y dónde se va a hacer la reserva? En la ex-chacra, en la tierra limpia, donde se puede sembrar, como se hace la alfalfa en La Pampa Húmeda. Hay que hacer la reserva o diferir el verdeo hacia el invierno. Había que tener un pedazo de tierra agrícola, no había que hacer todo commodities o granos para exportar. Ese modelo se está enriqueciendo en esta zona. Y los que sacan los destetes, no los mandan a engordar a La Pampa Húmeda o a Formosa, sino que quedan acá, porque ahora está la industria que deriva muchos nutrientes, que van a parar a los feedlots. Así se recreó una ganadería nueva en el norte santafesino, donde los pequeños productores ahora también le venden al mercado local o regional.

-Entonces el planteo es generar un mercado ganadero nuevo que integre a esos pequeños productores para que conserven el monte que sigue en pie y se valgan de nuevas herramientas tecnológicas. ¿Con la ayuda de Incupo se logró poner freno al deterioro del bosque?
-Nosotros no vamos a cambiar la totalidad, pero al menos aportamos un nuevo modelo productivo al debate. No se puede seguir desmontando, porque no lo soporta más el ecosistema y porque económicamente si no le aplicás al suelo el paquete tecnológico, a los 4 o 5 años no te va a seguir rindiendo. El modelo extensivo de la ganadería no va más. Hay que planificar, dividir por ambientes: los bajos y las lagunas, el pastizal de altura y los bosques de invierno.

 -¿Han podido bajar este modelo al territorio?
-En 2002 nos pusimos a trabajar en lo teórico y acompañando a los pequeños productores. Estamos logrando parar el desmonte, estamos trabajando de modo muy fuerte con la ganadería, con estos planes de manejo del bosque nativo. Muchos productores, si bien están lejos de vivir del campo, lo bueno es que aún conservan la filosofía o la cultura del arraigo y su unidad productiva sigue estando. Porque se fueron a buscar trabajo a la ciudad y no hay. En cambio en el campo sí, pero necesita ser mejor remunerado. El pequeño productor también aspira a ganar y aunque no se le pueda pagar a valor soja, sí se lo podría incentivar reduciéndole impuestos o a través de compensaciones por cuidar el bosque. Claro que se han hecho cosas. Y acaban de llegar los Fondos Verdes del Clima, que pagan por resultados. También estamos queriendo potenciar unidades apícolas.

-¿Y este vivero cómo juega en este plan?
-Hemos creado un vivero para aportar una cantidad de especies nativas. Muchos están llevando plantines de algarrobos. Las semillas que salen de acá deben ser de un Banco de Germoplasma. Hemos logrado ya meter 7000 plantines en los campos, proveyendo al INTA, a escuelas, a casas de familia y a productores. Estamos lanzando un programa propio. Estamos acá para regenerar nuestros bosques con especies forestales nativas.
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Desmontes: CSJ admite demanda contra cuatro gobernaciones

 


La Corte Suprema se mete en una demanda ambiental contra el Estado argentino y cuatro gobernaciones

Fecha de Publicación
: 04/11/2023
Fuente: elDiarioar
Provincia/Región: Nacional


El máximo tribunal se declaró competente en el caso presentado por la organización ambientalista Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América, en peligro de extinción frente a la deforestación de los bosques nativos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los vocales del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía.  
La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada.  
El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.
 La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.  

El caso
La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.
La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.
La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.
La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.
La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.
 “Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.
“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.
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Desastre ambiental en Santiago por un canal mal planificado

 


Santiago del Estero. Controversia por un canal de agua que no contempla la protección de la fauna

Fecha de Publicación
: 23/10/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero


Hace una semana se viralizaron imágenes de osos hormigueros desesperados, intentando mantenerse a flote, aferrados a una de las rejas que atraviesan el Canal de la Patria, en la provincia de Santiago del Estero, un recorrido de 200 kilómetros hormigonados, paralelo a un canal de tierra existente, construido en los años 70, que lleva agua desde Amamá hasta Quimilí y, desde allí, a la localidad de Tintina, zona caliente para los ambientalistas debido a la deforestación indiscriminada. Las imágenes desgarradoras fueron tomadas por pobladores del lugar, quienes previamente a la inauguración del canal, hace aproximadamente un mes, venían advirtiendo que éste se convertiría en una trampa para los animales, especialmente preocupados por la suerte de sus animales domésticos.
Fueron los jotes (una especie similar al buitre), sobrevolando distintas áreas del canal, los que anunciaron la tragedia. Asomados, los pobladores observaron el desastre que se estaba produciendo. Filmaron y pusieron manos a la obra para rescatar a los animales que podían y que aún permanecían con vida. Utilizaron sogas y fabricaron pasarelas.
“Los osos hormigueros y los pecaríes de collar son los más complicados, pues aterrorizados, manotean. Con sus garras o dientes, pueden ser muy peligrosos.” Evitando ser nombrados, por temor a represalias de parte del gobierno, aportaron toda la información, y estas imágenes.
Al viralizarse las imágenes, la respuesta de los responsables, no se hizo esperar. “Toda obra que se ejecute en la provincia tiene que cumplir con la ley”, dice el ingeniero Carlos Salmoraighi, titular de la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, destinada a estudiar todos los aspectos del Impacto Ambiental en cada proyecto.
Una vez que se analizan todos los estudios de impacto, se emite un certificado de aptitud ambiental. Los organismos internacionales exigen que la obra cuente con este estudio. El certificado tiene generalmente una duración de un año. Se presentan los informes de monitoreo y se va relatando en que etapa esta la obra. “Este certificado se ha vencido hace dos meses y a la empresa la hemos notificado para que presente todo, cuando se ha empezado a tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo con respecto a la fauna, a través de las redes sociales, para que ellos presenten alguna acción para solucionar esto”, indica el funcionario.
“Fuimos a la Dirección de Bosques, que tiene a cargo el cuidado de la fauna. Se hizo una inspección conjunta y se empiezan a ver las soluciones . El permiso está vencido y no se le renueva por las denuncias que se han presentado ahora. Algo está mal”, admite Salmoraighi. Y añade: “el certificado está sujeto a la aprobación de la documentación que se presente ante esta contingencia que está ocurriendo. Hay muy buena predisposición. Mientras estaba en ejecución civil no hubo problemas. Ocurrió cuando se ha habilitado el paso del agua por el canal hace veinte días. Nosotros solo verificamos la documentación. Pero cuando recibimos esas imágenes se notificó en la zona y se notificó a Fauna. En nuestra área no se presentó una sola denuncia. Los responsables son los inspectores ambientales de la obra”, asegura el responsable de la subsecretaria de Ambiente de Santiago del Estero. “El Ministerio de Obras Públicas que ejecuta las obras tiene un responsable ambiental y Ambiente va monitoreando esas inspecciones”, se defiende el funcionario santiagueño.
Mientras tanto, la directora de Bosque y Fauna, doctora Noelia Zanichelli, sostiene: “la situación aquí, es que somos distintos organismos trabajando en el tema: por un lado está Obras Públicas que se canaliza a través del Ministerio de Obra Públicas y agua de la provincia de Santiago del Estero. Por el otro lado, Medio ambiente. Y nosotros que no tenemos que ver con la obra en sí. El proceso administrativo se hizo con el correspondiente certificado de aptitud como lo exige la ley. Esto lo maneja la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción de la provincia. Ese certificado de aptitud posee una determinada vigencia. Esta mañana estuve hablando con Ambiente y me informan que la empresa tiene el certificado de aptitud vencido y no se le va a otorgar la renovación. Esto debe ser contextualizado en un contexto social ambiental: los motivos por los que se hizo la obra, y hay que ver si hay que renovarlo. Entre los requisitos del pliego, la empresa contratada debe tener una consultora ambiental. Por otro lado, el Estado hace su consultoría externa que hace el monitoreo”, argumenta Zanichelli.
“Esto que se viralizó tiene una mala contextualización”, agrega. “En primer lugar los videos son hechos que se suelen dar, pero fortuitos. Sí se han rescatado animales domésticos, pero esto así, como se vio, nosotros no lo vimos. No es así, que entre ocho y diez animales están muriendo por semana. Desde que se detectó la situación (tengo fotos de hace un mes y medio atrás haciendo recorridos y no se detecta nada), tenemos dos consultoras monitoreando los 200 kilómetros del canal. La gente pide abrir las compuertas. Lo que se ve adónde están todos los osos [hormigueros], no es una compuerta, es una reja que filtra el agua para evitar que pasen troncos. La compuerta está detrás de eso. Y la apertura o no de la compuerta no varía la situación”, aclara la funcionaria de Fauna provincial.
Y aclara: “justamente desde el momento en que la gente advierte la situación y avisa revisamos los controles y monitoreos desde fauna. Sin duda es una cuestión que a nosotros nos pega por el perjuicio para la fauna, pero la obra en sí misma tiene que ver con el certificado de aptitud. Esto lo hace Medio Ambiente. Estamos diseñando y evaluando si vamos a tener modelos de pasos de fauna. Como la obra no está entregada definitivamente”, explica la funcionaria santiagueña.
“Entonces, la provincia no la puede tocar. Hemos pedido colaboración a la Nación, al ministro [Juan] Cabandie. Hoy a la tarde va a llegar un camión de rescate que vamos a instalar en la zona de Amamá, adonde está ubicado el obrador de la empresa, con guardaparques y veterinarios que se van a estar ocupando del tema. También tenemos un diseño que estamos evaluando. Estamos recibiendo mucho apoyo de organizaciones de otras provincias y del Conicet. El lunes después de las elecciones, vamos a arrancar con las reuniones analizando las propuestas hasta que se entregue la obra y pueda ser una solución definitiva. Lo que sí podemos hacer son pasos para fauna con madera. Serían transportables, no perjudicarían el cauce del agua, y permitirían a la fauna poder salir. Las rampas de rescate de fauna silvestre estarían construidas con madera de quebracho colorado, apoyadas sobre pilotes colocados en los extremos hormigonados del canal. Irían de un extremo a otro, y en la mitad, se atornillaría una maya electrosoldada de alambre galvanizado que permitiría que los animales pudieran trepar y subir a la estructura”, anticipa la funcionaria provincial.
“Tenemos varias alternativas que nos han acercado y lo estamos evaluando. La otra opción serían escalinatas de hierro del mismo material en las paredes del canal, pero para eso necesitamos que la obra esté terminada. Mientras tanto, tenemos gente en el lugar que nos está pasando reportes permanentemente, y está llegando un camión de la Nación, al obrador. Pero pensemos en cuestiones prácticas -aclara Zanichelli-. Son 240 kilómetros de canal, con dos o tres vehículos que están recorriéndolo. Si se cae un animal y no lo vemos (tenemos dos o tres horas en el recorrido), puede suceder que no lo podamos sacar. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer con la situación: nosotros, la Secretaría del Agua, y ambas consultoras ambientales de la empresa. Quisiera aclarar, que no somos tan necios como para no reaccionar. Sabíamos del canal, claro, pero al remitirse un certificado de aptitud, había un asesor para controlar todo. Estamos reaccionando a esto”, concluye la funcionaria provincial.
Al cierre de esta nota, quedó instalado el camión enviado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para colaborar en el salvataje de los animales. Quién sabe cuántos cientos y miles de animales habrán quedado atrapados a lo largo de los años, previamente al advenimiento de las redes sociales. Quizás la única buena noticia, sea la de los pobladores, pudiendo tener voz y advirtiendo acerca de las catástrofes ambientales generadas por los gobernantes.
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El conflicto de tierras en Santiago sin solución a la vista

 


Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Fecha de Publicación
: 18/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.
“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya llevan años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.
La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como "una pelea entre vecinos", pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.
Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.
El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.
La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines para la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.
“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.
En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.
El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

"Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios"
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 por ciento de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido“.
La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez le pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.
En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.
Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.
Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.
Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: "Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo".

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque
En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.
Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: "¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?". Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.
Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: "Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias". Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte".
La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el oeste santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras
En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o "bonos verdes", son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.
Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad".
Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestado, por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.
La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas
Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es el Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.
En 2009, se autorreconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.
En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.
La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.
Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.
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El desmonte en Santiago se paga con sangre

 


Sangre en el monte de Santiago del Estero

Fecha de Publicación
: 14/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El avance del agronegocio no se detiene en Santiago del Estero y brinda otra muestra de violencia extrema: un fallecido y al menos tres heridos de bala. El matrimonio Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala se alterna en el poder desde 2005, con políticas que apoyan el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre campesinos y pueblos indígenas.
El avance del desmonte, la avaricia de las empresas y la inacción del gobierno provincial convierten a Santiago del Estero en escenario frecuente de conflictos por la tierra. El martes pasado hubo un muerto y tres heridos de bala cuando un grupo de vecinos del departamento Figueroa —en el centro oeste santiagueño— se acercó a hablar con quien manejaba una máquina abriendo picadas (caminos) en el monte natural de algarrobos, vinales y chañares de la zona.
La situación, que era de diálogo entre los lugareños que defienden el territorio y los lugareños que trabajan para la empresa, terminó en un tiroteo cuando Edgardo Ledesma (el jefe del personal a cargo de las máquinas) llegó fuertemente armado e increpó a quienes pedían que se retiren las máquinas. El saldo de esa situación fue la muerte del propio Ledesma y tres heridos con bala de plomo. Por los hechos, que se están investigando, hay varios detenidos. La situación se produjo en San Roque, uno de los once parajes rurales de Figueroa.
Durante esta semana, quienes viven en el lugar y se oponen al avance del desmonte, recibieron amenazas de todo tipo. Desde el lugar donde ocurrió el conflicto, las familias piden presencial del Estado para resguardar su integridad.
Para llegar al paraje San Roque desde la capital de Santiago del Estero hay que viajar hacia el este 115 kilómetros, con destino a la localidad de Bandera Bajada, ubicada sobre la Ruta Provincial 2. Al costado del camino los cactus conviven con los algarrobos, que muchas veces crecen enroscados en sus troncos. El monte santiagueño es pura vida, aún con el calor, en tierras blancas o rojizas.
En Bandera Bajada hay que desviar por un camino de ripio y andar otros 50 kilómetros monte adentro, pasando por el dique Figueroa, construido sobre el río Salado. En 2011, con esa obra —inaugurada por el actual gobernador Gerardo Zamora— se anunció el abastecimiento de agua para las familias campesinas de la zona. Pero la promesa quedó estancada: hoy sólo sirve para el riego de los campos de grandes terratenientes. En la profundidad de la noche la ruta sólo se ilumina cuando pasa, de vez en cuando, algún auto o alguna moto. A los costados, sólo se ve la densidad del monte virgen.
Al llegar a la casa de una de las familias que participaron de los hechos del martes se percibe el temor. En la oscuridad se habla bajito, giran los mates y el repaso de lo ocurrido. Las personas que trabajan para los empresarios son vecinos del lugar y en cualquier momento alguien puede llegar a continuar lo que empezó en la semana. La luz de la casa ilumina la ronda y hay que esforzarse por adivinar en las penumbras la construcción de madera, el techo de paja, el patio de tierra.
Una mujer, que pide que no se cite su nombre por temor a las represalias, afirma: “Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias”. Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte". Y la mujer agrega: "Esto ya ha pasado antes, era obvio que iba a ocurrir de nuevo".
En el departamento Figueroa viven desde hace varias generaciones cien familias agricultoras y crianceras, sobre todo de caprinos. En los últimos años comenzaron a organizarse en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). También allí hay comunidades del Pueblo Tonokoté, cuyas tierras figuran dentro del relevamiento de tierras indígenas previsto por la Ley 26.160. La prórroga de esa ley impide el desalojo de las familias originarias. Sin embargo, empresas como Concept Nature Management S.A avanza con sus máquinas, con el aval del Gobierno y una red de cómplices locales que se encargan de conseguir los papeles de titularidad de las tierras para poder apropiarse de ellas.
Concept Nature está formada por socios argentinos y alemanes. En su propio sitio web anuncian que su objetivo es “desarrollar proyectos forestales y silvo-pastoriles en Argentina”. La firma opera en el sur de Misiones y en el departamento Figueroa de Santiago del Estero. En los hechos, pretende “reforestar” campos que ya están forestados, alambrar los campos y —en ese proceso— dejar sin su fuente de sustento a las familias que habitan en el lugar. Pero sin un nexo local, la entrada al territorio no es posible.
En ese punto es donde comienzan a trabajar personas como Edgardo Ledesma o Carlos Budán. Son “intermediarios” que se ocupan de rastrear a los anteriores dueños de los terrenos y comprarles los títulos de propiedad, que a su vez venden a firmas locales (como Santiago S.A. o Figueroa S.A.). Con esos papeles, los empresarios buscan legitimar su acción de desalojo de familias que hace cincuenta o cien años que habitan el lugar de manera pacífica, produciendo en el lugar y a las que el Estado no da respuestas para garantizarles las escrituras que les reconozcan formalmente sus derechos.
Pero además de ese artilugio legal, también apelan a la fuerza. Los lugareños contaron a este medio que el requisito para trabajar para las empresas intermediarias es “usar armas para defender los campos ante las comunidades”.
Las familias denunciaron en varias oportunidades ante la comisaría de Bandera Bajada que hay máquinas trabajando en los territorios indígenas. Sin embargo, esas denuncias —según ellas mismas comprobaron— nunca llegaron a la Fiscalía de Santiago del Estero. Señalan la responsabilidad del Gobierno en “dejar hacer”. El Comité de Emergencia, creado por el gobierno de Zamora para prevenir o intervenir en los conflictos de tierras, brilla por su ausencia.
En 2009 se organizó la comunidad Tonokoté de Santiago del Estero. El relevamiento de sus tierras llevó doce años y se contaron 37.000 mil hectáreas (parte de ellas, ubicadas en el departamento Figueroa). Si bien se hizo el relevamiento, no hay una política estatal de protección ante los privados. En todo caso, el Estado llega con represión. En 2022, la Policía de Santiago del Estero reprimió un corte de ruta que realizaban familias de esa comunidad en Bandera Bajada (departamento Figueroa).
Angélica Serrano, de la comunidad Tonokoté, cuenta: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad de nuestro pueblo. Tengo 45 años, soy nacida y criada aquí y aquí quiero morir, en mi comunidad. Produciendo y también transmitiendo nuestras luchas cotidianas”.
Sobre lo ocurrido en los últimos días en la comunidad de San Roque, Serrano recuerda que ese territorio es parte del relevamiento territorial indígena: “Este territorio también está relevado y hoy están peleando por su territorio, pero hay una empresa intentando despojarlos. Así ocurrió lo del martes, donde hubo un enfrentamiento entre los empleados de la empresa con los hermanos de las comunidades”.
Serrano afirma: “No queremos llegar a eso, queremos que el Estado reconozca el territorio para poder vivir y producir tranquilos nuestros alimentos, transmitiendo nuestros saberes y cuidando el monte, las plantas naturales, las hierbas medicinales, la miel silvestre y los animales que están en peligro de extinción”.
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Causa Salí - Dulce. Santiago quiere ser querellante

 


Santiago pide ser aceptado como querellante en causa ambiental

Fecha de Publicación
: 15/07/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


Así lo anticipó a EL LIBERAL el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien agregó que se conformará un equipo para tomar muestras.
El Gobierno de Santiago del Estero se presentó ante la Justicia Federal local para pedir que se le otorgue el rol de querellante en una nueva causa por contaminación de la cuenca Salí - Dulce.
Así lo reveló el fiscal de Estado, Raúl Abate, a EL LIBERAL, sobre este expediente que se tramita en la Justicia Federal de Santiago del Estero, a partir de la denuncia de un particular, quien se basó en estudios que realizó la Universidad Nacional de Córdoba y que comprobó restos de materia fecal en el río Salí.
Abate también señaló que se conformará un equipo con especialistas del Gobierno provincial, y las universidades nacionales de Santiago del Estero y de Córdoba, que tomarán muestras en la cuenca interprovincial, para sumarlas como pruebas en esta causa. Como se recordará, un abogado de Tucumán afincado en Santiago del Estero presentó una denuncia penal en la Justicia Federal santiagueña por la contaminación con materia fecal del río Salí, que desemboca en el embalse Río Hondo.
El letrado, Alfredo Aydar, señaló que la contaminación fue comprobada en un informe realizado por la Universidad Nacional de Córdoba y el Hospital Nacional de Clínicas que depende de esa casa de estudio, y que fue rubricado por especialistas, entre ellos el infectólogo Hugo Pizzi, quien indicó que también se detectó la presencia de químicos.
Aydar indicó que el informe que data de octubre de 2022 confirma la presencia de excremento en distintos puntos del río Salí que tributa a la cuenca Salí-Dulce. La denuncia fue presentada ante la fiscalía federal de turno. “En virtud de lo preceptuado por los artículos 55 y 57 de la Ley de Residuos Peligrosos, efectuamos presentación ante la Justicia Federal de Santiago, por ser el lugar donde tengo mi domicilio, y donde los efectos de este daño ambiental recaen en la cuenca del río, de los residuos de San Miguel de Tucumán”, dijo el letrado.
Por su parte, Pizzi al ser consultado por EL LIBERAL, había señalado que “fue tanta la contaminación que nosotros vimos en el Salí que yo me descompuse, tuve que volver al vehículo que nos había llevado, porque no era únicamente el olor, sino que también había gases y era tremendo” y agregó “es ahí dónde está el problema”.
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Nueva denuncia por daño en la cuenca del río Salí Dulce

 


Alfredo Aydar: "Presentamos una nueva denuncia por daño ambiental en la cuenca del río Salí Dulce"

Fecha de Publicación
: 03/06/2023
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


En una entrevista para Libertad de Opinión, el abogado informa la denuncia que realizaron a la Sociedad de Aguas de Tucumán.
El Abogado Alfredo Aydar, expresó sus fundamentos para presentar una nueva denuncia contra la contaminación ambiental y como afecta a la sociedad.
"Realizamos la presentación ante la Justicia Federal de Santiago del Estero, ya que es el lugar donde tengo mi domicilio y soy oriundo, y donde los efectos de este daño ambiental recaen principalmente en la cuenca del río debido a los residuos que provienen de San Miguel de Tucumán", afirmó Alfredo.
"Un informe realizado por especialistas demuestra de manera contundente la contaminación del agua, incluso con restos de excrementos, siendo este el objeto de estudio en nuestra institución. Esperamos que la justicia tome las medidas pertinentes. Es crucial tomar conciencia en este momento en el que otras provincias no le otorgan la suficiente importancia a los delitos ambientales", dijo el abogado.
Para finalizar afirmó: "Esperamos que la justicia tome las medidas pertinentes. Es crucial tomar conciencia en este momento en el que otras provincias no le otorgan la suficiente importancia a los delitos ambientales. Denunciamos a la Sociedad de Aguas de Tucumán y a todos sus directivos, quienes son solidariamente responsables. También señalamos a todos los funcionarios tucumanos que tienen esa responsabilidad y no la han cumplido."
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Santiago afirma que trabaja en el drama de los desmontes

 


Bosques y Fauna truncó gran cantidad de desmontes ilegales

Fecha de Publicación
: 29/05/2023
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero


La vigilancia satelital y el trabajo de guardabosques son cruciales para detener estas prácticas. Hubo reprimendas conforme a la Ley Nº 6.841.
Durante la última quincena de abril y la primera de mayo, la Subdirección de Bosques de Santiago del Estero, encargada de la conservación y protección de las áreas forestales, ha llevado a cabo una serie de operativos exitosos para controlar y paralizar actividades forestales ilegales en varios departamentos de la provincia.
Gracias a los esfuerzos de los guardabosques de la Dirección General de Bosques y Fauna, se logró detener actividades ilegales en los departamentos Pellegrini, Jiménez, San Martín, Alberdi, Río Hondo y Taboada.
Estos operativos se llevaron a cabo utilizando el monitoreo del Sistema de Alerta Temprana de deforestación (SAT) y en respuesta a denuncias recibidas por incumplimientos de la Ley Provincial N° 6.841, relacionados con el aprovechamiento forestal, desarbustado, limpieza de fachinal y desmonte, entre otros.
En todos los casos detectados, se ha iniciado el procedimiento de infracción correspondiente para la aplicación de sanciones conforme a la mencionada ley.
Además, como resultado de estos operativos, se ha logrado el secuestro de un considerable número de maquinarias y equipamiento utilizado para realizar estas actividades ilegales. Entre los elementos confiscados se encuentran 4 topadoras, 3 palas frontales, 1 rolo, 2 casillas, 3 tractores, 1 tanque de combustible y un tanque de agua.
La lucha contra la deforestación ilegal no se detiene ahí. La Subdirección de Bosques continúa trabajando en el control de habilitaciones no autorizadas y en el monitoreo de los planes productivos aprobados por la Dirección General de Bosques y Fauna. Estas medidas son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y preservar el valioso patrimonio natural de la provincia.
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Piden 7 años y medio de prisión para empresario que contaminó

 


Más de 7 años de prisión para un empresario tucumano acusado de contaminación

Fecha de Publicación
: 25/05/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero dará a conocer este martes el veredicto en un juicio histórico contra un empresario tucumano acusado por la contaminación del pueblo El Palomar, departamento Jiménez, con el vuelco de millones de litros de vinaza del ingenio La Florida, un hecho por el cual la Fiscalía pidió una condena a 7 años y 6 meses de prisión.
Se trata del empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, quien es juzgado junto a otros acusados en el marco de un debate que proseguirá con los alegatos de la defensa, las últimas palabras de los imputados y el veredicto.
En la jornada del lunes, la fiscal general federal Indiana Garzón, acompañada por el auxiliar fiscal Pablo Álvarez, solicitó la pena de prisión de 7 años y 6 meses para Rocchia Ferro, mientras que, para el gerente de esa planta fabril, José Ramón Coronel, pidió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los imputados infringieron los artículos 55 y 57 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos por el vuelco de los desechos, que resultaron perjudiciales para el medio ambiente.
Además, se solicitó una reparación integral económica, tomando como antecedente el ofrecimiento millonario que había realizado Rocchia Ferro en 2018 para que le aceptaran una 'probation'.
Ese ofrecimiento incluía obras en la comunidad de El Palomar, y realizar una inversión para dotar de elementos a los equipos técnicos que monitorean que no haya contaminación en la Cuenca Salí-Dulce, y para el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología Ing. Néstor René Ledesma de Las Termas.
Tanto al pedido de pena, como al de reparación, realizado por la fiscal Garzón, adhirió la querella, representada por los abogados Ricardo Pérez Neme y Marcelo Acuña.
Tanto a Rocchia Ferro como a Coronel se los responsabiliza por el vuelco de 80 millones de litros de vinaza en el canal público interprovincial del Este y que desemboca en el pueblo El Palomar, departamento Jiménez.
El tribunal que conduce este debate está compuesto por los jueces Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martínez.
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