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Siguen denunciando los desmontes en Salta
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Campesinos de Orán denuncian atropellos y desmontes en sus tierras
Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Desde el gobierno de la provincia ya se inició un sumario dado que la destrucción de los montes se dio en una zona que se considera de alta conservación.
Desde diciembre pasado las seis familias que viven en la Comunidad Los Flores, ubicada en la banda norte del Río Blanco, a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Orán, vieron que algunos alambres habían sido dañados. Hace 15 días, no solo fue el alambrado, sino el desmonte sobre un espacio que sería de cien metros por cien metros, más un camino que desemboca en el mismo Río Blanco. La intromisión que destruyó la vegetación fue impulsada por una persona que dice ser dueña de las tierras. Los campesinos, en tanto, sostuvieron que es la primera vez en todos estos años que sufren un atropello como el acontecido.
En diálogo con Salta/12 los campesinos contaron que en un espacio de diez hectáreas viven las seis familias que siembran choclo, acelga, lechuga, naranjas, limones, y cuya cosecha es vendida en las ferias de la ciudad de Orán. Hace 15 días, parte de ese trabajo de siembra fue destruido por las máquinas. En la denuncia que hicieron ante la Policía culparon a Daniel Cornú, quien les dijo que era el dueño de las tierras porque las había comprado. Sin embargo, no mostró papel alguno de la supuesta propiedad o compra del lugar.
En la Dirección General de Inmuebles la matrícula que sufrió los daños se encuentra a nombre de la empresa Río Zenta SRL. En el plano oficial, esa misma matrícula coincide con el lugar que la Comunidad Los Flores señala como suyo.
En una nota que presentaron a las autoridades de Orán, los campesinos sostuvieron que la tierra se encuentra en su posesión desde hace más de 70 años “avalada por la Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
Afirmaron además que pese a querer dialogar con la persona que ingresó a sus tierras, esta “no entra en razón”. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo de Cornú es “construir una cantera” que “provocaría grandes daños y perjuicio a nuestra comunidad y al resto de los pobladores de la zona, provocando inundaciones por desborde del río, deforestación indiscriminada y otros daños ambientales que desde hace décadas venimos cuidando”.
“De algo sirvió la denuncia porque desde ese momento pararon los desmontes”, dijo uno de los campesinos. Sin embargo, afirmó que Cornú continúa yendo a las tierras “y entra caminando, diciendo que eso es suyo y que no lo toquemos”.
Los habitantes de la Comunidad temen la confrontación y no saben a quién recurrir por ayuda. “La gente de la Comunidad es miedosa pero duele tanta impotencia. Esta actitud psicológicamente los mató”, sobre todo a los más ancianos, afirmó el vocero.
La Ley Provincial 7658, de Regularización Dominial en tierras trabajadas por agricultores familiares y pequeños productores, prohíbe los desalojos de campesinos en el territorio de la provincia. Sin embargo, en la Comunidad desconocen de esta normativa, promulgada en 2010, y aseguran que nunca nadie se acercó en actitud de relevar su situación para poder regularizar sus tierras.
Sumario desde Ambiente
Aunque el desmonte se frenó con la denuncia policial, este miércoles en el sitio oficial del gobierno se informó que “de manera preventiva, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, ordenó la inmediata paralización de actividades de cambio de uso de suelo en zona categorizada como de muy alto valor de conservación, según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se llevaban adelante en inmediaciones a la comunidad Los Flores de Río Blanco banda norte de la ciudad de Orán”, indica el parte oficial.
La actuación llegó desde la Dirección de Fiscalización y Control, a raíz de una denuncia de pobladores de la zona. “Habiendo constatado mediante el análisis de imágenes satelitales el inicio del desmonte, tomó la determinación de tramitar el sumario administrativo y paralizar preventivamente el desmonte, en el marco del principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675”, se informó oficialmente.
La normativa establece que, en caso de que haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente “la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
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Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Desde el gobierno de la provincia ya se inició un sumario dado que la destrucción de los montes se dio en una zona que se considera de alta conservación.
Desde diciembre pasado las seis familias que viven en la Comunidad Los Flores, ubicada en la banda norte del Río Blanco, a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Orán, vieron que algunos alambres habían sido dañados. Hace 15 días, no solo fue el alambrado, sino el desmonte sobre un espacio que sería de cien metros por cien metros, más un camino que desemboca en el mismo Río Blanco. La intromisión que destruyó la vegetación fue impulsada por una persona que dice ser dueña de las tierras. Los campesinos, en tanto, sostuvieron que es la primera vez en todos estos años que sufren un atropello como el acontecido.
En diálogo con Salta/12 los campesinos contaron que en un espacio de diez hectáreas viven las seis familias que siembran choclo, acelga, lechuga, naranjas, limones, y cuya cosecha es vendida en las ferias de la ciudad de Orán. Hace 15 días, parte de ese trabajo de siembra fue destruido por las máquinas. En la denuncia que hicieron ante la Policía culparon a Daniel Cornú, quien les dijo que era el dueño de las tierras porque las había comprado. Sin embargo, no mostró papel alguno de la supuesta propiedad o compra del lugar.
En la Dirección General de Inmuebles la matrícula que sufrió los daños se encuentra a nombre de la empresa Río Zenta SRL. En el plano oficial, esa misma matrícula coincide con el lugar que la Comunidad Los Flores señala como suyo.
En una nota que presentaron a las autoridades de Orán, los campesinos sostuvieron que la tierra se encuentra en su posesión desde hace más de 70 años “avalada por la Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
Afirmaron además que pese a querer dialogar con la persona que ingresó a sus tierras, esta “no entra en razón”. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo de Cornú es “construir una cantera” que “provocaría grandes daños y perjuicio a nuestra comunidad y al resto de los pobladores de la zona, provocando inundaciones por desborde del río, deforestación indiscriminada y otros daños ambientales que desde hace décadas venimos cuidando”.
“De algo sirvió la denuncia porque desde ese momento pararon los desmontes”, dijo uno de los campesinos. Sin embargo, afirmó que Cornú continúa yendo a las tierras “y entra caminando, diciendo que eso es suyo y que no lo toquemos”.
Los habitantes de la Comunidad temen la confrontación y no saben a quién recurrir por ayuda. “La gente de la Comunidad es miedosa pero duele tanta impotencia. Esta actitud psicológicamente los mató”, sobre todo a los más ancianos, afirmó el vocero.
La Ley Provincial 7658, de Regularización Dominial en tierras trabajadas por agricultores familiares y pequeños productores, prohíbe los desalojos de campesinos en el territorio de la provincia. Sin embargo, en la Comunidad desconocen de esta normativa, promulgada en 2010, y aseguran que nunca nadie se acercó en actitud de relevar su situación para poder regularizar sus tierras.
Sumario desde Ambiente
Aunque el desmonte se frenó con la denuncia policial, este miércoles en el sitio oficial del gobierno se informó que “de manera preventiva, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, ordenó la inmediata paralización de actividades de cambio de uso de suelo en zona categorizada como de muy alto valor de conservación, según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se llevaban adelante en inmediaciones a la comunidad Los Flores de Río Blanco banda norte de la ciudad de Orán”, indica el parte oficial.
La actuación llegó desde la Dirección de Fiscalización y Control, a raíz de una denuncia de pobladores de la zona. “Habiendo constatado mediante el análisis de imágenes satelitales el inicio del desmonte, tomó la determinación de tramitar el sumario administrativo y paralizar preventivamente el desmonte, en el marco del principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675”, se informó oficialmente.
La normativa establece que, en caso de que haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente “la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
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Salta suma (hectáreas desmontadas)
Denuncian que en Salta se desmontaron 3000 hectáreas de bosques nativos en tres meses
Fecha de Publicación: 25/06/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace advierte que la deforestación ilegal en la provincia continuó durante la cuarentena y asegura que hubo complicidad del gobierno
En un nuevo informe, la organización internacional Greenpeace denunció que en los últimos tres meses, desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, se deforestaron casi 3000 hectáreas de bosques nativos en Salta y responsabilizó al gobierno de Gustavo Sáenz por la ausencia de controles y sanciones.
En base a un monitoreo de desmontes, mediante la comparación de imágenes satelitales, la organización ecologista reveló que entre el 15 de marzo y el 15 de junio en Salta se deforestaron 2.902 hectáreas.
Además identificó a algunos de los empresarios que habrían deforestado durante la cuarentena: Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural Salteña, (desmontó 135 hectáreas en finca San Francisco); Fernando Fortuny, presidente de Las Lajitas S.A. e integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña (617 hectáreas en Las 86 Leguas); y Bruno Mauricio Varela Marín, empresario ganadero uruguayo (desmontó 351 hectáreas en la finca La Peregrina).
A fines de 2018 Varela Marín fue multado por el desmonte ilegal de 540 hectáreas, luego de una denuncia de Greenpeace.
“El gobernador Sáenz mira para otro lado mientras siguen los desmontes. Resulta evidente la complicidad del gobierno salteño, ya que no realizan controles, no sancionan, ni denuncian a los productores agropecuarios que arrasan bosques nativos a pesar de la cuarentena”, apuntó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
Según Giardini, “más desmontes significan más inundaciones y más enfermedades”. Por esto, la organización inició una fuerte campaña para pedir la emergencia forestal en el norte argentino, a fin de cesar los desmontes.
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Fecha de Publicación: 25/06/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace advierte que la deforestación ilegal en la provincia continuó durante la cuarentena y asegura que hubo complicidad del gobierno
En un nuevo informe, la organización internacional Greenpeace denunció que en los últimos tres meses, desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, se deforestaron casi 3000 hectáreas de bosques nativos en Salta y responsabilizó al gobierno de Gustavo Sáenz por la ausencia de controles y sanciones.
En base a un monitoreo de desmontes, mediante la comparación de imágenes satelitales, la organización ecologista reveló que entre el 15 de marzo y el 15 de junio en Salta se deforestaron 2.902 hectáreas.
Además identificó a algunos de los empresarios que habrían deforestado durante la cuarentena: Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural Salteña, (desmontó 135 hectáreas en finca San Francisco); Fernando Fortuny, presidente de Las Lajitas S.A. e integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña (617 hectáreas en Las 86 Leguas); y Bruno Mauricio Varela Marín, empresario ganadero uruguayo (desmontó 351 hectáreas en la finca La Peregrina).
A fines de 2018 Varela Marín fue multado por el desmonte ilegal de 540 hectáreas, luego de una denuncia de Greenpeace.
“El gobernador Sáenz mira para otro lado mientras siguen los desmontes. Resulta evidente la complicidad del gobierno salteño, ya que no realizan controles, no sancionan, ni denuncian a los productores agropecuarios que arrasan bosques nativos a pesar de la cuarentena”, apuntó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
Según Giardini, “más desmontes significan más inundaciones y más enfermedades”. Por esto, la organización inició una fuerte campaña para pedir la emergencia forestal en el norte argentino, a fin de cesar los desmontes.
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Salta: por los demontes encuentran oso hormiguero en la ruta
Encontró un animal al costado de la ruta que nunca imaginó ver
Fecha de Publicación: 27/05/2020
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta
Salteños que manejaban por la Ruta Provincial Nº 86 se toparon con un ejemplar de oso hormiguero y lo rescataron. En un grupo de Facebook publicaron la foto y llamaron a la toma de conciencia a través de la siguiente publicación:
“Hoy familiares de una compañera encontraron una cría de Oso Hormiguero sólo y sin su madre al costado de la Ruta 86, es lamentable lo que le estamos haciendo a especies nativas de nuestro Chaco Salteño con tanto desmonte; y cacería furtiva, estamos aniquilado su medio ambiente poniendo muchas especies al borde de la extinción. Es hora de empezar a tomar conciencia”.
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Fecha de Publicación: 27/05/2020
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta
Salteños que manejaban por la Ruta Provincial Nº 86 se toparon con un ejemplar de oso hormiguero y lo rescataron. En un grupo de Facebook publicaron la foto y llamaron a la toma de conciencia a través de la siguiente publicación:
“Hoy familiares de una compañera encontraron una cría de Oso Hormiguero sólo y sin su madre al costado de la Ruta 86, es lamentable lo que le estamos haciendo a especies nativas de nuestro Chaco Salteño con tanto desmonte; y cacería furtiva, estamos aniquilado su medio ambiente poniendo muchas especies al borde de la extinción. Es hora de empezar a tomar conciencia”.
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Salta elegida por la Nasa como ejemplo de deforestación
La Nasa publicó un mapa interactivo de la deforestación del Gran Chaco salteño en dos décadas
Fecha de Publicación: 23/05/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Salta
Fue este miércoles. Las fotos satelitales superpuestas permiten ver el avance de tierra arrasada en las provincias de Jujuy, Salta y Chaco. El segundo bosque más extenso y diverso del subcontinente después del Amazonas puesto bajo la lupa desde el espacio
El Gran Chaco es el segundo bosque en tamaño y biodiversidad de América del Sur después de la selva amazónica. Tienen distintos climas: el primero semiárido, el otro húmedo. Los dos, sin embargo, sufren similares acciones depredadoras: la rápida deforestación. Con este argumento, la agencia espacial estadounidense eligió el último miércoles como su “imágen del día” fotos satelitales del Chaco que muestran cómo el hombre –ciertos hombres– arrasan con su vegetación autóctona, y con ello también ponen en peligro su fauna, a la par de promover cambios climáticos cuyas consecuencias se verifican a miles de kilómetros.
Las observaciones de los satélites Landsat que expone el sitio de la Nasa indican que aproximadamente el 20 por ciento (142 mil kilómetros cuadrados) del bosque se convirtió en tierras de cultivo o de pastoreo entre 1985 y 2013.
De 2010 a 2018, más de 29 mil kilómetros cuadrados fueron limpiados para granjas y ranchos, sigue el texto de la agencia espacial con remito de los datos a la organización sin fines de lucro Guyra Paraguay. Y añade: gran parte del desmonte se da en la Argentina.
El Gran Chaco se extiende por unos 650 mil kilómetros cuadrados en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el bosque seco más grande de América del Sur, reseña el artículo de la Nasa.
Se compone principalmente de arbustos y árboles de madera dura que proporcionan hábitat para miles de especies de plantas y cientos de especies animales. Los nativos wichí han cazado y se han reunido en esta tierra durante décadas.
Las imágenes muestran la deforestación en un lapso de dos décadas alrededor de la provincia de Salta. La imagen del 18 de diciembre de 2000 muestra una mezcla de tierra despejada y áreas más verdes. La imagen del 24 de diciembre de 2019 muestra gran parte del bosque reemplazado por grandes campos.
Se trata de imágenes procesadas procedentes del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (Modis) instalado en el satélite Terra de la Nasa.
Soja y vacas a un alto precio ambiental
Gran parte de la tierra despejada, afirma el artículo de la Nasa, se convirtió en tierras de cultivo para soja y espacios para la cría de ganado.
Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo. La investigación de la ONG paraguaya muestra que la producción de soja fue un impulsor directo de la deforestación en el bosque durante la década de 2000.
La creciente demanda mundial del poroto –en gran medida para alimento animal– y el aumento de los precios internacionales motivaron a los productores de la región, muchos de ellos grandes jugadores del mercado, a incursionar en tierras sin explotación agrícola previa. Un aliciente extra son las modificaciones genéticas que permiten a la soja resistir climas más severos. Así comenzó el avance sobre bosques y regiones áridas, al compás de legislación ambiental nula o pobre, y falta de control estatal sobre las violaciones a la normativa vigente.
Rara “federalización”
El control de la deforestación en el Gran Chaco es un desafío con varias vertientes, que incluyen el poder de lobby de los grandes productores y exportadores sobre los gobiernos.
En 2007, la Argentina promulgó una “ley forestal” nacional –Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– que descarga en los gobiernos locales la regulación y fiscalización de la expansión de la agricultura a gran escala y la fijación de prácticas para proteger los bosques nativos. La investigación muestra que esas administraciones locales no pudieron, no quisieron o no tuvieron poder suficiente para hacer cumplir la ley en numerosas zonas protegidas. Muchas, incluso, experimentaron un aumento de la deforestación después de la aprobación de la norma.
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Fecha de Publicación: 23/05/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Salta
Fue este miércoles. Las fotos satelitales superpuestas permiten ver el avance de tierra arrasada en las provincias de Jujuy, Salta y Chaco. El segundo bosque más extenso y diverso del subcontinente después del Amazonas puesto bajo la lupa desde el espacio
El Gran Chaco es el segundo bosque en tamaño y biodiversidad de América del Sur después de la selva amazónica. Tienen distintos climas: el primero semiárido, el otro húmedo. Los dos, sin embargo, sufren similares acciones depredadoras: la rápida deforestación. Con este argumento, la agencia espacial estadounidense eligió el último miércoles como su “imágen del día” fotos satelitales del Chaco que muestran cómo el hombre –ciertos hombres– arrasan con su vegetación autóctona, y con ello también ponen en peligro su fauna, a la par de promover cambios climáticos cuyas consecuencias se verifican a miles de kilómetros.
Las observaciones de los satélites Landsat que expone el sitio de la Nasa indican que aproximadamente el 20 por ciento (142 mil kilómetros cuadrados) del bosque se convirtió en tierras de cultivo o de pastoreo entre 1985 y 2013.
De 2010 a 2018, más de 29 mil kilómetros cuadrados fueron limpiados para granjas y ranchos, sigue el texto de la agencia espacial con remito de los datos a la organización sin fines de lucro Guyra Paraguay. Y añade: gran parte del desmonte se da en la Argentina.
El Gran Chaco se extiende por unos 650 mil kilómetros cuadrados en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el bosque seco más grande de América del Sur, reseña el artículo de la Nasa.
Se compone principalmente de arbustos y árboles de madera dura que proporcionan hábitat para miles de especies de plantas y cientos de especies animales. Los nativos wichí han cazado y se han reunido en esta tierra durante décadas.
Las imágenes muestran la deforestación en un lapso de dos décadas alrededor de la provincia de Salta. La imagen del 18 de diciembre de 2000 muestra una mezcla de tierra despejada y áreas más verdes. La imagen del 24 de diciembre de 2019 muestra gran parte del bosque reemplazado por grandes campos.
Se trata de imágenes procesadas procedentes del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (Modis) instalado en el satélite Terra de la Nasa.
Soja y vacas a un alto precio ambiental
Gran parte de la tierra despejada, afirma el artículo de la Nasa, se convirtió en tierras de cultivo para soja y espacios para la cría de ganado.
Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo. La investigación de la ONG paraguaya muestra que la producción de soja fue un impulsor directo de la deforestación en el bosque durante la década de 2000.
La creciente demanda mundial del poroto –en gran medida para alimento animal– y el aumento de los precios internacionales motivaron a los productores de la región, muchos de ellos grandes jugadores del mercado, a incursionar en tierras sin explotación agrícola previa. Un aliciente extra son las modificaciones genéticas que permiten a la soja resistir climas más severos. Así comenzó el avance sobre bosques y regiones áridas, al compás de legislación ambiental nula o pobre, y falta de control estatal sobre las violaciones a la normativa vigente.
Rara “federalización”
El control de la deforestación en el Gran Chaco es un desafío con varias vertientes, que incluyen el poder de lobby de los grandes productores y exportadores sobre los gobiernos.
En 2007, la Argentina promulgó una “ley forestal” nacional –Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– que descarga en los gobiernos locales la regulación y fiscalización de la expansión de la agricultura a gran escala y la fijación de prácticas para proteger los bosques nativos. La investigación muestra que esas administraciones locales no pudieron, no quisieron o no tuvieron poder suficiente para hacer cumplir la ley en numerosas zonas protegidas. Muchas, incluso, experimentaron un aumento de la deforestación después de la aprobación de la norma.
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agricultura industrial,
bosques nativos,
Desmontes,
ganadería industrial,
Salta
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Avistan dos yaguaretés en Salta
Los yaguaretés siguen en Salta y pueden gozar de larga vida
Fecha de Publicación: 16/05/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Avistaron dos ejemplares en Isla de Cañas; con un proyecto de desarrollo agroforestal sería posible recuperar el hábitat de cientos de especies nativas.
Hace pocos días, en nuestra selva tucumano-oranense de Isla de Cañas, un automovilista registró un acontecimiento poco común: una pareja de yaguaretés junto a la ruta. Es inusual ver a estos animales, porque su conducta es cautelosa. No les gusta mucho que los vean. En la vida silvestre no tienen predadores naturales; con los seres humanos, en cambio, tienen problemas. Y prefieren evitarlos.
Los ambientalistas ubican a estos felinos (los más corpulentos, después del tigre y el león) entre las especies con alto riesgo de extinción. Cada macho del "manchado" demarca para si un predio de quince mil hectáreas y lo comparte con tres hembras, cada una con cinco mil hectáreas. Pero sus vidas son solitarias. Se trata de un animal capaz de cazar yacarés, chanchos de monte y tapires, además de carpinchos u otro tipo de roedores y monos. Pero si hay cabras o terneros, el alimento resulta mucho más fácil y sabroso.
En 2004, la organización Greenpeace protagonizó un espectáculo caricaturesco. Luego de recaudar cien mil dólares entre aportantes ingenuos a los que les prometieron colocar collares de rastreo satelital a cuatro yaguaretés, pasaron un par de años buscando a alguno de estos animales en la selva de montaña y terminaron "contratando" a un ternero para colocarle el último de los collares (los otros tres los habían perdido). Querían engañar al satélite. En ese momento, Pablo Corro, el baqueano que los denunció, dijo a El Tribuno: "Claro que hay yaguaretés; solo que hay que ir a buscarlos en serio".
Tres años antes, en la página de Greenpeace habían anunciado la colocación del collar a una hembra de quince años. Cualquiera que vea un documental de YouTube sabe que, cuando se produce una captura de esa naturaleza, al animal se le aplica una anestesia, se le extrae sangre y pelo, se realiza un estudio rápido de su estado de salud, especialmente parásitos, tuberculosis o problemas digestivos, se determina la datación de GPS y se le da otra inyección, que lo reanime, para que no quede anestesiado en el monte. A esta supuesta fiera dormida no le habían sacado ni una foto. Pero el tiempo le dio razón al baqueano.
En nuestra selva hay yaguaretés. Hay pocos; hay menos que antes de la llegada del hombre a América, probablemente, y muchos menos que en el siglo XIX. Por eso es una buena noticia el avistaje de estos dos adultos, como el de un cachorro, en diciembre pasado.
La preservación de las especies nativas es una obligación contraída por el Estado argentino y las autoridades no deben dejar que se convierta en un jingle para que hagan negocios los cazadores de río revuelto. Y esto no es una frase al pasar: muy poca gente conoce la realidad animal. No es cuestión de meras emociones.
Ahora, los ambientalistas quieren que el tigre americano (pantera onca) sea declarado "persona no humana" como especie. Y llevaron la demanda a la Justicia Federal. Recientemente, una jueza porteña declaró "persona no humana" a una orangutana nacida en un zoológico alemán y que llevaba una larga vida en el de Palermo. Con ese criterio, resolvió que se encontraba en malas condiciones y resolvió enviarla a Estados Unidos (claro, sin preguntarle a la persona no humana). La selva de Sumatra o Indonesia donde habían nacido sus abuelos ya no está en condiciones de recibirla.
Una decisión similar tomó la Justicia con una elefanta asiática que hace 25 años había sido entregada al zoológico porteño porque un juez verificó el pésimo trato que había sufrido en un circo. Ahora, ya en estado de ancianidad, fue obligada a recorrer seis mil kilómetros en camión para pasar sus últimos años en un "santuario" de elefantes de Brasil.
Los animales nacidos en cautiverio viven muchos años más que los que quedan en la selva. La subjetividad humana lleva a imaginar que los otros son más felices, pero lo cierto es que los zoológicos han cumplido una función valiosa en el conocimiento popular de los animales y, seguramente, todos van a evolucionar a condiciones más saludables. Es probable que muchas especies tengan más ejemplares en cautiverio que en hábitat. Lo cierto es que la objetividad de la jueza porteña en esta materia no está garantizada. "Yo odio el zoológico", dijo en un reportaje. Quizá no sepa que en ese mismo zoológico que odia se recuperaron decenas de cóndores y miles de huevos de yacaré, cuya cría fue enviada a sus ríos de origen.
Nuestros yaguaretés no necesitan zoológico. Tampoco están condenados a la extinción. Salta tiene 50 mil kilómetros cuadrados pintados de amarillo por un objetable ordenamiento territorial. Cuenta con el INTA, con expertos forestales y con facultades de agronomía y de veterinaria. Con un proyecto inteligente se podrían asignar un espacio técnicamente como un inmenso corredor para recuperar el hábitat boscoso, compatibilizándolo con los derechos de los pueblos indígenas y de los criollos, y generando desarrollo rural sustentable.
Allí, con guardaparques y aplicando la ley provincial 7.070, se recuperaría la vida, se mejoraría el estado de los ríos, se podría hacer turismo ecológico y deportivo y se sostendría una próspera producción agroganadera. Claro, además de técnicos, hace falta proyecto y decisión política.
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Fecha de Publicación: 16/05/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Avistaron dos ejemplares en Isla de Cañas; con un proyecto de desarrollo agroforestal sería posible recuperar el hábitat de cientos de especies nativas.
Hace pocos días, en nuestra selva tucumano-oranense de Isla de Cañas, un automovilista registró un acontecimiento poco común: una pareja de yaguaretés junto a la ruta. Es inusual ver a estos animales, porque su conducta es cautelosa. No les gusta mucho que los vean. En la vida silvestre no tienen predadores naturales; con los seres humanos, en cambio, tienen problemas. Y prefieren evitarlos.
Los ambientalistas ubican a estos felinos (los más corpulentos, después del tigre y el león) entre las especies con alto riesgo de extinción. Cada macho del "manchado" demarca para si un predio de quince mil hectáreas y lo comparte con tres hembras, cada una con cinco mil hectáreas. Pero sus vidas son solitarias. Se trata de un animal capaz de cazar yacarés, chanchos de monte y tapires, además de carpinchos u otro tipo de roedores y monos. Pero si hay cabras o terneros, el alimento resulta mucho más fácil y sabroso.
En 2004, la organización Greenpeace protagonizó un espectáculo caricaturesco. Luego de recaudar cien mil dólares entre aportantes ingenuos a los que les prometieron colocar collares de rastreo satelital a cuatro yaguaretés, pasaron un par de años buscando a alguno de estos animales en la selva de montaña y terminaron "contratando" a un ternero para colocarle el último de los collares (los otros tres los habían perdido). Querían engañar al satélite. En ese momento, Pablo Corro, el baqueano que los denunció, dijo a El Tribuno: "Claro que hay yaguaretés; solo que hay que ir a buscarlos en serio".
Tres años antes, en la página de Greenpeace habían anunciado la colocación del collar a una hembra de quince años. Cualquiera que vea un documental de YouTube sabe que, cuando se produce una captura de esa naturaleza, al animal se le aplica una anestesia, se le extrae sangre y pelo, se realiza un estudio rápido de su estado de salud, especialmente parásitos, tuberculosis o problemas digestivos, se determina la datación de GPS y se le da otra inyección, que lo reanime, para que no quede anestesiado en el monte. A esta supuesta fiera dormida no le habían sacado ni una foto. Pero el tiempo le dio razón al baqueano.
En nuestra selva hay yaguaretés. Hay pocos; hay menos que antes de la llegada del hombre a América, probablemente, y muchos menos que en el siglo XIX. Por eso es una buena noticia el avistaje de estos dos adultos, como el de un cachorro, en diciembre pasado.
La preservación de las especies nativas es una obligación contraída por el Estado argentino y las autoridades no deben dejar que se convierta en un jingle para que hagan negocios los cazadores de río revuelto. Y esto no es una frase al pasar: muy poca gente conoce la realidad animal. No es cuestión de meras emociones.
Ahora, los ambientalistas quieren que el tigre americano (pantera onca) sea declarado "persona no humana" como especie. Y llevaron la demanda a la Justicia Federal. Recientemente, una jueza porteña declaró "persona no humana" a una orangutana nacida en un zoológico alemán y que llevaba una larga vida en el de Palermo. Con ese criterio, resolvió que se encontraba en malas condiciones y resolvió enviarla a Estados Unidos (claro, sin preguntarle a la persona no humana). La selva de Sumatra o Indonesia donde habían nacido sus abuelos ya no está en condiciones de recibirla.
Una decisión similar tomó la Justicia con una elefanta asiática que hace 25 años había sido entregada al zoológico porteño porque un juez verificó el pésimo trato que había sufrido en un circo. Ahora, ya en estado de ancianidad, fue obligada a recorrer seis mil kilómetros en camión para pasar sus últimos años en un "santuario" de elefantes de Brasil.
Los animales nacidos en cautiverio viven muchos años más que los que quedan en la selva. La subjetividad humana lleva a imaginar que los otros son más felices, pero lo cierto es que los zoológicos han cumplido una función valiosa en el conocimiento popular de los animales y, seguramente, todos van a evolucionar a condiciones más saludables. Es probable que muchas especies tengan más ejemplares en cautiverio que en hábitat. Lo cierto es que la objetividad de la jueza porteña en esta materia no está garantizada. "Yo odio el zoológico", dijo en un reportaje. Quizá no sepa que en ese mismo zoológico que odia se recuperaron decenas de cóndores y miles de huevos de yacaré, cuya cría fue enviada a sus ríos de origen.
Nuestros yaguaretés no necesitan zoológico. Tampoco están condenados a la extinción. Salta tiene 50 mil kilómetros cuadrados pintados de amarillo por un objetable ordenamiento territorial. Cuenta con el INTA, con expertos forestales y con facultades de agronomía y de veterinaria. Con un proyecto inteligente se podrían asignar un espacio técnicamente como un inmenso corredor para recuperar el hábitat boscoso, compatibilizándolo con los derechos de los pueblos indígenas y de los criollos, y generando desarrollo rural sustentable.
Allí, con guardaparques y aplicando la ley provincial 7.070, se recuperaría la vida, se mejoraría el estado de los ríos, se podría hacer turismo ecológico y deportivo y se sostendría una próspera producción agroganadera. Claro, además de técnicos, hace falta proyecto y decisión política.
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Salta: derrame petrolero en Vespucio
Controlaron el derrame de petróleo en Campamento Vespucio
Fecha de Publicación: 28/04/2020
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Se trata de un pozo abandonado que data del año 1933, que fuera explotado entonces por YPF. Se trabaja en el removido de la superficie comprometida para revertir posibles daños ambientales.
Un equipo técnico de la Dirección de Energía e Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Minería y Energía, verificó la zona en que se encontró la pérdida de un pozo petrolero en Campamento Vespucio.
En el lugar constataron que ya no se registran derrames y que la empresa Tecpetrol que forma parte de la UTE concesionaria del Área Aguarague está trabajando en el removido de la tierra donde se sufrió la pérdida, con el fin de cambiarla y hacer el cerramiento.
En la oportunidad, se certificó que es un pozo que data del año 1933, explotado por la empresa YPF, por lo que la Secretaría de Minería y Energía notificó a la compañía para que proceda a los trabajos de remediación.
Según informaron, se derramó un total de 2 metros cúbicos de petróleo, comprometiendo una superficie de 30 metros cúbicos de tierra, que será reemplazada por otros rellenos. Se trabaja con celeridad para concretar esa tarea y llevar calma a los vecinos.
Finalmente, los técnicos presentaron un informe a Carlos Posadas, responsable ambiental del Municipio, estimando que en tres días estará completa la restauración del sitio afectado.
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Fecha de Publicación: 28/04/2020
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Se trata de un pozo abandonado que data del año 1933, que fuera explotado entonces por YPF. Se trabaja en el removido de la superficie comprometida para revertir posibles daños ambientales.
Un equipo técnico de la Dirección de Energía e Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Minería y Energía, verificó la zona en que se encontró la pérdida de un pozo petrolero en Campamento Vespucio.
En el lugar constataron que ya no se registran derrames y que la empresa Tecpetrol que forma parte de la UTE concesionaria del Área Aguarague está trabajando en el removido de la tierra donde se sufrió la pérdida, con el fin de cambiarla y hacer el cerramiento.
En la oportunidad, se certificó que es un pozo que data del año 1933, explotado por la empresa YPF, por lo que la Secretaría de Minería y Energía notificó a la compañía para que proceda a los trabajos de remediación.
Según informaron, se derramó un total de 2 metros cúbicos de petróleo, comprometiendo una superficie de 30 metros cúbicos de tierra, que será reemplazada por otros rellenos. Se trabaja con celeridad para concretar esa tarea y llevar calma a los vecinos.
Finalmente, los técnicos presentaron un informe a Carlos Posadas, responsable ambiental del Municipio, estimando que en tres días estará completa la restauración del sitio afectado.
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Salta: el gobierno avala indirectamente los desmontes
El Gobierno se desentendió de los controles a los desmontes
Fecha de Publicación: 25/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El ministro de la Producción de la provincia motivó la reacción de la ONG al afirmar que el poder de Policía de la provincia no alcanza a los desmontes durante la cuarentena.
A finales de marzo desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se afirmó que más de 2.400 personas habían sido demoradas por violar la cuarentena. Se comunicó además que la violación de la cuarentena podría involucrar una multa de más de 6 mil pesos. El gobernador Gustavo Sáenz incluso afirmó que “capaz la única forma de que entiendan es poniéndole una sanción pecunaria" a la gente que burlaba las disposiciones.
Pero la rigidez de los procedimientos apareció laxa cuando se trató de los desmontes. “Si ese proceso (por los desmontes) ocurrió en el aislamiento pues ya es competencia de organismos judiciales nacionales porque ya estaríamos en violación a una ley que obligaba a la cuarentena, por lo que excede nuestro poder de policía", fue la respuesta del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, al ser consultado este lunes en teleconferencia por las acciones a seguir ante los desmontes que se hicieron durante la cuarentena, según denuncias realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Con fotos satelitales la ONG mostró que después del 20 de marzo, cuando la cuarentena inició, se desmontaron más de 800 hectáreas en Salta. De ese total, 130 hectáreas fueron adjudicadas a una finca ubicada en el departamento San Martín de propiedad del presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río.
“Estas declaraciones lo que demuestran es que la provincia es cómplice de quienes están destruyendo los bosques en violación de la cuarentena”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, tras escuchar las expresiones del funcionario salteño. “Obviamente que esto preocupa y más viniendo de un ministro de la Producción que viene de ese sector, está muy ligado a ese sector y pareciera que está trabajando más que como ministro de la Producción, como un dirigente del sector agropecuario”, aseveró el ambientalista.
En el currículum vitae de De los Ríos, de quien en la provincia se conocen sus vinculaciones y defensa del sector del agronegocio, surgen los fundamentos de la aserción de Giardini. En el sitio oficial del gobierno, en el cual se muestra con el tradicional poncho salteño (lo cual hizo durante un tiempo largo de su gestión como diputado), el currículum detalla en el primer párrafo que “fue el primer presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, conformado por la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Asociación de Legumbres del NOA”. Además, fue diputado de 2016 a 2019 y reelecto ese año en listas armadas desde el PRO salteño.
En esa misma conferencia de prensa De los Ríos negó que los desmontes sean ilegales, ya que cuentan con autorizaciones emitidas por la anterior gestión y señaló que durante la gestión asumida en diciembre pasado, no se habilitó ninguno nuevo.
La diferencia con el Chaco
En las denuncias que realizó Greenpace se indicó que los desmontes realizados durante la cuarentena se habían detectado en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En la vecina provincia del Chaco “van a hacer las denuncias penales y presentar las pruebas de los desmontes ilegales. Han frenado topadoras la semana pasada y están entregando y haciendo denuncia penal a quienes están deforestando. Incluso sacaron el comunicado avisando a los productores que no se puede desmontar”, dijo Giardini al comparar el accionar entre una provincia y otra.
Giardini entendió que no es menor que desde el gobierno provincial se “mire para otro lado”, más aún cuando a nivel mundial no solo rige una emergencia sanitaria sino también climática. “A las comunidades indígenas les destruyeron su casa, su farmacia, y su almacén”, afirmó. Recordó que cada vez con mayor rapidez se extinguen especies por el atentado a la biodiversidad. “No deberíamos perder ni una hectárea más”, dijo al sostener que la Ley de Bosques Nativos ya no alcanza y se debe disponer una herramienta legal para “la suspensión total de los desmontes de acá y para siempre”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El ministro de la Producción de la provincia motivó la reacción de la ONG al afirmar que el poder de Policía de la provincia no alcanza a los desmontes durante la cuarentena.
A finales de marzo desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se afirmó que más de 2.400 personas habían sido demoradas por violar la cuarentena. Se comunicó además que la violación de la cuarentena podría involucrar una multa de más de 6 mil pesos. El gobernador Gustavo Sáenz incluso afirmó que “capaz la única forma de que entiendan es poniéndole una sanción pecunaria" a la gente que burlaba las disposiciones.
Pero la rigidez de los procedimientos apareció laxa cuando se trató de los desmontes. “Si ese proceso (por los desmontes) ocurrió en el aislamiento pues ya es competencia de organismos judiciales nacionales porque ya estaríamos en violación a una ley que obligaba a la cuarentena, por lo que excede nuestro poder de policía", fue la respuesta del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, al ser consultado este lunes en teleconferencia por las acciones a seguir ante los desmontes que se hicieron durante la cuarentena, según denuncias realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Con fotos satelitales la ONG mostró que después del 20 de marzo, cuando la cuarentena inició, se desmontaron más de 800 hectáreas en Salta. De ese total, 130 hectáreas fueron adjudicadas a una finca ubicada en el departamento San Martín de propiedad del presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río.
“Estas declaraciones lo que demuestran es que la provincia es cómplice de quienes están destruyendo los bosques en violación de la cuarentena”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, tras escuchar las expresiones del funcionario salteño. “Obviamente que esto preocupa y más viniendo de un ministro de la Producción que viene de ese sector, está muy ligado a ese sector y pareciera que está trabajando más que como ministro de la Producción, como un dirigente del sector agropecuario”, aseveró el ambientalista.
En el currículum vitae de De los Ríos, de quien en la provincia se conocen sus vinculaciones y defensa del sector del agronegocio, surgen los fundamentos de la aserción de Giardini. En el sitio oficial del gobierno, en el cual se muestra con el tradicional poncho salteño (lo cual hizo durante un tiempo largo de su gestión como diputado), el currículum detalla en el primer párrafo que “fue el primer presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, conformado por la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Asociación de Legumbres del NOA”. Además, fue diputado de 2016 a 2019 y reelecto ese año en listas armadas desde el PRO salteño.
En esa misma conferencia de prensa De los Ríos negó que los desmontes sean ilegales, ya que cuentan con autorizaciones emitidas por la anterior gestión y señaló que durante la gestión asumida en diciembre pasado, no se habilitó ninguno nuevo.
La diferencia con el Chaco
En las denuncias que realizó Greenpace se indicó que los desmontes realizados durante la cuarentena se habían detectado en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En la vecina provincia del Chaco “van a hacer las denuncias penales y presentar las pruebas de los desmontes ilegales. Han frenado topadoras la semana pasada y están entregando y haciendo denuncia penal a quienes están deforestando. Incluso sacaron el comunicado avisando a los productores que no se puede desmontar”, dijo Giardini al comparar el accionar entre una provincia y otra.
Giardini entendió que no es menor que desde el gobierno provincial se “mire para otro lado”, más aún cuando a nivel mundial no solo rige una emergencia sanitaria sino también climática. “A las comunidades indígenas les destruyeron su casa, su farmacia, y su almacén”, afirmó. Recordó que cada vez con mayor rapidez se extinguen especies por el atentado a la biodiversidad. “No deberíamos perder ni una hectárea más”, dijo al sostener que la Ley de Bosques Nativos ya no alcanza y se debe disponer una herramienta legal para “la suspensión total de los desmontes de acá y para siempre”.
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Salta: más de 800 hectáreas desmontadas en solo 15 días
En 15 días desmontaron más de 800 hectáreas en Salta
Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Parte de la deforestación es adjudicada al presidente de la Sociedad Rural Salteña. Desde el gobierno provincial se enviará la información al Ministerio Público Fiscal, dado que podría haber violación de la cuarentena
En las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, atravesadas en parte por el Chaco Americano, se detectaron desmontes de un total de 2.172 hectáreas entre el 15 y el 31 de marzo, es decir, en parte del lapso que involucra la cuarentena que se inició el 20 de marzo en el país.
En Salta se desmontaron un total de 839 hectáreas, de las cuales 130 fueron registradas en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Según la organización ambientalista Greenpeace, esta finca es de propiedad de Ignacio García del Río, quien es a su vez presidente de la Sociedad Rural Salteña y miembro de PROGRANO, entidad que nuclea a los grandes productores de Salta y Jujuy.
Las imágenes satelitales muestran que los desmontes en la finca San Francisco se realizaron entre el 13 y 23 de marzo uno, y entre el 23 y 25 de marzo el segundo.
El de esta propiedad “es el único caso en el que sabemos fehacientemente de quien es la finca, porque estuvimos ahí”, dijo a Salta/12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Queda por ahora analizar la ubicación del resto de superficies desmontadas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, por su parte, adelantó a este medio que se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Esto porque se realizaron durante la cuarentena y con eso se habrían violado la disposiciones del gobierno nacional de aislamiento social obligatorio, por la pandemia del coronavirus. “Se elaboraron informes internos. Están autorizados en la gestión anterior. El motivo es incumplimiento de la cuarentena. Actuará el Ministerio Público y le proporcionaremos la información de soliciten”, agregó Aldazábal al responder vía redes sociales a las consultas realizadas.
Una autorización incierta
Giardini recordó que la recategorización y posterior autorización del desmonte en la finca de García del Río ya había sido cuestionada en 2013. Esta fue una de las superficies que estaba en amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. Los desmontes estaban prohibidos en esta categoría y en la roja. Sin embargo, durante su gobierno Juan Manuel Urtubey dictó en 2011 dos decretos que permitieron la recategorización de zonas rojas o amarillas (es decir, en las que se prohibía el desmonte), a verdes (para desmontar).
Con estas modificaciones mediante, la finca de García del Río junto a otros 31 establecimientos agropecuarios fueron beneficiados para desmontar.
Al iniciar 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, instó al gobierno de Urtubey a suspender los desmontes que había permitido mediante esas recategorizaciones.
A regañadientes, el gobierno de Urtubey aceptó la observación. El 24 de enero de 2018 la Secretaría de Ambiente emitió la resolución Nº 19 del Ministerio de Producción, Trabajo, y Desarrollo Sustentable que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. En el anexo del decreto se mencionaba las 32 fincas enmarcadas en esta resolución. Si bien no sale mencionada la finca San Francisco como tal, Giardini explicó que esta es un desmembramiento de la finca Caraguatá, que aparece en el listado detallado por el Ministerio de Ambiente de la Nación al momento de pedir suspender los desmontes.
Lejos de aceptar que las recategorizaciones implicaban un efecto regresivo para el OTBN, y amparándose en el principio de autonomía provincial, en el instrumento legal salteño se afirmó que las “resoluciones cuestionadas gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto”. Sin embargo, se resolvió la “suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo cuestionadas”.
En parte de los considerandos de la resolución provincial se habló de que “correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorizaciones”, pero en ningún momento se habló de un tiempo determinado.
“No sabemos si se liberó alguna (de las 32 fincas en donde se suspendieron las autorizaciones de desmontes), para seguir deforestando”, dijo Giardini. Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, en tanto, se afirmó que la autorización de desmonte de la finca es de 2011.
Efecto inundación
Entre los argumentos que adujo Greenpeace en 2013 para refutar la recategorización de los montes de la finca San Francisco se encuentra el hecho de que la superficie limita con el ex lote fiscal 14, y cualquier modificación en esta parte incide en el territorio de uso ancestral de las comunidades indígenas de esa zona. Es sobre las más de 640 mil hectáreas que forman parte de los ex lotes fiscales 55 y 14 (ubicados en el departamento Rivadavia), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló recientemente a favor de las comunidades originarias.
Conocedores de esta causa sostuvieron que en principio el desmonte a realizar no complicaría el trabajo de reubicación que las familias criollas deben hacer en los próximos seis años. Sin embargo, recordaron que en 2013 se refutó la autorización de este desmonte en razón de que favorecería el escurrimiento de las aguas sobre los ex lotes fiscales y, por lo tanto, provocaría inundaciones en perjuicio de las comunidades que habitan el ex lote fiscal 14.
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Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Parte de la deforestación es adjudicada al presidente de la Sociedad Rural Salteña. Desde el gobierno provincial se enviará la información al Ministerio Público Fiscal, dado que podría haber violación de la cuarentena
En las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, atravesadas en parte por el Chaco Americano, se detectaron desmontes de un total de 2.172 hectáreas entre el 15 y el 31 de marzo, es decir, en parte del lapso que involucra la cuarentena que se inició el 20 de marzo en el país.
En Salta se desmontaron un total de 839 hectáreas, de las cuales 130 fueron registradas en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Según la organización ambientalista Greenpeace, esta finca es de propiedad de Ignacio García del Río, quien es a su vez presidente de la Sociedad Rural Salteña y miembro de PROGRANO, entidad que nuclea a los grandes productores de Salta y Jujuy.
Las imágenes satelitales muestran que los desmontes en la finca San Francisco se realizaron entre el 13 y 23 de marzo uno, y entre el 23 y 25 de marzo el segundo.
El de esta propiedad “es el único caso en el que sabemos fehacientemente de quien es la finca, porque estuvimos ahí”, dijo a Salta/12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Queda por ahora analizar la ubicación del resto de superficies desmontadas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, por su parte, adelantó a este medio que se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Esto porque se realizaron durante la cuarentena y con eso se habrían violado la disposiciones del gobierno nacional de aislamiento social obligatorio, por la pandemia del coronavirus. “Se elaboraron informes internos. Están autorizados en la gestión anterior. El motivo es incumplimiento de la cuarentena. Actuará el Ministerio Público y le proporcionaremos la información de soliciten”, agregó Aldazábal al responder vía redes sociales a las consultas realizadas.
Una autorización incierta
Giardini recordó que la recategorización y posterior autorización del desmonte en la finca de García del Río ya había sido cuestionada en 2013. Esta fue una de las superficies que estaba en amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. Los desmontes estaban prohibidos en esta categoría y en la roja. Sin embargo, durante su gobierno Juan Manuel Urtubey dictó en 2011 dos decretos que permitieron la recategorización de zonas rojas o amarillas (es decir, en las que se prohibía el desmonte), a verdes (para desmontar).
Con estas modificaciones mediante, la finca de García del Río junto a otros 31 establecimientos agropecuarios fueron beneficiados para desmontar.
Al iniciar 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, instó al gobierno de Urtubey a suspender los desmontes que había permitido mediante esas recategorizaciones.
A regañadientes, el gobierno de Urtubey aceptó la observación. El 24 de enero de 2018 la Secretaría de Ambiente emitió la resolución Nº 19 del Ministerio de Producción, Trabajo, y Desarrollo Sustentable que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. En el anexo del decreto se mencionaba las 32 fincas enmarcadas en esta resolución. Si bien no sale mencionada la finca San Francisco como tal, Giardini explicó que esta es un desmembramiento de la finca Caraguatá, que aparece en el listado detallado por el Ministerio de Ambiente de la Nación al momento de pedir suspender los desmontes.
Lejos de aceptar que las recategorizaciones implicaban un efecto regresivo para el OTBN, y amparándose en el principio de autonomía provincial, en el instrumento legal salteño se afirmó que las “resoluciones cuestionadas gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto”. Sin embargo, se resolvió la “suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo cuestionadas”.
En parte de los considerandos de la resolución provincial se habló de que “correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorizaciones”, pero en ningún momento se habló de un tiempo determinado.
“No sabemos si se liberó alguna (de las 32 fincas en donde se suspendieron las autorizaciones de desmontes), para seguir deforestando”, dijo Giardini. Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, en tanto, se afirmó que la autorización de desmonte de la finca es de 2011.
Efecto inundación
Entre los argumentos que adujo Greenpeace en 2013 para refutar la recategorización de los montes de la finca San Francisco se encuentra el hecho de que la superficie limita con el ex lote fiscal 14, y cualquier modificación en esta parte incide en el territorio de uso ancestral de las comunidades indígenas de esa zona. Es sobre las más de 640 mil hectáreas que forman parte de los ex lotes fiscales 55 y 14 (ubicados en el departamento Rivadavia), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló recientemente a favor de las comunidades originarias.
Conocedores de esta causa sostuvieron que en principio el desmonte a realizar no complicaría el trabajo de reubicación que las familias criollas deben hacer en los próximos seis años. Sin embargo, recordaron que en 2013 se refutó la autorización de este desmonte en razón de que favorecería el escurrimiento de las aguas sobre los ex lotes fiscales y, por lo tanto, provocaría inundaciones en perjuicio de las comunidades que habitan el ex lote fiscal 14.
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La Barrick explorará proyecto minero en Salta
La minera canadiense Barrick Gold explorará un nuevo proyecto de plata en la provincia de Salta
Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Salta
La minera canadiense Barrick Gold anunció que explorará un proyecto minero ubicado en la provincia de Salta y cuyo nombre es El Quevar.
La compañía llegó a un acuerdo con Golden Minerals, la firma que hasta el momento estaba a cargo del emprendimiento. De esta manera, Barrick Gold se quedó con un 70% de la propiedad del proyecto de plata, plomo y zinc.
Para hacerse del 70% del proyecto de plata en Salta, Barrick Gold invirtió u$s1 millón. "De conformidad con una transacción de colocación privada a un precio de u$s0,21 por acción", explicó en un comunicado.
Según el acuerdo, la empresa canadiense tendrá que invertir u$s10 millones en exploración en un período de en ocho años. Los desembolsos se organizarán de la siguiente manera: u$s500.00 en el primer y segundo año; u$s1 millón en el tercero y cuarto año; y u$s2 millones en el sexto, séptimo y octavo año. "Los montos pueden gastarse antes de lo requerido", señala el comunicado.
El último año, Barrick deberá presentar el estudio de prefactibilidad "que cumpla con NI 43-101 que describe una operación potencialmente rentable con recursos minerales de no menos de 2 millones de onzas equivalentes de oro".
En la nueva firma que realizará el proyecto de plata en Salta, el 70% es de Barrick Gold y el 30% restante es de Golden Minerals, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.
"La financiación se dividirá en proporción a la propiedad de cada accionista", aclara el comunicado.
El Quevar es un proyecto de plata que comenzó en 2004 y está ubicado a 90 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres, en la puna salteña, indica EconoJournal.
Tiene una superficie de casi 70.000 (entre 14 concesiones de explotación y 6 de exploración) hectáreas y está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Veladero, con extensión de vida
La empresa Barrick anunció el mes pasado la extensión por 10 años de la vida útil de la mina de oro Veladero en la provincia de San Juan, lo que demandará obras de desarrollo destinadas a incrementar su producción hasta las 500.000 onzas al año.
Así lo anunció esta tarde el presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, mediante una videoconferencia abierta desde las oficinas que la minera posee en Santiago de Chile, un recurso al que se apeló debido a las restricciones que se deben cumplir para evitar la propagación del coronavirus.
Bristow también reveló que la compañía completó un estudio sobre el proyecto binacional Pascua Lama, que arrojó que el emprendimiento por el momento "no cumple con los criterios de inversión utilizando los parámetros actuales", por lo que se comprometió a seguir trabajando para transformar esos recursos "en una oportunidad para los dos países".
"Nuestro objetivo inmediato es extender la vida de la mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel", dijo Bristow al explicar que la revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación en los territorios ubicados entre unos 4.500 metros de altura.
Para esta tarea se establecieron equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites, es decir en torno al desarrollo de la mina que comenzó a producir en 2005, y que demostraron tienen el potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas.
"Suplimos el agotamiento de la producción anual y agregamos 1,4 millones de onzas al plan aprobado año tras año, lo que permite extender la vida útil y llevarla más allá de 2030 y elevar su ranking a un activo de nivel 1", explicó Bristow al realizar el anuncio.
Sobre el proyecto de ampliación de Veladero, Bristow dijo que el nuevo valle de lixiviación demandará una inversión de US$ 145 millones, de los cuales ya se concretaron trabajos por US$ 93 millones con un 63% de avance.
Estos trabajos crearon nuevas oportunidades de empleo, ya que el número de operarios directos y contratistas aumentó de más de 1.400 personas en 2019 hasta llegar a casi 5.000 en la actualidad.
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Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Salta
La minera canadiense Barrick Gold anunció que explorará un proyecto minero ubicado en la provincia de Salta y cuyo nombre es El Quevar.
La compañía llegó a un acuerdo con Golden Minerals, la firma que hasta el momento estaba a cargo del emprendimiento. De esta manera, Barrick Gold se quedó con un 70% de la propiedad del proyecto de plata, plomo y zinc.
Para hacerse del 70% del proyecto de plata en Salta, Barrick Gold invirtió u$s1 millón. "De conformidad con una transacción de colocación privada a un precio de u$s0,21 por acción", explicó en un comunicado.
Según el acuerdo, la empresa canadiense tendrá que invertir u$s10 millones en exploración en un período de en ocho años. Los desembolsos se organizarán de la siguiente manera: u$s500.00 en el primer y segundo año; u$s1 millón en el tercero y cuarto año; y u$s2 millones en el sexto, séptimo y octavo año. "Los montos pueden gastarse antes de lo requerido", señala el comunicado.
El último año, Barrick deberá presentar el estudio de prefactibilidad "que cumpla con NI 43-101 que describe una operación potencialmente rentable con recursos minerales de no menos de 2 millones de onzas equivalentes de oro".
En la nueva firma que realizará el proyecto de plata en Salta, el 70% es de Barrick Gold y el 30% restante es de Golden Minerals, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.
"La financiación se dividirá en proporción a la propiedad de cada accionista", aclara el comunicado.
El Quevar es un proyecto de plata que comenzó en 2004 y está ubicado a 90 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres, en la puna salteña, indica EconoJournal.
Tiene una superficie de casi 70.000 (entre 14 concesiones de explotación y 6 de exploración) hectáreas y está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Veladero, con extensión de vida
La empresa Barrick anunció el mes pasado la extensión por 10 años de la vida útil de la mina de oro Veladero en la provincia de San Juan, lo que demandará obras de desarrollo destinadas a incrementar su producción hasta las 500.000 onzas al año.
Así lo anunció esta tarde el presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, mediante una videoconferencia abierta desde las oficinas que la minera posee en Santiago de Chile, un recurso al que se apeló debido a las restricciones que se deben cumplir para evitar la propagación del coronavirus.
Bristow también reveló que la compañía completó un estudio sobre el proyecto binacional Pascua Lama, que arrojó que el emprendimiento por el momento "no cumple con los criterios de inversión utilizando los parámetros actuales", por lo que se comprometió a seguir trabajando para transformar esos recursos "en una oportunidad para los dos países".
"Nuestro objetivo inmediato es extender la vida de la mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel", dijo Bristow al explicar que la revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación en los territorios ubicados entre unos 4.500 metros de altura.
Para esta tarea se establecieron equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites, es decir en torno al desarrollo de la mina que comenzó a producir en 2005, y que demostraron tienen el potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas.
"Suplimos el agotamiento de la producción anual y agregamos 1,4 millones de onzas al plan aprobado año tras año, lo que permite extender la vida útil y llevarla más allá de 2030 y elevar su ranking a un activo de nivel 1", explicó Bristow al realizar el anuncio.
Sobre el proyecto de ampliación de Veladero, Bristow dijo que el nuevo valle de lixiviación demandará una inversión de US$ 145 millones, de los cuales ya se concretaron trabajos por US$ 93 millones con un 63% de avance.
Estos trabajos crearon nuevas oportunidades de empleo, ya que el número de operarios directos y contratistas aumentó de más de 1.400 personas en 2019 hasta llegar a casi 5.000 en la actualidad.
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Proyectos de litio frenados por el Coronavirus
Efecto Covid-19: un grupo minero francés le pone freno a una inversión de USD600 millones en Salta
Fecha de Publicación: 11/04/2020
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Salta
La empresa Eramet desistirá del proyecto, el menos, hasta que el panorama esté un poco más claro. El complejo productivo de litio iba a comenzar a operar el año que viene
El negocio del litio es uno de los que mayor potencial de crecimiento mostró en los últimos años, sin embargo, la pandemia de coronavirus también interrumpe proyectos en ese segmento.
El grupo minero francés Eramet desistirá de construir una fábrica de producción de litio en Argentina, como consecuencia de la incertidumbre que provoca en la economía mundial la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que iba a demandar una inversión de USD600 millones, se iba a ubicar en Salta. La decisión, que tiene por fin "preservar la tesorería" del grupo, implica una pérdida de 150 millones de euros para la compañía, indicó Eramet en un comunicado.
"En el contexto actual de la crisis sanitaria" hay "una gran incertidumbre en la economía mundial y en particular en los mercados de materias primas, incluido el litio", indicó el comunicado de la empresa.
"Por lo tanto, el consejo de administración de Eramet tomó la decisión de no iniciar la construcción de la planta de producción de litio en Argentina", agregó.
Sin embargo, el proyecto no parece definitivamente enterrado ya que, según el comunicado, la planta piloto, que está funcionando desde hace cuatro meses seguirá su actividad "para terminar de recoger los resultados del proceso en curso".
Además Eramet señaló que tomará todas las disposiciones necesarias hacia "las comunidades locales y los proveedores para permitir un seguimiento y un relanzamiento del proceso en las mejores condiciones cuando sea posible".
El proyecto de Eramat se llama Centenario-Ratones y tenía como objetivo iniciar operaciones en 2021, con una capacidad instalada de 20.000 toneladas LCE.
En la actualidad, la capacidad instalada de producción de litio a nivel nacional se ubica en 42.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y las exportaciones en 2018 totalizaron USD251 millones.
En la Argentina existen proyectos para explotar litio en 23 salares ubicados en el territorio de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. De estos proyectos, Olaroz en Jujuy y Fénix en Catamarca, son los únicos que ya se encuentran en fase productiva.
Fénix es operada por la estadounidense Livent Corp (perteneciente a FMC), y cuenta con una capacidad instalada de 22.000 toneladas LCE, mientras que el yacimiento Olaroz está a cargo de la minera australiana Orocobre, la japonesa Toyota y la nacional Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), y actualmente su capacidad instalada es de 17.500 toneladas LCE.
Las dos minas cuentan con planes de expansión para alcanzar la capacidad instalada de 40.000 toneladas LCE cada una: en el caso de Olaroz se espera llegar a este objetivo en 2020, y en la mina Fénix en 2022.
Además del proyecto de Eramet, también está en construcción Cauchari-Olaroz, en Jujuy, desarrollado por la canadiense Litium Americas, la china Ganfeng y la jujeña Jemse, que planeaban entrar en operación este año, con una capacidad instalada de 25.000 toneladas.
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Fecha de Publicación: 11/04/2020
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Salta
La empresa Eramet desistirá del proyecto, el menos, hasta que el panorama esté un poco más claro. El complejo productivo de litio iba a comenzar a operar el año que viene
El negocio del litio es uno de los que mayor potencial de crecimiento mostró en los últimos años, sin embargo, la pandemia de coronavirus también interrumpe proyectos en ese segmento.
El grupo minero francés Eramet desistirá de construir una fábrica de producción de litio en Argentina, como consecuencia de la incertidumbre que provoca en la economía mundial la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que iba a demandar una inversión de USD600 millones, se iba a ubicar en Salta. La decisión, que tiene por fin "preservar la tesorería" del grupo, implica una pérdida de 150 millones de euros para la compañía, indicó Eramet en un comunicado.
"En el contexto actual de la crisis sanitaria" hay "una gran incertidumbre en la economía mundial y en particular en los mercados de materias primas, incluido el litio", indicó el comunicado de la empresa.
"Por lo tanto, el consejo de administración de Eramet tomó la decisión de no iniciar la construcción de la planta de producción de litio en Argentina", agregó.
Sin embargo, el proyecto no parece definitivamente enterrado ya que, según el comunicado, la planta piloto, que está funcionando desde hace cuatro meses seguirá su actividad "para terminar de recoger los resultados del proceso en curso".
Además Eramet señaló que tomará todas las disposiciones necesarias hacia "las comunidades locales y los proveedores para permitir un seguimiento y un relanzamiento del proceso en las mejores condiciones cuando sea posible".
El proyecto de Eramat se llama Centenario-Ratones y tenía como objetivo iniciar operaciones en 2021, con una capacidad instalada de 20.000 toneladas LCE.
En la actualidad, la capacidad instalada de producción de litio a nivel nacional se ubica en 42.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y las exportaciones en 2018 totalizaron USD251 millones.
En la Argentina existen proyectos para explotar litio en 23 salares ubicados en el territorio de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. De estos proyectos, Olaroz en Jujuy y Fénix en Catamarca, son los únicos que ya se encuentran en fase productiva.
Fénix es operada por la estadounidense Livent Corp (perteneciente a FMC), y cuenta con una capacidad instalada de 22.000 toneladas LCE, mientras que el yacimiento Olaroz está a cargo de la minera australiana Orocobre, la japonesa Toyota y la nacional Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), y actualmente su capacidad instalada es de 17.500 toneladas LCE.
Las dos minas cuentan con planes de expansión para alcanzar la capacidad instalada de 40.000 toneladas LCE cada una: en el caso de Olaroz se espera llegar a este objetivo en 2020, y en la mina Fénix en 2022.
Además del proyecto de Eramet, también está en construcción Cauchari-Olaroz, en Jujuy, desarrollado por la canadiense Litium Americas, la china Ganfeng y la jujeña Jemse, que planeaban entrar en operación este año, con una capacidad instalada de 25.000 toneladas.
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Chaco salteño: CorteIDH dio a la razón a indígenas
La Corte Interamericana le dio a la razón a comunidades indígenas
Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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El aislamiento suma problemas a los wichís
Los wichís, el coronavirus y el nuevo rostro de la muerte
Fecha de Publicación: 01/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Salta
La población wichí que habita el monte chaqueño vive en aislamiento y suma muertos, pero no por el coronavirus. Desde hace tiempo que la desnutrición y la tuberculosis están golpeando con dureza a las comunidades del Impenetrable. Acá hay un asesino más cercano y peligroso que el COVID-19: el hambre.
En los últimos tres días, murieron tres niños. Un pequeño de seis meses falleció el martes 24 de marzo en el Hospital Santa Victoria Este, un día después, murió un niño de un año y tres meses en la comunidad Vertiente Chica y ayer, murió la hermana de esté último, una niña de cinco años.
El desmonte agotó los pocos recursos que tenían las poblaciones del monte y cada vez se hace más difícil la subsistencia de las comunidades originarias.
La falta de agua y recursos económicos juega un papel fundamental, la muerte no distingue edades y lo que más escasea es la vida. Muchas comunidades tienen enfermos crónicos que sobreviven día a día sin medicación, hasta que un día el cuerpo no aguanta más y ahora la muerte sumó un nuevo rostro.
La cercanía de Embarcación con las comunidades, preocupa a los médicos de Misión Chaqueña. Y es que si el coronavirus llega a esta población donde es importante la población originaria, hay riesgo de que terminen infectando a sus familiares en el monte y eso provocaría un verdadero desastre humanitario.
El peligro acecha y todos lo saben. Pero esta realidad no solo afecta a los Wichís, también a los Qom. En Chaco, una de las provincias que concentra la mayor cantidad de muertes e infectados con COVID-19, hay grandes asentamientos de población originaria a menos de una hora de la ciudad de Resistencia.
La situación se agrava porque muchos están obligados a viajar con cierta frecuencia a las ciudades para conseguir alimentos y hacer changas y otros, reciben la visita de sus familiares que vienen de localidades donde hay casos sospechosos y contagios.
El doctor Rodolfo Franco es médico de la Misión Chaqueña y Carboncito y dijo a El Diario: “Estamos trabajando con las dos comunidades, donde viven alrededor de seis mil personas y muchísimos niños. Son familias numerosas y tenemos varios problemas, la desnutrición crónica de los habitantes que tienen hematoclitos bajos, anemia porque no comen carne (pese a que antes eran muy carnívoros) y enfermedades provocadas por el desmonte del Chaco Salteño”.
“Son muy susceptibles a las enfermedades y hasta hace muy poco, teníamos problema con el agua. Ahora el Ejército Argentino está proveyendo de agua potable a las comunidades y ojalá que se construya una planta potablizadora para toda la región, donde hay alrededor de quince mil personas repartidas en varias comunidades. Hoy estamos con el tema del coronavirus y la gente está aislada, pese a que siempre estamos aislados. La población más cercana es Embarcación, que está a cincuenta kilómetros. La gente ahora no está yendo al pueblo y esperamos que el coronavirus no llegue para estos lados. Es una población mal alimentada, con poca higiene porque no hay recolección de residuos y con falencias de vivienda (muchos viven en tiendas de naylon), podría provocar muchos problemas de mortalidad”, reconoció el médico.
“La gente no tiene miedo, pero son muy respetuosos de lo que está pasando. En la medida de lo posible, se están quedando en sus casas cumpliendo con la cuarentena y los cultos fueron cerrados. Creo que hay una enseñanza, un modelo que ellos marcan, en cuanto a respetar lo que está sucediendo pero no dejarse arrinconar por el miedo”, explicó Camila Liberal, presidenta de la ONG Deuda Interna.
“Las circunstancias de aislamiento y la falta de alimentos agudiza una situación histórica: el hambre. No tienen acceso al trabajo informal, cesaron sus tareas y padecen el aumento de los precios y la especulación. Esto complejiza las posibilidades de alimentarse en términos familiares”, agregó.
”También hay una cuestión particular en el departamento San Martín (cerca de la ciudad de Embarcación) donde se encuentran las comunidades de la cuenca del Río Bermejo y en particular, poblaciones como La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña, donde el alimento llega por transporte público. Lo que esta sucediendo es que estan viniendo de otras comunidades a vender productos en camioneta. Llega gente desde la ciudad de Orán, donde hubo un caso de coronavirus, para vender productos y es un amenaza. Sinceramente, creo que esta epidemia en algún punto no es novedad para los wichís, a ellos los persigue la muerte desde hace mucho tiempo con una epidemia que es curable, que puede revertirse y que tiene como solución políticas públicas y el diseño de una planificación seria para terminar con el hambre”, completó.
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Fecha de Publicación: 01/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Salta
La población wichí que habita el monte chaqueño vive en aislamiento y suma muertos, pero no por el coronavirus. Desde hace tiempo que la desnutrición y la tuberculosis están golpeando con dureza a las comunidades del Impenetrable. Acá hay un asesino más cercano y peligroso que el COVID-19: el hambre.
En los últimos tres días, murieron tres niños. Un pequeño de seis meses falleció el martes 24 de marzo en el Hospital Santa Victoria Este, un día después, murió un niño de un año y tres meses en la comunidad Vertiente Chica y ayer, murió la hermana de esté último, una niña de cinco años.
El desmonte agotó los pocos recursos que tenían las poblaciones del monte y cada vez se hace más difícil la subsistencia de las comunidades originarias.
La falta de agua y recursos económicos juega un papel fundamental, la muerte no distingue edades y lo que más escasea es la vida. Muchas comunidades tienen enfermos crónicos que sobreviven día a día sin medicación, hasta que un día el cuerpo no aguanta más y ahora la muerte sumó un nuevo rostro.
La cercanía de Embarcación con las comunidades, preocupa a los médicos de Misión Chaqueña. Y es que si el coronavirus llega a esta población donde es importante la población originaria, hay riesgo de que terminen infectando a sus familiares en el monte y eso provocaría un verdadero desastre humanitario.
El peligro acecha y todos lo saben. Pero esta realidad no solo afecta a los Wichís, también a los Qom. En Chaco, una de las provincias que concentra la mayor cantidad de muertes e infectados con COVID-19, hay grandes asentamientos de población originaria a menos de una hora de la ciudad de Resistencia.
La situación se agrava porque muchos están obligados a viajar con cierta frecuencia a las ciudades para conseguir alimentos y hacer changas y otros, reciben la visita de sus familiares que vienen de localidades donde hay casos sospechosos y contagios.
El doctor Rodolfo Franco es médico de la Misión Chaqueña y Carboncito y dijo a El Diario: “Estamos trabajando con las dos comunidades, donde viven alrededor de seis mil personas y muchísimos niños. Son familias numerosas y tenemos varios problemas, la desnutrición crónica de los habitantes que tienen hematoclitos bajos, anemia porque no comen carne (pese a que antes eran muy carnívoros) y enfermedades provocadas por el desmonte del Chaco Salteño”.
“Son muy susceptibles a las enfermedades y hasta hace muy poco, teníamos problema con el agua. Ahora el Ejército Argentino está proveyendo de agua potable a las comunidades y ojalá que se construya una planta potablizadora para toda la región, donde hay alrededor de quince mil personas repartidas en varias comunidades. Hoy estamos con el tema del coronavirus y la gente está aislada, pese a que siempre estamos aislados. La población más cercana es Embarcación, que está a cincuenta kilómetros. La gente ahora no está yendo al pueblo y esperamos que el coronavirus no llegue para estos lados. Es una población mal alimentada, con poca higiene porque no hay recolección de residuos y con falencias de vivienda (muchos viven en tiendas de naylon), podría provocar muchos problemas de mortalidad”, reconoció el médico.
“La gente no tiene miedo, pero son muy respetuosos de lo que está pasando. En la medida de lo posible, se están quedando en sus casas cumpliendo con la cuarentena y los cultos fueron cerrados. Creo que hay una enseñanza, un modelo que ellos marcan, en cuanto a respetar lo que está sucediendo pero no dejarse arrinconar por el miedo”, explicó Camila Liberal, presidenta de la ONG Deuda Interna.
“Las circunstancias de aislamiento y la falta de alimentos agudiza una situación histórica: el hambre. No tienen acceso al trabajo informal, cesaron sus tareas y padecen el aumento de los precios y la especulación. Esto complejiza las posibilidades de alimentarse en términos familiares”, agregó.
”También hay una cuestión particular en el departamento San Martín (cerca de la ciudad de Embarcación) donde se encuentran las comunidades de la cuenca del Río Bermejo y en particular, poblaciones como La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña, donde el alimento llega por transporte público. Lo que esta sucediendo es que estan viniendo de otras comunidades a vender productos en camioneta. Llega gente desde la ciudad de Orán, donde hubo un caso de coronavirus, para vender productos y es un amenaza. Sinceramente, creo que esta epidemia en algún punto no es novedad para los wichís, a ellos los persigue la muerte desde hace mucho tiempo con una epidemia que es curable, que puede revertirse y que tiene como solución políticas públicas y el diseño de una planificación seria para terminar con el hambre”, completó.
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Dura realidad de los recuperadores informales
"La cadena de subsistencia está quebrada"
Fecha de Publicación: 23/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional
Con la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional y el provincial han pedido a la población que se quede en casa, sin embargo, siguen sin implementarse medidas que garanticen el alimento y los insumos necesarios a trabajadores informales
Es el caso de 163 recuperadores de la basura que realizaban la clasificación en el Vertedero San Javier para después vender lo que conseguían y tener un ingreso diario. Desde el miércoles ya no pueden hacerlo. También es la situación de cartoneros y carreros que colectaban residudos en el centro de la ciudad y no pueden ingresar porque está vallado.
El referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), Rodrigo García, sostuvo que la situación "es caótica en todo sentido y más para trabajadores de la economía popular". Planteó que necesitan un plan de contingencia por parte del gobierno de la Nación, que tiene 7 millones de trabajadores en la informalidad. y también de Salta, una de las provincias que tiene más empleo no registrado. "La cadena de subsistencia está quebrada. No están tranquilizando a todo este sector de la población", afirmó.
Pasadas las 21 de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que en los próximos días anunciará medidas para trabajadores y trabajadoras informales y reconoció que no había tenido en cuenta al sector hasta el momento.
"Cartoneros, carreros, recicladores, verduleros, fruteros, vendedores ambulantes, cortadores de pasto", todos están imposibilitados de salir a la calle a buscar el ingreso diario con el que venían subsistiendo hasta antes de la pandemia. García planteó que los gobiernos "no tienen un plan de contingencia para eso" y no han previsto ni un reparto de comida. ¿Cuánto pueden aguantar?, ¿una semana, 4 o 5 días?, 15 días así no pueden llegar a soportar. La ausencia del gobierno provincial es indignante", manifestó el referente.
"La intendenta Bettina Romero no sé dónde está", expresó García. El referente dijo que ante la falta de accionar del gobierno provincial y del municipal necesitan un permiso especial para entregar bolsones que el MTE recibe de la Nación a la gente que trabaja en el vertedero y son parte de la organización, aunque señaló que estos alimentos no bastarán para cubrir las necesidades.
Nada para llevar a casa
"Nos dijeron desde la cooperativa que no vayamos a trabajar hasta el 31 de marzo, somos 79 mujeres, hay unas 20 mamás solteras sin ayuda. Lamentablemente no hay nada para llevar a la casa. Es una situación muy difícil. Al no trabajar no podemos vender", sostuvo una trabajadora que clasifica y recupera la basura en el Vertedero San Javier. Ella prefirió que no se publique su nombre.
Los recuperadores de la basura que trabajan en el vertedero están agrupados en tres cooperativas: Ceferino Namuncurá, Recuperadores de Residuos de Sata y Materiales Reciclables de Salta. Estas integran a la vez la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la CTEP.
"Desde el miércoles, estamos sin trabajar. No tenemos que acercarnos al vertedero o nos van a suspender de las cooperativas. No se dan cuenta que hay muchas familias que dependen de ahí. Lo que me gustaría es que el Gobierno realmente vea qué va a comer la gente si no puede ir a trabajar, ¿cómo vamos a hacer para comprar alimentos?. ¿Qué van a hacer las madres que están solas?. Que el Gobierno trate de ver la manera de ayudarnos a quienes trabajamos en negro", manifestó la trabajadora.
García explicó que la mayoría de los recuperadores y recuperadoras de la basura no son beneficiarios del salario social complementario. Dijo que no todos cobran la Asignación Universal por Hijo, ni tienen la tarjeta Alimentar, y a quienes los perciben tampoco les va a alcanzar para hacer frente a los gastos en esta cuarentena.
El referente sostuvo que hay incapacidad del gobierno provincial, porque si no contienen a los sectores excluídos van a tener una "marcha de hambrientos" y consideró que es probable que las respuestas que preparen sea la represión con las fuerzas de seguridad.
"En el MTE no recibimos nada de intendencia ni de Gobernación a pesar de que hemos hecho pedidos de mercadería", contó García. La organización tiene 4 merenderos (1 en el barrio 20 de Junio, 3 en el barrio 26 de Marzo, donde asisten 50 niños y niñas). También realizan ollas populares en los barrios Virgen de Urkupiña, Santa Mónica, San Rafael y 20 de Junio, de donde llevan la comida más 300 personas, detalló el referente. Dijo que reciben de la Nación lo justo de mercadería y que aportan del bolsillo de los y las integrantes de la organización para comprar la carne.
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Fecha de Publicación: 23/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional
Con la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional y el provincial han pedido a la población que se quede en casa, sin embargo, siguen sin implementarse medidas que garanticen el alimento y los insumos necesarios a trabajadores informales
Es el caso de 163 recuperadores de la basura que realizaban la clasificación en el Vertedero San Javier para después vender lo que conseguían y tener un ingreso diario. Desde el miércoles ya no pueden hacerlo. También es la situación de cartoneros y carreros que colectaban residudos en el centro de la ciudad y no pueden ingresar porque está vallado.
El referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), Rodrigo García, sostuvo que la situación "es caótica en todo sentido y más para trabajadores de la economía popular". Planteó que necesitan un plan de contingencia por parte del gobierno de la Nación, que tiene 7 millones de trabajadores en la informalidad. y también de Salta, una de las provincias que tiene más empleo no registrado. "La cadena de subsistencia está quebrada. No están tranquilizando a todo este sector de la población", afirmó.
Pasadas las 21 de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que en los próximos días anunciará medidas para trabajadores y trabajadoras informales y reconoció que no había tenido en cuenta al sector hasta el momento.
"Cartoneros, carreros, recicladores, verduleros, fruteros, vendedores ambulantes, cortadores de pasto", todos están imposibilitados de salir a la calle a buscar el ingreso diario con el que venían subsistiendo hasta antes de la pandemia. García planteó que los gobiernos "no tienen un plan de contingencia para eso" y no han previsto ni un reparto de comida. ¿Cuánto pueden aguantar?, ¿una semana, 4 o 5 días?, 15 días así no pueden llegar a soportar. La ausencia del gobierno provincial es indignante", manifestó el referente.
"La intendenta Bettina Romero no sé dónde está", expresó García. El referente dijo que ante la falta de accionar del gobierno provincial y del municipal necesitan un permiso especial para entregar bolsones que el MTE recibe de la Nación a la gente que trabaja en el vertedero y son parte de la organización, aunque señaló que estos alimentos no bastarán para cubrir las necesidades.
Nada para llevar a casa
"Nos dijeron desde la cooperativa que no vayamos a trabajar hasta el 31 de marzo, somos 79 mujeres, hay unas 20 mamás solteras sin ayuda. Lamentablemente no hay nada para llevar a la casa. Es una situación muy difícil. Al no trabajar no podemos vender", sostuvo una trabajadora que clasifica y recupera la basura en el Vertedero San Javier. Ella prefirió que no se publique su nombre.
Los recuperadores de la basura que trabajan en el vertedero están agrupados en tres cooperativas: Ceferino Namuncurá, Recuperadores de Residuos de Sata y Materiales Reciclables de Salta. Estas integran a la vez la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la CTEP.
"Desde el miércoles, estamos sin trabajar. No tenemos que acercarnos al vertedero o nos van a suspender de las cooperativas. No se dan cuenta que hay muchas familias que dependen de ahí. Lo que me gustaría es que el Gobierno realmente vea qué va a comer la gente si no puede ir a trabajar, ¿cómo vamos a hacer para comprar alimentos?. ¿Qué van a hacer las madres que están solas?. Que el Gobierno trate de ver la manera de ayudarnos a quienes trabajamos en negro", manifestó la trabajadora.
García explicó que la mayoría de los recuperadores y recuperadoras de la basura no son beneficiarios del salario social complementario. Dijo que no todos cobran la Asignación Universal por Hijo, ni tienen la tarjeta Alimentar, y a quienes los perciben tampoco les va a alcanzar para hacer frente a los gastos en esta cuarentena.
El referente sostuvo que hay incapacidad del gobierno provincial, porque si no contienen a los sectores excluídos van a tener una "marcha de hambrientos" y consideró que es probable que las respuestas que preparen sea la represión con las fuerzas de seguridad.
"En el MTE no recibimos nada de intendencia ni de Gobernación a pesar de que hemos hecho pedidos de mercadería", contó García. La organización tiene 4 merenderos (1 en el barrio 20 de Junio, 3 en el barrio 26 de Marzo, donde asisten 50 niños y niñas). También realizan ollas populares en los barrios Virgen de Urkupiña, Santa Mónica, San Rafael y 20 de Junio, de donde llevan la comida más 300 personas, detalló el referente. Dijo que reciben de la Nación lo justo de mercadería y que aportan del bolsillo de los y las integrantes de la organización para comprar la carne.
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Salta: 30 causas judiciales por desmanejo de los residuos
Basurales a cielo abierto y vertido de cloacas a los ríos
Fecha de Publicación: 04/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La Procuración General convocó a fiscales para unificar criterios respecto la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.
“El municipio deposita la basura que recolecta en los domicilios en un vertedero que se encuentra en la ribera del río”. Respecto a las cloacas, “el procedimiento que aplica (el municipio), es a través de un camión atmosférico, con el cual efectúa el vaciamiento de los pozos ciegos de los domicilios de los vecinos y luego realiza el vertido de estos residuos en crudo directamente en el río”.
Estas afirmaciones surgen del informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), que evaluó el cumplimiento de la ley provincial de Medio Ambiente 7070 en el municipio de El Tala (ubicado en el departamento La Candelaria, en el sur de la provincia), durante 2016. En ese ejido urbano desde 1986 “está fuera de servicio la red cloacal que tenía el municipio y actualmente se está gestionando su reactivación. Los vecinos cuentan con un sistema de pozo ciego, realizado por ellos mismos”. Respecto de la “disposición de residuos”, el informe de la AGP indica que “en el camino que lleva desde el pueblo hasta el vertedero se observan basurales clandestinos donde la gente del lugar arroja basura”.
30 causas
Aunque preocupa, la realidad hasta aquí expuesta en Salta es más común de lo que parece. Sin tomar este informe de la AGP, desde la Procuración General de la provincia se informó que en las fiscalías hay al menos 30 causas por daños ambientales referidas a basurales.
El viernes que pasó se convocó a los fiscales a cargo de actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.
“Lo novedoso es que es la primera vez que desde la Procuración se pide llamar a todos los fiscales a fin de contrastar acciones y criterios de trabajo”, dijo Lloret al ser consultado por Salta/12 respecto del encuentro. Para ello se contó con la presencia de miembros que componen el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), desde donde se expusieron ejemplos, criterios y problemáticas que involucran los basurales.
En el encuentro se recordó que la gestión de residuos domiciliarios “recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial”. La provincia se rige por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por la Nación.
Contrariaramente a lo que sucede en la realidad de muchos municipios, se indicó que la ley dispone que “los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos”. Además, deben cumplir con requisitos como: estudios de impacto ambiental y social (EIAS), con participación social previa en audiencias públicas. También, indicó la Procuración, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Responsabilidades sin compartir
El marco ideal que establece la ley se aleja de la realidad de los municipios. En diálogo con Salta /12, el abogado Luis Segovia, especialista en derecho ambiental y representante de vecinos en la causa que se sigue por el vertedero San Javier (donde se trata la basura de la capital salteña y alrededores), hizo su análisis de la situación.
Por un lado, entendió que podrían imputarse presuntas irregularidades financieras a los municipios cuando se trata de cumplir con la ley ambiental. Sin embargo, afirmó que también se debe observar la capacidad económica de las comunas para cumplir con las obligaciones que se previeron desde el año 2004, cuando surgió la ley nacional 25916, que dispone cómo hacer el tratamiento de los residuos.
Puso de ejemplo la condena ya ratificada por la Corte de Justicia de Salta en 2018 contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. En la condena se disponía que en un plazo prudencial se instrumente un programa de tratamiento de residuos en ese municipio. Cornejo terminó su gestión sin cumplirla.
Para Segovia, el problema pasa no solo por no querer, sino por no contar con los fondos para hacerlo. “Hay una disparidad de criterios de la provincia para ayudar a los municipios” con la disposición de sus residuos. En opinión del abogado, muchos de esos criterios dependen del ánimo y simpatía de turno del gobierno provincial con el jefe comunal de turno. Los fondos nacionales e internacionales son canalizados por el administrador provincial hacia los municipios. En manos de la provincia queda solo el “monitoreo” o “asesoramiento” de las acciones, y los administradores provinciales se despegan de responsabilidad alguna por la contaminación que generan los basurales a cielo abierto.
“A los municipios aislados y sin recursos les va a resultar imposible”, generar el tratamiento de residuos, pues es una realidad que incluso sucede en aquellos municipios adonde el dinero sí llegó, sostuvo Segovia. Señaló al caso de Cafayate, ciudad turística y cabecera del departamento homónimo en los Valles Calchaquíes. Recordó que el año pasado se inició una investigación judicial porque se habían incendiado residuos que habían sido mal gestionados. “Cafayate sí recibió fondos que la provincia obtuvo de Nación”, dijo Segovia, quien reconoció que durante la gestión del kirchnerismo a nivel nacional fue cuando más dinero se envió a las provincias para el tratamiento de residuos. “Valió que cuenten con una de las plantas más grandes de gestión en un consorcio que involucra a Cafayate, Animaná y San Carlos”, sostuvo. Pero, a su entender, la gestión de residuos de todos modos se hizo mal.
El diputado provincial con mandato cumplido Arturo Borelli había presentado en 2019 un proyecto con el objetivo de crear un consorcio metropolitano de la capital salteña donde la provincia fue incluida con responsabilidades compartidas. “De hecho, es lo que funciona hoy en Buenos Aires”, dijo el abogado.
Como asesor de Borelli, Segovia recordó que se hizo una reunión en la Cámara de Diputados con el fin de tratar el proyecto con los responsables de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los funcionarios se negaron a la posibilidad de un trabajo de colaboración con los municipios “y se rasgaron las vestiduras hablando de la autonomía municipal”, contó. “No quisieron reconocer que (la política respecto de los basurales), fue un fracaso a nivel de las competencias”.
Mientras tanto, la preocupación mayor es la contaminación de las napas de aguas subterráneas, en donde los límites de las jurisdicciones se terminan por diluir.
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Fecha de Publicación: 04/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La Procuración General convocó a fiscales para unificar criterios respecto la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.
“El municipio deposita la basura que recolecta en los domicilios en un vertedero que se encuentra en la ribera del río”. Respecto a las cloacas, “el procedimiento que aplica (el municipio), es a través de un camión atmosférico, con el cual efectúa el vaciamiento de los pozos ciegos de los domicilios de los vecinos y luego realiza el vertido de estos residuos en crudo directamente en el río”.
Estas afirmaciones surgen del informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), que evaluó el cumplimiento de la ley provincial de Medio Ambiente 7070 en el municipio de El Tala (ubicado en el departamento La Candelaria, en el sur de la provincia), durante 2016. En ese ejido urbano desde 1986 “está fuera de servicio la red cloacal que tenía el municipio y actualmente se está gestionando su reactivación. Los vecinos cuentan con un sistema de pozo ciego, realizado por ellos mismos”. Respecto de la “disposición de residuos”, el informe de la AGP indica que “en el camino que lleva desde el pueblo hasta el vertedero se observan basurales clandestinos donde la gente del lugar arroja basura”.
30 causas
Aunque preocupa, la realidad hasta aquí expuesta en Salta es más común de lo que parece. Sin tomar este informe de la AGP, desde la Procuración General de la provincia se informó que en las fiscalías hay al menos 30 causas por daños ambientales referidas a basurales.
El viernes que pasó se convocó a los fiscales a cargo de actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.
“Lo novedoso es que es la primera vez que desde la Procuración se pide llamar a todos los fiscales a fin de contrastar acciones y criterios de trabajo”, dijo Lloret al ser consultado por Salta/12 respecto del encuentro. Para ello se contó con la presencia de miembros que componen el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), desde donde se expusieron ejemplos, criterios y problemáticas que involucran los basurales.
En el encuentro se recordó que la gestión de residuos domiciliarios “recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial”. La provincia se rige por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por la Nación.
Contrariaramente a lo que sucede en la realidad de muchos municipios, se indicó que la ley dispone que “los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos”. Además, deben cumplir con requisitos como: estudios de impacto ambiental y social (EIAS), con participación social previa en audiencias públicas. También, indicó la Procuración, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Responsabilidades sin compartir
El marco ideal que establece la ley se aleja de la realidad de los municipios. En diálogo con Salta /12, el abogado Luis Segovia, especialista en derecho ambiental y representante de vecinos en la causa que se sigue por el vertedero San Javier (donde se trata la basura de la capital salteña y alrededores), hizo su análisis de la situación.
Por un lado, entendió que podrían imputarse presuntas irregularidades financieras a los municipios cuando se trata de cumplir con la ley ambiental. Sin embargo, afirmó que también se debe observar la capacidad económica de las comunas para cumplir con las obligaciones que se previeron desde el año 2004, cuando surgió la ley nacional 25916, que dispone cómo hacer el tratamiento de los residuos.
Puso de ejemplo la condena ya ratificada por la Corte de Justicia de Salta en 2018 contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. En la condena se disponía que en un plazo prudencial se instrumente un programa de tratamiento de residuos en ese municipio. Cornejo terminó su gestión sin cumplirla.
Para Segovia, el problema pasa no solo por no querer, sino por no contar con los fondos para hacerlo. “Hay una disparidad de criterios de la provincia para ayudar a los municipios” con la disposición de sus residuos. En opinión del abogado, muchos de esos criterios dependen del ánimo y simpatía de turno del gobierno provincial con el jefe comunal de turno. Los fondos nacionales e internacionales son canalizados por el administrador provincial hacia los municipios. En manos de la provincia queda solo el “monitoreo” o “asesoramiento” de las acciones, y los administradores provinciales se despegan de responsabilidad alguna por la contaminación que generan los basurales a cielo abierto.
“A los municipios aislados y sin recursos les va a resultar imposible”, generar el tratamiento de residuos, pues es una realidad que incluso sucede en aquellos municipios adonde el dinero sí llegó, sostuvo Segovia. Señaló al caso de Cafayate, ciudad turística y cabecera del departamento homónimo en los Valles Calchaquíes. Recordó que el año pasado se inició una investigación judicial porque se habían incendiado residuos que habían sido mal gestionados. “Cafayate sí recibió fondos que la provincia obtuvo de Nación”, dijo Segovia, quien reconoció que durante la gestión del kirchnerismo a nivel nacional fue cuando más dinero se envió a las provincias para el tratamiento de residuos. “Valió que cuenten con una de las plantas más grandes de gestión en un consorcio que involucra a Cafayate, Animaná y San Carlos”, sostuvo. Pero, a su entender, la gestión de residuos de todos modos se hizo mal.
El diputado provincial con mandato cumplido Arturo Borelli había presentado en 2019 un proyecto con el objetivo de crear un consorcio metropolitano de la capital salteña donde la provincia fue incluida con responsabilidades compartidas. “De hecho, es lo que funciona hoy en Buenos Aires”, dijo el abogado.
Como asesor de Borelli, Segovia recordó que se hizo una reunión en la Cámara de Diputados con el fin de tratar el proyecto con los responsables de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los funcionarios se negaron a la posibilidad de un trabajo de colaboración con los municipios “y se rasgaron las vestiduras hablando de la autonomía municipal”, contó. “No quisieron reconocer que (la política respecto de los basurales), fue un fracaso a nivel de las competencias”.
Mientras tanto, la preocupación mayor es la contaminación de las napas de aguas subterráneas, en donde los límites de las jurisdicciones se terminan por diluir.
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Desbordes del Río Seco: sin gestión y en zona de desmontes
Un curso de agua sin medición y con crecidas fuertes por desmontes
Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Especialistas que conocen del comportamiento de este río explicaron algunas particularidades del curso de agua que se inicia en Bolivia.
El río Seco aparece en el municipio boliviano de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Entra por el valle al oeste de la serranía de Tartagal (valle del río Seco), en el departamento San Martín y cruza la ruta 34 al sur de su intersección con la ruta nacional 81.
Las cañadas que conducen los desbordes después de Embarcación, van por el sur de los pueblos asentados en la ruta 81. Sus aguas recorren una zona de pequeños productores y pueblos asentados en las rutas nacionales 81 y 34.
Como lo indica su nombre, no suele preocupar porque rara vez lleva agua. Pues sólo aparece con las lluvias en las serranías que están detrás de Tartagal. Pero cuando crece, empieza a cargar las aguas y distribuirlas por distintas cañadas que perjudican a las poblaciones rurales de estas zonas.
“No hay ningún tipo de estación meteorológica para medir” el cauce de este río, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo.
El especialista sostuvo que el curso del río Seco se inicia en una zona donde residen familias campesinas y resulta difícil contar con un sistema de alerta. Como solía crecer sólo en ocasiones (incluso hubo hasta diez años en que no creció), no se le brinda demasiada importancia.
El problema es que cuando crece empieza a recorrer algunas zonas donde el desmonte abunda. Es una de las características de la ruta nacional 81, en donde se encuentra Hickman, localidad de Embarcación (en el departamento San Martín), que fue inundada a raíz de la crecida de este río.
“Los desmontes aceleran el flujo del agua y no retienen nada, lo que explica que, aguas abajo, al sur de Hickman, se inunden cada vez más”, explicó de la Cruz tras realizar la lectura de mapas satelitales que muestran el curso de estas aguas.
Incluso indicó que en su recorrido carga las aguas de una laguna ubicada al norte de Embarcación. Esto podría complicar a la ciudad norteña si las crecidas continúan. Los sistemas de cañadas que forman parte de esa misma crecida también complican a Hickman y Dragones, también sobre la ruta 81.
“En 2005 el río Seco se llevó un puente” recordó De la Cruz. Afirmó que desde 2018 hasta 2020 hubo crecidas. Aunque la de este año está demostrando ser mucho peor que las de 2018 y 2019.
Alud, pérdidas y ganancias
El río Seco afectó hace unos días a las familias campesinas de Campichuelo, también de Embarcación. En este caso ellos están ubicados en inmediaciones de la ruta nacional 34, que cruza la 81. Esta vez la crecida dejó a las familias Tejerina y Gareca sin nada, pues el agua vino acompañada de barro y subió el nivel del suelo hasta los alambrados. Las dos familias perdieron los pozos de agua.
Raúl Marinconz, uno de los técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), durante la gestión macrista y conocedor de la zona, afirmó que estas son consecuencias de los desmontes. Pero en el caso en particular de la ruta 34, agregó que se suma otra complicación. Los finqueros cavan zanjas con el fin de que no se inunden los campos de soja, o de otras producciones destinadas a la exportación. El río entonces pasa con mayor fuerza por la ruta y el desborda e inunda los distintos puestos campesinos. De hecho, explicó, fue esta situación la que generó el corte de ruta sobre la 34 hace una semana y media.
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Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Especialistas que conocen del comportamiento de este río explicaron algunas particularidades del curso de agua que se inicia en Bolivia.
El río Seco aparece en el municipio boliviano de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Entra por el valle al oeste de la serranía de Tartagal (valle del río Seco), en el departamento San Martín y cruza la ruta 34 al sur de su intersección con la ruta nacional 81.
Las cañadas que conducen los desbordes después de Embarcación, van por el sur de los pueblos asentados en la ruta 81. Sus aguas recorren una zona de pequeños productores y pueblos asentados en las rutas nacionales 81 y 34.
Como lo indica su nombre, no suele preocupar porque rara vez lleva agua. Pues sólo aparece con las lluvias en las serranías que están detrás de Tartagal. Pero cuando crece, empieza a cargar las aguas y distribuirlas por distintas cañadas que perjudican a las poblaciones rurales de estas zonas.
“No hay ningún tipo de estación meteorológica para medir” el cauce de este río, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo.
El especialista sostuvo que el curso del río Seco se inicia en una zona donde residen familias campesinas y resulta difícil contar con un sistema de alerta. Como solía crecer sólo en ocasiones (incluso hubo hasta diez años en que no creció), no se le brinda demasiada importancia.
El problema es que cuando crece empieza a recorrer algunas zonas donde el desmonte abunda. Es una de las características de la ruta nacional 81, en donde se encuentra Hickman, localidad de Embarcación (en el departamento San Martín), que fue inundada a raíz de la crecida de este río.
“Los desmontes aceleran el flujo del agua y no retienen nada, lo que explica que, aguas abajo, al sur de Hickman, se inunden cada vez más”, explicó de la Cruz tras realizar la lectura de mapas satelitales que muestran el curso de estas aguas.
Incluso indicó que en su recorrido carga las aguas de una laguna ubicada al norte de Embarcación. Esto podría complicar a la ciudad norteña si las crecidas continúan. Los sistemas de cañadas que forman parte de esa misma crecida también complican a Hickman y Dragones, también sobre la ruta 81.
“En 2005 el río Seco se llevó un puente” recordó De la Cruz. Afirmó que desde 2018 hasta 2020 hubo crecidas. Aunque la de este año está demostrando ser mucho peor que las de 2018 y 2019.
Alud, pérdidas y ganancias
El río Seco afectó hace unos días a las familias campesinas de Campichuelo, también de Embarcación. En este caso ellos están ubicados en inmediaciones de la ruta nacional 34, que cruza la 81. Esta vez la crecida dejó a las familias Tejerina y Gareca sin nada, pues el agua vino acompañada de barro y subió el nivel del suelo hasta los alambrados. Las dos familias perdieron los pozos de agua.
Raúl Marinconz, uno de los técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), durante la gestión macrista y conocedor de la zona, afirmó que estas son consecuencias de los desmontes. Pero en el caso en particular de la ruta 34, agregó que se suma otra complicación. Los finqueros cavan zanjas con el fin de que no se inunden los campos de soja, o de otras producciones destinadas a la exportación. El río entonces pasa con mayor fuerza por la ruta y el desborda e inunda los distintos puestos campesinos. De hecho, explicó, fue esta situación la que generó el corte de ruta sobre la 34 hace una semana y media.
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La agroindustria irracional mata y un ejemplo son los wichí
Afirman que el desmonte es una de las principales causas de la desnutrición de los wichí
Fecha de Publicación: 17/02/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Salta
Referentes indígenas y profesionales de la Salud aseguraron que el desmonte en los últimos 10 años, el uso de agrotóxicos en los cultivos de soja y porotos, la falta de agua potable, la prohibición de cortar maderas utilizadas en la elaboración de artesanias y una cobertura médica insuficiente son algunas causas que llevaron a las muertes por desnutrición de la población wichí.
Al menos 32 niños wichi están internados por desnutrición aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo tras conocerse la noticia de que siete niños habían muerto por este motivo, por lo que el ministro de Defensa Agustín Rossi viajó hoy a Salta para supervisar las tareas de perforación de pozos para la obtención de agua potable.
Rodolfo Franco, un médico que vive en Misión Chaqueña, dependiente del municipio salteño de Embarcación; hace siete años que atiende a la gente del lugar y creó, junto a su esposa wichí, un merendero en su casa para alimentar a niños y niñas del lugar.
"La causa de la desnutrición es el desmonte. El monte era su habitat alli tenían su forma habitual de alimentarse a través de la caza, la pesca y la recolección y ya no lo tienen",dijo a Télam.
"Algunas personas en las comunidades lograron armar chacras familiares al conseguir pozos de agua, pero después fueron abandonándolas porque es muy difícil sostenerlas; hay que comprar semillas y un montón de cosas más, y desde el momento que se siembra hasta la cosecha pasa mucho tiempo", contó.
El médico aseguró a que "entre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a 50 kilómetros de Embarcación, suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico".
"Mision Carboncito tendrá ahora unos cinco o seis niños de muy bajo peso, otros 70 menores de tres años de bajo peso y unos quinientos niños mayores de tres años con distintos grados de desnutrición", detalló.
A su vez, indicó que en Misión Chaqueña "hay cerca de 150 niños menores de tres años con bajo peso, 10 con muy bajo peso, y están pasando hambre, sumado a los cuadros de tuberculosis que hay en la zona".
"El estado no hace controles de salud a los niños de tres a doce años, así que estimo que habrá alrededor de mil pibes con desnutrición", aseguró.
Por su parte Medardo Avila Vazquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que "se desmontaron más de 1.200.000 hectáreas de monte en los últimos 10 años, entre lo que es la yunga del pedemonte de la cordillera, mas el monte chaqueño".
"Ahí viven unos 60.000 wichí que están en un nivel de vulnerabilidad muy grande al destruirse su habitat por el agronegocio", afirmó.
"La gente que antes llevaba una forma de vida adaptada dentro del monte ahora sobrevive como pueden porque incluso cargan agua de donde consiguen con bidones que antes contenían agrotóxicos para las plantaciones", indicó.
Incluso "hay registros de animales nacidos con malformaciones debido al glifosato"
Por su parte Modesto Rojas, cacique wichí de la comunidad Fwolit ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal, contó que en esa zona " viven mas o menos 37 comunidades, la mayoria wichí, un comunidad tapiete y tres comunidades guaraní".
Indicó que "aún no llegó la ayuda a todas las comunidades" y relató: "acabo de llegar de la comunidad El Arenal donde no tienen agua potable y los chicos estaban llorando de hambre".
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Fecha de Publicación: 17/02/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Salta
Referentes indígenas y profesionales de la Salud aseguraron que el desmonte en los últimos 10 años, el uso de agrotóxicos en los cultivos de soja y porotos, la falta de agua potable, la prohibición de cortar maderas utilizadas en la elaboración de artesanias y una cobertura médica insuficiente son algunas causas que llevaron a las muertes por desnutrición de la población wichí.
Al menos 32 niños wichi están internados por desnutrición aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo tras conocerse la noticia de que siete niños habían muerto por este motivo, por lo que el ministro de Defensa Agustín Rossi viajó hoy a Salta para supervisar las tareas de perforación de pozos para la obtención de agua potable.
Rodolfo Franco, un médico que vive en Misión Chaqueña, dependiente del municipio salteño de Embarcación; hace siete años que atiende a la gente del lugar y creó, junto a su esposa wichí, un merendero en su casa para alimentar a niños y niñas del lugar.
"La causa de la desnutrición es el desmonte. El monte era su habitat alli tenían su forma habitual de alimentarse a través de la caza, la pesca y la recolección y ya no lo tienen",dijo a Télam.
"Algunas personas en las comunidades lograron armar chacras familiares al conseguir pozos de agua, pero después fueron abandonándolas porque es muy difícil sostenerlas; hay que comprar semillas y un montón de cosas más, y desde el momento que se siembra hasta la cosecha pasa mucho tiempo", contó.
El médico aseguró a que "entre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a 50 kilómetros de Embarcación, suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico".
"Mision Carboncito tendrá ahora unos cinco o seis niños de muy bajo peso, otros 70 menores de tres años de bajo peso y unos quinientos niños mayores de tres años con distintos grados de desnutrición", detalló.
A su vez, indicó que en Misión Chaqueña "hay cerca de 150 niños menores de tres años con bajo peso, 10 con muy bajo peso, y están pasando hambre, sumado a los cuadros de tuberculosis que hay en la zona".
"El estado no hace controles de salud a los niños de tres a doce años, así que estimo que habrá alrededor de mil pibes con desnutrición", aseguró.
Por su parte Medardo Avila Vazquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que "se desmontaron más de 1.200.000 hectáreas de monte en los últimos 10 años, entre lo que es la yunga del pedemonte de la cordillera, mas el monte chaqueño".
"Ahí viven unos 60.000 wichí que están en un nivel de vulnerabilidad muy grande al destruirse su habitat por el agronegocio", afirmó.
"La gente que antes llevaba una forma de vida adaptada dentro del monte ahora sobrevive como pueden porque incluso cargan agua de donde consiguen con bidones que antes contenían agrotóxicos para las plantaciones", indicó.
Incluso "hay registros de animales nacidos con malformaciones debido al glifosato"
Por su parte Modesto Rojas, cacique wichí de la comunidad Fwolit ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal, contó que en esa zona " viven mas o menos 37 comunidades, la mayoria wichí, un comunidad tapiete y tres comunidades guaraní".
Indicó que "aún no llegó la ayuda a todas las comunidades" y relató: "acabo de llegar de la comunidad El Arenal donde no tienen agua potable y los chicos estaban llorando de hambre".
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Los desmontes matan en Salta
Salta: hay seis niños wichi fallecidos, la deforestación mata
Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Agencia Coranto
Provincia/Región: Salta
Los desmontes en el norte argentino representan un problema para todo el país, como explicamos en esta nota la deforestación es un tema muy grave
“Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir”.
La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios. Una razón íntima la justifica: “Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser”.
El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates. Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.
“Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa”, dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.
La “emergencia sociosanitaria” declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.
Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una “ley de reordenamiento territorial”, permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.
“En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada”, explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
“Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura”, se queja Cruz.
“Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo”. «
El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que “luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región” del país.
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Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Agencia Coranto
Provincia/Región: Salta
Los desmontes en el norte argentino representan un problema para todo el país, como explicamos en esta nota la deforestación es un tema muy grave
“Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir”.
La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios. Una razón íntima la justifica: “Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser”.
El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates. Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.
“Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa”, dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.
La “emergencia sociosanitaria” declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.
Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una “ley de reordenamiento territorial”, permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.
“En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada”, explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
“Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura”, se queja Cruz.
“Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo”. «
El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que “luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región” del país.
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Aprietes del agronegocio salteño en Las Lajitas
Las Lajitas: empresario del agronegocio denunciado por amenazas
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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