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Salta: vertedero judicializado sin nada resuelto
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Confirman que la trinchera IV del vertedero no se habilitará este año
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Salta: audiencia por el basural de San Javier
Nueva audiencia por la contaminación en el vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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El Arenales contaminado con metales pesados
Advierten que el río Arenales tiene metales difíciles de remover
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Una técnica del CIF habló de la importancia de monitorear los sedimentos del cauce de agua, ya que los metales pesados se adhieren a estos y dificultan su saneamiento. Pidió más prevención.
Una técnica del área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, comparó la situación de contaminación en la que estaría el río Arenales con la del Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer, por la mañana, se realizó una audiencia en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados por el desborde de este río a fines de enero de 2011. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, seguirá escuchando a las partes el 16 de diciembre, desde las 8.30, y quedó a disposición para nuevas inspecciones oculares.
Jimena Gato, funcionaria del CIF, advirtió que sería importante monitorear los sedimentos del cauce de agua que atraviesa la ciudad, ya que los metales pesados que están presentes en el líquido tienden a adherirse de manera natural a los sustratos sólidos.
Consultada sobre la posibilidad de quitar los metales pesados de los sedimentos, mencionó el caso porteño: "El Riachuelo es difícil de sanear, porque todos los metales pesados migraron a los sedimentos. En el momento en que una remueve los sedimentos, los metales vuelven a la matriz líquida del curso de agua".
Por eso, consideró que hay que tomar medidas preventivas, como detectar todas las industrias que están en el cauce urbano del río y analizar si vierten desechos a las cloacas o si están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluyó en este grupo a las que trabajan con agroquímicos. "Eso puede dar una idea de cómo monitorear y muestrear", aseguró.
La experta habló sobre un informe del CIF, de febrero de este año, en el que se develó la presencia excesiva de coliformes fecales y nitritos en el río Arenales. Mencionó que no había cartelería en la ribera para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de bañarse. "Si hay coliformes, el baño puede ser peligroso", advirtió.
El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, señaló que los carteles que colocaron fueron vandalizados. A pocos metros, los vecinos lo negaban con la cabeza.
El representante de la comuna dijo que los vecinos son los responsables de ensuciar la ribera del río e incluyó entre ellos a una persona que está en situación de calle y vive debajo de un puente.
Sin fondos
Un funcionario del área de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia señaló que la contaminación del río Arenales empieza a la altura de Santa Lucía; que alrededor de la avenida Discepolo hay una presencia elevada de sales y metales pesados y que la capacidad de la planta depuradora de líquidos cloacales está sobrepasada. Consideró que, si esta se ampliara, mejoraría mucho la situación.
Representantes de Aguas del Norte reconocieron que en la actualidad no hay fondos para la ampliación de la planta depuradora y dijeron que insistirán en la obtención de créditos para efectuarla.
El 22 de marzo, durante una inspección ocular en la ribera, los funcionarios se comprometieron a ejecutar obras para que los vecinos no sufran inundaciones esta temporada.
Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de Abril, mencionó que desde entonces "no se hizo saneamiento, limpieza, nada". Reclamó por un canal que los mismos funcionarios reconocieron que está mal hecho. "¿Esperan que nos inundemos de nuevo?", preguntó.
Alertado sobre familias que siguen asentándose en la ribera del Arenales, el juez expresó que es urgente evitar que más personas se instalen a vivir allí. Consideró que una medida judicial sería efectiva para desalojar a un hombre que vive con su grupo familiar dentro del área inundable.
Planes para limpiar el cauce
Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos dijeron que hay una obra preadjudicada a la empresa Norte Áridos, por 7 millones de pesos, para limpiar el cauce del río, 270 metros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del puente de la avenida Tavella.
Aseguraron que con esta obra, que durará 60 días corridos, quedarán libres las dos terceras partes que están cubiertas de piedras y malezas e impiden que, cuando el río crece, el agua escurra sin provocar daños.
El secretario Oscar Dean reconoció que no sabe cuándo comenzará la obra, aunque la temporada de lluvias es inminente. Consultado por el cambio de gestión a nivel provincial, que será en menos de un mes, dijo que “estima” que el próximo gobierno seguirá con este trabajo.
Tras la inundación de 2011, vecinos de una decena de barrios iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, la posibilidad de que esto se repitiera y la contaminación. En la acción, requirieron la “estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales”.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y otro de monitoreo. En el mismo fallo, condenó a la empresa Néstor A. Marozzi SA a retirar el terraplén que hizo sobre el cauce.
En noviembre de 2018, rechazando las apelaciones interpuestas por la Provincia y Marozzi SA, la Corte de Justicia confirmó esta resolución, con la única disidencia del entonces juez y hoy procurador Abel Cornejo.
En abril del año pasado, tras la difusión de un estudio del CIF que reveló la situación “alarmante” del río Arenales por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Una técnica del CIF habló de la importancia de monitorear los sedimentos del cauce de agua, ya que los metales pesados se adhieren a estos y dificultan su saneamiento. Pidió más prevención.
Una técnica del área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, comparó la situación de contaminación en la que estaría el río Arenales con la del Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer, por la mañana, se realizó una audiencia en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados por el desborde de este río a fines de enero de 2011. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, seguirá escuchando a las partes el 16 de diciembre, desde las 8.30, y quedó a disposición para nuevas inspecciones oculares.
Jimena Gato, funcionaria del CIF, advirtió que sería importante monitorear los sedimentos del cauce de agua que atraviesa la ciudad, ya que los metales pesados que están presentes en el líquido tienden a adherirse de manera natural a los sustratos sólidos.
Consultada sobre la posibilidad de quitar los metales pesados de los sedimentos, mencionó el caso porteño: "El Riachuelo es difícil de sanear, porque todos los metales pesados migraron a los sedimentos. En el momento en que una remueve los sedimentos, los metales vuelven a la matriz líquida del curso de agua".
Por eso, consideró que hay que tomar medidas preventivas, como detectar todas las industrias que están en el cauce urbano del río y analizar si vierten desechos a las cloacas o si están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluyó en este grupo a las que trabajan con agroquímicos. "Eso puede dar una idea de cómo monitorear y muestrear", aseguró.
La experta habló sobre un informe del CIF, de febrero de este año, en el que se develó la presencia excesiva de coliformes fecales y nitritos en el río Arenales. Mencionó que no había cartelería en la ribera para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de bañarse. "Si hay coliformes, el baño puede ser peligroso", advirtió.
El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, señaló que los carteles que colocaron fueron vandalizados. A pocos metros, los vecinos lo negaban con la cabeza.
El representante de la comuna dijo que los vecinos son los responsables de ensuciar la ribera del río e incluyó entre ellos a una persona que está en situación de calle y vive debajo de un puente.
Sin fondos
Un funcionario del área de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia señaló que la contaminación del río Arenales empieza a la altura de Santa Lucía; que alrededor de la avenida Discepolo hay una presencia elevada de sales y metales pesados y que la capacidad de la planta depuradora de líquidos cloacales está sobrepasada. Consideró que, si esta se ampliara, mejoraría mucho la situación.
Representantes de Aguas del Norte reconocieron que en la actualidad no hay fondos para la ampliación de la planta depuradora y dijeron que insistirán en la obtención de créditos para efectuarla.
El 22 de marzo, durante una inspección ocular en la ribera, los funcionarios se comprometieron a ejecutar obras para que los vecinos no sufran inundaciones esta temporada.
Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de Abril, mencionó que desde entonces "no se hizo saneamiento, limpieza, nada". Reclamó por un canal que los mismos funcionarios reconocieron que está mal hecho. "¿Esperan que nos inundemos de nuevo?", preguntó.
Alertado sobre familias que siguen asentándose en la ribera del Arenales, el juez expresó que es urgente evitar que más personas se instalen a vivir allí. Consideró que una medida judicial sería efectiva para desalojar a un hombre que vive con su grupo familiar dentro del área inundable.
Planes para limpiar el cauce
Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos dijeron que hay una obra preadjudicada a la empresa Norte Áridos, por 7 millones de pesos, para limpiar el cauce del río, 270 metros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del puente de la avenida Tavella.
Aseguraron que con esta obra, que durará 60 días corridos, quedarán libres las dos terceras partes que están cubiertas de piedras y malezas e impiden que, cuando el río crece, el agua escurra sin provocar daños.
El secretario Oscar Dean reconoció que no sabe cuándo comenzará la obra, aunque la temporada de lluvias es inminente. Consultado por el cambio de gestión a nivel provincial, que será en menos de un mes, dijo que “estima” que el próximo gobierno seguirá con este trabajo.
Tras la inundación de 2011, vecinos de una decena de barrios iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, la posibilidad de que esto se repitiera y la contaminación. En la acción, requirieron la “estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales”.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y otro de monitoreo. En el mismo fallo, condenó a la empresa Néstor A. Marozzi SA a retirar el terraplén que hizo sobre el cauce.
En noviembre de 2018, rechazando las apelaciones interpuestas por la Provincia y Marozzi SA, la Corte de Justicia confirmó esta resolución, con la única disidencia del entonces juez y hoy procurador Abel Cornejo.
En abril del año pasado, tras la difusión de un estudio del CIF que reveló la situación “alarmante” del río Arenales por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.
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Salta: muchos incendios con poca superficie afectada
Hubo 117 incendios forestales y 265 hectáreas quemadas
Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Según la Subsecretaría de Prevención y Emergencias, el primer caso ocurrió en mayo.Recomiendan a los vecinos no prender fuego. La quema de pastizales está prohibida.
En lo que va del año hubo 117 incendios forestales de distintas magnitudes y un total de 265 hectáreas quemadas en la capital salteña, según registros de la Subsecretaría de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta. Las zonas más afectadas han sido el sur y sureste.
El primero de los focos ígneos se detectó el 26 de mayo pasado en el barrio Constitución, en la zona este. En ese caso una quema de basura tomó parte de un pastizal en un espacio verde, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos voluntarios "Martín Miguel de Gemes".
Con relación a las hectáreas quemadas, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, explicó: "Han resultado quemadas producto de la mano del hombre. En un 80% de los casos se trata de una acción negligente, es decir, algún vecino que desconoce que está prohibida la quema de pastizales en espacios públicos o de basura, restos de poda y el 20% restante producto de quienes lo hicieron intencionalmente. Cada vez que hay un incendio se activa un protocolo de trabajo del que participan diferentes organismos".
De las 265 hectáreas quemadas, 25 corresponden a la parte baja del cerro San Bernardo. Fueron consumidas por las llamas el 23 de octubre pasado, cuando aparentemente una persona encendió al menos tres focos ígneos distantes entre ellos. Dado que estaban situados en una ladera y había una leve brisa, el fuego se descontroló y exterminó la flora y fauna del lugar, según explicó el subsecretario Kripper.
"De todos los incendios intencionales en los que hemos intervenido, se registró la demora de un hombre en un caso ocurrido en el parque Los Lapachos del Portezuelo Chico. Intervino personal de la comisaría 9. Ese fue el único incendio en el que se detectó a la persona causante", dijo Kripper.
Agosto pasado se caracterizó por los cambios bruscos de temperaturas, el viento Zonda y el polvo en suspensión.
En este sentido, Kripper indicó: "Las elevadas temperaturas empezaron en ese "miniveranito' que tuvimos en agosto. Tanto el pastizal como las ramas y hojas de los árboles más pequeños se secan mucho, se predispone todo lo que es el combustible y se genera una probabilidad alta de incendio ante la presencia de cualquier foco ígneo o factor destellante"
Ante la problemática de los incendios forestales, la prevención es fundamental, más aún en la estación seca.
"La primer y mejor recomendación para que no haya incendios es no prender fuego, evitarlo. Además, hay que recordar que está prohibida la quema de pastizales, de restos de poda y basura en espacios verdes. Es importante saber que cada vez que se prende fuego hay un riesgo innecesario que se genera", hizo hincapié Kripper.
El funcionario también remarcó que en esta época es alta la probabilidad de que cualquier incendio se descontrole y genere mayores riesgos. "Tenemos temperaturas elevadas, baja humedad y presencia de viento constante, así que es importante ser muy prudente con esta situación", insistió.
Campaña para concientizar
A pocas horas de producido el incendio en la parte baja del cerro San Bernardo, el 23 de octubre pasado, los concejales capitalinos aprobaron una resolución presentada por la edil Mónica Torfe (UCPS) solicitando al Ejecutivo municipal que se implemente una campaña para concientizar sobre incendios urbanos y forestales. La resolución contiene un llamado a la reflexión a la comunidad y requiere a la intendencia realizar una amplia difusión en medios y pantallas LED instaladas en unidades de transporte de pasajeros de esta ciudad y por la página web del municipio. Además, se propone que se invite a las demás municipalidades de la provincia a adoptar idénticas medidas.
Al ser consultado sobre el proyecto, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, respondió: “Creo que todas las iniciativas son oportunas pero esto también demuestra la falta de información con la que cuentan los concejales a la hora de tomar decisiones, ya que desde Prevención y Emergencias todos los años capacitamos en tres materias a los alumnos: reducción de riesgos, RCP y concientización en materia de incendios forestales, más aún este año con lo que ha sucedido en el Amazonas”.
El funcionario considera que “la iniciativa tendría que haber sido más precisa, específica, esto significa: colocar las recomendaciones en el reverso de las boletas de los impuestos inmobiliarios o de automotor, como se ha hecho en otras materias, solicitar al área de Prensa de la Municipalidad que se destine determinada cantidad significativa de anuncios para la concientización y hacer efectiva la publicidad en la cartelería pública de la Municipalidad”.
“Es importante sentarse a hablar con los actores que trabajan a diario para hacer algo más completo en materia de promoción y concientización”, finalizó Nicolás Kripper.
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Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Según la Subsecretaría de Prevención y Emergencias, el primer caso ocurrió en mayo.Recomiendan a los vecinos no prender fuego. La quema de pastizales está prohibida.
En lo que va del año hubo 117 incendios forestales de distintas magnitudes y un total de 265 hectáreas quemadas en la capital salteña, según registros de la Subsecretaría de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta. Las zonas más afectadas han sido el sur y sureste.
El primero de los focos ígneos se detectó el 26 de mayo pasado en el barrio Constitución, en la zona este. En ese caso una quema de basura tomó parte de un pastizal en un espacio verde, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos voluntarios "Martín Miguel de Gemes".
Con relación a las hectáreas quemadas, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, explicó: "Han resultado quemadas producto de la mano del hombre. En un 80% de los casos se trata de una acción negligente, es decir, algún vecino que desconoce que está prohibida la quema de pastizales en espacios públicos o de basura, restos de poda y el 20% restante producto de quienes lo hicieron intencionalmente. Cada vez que hay un incendio se activa un protocolo de trabajo del que participan diferentes organismos".
De las 265 hectáreas quemadas, 25 corresponden a la parte baja del cerro San Bernardo. Fueron consumidas por las llamas el 23 de octubre pasado, cuando aparentemente una persona encendió al menos tres focos ígneos distantes entre ellos. Dado que estaban situados en una ladera y había una leve brisa, el fuego se descontroló y exterminó la flora y fauna del lugar, según explicó el subsecretario Kripper.
"De todos los incendios intencionales en los que hemos intervenido, se registró la demora de un hombre en un caso ocurrido en el parque Los Lapachos del Portezuelo Chico. Intervino personal de la comisaría 9. Ese fue el único incendio en el que se detectó a la persona causante", dijo Kripper.
Agosto pasado se caracterizó por los cambios bruscos de temperaturas, el viento Zonda y el polvo en suspensión.
En este sentido, Kripper indicó: "Las elevadas temperaturas empezaron en ese "miniveranito' que tuvimos en agosto. Tanto el pastizal como las ramas y hojas de los árboles más pequeños se secan mucho, se predispone todo lo que es el combustible y se genera una probabilidad alta de incendio ante la presencia de cualquier foco ígneo o factor destellante"
Ante la problemática de los incendios forestales, la prevención es fundamental, más aún en la estación seca.
"La primer y mejor recomendación para que no haya incendios es no prender fuego, evitarlo. Además, hay que recordar que está prohibida la quema de pastizales, de restos de poda y basura en espacios verdes. Es importante saber que cada vez que se prende fuego hay un riesgo innecesario que se genera", hizo hincapié Kripper.
El funcionario también remarcó que en esta época es alta la probabilidad de que cualquier incendio se descontrole y genere mayores riesgos. "Tenemos temperaturas elevadas, baja humedad y presencia de viento constante, así que es importante ser muy prudente con esta situación", insistió.
Campaña para concientizar
A pocas horas de producido el incendio en la parte baja del cerro San Bernardo, el 23 de octubre pasado, los concejales capitalinos aprobaron una resolución presentada por la edil Mónica Torfe (UCPS) solicitando al Ejecutivo municipal que se implemente una campaña para concientizar sobre incendios urbanos y forestales. La resolución contiene un llamado a la reflexión a la comunidad y requiere a la intendencia realizar una amplia difusión en medios y pantallas LED instaladas en unidades de transporte de pasajeros de esta ciudad y por la página web del municipio. Además, se propone que se invite a las demás municipalidades de la provincia a adoptar idénticas medidas.
Al ser consultado sobre el proyecto, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, respondió: “Creo que todas las iniciativas son oportunas pero esto también demuestra la falta de información con la que cuentan los concejales a la hora de tomar decisiones, ya que desde Prevención y Emergencias todos los años capacitamos en tres materias a los alumnos: reducción de riesgos, RCP y concientización en materia de incendios forestales, más aún este año con lo que ha sucedido en el Amazonas”.
El funcionario considera que “la iniciativa tendría que haber sido más precisa, específica, esto significa: colocar las recomendaciones en el reverso de las boletas de los impuestos inmobiliarios o de automotor, como se ha hecho en otras materias, solicitar al área de Prensa de la Municipalidad que se destine determinada cantidad significativa de anuncios para la concientización y hacer efectiva la publicidad en la cartelería pública de la Municipalidad”.
“Es importante sentarse a hablar con los actores que trabajan a diario para hacer algo más completo en materia de promoción y concientización”, finalizó Nicolás Kripper.
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El proyecto Taca Taca avanza en sacar oro en la Puna salteña
Avanza el proyecto minero Taca Taca de oro y cobre en la Puna salteña
Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Salta
Taca Taca, de la minera canadiense First Quantum Minerals, prevé producir en régimen 244.000 toneladas de concentrado de cobre por año, 110.000 onzas de oro y 4.100 toneladas de molibdeno concentrado, informaron fuentes oficiales.
El proyecto Taca Taca de explotación de oro y cobre, que supone una inversión por unos 3.000 millones de dólares, avanza en la Puna salteña, y es considerado como uno de los mayores de extracción de cobre de Sudamérica.
Taca Taca, de la minera canadiense First Quantum Minerals, prevé producir en régimen 244.000 toneladas de concentrado de cobre por año, 110.000 onzas de oro y 4.100 toneladas de molibdeno concentrado, informaron fuentes oficiales.
La secretaría de Minería salteña dio participación a la Universidad Nacional de Salta y al Servicio Geológico Minero Argentino, entre otras instituciones, "para trabajar en forma conjunta" en el estudio técnico del proyecto, señaló la ministra provincial de Producción Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid.
Indicó que Taca Taca se encuentra "entre los tres o cuatro proyectos de cobre más grandes de Sudamérica y generará numerosos puestos de trabajo, tanto en su etapa productiva como en la fase de operación".
Taca Taca "representará un gran impacto socioeconómico para la provincia y para la comunidad" de la localidad de Tolar Grande, en la Puna salteña.
Pinal de Cid se reunió el viernes con Jorge Benavides Kolind-Hansen, representante de la minera canadiense, y con directivos de la empresa a cargo de Taca Taca.
En lo que respecta al corto plazo, la compañía espera contar con los permisos mineros reglamentarios y la aprobación del estudio de impacto ambiental, que ya fueron presentados a las autoridades, indicó un comunicado oficial.
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Fecha de Publicación: 26/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Salta
Taca Taca, de la minera canadiense First Quantum Minerals, prevé producir en régimen 244.000 toneladas de concentrado de cobre por año, 110.000 onzas de oro y 4.100 toneladas de molibdeno concentrado, informaron fuentes oficiales.
El proyecto Taca Taca de explotación de oro y cobre, que supone una inversión por unos 3.000 millones de dólares, avanza en la Puna salteña, y es considerado como uno de los mayores de extracción de cobre de Sudamérica.
Taca Taca, de la minera canadiense First Quantum Minerals, prevé producir en régimen 244.000 toneladas de concentrado de cobre por año, 110.000 onzas de oro y 4.100 toneladas de molibdeno concentrado, informaron fuentes oficiales.
La secretaría de Minería salteña dio participación a la Universidad Nacional de Salta y al Servicio Geológico Minero Argentino, entre otras instituciones, "para trabajar en forma conjunta" en el estudio técnico del proyecto, señaló la ministra provincial de Producción Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid.
Indicó que Taca Taca se encuentra "entre los tres o cuatro proyectos de cobre más grandes de Sudamérica y generará numerosos puestos de trabajo, tanto en su etapa productiva como en la fase de operación".
Taca Taca "representará un gran impacto socioeconómico para la provincia y para la comunidad" de la localidad de Tolar Grande, en la Puna salteña.
Pinal de Cid se reunió el viernes con Jorge Benavides Kolind-Hansen, representante de la minera canadiense, y con directivos de la empresa a cargo de Taca Taca.
En lo que respecta al corto plazo, la compañía espera contar con los permisos mineros reglamentarios y la aprobación del estudio de impacto ambiental, que ya fueron presentados a las autoridades, indicó un comunicado oficial.
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Salta: advierten sobre matanza de tucanes
Preocupa la matanza de tucanes en la ciudad
Fecha de Publicación: 15/08/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Las hermosas aves de picos pronunciados buscan alimentos en la zona urbana, pero las matan, las hieren y las atrapan.
Actualmente, en la ciudad de Metán hay una verdadera invasión de tucanes. Desde hace tiempo se observa a algunos, pero ahora hay varias bandadas en los barrios y el centro de la localidad.
Según los especialistas, las bellas aves, de plumaje negro y pronunciado pico anaranjado, llegan a la zona urbana en busca de alimentos como paltas, naranjas, nísperos y cocos, entre otros. En este invierno ya se produjeron varias heladas en la zona de los cerros, ubicados al oeste de la localidad, lo que provoca una importante disminución en los frutos y vegetales silvestres que conforman su dieta.
Debido a ello, entre otros factores, en este año creció notablemente la presencia de estos animales en la ciudad, por lo que para los vecinos es normal verlos volar a baja altura y en los árboles que hay en las casas, veredas y plazas.
Pero lo que preocupa son los ataques que vienen sufriendo los tucanes, debido a que niños, adolescentes y hasta adultos les disparan con las denominadas hondas o gomeras y rifles de aire comprimido. También los atrapan con trampas, pero su destino es morir, porque esta especie sufre de mucho estrés cuando tiene contacto con humanos.
"Nuestra ciudad es muy privilegiada al tener la presencia de los bellos tucanes, como también se observan loros, palomas y otras especies, que ya prácticamente habitan entre nosotros. Por eso venimos realizando importantes tareas de concientización en las escuelas, para que los más chicos sean transmisores de la importancia de cuidar a estas aves", dijo a El Tribuno, la directora de Turismo, María Laura García.
Los tucanes son una especie protegida y su caza y captura está totalmente prohibida, por lo que ya hubo intervenciones policiales en contra de los que les hicieron daño.
Una honda por un juguete
En búsqueda de cuidar las especies de aves que hay en la zona, en los últimos años la Municipalidad realizó una interesante iniciativa en la que intercambiaron a los niños una honda por un juguete o por un libro. "En octubre, en el mes de las aves, tenemos pensado repetir esta iniciativa. Los tucanes, loros, palomas y otras especies que hay en la ciudad son un importante atractivo turístico. Además, nuestra zona tiene una gran potencial en lo que respecta a avistaje de aves", remarcó García.
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Fecha de Publicación: 15/08/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Las hermosas aves de picos pronunciados buscan alimentos en la zona urbana, pero las matan, las hieren y las atrapan.
Actualmente, en la ciudad de Metán hay una verdadera invasión de tucanes. Desde hace tiempo se observa a algunos, pero ahora hay varias bandadas en los barrios y el centro de la localidad.
Según los especialistas, las bellas aves, de plumaje negro y pronunciado pico anaranjado, llegan a la zona urbana en busca de alimentos como paltas, naranjas, nísperos y cocos, entre otros. En este invierno ya se produjeron varias heladas en la zona de los cerros, ubicados al oeste de la localidad, lo que provoca una importante disminución en los frutos y vegetales silvestres que conforman su dieta.
Debido a ello, entre otros factores, en este año creció notablemente la presencia de estos animales en la ciudad, por lo que para los vecinos es normal verlos volar a baja altura y en los árboles que hay en las casas, veredas y plazas.
Pero lo que preocupa son los ataques que vienen sufriendo los tucanes, debido a que niños, adolescentes y hasta adultos les disparan con las denominadas hondas o gomeras y rifles de aire comprimido. También los atrapan con trampas, pero su destino es morir, porque esta especie sufre de mucho estrés cuando tiene contacto con humanos.
"Nuestra ciudad es muy privilegiada al tener la presencia de los bellos tucanes, como también se observan loros, palomas y otras especies, que ya prácticamente habitan entre nosotros. Por eso venimos realizando importantes tareas de concientización en las escuelas, para que los más chicos sean transmisores de la importancia de cuidar a estas aves", dijo a El Tribuno, la directora de Turismo, María Laura García.
Los tucanes son una especie protegida y su caza y captura está totalmente prohibida, por lo que ya hubo intervenciones policiales en contra de los que les hicieron daño.
Una honda por un juguete
En búsqueda de cuidar las especies de aves que hay en la zona, en los últimos años la Municipalidad realizó una interesante iniciativa en la que intercambiaron a los niños una honda por un juguete o por un libro. "En octubre, en el mes de las aves, tenemos pensado repetir esta iniciativa. Los tucanes, loros, palomas y otras especies que hay en la ciudad son un importante atractivo turístico. Además, nuestra zona tiene una gran potencial en lo que respecta a avistaje de aves", remarcó García.
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Petrolera provoca desastre en Salta
Una petrolera china quedó en capilla por manejos irregulares en el área Chirete
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
High Luck debe aclarar el destino de 13 millones de litros sacados del pozo LB X-2001. Por denunciar desastres en su finca, un criollo de Los Blancos estuvo detenido 7 días.
En el mejor de los sueños uno imaginaría petróleo que fluye en el fondo de su casa y un porvenir de riqueza asegurado por el oro negro. Sin embargo, para los Robledo, una familia criolla del Chaco salteño, ese sueño hecho realidad se convirtió en la peor de las pesadillas.
En diciembre de 2018 se confirmó un importante hallazgo en Chirete, una de las áreas libres licitadas por el Gobierno provincial en Rivadavia Banda Norte. El nombre de una compañía china, High Luck Group, ganó los titulares de la prensa y sus acciones empezaron a cotizar en alza.
El pasado 24 de mayo, en una inspección, funcionarios de la Secretaría de Energía de Salta advirtieron en el área 16 irregularidades ambientales y operativas por las que pidieron abrir un proceso de sanción.
High Luck y su socia argentina, Pampa Energía, fueron intimadas el 30 de mayo, pero un breve y ambiguo parte oficial, publicado el viernes último, bajó llamativamente los decibeles del lapidario informe.
La inspección que se concretó el 24 de mayo había sido reclamada por los herederos de Fernando Robledo, titular registral de una finca ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Los Blancos.
El descubrimiento de petróleo se produjo dentro de ese inmueble rural identificado con el catastro 1728 de Rivadavia.
Por exigir el resarcimiento de los daños, Jorge Robledo, uno de los más de 20 herederos declarados en la sucesión, estuvo detenido siete días ¿La razón? Un piquete que él y otros familiares hicieron el camino vecinal que lleva al pozo petrolero, a través de su propia finca, en reclamo de Justicia.
Adónde fue el petróleo
Según registros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Chirete produjo desde diciembre de 2018 hasta marzo último cerca de 13 millones de litros de crudo. El IAPG es la entidad civil que inversores de todo el mundo tienen como referente técnica de la industria hidrocarburífera del país desde hace 62 años. Aunque en sus registros el área aparece con producción, High Luck y Pampa Energía aún no tienen oficializada la concesión, porque el pasado 22 de febrero la Secretaría de Energía les extendió la vigencia del permiso de exploración hasta noviembre próximo.
El pasado 30 de mayo, el mismo organismo provincial intimó al grupo empresario para que aclare el destino del petróleo que fue retirado del área, desde fines de 2018, en camiones tanque.
Según las estadísticas del IAPG, actualizadas hasta el primer trimestre del año, en diciembre Chirete produjo un promedio de 3 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo.
En enero los bombeos se incrementaron a 70 m3/día. En febrero, la producción saltó a 206 m3/día y al mes siguiente sumó otros 165 m3/día hasta el 17 de marzo, cuando cerraron el pozo de Los Blancos "para recuperar presión". Así lo manifestó el personal del área a los funcionarios provinciales que realizaron la exhaustiva inspección. Esa comisión estuvo integrada por el director de Hidrocarburos, Jorge Guantay; otro profesional de esa dependencia, Mariano Villagra, y la jefa del Programa de Fiscalización Ambiental, Mariana López Martínez.
En su informe, tras describir desmontes y aperturas de caminos irregulares, los tres funcionarios pidieron iniciar los procesos de sanción correspondientes contra High Luck y Pampa Energía, conforme lo establece la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente.
La Justicia avaló los atropellos en el área Chirete
La familia criolla que litiga contra las petroleras High Luck y Pampa Energía en Los Blancos, por las afectaciones sufridas en su finca, se siente traicionada por la Justicia.
Los damnificados son más de 20 herederos de la sucesión de Fernando Robledo, en la que la jueza Civil y Comercial 1 de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, designó como administradora judicial a la abogada Romina Aída Tapia el 21 de marzo de 2018.
Dos meses después de su posesionamiento, Tapia firmó con High Luck un contrato de servidumbre que los herederos de Fernando Robledo consideran ilegítimo. “En el nombramiento de la administradora de la sucesión, la jueza pasó por alto el consentimiento que establece el artículo 733 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta”, denunciaron.
En el polémico acuerdo, la administradora judicial y High Luck pactaron el pago de una suma total de $250 mil por la servidumbre, el permiso de acceso, la ocupación parcial de la finca, las intervenciones planificadas por la petrolera asiática, los daños emergentes y el lucro cesante. Además, por una de las cláusulas, la empresa quedó eximida de la obligación de depositar la suma pactada mientras no se cuente con la homologación judicial del convenio.
Al tomar conocimiento del acuerdo, por una copia que les entregó la propia petrolera, los Robledo desconocieron su validez con una carta documento que remitieron el 29 de junio de 2018. “Esto se hizo antes de que entrara en vigencia el acuerdo”, remarcó el abogado Mario Torrente, quien representa a la mayor parte de los herederos declarados en la sucesión.
Ante el atropello de derechos, los Robledo recurrieron a profesionales que elaboraron un informe ambiental. En ese estudio, los daños relevados en la finca de 6.000 hectáreas se estimaron en 1,2 millones de dólares.
En diciembre de 2018, los superficiarios afectados citaron a la operadora asiática del área Chirete a una mediación. Los apoderados de la empresa se presentaron a la audiencia solo para pedir el cierre de la mediación sin escuchar los motivos del reclamo.
Poco después, Felipe Fernando Robledo presentó una denuncia contra la administradora judicial de la sucesión y pidió su remoción por “mal desempeño”.
El pasado 26 de marzo, los criollos afectados presentaron una demanda por daños y perjuicios, junto a una medida cautelar de no innovar, ante la jueza Civil y Comercial 6 de Salta, María Alejandra Filtrín, quien se declaró incompetente. El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta se hace esperar en la Sala 5 del tribunal.
Desde el 30 de abril, con sendas notas, los Robledo también denunciaron manejos irregulares de la petrolera en sus tierras y solicitaron que intervenga la Secretaría de Energía. La inspección concretada el pasado 24 de mayo confirmó muchas de las irregularidades que los superficiarios afectados atribuyeron a las petroleras que están asociadas en el área Chirete. Sin embargo, la Justicia siguió ausente en Los Blancos.
Cansados e impotentes ante la continuidad de los atropellos, los puesteros damnificados decidieron manifestarse con un piquete en el camino de acceso que se desprende de la ruta nacional 81, hacia la locación del pozo LB X-2001, a lo largo de siete kilómetros que atraviesan su finca ganadera.
Aquella protesta terminó con uno de los herederos declarados, Jorge Nelson Robledo, detenido el 1 de junio. El maestro chaqueño, que se jubiló en octubre de 2018, fue liberado siete días después por el juez Nelso Aramayo de Tartagal. La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, había pedido que siga detenido por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y interrupción del transporte. Un video prueba que en ningún momento se resistió al arresto.
El piquete sí impidió que la High Luck y Pampa Energía (accionista de la refinería de Campo Durán) sacaran camiones tanque con petróleo. Fueron cientos de viajes con un destino que aún espera ser aclarado públicamente, porque según el IAPG salieron de Chirete cerca de 13 millones entre diciembre de 2018 y marzo último.
High Luck, en inglés significa “Mucha suerte”. Y, según parece, la necesitará para sortear sanciones.
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Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
High Luck debe aclarar el destino de 13 millones de litros sacados del pozo LB X-2001. Por denunciar desastres en su finca, un criollo de Los Blancos estuvo detenido 7 días.
En el mejor de los sueños uno imaginaría petróleo que fluye en el fondo de su casa y un porvenir de riqueza asegurado por el oro negro. Sin embargo, para los Robledo, una familia criolla del Chaco salteño, ese sueño hecho realidad se convirtió en la peor de las pesadillas.
En diciembre de 2018 se confirmó un importante hallazgo en Chirete, una de las áreas libres licitadas por el Gobierno provincial en Rivadavia Banda Norte. El nombre de una compañía china, High Luck Group, ganó los titulares de la prensa y sus acciones empezaron a cotizar en alza.
El pasado 24 de mayo, en una inspección, funcionarios de la Secretaría de Energía de Salta advirtieron en el área 16 irregularidades ambientales y operativas por las que pidieron abrir un proceso de sanción.
High Luck y su socia argentina, Pampa Energía, fueron intimadas el 30 de mayo, pero un breve y ambiguo parte oficial, publicado el viernes último, bajó llamativamente los decibeles del lapidario informe.
La inspección que se concretó el 24 de mayo había sido reclamada por los herederos de Fernando Robledo, titular registral de una finca ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Los Blancos.
El descubrimiento de petróleo se produjo dentro de ese inmueble rural identificado con el catastro 1728 de Rivadavia.
Por exigir el resarcimiento de los daños, Jorge Robledo, uno de los más de 20 herederos declarados en la sucesión, estuvo detenido siete días ¿La razón? Un piquete que él y otros familiares hicieron el camino vecinal que lleva al pozo petrolero, a través de su propia finca, en reclamo de Justicia.
Adónde fue el petróleo
Según registros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Chirete produjo desde diciembre de 2018 hasta marzo último cerca de 13 millones de litros de crudo. El IAPG es la entidad civil que inversores de todo el mundo tienen como referente técnica de la industria hidrocarburífera del país desde hace 62 años. Aunque en sus registros el área aparece con producción, High Luck y Pampa Energía aún no tienen oficializada la concesión, porque el pasado 22 de febrero la Secretaría de Energía les extendió la vigencia del permiso de exploración hasta noviembre próximo.
El pasado 30 de mayo, el mismo organismo provincial intimó al grupo empresario para que aclare el destino del petróleo que fue retirado del área, desde fines de 2018, en camiones tanque.
Según las estadísticas del IAPG, actualizadas hasta el primer trimestre del año, en diciembre Chirete produjo un promedio de 3 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo.
En enero los bombeos se incrementaron a 70 m3/día. En febrero, la producción saltó a 206 m3/día y al mes siguiente sumó otros 165 m3/día hasta el 17 de marzo, cuando cerraron el pozo de Los Blancos "para recuperar presión". Así lo manifestó el personal del área a los funcionarios provinciales que realizaron la exhaustiva inspección. Esa comisión estuvo integrada por el director de Hidrocarburos, Jorge Guantay; otro profesional de esa dependencia, Mariano Villagra, y la jefa del Programa de Fiscalización Ambiental, Mariana López Martínez.
En su informe, tras describir desmontes y aperturas de caminos irregulares, los tres funcionarios pidieron iniciar los procesos de sanción correspondientes contra High Luck y Pampa Energía, conforme lo establece la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente.
La Justicia avaló los atropellos en el área Chirete
La familia criolla que litiga contra las petroleras High Luck y Pampa Energía en Los Blancos, por las afectaciones sufridas en su finca, se siente traicionada por la Justicia.
Los damnificados son más de 20 herederos de la sucesión de Fernando Robledo, en la que la jueza Civil y Comercial 1 de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, designó como administradora judicial a la abogada Romina Aída Tapia el 21 de marzo de 2018.
Dos meses después de su posesionamiento, Tapia firmó con High Luck un contrato de servidumbre que los herederos de Fernando Robledo consideran ilegítimo. “En el nombramiento de la administradora de la sucesión, la jueza pasó por alto el consentimiento que establece el artículo 733 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta”, denunciaron.
En el polémico acuerdo, la administradora judicial y High Luck pactaron el pago de una suma total de $250 mil por la servidumbre, el permiso de acceso, la ocupación parcial de la finca, las intervenciones planificadas por la petrolera asiática, los daños emergentes y el lucro cesante. Además, por una de las cláusulas, la empresa quedó eximida de la obligación de depositar la suma pactada mientras no se cuente con la homologación judicial del convenio.
Al tomar conocimiento del acuerdo, por una copia que les entregó la propia petrolera, los Robledo desconocieron su validez con una carta documento que remitieron el 29 de junio de 2018. “Esto se hizo antes de que entrara en vigencia el acuerdo”, remarcó el abogado Mario Torrente, quien representa a la mayor parte de los herederos declarados en la sucesión.
Ante el atropello de derechos, los Robledo recurrieron a profesionales que elaboraron un informe ambiental. En ese estudio, los daños relevados en la finca de 6.000 hectáreas se estimaron en 1,2 millones de dólares.
En diciembre de 2018, los superficiarios afectados citaron a la operadora asiática del área Chirete a una mediación. Los apoderados de la empresa se presentaron a la audiencia solo para pedir el cierre de la mediación sin escuchar los motivos del reclamo.
Poco después, Felipe Fernando Robledo presentó una denuncia contra la administradora judicial de la sucesión y pidió su remoción por “mal desempeño”.
El pasado 26 de marzo, los criollos afectados presentaron una demanda por daños y perjuicios, junto a una medida cautelar de no innovar, ante la jueza Civil y Comercial 6 de Salta, María Alejandra Filtrín, quien se declaró incompetente. El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta se hace esperar en la Sala 5 del tribunal.
Desde el 30 de abril, con sendas notas, los Robledo también denunciaron manejos irregulares de la petrolera en sus tierras y solicitaron que intervenga la Secretaría de Energía. La inspección concretada el pasado 24 de mayo confirmó muchas de las irregularidades que los superficiarios afectados atribuyeron a las petroleras que están asociadas en el área Chirete. Sin embargo, la Justicia siguió ausente en Los Blancos.
Cansados e impotentes ante la continuidad de los atropellos, los puesteros damnificados decidieron manifestarse con un piquete en el camino de acceso que se desprende de la ruta nacional 81, hacia la locación del pozo LB X-2001, a lo largo de siete kilómetros que atraviesan su finca ganadera.
Aquella protesta terminó con uno de los herederos declarados, Jorge Nelson Robledo, detenido el 1 de junio. El maestro chaqueño, que se jubiló en octubre de 2018, fue liberado siete días después por el juez Nelso Aramayo de Tartagal. La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, había pedido que siga detenido por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y interrupción del transporte. Un video prueba que en ningún momento se resistió al arresto.
El piquete sí impidió que la High Luck y Pampa Energía (accionista de la refinería de Campo Durán) sacaran camiones tanque con petróleo. Fueron cientos de viajes con un destino que aún espera ser aclarado públicamente, porque según el IAPG salieron de Chirete cerca de 13 millones entre diciembre de 2018 y marzo último.
High Luck, en inglés significa “Mucha suerte”. Y, según parece, la necesitará para sortear sanciones.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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El litio y el riesgo hídrico
Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Salta: investigadoras a favor de la nueva ley penal
Investigadoras salteñas, a favor de que se penalicen los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Salta busca la creación de fiscalías ambientales
Avanza la creación de fiscalías para el medio ambiente
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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Salta: avanza la minería sobre la Puna
Avanzan las conversaciones para impulsar el proyecto de desarrollo minero en la Puna
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Protestas en Salta por desmonte en reserva
Vecinos de Salta reclaman contra el desmonte de reserva natural por obras de ampliación del teleférico San Bernardo
Fecha de Publicación: 16/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Salta
Un grupo de vecinos de la ciudad de Salta se movilizó hoy en reclamo contra el desmonte de una reserva natural por las obras que se están llevando adelante para ampliar el teleférico San Bernardo. "No vamos a permitir que se destruyan los cerros", aseguraron en su convocatoria los organizadores de la marcha, que confluyó en la base del teleférico, en el Parque San Martín de la capital provincial.
Los vecinos están juntando firmas en una página de internet (ya suman más de 26.000 adhesiones) para evitar la ampliación del teleférico San Bernardo al cerro Ala Delta, a causa del impacto ambiental que tendría. Por ese motivo, piden al municipio y también al gobernador Juan Manuel Urtubey que frenen este proyecto, que estipula extender alrededor de un kilómetro el recorrido del teleférico hasta el cerro Ala Delta, "que es una reserva natural y es uno de los pulmones verdes más importantes que tenemos", aseguran.
"Esto implicaría la construcción de las torres del teleférico y, además, la instalación de negocios y abastecimiento de agua y luz en la zona, lo que afectaría a la reserva", agregó Rocío Ortiz, una de las voceras del grupo. "En Salta ya tenemos un teleférico y es un interesante atractivo turístico, no hace falta otro", insistió Ortiz, en una petición dirigida al intendente local, Gustavo Sáenz. En la página web en la que se están juntando las firmas (http://chng.it/CKMZdQGC), Ortiz solicitó a quienes deseen respaldar la causa: "No dejemos que la presión económica empresarial y la ambición sin conciencia ambiental comprometan el resguardo de esta reserva natural".
El proyecto ya está en marcha y los vecinos también se movilizaron para juntar firmas en busca de impugnar el estudio de impacto ambiental sobre la Reserva Natural Municipal de usos múltiples, afectada por la iniciativa. "Nunca se hizo un estudio del plan de trabajo para depredar la reserva, de cómo iba a ser la obra, apertura de caminos, cuántos árboles se iban a sacar, etcétera", dijo a NA otro de los voceros del grupo, Gustavo Suárez.
"Podrían haberlo hecho de otra manera, más mesuradamente, y no abrir dos rutas de acceso; no era necesario", añadió Suárez, en referencia a los trabajos realizados desde enero pasado hasta la fecha en la reserva natural. Suárez también precisó que "por el momento está terminada la obra de apertura de caminos; están esperando las torres y la maquinaria que viene de Suiza" para avanzar con lo que sería una segunda etapa de labores en la zona. El presidente del Teleférico San Bernardo, Martín Miranda, defendió por su parte la iniciativa y negó que el proyecto se esté llevando adelante de manera irregular.
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Fecha de Publicación: 16/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Salta
Un grupo de vecinos de la ciudad de Salta se movilizó hoy en reclamo contra el desmonte de una reserva natural por las obras que se están llevando adelante para ampliar el teleférico San Bernardo. "No vamos a permitir que se destruyan los cerros", aseguraron en su convocatoria los organizadores de la marcha, que confluyó en la base del teleférico, en el Parque San Martín de la capital provincial.
Los vecinos están juntando firmas en una página de internet (ya suman más de 26.000 adhesiones) para evitar la ampliación del teleférico San Bernardo al cerro Ala Delta, a causa del impacto ambiental que tendría. Por ese motivo, piden al municipio y también al gobernador Juan Manuel Urtubey que frenen este proyecto, que estipula extender alrededor de un kilómetro el recorrido del teleférico hasta el cerro Ala Delta, "que es una reserva natural y es uno de los pulmones verdes más importantes que tenemos", aseguran.
"Esto implicaría la construcción de las torres del teleférico y, además, la instalación de negocios y abastecimiento de agua y luz en la zona, lo que afectaría a la reserva", agregó Rocío Ortiz, una de las voceras del grupo. "En Salta ya tenemos un teleférico y es un interesante atractivo turístico, no hace falta otro", insistió Ortiz, en una petición dirigida al intendente local, Gustavo Sáenz. En la página web en la que se están juntando las firmas (http://chng.it/CKMZdQGC), Ortiz solicitó a quienes deseen respaldar la causa: "No dejemos que la presión económica empresarial y la ambición sin conciencia ambiental comprometan el resguardo de esta reserva natural".
El proyecto ya está en marcha y los vecinos también se movilizaron para juntar firmas en busca de impugnar el estudio de impacto ambiental sobre la Reserva Natural Municipal de usos múltiples, afectada por la iniciativa. "Nunca se hizo un estudio del plan de trabajo para depredar la reserva, de cómo iba a ser la obra, apertura de caminos, cuántos árboles se iban a sacar, etcétera", dijo a NA otro de los voceros del grupo, Gustavo Suárez.
"Podrían haberlo hecho de otra manera, más mesuradamente, y no abrir dos rutas de acceso; no era necesario", añadió Suárez, en referencia a los trabajos realizados desde enero pasado hasta la fecha en la reserva natural. Suárez también precisó que "por el momento está terminada la obra de apertura de caminos; están esperando las torres y la maquinaria que viene de Suiza" para avanzar con lo que sería una segunda etapa de labores en la zona. El presidente del Teleférico San Bernardo, Martín Miranda, defendió por su parte la iniciativa y negó que el proyecto se esté llevando adelante de manera irregular.
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Megabasural salteño inspeccionado por la justicia
Vertedero San Javier: la inspección verificó las denuncias hechas por contaminación
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
En el marco de un amparo ambiental contra la empresa Agrotécnica Fueguina, el juez a cargo, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el Vertedero San Javier, de la zona sur de Salta.
En 2016 la empresa Agrotécnica Fueguina extendió su contrato con la Municipalidad de Salta y se comprometió a construir el módulo San Javier N° 4 y ejecutar un plan de contingencia y saneamiento del módulo N°1. El incumplimiento de estos ítems derivó en la investigación que se lleva a la empresa.
Jorgelina Franco, ex concejal del Partido Obrero y vecina del barrio Solidaridad, denunció a la empresa por violar su contrato y contaminar al medio ambiente.
Al finalizar la inspección el Juez informó el proceso de investigación es "complejo" ya que requiere de pruebas que no se han producido porque no son fáciles de obtener, debido "a la falta de especialistas".
En representación de vecinos afectados, Jorgelina contó que esperan tener un resultado objetivo ya que la visita no hizo más que comprobar las denuncias hechas contra la empresa: “Todo lo que se planteó en el juicio continúa igual que en un principio. No se avanzó en nada”, afirmó.
Por su parte Cristina Foffani, concejal del Partido Obrero, aseguró a LA GACETA que presentarán un informe escrito para dar el paso legal, solicitando al Intendente que inicie el funcionamiento de la cuarta trinchera en 30 días.
La funcionaria apuntó directamente contra la empresa por ser responsable de un desastre ambiental.
Además, hizo hincapié en la cantidad de dinero que Agrotecnica recibe para cumplir con el contrato: “Les pagan dos millones a diario y no quieren gastar en inversiones, mientras que esto significa un aumento de las enfermedades. Es un contrato, la empresa está cobrando por eso”, dijo.
Agrotecnica Fueguina, por su parte, se limito a emitir palabras al respecto, exponiendo que se recibió al juez y se respondió a todos sus requerimientos.
El vertedero barrial
Mal olor, plásticos que llegan con el viento, animales muertos, ratas y niños con enfermedades dérmicas son algunas de los problemas que poseen las familias que viven alrededor del Vertedero.
Barrios que están a dos cuadras del San Javier parecieran ser, en sí mismos, un basural.
Cansada de ver cómo la gente tira basura a metros de su casa, Beatriz Vásquez, contó a LA GACETA que el barrio Solidaridad nunca cambió en los 15 años que lleva allí.
“Cuando llueve fuerte no se puede aguantar el olor ni sentado afuera”, contó apuntando al basural que está frente a su casa. Además, se mostró asustada porque frecuentemente encuentra ratas y víboras de gran tamaño.
Beatriz tiene nietos y recordó una frase que su hijo le dijo después de haberse acercado a las puertas del Vertedero: “He salido casi llorando, es mi hija la que he visto ahí, mamá. Toda sucia y embarrada. Los chiquitos están ahí metidos”, le dijo luego de observar a una niña juntando basura con su mamá.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
En el marco de un amparo ambiental contra la empresa Agrotécnica Fueguina, el juez a cargo, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el Vertedero San Javier, de la zona sur de Salta.
En 2016 la empresa Agrotécnica Fueguina extendió su contrato con la Municipalidad de Salta y se comprometió a construir el módulo San Javier N° 4 y ejecutar un plan de contingencia y saneamiento del módulo N°1. El incumplimiento de estos ítems derivó en la investigación que se lleva a la empresa.
Jorgelina Franco, ex concejal del Partido Obrero y vecina del barrio Solidaridad, denunció a la empresa por violar su contrato y contaminar al medio ambiente.
Al finalizar la inspección el Juez informó el proceso de investigación es "complejo" ya que requiere de pruebas que no se han producido porque no son fáciles de obtener, debido "a la falta de especialistas".
En representación de vecinos afectados, Jorgelina contó que esperan tener un resultado objetivo ya que la visita no hizo más que comprobar las denuncias hechas contra la empresa: “Todo lo que se planteó en el juicio continúa igual que en un principio. No se avanzó en nada”, afirmó.
Por su parte Cristina Foffani, concejal del Partido Obrero, aseguró a LA GACETA que presentarán un informe escrito para dar el paso legal, solicitando al Intendente que inicie el funcionamiento de la cuarta trinchera en 30 días.
La funcionaria apuntó directamente contra la empresa por ser responsable de un desastre ambiental.
Además, hizo hincapié en la cantidad de dinero que Agrotecnica recibe para cumplir con el contrato: “Les pagan dos millones a diario y no quieren gastar en inversiones, mientras que esto significa un aumento de las enfermedades. Es un contrato, la empresa está cobrando por eso”, dijo.
Agrotecnica Fueguina, por su parte, se limito a emitir palabras al respecto, exponiendo que se recibió al juez y se respondió a todos sus requerimientos.
El vertedero barrial
Mal olor, plásticos que llegan con el viento, animales muertos, ratas y niños con enfermedades dérmicas son algunas de los problemas que poseen las familias que viven alrededor del Vertedero.
Barrios que están a dos cuadras del San Javier parecieran ser, en sí mismos, un basural.
Cansada de ver cómo la gente tira basura a metros de su casa, Beatriz Vásquez, contó a LA GACETA que el barrio Solidaridad nunca cambió en los 15 años que lleva allí.
“Cuando llueve fuerte no se puede aguantar el olor ni sentado afuera”, contó apuntando al basural que está frente a su casa. Además, se mostró asustada porque frecuentemente encuentra ratas y víboras de gran tamaño.
Beatriz tiene nietos y recordó una frase que su hijo le dijo después de haberse acercado a las puertas del Vertedero: “He salido casi llorando, es mi hija la que he visto ahí, mamá. Toda sucia y embarrada. Los chiquitos están ahí metidos”, le dijo luego de observar a una niña juntando basura con su mamá.
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Salta planifica acciones contra el cambio climático
Salta comenzó a planificar nuevas acciones contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 29/03/2019
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
El municipio busca reducir la emisión de gases en la capital
Las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de confeccionar una serie de acciones y políticas públicas para intentar reducir la emisión de gases en la capital De esta manera, el área pretende fortalecer los trabajos para atenuar a nivel local los efectos del cambio climático.
En ese orden, el responsable de la dependencia, Gastón Galíndez, se encargará de supervisar las discusiones sobre la elaboración del Plan de Acción Climática. Al respecto, el dirigente remarcó que, entre los programas ambientales del municipio, ya se ha implementado un inventario de Gases de Efecto Invernadero, por medio del que la Comuna fiscaliza que las emisiones que se producen en la ciudad no excedan los máximos estipulados en las escalas internacionales.
En ese sentido, Galíndez destacó que actualmente “la ciudad continúa llevando a cabo diversas actividades de gestión tendientes a mitigar los gases de efecto invernadero”. Entre las mismas, enumeró a "las plantaciones de forestales para incrementar el arbolado urbano; la separación en origen de los residuos; el uso de bicicletas; la reducción del uso de vehículos particulares; fomentar el transporte urbano; el recambio por luces de LED; y la reutilización de residuos”.
Asimismo, el secretario aseveró que "es fundamental trabajar como una comunidad organizada, tanto desde el Estado como con las asociaciones intermedias y los vecinos de la ciudad". En esta reunión, también estuvo presente el coordinador técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Emanuel Ayala, con quien Galíndez había coincidido la semana pasada en el marco de la Asamblea Nacional de Intendentes de la entidad.
En su paso por la capital, Ayala expuso ante los funcionarios y técnicos municipales acerca del funcionamiento del efecto invernadero y, además, el alcance de las consecuencias medioambientales de las emisiones de gases que no cuentan con un control estricto. Asimismo, consideró que "las políticas ambientales no pueden tener resultado si no hay acompañamiento de la sociedad, de los vecinos y de las asociaciones intermedias". "Es fundamental el cambio cultural en muchos casos y la incorporación de buenos hábitos”, concluyó el especialista.
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Fecha de Publicación: 29/03/2019
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
El municipio busca reducir la emisión de gases en la capital
Las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de confeccionar una serie de acciones y políticas públicas para intentar reducir la emisión de gases en la capital De esta manera, el área pretende fortalecer los trabajos para atenuar a nivel local los efectos del cambio climático.
En ese orden, el responsable de la dependencia, Gastón Galíndez, se encargará de supervisar las discusiones sobre la elaboración del Plan de Acción Climática. Al respecto, el dirigente remarcó que, entre los programas ambientales del municipio, ya se ha implementado un inventario de Gases de Efecto Invernadero, por medio del que la Comuna fiscaliza que las emisiones que se producen en la ciudad no excedan los máximos estipulados en las escalas internacionales.
En ese sentido, Galíndez destacó que actualmente “la ciudad continúa llevando a cabo diversas actividades de gestión tendientes a mitigar los gases de efecto invernadero”. Entre las mismas, enumeró a "las plantaciones de forestales para incrementar el arbolado urbano; la separación en origen de los residuos; el uso de bicicletas; la reducción del uso de vehículos particulares; fomentar el transporte urbano; el recambio por luces de LED; y la reutilización de residuos”.
Asimismo, el secretario aseveró que "es fundamental trabajar como una comunidad organizada, tanto desde el Estado como con las asociaciones intermedias y los vecinos de la ciudad". En esta reunión, también estuvo presente el coordinador técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Emanuel Ayala, con quien Galíndez había coincidido la semana pasada en el marco de la Asamblea Nacional de Intendentes de la entidad.
En su paso por la capital, Ayala expuso ante los funcionarios y técnicos municipales acerca del funcionamiento del efecto invernadero y, además, el alcance de las consecuencias medioambientales de las emisiones de gases que no cuentan con un control estricto. Asimismo, consideró que "las políticas ambientales no pueden tener resultado si no hay acompañamiento de la sociedad, de los vecinos y de las asociaciones intermedias". "Es fundamental el cambio cultural en muchos casos y la incorporación de buenos hábitos”, concluyó el especialista.
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Oficializan nueva Área Protegida salteña
Oficializaron una nueva Área Protegida en el departamento capital
Fecha de Publicación: 06/03/2019
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
La Provincia declaró como Reserva de Uso Múltiple a las fincas Vipos y La Troja. Ambas están ubicadas en el departamento capital y poseen una superficie total aproximada de 12.600 hectáreas.
A través del decreto 270/19, el Gobierno de Salta oficializó como nueva Área Protegida de la Provincia de Salta a los lotes fiscales identificados con las matrículas 1.837 y 97.048 ubicados en el departamento Capital.
Se trata de las fincas “Vipos” y “La Troja”, ambas situadas en la capital salteña, con una extensión cercana a las 12.600 hectáreas. Allí se encuentran ecosistemas de Chaco serrano y un elevado valor de conservación ya que se trata de un ecosistema de transición (ecotono), alta biodiversidad y una importante función de conectividad ecorregional.
El área tiene un gran potencial para el turismo rural y natural, especialmente ornitológico y valor histórico porque existen referencias de batallas libradas en la zona por el General Martín Miguel de Güemes y patrimonio arquitectónico asociado.
Las reservas de uso múltiple son áreas gestionadas principalmente para la utilización sustentable de los recursos y servicios ambientales, para contribuir con las necesidades de desarrollo económico social de las comunidades y la región.
Los objetivos del área son conservar muestras de ecosistemas chaqueños en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, mantener y mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y especies representadas, propiciar la protección del patrimonio cultural e histórico del lugar.
También brindar oportunidades de mejorar la condición socioeconómica de las comunidades locales, con actividades compatibles con la conservación de la biodiversidad y aportar una alternativa que contribuya al desarrollo turístico sostenible.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable trabaja de manera permanente y eleva resultados técnicos, con el fin efectivizar el cumplimiento del decreto 616/18 por medio del cual el gobernador Juan Manuel Urtubey incorporó al SiPAP un millón y medio de hectáreas, que se suman a las más de dos millones existentes.
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Fecha de Publicación: 06/03/2019
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
La Provincia declaró como Reserva de Uso Múltiple a las fincas Vipos y La Troja. Ambas están ubicadas en el departamento capital y poseen una superficie total aproximada de 12.600 hectáreas.
A través del decreto 270/19, el Gobierno de Salta oficializó como nueva Área Protegida de la Provincia de Salta a los lotes fiscales identificados con las matrículas 1.837 y 97.048 ubicados en el departamento Capital.
Se trata de las fincas “Vipos” y “La Troja”, ambas situadas en la capital salteña, con una extensión cercana a las 12.600 hectáreas. Allí se encuentran ecosistemas de Chaco serrano y un elevado valor de conservación ya que se trata de un ecosistema de transición (ecotono), alta biodiversidad y una importante función de conectividad ecorregional.
El área tiene un gran potencial para el turismo rural y natural, especialmente ornitológico y valor histórico porque existen referencias de batallas libradas en la zona por el General Martín Miguel de Güemes y patrimonio arquitectónico asociado.
Las reservas de uso múltiple son áreas gestionadas principalmente para la utilización sustentable de los recursos y servicios ambientales, para contribuir con las necesidades de desarrollo económico social de las comunidades y la región.
Los objetivos del área son conservar muestras de ecosistemas chaqueños en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, mantener y mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y especies representadas, propiciar la protección del patrimonio cultural e histórico del lugar.
También brindar oportunidades de mejorar la condición socioeconómica de las comunidades locales, con actividades compatibles con la conservación de la biodiversidad y aportar una alternativa que contribuya al desarrollo turístico sostenible.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable trabaja de manera permanente y eleva resultados técnicos, con el fin efectivizar el cumplimiento del decreto 616/18 por medio del cual el gobernador Juan Manuel Urtubey incorporó al SiPAP un millón y medio de hectáreas, que se suman a las más de dos millones existentes.
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Un basural salteño bajo la mirada de la justicia
Los vecinos y el río, en la mira judicial
Fecha de Publicación: 20/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El juez consultó por la distancia del vertedero al barrio Justicia y el Arenales.
Durante la inspección ocular por la causa que iniciaron vecinos del vertedero contra Agrotécnica Fueguina y la Municipalidad por contaminación, el juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, consultó específicamente por las distancias.
"¿A cuánto está del barrio Justicia?", consultó el juez. "A 450 metros", indicó Julio Cabral, coordinador de Servicios de Agrotécnica Fueguina.
El Tribuno publicó el año pasado un informe en el que varios vecinos del barrio Justicia contaron que sufren enfermedades en la piel, incluso varios niños mostraron partes del cuero cabelludo peladas, donde no les volvió a crecer el cabello. También aseguraron que no pueden respirar por el mal olor, que es casi cotidiano y los obliga a quedarse adentro de sus casas.
"El olor, ¿es así siempre o en días de calor es más fuerte?", preguntó Domínguez. "Sí, es fuerte, pero hay que tener en cuenta que está la planta de líquidos cloacales", indicó Cabral. "El olor es de la basura, sé diferenciar entre un olor y otro", salió al cruce Jorgelina Fanco, vecina del barrio Solidaridad y una de las denunciantes en la causa.
El magistrado también consultó por la distancia de las trincheras que funcionan hoy en el vertedero hasta el río Arenales. Cabral indicó que son "300 metros".
La cercanía al río fue cuestionada la semana pasada por la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani durante su visita al vertedero. En esa oportunidad Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Ambiente Municipal reconoció que, si logran ubicar la trinchera cinco donde la proyectan, el depósito quedaría "en algunos tramos, a cuatro metros del río".
Líquidos lixiviados
"Vuelvo a insistir, ¿lo más peligroso de todo son los lixiviados? Sí, soy recurrente con los lixiviados", reconoció Domínguez tras las diferentes consultas que realizó sobre los afluentes que salen de la basura depositada en las trincheras. El juez se detuvo en diferentes oportunidades en este punto.
"¿Cómo llegan hasta la pileta?", preguntó. "Tenemos un camión atmosférico que, por el estado de los caminos, no está funcionando. Tenemos una bomba instalada en el módulo tres y tenemos una cañería desde el módulo dos que va a la pileta de homogeneización", contestó Cabral.
Domínguez consultó además sobre si el líquido que emanan las pilas también terminan allí. La respuesta fue positiva de parte de la empresa, pero Gastón Galíndez, secretario de Ambiente Municipal, intervino y advirtió que "no hay tratamiento en ningún basural, en ninguna parte del planeta".
En este punto, los vecinos pidieron ir hasta la "laguna" de líquidos lixiviados que está en la trinchera dos, que se clausuró en el 2011. "Cuando tengamos la ampliación de la planta de tratamiento vamos a procurar traer todos los líquidos que tenemos acá. Aún están ahí, eso demuestra que el suelo es impermeable", resaltó Cabral.
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Fecha de Publicación: 20/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El juez consultó por la distancia del vertedero al barrio Justicia y el Arenales.
Durante la inspección ocular por la causa que iniciaron vecinos del vertedero contra Agrotécnica Fueguina y la Municipalidad por contaminación, el juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, consultó específicamente por las distancias.
"¿A cuánto está del barrio Justicia?", consultó el juez. "A 450 metros", indicó Julio Cabral, coordinador de Servicios de Agrotécnica Fueguina.
El Tribuno publicó el año pasado un informe en el que varios vecinos del barrio Justicia contaron que sufren enfermedades en la piel, incluso varios niños mostraron partes del cuero cabelludo peladas, donde no les volvió a crecer el cabello. También aseguraron que no pueden respirar por el mal olor, que es casi cotidiano y los obliga a quedarse adentro de sus casas.
"El olor, ¿es así siempre o en días de calor es más fuerte?", preguntó Domínguez. "Sí, es fuerte, pero hay que tener en cuenta que está la planta de líquidos cloacales", indicó Cabral. "El olor es de la basura, sé diferenciar entre un olor y otro", salió al cruce Jorgelina Fanco, vecina del barrio Solidaridad y una de las denunciantes en la causa.
El magistrado también consultó por la distancia de las trincheras que funcionan hoy en el vertedero hasta el río Arenales. Cabral indicó que son "300 metros".
La cercanía al río fue cuestionada la semana pasada por la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani durante su visita al vertedero. En esa oportunidad Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Ambiente Municipal reconoció que, si logran ubicar la trinchera cinco donde la proyectan, el depósito quedaría "en algunos tramos, a cuatro metros del río".
Líquidos lixiviados
"Vuelvo a insistir, ¿lo más peligroso de todo son los lixiviados? Sí, soy recurrente con los lixiviados", reconoció Domínguez tras las diferentes consultas que realizó sobre los afluentes que salen de la basura depositada en las trincheras. El juez se detuvo en diferentes oportunidades en este punto.
"¿Cómo llegan hasta la pileta?", preguntó. "Tenemos un camión atmosférico que, por el estado de los caminos, no está funcionando. Tenemos una bomba instalada en el módulo tres y tenemos una cañería desde el módulo dos que va a la pileta de homogeneización", contestó Cabral.
Domínguez consultó además sobre si el líquido que emanan las pilas también terminan allí. La respuesta fue positiva de parte de la empresa, pero Gastón Galíndez, secretario de Ambiente Municipal, intervino y advirtió que "no hay tratamiento en ningún basural, en ninguna parte del planeta".
En este punto, los vecinos pidieron ir hasta la "laguna" de líquidos lixiviados que está en la trinchera dos, que se clausuró en el 2011. "Cuando tengamos la ampliación de la planta de tratamiento vamos a procurar traer todos los líquidos que tenemos acá. Aún están ahí, eso demuestra que el suelo es impermeable", resaltó Cabral.
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Salta en problema con su mega vertedero
El vertedero está desbordado y no se vislumbran soluciones
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La trinchera 1 ya superó su capacidad y la 4 aún sigue sin ser habilitada. Se observan incumplimientos del contrato como el cordón forestal.
Como lo anticipó El Tribuno hace un año, el vertedero San Javier colapsó y trabaja por fuera de sus capacidades. La trinchera que se utiliza actualmente para depositar la basura ya no tiene espacio, mientras que la nueva sigue sin habilitarse porque falta una membrana impermeabilizante. Por otro lado, continúan ingresando más de 800 toneladas de basura diaria al vertedero.
La trinchera que se usa actualmente es la uno, que había sido cerrada en 1999 con una altura de 1 metro y medio. Fue reabierta a comienzos de 2016 y hace un año, según lo indicado a este medio por el coordinador del vertedero, Julio Cabral, llegaba a los 17,5 metros. Es decir que había aumentado su altura en 16 metros durante 2016 y 2017, ocho metros anuales. Cabral indicó entonces que la trinchera tenía un año de vida útil, ya que a principios de 2019 llegaría a los 24 metros de altura. La trinchera dos fue clausurada con esa altura: 24 metros, y la tres se explotó hasta llegar a los 27 metros, cuando los camiones recolectores no podían trepar para seguir dejando las bolsas.
Alberto Soria, director de Inspección y Certificación dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, contradijo las estimaciones del coordinador del vertedero. "La trinchera 1 debe tener como 7 metros. Falta mucho para completar, tenemos hasta mitad de año, al llegar a la altura de 7 metros que es lo razonable para dejar de operar. Si no se hace dificultoso para los camiones", indicó. Según señaló el funcionario municipal, están "avanzando hacia el este" con el depósito de basura.
La trinchera cuatro aún no se puede habilitar porque falta la geomembrana, necesaria para asegurar la impermeabilización y que no se filtren los líquidos lixiviados hacía los ríos Ancho y Arenales. La membrana, que hace un año tenía un costo de 24 millones de pesos, en un principio iba a ser costeada por Agrotécnica, luego la Municipalidad anunció que iba a hacerse cargo, pero se echó atrás ante el cuestionamiento que le hizo el Tribunal de Cuentas, que señaló que Agrotécnica debía pagarla. Luego, el intendente Sáenz señaló que la pagaría el Gobierno nacional. "No aparecen los fondos, Nación los iba a proveer", señaló Soria.
"¿Hay plazos?", consultó en una audiencia a mediados del año pasado el juez de Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, sobre la instalación de la geomembrana. El magistrado está a cargo del amparo que presentaron vecinos contra Agrotécnica, la Municipalidad y la Provincia porque denuncian que el vertedero contamina.
Según funcionarios municipales y Agrotécnica Fueguina, la membrana no es necesaria porque el suelo del vertedero es arcilloso e impermeable. "En el 2010, el geólogo Peralta hizo un estudio con georradares de la Provincia que nos dio la razón. Se encontró que cerca de la superficie, en algunas zonas había grava y por ahí podía filtrarse líquido lixiviado", aseguró la concejal Cristina Foffani, del Partido Obrero, quien intentó realizar una visita de inspección para evaluar el estado del vertedero ayer.Para la edil, este estudio zanjó la discusión "Isa debería haber impermeabilizado y Sáenz debe impermeabilizar”, aseveró la concejal, que no pudo recorrer como esperaba el predio ayer. Soria le redujo el paso a través de los guardias de seguridad por “no contar con la autorización de su jefe”.
“La capa sobre la trinchera no puede pasar los dos metros. Debería ser una fosa, no una montaña de basura. Hace poco casi se cae un camión”, advirtió la concejal. Soria le salió al cruce y aclaró que “no necesariamente tiene que ser trinchera. El relleno sanitario es distribuir los residuos, tapar y compactar para evitar que vengan los vectores”, afirmó mientras bolsas plásticas volaban detrás de él.
Foffani advirtió que la empresa tampoco cumple con el adecuado relleno: “No cubren ni compactan todos los días, como dice el contrato, para que los vecinos de barrios aledaños no tengan ratas. Si lo hicieran, la basura no volaría”. Los cuestionamientos molestaron a Soria. “Si tienen un criterio claro, ¿para qué vienen?”, planteó. “Para asegurarnos de cuán grande es la falta”, contestó la concejal.
Luego de los cruces, la edil pudo llegar hasta la trinchera 1. Allí advirtió que había líquidos lixiviados a la vista, “cuando deberían estar siendo absorbidos por un piletón que está adentro de la trinchera y se lo debe llevar a una fosa de cemento para la termoevaporación. Esto está yendo directamente a las napas”, señaló escandalizada.
También se advirtió sobre la falta del cordón forestal durante la visita. Según el secretario de Medio Ambiente, Gastón Galíndez ,se iban a plantar arboles alrededor del predio.
Una vez obtenida la geomembrana, la trinchera no estará lista porque se necesitarán realizar los estudios preliminares que, según Soria, llevarían en tre “4 y 5 meses”.
El futuro del vertedero San Javier
La empresa quiere extender el predio, mientras otros se oponen.
Cuando finalmente se inaugure la trinchera cuatro, que tiene 200 por 300 metros, tendrá una vida útil de entre “7 y 8 años”, según señaló el ingeniero Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Medio Ambiente.
Consultado sobre cuáles son las proyecciones para cuando se clausure esa trinchera, indicó que el nuevo depósito se construiría “detrás de la trinchera 1”, lo que provocó el rechazo de la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani, por la cercanía de ese lugar al río Arenales. “Sí, llega a estar a cuatro metros del río, pero solo en algunos lugares”, reconoció el funcionario.
Foffani aseveró que enviarían un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que se mude el vertedero a otra zona, para evitar los daños a vecinos. El proyecto contemplaría el tiempo “que tarde en colmarse la trinchera cuatro, para que vayan buscando un lugar para desplazar el vertedero lejos de la ciudad”.
Separemos juntos
Soria aseguró que el objetivo es bajar las 800 toneladas diarias de basura que recibe el vertedero con la separación en origen mediante la extensión del plan “Separemos Juntos”. “Si bien no hay una ordenanza que lo exija, este año lo ampliaremos al 50 por ciento más”, destacó. Pero Foffani le recordó que “hay una ordenanza y la están incumpliendo”. “Cuando se modificó la ordenanza 3276, se le dio un año a Agrotécnica para que extienda el plan al 100 por ciento de los barrios, pero nada”, advirtió la concejal.
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Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La trinchera 1 ya superó su capacidad y la 4 aún sigue sin ser habilitada. Se observan incumplimientos del contrato como el cordón forestal.
Como lo anticipó El Tribuno hace un año, el vertedero San Javier colapsó y trabaja por fuera de sus capacidades. La trinchera que se utiliza actualmente para depositar la basura ya no tiene espacio, mientras que la nueva sigue sin habilitarse porque falta una membrana impermeabilizante. Por otro lado, continúan ingresando más de 800 toneladas de basura diaria al vertedero.
La trinchera que se usa actualmente es la uno, que había sido cerrada en 1999 con una altura de 1 metro y medio. Fue reabierta a comienzos de 2016 y hace un año, según lo indicado a este medio por el coordinador del vertedero, Julio Cabral, llegaba a los 17,5 metros. Es decir que había aumentado su altura en 16 metros durante 2016 y 2017, ocho metros anuales. Cabral indicó entonces que la trinchera tenía un año de vida útil, ya que a principios de 2019 llegaría a los 24 metros de altura. La trinchera dos fue clausurada con esa altura: 24 metros, y la tres se explotó hasta llegar a los 27 metros, cuando los camiones recolectores no podían trepar para seguir dejando las bolsas.
Alberto Soria, director de Inspección y Certificación dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, contradijo las estimaciones del coordinador del vertedero. "La trinchera 1 debe tener como 7 metros. Falta mucho para completar, tenemos hasta mitad de año, al llegar a la altura de 7 metros que es lo razonable para dejar de operar. Si no se hace dificultoso para los camiones", indicó. Según señaló el funcionario municipal, están "avanzando hacia el este" con el depósito de basura.
La trinchera cuatro aún no se puede habilitar porque falta la geomembrana, necesaria para asegurar la impermeabilización y que no se filtren los líquidos lixiviados hacía los ríos Ancho y Arenales. La membrana, que hace un año tenía un costo de 24 millones de pesos, en un principio iba a ser costeada por Agrotécnica, luego la Municipalidad anunció que iba a hacerse cargo, pero se echó atrás ante el cuestionamiento que le hizo el Tribunal de Cuentas, que señaló que Agrotécnica debía pagarla. Luego, el intendente Sáenz señaló que la pagaría el Gobierno nacional. "No aparecen los fondos, Nación los iba a proveer", señaló Soria.
"¿Hay plazos?", consultó en una audiencia a mediados del año pasado el juez de Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, sobre la instalación de la geomembrana. El magistrado está a cargo del amparo que presentaron vecinos contra Agrotécnica, la Municipalidad y la Provincia porque denuncian que el vertedero contamina.
Según funcionarios municipales y Agrotécnica Fueguina, la membrana no es necesaria porque el suelo del vertedero es arcilloso e impermeable. "En el 2010, el geólogo Peralta hizo un estudio con georradares de la Provincia que nos dio la razón. Se encontró que cerca de la superficie, en algunas zonas había grava y por ahí podía filtrarse líquido lixiviado", aseguró la concejal Cristina Foffani, del Partido Obrero, quien intentó realizar una visita de inspección para evaluar el estado del vertedero ayer.Para la edil, este estudio zanjó la discusión "Isa debería haber impermeabilizado y Sáenz debe impermeabilizar”, aseveró la concejal, que no pudo recorrer como esperaba el predio ayer. Soria le redujo el paso a través de los guardias de seguridad por “no contar con la autorización de su jefe”.
“La capa sobre la trinchera no puede pasar los dos metros. Debería ser una fosa, no una montaña de basura. Hace poco casi se cae un camión”, advirtió la concejal. Soria le salió al cruce y aclaró que “no necesariamente tiene que ser trinchera. El relleno sanitario es distribuir los residuos, tapar y compactar para evitar que vengan los vectores”, afirmó mientras bolsas plásticas volaban detrás de él.
Foffani advirtió que la empresa tampoco cumple con el adecuado relleno: “No cubren ni compactan todos los días, como dice el contrato, para que los vecinos de barrios aledaños no tengan ratas. Si lo hicieran, la basura no volaría”. Los cuestionamientos molestaron a Soria. “Si tienen un criterio claro, ¿para qué vienen?”, planteó. “Para asegurarnos de cuán grande es la falta”, contestó la concejal.
Luego de los cruces, la edil pudo llegar hasta la trinchera 1. Allí advirtió que había líquidos lixiviados a la vista, “cuando deberían estar siendo absorbidos por un piletón que está adentro de la trinchera y se lo debe llevar a una fosa de cemento para la termoevaporación. Esto está yendo directamente a las napas”, señaló escandalizada.
También se advirtió sobre la falta del cordón forestal durante la visita. Según el secretario de Medio Ambiente, Gastón Galíndez ,se iban a plantar arboles alrededor del predio.
Una vez obtenida la geomembrana, la trinchera no estará lista porque se necesitarán realizar los estudios preliminares que, según Soria, llevarían en tre “4 y 5 meses”.
El futuro del vertedero San Javier
La empresa quiere extender el predio, mientras otros se oponen.
Cuando finalmente se inaugure la trinchera cuatro, que tiene 200 por 300 metros, tendrá una vida útil de entre “7 y 8 años”, según señaló el ingeniero Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Medio Ambiente.
Consultado sobre cuáles son las proyecciones para cuando se clausure esa trinchera, indicó que el nuevo depósito se construiría “detrás de la trinchera 1”, lo que provocó el rechazo de la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani, por la cercanía de ese lugar al río Arenales. “Sí, llega a estar a cuatro metros del río, pero solo en algunos lugares”, reconoció el funcionario.
Foffani aseveró que enviarían un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que se mude el vertedero a otra zona, para evitar los daños a vecinos. El proyecto contemplaría el tiempo “que tarde en colmarse la trinchera cuatro, para que vayan buscando un lugar para desplazar el vertedero lejos de la ciudad”.
Separemos juntos
Soria aseguró que el objetivo es bajar las 800 toneladas diarias de basura que recibe el vertedero con la separación en origen mediante la extensión del plan “Separemos Juntos”. “Si bien no hay una ordenanza que lo exija, este año lo ampliaremos al 50 por ciento más”, destacó. Pero Foffani le recordó que “hay una ordenanza y la están incumpliendo”. “Cuando se modificó la ordenanza 3276, se le dio un año a Agrotécnica para que extienda el plan al 100 por ciento de los barrios, pero nada”, advirtió la concejal.
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