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Riachuelo: una década perdida
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Diez años de un fallo histórico que quedó sumergido en la nada
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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A una década del "fallo Mendoza"
Analizan avances en el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
Con motivo de cumplirse una década del histórico "fallo Mendoza", sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en la causa iniciada con la demanda entablada por un grupo de vecinos por los daños y perjuicios derivados de la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, la diputada de la Ciudad Carolina Estebarena (Vamos Juntos) organizó un evento que tendrá lugar este miércoles a las 18 en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
El panel convocado cuenta como expositores al consejero directivo de ACUMAR por Nación, Pablo Bereciartua; al consejero directivo de ACUMAR por la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; a la Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola, y al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.
Sobre el evento, la legisladora Estebarena declaró: "Luego de muchos años de no hacerse nada, el fallo de la CSJN logró que en esta última década se dieran visibles avances tanto en el saneamiento de la cuenca como en materia de prevención. Habida cuenta de la importancia de la difusión del estado actual, las acciones concluidas y los desafíos pendientes, organicé esta actividad para contribuir a informar la situación desde una mirada institucional en el plano local, nacional e internacional así como desde la sociedad civil".
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Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
Con motivo de cumplirse una década del histórico "fallo Mendoza", sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en la causa iniciada con la demanda entablada por un grupo de vecinos por los daños y perjuicios derivados de la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, la diputada de la Ciudad Carolina Estebarena (Vamos Juntos) organizó un evento que tendrá lugar este miércoles a las 18 en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
El panel convocado cuenta como expositores al consejero directivo de ACUMAR por Nación, Pablo Bereciartua; al consejero directivo de ACUMAR por la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; a la Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola, y al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.
Sobre el evento, la legisladora Estebarena declaró: "Luego de muchos años de no hacerse nada, el fallo de la CSJN logró que en esta última década se dieran visibles avances tanto en el saneamiento de la cuenca como en materia de prevención. Habida cuenta de la importancia de la difusión del estado actual, las acciones concluidas y los desafíos pendientes, organicé esta actividad para contribuir a informar la situación desde una mirada institucional en el plano local, nacional e internacional así como desde la sociedad civil".
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Más problemas en el Riachuelo: detectan tierra con plomo
Riachuelo: detectan tierra con plomo en la villa 21-24
Fecha de Publicación: 04/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A pocos días de que se cumpla una década del fallo de la Corte que obliga a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a sanear el Riachuelo, la contaminación sigue omnipresente. En las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24, de Barracas se detectaron, al menos, unos 3000 m3 de tierra con restos de plomo.
Esa tierra, que es la que se retira para poder colocar los ductos que conectarán con el colector cloacal que irá del lado de la Capital para desembocar luego en el Río de la Plata, equivale a lo que contienen unos seis tanques de combustible de los que se encuentran en las estaciones de servicio.
Por el momento, la tierra se acumula en bermas que luego deberán ser tratadas en ese lugar por una empresa para descontaminarla. Y, aunque la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) ya llamó a concurso para subcontratar esas tareas, un particular denunció por posible direccionamiento la adjudicación.
"Las obras comenzaron y se detectó que en la tierra había restos de plomo. Es probable que se trate de restos de hidrocarburos. Pero no hay que alarmar a la gente porque los niveles que se encontraron no superan los límites de la nora", explicaron extraoficialmente en Acumar aunque indicaron a Infobae que cuentan con análisis de esos suelos.
La cuestión vuelve a poner sobre el tapete el debate de los estudios de suelos de todos los asentamientos que están a la vera del Riachuelo y del Polo Petroquímico Dock Sud, análisis que, si se realizaron, nunca se hicieron públicos.
Incluso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recomendó varias veces en el expediente judicial que se realizaran esos mapeos.
"La ampliación en los servicios básicos beneficiará a 28.000 personas de los barrios San Blas y Tres Rosas. Actualmente los trabajos están abocados a la instalación de los tres caños: cloacas, agua potable y pluviales y de una estación de bombeo para servir estos barrios", indicaron en la agencia mediante un comunicado oficial.
Acumar trabaja en el lugar conjunto con el gobierno porteño y AySA, y mantiene cada 45 días mesas de trabajo con los vecinos, para escuchar sus necesidades y reclamos. Las obras requieren una inversión de 318 millones de pesos y se desarrollan en el marco del crédito ejecutado por el Banco Mundial, que incluye la obra del Colector Margen Izquierda.
Peligros para la salud
En la villa 21-24, de una muestra tomada a 962 niños menores de 6 años, el 25% tiene plomo en sangre, según precisa un estudio socioambiental realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y utilizada por la Auditoría de la ciudad hace tres años. "Los datos deben comprenderse dentro de un contexto en el que dos tercios de los hogares encuestados tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Según cuenta en el informe de diciembre, en cinco años sólo se relocalizó el 14% de las familias que viven en el camino de sirga. En la 21-24 viven 55.000 familias en 60 hectáreas.
Son 1370 las que hay que relocalizar. Los plazos para que el Gobierno porteño lo concrete están todos vencidos", indica el auditor Facundo Del Gaiso en un informe de hace dos años.
El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro, lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastornos en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y de la memoria.
Las vías de entrada del plomo inorgánico en el organismo son fundamentalmente la respiratoria y la digestiva. Por vía respiratoria se absorbe entre el 30 y el 50% del plomo inhalado; por vía digestiva se absorbe el 10% (hasta el 50% en los niños). Por eso, quienes más se enferman son los niños de entre 1 y 6 años, que gatean y juegan en el piso que, muchas veces, es directamente de tierra contaminada. A esta edad el cerebro y el sistema nervioso de los niños son más sensibles a los efectos dañinos del plomo, ya que sus sistemas están en vías de crecimiento.
El Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa porteño, Luis Duacastella, que acompaña a vecinos de los barrios afectados señala que el principal problema es la falta de seguimiento de los casos por enfermedades por contaminación: "El programa de salud de Acumar es lo que está más retrasado y falta seguimiento de los casos. Los chicos detectados cuando empezó esta causa tenían 5 años, hoy son adolescentes de 15 y nadie los estudia", indicó a Infobae.
Respecto de la contaminación industrial, la Acumar envió informes a la Corte la semana pasada, después de que el máximo tribunal ordenara que se enviase la lista de las empresas más contaminantes de la cuenca. "Los establecimientos declarados agentes contaminantes por el organismo, que no han sido reconvertidos a la fecha, ascienden a 845", indica el reporte.
En el mismo escrito detalla que 219 empresas industriales y/o de servicios son consideradas de seguimiento particular por la Autoridad de Cuenca debido a su relevancia ambiental, de las cuales 140 son también agentes contaminantes.
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Fecha de Publicación: 04/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A pocos días de que se cumpla una década del fallo de la Corte que obliga a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a sanear el Riachuelo, la contaminación sigue omnipresente. En las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24, de Barracas se detectaron, al menos, unos 3000 m3 de tierra con restos de plomo.
Esa tierra, que es la que se retira para poder colocar los ductos que conectarán con el colector cloacal que irá del lado de la Capital para desembocar luego en el Río de la Plata, equivale a lo que contienen unos seis tanques de combustible de los que se encuentran en las estaciones de servicio.
Por el momento, la tierra se acumula en bermas que luego deberán ser tratadas en ese lugar por una empresa para descontaminarla. Y, aunque la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) ya llamó a concurso para subcontratar esas tareas, un particular denunció por posible direccionamiento la adjudicación.
"Las obras comenzaron y se detectó que en la tierra había restos de plomo. Es probable que se trate de restos de hidrocarburos. Pero no hay que alarmar a la gente porque los niveles que se encontraron no superan los límites de la nora", explicaron extraoficialmente en Acumar aunque indicaron a Infobae que cuentan con análisis de esos suelos.
La cuestión vuelve a poner sobre el tapete el debate de los estudios de suelos de todos los asentamientos que están a la vera del Riachuelo y del Polo Petroquímico Dock Sud, análisis que, si se realizaron, nunca se hicieron públicos.
Incluso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recomendó varias veces en el expediente judicial que se realizaran esos mapeos.
"La ampliación en los servicios básicos beneficiará a 28.000 personas de los barrios San Blas y Tres Rosas. Actualmente los trabajos están abocados a la instalación de los tres caños: cloacas, agua potable y pluviales y de una estación de bombeo para servir estos barrios", indicaron en la agencia mediante un comunicado oficial.
Acumar trabaja en el lugar conjunto con el gobierno porteño y AySA, y mantiene cada 45 días mesas de trabajo con los vecinos, para escuchar sus necesidades y reclamos. Las obras requieren una inversión de 318 millones de pesos y se desarrollan en el marco del crédito ejecutado por el Banco Mundial, que incluye la obra del Colector Margen Izquierda.
Peligros para la salud
En la villa 21-24, de una muestra tomada a 962 niños menores de 6 años, el 25% tiene plomo en sangre, según precisa un estudio socioambiental realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y utilizada por la Auditoría de la ciudad hace tres años. "Los datos deben comprenderse dentro de un contexto en el que dos tercios de los hogares encuestados tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Según cuenta en el informe de diciembre, en cinco años sólo se relocalizó el 14% de las familias que viven en el camino de sirga. En la 21-24 viven 55.000 familias en 60 hectáreas.
Son 1370 las que hay que relocalizar. Los plazos para que el Gobierno porteño lo concrete están todos vencidos", indica el auditor Facundo Del Gaiso en un informe de hace dos años.
El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro, lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastornos en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y de la memoria.
Las vías de entrada del plomo inorgánico en el organismo son fundamentalmente la respiratoria y la digestiva. Por vía respiratoria se absorbe entre el 30 y el 50% del plomo inhalado; por vía digestiva se absorbe el 10% (hasta el 50% en los niños). Por eso, quienes más se enferman son los niños de entre 1 y 6 años, que gatean y juegan en el piso que, muchas veces, es directamente de tierra contaminada. A esta edad el cerebro y el sistema nervioso de los niños son más sensibles a los efectos dañinos del plomo, ya que sus sistemas están en vías de crecimiento.
El Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa porteño, Luis Duacastella, que acompaña a vecinos de los barrios afectados señala que el principal problema es la falta de seguimiento de los casos por enfermedades por contaminación: "El programa de salud de Acumar es lo que está más retrasado y falta seguimiento de los casos. Los chicos detectados cuando empezó esta causa tenían 5 años, hoy son adolescentes de 15 y nadie los estudia", indicó a Infobae.
Respecto de la contaminación industrial, la Acumar envió informes a la Corte la semana pasada, después de que el máximo tribunal ordenara que se enviase la lista de las empresas más contaminantes de la cuenca. "Los establecimientos declarados agentes contaminantes por el organismo, que no han sido reconvertidos a la fecha, ascienden a 845", indica el reporte.
En el mismo escrito detalla que 219 empresas industriales y/o de servicios son consideradas de seguimiento particular por la Autoridad de Cuenca debido a su relevancia ambiental, de las cuales 140 son también agentes contaminantes.
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Riachuelo: Acumar dió a conocer las empresas contaminantes
Acumar difundió la nómina de empresas no reconvertidas
Fecha de Publicación: 27/06/2018
Fuente: Infocanuelas
Provincia/Región: Riachuelo
Por pedido de la Corte Suprema, el organismo ambiental entregó un listado de 845 empresas de las cuales 24 se encuentran en Cañuelas.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó este viernes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que los establecimientos declarados Agentes Contaminantes por el organismo, que no han sido reconvertidos a la fecha, ascienden a 845.
En el mismo escrito detalla que 219 empresas industriales y/o de servicios son consideradas de seguimiento particular por la Autoridad de Cuenca debido a su relevancia ambiental, de las cuales 140 son también Agentes Contaminantes.
De esta forma, el organismo responde a lo solicitado por el Tribunal el pasado 7 de junio en el marco de la causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo” (Expte. M -1569/04 ORI)”
En el caso de Cañuelas aparecen 24 empresas no reconvertidas de las cuales 8 no tienen seguimiento particular; 14 tienen seguimiento particular por su relevancia ambiental; y dos tienen seguimiento particular pero dejaron de ser Agentes Contaminantes (AC).
En los anexos del escrito, cuya fecha de corte es el 19 de junio, ACUMAR adjunta la información de dichos establecimientos en un listado que se puede consultar a continuación.
Fecha de Publicación: 27/06/2018
Fuente: Infocanuelas
Provincia/Región: Riachuelo
Por pedido de la Corte Suprema, el organismo ambiental entregó un listado de 845 empresas de las cuales 24 se encuentran en Cañuelas.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó este viernes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que los establecimientos declarados Agentes Contaminantes por el organismo, que no han sido reconvertidos a la fecha, ascienden a 845.
En el mismo escrito detalla que 219 empresas industriales y/o de servicios son consideradas de seguimiento particular por la Autoridad de Cuenca debido a su relevancia ambiental, de las cuales 140 son también Agentes Contaminantes.
De esta forma, el organismo responde a lo solicitado por el Tribunal el pasado 7 de junio en el marco de la causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo” (Expte. M -1569/04 ORI)”
En el caso de Cañuelas aparecen 24 empresas no reconvertidas de las cuales 8 no tienen seguimiento particular; 14 tienen seguimiento particular por su relevancia ambiental; y dos tienen seguimiento particular pero dejaron de ser Agentes Contaminantes (AC).
En los anexos del escrito, cuya fecha de corte es el 19 de junio, ACUMAR adjunta la información de dichos establecimientos en un listado que se puede consultar a continuación.
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Acumar dió por terminada la clausura del basural Marcos Paz
Acumar cerró el basural de Marcos Paz
Fecha de Publicación: 17/06/2018
Fuente: El Comercio On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de seis meses de trabajo, se dieron hoy por finalizadas las tareas de limpieza y acondicionamiento de uno de los dos macrobasurales que quedaban en la Cuenca Matanza-Riachuelo, el de Marcos Paz, y en los próximos meses, con el cierre del vertedero de Cañuelas, ya no habrá disposición a cielo abierto.
Así se informó tras la firma el acta de entrega del predio saneado al municipio, de la que participaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti; y el titular del CEAMSE, Gustavo Coria.
En noviembre del año pasado la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE) había comenzado, a partir de un acuerdo con ACUMAR, los trabajos que permitieron cerrar en forma definitiva este macrobasural de la Cuenca Alta.
Durante el acto, que contó con la presencia del intendente local, Ricardo Curutchet, y el juez federal Jorge Rodríguez, Bonetti celebró que "el municipio asuma este compromiso ante su gente y que tenga un proyecto que los incluya y que invite a todos los vecinos de la Cuenca a disfrutar de un nuevo espacio recuperado, en favor del ambiente y de todos".
Hasta hoy existían en la Cuenca Matanza Riachuelo dos macrobasurales, este de Marcos Paz y el de Cañuelas, muy próximo a su cierre.
El Municipio de Marcos Paz genera unas 700 toneladas mensuales que dese noviembre son dispuestas en los predios de CEAMSE.
El cierre de este macrobasural, ubicado en Acceso Zabala y Arroyo Morales, requirió tareas de limpieza y acondicionamiento del predio que incluyeron nivelación y estabilización de los terraplenes del terreno, remoción de una parte de los residuos que allí se encuentran, la compactación de la superficie y la cobertura de la misma con tierra y, por último, el sembrado de vegetación.
Además, se construyeron sistemas para el monitoreo de agua subterránea, de desagües perimetrales, se implantó una barrera forestal en el límite del predio y se construyó infraestructura para los controles de biogás.
"Nos alegramos que para Marcos Paz sea un día histórico y que podamos trabajar todos juntos, ya que por encima de nuestras diferencias creemos todos que no hay agenda que pueda unir más a los argentinos que cuidar el ambiente", afirmó Bergman.
Desde el comienzo del acuerdo, ACUMAR asumió la responsabilidad de la transferencia y transporte de los residuos generados por el municipio que, al no utilizar más este vertedero, debe enviarlos a disposición final a los rellenos sanitarios de CEAMSE: el acuerdo con la comuna es por un año, con renovación automática.
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Fecha de Publicación: 17/06/2018
Fuente: El Comercio On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de seis meses de trabajo, se dieron hoy por finalizadas las tareas de limpieza y acondicionamiento de uno de los dos macrobasurales que quedaban en la Cuenca Matanza-Riachuelo, el de Marcos Paz, y en los próximos meses, con el cierre del vertedero de Cañuelas, ya no habrá disposición a cielo abierto.
Así se informó tras la firma el acta de entrega del predio saneado al municipio, de la que participaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti; y el titular del CEAMSE, Gustavo Coria.
En noviembre del año pasado la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE) había comenzado, a partir de un acuerdo con ACUMAR, los trabajos que permitieron cerrar en forma definitiva este macrobasural de la Cuenca Alta.
Durante el acto, que contó con la presencia del intendente local, Ricardo Curutchet, y el juez federal Jorge Rodríguez, Bonetti celebró que "el municipio asuma este compromiso ante su gente y que tenga un proyecto que los incluya y que invite a todos los vecinos de la Cuenca a disfrutar de un nuevo espacio recuperado, en favor del ambiente y de todos".
Hasta hoy existían en la Cuenca Matanza Riachuelo dos macrobasurales, este de Marcos Paz y el de Cañuelas, muy próximo a su cierre.
El Municipio de Marcos Paz genera unas 700 toneladas mensuales que dese noviembre son dispuestas en los predios de CEAMSE.
El cierre de este macrobasural, ubicado en Acceso Zabala y Arroyo Morales, requirió tareas de limpieza y acondicionamiento del predio que incluyeron nivelación y estabilización de los terraplenes del terreno, remoción de una parte de los residuos que allí se encuentran, la compactación de la superficie y la cobertura de la misma con tierra y, por último, el sembrado de vegetación.
Además, se construyeron sistemas para el monitoreo de agua subterránea, de desagües perimetrales, se implantó una barrera forestal en el límite del predio y se construyó infraestructura para los controles de biogás.
"Nos alegramos que para Marcos Paz sea un día histórico y que podamos trabajar todos juntos, ya que por encima de nuestras diferencias creemos todos que no hay agenda que pueda unir más a los argentinos que cuidar el ambiente", afirmó Bergman.
Desde el comienzo del acuerdo, ACUMAR asumió la responsabilidad de la transferencia y transporte de los residuos generados por el municipio que, al no utilizar más este vertedero, debe enviarlos a disposición final a los rellenos sanitarios de CEAMSE: el acuerdo con la comuna es por un año, con renovación automática.
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Riachuelo: Corte Suprema pisar saber los responsables
La responsabilidad de los agentes contaminantes
Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema emplazó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a entregar el informe actualizado, que podría reunir a más de 1500 responsables. Los vecinos denuncian que la información no se revisa desde hace diez años.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tiene un plazo de diez días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el listado actualizado de las empresas declaradas como “agentes contaminantes”. Esta cifra que no se revisa desde hace diez años podría ascender a más de 1500 según el cuerpo colegiado que realiza el seguimiento de las acciones del organismo.
El fallo que se conoció el jueves es significativo y podría ser una señal de que el máximo tribunal tomará una decisión de fondo sobre una gran deuda que es el pasivo ambiental en la cuenca.
Tolueno, benceno, selenio y plomo son algunas de las tantas sustancias tóxicas con las que conviven fuera y dentro de su cuerpo los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los más afectados por las sustancias tóxicas provenientes del conglomerado industrial de las 1500 empresas que se encuentran en las inmediaciones son quienes viven en las denominadas zonas de riesgo muy alto.
La actualización de la información que solicita la justicia es clave porque las cifras de los agentes contaminantes no coinciden. Mientras que Acumar asegura que son 850, las agrupaciones ambientalistas aseguran que son por lo menos 1500 porque –sostienen– desde hace diez años no se actualiza la información.
Según el Mapa de Riesgo realizado por la Acumar, esta franja contempla 94 barrios, 339.365 habitantes y 45.595 viviendas. La población, a su vez, se enfrenta a seis posibles amenazas como inundaciones, los 731 establecimientos industriales considerados de control prioritario, los pasivos ambientales críticos, los sitios de disposición final de residuos sólidos, urbanos, informales y formales, la condición sanitaria de los hogares en función al acceso de la red de agua potable y a la red de cloacas y la mala calidad del agua para el consumo humano.
Desde hace una década, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los alrededores y la zona que bordea la Cuenca Matanza Riachuelo no son aptos para vivir por el riesgo ambiental y la contaminación que representa.
Desde la Acumar, en representación y gestión de las tres jurisdicciones responsables –gobierno nacional, bonaerense y porteño– debían y deben aún hoy reubicar a sus habitantes por el peligro y las amenazas a las que se enfrentan cada día.
Durante décadas se permitió el vertido de metales, sustancias químicas y orgánicas, inclusive residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, que deterioraron las aguas, el aire y los suelos de la cuenca y que implican un riesgo para la vida de los habitantes de la zona.
Si bien una pequeña parte ya ha sido reubicada, su gran mayoría se encuentra inmersa en un ambiente nocivo, dañino y de alto riesgo para la salud.
Según un informe presentado por el Cuerpo Colegiado nombrado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia para auditar las acciones o las no acciones de la Acumar, uno de los problemas es que desde el mismo organismo se autoriza a verter cierta cantidad de cada uno de los contaminantes por unidad de volumen efluente, sin considerar la acumulación de distintos contaminantes en el mismo afluente, ni su efecto tóxico individual o combinado, ni la carga masiva total que aporta cada agente contaminante.
En el informe que realizó el Cuerpo Colegiado y que fue expuesto ante la Corte en marzo pasado, precisaron que “un litro de efluente descargado al Riachuelo podría contener, entre otros contaminantes, 2mg de aluminio, 0,5mg de arsénico, 2mg de bario, 2mg de boro, 0,1 mg de cadmio, 1mg de cianuros totales, 0,2mg de cinc, 2mg de cobalto, 1mg de cobre y 2mg de cromo”.
Otros agentes contaminantes “pueden verter coliformes fecales sin límites si los envían por colectoras cloacales. Si llegaran al curso de agua directamente o por un desagüe pluvial, los vertidos sólo serían controlados a menos de 500 metros de un balneario”.
Según informaron en ese caso, el límite máximo sería de 2000 colonias de escherichia coli por cada 100 mililitros (o sea medio vaso de agua) y descargas menores podrían hacerse libremente en los balnearios si los hubiera.
Ante la no respuesta de la Acumar al reclamo por el cumplimiento del saneamiento, el Cuerpo Colegiado, integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca, realizaron este informe en conjunto.
Allí plantearon los principales problemas, entre ellos, la autorización por parte de la Acumar de vertidos de contaminantes, la inmunidad de AySA. Además de que no se podrá agregar agua al efluente para diluir los contaminantes y no proponen otros diluyentes ni tampoco cómo los controlará.
También acusaron a la Acumar de no fijar límites para la presencia de coliformes fecales en el río. En el informe destacaron que hay tramos mejores que la cuenca media y baja, que son las más afectadas.
En cuanto a que se tomará en cuenta la carga másica que aporte cada agente contaminante, en el informe señalaron que “desconocen de qué forma lo harán, ni cuáles serán las cargas aceptables, ni los parámetros para permitirla”.
Juan Carlos Longhi, ambientalista y vecino de Dock Sud, cree que el barrio está en la misma situación que años atrás porque se hizo muy poco y asegura que “la gente no tiene que estar más ahí”. El ambientalista, que hace décadas vive en la zona y ha tenido una participación activa en pos de su comunidad, sostiene que el problema “no viene de la contaminación aérea, ni del agua, que es un problema que lo tiene cualquier zona de bajos recursos. Aquí el problema de la contaminación está y viene del suelo, porque ese suelo es donde se volcaban los residuos de petróleo”.
En la zona baja de la Cuenca, donde se viene depositando la mayor cantidad de sedimentos, y donde hay un Polo Petroquímico, Villa Inflamable es uno de los barrios más afectados. Y según Longhi fue reconocida por la Acumar como la prioridad uno para la relocalización, pero nunca se concretó.
El ambientalista reconoció que se realizan “cualquier cantidad de estudios de contaminación en la zona”, y recordó que “años atrás hubo un fallo de la Corte por una empresa japonesa que ya había revelado la presencia de tolueno, benceno, selenio y plomo, elementos que afectan directamente la salud del ser humano en la convivencia con ellos”.
“La Acumar es un fracaso por donde se fueron millones y millones de pesos. Jamás se puso al frente de la Autoridad a una persona competente. Siempre fue un cargo político, nunca lo ocupó una persona que se diera cuenta verdaderamente del problema”, sentenció Longhi.
Para el ambientalista la situación de los habitantes de Dock Sud es dramática: “La gente que pudo irse se fue y la que no, se quedó conviviendo con todo este problema. Les proveen agua en bidones para que tomen, al no tener cloacas ni nada todo va desagotado en algunos bañados o lagunas que quedaron. Ahí se vuelcan todos los caños de las cloacas y la gente vive en toda esa contaminación. Poco y nada es lo que se hizo, se abrió una Unidad Sanitaria pero no se hace control ambiental en la salud de la gente, no hay toxicólogos, ni en la Unidad Sanitaria, ni en la Villa Fiorito, ni en el Hospital Presidente Perón. No hay toxicólogos en la zona. Cada familia que tiene un enfermo tiene que ayudarse por sí solos. Están subsistiendo, no se puede decir que están viviendo”.
El plomo es un veneno muy potente y puede estar en todas partes como en el suelo o en el polvo y no se puede ver ni detectar con el olfato o el gusto. Cuando una persona inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas a la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, niños y las mujeres en edad fecunda.
Según la OMS, el plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.
Esta sustancia tóxica se va acumulando en el cuerpo, afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de disposición humana se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.
La OMS sostiene que si los niños se exponen en un grado elevado les ataca el cerebro y el sistema nervioso central y les puede provocar un coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave, según la OMS, pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
También advierten desde el organismo internacional que en el caso de las embarazadas, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre y se convierte en una fuente de exposición para el feto.
La exposición al plomo es prevenible pero la falta de decisión política pone en riesgo la vida de todos los que habitan sobre y alrededor de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema emplazó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a entregar el informe actualizado, que podría reunir a más de 1500 responsables. Los vecinos denuncian que la información no se revisa desde hace diez años.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tiene un plazo de diez días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el listado actualizado de las empresas declaradas como “agentes contaminantes”. Esta cifra que no se revisa desde hace diez años podría ascender a más de 1500 según el cuerpo colegiado que realiza el seguimiento de las acciones del organismo.
El fallo que se conoció el jueves es significativo y podría ser una señal de que el máximo tribunal tomará una decisión de fondo sobre una gran deuda que es el pasivo ambiental en la cuenca.
Tolueno, benceno, selenio y plomo son algunas de las tantas sustancias tóxicas con las que conviven fuera y dentro de su cuerpo los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los más afectados por las sustancias tóxicas provenientes del conglomerado industrial de las 1500 empresas que se encuentran en las inmediaciones son quienes viven en las denominadas zonas de riesgo muy alto.
La actualización de la información que solicita la justicia es clave porque las cifras de los agentes contaminantes no coinciden. Mientras que Acumar asegura que son 850, las agrupaciones ambientalistas aseguran que son por lo menos 1500 porque –sostienen– desde hace diez años no se actualiza la información.
Según el Mapa de Riesgo realizado por la Acumar, esta franja contempla 94 barrios, 339.365 habitantes y 45.595 viviendas. La población, a su vez, se enfrenta a seis posibles amenazas como inundaciones, los 731 establecimientos industriales considerados de control prioritario, los pasivos ambientales críticos, los sitios de disposición final de residuos sólidos, urbanos, informales y formales, la condición sanitaria de los hogares en función al acceso de la red de agua potable y a la red de cloacas y la mala calidad del agua para el consumo humano.
Desde hace una década, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los alrededores y la zona que bordea la Cuenca Matanza Riachuelo no son aptos para vivir por el riesgo ambiental y la contaminación que representa.
Desde la Acumar, en representación y gestión de las tres jurisdicciones responsables –gobierno nacional, bonaerense y porteño– debían y deben aún hoy reubicar a sus habitantes por el peligro y las amenazas a las que se enfrentan cada día.
Durante décadas se permitió el vertido de metales, sustancias químicas y orgánicas, inclusive residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, que deterioraron las aguas, el aire y los suelos de la cuenca y que implican un riesgo para la vida de los habitantes de la zona.
Si bien una pequeña parte ya ha sido reubicada, su gran mayoría se encuentra inmersa en un ambiente nocivo, dañino y de alto riesgo para la salud.
Según un informe presentado por el Cuerpo Colegiado nombrado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia para auditar las acciones o las no acciones de la Acumar, uno de los problemas es que desde el mismo organismo se autoriza a verter cierta cantidad de cada uno de los contaminantes por unidad de volumen efluente, sin considerar la acumulación de distintos contaminantes en el mismo afluente, ni su efecto tóxico individual o combinado, ni la carga masiva total que aporta cada agente contaminante.
En el informe que realizó el Cuerpo Colegiado y que fue expuesto ante la Corte en marzo pasado, precisaron que “un litro de efluente descargado al Riachuelo podría contener, entre otros contaminantes, 2mg de aluminio, 0,5mg de arsénico, 2mg de bario, 2mg de boro, 0,1 mg de cadmio, 1mg de cianuros totales, 0,2mg de cinc, 2mg de cobalto, 1mg de cobre y 2mg de cromo”.
Otros agentes contaminantes “pueden verter coliformes fecales sin límites si los envían por colectoras cloacales. Si llegaran al curso de agua directamente o por un desagüe pluvial, los vertidos sólo serían controlados a menos de 500 metros de un balneario”.
Según informaron en ese caso, el límite máximo sería de 2000 colonias de escherichia coli por cada 100 mililitros (o sea medio vaso de agua) y descargas menores podrían hacerse libremente en los balnearios si los hubiera.
Ante la no respuesta de la Acumar al reclamo por el cumplimiento del saneamiento, el Cuerpo Colegiado, integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca, realizaron este informe en conjunto.
Allí plantearon los principales problemas, entre ellos, la autorización por parte de la Acumar de vertidos de contaminantes, la inmunidad de AySA. Además de que no se podrá agregar agua al efluente para diluir los contaminantes y no proponen otros diluyentes ni tampoco cómo los controlará.
También acusaron a la Acumar de no fijar límites para la presencia de coliformes fecales en el río. En el informe destacaron que hay tramos mejores que la cuenca media y baja, que son las más afectadas.
En cuanto a que se tomará en cuenta la carga másica que aporte cada agente contaminante, en el informe señalaron que “desconocen de qué forma lo harán, ni cuáles serán las cargas aceptables, ni los parámetros para permitirla”.
Juan Carlos Longhi, ambientalista y vecino de Dock Sud, cree que el barrio está en la misma situación que años atrás porque se hizo muy poco y asegura que “la gente no tiene que estar más ahí”. El ambientalista, que hace décadas vive en la zona y ha tenido una participación activa en pos de su comunidad, sostiene que el problema “no viene de la contaminación aérea, ni del agua, que es un problema que lo tiene cualquier zona de bajos recursos. Aquí el problema de la contaminación está y viene del suelo, porque ese suelo es donde se volcaban los residuos de petróleo”.
En la zona baja de la Cuenca, donde se viene depositando la mayor cantidad de sedimentos, y donde hay un Polo Petroquímico, Villa Inflamable es uno de los barrios más afectados. Y según Longhi fue reconocida por la Acumar como la prioridad uno para la relocalización, pero nunca se concretó.
El ambientalista reconoció que se realizan “cualquier cantidad de estudios de contaminación en la zona”, y recordó que “años atrás hubo un fallo de la Corte por una empresa japonesa que ya había revelado la presencia de tolueno, benceno, selenio y plomo, elementos que afectan directamente la salud del ser humano en la convivencia con ellos”.
“La Acumar es un fracaso por donde se fueron millones y millones de pesos. Jamás se puso al frente de la Autoridad a una persona competente. Siempre fue un cargo político, nunca lo ocupó una persona que se diera cuenta verdaderamente del problema”, sentenció Longhi.
Para el ambientalista la situación de los habitantes de Dock Sud es dramática: “La gente que pudo irse se fue y la que no, se quedó conviviendo con todo este problema. Les proveen agua en bidones para que tomen, al no tener cloacas ni nada todo va desagotado en algunos bañados o lagunas que quedaron. Ahí se vuelcan todos los caños de las cloacas y la gente vive en toda esa contaminación. Poco y nada es lo que se hizo, se abrió una Unidad Sanitaria pero no se hace control ambiental en la salud de la gente, no hay toxicólogos, ni en la Unidad Sanitaria, ni en la Villa Fiorito, ni en el Hospital Presidente Perón. No hay toxicólogos en la zona. Cada familia que tiene un enfermo tiene que ayudarse por sí solos. Están subsistiendo, no se puede decir que están viviendo”.
El plomo es un veneno muy potente y puede estar en todas partes como en el suelo o en el polvo y no se puede ver ni detectar con el olfato o el gusto. Cuando una persona inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas a la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, niños y las mujeres en edad fecunda.
Según la OMS, el plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.
Esta sustancia tóxica se va acumulando en el cuerpo, afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de disposición humana se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.
La OMS sostiene que si los niños se exponen en un grado elevado les ataca el cerebro y el sistema nervioso central y les puede provocar un coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave, según la OMS, pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
También advierten desde el organismo internacional que en el caso de las embarazadas, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre y se convierte en una fuente de exposición para el feto.
La exposición al plomo es prevenible pero la falta de decisión política pone en riesgo la vida de todos los que habitan sobre y alrededor de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Se extiende el plazo de limpieza del Riachuelo
Riachuelo: nuevo plazos de obra para la limpieza y allanamiento en Acumar
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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Controles en la Cuenca Alta del Riachuelo por la Acumar
ACUMAR realizó controles y dos clausuras en Cañuelas
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: InfoCañuelas
Provincia/Región: Buenos Aires
En su recorrida semanal por la Cuenca Alta los inspectores concretaron la suspensión preventiva de dos establecimientos lindantes al arroyo Cebey.
Este viernes 1 de junio, durante una inspección de los técnicos de ACUMAR en la Cuenca Alta, se procedió a la clausura de dos establecimientos radicados en el partido de Cañuelas, lindantes a los arroyos Cebey (afluente del río Matanza Riachuelo), los cuales deberán trabajar en un Plan de Adecuación Ambiental.
El primer operativo se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Cañuelas, que tenía un permiso de cuatro días para probar un nuevo sistema de tratamiento de vuelcos. "Hoy se reimplantaron precintos para terminar de incorporar las mejoras en el predio donde se lava al ganado y durante la inspección se recolocó la faja sobre la bomba para filtros, los tableros electrónico y general, y el comando de bombas" explicaron desde el organismo ambiental.
Los corrales para el lavado de vacunos fueron clausurados en agosto del año pasado, oportunidad en que también fue sancionado un lavadero de camiones que volcaba sus rediduos líquidos al Cebey, sin tratamiento.
El segundo operativo de este viernes tuvo lugar en la empresa El Chillén SA (ex Frigo Cañuelas), donde se realizó una inspección general sobre todo el proceso productivo clausurado el mes pasado. Finalmente la clausura se mantuvo sobre ese sector del establecimiento hasta tanto haga las mejoras que se contemplaron en su Plan de Adecuación Ambiental.
Los actuales dueños de la empresa que se dedica a la faena del ganado bovino accedieron a dar una recorrida integral. El Chillén faena cerca de 10 mil cabezas de ganado, unas 500 por día, para terceros. Actualmente tiene más de 140 trabajadores entre producción, mantenimiento, logística, administración y control de calidad.
ACUMAR controla y exige a los establecimientos que cumplan la normativa pertinente a la prevención y gestión de los impactos negativos que generen en el ambiente. Para ello, realiza controles periódicos en los que puede sancionar, clausurar, iniciar acciones judiciales, intimar a realizar presentaciones, etcétera.
La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dio a conocer el monto y los establecimientos sancionados durante los primeros cinco meses de 2018. La cifra llega a los $ 4.921.109,37 y alcanza a 38 empresas dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: InfoCañuelas
Provincia/Región: Buenos Aires
En su recorrida semanal por la Cuenca Alta los inspectores concretaron la suspensión preventiva de dos establecimientos lindantes al arroyo Cebey.
Este viernes 1 de junio, durante una inspección de los técnicos de ACUMAR en la Cuenca Alta, se procedió a la clausura de dos establecimientos radicados en el partido de Cañuelas, lindantes a los arroyos Cebey (afluente del río Matanza Riachuelo), los cuales deberán trabajar en un Plan de Adecuación Ambiental.
El primer operativo se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Cañuelas, que tenía un permiso de cuatro días para probar un nuevo sistema de tratamiento de vuelcos. "Hoy se reimplantaron precintos para terminar de incorporar las mejoras en el predio donde se lava al ganado y durante la inspección se recolocó la faja sobre la bomba para filtros, los tableros electrónico y general, y el comando de bombas" explicaron desde el organismo ambiental.
Los corrales para el lavado de vacunos fueron clausurados en agosto del año pasado, oportunidad en que también fue sancionado un lavadero de camiones que volcaba sus rediduos líquidos al Cebey, sin tratamiento.
El segundo operativo de este viernes tuvo lugar en la empresa El Chillén SA (ex Frigo Cañuelas), donde se realizó una inspección general sobre todo el proceso productivo clausurado el mes pasado. Finalmente la clausura se mantuvo sobre ese sector del establecimiento hasta tanto haga las mejoras que se contemplaron en su Plan de Adecuación Ambiental.
Los actuales dueños de la empresa que se dedica a la faena del ganado bovino accedieron a dar una recorrida integral. El Chillén faena cerca de 10 mil cabezas de ganado, unas 500 por día, para terceros. Actualmente tiene más de 140 trabajadores entre producción, mantenimiento, logística, administración y control de calidad.
ACUMAR controla y exige a los establecimientos que cumplan la normativa pertinente a la prevención y gestión de los impactos negativos que generen en el ambiente. Para ello, realiza controles periódicos en los que puede sancionar, clausurar, iniciar acciones judiciales, intimar a realizar presentaciones, etcétera.
La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dio a conocer el monto y los establecimientos sancionados durante los primeros cinco meses de 2018. La cifra llega a los $ 4.921.109,37 y alcanza a 38 empresas dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Acumar en modalidad "recalculando"
Dorina Bonetti, presidenta de Acumar: "Estamos encarando una nueva revisión del plan"
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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La limpieza del Riachuelo nunca dejó de ser un maquillaje
Una limpieza que es puro maquillaje
Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo.
Unas 1500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
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Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo.
Unas 1500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Riachuelo: no basta con nuevos plazos
Sostienen que es insuficiente que la Corte pida plazos para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Riachuelo: la Corte solicita fijación de nuevos plazos
La Corte pidió nuevo plazo para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Acumar clausura empresa en Valentín Alsina
ACUMAR clausuró un establecimiento que volcó hidrocarburos al Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Buenos Aires
El vuelco clandestino fue detectado esta mañana por la Patrulla Ambiental de ACUMAR en Valentín Alsina. La Policía Ecológica acompañó el procedimiento. Además, se denunció al antiguo dueño del lugar por tirar barriles con brea sobre el Camino de Sirga.
En una recorrida de rutina por el Camino de Sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo, un grupo de inspectores detectó un vuelco clandestino de hidrocarburos al río. Fue en Valentín Alsina, a dos cuadras del Puente, donde funcionaba la ex empresa UMBER.
Una notoria mancha sobre el río y fuerte olor a gasoil alertaron a los inspectores de ACUMAR, quienes iniciaron un operativo de constatación y posterior clausura de la empresa que actualmente trabaja en el predio. El establecimiento hoy es administrado por una Cooperativa que –según dijeron- desarrolla otras tareas productivas.
La colocación de fajas y precintos no pudo desarrollarse con normalidad por lo cual se aplicó una sanción por obstrucción al procedimiento, se inició una causa penal y pidió el proceso de allanamiento a la Gendarmería Nacional.
En la inspección, el equipo de ACUMAR junto a la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires pudo detectar que al vaciarse los tanques que pertenecían al anterior dueño, se estaban utilizando los caños pluviales para la descarga, razón por lo cual, todo el desecho de hidrocarburos estaba cayendo en el río.
ACUMAR labró un acta de inspección, clausuró el establecimiento e intimó al dueño del predio a remediar el daño ambiental y disponer los mecanismos necesarios para que el proceso productivo que hoy enfrentan no dañe el ambiente.
Durante este operativo, también se verificó sobre el Camino de Sirga, tambores plásticos y metálicos de 200 litros llenos de una sustancia asimilable a brea e hidrocarburo. Estos tambores, unos 10, estaban volcados sobre la calle y el material corría hacia un desagüe pluvial. El cuerpo de inspectores vinculó los tambores con un predio lindante al primero inspeccionado, donde identificó más tambores y pudo ver el suelo impactado con hidrocarburos. El predio estaba siendo alquilado y acondicionado para la venta por menor de pollos. Se clausuró e íntimo a su remediación y al retiro del material en la vía pública.
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Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Buenos Aires
El vuelco clandestino fue detectado esta mañana por la Patrulla Ambiental de ACUMAR en Valentín Alsina. La Policía Ecológica acompañó el procedimiento. Además, se denunció al antiguo dueño del lugar por tirar barriles con brea sobre el Camino de Sirga.
En una recorrida de rutina por el Camino de Sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo, un grupo de inspectores detectó un vuelco clandestino de hidrocarburos al río. Fue en Valentín Alsina, a dos cuadras del Puente, donde funcionaba la ex empresa UMBER.
Una notoria mancha sobre el río y fuerte olor a gasoil alertaron a los inspectores de ACUMAR, quienes iniciaron un operativo de constatación y posterior clausura de la empresa que actualmente trabaja en el predio. El establecimiento hoy es administrado por una Cooperativa que –según dijeron- desarrolla otras tareas productivas.
La colocación de fajas y precintos no pudo desarrollarse con normalidad por lo cual se aplicó una sanción por obstrucción al procedimiento, se inició una causa penal y pidió el proceso de allanamiento a la Gendarmería Nacional.
En la inspección, el equipo de ACUMAR junto a la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires pudo detectar que al vaciarse los tanques que pertenecían al anterior dueño, se estaban utilizando los caños pluviales para la descarga, razón por lo cual, todo el desecho de hidrocarburos estaba cayendo en el río.
ACUMAR labró un acta de inspección, clausuró el establecimiento e intimó al dueño del predio a remediar el daño ambiental y disponer los mecanismos necesarios para que el proceso productivo que hoy enfrentan no dañe el ambiente.
Durante este operativo, también se verificó sobre el Camino de Sirga, tambores plásticos y metálicos de 200 litros llenos de una sustancia asimilable a brea e hidrocarburo. Estos tambores, unos 10, estaban volcados sobre la calle y el material corría hacia un desagüe pluvial. El cuerpo de inspectores vinculó los tambores con un predio lindante al primero inspeccionado, donde identificó más tambores y pudo ver el suelo impactado con hidrocarburos. El predio estaba siendo alquilado y acondicionado para la venta por menor de pollos. Se clausuró e íntimo a su remediación y al retiro del material en la vía pública.
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Relevarán situación socioambiental en Villa Inflamable
Investigan causas de la contaminación en Dock Sud
Fecha de Publicación: 13/03/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La tarea de la ACUMAR alcanzará 80 puntos del barrio Villa Inflamable, con un 40 por ciento de vecinos contaminados con plomo, 30 viviendas y 10 lagunas. Se analizarán polvos, agua superficial y para consumo.
En la primera semana del mes comenzó la fase II del estudio de suelo y agua de Villa Inflamable, Dock Sud, donde la empresa JMB Ingeniería Ambiental junto a referentes de ACUMAR -Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo- y vecinos del lugar recorrerán 80 puntos preestablecidos, 30 viviendas y 10 lagunas internas, para determinar la potencial afectación del suelo, polvo depositado, sedimentos, agua superficial, de consumo humano y la subterránea de acuífero freático y el Puelche.
En base al último informe de la Autoridad, Inflamable es la zona más contaminada de Avellaneda con un 40 por ciento de su población con plomo en sangre, 345 vecinos bajo control sanitario, de los cuales 167 son menores de 6 años.La investigación, apunta a dar con sustancias peligrosas que pudieran estar asociadas a actividades presentes o pasadas realizadas en Inflamable. Aquí, cabe recordar que un estudio realizado en el año 2001 por la comuna, dio que en la zona existía una fábrica de baterías cuyas tierras no se rellenaron por completo y buena parte de la contaminación venia de un siglo atrás, amén del Polo Petroquímico.
Otros focos
Asimismo, se especificó que en la zona sur se detectó contaminación plúmbica en el 30 por ciento de habitantes del barrio ACUBA de Lanús Oeste y, extrañamente, en un 20 por ciento de la periferia de Wilde.
Se mencionó que las muestras obtenidas en calles, áreas anegables y casas de familia, permitan desarrollar un análisis cuantitativo del riesgo para la salud y el ambiente, que sirva de base para la definición de medidas preventivas y de recomposición en las distintas áreas de Villa Inflamable. Los resultados estarán en agosto, pero habrá un informe preliminar en julio.Mientras tanto, se realizan reuniones de trabajo con los vecinos de cada semana en las que se comunicará el proceso completo -fase I y II, lo realizado y los próximos pasos.
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Fecha de Publicación: 13/03/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La tarea de la ACUMAR alcanzará 80 puntos del barrio Villa Inflamable, con un 40 por ciento de vecinos contaminados con plomo, 30 viviendas y 10 lagunas. Se analizarán polvos, agua superficial y para consumo.
En la primera semana del mes comenzó la fase II del estudio de suelo y agua de Villa Inflamable, Dock Sud, donde la empresa JMB Ingeniería Ambiental junto a referentes de ACUMAR -Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo- y vecinos del lugar recorrerán 80 puntos preestablecidos, 30 viviendas y 10 lagunas internas, para determinar la potencial afectación del suelo, polvo depositado, sedimentos, agua superficial, de consumo humano y la subterránea de acuífero freático y el Puelche.
En base al último informe de la Autoridad, Inflamable es la zona más contaminada de Avellaneda con un 40 por ciento de su población con plomo en sangre, 345 vecinos bajo control sanitario, de los cuales 167 son menores de 6 años.La investigación, apunta a dar con sustancias peligrosas que pudieran estar asociadas a actividades presentes o pasadas realizadas en Inflamable. Aquí, cabe recordar que un estudio realizado en el año 2001 por la comuna, dio que en la zona existía una fábrica de baterías cuyas tierras no se rellenaron por completo y buena parte de la contaminación venia de un siglo atrás, amén del Polo Petroquímico.
Otros focos
Asimismo, se especificó que en la zona sur se detectó contaminación plúmbica en el 30 por ciento de habitantes del barrio ACUBA de Lanús Oeste y, extrañamente, en un 20 por ciento de la periferia de Wilde.
Se mencionó que las muestras obtenidas en calles, áreas anegables y casas de familia, permitan desarrollar un análisis cuantitativo del riesgo para la salud y el ambiente, que sirva de base para la definición de medidas preventivas y de recomposición en las distintas áreas de Villa Inflamable. Los resultados estarán en agosto, pero habrá un informe preliminar en julio.Mientras tanto, se realizan reuniones de trabajo con los vecinos de cada semana en las que se comunicará el proceso completo -fase I y II, lo realizado y los próximos pasos.
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Afirman avanzar en la limpieza del Riachuelo
Avanza la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/03/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) informó que desde agosto del 2017 se retiraron más de 70.000 toneladas de residuos en nueve municipios de la cuenca, en un trabajo conjunto con la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
Las tareas incluyen la limpieza en puntos de arrojo, micro y macrobasurales, la recolección y transporte de residuos en Cuenca Alta, la recolección diferenciada de materiales recuperados y residuos sólidos urbanos en la Feria comercial “La Salada”, y la instalación de Estaciones de Reciclado junto con la recolección y transporte de materiales acopiados.
Desde que comenzó el trabajo se realizaron 8.900 viajes de camiones recolectores, 540 operativos en microbasurales y puntos de arrojo, y se limpiaron al menos una vez 226 puntos, para lo que se utilizaron 44 camiones cargadores, cuatro palas mecánicas y el trabajo de cuadrillas especialmente avocadas al control y fiscalización de la limpieza.
De acuerdo a un relevamiento realizado en el primer trimestre de 2017, existen 301 sitios con residuos en la Cuenca: 162 son puntos de arrojo, 118 microbasurales, 19 basurales y dos macrobasurales.
De estos, además, el 80 por ciento se concentra en Lomas de Zamora, La Matanza y Esteban Echeverría, todos municipios de la Cuenca Media.
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Etiquetas:
contaminación,
Nacional,
política ambiental,
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La Corte llamó a una nueva audiencia por el Riachuelo
Riachuelo: todavía hay 1.000 familias que viven en las orillas y la Corte llamó a una nueva audiencia
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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