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La Corte y la represa

La Corte y la represa

Fecha de Publicación: 15/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes



La Corte Suprema de Justicia se declaró competente en el amparo judicial presentado por el Estado nacional contra la construcción de la represa Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. Antes de determinar si las obras deben ser suspendidas o no, exhortó al gobierno provincial a notificar en un plazo de diez días el estado de avance del proyecto y a proveer el estudio de impacto ambiental correspondiente en un lapso no mayor a los treinta días. El gobierno de Ricardo Colombi (foto) había apelado la demanda y había defendido el emprendimiento encabezado por las empresas vinculadas al magnate húngaro George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
La medida fue dispuesta ayer por la Corte, tras aceptar su competencia “originaria” en la demanda de la Nación contra la provincia de Corrientes por la construcción de esa represa cercana a los Esteros del Iberá, que pretende inundar un área aproximada de ocho mil hectáreas para el riego de plantaciones de arroz. El Estado había invocado la posibilidad de que el emprendimiento, del que carece de información, afectara al río Uruguay, lo que podría generar una “responsabilidad internacional de la Argentina” frente a un incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
La gobernación correntina deberá informar, dentro de los próximos diez días, “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción”, sostuvo el fallo. La decisión –adoptada por unanimidad de los jueces– exige que la provincia de Corrientes “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto”, a la Cancillería. Corrientes dispondrá de un mes para remitir los informes para que “las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay”, dijo la Corte, a través de su resolución. Tras ese informe, el Tribunal decidirá si hace lugar al pedido de paralizar el emprendimiento.

Dique para frenar la inundación en Ayuí Grande

Dique para frenar la inundación en Ayuí Grande

Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes



Aníbal Fernández explicó que buscan detener los trabajos hasta tener información sobre el impacto ambiental del proyecto. “No me guío por chusmeríos”, respondió al ser consultado sobre la participación de un directivo del Grupo Clarín en el emprendimiento.
El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”, respondió.
“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones. “Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz. La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.
El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia. “Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho estatal.
El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor, Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.

Arroyo Ayuí: Gendarmería hizo un relevamiento

Gendarmería Nacional hizo un relevamiento sobre el arroyo Ayuí

Fecha de Publicación: 31/08/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Por pedido del fiscal federal Benito Antonio Pont, efectivos del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional sobrevoló el arroyo Ayuí, en el marco de la investigación iniciada en torno del proyecto que existe para represar ese espejo de agua. Así lo confirmó el comandante principal, Carlos Daniel Lezcano, del escuadrón que tiene asiento en Paso de los Libres.
"Personal de la Gendarmería sobrevoló sobre el arroyo Ayuí en cumplimiento de un requerimiento judicial del fiscal federal Benito Pont quien tiene jurisdicción en esa zona", comentó y aclaró que "ya no lo está haciendo más".
"Hay un requerimiento puntual del fiscal Benito Pont para verificar si hay algún tipo de estructura sobre el arroyo”, explicó el funcionario de la fuerza de seguridad, y agregó “nosotros cumplimos con el oficio judicial que emana de la Fiscalía Federal”.
Asimismo, admitió que existe la posibilidad de que Gendarmería tenga un asentamiento en Mercedes, con un grupo de seguridad vial dependiente del Escuadrón 7 “para tener mayor presencia en la Ruta 123”, señaló. Se trata de una iniciativa de la Comuna de Mercedes pero que aún no se ha llevado a cabo porque falta que finalicen con las obras de infraestructura.
No obstante, en declaraciones a la prensa aclaró que "la presencia de Gendarmería en la ciudad de Mercedes, responde a una intención de instalar una parte del Escuadrón 7 dependiente de Paso de los Libres en la ciudad, no en el Ayuí. Gendarmería no está asentada sobre el Ayuí y no hay helicópteros sobrevolando sobre el arroyo en este momento. Eso lo hicimos pedido pedido del Fiscal Federal", finalizó.

Ayui: justicia federal promueve investigación

Proyecto ayui: justicia federal promueve investigación y envia gendarmes

Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Corrientes


El fiscal federal de la localidad correntina de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, dispuso que efectivos de Gendarmería Nacional se constituyan en la zona del arroyo Ayuí, donde las empresas Copra S.A (del vicepresidente del diario Clarín, José Aranda) y Adeco Agro (George Soros), entre otras, pretenden construir una represa inundando 8 mil hectáreas cercanas a los esteros del Iberá.
Pont explicó en declaraciones a Télam, que promovió requerimiento de instrucción penal para investigar el megaemprendimiento arrocero que intenta utilizar las aguas del arroyo Ayuí para construir una represa.
Señaló que las fuerzas federales se constituyeron en el lugar "para realizar un relevamiento, sobre quiénes son los dueños de los campos ribereños, se identifique a los responsables del proyecto, si los hubiere y en que estado se encuentra para avanzar en la investigación".
En tanto, dijo a Télam que se consideró la preocupación de ambientalistas de Corrientes y Entre Ríos que plantearon como consecuencia de la construcción de la represa, la destrucción del hábitat, bosques nativos y especies autóctonas.
"Estas cuestiones ambientales son muy graves y tiene que ver con un río que desemboca en el Uruguay y puede afectar la cuenca hídrica de un río internacional", afirmó Pont.
Por otra parte, el fiscal federal manifestó también que en el caso del proyecto Ayuí Grande, "se está hablando de un bien de dominio público que no puede se utilizado para dominio privado". "Este delito es tratado en el Código Penal", afirmó.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres tiene jurisdicción en la mitad de la provincia de Corrientes, sobre el margen del río Uruguay y está a cargo de la magistrada Mabel Borda.

Presentan una denuncia penal por Ayuí

Presentan una denuncia penal por Ayuí

Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes



Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.

El gobierno contra la Represa Ayuí




Una represa en el aire

Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes


El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno llevará adelante acciones judiciales para evitar la construcción de una represa en Corrientes, considerada “dañina” para el medio ambiente y “violatoria” del Tratado del Río Uruguay. El proyecto denominado Represa Ayuí Grande planea la creación de un lago artificial que inundará ocho mil hectáreas de una reserva cercana a los Esteros del Iberá para el riego de otras 18 mil, destinadas al cultivo de arroz, que serían instaladas en esa zona. En tanto, la iniciativa de las empresas Copra SA, encabezada por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adeco Agro, del magnate húngaro George Soros, fue defendida por el gobernador correntino, Ricardo Colombi, a pesar de haber cosechado el rechazo de organizaciones ambientalistas y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
“Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento”, dijo el canciller. En ese sentido, agregó que “Argentina está decidida a actuar contra las empresas de Aranda y de Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia”. Timerman también señaló que se comunicó con su par uruguayo, Luis Almagro, para ponerlo al tanto de la situación y para adelantarle que viajará a Montevideo para hablar sobre el tema. En forma paralela, envió una carta a Colombi pidiendo información sobre la represa que permita “empezar a estudiar su impacto medioambiental”, antes de recibir una “denuncia” por parte del Uruguay.
La Secretaría de Medio Ambiente pidió información sobre esta represa en tres oportunidades, la primera en 2008 y la última “hace unos meses”, pero sin ninguna respuesta, reseñó el titular del Palacio San Martín. Timerman confió en que ahora el gobernador impida el avance en la construcción de la obra “e imponga un tiempo de espera” hasta que analicen un eventual daño ambiental. A fines de 2009, el entonces mandatario correntino y primo del actual, Arturo Colombi, firmó un decreto habilitando a los empresarios a deforestar un área protegida. La Justicia declaró inconstitucional el decreto, pero pocos meses más tarde, apenas asumido el actual gobierno, la Legislatura aprobó la ley de ordenamiento territorial de bosques, copia exacta del decreto anulado, según denunciaron ambientalistas que se oponen a la construcción.
Colombi argumentó que la provincia quedó en medio de “peleas que no tienen que ver con lo productivo” y defendió el proyecto. “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando”, señaló.

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El Gobierno frena una represa en Corrientes

Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Corrientes


El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno estudia acudir a la Justicia para impedir la construcción de una represa en la provincia de Corrientes que puede afectar la cuenca del río Uruguay.
El proyecto es de dos empresas arroceras, y, dijo el canciller, preocupa al gobierno uruguayo, porque es motivo potencial de un conflicto medioambiental y jurídico.
La represa lleva el nombre de Ayuí Grande, y es promovida por dos emprendimientos privados, uno vinculado al empresario norteamericano George Soros, y otro ligado con José Aranda, accionista del grupo Clarín. "Es una posible violación al Tratado del río Uruguay, cometida, o que se estaría por cometer, por parte de dos empresas en la provincia de Corrientes", dijo Timerman, ayer, en una conferencia de prensa.
Timerman dijo que las empresas se proponen "inundar 8000 hectáreas" con el emprendimiento.
"Haremos la denuncia porque estamos a pocas semanas del comienzo de la obra, que colocaría a la Argentina como violatoria del Tratado del río Uruguay", dijo el canciller.
"La Argentina no va a convalidar la violación del tratado", agregó.
Timerman reveló que mantuvo una conversación por este tema con su par uruguayo, Luis Almagro, en momentos en que se define el monitoreo ambiental sobre el río.

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El Gobierno, contra un proyecto en Corrientes que Colombi defiende

Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Corrientes


El mismo día en que el Gobierno nacional lanzó un ataque público y judicial contra un emprendimiento arrocero en Corrientes, el gobernador de esa provincia y radical K, Ricardo Colombi, reaccionó al embate defendiendo el proyecto: “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando como a cualquier emprendimiento productivo, agrícola, forestal, ganadero, cítrico u hortícola”.
Ayer, en la voz del canciller Héctor Timerman, la Casa Rosada apuntó contra la construcción de la represa Ayuí Grande, y dijo que “puede ser violatoria del medio ambiente y del derecho internacional”. Agregó que “la Argentina no va convalidar la posible violación de un tratado internacional que se estaría por cometer”.
El ministro de Relaciones Exteriores puso en duda la legalidad de un emprendimiento que cuenta con el aval de Colombi a través del decreto 2353 del 9 de diciembre de 2009 (ver facsímil).
El documento ratifica “la resolución 794 del señor Administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente”. El decreto fue refrendado también por el Ministro de Producción, Trabajo y Turismo a través del Director de Recursos Forestales, Luis María Mestres. Con la disposición n° 004.
A pesar de esta documentación, Timerman se opuso al proyecto, impulsado por una Unión Transitoria de Empresas en la que participan Copra –del directivo del Grupo Clarín, José Aranda–, Pilagá SRL –de George Soros–, Santa Clara, Yuquerí S.A., Tupantuva S.A. y Estancia Ñu Verá de la Familia Serrano.
Ayer, Colombi opinó lo contrario: “B ienvenidos sean estos proyectos porque nosotros necesitamos generar recursos, mano de obra y trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos”.
En relación al conflicto planteado por Timerman, el gobernador se quejó: “la provincia de Corrientes no puede ser el jamón del sandwich en peleas que no tienen que ver con lo netamente productivo”.
La represa Ayuí Grande, que comenzará sus obras en septiembre, tomará agua de un arroyo para regar 15 mil hectáreas de arroz.
Según el ingeniero Jorge Adámoli, a cargo del estudio de impacto ambiental, “el caudal del arroyo Ayuí es de 40 metros cúbicos por segundo. Eso equivale al 1% del Río Uruguay”, explicó el profesional y agregó: “por otra parte, las autoridades del agua y del ambiente de Corriente s vienen monitoreando desde hace varios años a las áreas arroceras de la provincia, y no encontraron ningún parámetro de contaminación fuera de los límites permitidos”.
Ante los reclamos de algunos dirigentes ambientales sobre el impacto del proyecto en el ecosistema del río Uruguay (adonde termina desembocando el curso de agua del arroyo), Adámoli dijo: “este emprendimiento es sobre 15.000 hectáreas de arroz. Uruguay tiene sobre la cuenca del río 150.000 hectáreas de este grano, y Brasil, 1.200.000 has., también sobre el río Uruguay”. El ingeniero concluyó que “ esa hipótesis de contaminación no resiste el menor análisis”.
El plan de gestión ambiental del proyecto prevé más de 2 millones de pesos para análisis de calidad de aguas y sedimentos que realizarán organismos científicos e independientes de los accionistas, según informaron ayer fuentes vinculadas al proyecto. Según Adámoli, “eso da un nivel de monitoreo que no tiene precedentes en ningún proyecto arrocero ni agrícola del país”.
Hasta ayer, el Gobierno no había hecho efectiva la amenaza de presentarse ante la Justicia por la supuesta violación de tratados internacionales. Esta embestida oficial atentaría contra las leyes que amparan las decisiones provinciales.

Preocupa el proyecto arrocero en Ayui

Preocupa a ambientalistas de Corrientes el proyecto arrocero en Ayui

Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Corrientes



A fin de maximizar la producción de arroz, construirán una represa que hará desparecer 55 kilómetros de costa y numerosas especies autóctonas.
Guillermo Cardozzo, coordinador de la fundación Reserva del Iberá, dio más detalles a RADIO MÁXIMA sobre el proyecto arrocero que amenaza la biodiversidad del arroyo Ayui. “Esto es el icono del capitalismo, unos pocos toman mucho”, expresó.
El proyecto pretende inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Los ríos en Argentina son un bien público, y esta sería la primera vez que una empresa se adueña de un río, en beneficio propio.
Este emprendimiento arrocero pertenece al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el coordinador de la fundación Reserva del Iberá, aclaró que de lo que se está en contra no es de la producción, sino “de los medios que se utilizan para maximizar la producción”. Informó que se pretenden cultivar 28 mil hectáreas de arroz, y con esto desaparecerán 55 kilómetros de costa del arroyo Ayui Grande, en Corrientes. Además, desaparecerán especies autóctonas actualmente protegidas por la ley como los bosques nativos, el aguará guazú y el lobito de río.
“Cuando se tocan intereses económicos estas cosas pasan a segundo plano”, lamentó el ambientalista. “Los intereses económicos pueden torcer cualquier cosa”, expresó.

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Timerman: "Ayuí no será otra Botnia"

Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes


El canciller Héctor Timerman afirmó que el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, impulsada por el vicepresidente del grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros, "no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto". Además, reiteró formalmente al gobernador del Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información realizado a principios de 2010 por el entonces vicecanciller Vitorio Taccetti, sobre "los antecedentes y la información completa, incluidos los estudios de impacto ambiental" del proyecto. Según Timerman, el pedido de Taccetti "no recibió respuesta".
"Le reitero la solicitud para que usted tenga a bien disponer la remisión a este Ministerio de todos los antecedentes y la información completa del citado proyecto, incluidos los estudios de impacto ambiental llevados a cabo", señalá la misiva.
Taccetti había realizado el pedido el 16 de febrero de 2010.
Según la carta, el objetivo de la información es para que "las autoridades nacionales competentes puedan evaluar oportunamente si dicho proyecto cae en el ámbito de aplicación de los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y por lo tanto correspondería someter el mismo a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el marco del mecanismo de información y consulta previas previsto en el citado acuerdo internacional".
"Hasta tanto no se remita dicha información y no se hayan expedido las autoridades competentes...resulta necesario reiterar la necesidad de que no se proceda a autorizar la realización del proyecto ni el inicio de las obras con el fin de evitar que nuestro país pudiera eventualmente incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975", finaliza la carta.

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