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Salta: empresario elude la ley y sigue desmontando
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Pese al pedido de parar las topadoras, empresario uruguayo continúa desmontando en Salta
Fecha de Publicación: 10/04/2018
Fuente: Informe Salta
Fecha de Publicación: 10/04/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que Bruno Varela incumple con las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta ordenándole cesar el desmonte. Desde entonces arrasó cerca de 170 hectáreas de bosques nativos.
La finca “La Peregrina” fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte). Su dueño es Bruno Mauricio Varela Marín, un empresario uruguayo y pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta, continúa arrasando con todo a su paso.
“A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo”.
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La finca “La Peregrina” fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte). Su dueño es Bruno Mauricio Varela Marín, un empresario uruguayo y pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta, continúa arrasando con todo a su paso.
“A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo”.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
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Salta quiere más controles en las explotaciones de litio
Buscan poner controles más estrictos para las explotaciones de litio en Salta
Fecha de Publicación: 04/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Ante el incremento de la actividad en nuestra provincia, Jujuy y Catamarca, en la "La mesa del litio" se empezaron a buscar más exigencias para las empresas.
La explotación del litio o el “oro blanco” se incrementó notablemente en los últimos años. Nuestra provincia, junto con las de Jujuy y Catamarca son los destinos favoritos de las mineras multinacionales interesadas en este producto.
De acuerdo con un estudio elaborado por la agencia científica United States Geological Survey (USGS) junto con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) nuestro país cuenta con unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio.
El informe destaca que actualmente hay dos emprendimientos en producción, de los que se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año: “Olaroz”, de Sales de Jujuy, en Jujuy, que produce 17.500 toneladas, y “Salar del Hombre Muerto”, de FMC, en Catamarca, del que se obtienen 22.500 toneladas.
Estas cifras de producción representan el 16% del litio a nivel mundial. Pero nuestro país podría llegar hasta 130.000 toneladas al año si se avanza en los proyectos que están en desarrollo: “Salar del Rincón”, en Salta; “Cauchari”, en Jujuy y “Olaroz” en Jujuy que pretende duplicar su producción para 2019.
Ante esta situación durante el año pasado se estableció un Acuerdo Minero a Nacional. Mediante esta medida se busca regular la explotación del “oro blanco”.
Miguel Soler, secretario de minería de Jujuy, explicó en una entrevista a INFOBAE que: “luego de muchos años de ausencias de normas se decidió conformar ´La Mesa del Litio´ que contemplará un protocolo de buenas prácticas en la explotación de este producto”.
La provincia de Salta, junto con Catamarca y Jujuy, en el marco de La Mesa del Litio, se encuentran evaluando nuevas exigencias de protocolo ambiental para las empresas, estudios anuales de balances hídricos y una redefinición de las pautas de otorgamiento de licencias de explotaciones comunes.
En contrapartida, desde el gobierno nacional proponen una reforma tributaria que permita una devolución anticipada del IVA para las empresas del sector.
Actualmente en nuestra provincia operan las empresas australianas OroCobre y Energy ( que también operan en Jujuy) y tienen una inversión cercana a los 700 millones de dolares.
La cifra de inversiones mineras en Salta se incrementará notablemente a partir del año que viene cuando desembarque la empresa francesa Eramet que tiene previsto invertir 380 millones de dólares.
Finalmente cabe destacar que las regalías que obtendra nuestra provincia por estas explotaciones serán sólo del 3% de la boca de mina.
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Fecha de Publicación: 04/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Ante el incremento de la actividad en nuestra provincia, Jujuy y Catamarca, en la "La mesa del litio" se empezaron a buscar más exigencias para las empresas.
La explotación del litio o el “oro blanco” se incrementó notablemente en los últimos años. Nuestra provincia, junto con las de Jujuy y Catamarca son los destinos favoritos de las mineras multinacionales interesadas en este producto.
De acuerdo con un estudio elaborado por la agencia científica United States Geological Survey (USGS) junto con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) nuestro país cuenta con unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio.
El informe destaca que actualmente hay dos emprendimientos en producción, de los que se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año: “Olaroz”, de Sales de Jujuy, en Jujuy, que produce 17.500 toneladas, y “Salar del Hombre Muerto”, de FMC, en Catamarca, del que se obtienen 22.500 toneladas.
Estas cifras de producción representan el 16% del litio a nivel mundial. Pero nuestro país podría llegar hasta 130.000 toneladas al año si se avanza en los proyectos que están en desarrollo: “Salar del Rincón”, en Salta; “Cauchari”, en Jujuy y “Olaroz” en Jujuy que pretende duplicar su producción para 2019.
Ante esta situación durante el año pasado se estableció un Acuerdo Minero a Nacional. Mediante esta medida se busca regular la explotación del “oro blanco”.
Miguel Soler, secretario de minería de Jujuy, explicó en una entrevista a INFOBAE que: “luego de muchos años de ausencias de normas se decidió conformar ´La Mesa del Litio´ que contemplará un protocolo de buenas prácticas en la explotación de este producto”.
La provincia de Salta, junto con Catamarca y Jujuy, en el marco de La Mesa del Litio, se encuentran evaluando nuevas exigencias de protocolo ambiental para las empresas, estudios anuales de balances hídricos y una redefinición de las pautas de otorgamiento de licencias de explotaciones comunes.
En contrapartida, desde el gobierno nacional proponen una reforma tributaria que permita una devolución anticipada del IVA para las empresas del sector.
Actualmente en nuestra provincia operan las empresas australianas OroCobre y Energy ( que también operan en Jujuy) y tienen una inversión cercana a los 700 millones de dolares.
La cifra de inversiones mineras en Salta se incrementará notablemente a partir del año que viene cuando desembarque la empresa francesa Eramet que tiene previsto invertir 380 millones de dólares.
Finalmente cabe destacar que las regalías que obtendra nuestra provincia por estas explotaciones serán sólo del 3% de la boca de mina.
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Otro OT en Salta para más desmonte seguramente
La Provincia llama a discutir el nuevo ordenamiento territorial
Fecha de Publicación: 03/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El Gobierno convocó a una reunión del Consejo Asesor de Revisión, que se realizará el próximo 6 de abril con participación de funcionarios nacionales, provinciales, productores y entidades técnicas.
El futuro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta empezará a analizarse el próximo viernes 6 de abril, durante una reunión convocada por el Gobierno de la Provincia, durante la que se tratará la agenda de trabajo para el presente año. La convocatoria llega en medio de la polémica por la paralización de 32 proyectos productivos en ocho departamentos de la provincia a partir de una sugerencia de Nación, que fue refrendada por las autoridades locales.
Está previsto que el encuentro tenga lugar en el Centro de Convenciones de Limache a partir de las 8.30, y participarán autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia y de entidades del agro y sectores ambientalistas y técnicos que integran el consejo asesor.
La información fue confirmada a El Tribuno por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien anticipó que, esta vez, no será parte de la reunión ya que la fecha de realización coincide con la celebración de las Pascuas judías (credo que profesa el ministro), que se extiende desde el 31 de marzo al 7 de abril.
No obstante, indicó Bergman a este diario, que "estará presente el equipo de nuestro ministerio para trabajar juntos, gobiernos nacional y provincial, con los productores a fin de aclarar, resolver y encarar en conjunto una Salta productiva y sostenible que agregue valor a la producción, cuidando el ambiente y cumpliendo con el ordenamiento territorial de los recursos naturales, que son de la provincia y que están regulados por leyes federales de presupuestos mínimos ambientales".
"Estarán los secretarios y subsecretarios del Ministerio presentes y todo será articulado con las autoridades provinciales y las organizaciones productivas de la región", insistió el titular de la cartera nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Santiago Bayón, confirmó que recibieron la invitación a participar de la reunión, aunque no aseguró la presencia de la entidad. "Siempre estamos dispuestos a participar de todos los procesos constructivos, sin embargo todavía no hemos tratado específicamente la invitación, por lo que no está definida nuestra participación", admitió a El Tribuno.
Por su parte, Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad Rural de Salta, confirmó que la entidad que dirige asistirá al encuentro como parte del Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y que buscarán que "se realice una revisión más favorable a la producción, entre otras cosas".
"Esto es algo ciertamente novedoso porque el Consejo antes nunca funcionó con regularidad", consideró Elizalde, y agregó: "Se creó hace unos años para dar respuesta a la normativa que dice que se tiene que revisar el ordenamiento cada cinco años, pero nunca mantuvo un funcionamiento articulado".
El titular de la Rural salteña destacó, sin embargo, que "la ministra (Paula) Bibini quiere poner en funcionamiento el Consejo para llegar en un plazo determinado a la revisión o actualización que por ley hay que hacer cada cinco años y que hasta ahora no se hizo".
"La postura de la Rural será que el ordenamiento que tenemos se modifique, que se elimine gran parte del amarillo y que eso pase a ser verde", y que "el Gobierno tome una postura diferente en el sentido de que prohíba desde lo permitido y no que permita desde lo prohibido, como venía haciendo con las recategorizaciones", sentenció Elizalde.
Mientras que Bayón cuestionó que "básicamente la ley provincial marcaba que a una escala más detallada se iba a determinar en cada campo lo que se podía hacer y qué no; y el mismo día en que se hizo eso, se pintaron áreas que había que proteger de rojo, todo lo que estaba en explotación se pintó de verde y, en amarillo, quedó el resto".
"Pero al día siguiente el ambientalismo empezó con que lo amarillo no se puede tocar, cuando todos entendíamos, y está claro en la ley, que a un nivel más detallado había que determinar lo que se podía hacer en cada catastro", indicó.
Equilibrio
El titular de Prograno afirmó: "Nosotros consideramos que el medio ambiente es importante, y también el desarrollo económico y social, pero hay que compatibilizar los dos. El mundo sin humanos, seguramente tendría una naturaleza maravillosa, pero para eso tendríamos que acabar con nuestra propia especie".
"Hoy la provincia está prácticamente congelada", cuestionó Bayón, y explicó: "No solo que está toda la parte amarilla indefinida, que no dan permisos, sino que te revocan los que ya estaban dados".
"Yo consideraba que el tema medio ambiente se había utilizado para demonizar al campo por el Gobierno anterior, pero evidentemente hay una continuidad plena. Y en nuestra provincia es notable", lamentó.
El ruralista evaluó que "en este conflicto hay tres niveles. En primer lugar el caso puntual de los 32 proyectos paralizados; el segundo nivel es que se crea una situación de inseguridad jurídica enorme porque los 32 recibieron un permiso y el permiso fue revocado, lo que para el futuro deja un antecedente de que no hay trámite que lo puedas dar por seguro en Salta; y, en el tercero, tenés el tema de que hay cinco millones de hectáreas pintadas de amarillo, que no se pueden categorizar porque Nación considera que eso es ir a un menor nivel de conservación y la Provincia, ante cualquier activismo de nivel ambiental, decide congelar".
Para Bayón toda esta situación "da un panorama donde no se ve qué se puede hacer porque hoy no hay ninguna actividad que no implique alguna transformación del suelo: nos corren con el cuento de la soja pero ¿cómo se hacen las paltas, la vid, etcétera?", cuestionó.
"Es cierto que el ambientalismo más extremo está en condiciones de hacer pagar un costo político a quien sea, pero también hay un costo económico y social en no hacer nada", advirtió el titular de Prograno y sentenció que "más caro que lo que se pierde es lo que se deja de hacer".
Invitación del campo
Productores nucleados en Prograno, Rural y Federsal invitaron al ministro Sergio Bergman a visitar Salta, más allá de la reunión organizada por el Gobierno provincial.
“Sabemos que Bergman quiere venir a Salta y quiere reunirse con los productores. Nosotros lo hemos invitado formalmente”, indicó Bayón.
Consultado al respecto por El Tribuno, Bergman afirmó: “Voy a participar en Salta de toda reunión a la que me inviten”.
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Fecha de Publicación: 03/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El Gobierno convocó a una reunión del Consejo Asesor de Revisión, que se realizará el próximo 6 de abril con participación de funcionarios nacionales, provinciales, productores y entidades técnicas.
El futuro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta empezará a analizarse el próximo viernes 6 de abril, durante una reunión convocada por el Gobierno de la Provincia, durante la que se tratará la agenda de trabajo para el presente año. La convocatoria llega en medio de la polémica por la paralización de 32 proyectos productivos en ocho departamentos de la provincia a partir de una sugerencia de Nación, que fue refrendada por las autoridades locales.
Está previsto que el encuentro tenga lugar en el Centro de Convenciones de Limache a partir de las 8.30, y participarán autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia y de entidades del agro y sectores ambientalistas y técnicos que integran el consejo asesor.
La información fue confirmada a El Tribuno por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien anticipó que, esta vez, no será parte de la reunión ya que la fecha de realización coincide con la celebración de las Pascuas judías (credo que profesa el ministro), que se extiende desde el 31 de marzo al 7 de abril.
No obstante, indicó Bergman a este diario, que "estará presente el equipo de nuestro ministerio para trabajar juntos, gobiernos nacional y provincial, con los productores a fin de aclarar, resolver y encarar en conjunto una Salta productiva y sostenible que agregue valor a la producción, cuidando el ambiente y cumpliendo con el ordenamiento territorial de los recursos naturales, que son de la provincia y que están regulados por leyes federales de presupuestos mínimos ambientales".
"Estarán los secretarios y subsecretarios del Ministerio presentes y todo será articulado con las autoridades provinciales y las organizaciones productivas de la región", insistió el titular de la cartera nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Santiago Bayón, confirmó que recibieron la invitación a participar de la reunión, aunque no aseguró la presencia de la entidad. "Siempre estamos dispuestos a participar de todos los procesos constructivos, sin embargo todavía no hemos tratado específicamente la invitación, por lo que no está definida nuestra participación", admitió a El Tribuno.
Por su parte, Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad Rural de Salta, confirmó que la entidad que dirige asistirá al encuentro como parte del Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y que buscarán que "se realice una revisión más favorable a la producción, entre otras cosas".
"Esto es algo ciertamente novedoso porque el Consejo antes nunca funcionó con regularidad", consideró Elizalde, y agregó: "Se creó hace unos años para dar respuesta a la normativa que dice que se tiene que revisar el ordenamiento cada cinco años, pero nunca mantuvo un funcionamiento articulado".
El titular de la Rural salteña destacó, sin embargo, que "la ministra (Paula) Bibini quiere poner en funcionamiento el Consejo para llegar en un plazo determinado a la revisión o actualización que por ley hay que hacer cada cinco años y que hasta ahora no se hizo".
"La postura de la Rural será que el ordenamiento que tenemos se modifique, que se elimine gran parte del amarillo y que eso pase a ser verde", y que "el Gobierno tome una postura diferente en el sentido de que prohíba desde lo permitido y no que permita desde lo prohibido, como venía haciendo con las recategorizaciones", sentenció Elizalde.
Mientras que Bayón cuestionó que "básicamente la ley provincial marcaba que a una escala más detallada se iba a determinar en cada campo lo que se podía hacer y qué no; y el mismo día en que se hizo eso, se pintaron áreas que había que proteger de rojo, todo lo que estaba en explotación se pintó de verde y, en amarillo, quedó el resto".
"Pero al día siguiente el ambientalismo empezó con que lo amarillo no se puede tocar, cuando todos entendíamos, y está claro en la ley, que a un nivel más detallado había que determinar lo que se podía hacer en cada catastro", indicó.
Equilibrio
El titular de Prograno afirmó: "Nosotros consideramos que el medio ambiente es importante, y también el desarrollo económico y social, pero hay que compatibilizar los dos. El mundo sin humanos, seguramente tendría una naturaleza maravillosa, pero para eso tendríamos que acabar con nuestra propia especie".
"Hoy la provincia está prácticamente congelada", cuestionó Bayón, y explicó: "No solo que está toda la parte amarilla indefinida, que no dan permisos, sino que te revocan los que ya estaban dados".
"Yo consideraba que el tema medio ambiente se había utilizado para demonizar al campo por el Gobierno anterior, pero evidentemente hay una continuidad plena. Y en nuestra provincia es notable", lamentó.
El ruralista evaluó que "en este conflicto hay tres niveles. En primer lugar el caso puntual de los 32 proyectos paralizados; el segundo nivel es que se crea una situación de inseguridad jurídica enorme porque los 32 recibieron un permiso y el permiso fue revocado, lo que para el futuro deja un antecedente de que no hay trámite que lo puedas dar por seguro en Salta; y, en el tercero, tenés el tema de que hay cinco millones de hectáreas pintadas de amarillo, que no se pueden categorizar porque Nación considera que eso es ir a un menor nivel de conservación y la Provincia, ante cualquier activismo de nivel ambiental, decide congelar".
Para Bayón toda esta situación "da un panorama donde no se ve qué se puede hacer porque hoy no hay ninguna actividad que no implique alguna transformación del suelo: nos corren con el cuento de la soja pero ¿cómo se hacen las paltas, la vid, etcétera?", cuestionó.
"Es cierto que el ambientalismo más extremo está en condiciones de hacer pagar un costo político a quien sea, pero también hay un costo económico y social en no hacer nada", advirtió el titular de Prograno y sentenció que "más caro que lo que se pierde es lo que se deja de hacer".
Invitación del campo
Productores nucleados en Prograno, Rural y Federsal invitaron al ministro Sergio Bergman a visitar Salta, más allá de la reunión organizada por el Gobierno provincial.
“Sabemos que Bergman quiere venir a Salta y quiere reunirse con los productores. Nosotros lo hemos invitado formalmente”, indicó Bayón.
Consultado al respecto por El Tribuno, Bergman afirmó: “Voy a participar en Salta de toda reunión a la que me inviten”.
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El atropello de fauna en rutas salteñas
Rutas salteñas, un verdadero cementerio para la fauna silvestre
Fecha de Publicación: 03/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Un relevamiento da cuenta que solo en el tramo que se extiende entre Salta Capital y El Galpón mueren anualmente 321 animales producto de atropellamientos.
En diálogo con El Tribuno, Eugenia Barros, Lic. en Recursos Naturales de la Universidad Católica de Salta explicó algunas de las causales de esta preocupante situación. El estudio será expuesto en los próximos días durante un congreso internacional, a llevarse a cabo en Paraguay.
¿La mortandad por atropellamiento en las rutas salteñas es alta respecto a otras regiones?
Sí. Solo hay que tener en cuenta que en los tramos de las rutas nacionales 9, 34 y 16 que se extienden desde la ciudad de Salta hasta la localidad de El Galpón, mueren anualmente 321 animales silvestres producto de atropellamiento vehicular. Esto arroja una tasa anual de 0.12 individuos por día, es decir uno de los nivel más altos de Sudamérica comparado con estudios de este tipo realizados en toda la región.
¿Qué factores inciden en esta dura realidad?
Primero hay que tener en cuenta que los caminos mencionados atraviesan zonas de selvas de transición, hasta internarse en el chaco semiárido. Entre los factores que inciden en esta problemática se ubican en los primeros lugares el flujo vehicular y a la velocidad a la que transitan, el ancho de la vía, comportamiento de las especies y la cobertura vegetal, es decir que no hay banquinas despejadas entonces los animales se dan directamente con la cinta asfáltica. Otro punto a tener en cuenta es que las vías analizadas no presentan señalización para la protección de la fauna silvestre, carecen de iluminación y las cintas asfálticas presentan tramos muy deteriorados, especialmente la ruta 16.
¿Cuál es el efecto de las rutas en al vida silvestre?
Fundamentalmente reducen las poblaciones debido a la fragmentación de los ecosistemas, generando el aislamiento de los individuos, lo que aminora la diversidad genética y la habilidad de las poblaciones para mantenerse en equilibrio. Afectan, además, las tasas de reproducción, mortalidad y dinámicas propias de cada especie. Sin embargo, el efecto más visible sobre la fauna silvestre es la muerte directa por colisión con vehículos, que genera la pérdida de individuos y afecta la viabilidad a largo plazo de las poblaciones.
¿Podría especificar alguna de las especies más afectadas?
Las especies más afectadas son las de movimientos lentos, de hábitos arbóreos, de poca capacidad visual. Es decir, a las que las luces de los automóviles les impide moverese, fenómeno denominado freezing. También a las que habitan en grandes áreas y de bajas tasas de reproductividad. En escala, sufren esta situación principalmente los mamíferos, le siguen las aves y los reptiles. Lamentablemente es muy usual ver tirados en las rutas a zorros, muchos ejemplares de gato montés, oso melero, iguana colorada, zorrino, víboras, palomas, caranchos, etc.
¿Qué se puede hacer al respecto?
En primer lugar identificar los puntos de alta frecuencia de atropellamientos, para establecer zonas de pasos de animales (zonas de ríos, quebradas y humedales). También se hace necesario mantener las banquinas despejadas. Por otra parte, hay que asegurar cobertura vegetal en la entrada y salida de las zonas de pasos de fauna. Tal como se hace en otros países, se pueden diseñar pasos de fauna superiores y subterráneos para múltiples especies.
En caso de surgir la necesidad de construir nuevos caminos, como es el caso de la nueva traza de la ruta 34 a la altura de Metán, se deben utilizar los datos de vías cercanas y las características de los puntos de alta accidentalidad, como referencia para establecer pasos de fauna. No se necesitan grandes presupuestos para tomar estas medidas.
Un punto importante es evitar la instalación luminarias cerca de los pasos de fauna y colocar reductores de velocidad.
Para que todo lo expuesto sea efectivo, se debe concientizar a los conductores a través de campañas de educación e información sobre la problemática y, en forma paralela, colocar señalizaciones de advertencia sobre cruce permanente de fauna silvestre. Es importantísimo un monitoreo constante de los índices de atropellamiento para determinar los lugares y las especies impactadas.
¿Cuándo y dónde se presentará el estudio realizado en las rutas salteñas?
Este estudio lo presentaré en durante Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre para Amozonia y Latinoamérica, a realizarse en Mayo.
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Fecha de Publicación: 03/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Un relevamiento da cuenta que solo en el tramo que se extiende entre Salta Capital y El Galpón mueren anualmente 321 animales producto de atropellamientos.
En diálogo con El Tribuno, Eugenia Barros, Lic. en Recursos Naturales de la Universidad Católica de Salta explicó algunas de las causales de esta preocupante situación. El estudio será expuesto en los próximos días durante un congreso internacional, a llevarse a cabo en Paraguay.
¿La mortandad por atropellamiento en las rutas salteñas es alta respecto a otras regiones?
Sí. Solo hay que tener en cuenta que en los tramos de las rutas nacionales 9, 34 y 16 que se extienden desde la ciudad de Salta hasta la localidad de El Galpón, mueren anualmente 321 animales silvestres producto de atropellamiento vehicular. Esto arroja una tasa anual de 0.12 individuos por día, es decir uno de los nivel más altos de Sudamérica comparado con estudios de este tipo realizados en toda la región.
¿Qué factores inciden en esta dura realidad?
Primero hay que tener en cuenta que los caminos mencionados atraviesan zonas de selvas de transición, hasta internarse en el chaco semiárido. Entre los factores que inciden en esta problemática se ubican en los primeros lugares el flujo vehicular y a la velocidad a la que transitan, el ancho de la vía, comportamiento de las especies y la cobertura vegetal, es decir que no hay banquinas despejadas entonces los animales se dan directamente con la cinta asfáltica. Otro punto a tener en cuenta es que las vías analizadas no presentan señalización para la protección de la fauna silvestre, carecen de iluminación y las cintas asfálticas presentan tramos muy deteriorados, especialmente la ruta 16.
¿Cuál es el efecto de las rutas en al vida silvestre?
Fundamentalmente reducen las poblaciones debido a la fragmentación de los ecosistemas, generando el aislamiento de los individuos, lo que aminora la diversidad genética y la habilidad de las poblaciones para mantenerse en equilibrio. Afectan, además, las tasas de reproducción, mortalidad y dinámicas propias de cada especie. Sin embargo, el efecto más visible sobre la fauna silvestre es la muerte directa por colisión con vehículos, que genera la pérdida de individuos y afecta la viabilidad a largo plazo de las poblaciones.
¿Podría especificar alguna de las especies más afectadas?
Las especies más afectadas son las de movimientos lentos, de hábitos arbóreos, de poca capacidad visual. Es decir, a las que las luces de los automóviles les impide moverese, fenómeno denominado freezing. También a las que habitan en grandes áreas y de bajas tasas de reproductividad. En escala, sufren esta situación principalmente los mamíferos, le siguen las aves y los reptiles. Lamentablemente es muy usual ver tirados en las rutas a zorros, muchos ejemplares de gato montés, oso melero, iguana colorada, zorrino, víboras, palomas, caranchos, etc.
¿Qué se puede hacer al respecto?
En primer lugar identificar los puntos de alta frecuencia de atropellamientos, para establecer zonas de pasos de animales (zonas de ríos, quebradas y humedales). También se hace necesario mantener las banquinas despejadas. Por otra parte, hay que asegurar cobertura vegetal en la entrada y salida de las zonas de pasos de fauna. Tal como se hace en otros países, se pueden diseñar pasos de fauna superiores y subterráneos para múltiples especies.
En caso de surgir la necesidad de construir nuevos caminos, como es el caso de la nueva traza de la ruta 34 a la altura de Metán, se deben utilizar los datos de vías cercanas y las características de los puntos de alta accidentalidad, como referencia para establecer pasos de fauna. No se necesitan grandes presupuestos para tomar estas medidas.
Un punto importante es evitar la instalación luminarias cerca de los pasos de fauna y colocar reductores de velocidad.
Para que todo lo expuesto sea efectivo, se debe concientizar a los conductores a través de campañas de educación e información sobre la problemática y, en forma paralela, colocar señalizaciones de advertencia sobre cruce permanente de fauna silvestre. Es importantísimo un monitoreo constante de los índices de atropellamiento para determinar los lugares y las especies impactadas.
¿Cuándo y dónde se presentará el estudio realizado en las rutas salteñas?
Este estudio lo presentaré en durante Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre para Amozonia y Latinoamérica, a realizarse en Mayo.
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Denuncia formal de los nuevos desmontes de Braun Peña
Greenpeace denunció formalmente ante el gobierno de Salta un nuevo desmonte ilegal en finca Cuchuy
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Los Braun Peña sigue desmontando Salta
Braun Peña sigue desmontando
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Ya hay 8500 afectados por la crecida del Pilcomayo
Salta: ya son 8500 los afectados por la crecida del río Pilcomayo
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta
Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.
Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
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Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta
Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.
Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
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Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
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Productores salteños enojados con Bergman y Urtubey
Prohibición de desmontes: productores salteños aseguran que se afecta el desarrollo de la provincia
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Salta: el río Arenales sin nadie que lo cuide
El Estado hace vista gorda a la contaminación del río Arenales
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Grave situación ambiental en Salta con empresa de agua
Buscan una nueva forma de remediar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
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Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
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Denuncian afección a la salud en basural salteño
Denuncian que el vertedero San Javier enferma a los niños de barrio Justicia
Fecha de Publicación: 11/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Los vecinos de la zona sudeste de la ciudad afirman que sus hijos sufren problemas respiratorios y tienen enfermedades en la piel. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas", cuentan.
La trinchera de basura del Vertedero San Javier, plazas y canchas de fútbol plagadas de residuos, muchos yuyos y pocos árboles rodean a Justicia, un barrio situado en la zona sudeste de la ciudad, donde más de 350 familias viven sumergidas en un tierral que los margina y, según cuentan, los enferma.
Sostienen que respiran un aire contaminado con el que están obligados a convivir y que repercute en la salud, especialmente de los niños y niñas con bajas defensas. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas y granitos”, relata una vecina.
Justicia es un barrio relativamente nuevo. Desde hace cinco años está habitado por familias que antes vivían en el asentamiento San Juan. Llegaron allí luego de que el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat, les entregara 356 módulos habitacionales, que algunos pudieron ampliar.
No tienen un centro de salud donde atenderse. Lo más cercano es el Hospital Papa Francisco o las salitas de villa Solidaridad y Primera Junta. Además, hace tiempo piden que se asfalte la calle por donde circula el colectivo. Piensan que de esa manera pueden evitar que se levante la polvareda que, según ellos y los médicos que atienden a sus pequeños, está contaminada de hongos y bacterias que ocasionan enfermedades dermatológicas y problemas respiratorios.
LA GACETA visitó Justicia y conversó con cuatro mamás Aída González, Vanesa Silvestre, Fernanda Chocobar y Mariel Nolasco, que contaron cómo es vivir al margen y en el olvido de la sociedad.
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Fecha de Publicación: 11/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Los vecinos de la zona sudeste de la ciudad afirman que sus hijos sufren problemas respiratorios y tienen enfermedades en la piel. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas", cuentan.
La trinchera de basura del Vertedero San Javier, plazas y canchas de fútbol plagadas de residuos, muchos yuyos y pocos árboles rodean a Justicia, un barrio situado en la zona sudeste de la ciudad, donde más de 350 familias viven sumergidas en un tierral que los margina y, según cuentan, los enferma.
Sostienen que respiran un aire contaminado con el que están obligados a convivir y que repercute en la salud, especialmente de los niños y niñas con bajas defensas. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas y granitos”, relata una vecina.
Justicia es un barrio relativamente nuevo. Desde hace cinco años está habitado por familias que antes vivían en el asentamiento San Juan. Llegaron allí luego de que el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat, les entregara 356 módulos habitacionales, que algunos pudieron ampliar.
No tienen un centro de salud donde atenderse. Lo más cercano es el Hospital Papa Francisco o las salitas de villa Solidaridad y Primera Junta. Además, hace tiempo piden que se asfalte la calle por donde circula el colectivo. Piensan que de esa manera pueden evitar que se levante la polvareda que, según ellos y los médicos que atienden a sus pequeños, está contaminada de hongos y bacterias que ocasionan enfermedades dermatológicas y problemas respiratorios.
LA GACETA visitó Justicia y conversó con cuatro mamás Aída González, Vanesa Silvestre, Fernanda Chocobar y Mariel Nolasco, que contaron cómo es vivir al margen y en el olvido de la sociedad.
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Milo Lockett se sumo a los reclamos contra Coca Cola
El artista Milo Lockett reclamó la reforestación de un desmonte en Salta
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
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Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Salta tendrá la 'Reserva del Guacamayo Verde'
Se creará la 'Reserva del Guacamayo Verde'
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Salta
La especie se consideraba extinta en el país, cuando fue descubierta por guardaparques provinciales. Se prepara la declaración de una nueva reserva provincial que protegerá los lugares donde nidifica.
Con el objetivo es proteger al Guacamayo Verde (Ara militaris), la Secretaria de Ambiente la provincia, trabaja en la definición de criterios, para zonificar y establecer pautas para el manejo de la región donde habita el ave, y su futura inclusión en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP).
Para esto, profesionales del SIPAP, biodiversidad, guardaparques y la Comisión de Guacamayo Verde, viajan al Norte de la provincia donde verificaran los sitios en los que se deberá incrementar la protección de la especie. Identificando dormideros, sitios de nidificación y alimentación, especialmente durante los periodos críticos de disponibilidad de alimento.
El guacamayo verde es el segundo psitácido argentino de mayor tamaño y una de las aves más vistosas del país, esta especie se creía extinta hasta que en 2007 guardaparques de Reserva Acambuco, registraron la presencia de la única población en Argentina, restringida a una pequeña porción al norte de las Yungas. Fue declarada Monumento Natural Provincial en 2011.
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Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Salta
La especie se consideraba extinta en el país, cuando fue descubierta por guardaparques provinciales. Se prepara la declaración de una nueva reserva provincial que protegerá los lugares donde nidifica.
Con el objetivo es proteger al Guacamayo Verde (Ara militaris), la Secretaria de Ambiente la provincia, trabaja en la definición de criterios, para zonificar y establecer pautas para el manejo de la región donde habita el ave, y su futura inclusión en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP).
Para esto, profesionales del SIPAP, biodiversidad, guardaparques y la Comisión de Guacamayo Verde, viajan al Norte de la provincia donde verificaran los sitios en los que se deberá incrementar la protección de la especie. Identificando dormideros, sitios de nidificación y alimentación, especialmente durante los periodos críticos de disponibilidad de alimento.
El guacamayo verde es el segundo psitácido argentino de mayor tamaño y una de las aves más vistosas del país, esta especie se creía extinta hasta que en 2007 guardaparques de Reserva Acambuco, registraron la presencia de la única población en Argentina, restringida a una pequeña porción al norte de las Yungas. Fue declarada Monumento Natural Provincial en 2011.
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