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Santa Fe: justicia poner el foco en problemáticas ambientales
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La defensa del ambiente entra en la órbita de la Justicia provincial
Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Ministerio Público de la Acusación busca poner el foco en problemáticas ecológicas regionales, como los agroquímicos y el uso del suelo y el agua.
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe pondrá la lupa en problemáticas ambientales y de defensa del consumidor, dos temas que han ganado visibilidad en la agenda pública durante los últimos años, pero que todavía no han adquirido centralidad en el trabajo cotidiano de las fiscalías, hasta ahora más enfocadas sólo en asuntos penales.
La idea de la Procuración es avanzar en temas denominados "de interés general" y ampliar el abanico de acciones de las fiscalías, que desde el cambio del sistema comenzaron a priorizar temas que antes no aparecían como prioritarios.
En materia de defensa del ambiente, desde la Justicia se concentrarán en tres grandes ejes que de forma periódica aparecen como problemáticos en el territorio provincial: los agroquímicos y los modos de uso del suelo y del agua.
Así lo explicó Maria Laura Martínez, fiscal número 6 de Rosario, quien señaló que en el último tiempo se fortaleció el papel de las fiscalías como ámbito de defensa de la legalidad y de los intereses generales, por lo que la intención es sincronizar los tiempos judiciales con los de las demandas sociales, con el ambiente y los consumidores como ejes más importantes de trabajo para 2018.
"Desde la Procuración se maneja un proyecto para que la fiscalía se aboque a la protección de intereses generales a través de la promoción de la legitimación activa. Vemos una necesidad creciente de estar mejor sincronizados con las demandas sociales" dijo la funcionaria judicial, quien recordó que la Constitución aprobada en 1994 incorporó tratados internacionales que le otorgan un lugar central a los derechos económicos, sociales y culturales.
"Creemos que el Poder Judicial debe ser permeable a eso y por ese motivo la apuesta a revalorizar lo civil. Dentro de eso aparece lo ambiental y también los derechos del consumidor" agregó la fiscal.
Procuración
El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, detalló que la idea general es lograr "un poder judicial de proximidad" que pueda atender problemáticas en las cuales si bien siempre tuvo legitimación para actuar, carecía "del volumen de recursos técnicos, materiales y humanos para estar presentes".
Una falencia que se explica por la prioridad otorgada hasta ahora a lo penal sobre otras materias, como el cuidado del ambiente o la defensa de los derechos del consumidor, una tendencia que la actual Procuración busca revertir desde hace casi dos años.
"Estamos ante un cambio de paradigma que implica una adaptación de funciones desde finales de 2016, cuando comenzamos a coordinar con otros ministerios públicos del país esta mirada sobre las actuaciones no penales", explicó Barraguirre, quien agregó que este nuevo escenario derivó en una especie de red nacional de fiscalías de interés general, de la cual también participa Santa Fe.
En función de esos acuerdos tejidos con otras procuraciones por la protección de los intereses generales, desde la provincia abordarán tres áreas con especial énfasis: los derechos económicos sociales y culturales; la mirada ambiental y el derecho de los consumidores.
En materia ambiental, la intención desde la presidencia del ministerio público es reforzar la actuación de la fiscalía 6 de Rosario, que pasó de una actitud reactiva (a requerimiento de los ciudadanos) a otra proactiva, "demostrando el peso de la posición del ministerio público en esas áreas".
"Viendo la buena actuación de la fiscalía, creemos que este es el año para elaborar una agenda propia junto con otros actores relevantes en estas áreas" dijo el procurador, quien resaltó que el objetivo es prestar especial atención a cuestiones referidas al uso del suelo, el uso del agua y los agroquímicos.
Barraguirre resaltó que uno de los objetivos es "tratar de resolver cooperativamente con ONGs y el mismo Estado los problemas ambientales que puedan surgir en estas tres áreas".
También agregó que, con el tiempo, se buscará ampliar la cobertura de la fiscalía hacia otras áreas temáticas como los controles estatales y la supervisión medioambiental: "Hace 20 años Rosario estaba claramente delimitida del campo que la rodeaba, hoy ya no. Y eso es un problema porque no hay regulaciones del suelo y hay cuestiones como la contaminación de los arroyos y ríos de la zona y las aplicaciones con agroquímicos que son cuestiones metropolitanas", concluyó.
Buscan avanzar en temas "de interés general", como las situaciones ambientales.
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Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Ministerio Público de la Acusación busca poner el foco en problemáticas ecológicas regionales, como los agroquímicos y el uso del suelo y el agua.
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe pondrá la lupa en problemáticas ambientales y de defensa del consumidor, dos temas que han ganado visibilidad en la agenda pública durante los últimos años, pero que todavía no han adquirido centralidad en el trabajo cotidiano de las fiscalías, hasta ahora más enfocadas sólo en asuntos penales.
La idea de la Procuración es avanzar en temas denominados "de interés general" y ampliar el abanico de acciones de las fiscalías, que desde el cambio del sistema comenzaron a priorizar temas que antes no aparecían como prioritarios.
En materia de defensa del ambiente, desde la Justicia se concentrarán en tres grandes ejes que de forma periódica aparecen como problemáticos en el territorio provincial: los agroquímicos y los modos de uso del suelo y del agua.
Así lo explicó Maria Laura Martínez, fiscal número 6 de Rosario, quien señaló que en el último tiempo se fortaleció el papel de las fiscalías como ámbito de defensa de la legalidad y de los intereses generales, por lo que la intención es sincronizar los tiempos judiciales con los de las demandas sociales, con el ambiente y los consumidores como ejes más importantes de trabajo para 2018.
"Desde la Procuración se maneja un proyecto para que la fiscalía se aboque a la protección de intereses generales a través de la promoción de la legitimación activa. Vemos una necesidad creciente de estar mejor sincronizados con las demandas sociales" dijo la funcionaria judicial, quien recordó que la Constitución aprobada en 1994 incorporó tratados internacionales que le otorgan un lugar central a los derechos económicos, sociales y culturales.
"Creemos que el Poder Judicial debe ser permeable a eso y por ese motivo la apuesta a revalorizar lo civil. Dentro de eso aparece lo ambiental y también los derechos del consumidor" agregó la fiscal.
Procuración
El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, detalló que la idea general es lograr "un poder judicial de proximidad" que pueda atender problemáticas en las cuales si bien siempre tuvo legitimación para actuar, carecía "del volumen de recursos técnicos, materiales y humanos para estar presentes".
Una falencia que se explica por la prioridad otorgada hasta ahora a lo penal sobre otras materias, como el cuidado del ambiente o la defensa de los derechos del consumidor, una tendencia que la actual Procuración busca revertir desde hace casi dos años.
"Estamos ante un cambio de paradigma que implica una adaptación de funciones desde finales de 2016, cuando comenzamos a coordinar con otros ministerios públicos del país esta mirada sobre las actuaciones no penales", explicó Barraguirre, quien agregó que este nuevo escenario derivó en una especie de red nacional de fiscalías de interés general, de la cual también participa Santa Fe.
En función de esos acuerdos tejidos con otras procuraciones por la protección de los intereses generales, desde la provincia abordarán tres áreas con especial énfasis: los derechos económicos sociales y culturales; la mirada ambiental y el derecho de los consumidores.
En materia ambiental, la intención desde la presidencia del ministerio público es reforzar la actuación de la fiscalía 6 de Rosario, que pasó de una actitud reactiva (a requerimiento de los ciudadanos) a otra proactiva, "demostrando el peso de la posición del ministerio público en esas áreas".
"Viendo la buena actuación de la fiscalía, creemos que este es el año para elaborar una agenda propia junto con otros actores relevantes en estas áreas" dijo el procurador, quien resaltó que el objetivo es prestar especial atención a cuestiones referidas al uso del suelo, el uso del agua y los agroquímicos.
Barraguirre resaltó que uno de los objetivos es "tratar de resolver cooperativamente con ONGs y el mismo Estado los problemas ambientales que puedan surgir en estas tres áreas".
También agregó que, con el tiempo, se buscará ampliar la cobertura de la fiscalía hacia otras áreas temáticas como los controles estatales y la supervisión medioambiental: "Hace 20 años Rosario estaba claramente delimitida del campo que la rodeaba, hoy ya no. Y eso es un problema porque no hay regulaciones del suelo y hay cuestiones como la contaminación de los arroyos y ríos de la zona y las aplicaciones con agroquímicos que son cuestiones metropolitanas", concluyó.
Buscan avanzar en temas "de interés general", como las situaciones ambientales.
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Preocupante situación de los trabajadores aceiteros
Trabajadores aceiteros de la región duplican la tasa de cáncer de la población
Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio se hizo a partir de las bases de datos de la obra social (Osiad), e incluyó a la totalidad de los afiliados, trabajadores activos y jubilados.
Los trabajadores de la industria aceitera del polo sojero del Gran Rosario tienen una incidencia acumulada de cáncer que duplica a la de la población general del Cordón industrial, según denunciaron en un informe publicado hace pocas semanas dos médicos que asesoran al Sindicato de Aceiteros de Rosario .
En el trabajo "Morbilidad y mortalidad por cáncer en población trabajadora aceitera de la provincia de Santa Fe, 2003-2015" el médico epidemiólogo Mariano Mussi y el psicólogo Esteban Fridman compararon datos entre la población trabajadora aceitera y habitantes de diferentes localidades del Cordón. Tras el análisis de los datos, encontraron que mientras la tasa ajustada de personas afectadas por la enfermedad es de 170,16 para la población en general, esa cifra trepa hasta el 351,88 para los operarios de las cerealeras santafesinas.
Ante esta situación decidieron convocar a una actividad pública para esta tarde frente a la planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez para exponer los problemas de salud que padecen los trabajadores de uno de los sectores más rentables de la economía nacional.
También buscarán el apoyo y la solidaridad de vecinos y grupos ambientalistas de la región para alertar sobre "los modos criminales de acumulación del capitalismo" que el agronegocio propone como modelo de producción en la zona núcleo agropecuaria argentina.
"Detectamos que los trabajadores aceiteros tienen un perfil de mortalidad diferente al del resto de la población, ya que sólo el aceite mineral y la radiación solar están tipificados como causales de enfermedad, pero ellos manipulan diariamente otras sustancias como el hexano, así como glifosato, además de insecticidas", detalló Mussi.
A renglón seguido, el profesional agregó que los aceiteros "son los que están en el pico del embudo de este modelo trabajando todos los días en contacto con esos elementos", y advirtió que "el movimiento sindical aceitero de la región también quiere discutir los efectos sobre la salud del modelo agroindustrial".
Metodología
Según detalló Mussi, en primera instancia se identificó a los trabajadores aceiteros de la provincia de Santa Fe a través de las bases de datos de la obra social (Osiad), para lo cual se incluyeron a la totalidad de afiliados titulares (activos y dados de baja) y jubilados.
Luego el padrón fue remitido al Ministerio de Salud de la provincia, que realizó una búsqueda de casos de cáncer en el Registro Provincial de Tumores para el período 2003-2015. Con esos datos en mano se comparó (utilizando la prueba de CHI2) la tasa de incidencia acumulada para los aceiteros con la de los habitantes del Cordón, según publicación del Ministerio de Salud para el período 2005-2009.
Los resultados son elocuentes: en un estudio de 177 casos sobre una población "aceitera" de 19.325 personas (en el período 2003/2015) la tasa bruta de cáncer fue de 915,91 con una tasa ajustada de 351,88.
Para la población en general se tomaron 1.268 casos sobre 745.183 habitantes en un período comprendido entre los años 2005 y 2009, con una tasa ajustada de 170,16.
La tasa ajustada es una manera de comparar dos poblaciones diferentes estudiadas en períodos diferentes. Es un número que expresa la cantidad de personas que contraen la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los aceiteros, encontraron 351,8 casos cada 100 mil personas, mientras que para el resto de la población es de 170 casos cada 100 mil.
En otras palabras, se enferman de cancer 4 de cada mil trabajadores aceiteros, y dos por cada mil en el resto.
Es decir que quienes trabajan en las más de 30 plantas aceiteras que se reparten sobre la costa del Paraná tienen una chance de contraer cáncer más de dos veces mayor a la de aquellos que viven en las localidades de la zona, sentencia la investigación.
Males propios
Pero además, los médicos constataron que los aceiteros son propensos a desarrollar determinados tipos de enfermedades no tan frecuentes en el resto de la población del polo agroexportador sojero.
Si se toma la distribución de los diferentes tipos de cáncer en los trabajadores aceiteros se constata que los dos primeros puestos coinciden con los de la población general "siendo los cánceres de pulmón y colon los más frecuentes".
Sin embargo, mientras que en la población el tercer lugar es para próstata/riñón y vías urinarias, en aceiteros el tercer tipo de cáncer —en frecuencia— es el de piel, algo que consideraron como "llamativo" ya que se trata de un tipo de neoplasia poco frecuente. "Es coherente con el hecho constatado en las licencias de frecuentes casos de dermatopatías entre los aceiteros", agregaron los médicos.
Desconocimiento del Estado
En cuanto a los riesgos, Mussi explicó que el único cancerígeno denunciado y aceptado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es el aceite mineral, mientras que el hexano "es aceptado como cancerígeno por la Iarc (organismo internacional a cargo de la materia) pero el Estado argentino desconoce este hecho".
"Existe una proliferación de químicos y agroquímicos no denunciados, como es el caso del glifosato, que es un reconocido teratógeno (inductores de esterilidad y malformaciones) y cancerígenos", dijeron los expertos. Y subrayaron que en los grupos focales realizados con los trabajadores quedó en evidencia "la ausencia o destrato en el control a la exposición de aceite mineral", un "cancerígeno que debe ser controlado con exámenes de orina y dosaje de 1-hidroxipireno urinario, una situación de los trabajadores desconocen".
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Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio se hizo a partir de las bases de datos de la obra social (Osiad), e incluyó a la totalidad de los afiliados, trabajadores activos y jubilados.
Los trabajadores de la industria aceitera del polo sojero del Gran Rosario tienen una incidencia acumulada de cáncer que duplica a la de la población general del Cordón industrial, según denunciaron en un informe publicado hace pocas semanas dos médicos que asesoran al Sindicato de Aceiteros de Rosario .
En el trabajo "Morbilidad y mortalidad por cáncer en población trabajadora aceitera de la provincia de Santa Fe, 2003-2015" el médico epidemiólogo Mariano Mussi y el psicólogo Esteban Fridman compararon datos entre la población trabajadora aceitera y habitantes de diferentes localidades del Cordón. Tras el análisis de los datos, encontraron que mientras la tasa ajustada de personas afectadas por la enfermedad es de 170,16 para la población en general, esa cifra trepa hasta el 351,88 para los operarios de las cerealeras santafesinas.
Ante esta situación decidieron convocar a una actividad pública para esta tarde frente a la planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez para exponer los problemas de salud que padecen los trabajadores de uno de los sectores más rentables de la economía nacional.
También buscarán el apoyo y la solidaridad de vecinos y grupos ambientalistas de la región para alertar sobre "los modos criminales de acumulación del capitalismo" que el agronegocio propone como modelo de producción en la zona núcleo agropecuaria argentina.
"Detectamos que los trabajadores aceiteros tienen un perfil de mortalidad diferente al del resto de la población, ya que sólo el aceite mineral y la radiación solar están tipificados como causales de enfermedad, pero ellos manipulan diariamente otras sustancias como el hexano, así como glifosato, además de insecticidas", detalló Mussi.
A renglón seguido, el profesional agregó que los aceiteros "son los que están en el pico del embudo de este modelo trabajando todos los días en contacto con esos elementos", y advirtió que "el movimiento sindical aceitero de la región también quiere discutir los efectos sobre la salud del modelo agroindustrial".
Metodología
Según detalló Mussi, en primera instancia se identificó a los trabajadores aceiteros de la provincia de Santa Fe a través de las bases de datos de la obra social (Osiad), para lo cual se incluyeron a la totalidad de afiliados titulares (activos y dados de baja) y jubilados.
Luego el padrón fue remitido al Ministerio de Salud de la provincia, que realizó una búsqueda de casos de cáncer en el Registro Provincial de Tumores para el período 2003-2015. Con esos datos en mano se comparó (utilizando la prueba de CHI2) la tasa de incidencia acumulada para los aceiteros con la de los habitantes del Cordón, según publicación del Ministerio de Salud para el período 2005-2009.
Los resultados son elocuentes: en un estudio de 177 casos sobre una población "aceitera" de 19.325 personas (en el período 2003/2015) la tasa bruta de cáncer fue de 915,91 con una tasa ajustada de 351,88.
Para la población en general se tomaron 1.268 casos sobre 745.183 habitantes en un período comprendido entre los años 2005 y 2009, con una tasa ajustada de 170,16.
La tasa ajustada es una manera de comparar dos poblaciones diferentes estudiadas en períodos diferentes. Es un número que expresa la cantidad de personas que contraen la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los aceiteros, encontraron 351,8 casos cada 100 mil personas, mientras que para el resto de la población es de 170 casos cada 100 mil.
En otras palabras, se enferman de cancer 4 de cada mil trabajadores aceiteros, y dos por cada mil en el resto.
Es decir que quienes trabajan en las más de 30 plantas aceiteras que se reparten sobre la costa del Paraná tienen una chance de contraer cáncer más de dos veces mayor a la de aquellos que viven en las localidades de la zona, sentencia la investigación.
Males propios
Pero además, los médicos constataron que los aceiteros son propensos a desarrollar determinados tipos de enfermedades no tan frecuentes en el resto de la población del polo agroexportador sojero.
Si se toma la distribución de los diferentes tipos de cáncer en los trabajadores aceiteros se constata que los dos primeros puestos coinciden con los de la población general "siendo los cánceres de pulmón y colon los más frecuentes".
Sin embargo, mientras que en la población el tercer lugar es para próstata/riñón y vías urinarias, en aceiteros el tercer tipo de cáncer —en frecuencia— es el de piel, algo que consideraron como "llamativo" ya que se trata de un tipo de neoplasia poco frecuente. "Es coherente con el hecho constatado en las licencias de frecuentes casos de dermatopatías entre los aceiteros", agregaron los médicos.
Desconocimiento del Estado
En cuanto a los riesgos, Mussi explicó que el único cancerígeno denunciado y aceptado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es el aceite mineral, mientras que el hexano "es aceptado como cancerígeno por la Iarc (organismo internacional a cargo de la materia) pero el Estado argentino desconoce este hecho".
"Existe una proliferación de químicos y agroquímicos no denunciados, como es el caso del glifosato, que es un reconocido teratógeno (inductores de esterilidad y malformaciones) y cancerígenos", dijeron los expertos. Y subrayaron que en los grupos focales realizados con los trabajadores quedó en evidencia "la ausencia o destrato en el control a la exposición de aceite mineral", un "cancerígeno que debe ser controlado con exámenes de orina y dosaje de 1-hidroxipireno urinario, una situación de los trabajadores desconocen".
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Denuncian abandono de la Reserva Natural santafesina
Alertan sobre el estado de abandono de la Reserva Natural
Fecha de Publicación: 18/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Con la idea de visibilizar el virtual estado de abandono estatal de la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez, un grupo de voluntarios que desde hace años trabaja para mantener en pie el lugar convoca a una mateada que se realizará hoy, de 16.30 a 19, en la puerta del camping del Parque Regional para compartir información sobre el lugar y llamar la atención de las autoridades sobre la importancia de conservar un espacio de biodiversidad único en el sur de la provincia.
Si bien en los papeles la reserva cuenta con legislación que la protege a nivel municipal y provincial, el deterioro del puente de ingreso desde el Parque Regional hace casi dos años empeoró en el último tiempo una situación que ya era de abandono estatal. Es que sin ese puente no se puede acceder para garantizar el mantenimiento de los senderos, lo que deja ese territorio librado a posibles incendios y actos de vandalismo.
"El deterioro impide las visitas guiadas que los voluntarios Amigos de la Reserva realizábamos de forma gratuita", destacaron desde esa agrupación, quienes recordaron que la reserva "es la mayor porción del bosque de espinal que queda en el sur de Santa Fe y por lo tanto es refugio de muchas especies que se han vuelto raras en la región".
Las 134 hectáreas que posee el parque (35 que pertenecen a Rosario y 99 a Villa Gobernador Gálvez) posee una biodiversidad sorprendente por tratarse de un espacio que limita con dos grandes ciudades.
Según los ambientalistas ya se han contabilizado alrededor de 200 especies vegetales nativas, desde grandes algarrobos y molles hasta orquídeas y flores delicadas poco conocidas; más de 125 especies de aves (encontrando nuevas especies cada mes y algunas muy poco habituales en esta región); así como un sinfín de mariposas, escarabajos y otros insectos.
A principios de 2015 un grupo de vecinos autoconvocados unieron fuerzas para conformarse como "Amigos de la Reserva", con el objetivo en ese momento de frenar cesiones de terreno para iniciativas privadas, sobre todo inmobiliarias.
Uno de los principales logros de ese movimiento fue conseguir que se incluyera la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez en el decreto provincial Nº 2.143/2015 que declara la cuenca del Saladillo como "Reserva Hídrica Provincial" en su totalidad, por su importancia para regular inundaciones locales.
La reserva es uno de los pocos territorios sobrevivientes en la zona del espinal, estrechas franjas que bordeaban los arroyos y ríos de la región pampeana que prácticamente desaparecieron en las últimas décadas. "En la mayoría de los mapas de ecorregiones ya no se la tiene en cuenta y solo perdura en pequeños parches dispersos como es la reserva de Villa Gobernador Gálvez, que por ese motivo tiene un valor como reserva ecológica", explicaron los ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 18/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Con la idea de visibilizar el virtual estado de abandono estatal de la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez, un grupo de voluntarios que desde hace años trabaja para mantener en pie el lugar convoca a una mateada que se realizará hoy, de 16.30 a 19, en la puerta del camping del Parque Regional para compartir información sobre el lugar y llamar la atención de las autoridades sobre la importancia de conservar un espacio de biodiversidad único en el sur de la provincia.
Si bien en los papeles la reserva cuenta con legislación que la protege a nivel municipal y provincial, el deterioro del puente de ingreso desde el Parque Regional hace casi dos años empeoró en el último tiempo una situación que ya era de abandono estatal. Es que sin ese puente no se puede acceder para garantizar el mantenimiento de los senderos, lo que deja ese territorio librado a posibles incendios y actos de vandalismo.
"El deterioro impide las visitas guiadas que los voluntarios Amigos de la Reserva realizábamos de forma gratuita", destacaron desde esa agrupación, quienes recordaron que la reserva "es la mayor porción del bosque de espinal que queda en el sur de Santa Fe y por lo tanto es refugio de muchas especies que se han vuelto raras en la región".
Las 134 hectáreas que posee el parque (35 que pertenecen a Rosario y 99 a Villa Gobernador Gálvez) posee una biodiversidad sorprendente por tratarse de un espacio que limita con dos grandes ciudades.
Según los ambientalistas ya se han contabilizado alrededor de 200 especies vegetales nativas, desde grandes algarrobos y molles hasta orquídeas y flores delicadas poco conocidas; más de 125 especies de aves (encontrando nuevas especies cada mes y algunas muy poco habituales en esta región); así como un sinfín de mariposas, escarabajos y otros insectos.
A principios de 2015 un grupo de vecinos autoconvocados unieron fuerzas para conformarse como "Amigos de la Reserva", con el objetivo en ese momento de frenar cesiones de terreno para iniciativas privadas, sobre todo inmobiliarias.
Uno de los principales logros de ese movimiento fue conseguir que se incluyera la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez en el decreto provincial Nº 2.143/2015 que declara la cuenca del Saladillo como "Reserva Hídrica Provincial" en su totalidad, por su importancia para regular inundaciones locales.
La reserva es uno de los pocos territorios sobrevivientes en la zona del espinal, estrechas franjas que bordeaban los arroyos y ríos de la región pampeana que prácticamente desaparecieron en las últimas décadas. "En la mayoría de los mapas de ecorregiones ya no se la tiene en cuenta y solo perdura en pequeños parches dispersos como es la reserva de Villa Gobernador Gálvez, que por ese motivo tiene un valor como reserva ecológica", explicaron los ambientalistas.
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Proponen suba de impuestos para la agricultura industrial
Santa Fe: un diputado pide subir 100% los impuestos a los productores que aplican agroquímicos y bajarlos a quienes no los usan
Fecha de Publicación: 13/04/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
El diputado provincial (UCR-FPCyS) y exintendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto en la Cámara baja santafesina que propone una mayor carga impositiva sobre inmuebles rurales en los que se utilicen agroquímicos.
La iniciativa establece un recargo del 100% en el pago del impuesto inmobiliario para aquellos titulares de inmuebles rurales en los que, en el marco de su actividad económica, utilicen agroquímicos.
El proyecto del exintendente de Santo Tomé -ciudad vecina a esta capital- está en sintonía con anteriores proyectos de su autoría y apunta a promover la implementación de sistemas de producción agroecológicas en todo el territorio santafesino y desalentar el uso de productos fitosanitarios en explotaciones agrícolas, ganaderas y/o forestales.
En este sentido, el legislador radical, que integra el Frente Progresista que gobierna Santa Fe desde 2007, señaló: "En un primer momento presentamos una iniciativa estableciendo un marco regulatorio para estos sistemas agroecológicos. Luego ingresamos otro proyecto de ley reduciendo hasta el 50% el valor anual a abonar en concepto de impuesto inmobiliario por los titulares de inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción orgánica, conforme a lo dispuesto por la ley nacional N° 25.127".
"Estos proyectos de Ley presentan como objetivos principales, los de preservar los recursos naturales y su biodiversidad, promover la seguridad y salubridad alimentaria, y dignificar el trabajo de las familias agricultoras", añadió el legislador radical.
A la par, Palo Oliver plantea incentivos para que "el trabajo rural preserve el ecosistema" agregando como inciso ñ) del artículo 166 del Código Fiscal (ley 3456 y modificatorias), donde se exime parcialmente (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.217.
"La exención que se instituye a los inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.127, alcanzará al 50% (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario, y procederá en tanto la autoridad tributaria verifique el cumplimiento de las normas fijadas para estos establecimientos", se destaca en el texto de la iniciativa.
"Nos parece que este tipo de incentivos, que no se trata de un balance de ingresos y egresos contables o una simple operación sobre lo que deja de percibir el Estado Provincial, no tiene otro afán que preservar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", subraya el texto que ingresó a la Legislatura para su tratamiento.
Consultada por el programa radial ADN Rural, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, se pronunció "en total desacuerdo" con el proyecto del diputado. "Como mensaje a la sociedad es equivocado y nos saca de un eje de discusión. Tenemos que hablar de buenas prácticas agrícolas", dijo la funcionaria.
Envases de agroquímicos
Vale recordar que el gobierno provincial presentó este año en Expoagro el proyecto de innovación tecnológica para el reciclado de envases de agroquímicos. Se trata de un sistema de gestión sustentable que incluye la limpieza y el reciclado del plástico de envases de agroquímicos y el tratamiento de efluentes generados en el proceso mediante un fotorreactor diseñado a escala para la planta por el equipo del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Intec), instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet Santa Fe, que trabaja en el proyecto junto a la Cooperativa Mixta de Margarita.
La planta tiene un costo total de unos 6 millones de pesos y recibió en 2014 financiamiento de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei), que le permitió iniciar el proyecto y movilizar a su vez otros recursos nacionales y de la Cooperativa local.
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Fecha de Publicación: 13/04/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
El diputado provincial (UCR-FPCyS) y exintendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto en la Cámara baja santafesina que propone una mayor carga impositiva sobre inmuebles rurales en los que se utilicen agroquímicos.
La iniciativa establece un recargo del 100% en el pago del impuesto inmobiliario para aquellos titulares de inmuebles rurales en los que, en el marco de su actividad económica, utilicen agroquímicos.
El proyecto del exintendente de Santo Tomé -ciudad vecina a esta capital- está en sintonía con anteriores proyectos de su autoría y apunta a promover la implementación de sistemas de producción agroecológicas en todo el territorio santafesino y desalentar el uso de productos fitosanitarios en explotaciones agrícolas, ganaderas y/o forestales.
En este sentido, el legislador radical, que integra el Frente Progresista que gobierna Santa Fe desde 2007, señaló: "En un primer momento presentamos una iniciativa estableciendo un marco regulatorio para estos sistemas agroecológicos. Luego ingresamos otro proyecto de ley reduciendo hasta el 50% el valor anual a abonar en concepto de impuesto inmobiliario por los titulares de inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción orgánica, conforme a lo dispuesto por la ley nacional N° 25.127".
"Estos proyectos de Ley presentan como objetivos principales, los de preservar los recursos naturales y su biodiversidad, promover la seguridad y salubridad alimentaria, y dignificar el trabajo de las familias agricultoras", añadió el legislador radical.
A la par, Palo Oliver plantea incentivos para que "el trabajo rural preserve el ecosistema" agregando como inciso ñ) del artículo 166 del Código Fiscal (ley 3456 y modificatorias), donde se exime parcialmente (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.217.
"La exención que se instituye a los inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.127, alcanzará al 50% (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario, y procederá en tanto la autoridad tributaria verifique el cumplimiento de las normas fijadas para estos establecimientos", se destaca en el texto de la iniciativa.
"Nos parece que este tipo de incentivos, que no se trata de un balance de ingresos y egresos contables o una simple operación sobre lo que deja de percibir el Estado Provincial, no tiene otro afán que preservar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", subraya el texto que ingresó a la Legislatura para su tratamiento.
Consultada por el programa radial ADN Rural, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, se pronunció "en total desacuerdo" con el proyecto del diputado. "Como mensaje a la sociedad es equivocado y nos saca de un eje de discusión. Tenemos que hablar de buenas prácticas agrícolas", dijo la funcionaria.
Envases de agroquímicos
Vale recordar que el gobierno provincial presentó este año en Expoagro el proyecto de innovación tecnológica para el reciclado de envases de agroquímicos. Se trata de un sistema de gestión sustentable que incluye la limpieza y el reciclado del plástico de envases de agroquímicos y el tratamiento de efluentes generados en el proceso mediante un fotorreactor diseñado a escala para la planta por el equipo del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Intec), instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet Santa Fe, que trabaja en el proyecto junto a la Cooperativa Mixta de Margarita.
La planta tiene un costo total de unos 6 millones de pesos y recibió en 2014 financiamiento de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei), que le permitió iniciar el proyecto y movilizar a su vez otros recursos nacionales y de la Cooperativa local.
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Amparo ambiental por la paralización de una Refinería
Alerta inflamable
Fecha de Publicación: 09/04/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe
Ante la preocupación por la paralización de la ex Refinería San Lorenzo, y un posible cierre, el diputado nacional Marcos Cleri (FpV) presentó ayer un amparo ambiental en los Tribunales Federales de Rosario, al tiempo que la Afip planteaba al juez del concurso la quiebra de Oil Combustibles. "Hay un peligro concreto de episodios que pueden afectar gravemente el ambiente, incluso de explosiones que pongan en riesgo vidas humanas y el ecosistema todo de la región", señaló el legislador santafesino. Por la continuidad de las 450 fuentes laborales, representantes de los gremios petroleros participarán hoy de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para incluir en la discusión la problemática ambiental, los sindicatos pidieron que asistan a la reunión funcionarios de los ministerios de Energía y Medio Ambiente. "Más allá de cómo termine el proceso concursal, todos los interesados hablan de explotar la planta del puerto olvidándose de la Refinería, produciendo un impacto ambiental en San Lorenzo, pero además poniendo en riesgo hasta la toma de agua de Rosario", advirtió Héctor Brizuela, secretario de Asuntos Legales del Supeh, que acompañó a Cleri en la presentación judicial.
El amparo fue presentado en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, y en la Fiscalía Federal Nº 3, cuya titular es Adriana Saccone. "Pedimos que la justicia ordene la inmediata puesta en funcionamiento de la planta para evitar el riesgo latente de graves perjuicios al ambiente", señaló Cleri luego de la presentación. "Queremos preservar la salud de la población y al mismo tiempo vamos a buscar que los trabajadores mantengan su fuente de trabajo y que no decaiga aún más la actividad económica de la zona", agregó.
El diputado pidió además que se adopte como medida preliminar una pericia de la que surja un informe del impacto y el riesgo ambiental que produce la paralización de la planta, y de los recaudos a tomar para evitar ese impacto y ese riesgo. "Esto va más allá de la continuidad del proceso de quiebra de la empresa, que se tramita en un juzgado de Buenos Aires. El objetivo es que mientras ese proceso se lleva adelante no se ponga en riesgo el ambiente y la salud de la gente", indicó Cleri.
El dirigente del peronismo santafesino dijo que desde el inicio del conflicto promueve la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo, tanto de la ex Refinería como de la planta de asfalto que funciona en el mismo predio. "Resulta estratégica para poder avanzar en la reparación y construcción de rutas y caminos en nuestra provincia y toda la región. Tenemos que cuidar el trabajo santafesino", subrayó.
Según el diputado Cleri, "la salida de la quiebra debe ser la continuidad del trabajo, que debe ser garantizada por los distintos niveles de gobierno de acuerdo con sus posibilidades y responsabilidades". El legislador criticó la "inacción del gobierno provincial".
Los gremios petroleros reiteraron su preocupación ante el riesgo ambiental por tener parada la refinería. Hace unas semanas, inspectores del Ministerio de Trabajo provincial realizaron un informe en el que precisaron que se necesitan al menos 100 operarios para garantizar la seguridad de la planta. Ayer, el Supeh acompañó a Cleri en el amparo ambiental presentado en los Tribunales Federales contra la Afip.
"Pone en riesgo hasta la toma de agua de Rosario porque si se filtran las napas va a llegar hidrocarburo", dijo Brizuela a Rosario/12.
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Fecha de Publicación: 09/04/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe
Ante la preocupación por la paralización de la ex Refinería San Lorenzo, y un posible cierre, el diputado nacional Marcos Cleri (FpV) presentó ayer un amparo ambiental en los Tribunales Federales de Rosario, al tiempo que la Afip planteaba al juez del concurso la quiebra de Oil Combustibles. "Hay un peligro concreto de episodios que pueden afectar gravemente el ambiente, incluso de explosiones que pongan en riesgo vidas humanas y el ecosistema todo de la región", señaló el legislador santafesino. Por la continuidad de las 450 fuentes laborales, representantes de los gremios petroleros participarán hoy de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para incluir en la discusión la problemática ambiental, los sindicatos pidieron que asistan a la reunión funcionarios de los ministerios de Energía y Medio Ambiente. "Más allá de cómo termine el proceso concursal, todos los interesados hablan de explotar la planta del puerto olvidándose de la Refinería, produciendo un impacto ambiental en San Lorenzo, pero además poniendo en riesgo hasta la toma de agua de Rosario", advirtió Héctor Brizuela, secretario de Asuntos Legales del Supeh, que acompañó a Cleri en la presentación judicial.
El amparo fue presentado en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, y en la Fiscalía Federal Nº 3, cuya titular es Adriana Saccone. "Pedimos que la justicia ordene la inmediata puesta en funcionamiento de la planta para evitar el riesgo latente de graves perjuicios al ambiente", señaló Cleri luego de la presentación. "Queremos preservar la salud de la población y al mismo tiempo vamos a buscar que los trabajadores mantengan su fuente de trabajo y que no decaiga aún más la actividad económica de la zona", agregó.
El diputado pidió además que se adopte como medida preliminar una pericia de la que surja un informe del impacto y el riesgo ambiental que produce la paralización de la planta, y de los recaudos a tomar para evitar ese impacto y ese riesgo. "Esto va más allá de la continuidad del proceso de quiebra de la empresa, que se tramita en un juzgado de Buenos Aires. El objetivo es que mientras ese proceso se lleva adelante no se ponga en riesgo el ambiente y la salud de la gente", indicó Cleri.
El dirigente del peronismo santafesino dijo que desde el inicio del conflicto promueve la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo, tanto de la ex Refinería como de la planta de asfalto que funciona en el mismo predio. "Resulta estratégica para poder avanzar en la reparación y construcción de rutas y caminos en nuestra provincia y toda la región. Tenemos que cuidar el trabajo santafesino", subrayó.
Según el diputado Cleri, "la salida de la quiebra debe ser la continuidad del trabajo, que debe ser garantizada por los distintos niveles de gobierno de acuerdo con sus posibilidades y responsabilidades". El legislador criticó la "inacción del gobierno provincial".
Los gremios petroleros reiteraron su preocupación ante el riesgo ambiental por tener parada la refinería. Hace unas semanas, inspectores del Ministerio de Trabajo provincial realizaron un informe en el que precisaron que se necesitan al menos 100 operarios para garantizar la seguridad de la planta. Ayer, el Supeh acompañó a Cleri en el amparo ambiental presentado en los Tribunales Federales contra la Afip.
"Pone en riesgo hasta la toma de agua de Rosario porque si se filtran las napas va a llegar hidrocarburo", dijo Brizuela a Rosario/12.
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Santa Fe encabeza el camino de la "Producción más Limpia"
Santa Fe al frente de Producción más Limpia
Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, participó en Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que se eligieron las autoridades para el período 2018, y los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo. Santa Fe estará al frente de la Comisión de Producción Más Limpia.
El encuentro, realizado el último jueves, fue encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En la oportunidad, se eligió a Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua, como presidente, y a Sergio Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, vicepresidente. La actividad contó con la participación de autoridades de todas las provincias del país.
Además, durante la jornada se estableció el cronograma anual de asambleas ordinarias y extraordinarias y los lineamientos estratégicos para los temas de la agenda anual. La misma incluye una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para un trabajo conjunto con el Ministerio de Agroindustria en relación a buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
También estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, César Mackler.
El Cofema es un espacio de encuentro federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.
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Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, participó en Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que se eligieron las autoridades para el período 2018, y los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo. Santa Fe estará al frente de la Comisión de Producción Más Limpia.
El encuentro, realizado el último jueves, fue encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En la oportunidad, se eligió a Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua, como presidente, y a Sergio Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, vicepresidente. La actividad contó con la participación de autoridades de todas las provincias del país.
Además, durante la jornada se estableció el cronograma anual de asambleas ordinarias y extraordinarias y los lineamientos estratégicos para los temas de la agenda anual. La misma incluye una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para un trabajo conjunto con el Ministerio de Agroindustria en relación a buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
También estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, César Mackler.
El Cofema es un espacio de encuentro federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.
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Santa Fe: riesgo ambiental por una refinería paralizada
Grave riesgo ambiental por la parálisis de la planta de refinería San Lorenzo
Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La parálisis de la planta de Refinería San Lorenzo, propiedad de Oil Combustibles, además de poner en la cuerda floja a alrededor de 500 puestos de trabajo, ahora ha encendido las luces de alarma por el grave riesgo ambiental que acarrearía un cierre desordenado e intempestivo de la actividad productiva. Así lo han alertado profesionales del área de seguridad de la empresa, la Intendencia local y ecologistas, quienes advirtieron sobre las enormes cantidades de material inflamable que permanece en las instalaciones, las consecuencias de que se interrumpan tareas habituales de remediación de antiguos derrames subterráneos y las posibles fugas por corrosión de las instalaciones en caso de que cesen los mantenimientos de rigor.
Esta semana referentes de la seguridad industrial de Oil alertaron al intendente sanlorencino Leonardo Raimundo sobre la situación técnica de la planta tras la paralización de su producción y de los graves riesgos potenciales que entraña su eventual abandono. El gerente de Seguridad y Medio Ambiente, Eduardo Landeira; el gerente de Operaciones, Fabián Pedrido, y el empleado de Mantenimiento, Edgardo Dossena, plantearon al jefe municipal la preocupante situación.
En diálogo con LaCapital, Raimundo remarcó que además de que hay cientos de familias de los trabajadores afectadas: "Estamos hablando de si cierra o no una destilería de petróleo, que no es habitual, no lo vi nunca", y recordó que "una destilería tiene protocolos de apagado y de mantenimiento que requiere personal". Y señaló que "por ejemplo para mantener una guardia de seguridad se necesitan entre 12 y 15 personas por turno, vigilancia, corte de pastizales para evitar incendios, el tema del control perimetral porque son 90 hectáreas en plena zona urbana y con el peligro de que entren desconocidos".
También recordó que, tal como le dijeron los profesionales de la empresa, "la planta no esta vacía: hay miles de metros cúbicos de combustible, hay tanques y un tema ambiental que es que hay 82 perforaciones a la napa sacando permanentemente contaminación de hidrocarburos que están en el subsuelo a causa de derrames lixiviados en 80 años de trabajo". Al respecto, remarcó que "si estas 82 bombas dejan de trabajar porque nadie las mantiene, ni paga el suministro eléctrico, ni las enciende, todo esto iría al arroyo San Lorenzo y al Paraná, y lo mismo pasa en el puerto donde habría una enorme mancha negra en el río". También "hay un sistema de contención de derrames de superficie y si no se trabaja en eso permanentemente se puede llegar a que con la lluvia se derramen de contaminantes".
Actualmente, en Refinería San Lorenzo esta paralizada tanto la producción como el despacho de combustibles ya que los intentos de la firma administradora OP Investments por generar operaciones de comercialización fueron impedidas por la Afip (ver aparte).
Raimundo recordó que "alertamos por la conservación de los puestos de trabajo y por una cuestión de seguridad ya que una planta petrolera por más que esté parada no se garantiza la seguridad si no hay gente trabajando permanentemente". Desde la Intendencia remitieron notas a los ministerios de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación, además de trasladar la preocupación personalmente al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, en la inauguración de una usina en Timbúes.
No obstante, aclararon que "hoy la seguridad esta garantizada porque la empresa pagó los sueldos pero estamos muy preocupados porque la Refinería está rodeada por dos barrios de la ciudad como Malvinas y El Pino", pero por eso "intimamos a una inmediata respuesta y un plan de contingencia que tiene que incluir a los trabajadores para el mantenimiento".
La planta tiene hoy 24.500 litros de combustible en tanques y ductos, además del que periódicamente es retirado de las napas mediante el accionar de 82 bombas para evitar que se derrame y contamine tanto a barrio Norte como al río Paraná.
Ecologistas
Cecilia Bianco vive en el Cordón Industrial y es la coordinadora en lo referido a Tóxicos del Taller Ecologista. Consultada por LaCapital, señaló que "encontramos impactos ambientales que estaban antes, por eso tienen bombas instaladas para extraer el combustible que desde hace muchos años se filtró a las napas, y el seguimiento de esto lo hace la empresa que instaló las bombas y eso sí o sí hay que seguirlo, eso es algo de lo que el municipio está al tanto, y de hecho la empresa le informaba sobre la disminución de la presencia de combustible en las napas". Esta situación se da en la planta y en el puerto.
La especialista también recordó que "estos procesos en los que están líquidos en circulación producen un deterioro de todo lo que es cañerías por lo tanto hay que estar controlando lugares sensibles, y no puede dejar de tener mantenimiento, eso es fundamental porque son productos que están todo el tiempo ocasionando procesos de corrosión".
Bianco advirtió que "es imprescindible que la estructura tenga mantenimiento, estamos en épocas de altas temperaturas y es imposible que la empresa de un día para el otro no produzca más y que las instalaciones queden abandonadas", a la vez que reclamó el accionar del gobierno provincial ya que "la ley de Ambiente de Santa Fe establece que nadie se puede ir sin hacer un plan de cómo va a cerrar la empresa y resolver los pasivos ambientales".
Tensión social
Rubén Pérez, secretario general Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Santa Fe Sur, describió la situación actual en la histórica refinería: "Están dejando caer a esta empresa, los dueños anteriores están presos, la refinería está totalmente paralizada, los contratistas están llevándose las herramientas, no hay producción y no hay venta de combustibles".
El dirigente sindical aseveró que "la empresa no tiene para sueldos ni aportes y menos para indemnizaciones", y que "se terminó todo el producto y no sale un camión con combustibles, se cerró la cañería que va a la ex Pasa (hoy Pampa Energy) con nafta virgen".
Asimismo, describió una tensión social "in crescendo" ya que están siendo afectadas tres ciudades —San Lorenzo, Puerto San Martín y Fray Luis Beltrán— porque los trabajadores están en la ruta 10, que es el acceso norte a San Lorenzo desde la autopista Rosario-Santa Fe. "Están haciendo cortes de la ruta los camioneros, están los petroleros nuestros y los del Supeh, de la Uocra, hay varios gremios, y hay bronca con los camioneros que quieren descargar la cosecha en las cerealeras", señaló.
Por lo pronto, "la empresa pagó el sueldo de febrero pero ya nos avisaron que para el de marzo no tienen un peso". De este modo, la realización del mantenimiento y los controles por este mes están asegurados pero si no se abonan los salarios próximos nadie entrará a trabajar. "Esta refinería tiene muchos productos adentro, cuando la parás queda mucho adentro: hay hornos, combustible, y cantidad de metros cubicos que quedan, pero ¿quién lo cuidará a eso?", se preguntó el gremialista.
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Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La parálisis de la planta de Refinería San Lorenzo, propiedad de Oil Combustibles, además de poner en la cuerda floja a alrededor de 500 puestos de trabajo, ahora ha encendido las luces de alarma por el grave riesgo ambiental que acarrearía un cierre desordenado e intempestivo de la actividad productiva. Así lo han alertado profesionales del área de seguridad de la empresa, la Intendencia local y ecologistas, quienes advirtieron sobre las enormes cantidades de material inflamable que permanece en las instalaciones, las consecuencias de que se interrumpan tareas habituales de remediación de antiguos derrames subterráneos y las posibles fugas por corrosión de las instalaciones en caso de que cesen los mantenimientos de rigor.
Esta semana referentes de la seguridad industrial de Oil alertaron al intendente sanlorencino Leonardo Raimundo sobre la situación técnica de la planta tras la paralización de su producción y de los graves riesgos potenciales que entraña su eventual abandono. El gerente de Seguridad y Medio Ambiente, Eduardo Landeira; el gerente de Operaciones, Fabián Pedrido, y el empleado de Mantenimiento, Edgardo Dossena, plantearon al jefe municipal la preocupante situación.
En diálogo con LaCapital, Raimundo remarcó que además de que hay cientos de familias de los trabajadores afectadas: "Estamos hablando de si cierra o no una destilería de petróleo, que no es habitual, no lo vi nunca", y recordó que "una destilería tiene protocolos de apagado y de mantenimiento que requiere personal". Y señaló que "por ejemplo para mantener una guardia de seguridad se necesitan entre 12 y 15 personas por turno, vigilancia, corte de pastizales para evitar incendios, el tema del control perimetral porque son 90 hectáreas en plena zona urbana y con el peligro de que entren desconocidos".
También recordó que, tal como le dijeron los profesionales de la empresa, "la planta no esta vacía: hay miles de metros cúbicos de combustible, hay tanques y un tema ambiental que es que hay 82 perforaciones a la napa sacando permanentemente contaminación de hidrocarburos que están en el subsuelo a causa de derrames lixiviados en 80 años de trabajo". Al respecto, remarcó que "si estas 82 bombas dejan de trabajar porque nadie las mantiene, ni paga el suministro eléctrico, ni las enciende, todo esto iría al arroyo San Lorenzo y al Paraná, y lo mismo pasa en el puerto donde habría una enorme mancha negra en el río". También "hay un sistema de contención de derrames de superficie y si no se trabaja en eso permanentemente se puede llegar a que con la lluvia se derramen de contaminantes".
Actualmente, en Refinería San Lorenzo esta paralizada tanto la producción como el despacho de combustibles ya que los intentos de la firma administradora OP Investments por generar operaciones de comercialización fueron impedidas por la Afip (ver aparte).
Raimundo recordó que "alertamos por la conservación de los puestos de trabajo y por una cuestión de seguridad ya que una planta petrolera por más que esté parada no se garantiza la seguridad si no hay gente trabajando permanentemente". Desde la Intendencia remitieron notas a los ministerios de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación, además de trasladar la preocupación personalmente al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, en la inauguración de una usina en Timbúes.
No obstante, aclararon que "hoy la seguridad esta garantizada porque la empresa pagó los sueldos pero estamos muy preocupados porque la Refinería está rodeada por dos barrios de la ciudad como Malvinas y El Pino", pero por eso "intimamos a una inmediata respuesta y un plan de contingencia que tiene que incluir a los trabajadores para el mantenimiento".
La planta tiene hoy 24.500 litros de combustible en tanques y ductos, además del que periódicamente es retirado de las napas mediante el accionar de 82 bombas para evitar que se derrame y contamine tanto a barrio Norte como al río Paraná.
Ecologistas
Cecilia Bianco vive en el Cordón Industrial y es la coordinadora en lo referido a Tóxicos del Taller Ecologista. Consultada por LaCapital, señaló que "encontramos impactos ambientales que estaban antes, por eso tienen bombas instaladas para extraer el combustible que desde hace muchos años se filtró a las napas, y el seguimiento de esto lo hace la empresa que instaló las bombas y eso sí o sí hay que seguirlo, eso es algo de lo que el municipio está al tanto, y de hecho la empresa le informaba sobre la disminución de la presencia de combustible en las napas". Esta situación se da en la planta y en el puerto.
La especialista también recordó que "estos procesos en los que están líquidos en circulación producen un deterioro de todo lo que es cañerías por lo tanto hay que estar controlando lugares sensibles, y no puede dejar de tener mantenimiento, eso es fundamental porque son productos que están todo el tiempo ocasionando procesos de corrosión".
Bianco advirtió que "es imprescindible que la estructura tenga mantenimiento, estamos en épocas de altas temperaturas y es imposible que la empresa de un día para el otro no produzca más y que las instalaciones queden abandonadas", a la vez que reclamó el accionar del gobierno provincial ya que "la ley de Ambiente de Santa Fe establece que nadie se puede ir sin hacer un plan de cómo va a cerrar la empresa y resolver los pasivos ambientales".
Tensión social
Rubén Pérez, secretario general Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Santa Fe Sur, describió la situación actual en la histórica refinería: "Están dejando caer a esta empresa, los dueños anteriores están presos, la refinería está totalmente paralizada, los contratistas están llevándose las herramientas, no hay producción y no hay venta de combustibles".
El dirigente sindical aseveró que "la empresa no tiene para sueldos ni aportes y menos para indemnizaciones", y que "se terminó todo el producto y no sale un camión con combustibles, se cerró la cañería que va a la ex Pasa (hoy Pampa Energy) con nafta virgen".
Asimismo, describió una tensión social "in crescendo" ya que están siendo afectadas tres ciudades —San Lorenzo, Puerto San Martín y Fray Luis Beltrán— porque los trabajadores están en la ruta 10, que es el acceso norte a San Lorenzo desde la autopista Rosario-Santa Fe. "Están haciendo cortes de la ruta los camioneros, están los petroleros nuestros y los del Supeh, de la Uocra, hay varios gremios, y hay bronca con los camioneros que quieren descargar la cosecha en las cerealeras", señaló.
Por lo pronto, "la empresa pagó el sueldo de febrero pero ya nos avisaron que para el de marzo no tienen un peso". De este modo, la realización del mantenimiento y los controles por este mes están asegurados pero si no se abonan los salarios próximos nadie entrará a trabajar. "Esta refinería tiene muchos productos adentro, cuando la parás queda mucho adentro: hay hornos, combustible, y cantidad de metros cubicos que quedan, pero ¿quién lo cuidará a eso?", se preguntó el gremialista.
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Santa Fe capital tiene su propio inventario de GEIs
La ciudad elaboró un inventario de gases efecto invernadero
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio fue validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, lo que le permitió a la ciudad obtener el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
Identificar las fuentes de emisión que provocan el calentamiento global constituye una de las acciones primarias que las ciudades deben asumir para diseñar políticas e iniciativas para mejorar el medio ambiente y mitigar los efectos cambio climático. Asumiendo ese compromiso, la ciudad de Santa Fe elaboró su inventario de gases de efecto invernadero, validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, obteniendo así el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
“La ciudad de Santa Fe está decidida a avanzar en políticas de acción frente al cambio climático, y este reconocimiento internacional, a través de un sello que valida el trabajo que viene haciendo el municipio, es un paso más y un motivo de aliento a continuar en esta dirección”, destacó la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna.
En el 2016, la ciudad firmó su adhesión al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, una alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha para mitigar el cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos; al mismo tiempo que integra la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.
Andrea Valsagna explicó que dentro de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad “nos propusimos tener un plan de acción frente al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Esto implica el abordaje de distintas dimensiones y diferentes líneas de acción, como así también la definición de políticas concretas para que Santa Fe esté cada vez mejor preparada”.
En la ciudad, el impacto está referido con la cuestión hidrometeorológica, porque el principal riesgo tiene que ver con las inundaciones, ya sean por lluvias intensas o por la crecida de los ríos.
Validación internacional
Para la realización del inventario y su validación, el Municipio aplicó una metodología específica, GPC (por sus siglas en inglés) diseñada y aceptada internacionalmente para contabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) dentro de un solo año de reporte, a partir del análisis de los datos de consumo de energía, transporte, y residuos sólidos, entre otros indicadores. En este sentido, la funcionaria valoró la medición realizada bajo lineamientos internacionales, “porque nos permiten evaluar y medir concretamente, cómo estamos como ciudad en relación a la emisión de gases de efecto invernadero”.
En esa línea, contó que para su elaboración “tomamos como base el desarrollo que tiene el programa de estadísticas del Municipio, a partir del seguimiento de indicadores en el marco de Santa Fe Cómo Vamos; y en conjunto con el equipo de la Secretaría de Ambiente formulamos los indicadores específicos que nos permitan medir cuál es el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Santa Fe”.
Según los datos de la publicación Santa Fe Cómo Vamos 2016, los resultados en la ciudad de Santa Fe de las emisiones per cápita en 2014, expresadas en toneladas métricas de dióxido de carbono (tonCO2e) fueron de 2,52 tonCO2e, frente a las 9,86 de Argentina y 6,76 del Mundo.
En cuanto a la utilidad del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Valsagna destacó que estos indicadores nos brindan información clave para establecer y definir “hacia donde debemos orientar las políticas y las acciones a nivel local para reducir el impacto del cambio climático, algo que tanto daño puede generar a nosotros y a las generaciones venideras”. Se trata del primer paso para desarrollar el plan de acción, el cual se va a complementar con las políticas de reducción de riesgo que tiene la ciudad.
Los datos del inventario forman parte de la plataforma global carbonn® Climate Registry, que registra los informes de ciudades, pueblos y regiones que abordan el cambio climático. Constituye una ayuda para los gobiernos locales para rastrear e informar sobre sus objetivos, acciones y desempeño. La plataforma permite el intercambio, aprendizaje y evaluación comparativa entre sus más de 950 entidades registradas, al tiempo que proporciona datos que alimentan las negociaciones climáticas globales a través del Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) como punto focal para los gobiernos locales y las autoridades municipales.
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio fue validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, lo que le permitió a la ciudad obtener el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
Identificar las fuentes de emisión que provocan el calentamiento global constituye una de las acciones primarias que las ciudades deben asumir para diseñar políticas e iniciativas para mejorar el medio ambiente y mitigar los efectos cambio climático. Asumiendo ese compromiso, la ciudad de Santa Fe elaboró su inventario de gases de efecto invernadero, validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, obteniendo así el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
“La ciudad de Santa Fe está decidida a avanzar en políticas de acción frente al cambio climático, y este reconocimiento internacional, a través de un sello que valida el trabajo que viene haciendo el municipio, es un paso más y un motivo de aliento a continuar en esta dirección”, destacó la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna.
En el 2016, la ciudad firmó su adhesión al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, una alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha para mitigar el cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos; al mismo tiempo que integra la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.
Andrea Valsagna explicó que dentro de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad “nos propusimos tener un plan de acción frente al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Esto implica el abordaje de distintas dimensiones y diferentes líneas de acción, como así también la definición de políticas concretas para que Santa Fe esté cada vez mejor preparada”.
En la ciudad, el impacto está referido con la cuestión hidrometeorológica, porque el principal riesgo tiene que ver con las inundaciones, ya sean por lluvias intensas o por la crecida de los ríos.
Validación internacional
Para la realización del inventario y su validación, el Municipio aplicó una metodología específica, GPC (por sus siglas en inglés) diseñada y aceptada internacionalmente para contabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) dentro de un solo año de reporte, a partir del análisis de los datos de consumo de energía, transporte, y residuos sólidos, entre otros indicadores. En este sentido, la funcionaria valoró la medición realizada bajo lineamientos internacionales, “porque nos permiten evaluar y medir concretamente, cómo estamos como ciudad en relación a la emisión de gases de efecto invernadero”.
En esa línea, contó que para su elaboración “tomamos como base el desarrollo que tiene el programa de estadísticas del Municipio, a partir del seguimiento de indicadores en el marco de Santa Fe Cómo Vamos; y en conjunto con el equipo de la Secretaría de Ambiente formulamos los indicadores específicos que nos permitan medir cuál es el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Santa Fe”.
Según los datos de la publicación Santa Fe Cómo Vamos 2016, los resultados en la ciudad de Santa Fe de las emisiones per cápita en 2014, expresadas en toneladas métricas de dióxido de carbono (tonCO2e) fueron de 2,52 tonCO2e, frente a las 9,86 de Argentina y 6,76 del Mundo.
En cuanto a la utilidad del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Valsagna destacó que estos indicadores nos brindan información clave para establecer y definir “hacia donde debemos orientar las políticas y las acciones a nivel local para reducir el impacto del cambio climático, algo que tanto daño puede generar a nosotros y a las generaciones venideras”. Se trata del primer paso para desarrollar el plan de acción, el cual se va a complementar con las políticas de reducción de riesgo que tiene la ciudad.
Los datos del inventario forman parte de la plataforma global carbonn® Climate Registry, que registra los informes de ciudades, pueblos y regiones que abordan el cambio climático. Constituye una ayuda para los gobiernos locales para rastrear e informar sobre sus objetivos, acciones y desempeño. La plataforma permite el intercambio, aprendizaje y evaluación comparativa entre sus más de 950 entidades registradas, al tiempo que proporciona datos que alimentan las negociaciones climáticas globales a través del Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) como punto focal para los gobiernos locales y las autoridades municipales.
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Criterios ambientales en la nueva traza Rosario y Victoria
Ruta a Victoria: piden estudios ambientales ante una doble traza
Fecha de Publicación: 07/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El reiterado pedido de las intendencias de Rosario y Victoria encuentra eco entre organizaciones que reclaman respetar la normativa.
Los reiterados reclamos de las intendencias de Rosario y Victoria para ampliar la traza de la ruta que une a las dos ciudades no parece haber tenido en cuenta hasta ahora los criterios ambientales que, por ley, debería contemplar esa conexión vial, que atraviesa 60 kilómetros de área protegida (en los papeles).
La ausencia de dispositivos para que se desplace la fauna que puebla las islas, de controles de velocidad, de información sobre las particularidades de esa ruta y de control a los centenares de paseantes que paran en las banquinas para pescar, cazar o acampar (todo lo cual está prohibido) son algunas de las anomalías que a diario pueden verse y que ayudan a que esa ruta sea un espanto vial, además de ambiental.
Hace pocos días, en ocasión del Día de los Humedales (2 de febrero), desde el grupo ambientalista El Paraná No se Toca (EPNST) hicieron público un petitorio para pedir a las autoridades —ministerios de Transporte y de Ambiente de Nación, gobernaciones de Santa Fe y Entre Ríos, concesionaria Caminos del río Uruguay y municipalidad de Victoria— la realización de una evaluación de impacto ambiental y la construcción de corredores biológicos para proteger la fauna silvestre en esa conexión vial.
Un reclamo actualizado
El reclamo, que en rigor es antiguo, se actualizó ante los renovados pedidos de los gobiernos locales para ampliar esa ruta que está colapsada y que se convierte en una trampa vial para los miles de automóviles que a diario la utilizan.
Los ambientalistas de ambas orillas (EPNST del lado santafesino, Guardianes de Victoria, en costas entrerrianas) recordaron que existe una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación de finales de 2016 donde se insta al concesionario y a los actores estatales a ocuparse del cuidado de la fauna al ser una zona natural protegida.
En ese informe, el órgano nacional denunció que el trazado vial no cumple ninguno de los criterios ambientales que debería respetar: los puentes no contemplan el paso de fauna silvestre, los alambrados que delimitan la ruta no son los adecuados, hay nula o escasa señalización que advierta sobre la presencia de animales y son nulos o escasos los controles de velocidad.
Zona protegida
La ruta a Victoria tiene 60 kilómetros de largo y cuenta con 12 puentes en zona de islas vinculados entre sí mediante terraplenes. Ese área es una transición entre las porciones Superior y Media del Delta del Paraná, una zona extremadamente rica desde el punto de vista ambiental al contar con una riqueza de fauna silvestre estimada en 243 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
La conexión vial afecta de manera directa los flujos naturales en alrededor de 376 mil hectáreas de islas, declaradas como reserva de usos múltiples de acuerdo a la ley de Areas Naturales Protegidas de la provincia de Entre Ríos.
En el petitorio elevado a las autoridades, los integrantes de EPNST recordaron que originalmente la traza había sido pensada sobre pilotes, aunque finalmente se realizó mayoritariamente sobre terraplenes "desoyendo las recomendaciones de las evaluaciones de impacto ambiental".
"En la actualidad la conexión vial no cuenta con corredores específicos por donde los animales puedan cruzar sin tener que sufrir el trágico destino de morir atropellados por el intenso tránsito vehicular, causando además riesgos para la circulación".
Por ese motivo desde esa organización exhortaron a que se avance con una nueva evaluación de impacto ambiental y con la construcción de corredores biológicos "que garanticen la transitabilidad de la fauna autóctona evitando así los accidentes vehiculares y la muerte de los animales".
Los continuos accidentes en la ruta llevaron a las autoridades de ambas orillas a reclamar. Desde las ONG piden que toda obra que se lleve adelante contemple las consecuencias sobre el medio.
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Fecha de Publicación: 07/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El reiterado pedido de las intendencias de Rosario y Victoria encuentra eco entre organizaciones que reclaman respetar la normativa.
Los reiterados reclamos de las intendencias de Rosario y Victoria para ampliar la traza de la ruta que une a las dos ciudades no parece haber tenido en cuenta hasta ahora los criterios ambientales que, por ley, debería contemplar esa conexión vial, que atraviesa 60 kilómetros de área protegida (en los papeles).
La ausencia de dispositivos para que se desplace la fauna que puebla las islas, de controles de velocidad, de información sobre las particularidades de esa ruta y de control a los centenares de paseantes que paran en las banquinas para pescar, cazar o acampar (todo lo cual está prohibido) son algunas de las anomalías que a diario pueden verse y que ayudan a que esa ruta sea un espanto vial, además de ambiental.
Hace pocos días, en ocasión del Día de los Humedales (2 de febrero), desde el grupo ambientalista El Paraná No se Toca (EPNST) hicieron público un petitorio para pedir a las autoridades —ministerios de Transporte y de Ambiente de Nación, gobernaciones de Santa Fe y Entre Ríos, concesionaria Caminos del río Uruguay y municipalidad de Victoria— la realización de una evaluación de impacto ambiental y la construcción de corredores biológicos para proteger la fauna silvestre en esa conexión vial.
Un reclamo actualizado
El reclamo, que en rigor es antiguo, se actualizó ante los renovados pedidos de los gobiernos locales para ampliar esa ruta que está colapsada y que se convierte en una trampa vial para los miles de automóviles que a diario la utilizan.
Los ambientalistas de ambas orillas (EPNST del lado santafesino, Guardianes de Victoria, en costas entrerrianas) recordaron que existe una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación de finales de 2016 donde se insta al concesionario y a los actores estatales a ocuparse del cuidado de la fauna al ser una zona natural protegida.
En ese informe, el órgano nacional denunció que el trazado vial no cumple ninguno de los criterios ambientales que debería respetar: los puentes no contemplan el paso de fauna silvestre, los alambrados que delimitan la ruta no son los adecuados, hay nula o escasa señalización que advierta sobre la presencia de animales y son nulos o escasos los controles de velocidad.
Zona protegida
La ruta a Victoria tiene 60 kilómetros de largo y cuenta con 12 puentes en zona de islas vinculados entre sí mediante terraplenes. Ese área es una transición entre las porciones Superior y Media del Delta del Paraná, una zona extremadamente rica desde el punto de vista ambiental al contar con una riqueza de fauna silvestre estimada en 243 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
La conexión vial afecta de manera directa los flujos naturales en alrededor de 376 mil hectáreas de islas, declaradas como reserva de usos múltiples de acuerdo a la ley de Areas Naturales Protegidas de la provincia de Entre Ríos.
En el petitorio elevado a las autoridades, los integrantes de EPNST recordaron que originalmente la traza había sido pensada sobre pilotes, aunque finalmente se realizó mayoritariamente sobre terraplenes "desoyendo las recomendaciones de las evaluaciones de impacto ambiental".
"En la actualidad la conexión vial no cuenta con corredores específicos por donde los animales puedan cruzar sin tener que sufrir el trágico destino de morir atropellados por el intenso tránsito vehicular, causando además riesgos para la circulación".
Por ese motivo desde esa organización exhortaron a que se avance con una nueva evaluación de impacto ambiental y con la construcción de corredores biológicos "que garanticen la transitabilidad de la fauna autóctona evitando así los accidentes vehiculares y la muerte de los animales".
Los continuos accidentes en la ruta llevaron a las autoridades de ambas orillas a reclamar. Desde las ONG piden que toda obra que se lleve adelante contemple las consecuencias sobre el medio.
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Córdoba y Santa Fe acuerdan trabajar sobre cuencas
Acuerdo Córdoba, Santa Fe y Nación por cuencas hídricas ante el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Se firmó el convenio esta tarde en Casa Rosada con la presencia de los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz y Oscar Gónzalez (a cargo del Ejecutivo cordobés) y el ministro Rogelio Frigerio.
A través de un convenio, las dos provincias y el Gobierno nacional dispusieron la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú (Cavicu), el cual se complementa con el de Carcarañá, donde ya se iniciaron obras como la del canal San Antonio.
El acuerdo fue rubricado en la tarde de hoy en Casa Rosada por el titular de la Legislatura de Córdoba, en ejercicio del Ejecutivo, Oscar González, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Dicho comité tiene como objetivos promover la gestión coordinada y racional de sus recursos hídricos mediante planes, proyectos y obras orientados a la solución de las inundaciones, anegamientos, sequías, contaminación de las aguas y otras eventualidades vinculadas con la gestión del agua que pudieran presentarse en la cuenca, detallaron desde la cartera nacional.
El flamante organismo funcionará como máxima instancia de cooperación entre las partes y tendrá un nivel de decisiones políticas -a nivel Consejo de Gobierno- integrado por los gobernadores de las dos provincias y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, se sumará un Comité Técnico integrado por un representante de cada jurisdicción provincial y un representante de la cartera nacional.
“La creación del comité permitirá que las provincias y el Gobierno nacional trabajen juntos para tener un mejor manejo de las cuencas hídricas y en la adaptación al cambio climático. Este comité se complementa con los ya creados como el de Carcarañá donde ya hemos comenzado obras importantes como la de Canal San Antonio”, expresó el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien formó parte de la reunión en Casa de Gobierno.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Se firmó el convenio esta tarde en Casa Rosada con la presencia de los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz y Oscar Gónzalez (a cargo del Ejecutivo cordobés) y el ministro Rogelio Frigerio.
A través de un convenio, las dos provincias y el Gobierno nacional dispusieron la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú (Cavicu), el cual se complementa con el de Carcarañá, donde ya se iniciaron obras como la del canal San Antonio.
El acuerdo fue rubricado en la tarde de hoy en Casa Rosada por el titular de la Legislatura de Córdoba, en ejercicio del Ejecutivo, Oscar González, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Dicho comité tiene como objetivos promover la gestión coordinada y racional de sus recursos hídricos mediante planes, proyectos y obras orientados a la solución de las inundaciones, anegamientos, sequías, contaminación de las aguas y otras eventualidades vinculadas con la gestión del agua que pudieran presentarse en la cuenca, detallaron desde la cartera nacional.
El flamante organismo funcionará como máxima instancia de cooperación entre las partes y tendrá un nivel de decisiones políticas -a nivel Consejo de Gobierno- integrado por los gobernadores de las dos provincias y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, se sumará un Comité Técnico integrado por un representante de cada jurisdicción provincial y un representante de la cartera nacional.
“La creación del comité permitirá que las provincias y el Gobierno nacional trabajen juntos para tener un mejor manejo de las cuencas hídricas y en la adaptación al cambio climático. Este comité se complementa con los ya creados como el de Carcarañá donde ya hemos comenzado obras importantes como la de Canal San Antonio”, expresó el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien formó parte de la reunión en Casa de Gobierno.
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Rosario con 674 mil m2 de construcciones sustentables
La ciudad ya suma 674 mil metros cuadrados de construcciones sustentables
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Santa Fe: bajan los desmontes (Ya no hay nada que talar)
La tasa de deforestación en Santa Fe fue la más baja en la última década
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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La UNL experimenta en producir biohidrógeno
Buscan producir biohidrógeno a partir de residuos agrícolas
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.
Investigadores santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus derivados.
Se trata de un trabajo del Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del Instituto de Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. “Las energías renovables son todo lo contrario al petróleo y permiten generar recursos a partir de materia prima que no se agote. En nuestro caso trabajamos con biomasa, que es una de las más estudiadas en este momento en Argentina, ya que producimos muchos residuos agrícolas. La biomasa está transformando el mundo y nosotros trabajamos en lo que se conoce como Química Verde”, explicó Carlos Apesteguía, director del equipo que componen también Eugenia Sad y Hernán Duarte.
La clave de la investigación reside en la catálisis, que implica la utilización de compuestos químicos para acelerar reacciones, en este caso producir biohidrógeno.
Biomasa
Existen dos tipos de biomasa: la que sirve para consumo humano, lo que implica que no sea sustentable para usar como energía; y la biomasa de desechos, que es la que utiliza el grupo de investigación para generar combustible. “Estudiamos la posibilidad de obtener un vector energético diferente de las naftas. El hidrógeno es la molécula más liviana que existe, pero es un combustible muy eficaz, ya que un kilo contiene tres veces más energía que un kilo de nafta. También es un importante insumo en la industria química”, apuntó Apesteguía.
Actualmente, en el mundo se producen 550 mil millones de metros cúbicos de hidrógeno por año, de los cuales 96% se obtiene por reformado de combustibles fósiles (48% gas natural, 30% del petróleo y 18% del carbón) con vapor de agua. Sin embargo, el hidrógeno será una solución viable sólo cuando se obtenga a partir de recursos renovables.
“Todos los desechos agrícolas del arroz, del trigo, de los árboles, por ejemplo, poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, que sirven para extraer azúcares de cinco (pentosas) y seis carbonos (hexosas). Mediante un proceso catalítico, trabajamos para extraer una molécula de hidrógeno”, sintetizó Duarte, que elaboró su tesis de doctorado sobre el tema.
Se trata de un proceso novedoso, que no tiene antecedentes en el país, que aspira a ser eficiente técnicamente a partir de los residuos, renovable, no contaminante y cuyo resultado sea la obtención de hidrógeno puro. “El biohidrógeno se puede utilizar como combustible para el transporte o como insumo para las refinerías, entre otro usos”, continuó Sad.
Catalizador
El sistema, denominado Reformado en Fase Acuosa, implica el uso de un reactor que procesa azúcar y la aplicación de un compuesto que acelera la reacción (el catalizador) para convertirla en una parte líquida y una parte gaseosa, el hidrógeno. “El catalizador posee sólo entre 1% y 3% de platino, por lo cual no es costoso. El desafío de nuestro trabajo es lograr producir más hidrógeno con la menor cantidad de catalizador y que éste se pueda reutilizar muchas veces. Hasta el momento obtuvimos muy buenos resultados”, finalizó Apesteguía.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.
Investigadores santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus derivados.
Se trata de un trabajo del Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del Instituto de Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. “Las energías renovables son todo lo contrario al petróleo y permiten generar recursos a partir de materia prima que no se agote. En nuestro caso trabajamos con biomasa, que es una de las más estudiadas en este momento en Argentina, ya que producimos muchos residuos agrícolas. La biomasa está transformando el mundo y nosotros trabajamos en lo que se conoce como Química Verde”, explicó Carlos Apesteguía, director del equipo que componen también Eugenia Sad y Hernán Duarte.
La clave de la investigación reside en la catálisis, que implica la utilización de compuestos químicos para acelerar reacciones, en este caso producir biohidrógeno.
Biomasa
Existen dos tipos de biomasa: la que sirve para consumo humano, lo que implica que no sea sustentable para usar como energía; y la biomasa de desechos, que es la que utiliza el grupo de investigación para generar combustible. “Estudiamos la posibilidad de obtener un vector energético diferente de las naftas. El hidrógeno es la molécula más liviana que existe, pero es un combustible muy eficaz, ya que un kilo contiene tres veces más energía que un kilo de nafta. También es un importante insumo en la industria química”, apuntó Apesteguía.
Actualmente, en el mundo se producen 550 mil millones de metros cúbicos de hidrógeno por año, de los cuales 96% se obtiene por reformado de combustibles fósiles (48% gas natural, 30% del petróleo y 18% del carbón) con vapor de agua. Sin embargo, el hidrógeno será una solución viable sólo cuando se obtenga a partir de recursos renovables.
“Todos los desechos agrícolas del arroz, del trigo, de los árboles, por ejemplo, poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, que sirven para extraer azúcares de cinco (pentosas) y seis carbonos (hexosas). Mediante un proceso catalítico, trabajamos para extraer una molécula de hidrógeno”, sintetizó Duarte, que elaboró su tesis de doctorado sobre el tema.
Se trata de un proceso novedoso, que no tiene antecedentes en el país, que aspira a ser eficiente técnicamente a partir de los residuos, renovable, no contaminante y cuyo resultado sea la obtención de hidrógeno puro. “El biohidrógeno se puede utilizar como combustible para el transporte o como insumo para las refinerías, entre otro usos”, continuó Sad.
Catalizador
El sistema, denominado Reformado en Fase Acuosa, implica el uso de un reactor que procesa azúcar y la aplicación de un compuesto que acelera la reacción (el catalizador) para convertirla en una parte líquida y una parte gaseosa, el hidrógeno. “El catalizador posee sólo entre 1% y 3% de platino, por lo cual no es costoso. El desafío de nuestro trabajo es lograr producir más hidrógeno con la menor cantidad de catalizador y que éste se pueda reutilizar muchas veces. Hasta el momento obtuvimos muy buenos resultados”, finalizó Apesteguía.
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Datos preocupantes de la gestión de RSU en Santa Fe
Santa Fe genera un 26 % más de basura que hace 5 años pero se recupera menos
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
En 2011 se recolectaron casi 132 mil toneladas y en 2016, 167 mil (26% más). La política de separación en domicilio no está funcionando bien: año a año hay una permanente disminución de las toneladas ingresadas a la planta de recuperación: 6.500 en 2011 y 2.800 en 2016.
El Municipio busca nuevas estrategias para optimizar la gestión general de los residuos. Incorporará tecnología al servicio de recolección, hará un seguimiento firme de microbasurales y lanzará nuevas campañas de difusión porque “el vecino es el socio principal”, sostienen.
La gestión de los residuos sólidos que genera la ciudadanía santafesina tiene varios desafíos por delante. La cantidad de basura que llega al relleno sanitario se ha incrementado en los últimos años -un 26 % más entre 2011 y 2016-, la separación en domicilio entre húmedo y seco viene en caída -ingresó un 32% menos en 2016 respecto a 2014- y no se han logrado erradicar los microbasurales ni la actividad de recolectores informales. El problema está tanto en el proceso de recolección y tratamiento, como en la generación. Es decir, involucra al Estado -que debe impulsar las políticas y ejercer el control- pero también a los vecinos -sucios, descuidados y descomprometidos, en muchos casos.
En la Municipalidad lo saben (todos los datos están compilados en el último Santa Fe Cómo Vamos (2016), que elaboraron junto con la Bolsa de Comercio). Por eso es uno de los principales ejes de trabajo -con objetivos y plazos de acción- en la Estrategia de Resiliencia que presentó el año pasado en el marco del Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller. Además, en diciembre elevaron de categoría a la anterior Subsecretaría de Ambiente -que ahora es Secretaría-, con varias metas por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto cualitativo en sus políticas ambientales, al inaugurar la nueva planta de relleno sanitario, al oeste de la circunvalación, e implementar la separación en origen con días distintos para sacar residuos secos y húmedos. Si bien no hay una normativa que obligue a hacerlo, y multe a quien no cumpla, el servicio de recolección diferenciada sí está garantizado para toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo fuertes campañas de concientización que lograron una alta adhesión inicial de la ciudadanía. Luego todo se relajó y el entusiasmo inicial se diluyó: el primer año (2011) ingresaron a la planta de recuperación 6.543 toneladas; en 2016, 2.868. Pero a su vez, el material recuperado y comercializado también viene disminuyendo: 951 tn en 2011 contra 650 en 2016. Mientras tanto, al relleno ingresa cada vez más basura: 131.977 tn en 2011, 167.033 tn en 2016. (Ver cuadro) Aquí es necesario aclarar dos puntos: por un lado, localidades del departamento La Capital comenzaron a arrojar su basura en el relleno sanitario, algunas en forma esporádica (como Rincón, que lo hizo en épocas de crecidas); por otro, ha aumentado la recolección de grandes generadores que antes usaban cavas o terrenos baldíos para deshacerse de sus residuos.
Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. “Vamos a aprovechar el camino recorrido y todo lo que se ha avanzado en gestión de residuos sólidos urbanos, pero también tenemos la necesidad de afrontar nuevos desafíos”, afirma mientras delinea los dos ejes principales sobre los que apoyará todas las políticas planteadas: mejorar el servicio que prestan las empresas y el propio municipio y sensibilizar para llegar con mejor información a los vecinos, que “son los principales socios”.
La incorporación de tecnología en el servicio de recolección será clave para optimizar el control, que hoy se realiza, básicamente, con verificadores: “Necesitamos tener elementos fiables y diseñar indicadores para conocer con mayor certeza lo que efectivamente hacen las empresas y el propio municipio”. Para eso se sumará un sistema informático diseñado específicamente para que el control sea más fiable y rápido, permita tomar decisiones en tiempo real y genere indicadores para evaluar el sistema y hacer modificaciones. “Con tecnología se puede saber si efectivamente los camiones pasan por las zonas pautadas, y si no pasan ver por qué”, citó como ejemplo.
Respecto a la separación en origen “no es buena hoy, ése es el diagnóstico, se puede mejorar y tiene un gran potencial”, se sinceró el funcionario. “La basura a la planta llega sucia, es decir mal separada, y no se puede aprovechar”, agregó. La idea es relanzar, en marzo, campañas de concientización para involucrar a más zonas de la ciudad e insistir con la colocación de cestos en altura.
La recolección de montones y el proceso de barrido también tienen dificultades. “Estamos rediseñando estas tareas, tanto en lugares como en la forma en que se realiza”. Una de las medidas que se evalúa es establecer días y horarios en los que se cambie la mano de estacionamiento de los autos para favorecer la limpieza. “Estamos muestreando algunas zonas para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los microbasurales, que por lo general se forman por residuos domiciliarios o restos que dejan recolectores informales en barrios del oeste, el norte y algunos de la Costa. Desmejoran el paisaje pero a la vez generan focos infecciosos y problemas ambientales.
Cejas contó que comenzaron a trabajar con los coordinadores de distrito en identificar “los focos sucios” e implementar un procedimiento para “lograr su saneamiento definitivo. Hoy se recogen pero no se está investigando por qué ocurren y eso es lo que queremos hacer”. Las hipótesis son muchas: “A veces hay dificultades para que ingrese el camión, o hay problemas de calles, de cableado, de seguridad, puede ocurrir por la falta de cestos en altura; lo que vamos a hacer es intervenir en cuáles son las causas y trabajar en un compromiso fuerte de los vecinos, involucrando instituciones, clubes, etc., para que la solución que se le dé sea sostenida en el tiempo y no tener que ir permanentemente con la pala a juntar esos montículos”, explicó.
En barrios del este, centro y norte lo que más se detecta son los montículos de ramas, escombros y muebles: “Se sacan a cualquier hora porque la mayoría de los problemas que tenemos es por falta de información de los vecinos”, cerró el funcionario.
Mientras prepara un diagnóstico certero, que reconozca las fortalezas y debilidades, la Secretaría de Ambiente buscará optimizar la gestión de los residuos que produce la ciudad y mejorar su limpieza, de la mano de una fuerte campaña de educación y sensibilización que genere compromiso en los vecinos.
La separación, a mitad de camino
A partir de datos del Panel de Hogares del Observatorio Social de la UNL, onda 2016/2017, se presenta que para un total de 1.052 hogares consultados, el 59,9% de los mismos manifiesta que realiza la separación de residuos en el hogar mientras que el 39,9% expone que no la realizada, el 0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo de hogares que no realizan la separación de basura domiciliaria, se tiene que el 40,2% sostiene que le cuesta habituarse a hacerlo, el 19,2% no le interesa /no quiere, el 15,1% de los encuestados señala que no se recoge los residuos es su zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligatoria la separación de residuos en toda la ciudad?, el 73,4% de los consultados señala que sí, el 15,8% expone que no y, el 10,8% es Ns/Nc.
Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y ramas caídas se acumulan en muchas calles de la costa a la espera de que el servicio municipal los traslade hasta la planta de relleno sanitario, ubicada en el otro extremo de la ciudad. “No es racional hacer ese traslado, genera mucho volumen y no hace eficiente el sistema de recolección de verde”, afirmó el secretario de Ambiente, Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una planta de procesamiento de residuo verde en la zona, y de ahí obtener material para compostaje y chipeado (una cubierta protectora de materia orgánica que se extiende sobre el suelo), que luego se reutiliza en espacios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay que hacer una inversión pero en el mediano plazo resulta redituable antes de tener que seguir trasladando grandes distancias este tipo de residuos”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
En 2011 se recolectaron casi 132 mil toneladas y en 2016, 167 mil (26% más). La política de separación en domicilio no está funcionando bien: año a año hay una permanente disminución de las toneladas ingresadas a la planta de recuperación: 6.500 en 2011 y 2.800 en 2016.
El Municipio busca nuevas estrategias para optimizar la gestión general de los residuos. Incorporará tecnología al servicio de recolección, hará un seguimiento firme de microbasurales y lanzará nuevas campañas de difusión porque “el vecino es el socio principal”, sostienen.
La gestión de los residuos sólidos que genera la ciudadanía santafesina tiene varios desafíos por delante. La cantidad de basura que llega al relleno sanitario se ha incrementado en los últimos años -un 26 % más entre 2011 y 2016-, la separación en domicilio entre húmedo y seco viene en caída -ingresó un 32% menos en 2016 respecto a 2014- y no se han logrado erradicar los microbasurales ni la actividad de recolectores informales. El problema está tanto en el proceso de recolección y tratamiento, como en la generación. Es decir, involucra al Estado -que debe impulsar las políticas y ejercer el control- pero también a los vecinos -sucios, descuidados y descomprometidos, en muchos casos.
En la Municipalidad lo saben (todos los datos están compilados en el último Santa Fe Cómo Vamos (2016), que elaboraron junto con la Bolsa de Comercio). Por eso es uno de los principales ejes de trabajo -con objetivos y plazos de acción- en la Estrategia de Resiliencia que presentó el año pasado en el marco del Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller. Además, en diciembre elevaron de categoría a la anterior Subsecretaría de Ambiente -que ahora es Secretaría-, con varias metas por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto cualitativo en sus políticas ambientales, al inaugurar la nueva planta de relleno sanitario, al oeste de la circunvalación, e implementar la separación en origen con días distintos para sacar residuos secos y húmedos. Si bien no hay una normativa que obligue a hacerlo, y multe a quien no cumpla, el servicio de recolección diferenciada sí está garantizado para toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo fuertes campañas de concientización que lograron una alta adhesión inicial de la ciudadanía. Luego todo se relajó y el entusiasmo inicial se diluyó: el primer año (2011) ingresaron a la planta de recuperación 6.543 toneladas; en 2016, 2.868. Pero a su vez, el material recuperado y comercializado también viene disminuyendo: 951 tn en 2011 contra 650 en 2016. Mientras tanto, al relleno ingresa cada vez más basura: 131.977 tn en 2011, 167.033 tn en 2016. (Ver cuadro) Aquí es necesario aclarar dos puntos: por un lado, localidades del departamento La Capital comenzaron a arrojar su basura en el relleno sanitario, algunas en forma esporádica (como Rincón, que lo hizo en épocas de crecidas); por otro, ha aumentado la recolección de grandes generadores que antes usaban cavas o terrenos baldíos para deshacerse de sus residuos.
Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. “Vamos a aprovechar el camino recorrido y todo lo que se ha avanzado en gestión de residuos sólidos urbanos, pero también tenemos la necesidad de afrontar nuevos desafíos”, afirma mientras delinea los dos ejes principales sobre los que apoyará todas las políticas planteadas: mejorar el servicio que prestan las empresas y el propio municipio y sensibilizar para llegar con mejor información a los vecinos, que “son los principales socios”.
La incorporación de tecnología en el servicio de recolección será clave para optimizar el control, que hoy se realiza, básicamente, con verificadores: “Necesitamos tener elementos fiables y diseñar indicadores para conocer con mayor certeza lo que efectivamente hacen las empresas y el propio municipio”. Para eso se sumará un sistema informático diseñado específicamente para que el control sea más fiable y rápido, permita tomar decisiones en tiempo real y genere indicadores para evaluar el sistema y hacer modificaciones. “Con tecnología se puede saber si efectivamente los camiones pasan por las zonas pautadas, y si no pasan ver por qué”, citó como ejemplo.
Respecto a la separación en origen “no es buena hoy, ése es el diagnóstico, se puede mejorar y tiene un gran potencial”, se sinceró el funcionario. “La basura a la planta llega sucia, es decir mal separada, y no se puede aprovechar”, agregó. La idea es relanzar, en marzo, campañas de concientización para involucrar a más zonas de la ciudad e insistir con la colocación de cestos en altura.
La recolección de montones y el proceso de barrido también tienen dificultades. “Estamos rediseñando estas tareas, tanto en lugares como en la forma en que se realiza”. Una de las medidas que se evalúa es establecer días y horarios en los que se cambie la mano de estacionamiento de los autos para favorecer la limpieza. “Estamos muestreando algunas zonas para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los microbasurales, que por lo general se forman por residuos domiciliarios o restos que dejan recolectores informales en barrios del oeste, el norte y algunos de la Costa. Desmejoran el paisaje pero a la vez generan focos infecciosos y problemas ambientales.
Cejas contó que comenzaron a trabajar con los coordinadores de distrito en identificar “los focos sucios” e implementar un procedimiento para “lograr su saneamiento definitivo. Hoy se recogen pero no se está investigando por qué ocurren y eso es lo que queremos hacer”. Las hipótesis son muchas: “A veces hay dificultades para que ingrese el camión, o hay problemas de calles, de cableado, de seguridad, puede ocurrir por la falta de cestos en altura; lo que vamos a hacer es intervenir en cuáles son las causas y trabajar en un compromiso fuerte de los vecinos, involucrando instituciones, clubes, etc., para que la solución que se le dé sea sostenida en el tiempo y no tener que ir permanentemente con la pala a juntar esos montículos”, explicó.
En barrios del este, centro y norte lo que más se detecta son los montículos de ramas, escombros y muebles: “Se sacan a cualquier hora porque la mayoría de los problemas que tenemos es por falta de información de los vecinos”, cerró el funcionario.
Mientras prepara un diagnóstico certero, que reconozca las fortalezas y debilidades, la Secretaría de Ambiente buscará optimizar la gestión de los residuos que produce la ciudad y mejorar su limpieza, de la mano de una fuerte campaña de educación y sensibilización que genere compromiso en los vecinos.
La separación, a mitad de camino
A partir de datos del Panel de Hogares del Observatorio Social de la UNL, onda 2016/2017, se presenta que para un total de 1.052 hogares consultados, el 59,9% de los mismos manifiesta que realiza la separación de residuos en el hogar mientras que el 39,9% expone que no la realizada, el 0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo de hogares que no realizan la separación de basura domiciliaria, se tiene que el 40,2% sostiene que le cuesta habituarse a hacerlo, el 19,2% no le interesa /no quiere, el 15,1% de los encuestados señala que no se recoge los residuos es su zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligatoria la separación de residuos en toda la ciudad?, el 73,4% de los consultados señala que sí, el 15,8% expone que no y, el 10,8% es Ns/Nc.
Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y ramas caídas se acumulan en muchas calles de la costa a la espera de que el servicio municipal los traslade hasta la planta de relleno sanitario, ubicada en el otro extremo de la ciudad. “No es racional hacer ese traslado, genera mucho volumen y no hace eficiente el sistema de recolección de verde”, afirmó el secretario de Ambiente, Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una planta de procesamiento de residuo verde en la zona, y de ahí obtener material para compostaje y chipeado (una cubierta protectora de materia orgánica que se extiende sobre el suelo), que luego se reutiliza en espacios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay que hacer una inversión pero en el mediano plazo resulta redituable antes de tener que seguir trasladando grandes distancias este tipo de residuos”.
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Científicos santafesinos trabajan en la preservación de reptiles
Científicos ambientales de la provincia trabajan en la preservación de reptiles
Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de profesionales del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe y de otros centros de investigación. Actualmente se incuban huevos de yacarés y se asisten nacimientos de iguanas y tortugas.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de un grupo de científicos ambientales, trabaja en biología de reptiles. Se trata de profesionales del Ministerio de Medio Ambiente que, en cooperación con otros organismos, se dedican a la preservación de yacarés, iguanas y tortugas.
Las líneas de investigación sobre los reptiles -que se desarrollan íntegramente en las instalaciones de la dirección general de Manejo de Fauna en la ciudad de Santa Fe- se enfocan en genética, biología general, parámetros reproductivos, efectos de agroquímicos sobre la biodiversidad, abordaje sociológico de la percepción de los pobladores locales sobre estas especies, comportamientos de los mismos en el territorio, inmunología, técnicas de crianza y zootecnia más eficientes, efectos del cambio climático sobre la biología y la ecología de los reptiles, entre otras.
El ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, explicó que se "trabaja de manera intensa en este proyecto que tiende a la preservación de las especies. Es una tarea que desarrollamos junto a investigadores provenientes del exterior, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Conicet y el Proyecto Yacaré".
"Estos meses de verano son los más altos en lo que respecta a la biología de los reptiles. Por ello son más de 20 los investigadores, profesionales y técnicos nuestros, de otras provincias y de países latinoamericanos como México y Colombia, los que se encuentran comprometidos con esta iniciativa", afirmó Speranza.
El ministro subrayó "el firme compromiso que existe por parte del gobierno provincial en generar conciencia sobre la importancia de la preservación de estas especies".
En instalaciones de la Granja La Esmeralda del Ministerio de la Producción, en la ciudad de Santa Fe, funciona el Laboratorio Externo de Vertebrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, gracias a un convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente.
En el lugar también se desarrollan trabajos de investigación entre el Ministerio, el Instituto de Ciencias Veterinarias (Icivet) de la Facultad de Veterinaria de Esperanza, el Conicet y el Proyecto Yacaré (Medio Ambiente/Mutual Unión Personal Civil de la Nación y la Fundación Santa Fe de la Vera Cruz).
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Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de profesionales del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe y de otros centros de investigación. Actualmente se incuban huevos de yacarés y se asisten nacimientos de iguanas y tortugas.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de un grupo de científicos ambientales, trabaja en biología de reptiles. Se trata de profesionales del Ministerio de Medio Ambiente que, en cooperación con otros organismos, se dedican a la preservación de yacarés, iguanas y tortugas.
Las líneas de investigación sobre los reptiles -que se desarrollan íntegramente en las instalaciones de la dirección general de Manejo de Fauna en la ciudad de Santa Fe- se enfocan en genética, biología general, parámetros reproductivos, efectos de agroquímicos sobre la biodiversidad, abordaje sociológico de la percepción de los pobladores locales sobre estas especies, comportamientos de los mismos en el territorio, inmunología, técnicas de crianza y zootecnia más eficientes, efectos del cambio climático sobre la biología y la ecología de los reptiles, entre otras.
El ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, explicó que se "trabaja de manera intensa en este proyecto que tiende a la preservación de las especies. Es una tarea que desarrollamos junto a investigadores provenientes del exterior, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Conicet y el Proyecto Yacaré".
"Estos meses de verano son los más altos en lo que respecta a la biología de los reptiles. Por ello son más de 20 los investigadores, profesionales y técnicos nuestros, de otras provincias y de países latinoamericanos como México y Colombia, los que se encuentran comprometidos con esta iniciativa", afirmó Speranza.
El ministro subrayó "el firme compromiso que existe por parte del gobierno provincial en generar conciencia sobre la importancia de la preservación de estas especies".
En instalaciones de la Granja La Esmeralda del Ministerio de la Producción, en la ciudad de Santa Fe, funciona el Laboratorio Externo de Vertebrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, gracias a un convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente.
En el lugar también se desarrollan trabajos de investigación entre el Ministerio, el Instituto de Ciencias Veterinarias (Icivet) de la Facultad de Veterinaria de Esperanza, el Conicet y el Proyecto Yacaré (Medio Ambiente/Mutual Unión Personal Civil de la Nación y la Fundación Santa Fe de la Vera Cruz).
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Programa santafesino “Producción más Limpia”
En Santa Fe más de 250 empresas participan del programa “Producción más Limpia”
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Permite mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental de las actividades económicas. Pertenece al ministerio de Medio Ambiente que trabaja en conjunto con Producción. Estiman que posibilita un ahorro del 30% en gastos generales
Ahorrar, mejorar las condiciones de trabajo, generar un vínculo amigable con el medio ambiente y sumar capacidad productiva son los objetivos del programa Producción más Limpia que se desarrolla en el ministerio de Medio Ambiente de la provincia.
El subsecretario de Gestión Ambiental Edgardo Seguro fue el encargado de explicar detalles de una estrategia que se puso en marcha en 2008, “prácticamente con el inicio de la administración del Frente Progresista” y que pasó de una pequeña unidad de trabajo, a un decreto de Antonio Bonfatti que en 2011 le dio institucionalidad al programa y alcanzó, en la gestión de Miguel Lifschitz una estructura propia en el gobierno. “Esa evolución es importante porque permite mostrar la continuidad de la política ambiental”.
- ¿Cuál es el objetivo de Producción más Limpia?
- El objetivo siempre fue trabajar con las empresas para mejorar su eficiencia ambiental, cuestión que redunda en su eficiencia productiva. La realidad es que los impactos ambientales negativos en todas las actividades -industriales, de servicios, pecuarias, agrícolas- tienen que ver con ineficiencias en el sistema productivo: se desperdician recursos, se gasta más agua, más energía, se desechan elementos que podrían ser vendidos, reciclados o recuperados.
El efecto inmediato de la aplicación del programa es que se mejora la productividad, se gasta menos energía y agua, la mano de obra es más productiva y por lo tanto se abre la posibilidad de incorporar más personal. O sea que con el mismo recurso, se aprovechan mejor los insumos, materiales y mano de obra. Esto permite a la empresa producir más, ser más eficiente y a su vez blanquear su proceso ambiental, de manera que la provincia la pueda acompañar.
- ¿En qué se diferencia de procesos anteriores?
- Con los mecanismos históricos de control y castigo, si había una ineficiencia o un problema, se sancionaba y después se corregía la situación con el impacto ya producido, a la vez que había una pérdida económica por las sanciones.
Este proceso es voluntario, la empresa acepta participar y permite que en una tarea conjunta con el Estado se observen y encuentren los problemas y se analicen las mejoras: si el problema es la pérdida de agua, en lugar de sancionar, se va a trabajar en cómo reducirlo. En consecuencia, la empresa mejora su productividad, se vuelve más eficiente y gana más dinero, aunque en realidad pierde menos. El potencial de ahorro es el 30 % de los gastos generales.
- ¿Cómo se decide qué empresas se pueden incorporar al programa?
- La provincia decidió trabajar por cadenas de valor. Desde 2009 se trabaja con industria láctea, del mueble, del cuero; las directas y las que están relacionadas. Eso no solo implica comprender el proceso sino también trabajar con las cámaras, generar un mayor conocimiento por parte del Estado, y tiene como plus que a veces la ineficiencia es de la empresa pero en ocasiones hay problemas no resueltos de la cadena de valor: por ejemplo el tema de los efluentes y el uso del suelo en las industrias lácteas. Entonces, se trabaja para encontrar soluciones globales.
Hoy son más de 250 empresas las que se incorporaron en distintas etapas del programa. Algunas ya desarrollaron una medida, otras dos o tres. La provincia, a través de los consultores, dice cómo hacerlo y la empresa sigue después en esa tarea: la acompañamos tecnológicamente o profesionalmente, pero luego el empresario sabe hacia dónde va.
- ¿Cómo se realiza este acompañamiento?
- El proceso dura tres o cuatro meses. Se asigna un profesional de Medio Ambiente más uno del grupo empresario que va a quedar como asesor y se empieza a trabajar en todos los procesos: en el agua, la energía, los materiales.
Hay una clase teórica con herramientas que permiten identificar el problema y a la clase siguiente se va con los consultores a la empresa. Al promediar el curso la persona tiene identificados los problemas y las posibles soluciones, y se hace un plan específico de acción. Se ponderan los problemas según el nivel de gravedad y las posibles salidas para establecer cuál es la más económica, de manera que se pueda dar un vuelco rápido a la gestión.
Con esta información el empresario puede solicitar un préstamo para llevar adelante la acción recomendada. Hemos visto que más allá de lo que el Estado pone de dinero, el empresario invierte lo mismo o más porque entendió de qué se trata.
- ¿Cómo se accede a los fondos?
- A la hora de obtener un crédito, se puede apelar a dos formatos: para las pymes más grandes que son sujetos de crédito bancario hay una línea del Banco Nación que trabajamos junto con la secretaría de Industria de la provincia. Se trata de créditos blandos para pymes con posibilidad de endeudamiento y cartera de préstamos saneada.
Para aquellas pequeñas o micro empresas que no alcanzan los estándares para acceder a un crédito se generaron unidades locales microregionales, que asisten a varias localidades. Allí se forman consultores y se asigna dinero para organizar el espacio de trabajo y posibilitar un préstamo de hasta 200 mil pesos a muy baja tasa.
Aquí es donde el programa mostró sus mayores bondades con empresas que no son sujeto de crédito y pueden organizar su gestión ambiental. Cuando terminaron el proceso, se convirtieron en pequeñas empresas en blanco, salieron de la informalidad, pasaron de ser sujetos de subsidios a ser sujetos de créditos bancarios de mayor envergadura.
En proceso
En la actualidad, se trabaja con las cámaras empresarias: todas las empresas de la industria del cuero están dentro del programa; la industria láctea tiene 23 firmas incorporadas y el Parque Industrial de Sauce Viejo se sumó en una primera etapa con 10 firmas.
“Para este año está previsto sumar otras cadenas de valor y trabajar en una complementación internacional con otros países que están más avanzados en esta temática, como Brasil”, anticipó Seguro.
Por otra parte, se prevé poner en marcha nuevas unidades locales de gestión y más unidades sectoriales distribuidas por la provincia, a la vez que se contempla fortalecer el trabajo con otras áreas, como turismo y el sector frutihortícola.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Permite mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental de las actividades económicas. Pertenece al ministerio de Medio Ambiente que trabaja en conjunto con Producción. Estiman que posibilita un ahorro del 30% en gastos generales
Ahorrar, mejorar las condiciones de trabajo, generar un vínculo amigable con el medio ambiente y sumar capacidad productiva son los objetivos del programa Producción más Limpia que se desarrolla en el ministerio de Medio Ambiente de la provincia.
El subsecretario de Gestión Ambiental Edgardo Seguro fue el encargado de explicar detalles de una estrategia que se puso en marcha en 2008, “prácticamente con el inicio de la administración del Frente Progresista” y que pasó de una pequeña unidad de trabajo, a un decreto de Antonio Bonfatti que en 2011 le dio institucionalidad al programa y alcanzó, en la gestión de Miguel Lifschitz una estructura propia en el gobierno. “Esa evolución es importante porque permite mostrar la continuidad de la política ambiental”.
- ¿Cuál es el objetivo de Producción más Limpia?
- El objetivo siempre fue trabajar con las empresas para mejorar su eficiencia ambiental, cuestión que redunda en su eficiencia productiva. La realidad es que los impactos ambientales negativos en todas las actividades -industriales, de servicios, pecuarias, agrícolas- tienen que ver con ineficiencias en el sistema productivo: se desperdician recursos, se gasta más agua, más energía, se desechan elementos que podrían ser vendidos, reciclados o recuperados.
El efecto inmediato de la aplicación del programa es que se mejora la productividad, se gasta menos energía y agua, la mano de obra es más productiva y por lo tanto se abre la posibilidad de incorporar más personal. O sea que con el mismo recurso, se aprovechan mejor los insumos, materiales y mano de obra. Esto permite a la empresa producir más, ser más eficiente y a su vez blanquear su proceso ambiental, de manera que la provincia la pueda acompañar.
- ¿En qué se diferencia de procesos anteriores?
- Con los mecanismos históricos de control y castigo, si había una ineficiencia o un problema, se sancionaba y después se corregía la situación con el impacto ya producido, a la vez que había una pérdida económica por las sanciones.
Este proceso es voluntario, la empresa acepta participar y permite que en una tarea conjunta con el Estado se observen y encuentren los problemas y se analicen las mejoras: si el problema es la pérdida de agua, en lugar de sancionar, se va a trabajar en cómo reducirlo. En consecuencia, la empresa mejora su productividad, se vuelve más eficiente y gana más dinero, aunque en realidad pierde menos. El potencial de ahorro es el 30 % de los gastos generales.
- ¿Cómo se decide qué empresas se pueden incorporar al programa?
- La provincia decidió trabajar por cadenas de valor. Desde 2009 se trabaja con industria láctea, del mueble, del cuero; las directas y las que están relacionadas. Eso no solo implica comprender el proceso sino también trabajar con las cámaras, generar un mayor conocimiento por parte del Estado, y tiene como plus que a veces la ineficiencia es de la empresa pero en ocasiones hay problemas no resueltos de la cadena de valor: por ejemplo el tema de los efluentes y el uso del suelo en las industrias lácteas. Entonces, se trabaja para encontrar soluciones globales.
Hoy son más de 250 empresas las que se incorporaron en distintas etapas del programa. Algunas ya desarrollaron una medida, otras dos o tres. La provincia, a través de los consultores, dice cómo hacerlo y la empresa sigue después en esa tarea: la acompañamos tecnológicamente o profesionalmente, pero luego el empresario sabe hacia dónde va.
- ¿Cómo se realiza este acompañamiento?
- El proceso dura tres o cuatro meses. Se asigna un profesional de Medio Ambiente más uno del grupo empresario que va a quedar como asesor y se empieza a trabajar en todos los procesos: en el agua, la energía, los materiales.
Hay una clase teórica con herramientas que permiten identificar el problema y a la clase siguiente se va con los consultores a la empresa. Al promediar el curso la persona tiene identificados los problemas y las posibles soluciones, y se hace un plan específico de acción. Se ponderan los problemas según el nivel de gravedad y las posibles salidas para establecer cuál es la más económica, de manera que se pueda dar un vuelco rápido a la gestión.
Con esta información el empresario puede solicitar un préstamo para llevar adelante la acción recomendada. Hemos visto que más allá de lo que el Estado pone de dinero, el empresario invierte lo mismo o más porque entendió de qué se trata.
- ¿Cómo se accede a los fondos?
- A la hora de obtener un crédito, se puede apelar a dos formatos: para las pymes más grandes que son sujetos de crédito bancario hay una línea del Banco Nación que trabajamos junto con la secretaría de Industria de la provincia. Se trata de créditos blandos para pymes con posibilidad de endeudamiento y cartera de préstamos saneada.
Para aquellas pequeñas o micro empresas que no alcanzan los estándares para acceder a un crédito se generaron unidades locales microregionales, que asisten a varias localidades. Allí se forman consultores y se asigna dinero para organizar el espacio de trabajo y posibilitar un préstamo de hasta 200 mil pesos a muy baja tasa.
Aquí es donde el programa mostró sus mayores bondades con empresas que no son sujeto de crédito y pueden organizar su gestión ambiental. Cuando terminaron el proceso, se convirtieron en pequeñas empresas en blanco, salieron de la informalidad, pasaron de ser sujetos de subsidios a ser sujetos de créditos bancarios de mayor envergadura.
En proceso
En la actualidad, se trabaja con las cámaras empresarias: todas las empresas de la industria del cuero están dentro del programa; la industria láctea tiene 23 firmas incorporadas y el Parque Industrial de Sauce Viejo se sumó en una primera etapa con 10 firmas.
“Para este año está previsto sumar otras cadenas de valor y trabajar en una complementación internacional con otros países que están más avanzados en esta temática, como Brasil”, anticipó Seguro.
Por otra parte, se prevé poner en marcha nuevas unidades locales de gestión y más unidades sectoriales distribuidas por la provincia, a la vez que se contempla fortalecer el trabajo con otras áreas, como turismo y el sector frutihortícola.
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Santa Fe: denunciar fumigaciones puede ser peligroso
Denuncian una persecución a ambientalistas en Alvear
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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Con agroquímicos asesinaron a Don Diógenes
La triste historia de Don Diógenes, el abuelo que murió tras ser rociado con agroquímicos en el patio de su casa
Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Santa Fe: denuncian deterioro de los recursos hídricos
Contaminación en la Setúbal: "El informe sobre la laguna es la punta de un iceberg"
Fecha de Publicación: 08/01/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Ecologistas sostienen que lo que sucede en este espacio de agua es la expresión de un fenómeno que se extiende en general al ecosistema de toda la provincia. Investigadores del Conicet encontraron casi 100 botellas por kilómetro entre otros residuos en ese espejo de agua.
Un estudio realizado por científicos del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, publicado en la revista internacional "Environmental Monitoring and Assessment", y luego también en los medios locales y regionales, evidenció un problema que no es nuevo, pero que con el paso del tiempo se acentúa: la contaminación en la laguna Setúbal.
Según el informe que reproduce la Agencia CyTA-Instituto Leloir, los investigadores registraron una media de 96 botellas por km sobre su margen, una de las mayores concentraciones en aguas continentales del mundo.
En contacto con UNO Santa Fe, desde la Asociación Civil "Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad" afirmaron que "el informe sobre la contaminación en la Laguna es la punta de un iceberg", y advirtieron que se trata de la expresión de un fenómeno que se extiende en general al ecosistema de la provincia de Santa Fe, con todos sus ríos, arroyos, lagunas, bañados y humedales.
Para Rafael Colombo, abogado especializado en derecho ambiental y miembro de Capibara, el trabajo de Conicet debe poner en agenda la "necesidad de consolidar marcos políticos de gestión intersectorial (estado, organismos científicos, ONGs, comunidades) e interagencial (Salud, Ambiente, Producción, Desarrollo Social) a nivel local pero también con escala metropolitana e interprovincial".
En ese sentido, Colombo expresó: "Compartimos el diagnóstico del informe pero no creemos que la respuesta a este problema radique exclusivamente en conciencia ambiental individual de vecinos/as de la ciudad y del Gran Santa Fe. Individualizar las causas supone una individualización de la conflictividad ambiental des-responsabilizando al estado. Por el contrario, las causas son esencialmente sociales y colectivas y exigen respuestas en ese sentido".
Para el letrado, lo ocurrido posee una dimensión claramente individual/privada, relativa a las prácticas ciudadanas irresponsables que arrojan residuos y desechos indiscriminadamente, pero, al mismo tiempo, posee una dimensión estructural, colectiva, y pública que advierte sobre la necesidad de generar más institucionalidad en relación a la política ambiental, en clave metropolitana y al mismo tiempo, en clave de articulación inter-jurisdiccional.
Esto supondría por ejemplo, a nivel federal, la intervención de Prefectura controlando los ilícitos asociados a la contaminación por parte de embarcaciones; a nivel provincial, por ser el Ministerio de Medio Ambiente el responsable primario del control de la contaminación en su jurisdicción provincial, entre otras funciones y competencias que surgen de la ley provincial de medio ambiente y desarrollo sustentable N° 11.717; y a nivel municipal o de los gobiernos locales con escala metropolitana (Santa Fe, Rincón, Arroyo Leyes, Monte Vera) por ser los agentes estatales más inmediatos en su jurisdicción para llevar a cabo intervenciones políticas inmediatas. Incluso ameritaría también un abordaje interprovincial por estar comprometido el río Paraná, agregó Colombo.
Propuestas para una solución
A partir del informe elaborado por los investigadores de Conicet y UNL, desde Capibara plantearon algunas propuestas, recuperando la experiencia de una sentencia del tribunal constitucional de Colombia en relación al Río Atrato:
a) Proponer crear un Comité de Prevención y Control de la Contaminación de la laguna Setúbal con la participación del Estado Nacional, Provincial y Municipal, sumado a Universidades y organismos científicos tecnológicos, organizaciones no gubernamentales y garantizar también la participación de las comunidades que posean una interacción directa con este complejo de lagunas y arroyos, entre los cuales sobresale la Setúbal.
b) Crear un Programa de Voluntariado que podría denominarse "Guardianes de la Setúbal" que tenga por objeto profundizar y darle constancia a acciones limpieza de arroyos y lagunas a la par de encarar acciones concretas a nivel educativo.
c) Profundizar el componente ambiental y derechos de la naturaleza en la nueva ley de educación y en la política educativa provincial: Se debe educar y formar a una nueva generación de ciudadanos/as en relación al cuidado del ambiente y de la naturaleza.
"Como dice el Papa Francisco, el clamor de la tierra nos está enviando un mensaje; tenemos que terminar con este modelo productivo absurdo que desperdicia y transforma a nuestra madre tierra en un enorme depósito de porquería", concluyó Colombo.
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Fecha de Publicación: 08/01/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Ecologistas sostienen que lo que sucede en este espacio de agua es la expresión de un fenómeno que se extiende en general al ecosistema de toda la provincia. Investigadores del Conicet encontraron casi 100 botellas por kilómetro entre otros residuos en ese espejo de agua.
Un estudio realizado por científicos del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, publicado en la revista internacional "Environmental Monitoring and Assessment", y luego también en los medios locales y regionales, evidenció un problema que no es nuevo, pero que con el paso del tiempo se acentúa: la contaminación en la laguna Setúbal.
Según el informe que reproduce la Agencia CyTA-Instituto Leloir, los investigadores registraron una media de 96 botellas por km sobre su margen, una de las mayores concentraciones en aguas continentales del mundo.
En contacto con UNO Santa Fe, desde la Asociación Civil "Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad" afirmaron que "el informe sobre la contaminación en la Laguna es la punta de un iceberg", y advirtieron que se trata de la expresión de un fenómeno que se extiende en general al ecosistema de la provincia de Santa Fe, con todos sus ríos, arroyos, lagunas, bañados y humedales.
Para Rafael Colombo, abogado especializado en derecho ambiental y miembro de Capibara, el trabajo de Conicet debe poner en agenda la "necesidad de consolidar marcos políticos de gestión intersectorial (estado, organismos científicos, ONGs, comunidades) e interagencial (Salud, Ambiente, Producción, Desarrollo Social) a nivel local pero también con escala metropolitana e interprovincial".
En ese sentido, Colombo expresó: "Compartimos el diagnóstico del informe pero no creemos que la respuesta a este problema radique exclusivamente en conciencia ambiental individual de vecinos/as de la ciudad y del Gran Santa Fe. Individualizar las causas supone una individualización de la conflictividad ambiental des-responsabilizando al estado. Por el contrario, las causas son esencialmente sociales y colectivas y exigen respuestas en ese sentido".
Para el letrado, lo ocurrido posee una dimensión claramente individual/privada, relativa a las prácticas ciudadanas irresponsables que arrojan residuos y desechos indiscriminadamente, pero, al mismo tiempo, posee una dimensión estructural, colectiva, y pública que advierte sobre la necesidad de generar más institucionalidad en relación a la política ambiental, en clave metropolitana y al mismo tiempo, en clave de articulación inter-jurisdiccional.
Esto supondría por ejemplo, a nivel federal, la intervención de Prefectura controlando los ilícitos asociados a la contaminación por parte de embarcaciones; a nivel provincial, por ser el Ministerio de Medio Ambiente el responsable primario del control de la contaminación en su jurisdicción provincial, entre otras funciones y competencias que surgen de la ley provincial de medio ambiente y desarrollo sustentable N° 11.717; y a nivel municipal o de los gobiernos locales con escala metropolitana (Santa Fe, Rincón, Arroyo Leyes, Monte Vera) por ser los agentes estatales más inmediatos en su jurisdicción para llevar a cabo intervenciones políticas inmediatas. Incluso ameritaría también un abordaje interprovincial por estar comprometido el río Paraná, agregó Colombo.
Propuestas para una solución
A partir del informe elaborado por los investigadores de Conicet y UNL, desde Capibara plantearon algunas propuestas, recuperando la experiencia de una sentencia del tribunal constitucional de Colombia en relación al Río Atrato:
a) Proponer crear un Comité de Prevención y Control de la Contaminación de la laguna Setúbal con la participación del Estado Nacional, Provincial y Municipal, sumado a Universidades y organismos científicos tecnológicos, organizaciones no gubernamentales y garantizar también la participación de las comunidades que posean una interacción directa con este complejo de lagunas y arroyos, entre los cuales sobresale la Setúbal.
b) Crear un Programa de Voluntariado que podría denominarse "Guardianes de la Setúbal" que tenga por objeto profundizar y darle constancia a acciones limpieza de arroyos y lagunas a la par de encarar acciones concretas a nivel educativo.
c) Profundizar el componente ambiental y derechos de la naturaleza en la nueva ley de educación y en la política educativa provincial: Se debe educar y formar a una nueva generación de ciudadanos/as en relación al cuidado del ambiente y de la naturaleza.
"Como dice el Papa Francisco, el clamor de la tierra nos está enviando un mensaje; tenemos que terminar con este modelo productivo absurdo que desperdicia y transforma a nuestra madre tierra en un enorme depósito de porquería", concluyó Colombo.
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