El brote de dengue generó una "angustia ambiental" en los argentinos: de qué se trata

Fecha de Publicación: 13/04/2024
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Nacional


Más del 90% de la población cree que nos acercamos a un “colapso ambiental”. Esta inquietud es mayor en sectores medios y bajos.
El brote de dengue que está sufriendo argentina preocupa y angustia a una población que ya carga con la tensión e incertidumbre de la crisis económica y la inflación. Según un informe de la consultora “Sentimientos Públicos”, más del 90% de la población argentina considera a la problemática ambiental como “importante” o “muy importante”, generando una “angustia ambiental”.
El informe arrojó que esta inquietud es mayor en sectores medios y bajos que en los de nivel socioeconómico alto. En el mismo sentido, la preocupación por el futuro de las nuevas generaciones ante la cuestión medioambiental supera al 86%. Esta respuesta se acentúa en jóvenes menores a 29 años y en adultos mayores a 59 años, es decir, quienes están preocupados por el futuro propio o el de sus nietos.

La angustia ambiental por el dengue en números
El consenso sobre la “angustia ambiental” (91%) supera a otras reflexiones analizadas previamente por la consultora, como que Argentina es “el mejor país del mundo” (83,8% de acuerdo) o que el Estado “debe ser lo más pequeño y lo más eficiente posible” (68,5% de acuerdo).
Según revela el informe, más del 90% cree que nos acercamos a un colapso ambiental y casi el 75% de los centennials (jóvenes entre 16 y 28 años) siente que vivirá este colapso. Las mujeres lo perciben más cercano que los hombres. De hecho, más del 50% de las encuestadas cree que sucederá en diez años como máximo. En consecuencia, el 85% de la población considera “urgente” tomar medidas.
 “La sociedad argentina tiene una notable ‘angustia ambiental’, que no logra articularse del todo en el debate público, pero se alimenta ante conmociones como la expansión del dengue”, plantea el investigador Hernán Vanoli. Y agrega: “la sociedad reclama imaginación política para conjugar bienestar generalizado y eficiencia ambiental, reduciendo los daños al mínimo posible. Y se hace cargo de estos anhelos: sus prácticas privadas de reducción del daño son frecuentes y masivas”.
Sin embargo, esta “angustia ambiental” no implica necesariamente una postura crítica del desarrollismo. Mientras que el 43,7% de la población considera que “existe una contradicción entre cuidado del medioambiente y desarrollo industrial”, el 38,6% no acuerda con esa reflexión. Sí es mayoritaria la preocupación por otras problemáticas, como la quema de humedales (56%).
Finalmente, la encuesta revela que más del 73% de las argentinas y argentinos asegura que separa los materiales reciclables de los desperdicios dentro de su hogar, tendencia que se profundiza entre adultos y adultos mayores.
Este nuevo análisis cuantitativo de las transformaciones subjetivas argentinas está basado en una muestra representativa, acorde a los datos del INDEC a nivel nacional, de 5200 casos, con un margen de error de un 3,5%.

Dengue: llegaron al país 22 mil repelentes donados por México
Este lunes llegó al Aeropuerto de Ezeiza la primera carga de repelentes desde el exterior, luego de que el Gobierno anunciara la quita de trabas a la importación de este tipo de productos debido a la falta de stock en el país y al aumneto de casos de dengue. Se trata de 22.320 unidades de la marca comercial "Off Family", del Laboratorio SC Johnson, que, en carácter de donación, arribaron en varios lotes desde México.
La carga, que ingresó en las últimas horas al país, no estará a la venta porque es una donación de SC Johnson, por lo que será entregada a la organización Cáritas, que será la encargada de hacer llegar los repelentes a distintos barrios vulnerables.
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Denuncian que están “dejando morir” el programa Pro-Huerta: menos semillas y alimentos para miles de familias

Fecha de Publicación: 12/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Nació hace más de 30 años y fue sostenido por diversos gobiernos, pero está dejando de existir por decisión o inacción del Ministerio de Capital Humano, que no renueva el convenio con el INTA y paraliza su funcionamiento. Pro-Huerta da sustento a más de 600 mil huertas en todo el país y repartió más de un millón de kits de semillas.
“Lo están dejando morir”. Así definen trabajadores y trabajadoras la situación del programa Pro-Huerta, que desde hace más de tres décadas funciona como herramienta de facilitación de recursos alimenticios y capacitación para miles de familias en todo el país. Su existencia depende de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el área que conduce Sandra Pettovello no dispuso autoridad que firme su renovación. En los hechos, eso implica su final.
Además de la no firma del convenio, no fueron renovados los contratos de más de 40 trabajadores que integran el programa a través del Ministerio (el resto del personal depende del INTA).
“Hay una situación de abandono y de dejar morir un programa que lleva más de 30 años de existencia, dándole respuesta a miles de familias en todo el país. Y son 43 trabajadores y trabajadoras que no tienen respuesta. Son quienes le dan vida al programa, a esta política pública”, advirtió Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA.
“Desde la coordinación nacional de ATE en INTA venimos exigiendo para que se agoten todos los canales en la búsqueda de esa firma por parte de Capital Humano, que es quien debiera terminar de cerrar este convenio. Porque sabemos que desde INTA elevaron una resolución donde se reubicaba al programa en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), pero esa firma por parte de Capital Humano nunca se concretó. Es simplemente dejar morir. Al no renovar, simplemente cae”.
Hasta el cierre de esta nota, no hubo información sobre el futuro del programa por parte de la cartera de Pettovello. “Lo que queremos remarcar es la importancia de Pro-Huerta y sobre todo en este momento de brutal miseria planificada. Porque multiplica el alimento a familias empobrecidas por este sistema y sobre todo por el gobierno de Javier Milei”, resumió Boedo.

El riesgo alimentario sin Pro-Huerta
Pro-Huerta permitió impulsar más de 600 mil huertas familiares y escolares, entregó más de un millón de kits de semillas y sustentó 15 mil granjas agroecológicas. Hubo más de 200 mil aves entregadas y unas 170 mil personas capacitadas, según los datos que aportan desde el programa. Su importancia aumenta en contextos de hambre creciente.
“El programa tiene 34 años de antigüedad. Nació en una de las tantas emergencias económicas que tuvimos, como paliativo a la situación de necesidad de las familias. Empezó por algunas regiones y fue un éxito notable, con muy buena acogida en las comunidades y buen desempeño. Eso lo consolidó año a año como programa ejemplar en Argentina e incluso en el mundo”, destacó Roberto Cittadini, coordinador de Pro-Huerta entre 2006 y 2013.
Agregó: “En América Latina tuvo mucha repercusión. Estuve en una misión de trabajo en Francia y cuando uno presentaba el programa se quedaban sorprendidos; se presentó en la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como ejemplo. Eso ha llevado a que todos los gobiernos los sostengan, hasta el momento”.
“En una situación crítica como la actual, con la desocupación que se está generando y la baja de ingresos, se vuelve más estratégico aun. Es inentendible -o entendible desde una visión donde la justicia social no interesa- que no continúe”, cuestionó el especialista.
“Hay un tema de ineficacia y desidia también. Porque no hay una noticia firme que diga que se cerró Pro-Huerta. Deja de existir porque nadie se ocupa. El INTA tiene listo el convenio firmado, pero no tiene interlocutor. Todos los años se renueva el convenio, el Ministerio financia gran parte y el INTA instrumenta a través de su red en todo el país. En los hechos, sin renovación, está dejando de funcionar sin que nadie diga que terminó”.
Según difundió un investigador del INTA en la red social X, trabajadores del espacio recibieron días atrás una notificación por Whastapp: “El logo del Pro-Huerta no se continuará usando ya que no existe el programa, desde abril se discontinúa el uso”.

El mercado y las semillas
Cittadini explicó que en gran medida las semillas de Pro-Huerta en lo que va del año se llegaron a distribuir, porque se habían licitado el año pasado. “Pero para la próxima temporada no va a haber más. Eso implica no solo un perjuicio muy grande para huerteros, sino también para las familias que producen las semillas: una cooperativa de minifundistas de San Juan que vienen de un proyecto de INTA con la misma antigüedad de Pro-Huerta o más”.
Todo esto se da, además, en un marco en que el gobierno de Javier Milei viene intentando favorecer la mercantilización de las semillas, como reclaman las multinacionales. “Todo tiene relación. Los sectores más concentrados del agro-negocio propugnan la modificación de la Ley de Semillas para cobrar regalías o patentes por todo uso de semillas. Desde Pro-huerta y la agricultura familiar se venía promoviendo el intercambio y el uso de semillas propias, pero quieren terminar con todo eso”.
Tanto en la primera como en la segunda versión de la Ley Ómnibus –que se intenta volver a impulsar por estos días- figuraba el intento del Gobierno de adherir a una convención internacional que da más poder sobre las semillas a corporaciones trasnacionales como Bayer-Monsanto y locales como Bioceres. Desde otro lado pero en el mismo sentido, se desmantelaron el mes pasado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF).
“Esperemos que se revierta lo de Pro-Huerta –deseó Cittadini- Esto ya pasó una vez hacia el año 2000, con la Alianza. Se había discontinuado el programa y hubo cuatro o cinco meses sin cobrar, incluso se acudió a la Justica. Fue tan fuerte la reacción de la comunidad y los técnicos que siguieron trabajando sin cobrar, que se revirtió. Esa experiencia podría servirnos para ponernos firmes contra este avasallamiento de los derechos”.
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La Corte Suprema pidió informes a ACUMAR por el incumplimiento del fallo de saneamiento del Riachuelo de 2008

Fecha de Publicación: 11/04/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciséis años del fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación pidió hoy a ACUMAR y a la Justicia de Morón informes que expliquen el incumplimiento de esa tarea.
A dieciséis años del fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación pidió hoy a ACUMAR y a la Justicia de Morón informes que expliquen el incumplimiento de esa tarea.
La diligencia encargada por el máximo tribunal se enmarca en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo)", que se dictó en 2008.
La Corte solicitó informes a ACUMAR y a los juzgados Criminal y Correccional Federal N° 12 y Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón, a los fines de "evaluar el grado de cumplimiento de la condena dictada el 8 de julio de 2008 en la causa Mendoza, vinculada al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En esa resolución se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a cumplir con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
El plan debe perseguir tres objetivos simultáneos, consistentes en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Ante las deficiencias advertidas en el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, el 27 de diciembre de 2016 la Corte había requerido a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que estableciera indicadores para medir el grado de ejecución de la decisión judicial e informara un calendario de cumplimiento de los objetivos propuestos.
El 9 de noviembre de 2017, la Corte afirmó que el informe presentado por la autoridad administrativa resultaba insuficiente y no respetaba los términos de la sentencia, razón por la cual le solicitó su readecuación.
A raíz del tiempo transcurrido, la Corte ahora requirió a ACUMAR que "en un plazo de 30 días presente un informe circunstanciado sobre el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones judiciales, con particular referencia a los plazos ciertos informados y, en su caso, la debida justificación de los incumplimientos".
El alto tribunal también señaló que la ejecución de la sentencia se encuentra delegada en los magistrados a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
A éste le corresponden las competencias vinculadas al control de los contratos del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura y de su nivel de ejecución presupuestaria, mientras que al primero las restantes competencias que comprendan la cuenca baja, media y alta.
Por lo tanto, a los fines de evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia del año 2008, el máximo Tribunal del país también ordenó a esos juzgados que presenten en un plazo de 30 días un informe sucinto y suficiente sobre el estado de los expedientes que se encuentren en trámite vinculados a la ejecución de la decisión.
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Proponen derogar normas que garantizan derechos de comunidades indígenas sobre tierras

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que busca derogar la Ley 26160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de tierras que reclaman como propias.
El decreto que resguarda derechos sobre territorios lo firmó Alberto Fernández, en 2021, suspendiendo el estado de emergencia vigente desde el 2006, cuando se sancionó aquella manda.
La iniciativa busca dejar sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre terrenos y que se declare a nulidad de cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”.

INAI
En diciembre pasado, a días de que Fernández dejara el gobierno, el INAI reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país.
De las 118 resoluciones publicadas el año pasado, 81 se redactaron después de que Javier Milei fue elegido presidente.
Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre. En ellas, el INAI dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” en sus respectivas provincias.
A su vez, contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.
De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera sus antecedentes legales de la comunidad, información catastral, inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.

Mendoza
Cabe recordar que hace poco más de un año, en febrero de 2023, el INAI emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, creía que era “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el por entonces arco político opositor.
El ex ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que era nula.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.
Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.

Activos
El ex gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de su provincia porque hay hectáreas con actividad petrolera.
Por su parte, Alfredo Cornejo, actual mandatario de Mendoza y ex senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.
Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se citara al Legislativo al director del INAI para que explicara “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del INAI en Argentina”, estimó.
Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque no era la primera vez que el INAI era acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.

Emergencia
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma se prorrogó sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre de 2021, se extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas”, planteó Carrizo el año pasado.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterio”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también rechazó la decisión del INAI
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada venían multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país; principalmente, en la Patagonia.
Durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país” y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.
El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.
La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se pronunció en la misma línea.
En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional era inconstitucional.
Además, recordó que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.
“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó AAPA en el documento que difundió.
“Defendemos a los pueblos originarios pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.

Río Negro
El septiembre de 2022 más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
 “Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron los legisladores Rodrigo de Loredo y Sabrina Ajmechet, entre otros.
Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), la Administración de Milei planifica eliminar el INAI.
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Funcionaria de Nación asegura que EEUU no quiere el desarrollo nuclear del país

Fecha de Publicación: 09/04/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, habló sobre la visita de la general de Estados Unidos, en la que el presidente Milei tomó el compromiso de frenar el proyecto de una cuarta central nuclear. "Es una situación muy compleja", señaló.
Tras la visita de la jefa militar de Estados Unidos, Laura Richardson, el gobierno de Javier Milei se comprometió a cancelar el proyecto para una cuarta central nuclear en el país. «Estados Unidos debe estar haciendo sus inteligencias. Quieren que nosotros sigamos teniendo tecnologías, pero que no nos desarrollemos completamente«, expresó la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis.
Según un comunicado firmado por autoridades de la CNEA, «durante el encuentro que mantuvieron en Ushuaia, Milei y Laura Richardson del Comando Sur, el Presidente argentino se comprometió a frenar el avance del proyecto de Atucha III así como el resto de las obras comprometidas con China tanto en el acuerdo de cooperación como en la Ruta de la Seda».
Al respecto, la titular de CNEA, quien se mantiene a la espera de su reemplazo, dialogó con Radio Con Vos y expresó que «el sector nuclear siempre pujó para poder garantizar la soberanía tecnológica y energética del país. Puede ser que la cuarta central no se construya ahora. Sería un error que no avancemos con los compromisos asumidos. Ahora seguimos empujando para que suceda».
La visita de la general expuso que «Estados Unidos (EEUU) debe estar haciendo sus inteligencias. En sus expresiones públicas, ellos están en buenas relaciones. Quieren que nosotros sigamos teniendo tecnologías, pero que no nos desarrollemos completamente», indicó Serquis. El área nuclear «en particular ha sido un ejemplo en el país y una oportunidad única que espero que no perdamos«, marcó.
Según la referente, que está en el cargo desde 2021, «es probable que la visita esté influyendo en la decisión de qué proyectos se financian y cuáles no, o si es que va a financiar alguno. Esto es porque dicen todo el tiempo que tienen que cerrar las cuentas fiscales por encima de cualquier decisión soberana o estratégica, lo cual es preocupante».
Serquis sigue a cargo de la CNEA, aun habiendo expresado sus diferencias con la actual gestión nacional. «Estoy a la espera de alguien en mi reemplazo. Por la ley nuclear y los compromisos que tenemos del Estado argentino, hay ciertas responsabilidades respecto de las instalaciones nucleares y las normativas nacionales e internacionales, por lo que este cargo no puede quedar acéfalo«, indicó.
Estaba previsto que después de Semana Santa se defina su reemplazo. «Más allá de eso, mi compromiso con el país y con la gente que trabaja en la institución y los proyectos es empujar y seguir peleando para que las cosas sucedan. Es una situación compleja«, señaló.

CNEA: cuál es el estado de los proyectos nucleares con el cambio de gestión
Desde la Comisión informaron que el presupuesto destinado para los proyectos nucleares para este año «no se está cumpliendo«. A la vez, el fideicomiso creado para el desarrollo de Carem, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido en el país, tampoco «estamos pudiendo ejecutarlo, pero la obra no está completamente paralizada«, expresó la titular de CNEA.
Tanto desde la secretaría de Hacienda como desde la de Energía «nos dijeron que ese fideicomiso no se vería afectado por la decisión de revisarlos. Pero en la práctica, no se está pudiendo hacer ningún pago hace más de 20 días. La deuda que lleva el proyecto espera los 7.000 millones de pesos porque en ningún momento hubo una definición de que el proyecto se detuviera. Seguimos las instancias de denuncia sobre esta situación«, expuso.
En el proyecto ya se efectuaron unos 80 despidos de trabajadores empleados por la empresa Masoero, que a su vez está contratada por Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que, también está contratada por la CNEA para la obra civil del proyecto Carem. «El juez dictó conciliación obligatoria el jueves pasado. Nosotros dependemos del presupuesto nacional y es la Secretaría de energía la que debería estar citada para poder dar respuestas«, indicó.
En cuanto a Atucha III, la cuarta central nuclear en Argentina financiada con fondos de China, «hubiera sido una gran oportunidad para el país tanto a nivel energético como a nivel de la transferencia de conocimiento. En nuestro sector siempre se ha tratado de abrir el paquete tecnológico y poder seguir apostando a un desarrollo propio», expresó.
«Quienes somos parte de la CNEA seguimos pensando que es posible desarrollar grandes proyectos como el Carem, el RA10, el centro de Protonterapia y la puesta en marcha de la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada). Por eso lamentamos que el recorte presupuestario atente contra el avance de estas obras«, comentó.
«A pesar de los magros salarios, me enorgullece que los equipos de cada uno de todos los Proyectos de la Institución sigan apostando al futuro. En Ciencia y Tecnología no sobra nadie«, expresó la funcionaria en sus redes sociales.
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Las provincias patagónicas le reclaman al gobierno nacional que active de inmediato el Consejo Federal Pesquero

Fecha de Publicación: 04/04/2024
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Los gobernadores patagónicos exigen intervenir en la política de pesca; agravaron la tensión los despidos en un instituto nacional de investigación y desarrollo clave para el sector.
Desde que asumió el nuevo gobierno, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que reúne a las provincias con litoral marítimo, aún no fue convocado y tanto desde el sector público como del privado reclaman que empiece a sesionar. Eso, sumado al revuelo que generó la sanción del buque argentino Tai An en Ushuaia y a los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), incrementó la tensión entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.
“Es el primer tema que detonó la relación entre la Nación y la región patagónica. Por la presión, logramos frenar la reforma pesquera propuesta en la Ley Ómnibus; sin embargo, es otro de los temas que genera rispidez”, aseguraron desde el gobierno santacruceño ante la consulta en referencia a la reforma de la actividad pesquera que por ahora no avanzó.
Entre los cambios principales y cuestionados por las provincias estaba la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero -que integran Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, que reinstaló viejas disputas entre la Nación y las provincias.
Además, en la propuesta se cambiaba el criterio de asignación de cuotas de pesca. Los cambios no prosperaron, pero hasta ahora tampoco fue convocado el Consejo y las provincias siguen sin poder activar su participación en las decisiones del área comandada por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, que entre 2015 y 2019 representó a Tierra del Fuego en el CFP.
La semana pasada la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi reiteró un pedido al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, para que active de inmediato el funcionamiento del Consejo. La última vez que se constituyó fue el 7 de diciembre de 2023 y en esa reunión quedó estipulado que la próxima sesión sería el 24 de enero de 2024, pero eso no ocurrió. La mayoría de las provincias ya han designado quiénes serán sus representantes, pero no ha ocurrido lo mismo con los miembros que debe nominar el Poder Ejecutivo Nacional.
Según la ley 24.922, que regula el régimen de pesca, el CFP tiene en sus manos establecer la política pesquera nacional y también interviene en la Captura Máxima Permisible. Integra el organismo diez directores, de los cuales cuatro pertenecen a las provincias patagónicas. Por Santa Cruz, Ricardo Patterson es el designado. “Creo que el Gobierno nacional no conoce la importancia del recurso y prefiere manejar las políticas de pesca sin contar con la intervención de las provincias”, dijo a La Nación Patterson, exdiputado nacional por la UCR, quien ya integró el Consejo entre 2015 y 2019, y destacó la urgencia de activar el organismo y permitir la participación de las provincias.
Pese a que no se convoca al Consejo, los últimos operativos de vigilancia y control del espacio marítimo desplegados desde el Ministerio de Defensa dejaron a la vista que el sector tiene importancia para el actual Gobierno: el miércoles pasado un buque pesquero de nacionalidad china se encontraba navegando dentro jurisdicción argentina a baja velocidad y con el sistema de identificación (AIS) apagado, lo cual encendió las alertas del Gobierno y eso derivó en una inspección ocular de las autoridades argentinas en el barco.

Operativos
El operativo de vigilancia del que formaba parte el ministro de Defensa, Luis Petri, sobre el área del Golfo San Jorge, estaba previsto con anterioridad, según informaron fuentes de esa cartera, y coincidió con el episodio del barco en aguas argentinas: el buque, al ser llamado por radiotelefonía, incrementó su velocidad, prendió su identificador y adoptó una dirección de salida de la zona de jurisdicción nacional. Recién respondió los llamados de las autoridades argentinas al pasar la línea de las 200 millas náuticas. Tras la inspección ocular, las autoridades detectaron que no contaba con vestigios de pesca reciente.
El operativo generó la reacción de la Embajada China en Argentina, quien cuestionó la reacción gubernamental y explicó que el barco no estaba realizando pesca en el territorio nacional. “De acuerdo con la información fehaciente que la embajada china maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal, y ahora se encuentra en aguas internacionales realizando actividades normales”, publicó la cuenta oficial de la embajada en la red X, antes Twitter.
Desde la embajada reforzaron el mensaje: “El Gobierno chino va por seguir trabajando como siempre con la comunidad internacional, con Argentina incluida, para luchar contra pesca ilegal, en fomento de la conservación científica y el uso sostenible de recursos pesqueros”.
Fuentes del sector explicaron que es habitual que barcos de bandera de otro país, que pasan por el estrecho de Magallanes con rumbo a pescar en aguas internacionales a la altura del Golfo San Jorge, crucen por el Mar Argentino. Lo inédito fue que tuviera apagado el sistema de geolocalización satelital, AIS, que permite determinar su ubicación en tiempo real.
La semana pasada, empresas radicadas en Ushuaia acusaron al barco Tai An, de la empresa Prodesur, de estar realizando pesca ilegal de merluza negra en cercanías a Tierra del Fuego. La denuncia y las demoras para que el barco regrese a puerto desataron un escándalo en la Cancillería Argentina, que terminó con la renuncia de un funcionario del área. La primera información que circuló hacía referencia a “un barco chino”, confusión generada a partir de la nominación del buque.
“Somos una empresa argentina, radicada en Tierra del Fuego y el barco es argentino”, explicó la vocera de la empresa Prodesur SA, dueña del Tai An. En la compañía aclararon que el principal accionista de la empresa es Liu Zhijiang, de ascendencia china nacionalizado argentino, y negaron que su barco haya realizado pesca ilegal merluza negra. “El buque no pescó ilegalmente, sino que hubo un exceso de captura. En ciertas zonas conviven a determinada profundidad la merluza polaca con la merluza negra. En cinco lances que lanzó el Tai An vino contaminada con merluza negra. El barco tiene capacidad de 130 toneladas en un solo lance, el barco pescó 3.400 toneladas, por lo cual lo que capturó de merluza negra representa menos del 5%. No fue pesca ilegal, sino incidental”, aseguran desde Prodesur SA.
El Gobierno resolvió aplicar una dura sanción contra la empresa Prodesur SA por haber pescado 139 toneladas de la codiciada merluza negra en la zona donde se encuentran ejemplares juveniles, sin contar con los permisos para realizar esa pesca -que tiene una cota total de 3600 toneladas, repartidas 3000 entre las firmas Argenova SA, Estremar SA y Pesantar-. La firma no podrá pescar por 45 días y se le aplicó una multa de $56 millones, que ya fue abonada, según confirmaron a este medio desde la empresa.
El kilo de merluza negra, salvo la cabeza y la cola, ronda los 24 o 25 dólares el kilo, contra 1,5 de la merluza común, según señalaron diversas fuentes a este medio.
Desde la empresa insistieron en que la actividad está reglada, controlada y fiscalizada y en que a bordo estaban los inspectores de pesca, que cada 72 horas envían informes a tierra. “No fue una acción deliberada, ni un delito como fue difundido”, explican los voceros y sostienen que los 45 días de multa sin poder salir de puerto es para la empresa una sanción muy dura, que afecta en forma directa a los 90 trabajadores que deben quedarse en tierra y pierden ingresos.
Tras la sanción, reclaman recuperar las cuotas de merluza negra que supo tener el Tai An entre 1996 y 2019. Desde Prodesur aseguran que las cuotas fueron transferidas de manera irregular a otra pesquera que tenía el buque alquilado y ahora las quieren recuperar. También piden que las autoridades revean los límites fijados para la pesca incidental. Temas pendientes que tiene el Consejo Federal para tratar.

Despidos en el Inidep
Mientras el CFP no se conforma, en el máximo organismo científico del Estado que investiga y aconseja sobre el recurso pesquero, el Inidep, el miércoles pasado notificó la no renovación de los contratos de 35 trabajadores del sector. La Asociación de Profesionales del Inidep denunció, a través de un comunicado oficial, que la no renovación de los contratos era solo el comienzo de la destrucción del sistema científico nacional.
Expresó su preocupación por la asfixia presupuestaria y financiera a la que están sometidas las instituciones científicas y académicas. Hizo un llamado al subsecretario de Pesca y Acuicultura, López Cazorla, para revertir la decisión y garantizar la continuidad de las actividades científicas en el Inidep. “Usted ya sabe que el Inidep está operando con una dotación por debajo del mínimo requerido para su funcionamiento óptimo”, afirmó. “También es consciente que el presupuesto actual del instituto impedirá la realización de muchas de las tareas científicas y las campañas de investigación que se requieren para un adecuado asesoramiento a la Administración Pesquera”, le dijeron los profesionales asociados.
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El cambio climático reconfigura la biodiversidad de las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario

Fecha de Publicación: 03/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La paulatina tropicalización de las regiones templadas de la Argentina por efecto del cambio climático comienza a generar cambios en poblaciones de insectos y animales
Durante las primeras semanas de la pandemia, cuando todo se detuvo, muchos habitantes de las grandes ciudades “descubrieron” que, a su alrededor, existía una abundante fauna urbana que seguía adelante con su vida, completamente indiferente a las desgracias coyunturales de la humanidad. Aves, insectos y mamíferos, sin interferencia alguna, reconquistaron territorios perdidos y se volvieron visibles al gran público, a modo de recordatorio de que las ciudades son importantes centros de biodiversidad y, como ocurre con todo el planeta, están siendo impactadas por el cambio climático.
En la Argentina, donde el 92% de la población vive en núcleos urbanos, todavía no se ha estudiado esto en profundidad, pero algunos eventos como el actual brote de dengue ponen en debate la forma en la cual el clima, la fauna y la vida urbana interactúan, así como la influencia del calentamiento global en el diseño de estas interacciones.
Según Guillermo Montero, ingeniero agrónomo y ex decano de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático genera que eventos extremos de precipitaciones y sequías sean más frecuentes. “Esta nueva velocidad de eventos catastróficos hace que, muchas veces, algunas especies no puedan adaptarse a ese cambio y tiendan a desaparecer, rarificarse o vean sus poblaciones disminuir”. Al mismo tiempo, ocurre que otras especies pueden “adaptarse extraordinariamente bien hasta volverse invasoras por aumento poblacional, tras el cambio de la condición ambiental”.

Un mundo de mosquitos
El actual brote de dengue en la Argentina llegó a proporciones alarmantes: según los últimos datos del Boletín Epidemiológico Nacional, desde el 1° de enero de este año hasta el 23 de marzo, se registraron 163.419 casos, y alrededor del 90% son autóctonos. Es decir que hay seis veces más de casos registrados que en 2023. De ese total de contagios, hasta ahora, hay 119 casos fatales.
Con la salud en riesgo, llegó la pregunta: ¿hay relación entre el cambio climático y una mayor presencia de mosquitos en zonas consideradas templadas, como Buenos Aires o Rosario?
Hay muchos estudios, como este de la revista científica The Lancet, que marcan la correlación entre el cambio climático y el aumento en la distribución geográfica de enfermedades como el dengue. La tropicalización del clima en regiones antes templadas se traduce en condiciones más favorables para que el vector se reproduzca y se propague en una zona geográfica cada vez más amplia. “Los brotes se están volviendo recurrentes, antes eran cada cuatro o cinco años, después aceleró el ritmo y ahora tuvimos el año pasado y este año otro, es algo inédito, nunca habíamos tenido dos seguidos”, dijo Carlos Tasinato, ingeniero agrónomo a cargo de la dirección de Control de Vectores de Rosario.
Y agrega: “A esta altura es imposible negar el cambio climático, que hace que empiece a haber promedios de temperaturas más altas en estas latitudes durante más tiempo a lo largo del año. A eso este año le sumamos El Niño, que trae lluvia, y el resultado es que hay más mosquitos que antes, durante más tiempo”.
Según Tasinato, además de las cuestiones climáticas hay otras que ayudan a entender la re emergencia del dengue en la zona central del país, como el crecimiento de la población urbana, deficiencias de infraestructura en la provisión de agua y la multiplicación de la basura plástica, que es lo que sirve de criadero a la especie de mosquito que transmite la enfermedad, el Aedes aegypti: “muchas veces vemos este tipo de basura en los domicilios. Falta muchísima educación ambiental para entender la parte que nos toca en todo esto”, explicó.

Aves urbanas
Las poblaciones de aves también están siendo afectadas por la crisis ecológica, que excede el calentamiento del planeta e incluye otros vectores o “drivers” como los cambios de uso del suelo, que significan la pérdida o modificación profunda de ambientes naturales como pastizales, humedales o bosques por ambientes reacondicionados para hacer agricultura y/o ganadería. Según Aves Argentinas, las aves son indicadoras de la salud de los ambientes y “permiten conocer los impactos del cambio climático de manera rápida”.
“El aumento de la temperatura genera cambios en la dinámica y distribución de las aves y afecta la composición de las comunidades”, señalan desde esa organización.
Una investigación liderada por el biólogo Guillermo Sferco, del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad de Córdoba, que analiza el comportamiento de las aves del centro de la Argentina, destaca que el cambio climático modifica la distribución de las especies tanto en las latitudes (migraciones de norte a sur y viceversa) como en su disposición altitudinal: especies que viven en la llanura o en zonas bajas de los sistemas montañosos tienden a buscar mayores altitudes. A esto se suman cambios vinculados a las migraciones, ciclos reproductivos que se adelantan y la falta de alimento para sus crías.
Desde su conocimiento y observación empírica, Tasinato subraya que en la zona de Rosario “hoy parece haber más variedad de pájaros que hace algunas décadas atrás”, algo que atribuye a la desaparición de montes y pastizales naturales por presión de la frontera agropecuaria. “La ciudad es como un imán por sus parques y arbolado. Esto atrae a muchas aves, que ante la degradación de sus ambientes naturales encuentran refugio y alimento en las ciudades, aunque pueda parecer paradójico”, dijo el ingeniero agrónomo.

Animales sueltos
Según argumentó Montero, existen al menos tres ejemplos actuales para ilustrar de qué manera la paulatina tropicalización de las regiones templadas por efecto del cambio climático, comienza a generar algunos cambios en poblaciones de insectos.
Uno de esos ejemplos es la irrupción a gran escala de una especie de chicharra popularmente llamada “chicharrita del maíz” (cuyo nombre científico es Dalbudus Maidis) que está haciendo estragos en esos cultivos, en los que genera un achaparramiento causado por la bacteria Spiroplasma kunkelii que puede generar una merma de rendimiento de hasta el 70%.
Si bien la Spiroplasma es una enfermedad endémica del maíz en el norte argentino, según un comunicado de Aapresid “en la actual campaña se convirtió en un dolor de cabeza en zonas donde antes no era un problema”, como las provincias centrales como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires.
Un segundo ejemplo es el del mosquito Aedes Albopictus (que no es el que transmite dengue) o “mosquito charquero”, muy popular en las zonas húmedas. “Siempre estuvo, pero en un clima tropicalizado encuentra mejores condiciones ambientales durante más tiempo para vivir y reproducirse”, explicó el especialista.
Finalmente, el ingeniero agrónomo citó el caso de la mariposa Junonia Genoveva, que en el último tiempo se volvió muy presente en la ciudad de Buenos Aires. “Es una especie migratoria y que encontró condiciones ambientales particulares para que haya una cantidad extraordinaria en esa ciudad, una especie de invasión debido a un incremento poblacional muy notable”, dijo Montero.
Otro nuevo habitante que se ha adaptado muy bien a la vida urbana en las grandes ciudades del centro de la Argentina es el gekko, pequeño reptil de origen africano que desde hace varios años se volvió muy frecuente en esta zona del país. “Tiene origen mediterráneo, del norte de África. No se sabe bien cómo llegaron, quizá en algún barco de carga. Lo cierto es que encontraron un ambiente favorable y no tienen depredadores naturales. Comen insectos y no tienen importancia sanitaria ya que no transmiten enfermedades”, contó por su parte Tasinato.
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Evalúan la biodiversidad en la región pampeana para fomentar prácticas de manejo agrícola más sostenibles

Fecha de Publicación: 03/04/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Investigadores del INTA y AACREA realizan un estudio integral en 15 establecimientos agropecuarios en colaboración con el Proyecto Nacional de Biodiversidad, para evaluar el estado actual y fomentar acciones.
Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) comenzó un estudio integral sobre la biodiversidad en 15 establecimientos agropecuarios de la región pampeana. En colaboración con el Proyecto Nacional de Biodiversidad, la investigación busca evaluar el estado actual de la biodiversidad en estos entornos para fomentar prácticas de manejo agrícola más sostenibles.
En ese sentido, enmarcado en la iniciativa InBioAgro de AACREA, el estudio se centra en medir indicadores de biodiversidad y promover estrategias que armonicen la producción con la conservación de procesos ecológicos esenciales. La Agricultura Regenerativa sirve como modelo para guiar prácticas que no solo impulsan la producción, sino que también preservan la biodiversidad, un aspecto crucial para la sostenibilidad a largo plazo, explicaron.
En tanto, Romina Suárez, responsable del área de Ecología y Gestión Ambiental de la Biodiversidad del INTA, destacó la importancia de esta iniciativa al integrar la valoración de la biodiversidad en la agenda de trabajo de las empresas agropecuarias participantes.
Con un enfoque de dos décadas en el diagnóstico de la biodiversidad en diferentes contextos agrícolas, el estudio se posiciona como “un paso significativo hacia la promoción de prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente”.
En agosto de 2021, investigadores del INTA y miembros de la Red AACREA de la Región Pampeana se unieron en un taller coordinado por Federico Fritz, marcando el inicio de un trabajo conjunto “con un impacto positivo previsto en los sistemas productivos y la biodiversidad asociada”.
En este contexto, Suárez señaló que este encuentro estableció las bases para una colaboración fructífera. En cada establecimiento incluido en el estudio, se lleva a cabo un monitoreo exhaustivo que abarca desde la fauna benéfica, como anfibios, aves y artrópodos del suelo, hasta visitantes florales como abejas nativas y mariposas diurnas. Además, se evalúa la cobertura y diversidad de la flora, indicadores cruciales de calidad ambiental y proveedores de servicios ecosistémicos esenciales para la producción, como la polinización y el control biológico de plagas.
Según Suárez, estos indicadores se evalúan en diversos espacios del establecimiento con potencial para la conservación de la biodiversidad, como remanentes de pastizales naturales, cortinas, bordes de lotes de cultivos, montes con y sin uso apícola, entre otros.
Al término de las visitas, los investigadores entregan a los productores el “Manual de Monitoreo Ambiental Rural” del INTA, proporcionando técnicas y herramientas para el monitoreo de la biodiversidad.
Además, los investigadores del IRB destacaron que el monitoreo de estado base continuará hasta abril de este año. Posteriormente, los datos recopilados se analizarán para determinar el nivel actual de biodiversidad en cada establecimiento y establecer un Plan de Acción de Biodiversidad. Según Suárez, este plan se centrará en la preservación, restauración o creación de nuevos espacios de conservación, así como en la mejora de la conectividad entre ellos.
Finalmente, afirmaron que: “Este estudio contribuirá significativamente a los proyectos nacionales y regionales del INTA, así como a los lineamientos del plan de mediano plazo de la institución”.
Además, la información recopilada se incorporará a la “Guía de Espacios de Conservación”, en desarrollo dentro del Proyecto Nacional de Biodiversidad.
Suárez subrayó que “esta guía proporcionará herramientas para mejorar la biodiversidad en paisajes productivos, beneficiando a productores, asesores y gestores ambientales”.
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Árboles inteligentes: alternativas tecnológicas contra la contaminación urbana

Fecha de Publicación: 02/04/2024
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional


Uno está en Capitán Bermúdez, Santa Fe, y equivale a 234 árboles forestales. El otro, que es líquido, purifica el aire como 20 árboles forestales jóvenes y está en la Ciudad de Buenos Aires.
La incontenible polución en las grandes ciudades obliga a apelar a soluciones biotecnológicas que ayuden a los árboles emergentes ante tanto cemento a procesar el dióxido de carbono y morigerar así el nivel de contaminación.
Surgió así el primer “árbol inteligente” de Argentina que, al ser un proyecto innovador con generación de conocimiento que aplicaba tecnología, tanto electrónica en la selección de proveedores, y que estaba relacionado con el ambiente, obtuvo un subsidio del FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino).
Fue instalado en una estación de servicio de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, no solo para ahorrar energía, sino para ir un poco más allá y generar un aporte al medio ambiente.

Cómo es el "árbol inteligente"
Se trata de una estructura modular, que no tiene tronco ni ramas, está compuesta por musgos y se alimenta de energía solar, lo que le permite procesar la misma cantidad de dióxido de carbono que 234 árboles naturales.
El titular de Grupo CAE, Cristian Echeverría, contó que este proyecto se desarrolló íntegramente en Argentina, y que estos dispositivos están siendo implementados en ciudades como Ámsterdam, Hong Kong o Alemania para combatir el efecto invernadero por el calentamiento global y la contaminación del aire.
En la Ciudad de Buenos Aires, se instaló un dispositivo con la capacidad de absorber dióxido de carbono para purificar el aire, diseñado y puesto en funcionamiento por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en colaboración con Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF).
Se basa en el  proyecto original serbio, el Liquid 3. Es un módulo de fotobiorreactores con microalgas nutrido del dióxido de carbono (CO2) y del aire para crecer, generando oxígeno y biomasa. Así se purifica el ambiente.
El árbol líquido serbio dispone de una estructura rectangular con un panel solar, luz de noche, un estanque “pecera” en el que hay microalgas, punto de carga USB y un asiento que alberga una capacidad para tres o cuatro personas, similar al de las paradas de autobuses.

Árboles inteligentes: cómo funcionan
“Una bomba inyecta continuamente aire del entorno (con altos niveles de CO2) y hace circular el agua para que las algas, mediante la fotosíntesis, absorban el CO2 y liberen oxígeno, al igual que otros organismos fotosintéticos como los árboles”, explicaron sobre el funcionamiento.
Las ventajas principales tienen que ver con el medio ambiente, que ya usa un concepto alternativo de ecologización sostenible, y sociales, porque produce “mayor conciencia sobre la protección del medio ambiente”.
Los fotobiorreactores urbanos utilizan la capacidad de microalgas para destacar el CO2 y generar oxígeno y biomasa, de modo que los expertos consideran que son “entre 10 y 50 veces más eficientes que un árbol”.
Cada unidad se denomina Y-Algae y fue producida en conjunto con la compañía Y-TEC e Inbiotec-Conicet.
Según los especialistas, cada una “equivale aproximadamente a 20 árboles forestales jóvenes en su capacidad de purificar el aire”.
Los estanques de este producto deben ser vaciados de manera periódica y el agua con microalgas debe ser reemplazada, por lo que la viabilidad de esta metodología en las ciudades depende del correcto mantenimiento.
El tiempo dirá si el árbol líquido efectivamente cumple con las expectativas en cuanto a la contaminación.
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Basura electrónica, un problema global sin solución a la vista

Fecha de Publicación: 02/04/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Según un documento reciente de la ONU, las computadoras, los celulares y las pilas que se descartan no solo perjudican al ambiente y la salud humana, sino que provocan pérdidas que superan los 91 mil millones de dólares anuales.
La obsolescencia programada de los productos constituye uno de los síntomas más concretos del capitalismo exacerbado de esta época. Monitores, radios, televisores, celulares, baterías y juguetes se desechan a cada minuto porque dejan de funcionar, o bien, porque pese a funcionar de manera adecuada son reemplazados por nuevas y sofisticadas promesas. Aunque haya matices --porque, afortunadamente, no todas las personas se comportan igual-- el sistema ha entrenado a la humanidad para crear nuevas necesidades sin freno. De manera reciente, a través del Monitor Mundial de Residuos Electrónicos, Naciones Unidas compartió un informe sobre basura electrónica que arroja datos significativos. El más concreto: la generación de estos desechos se incrementa cinco veces más deprisa que su reciclaje.
En 2022, se produjeron 62 millones de toneladas de estos residuos, cifra que equivale a un 82 por ciento más de lo que sucedía en 2010. Aunque pensarlo de manera abstracta es muy dificultoso, equivale a 1,6 millones de camiones de 40 toneladas, es decir, vehículos suficientes para formar una línea continua alrededor del Ecuador. Además de afectar la salud humana y del ambiente, esta situación genera pérdidas fenomenales: el cobre, el oro, el hierro y otros metales que se emplean en esas 62 millones toneladas tienen un valor estimado de 91 mil millones de dólares. Dinero que también va al tacho, porque las tecnologías solo son utilizadas una vez.
Bajo esta premisa, la caducidad anunciada de los productos emerge como trampa: en muchos casos, es el propio mercado el que pone los límites. No se fabrican repuestos para arreglar lo que se necesita, o bien, si se fabrican es a un precio muy elevado. De esta manera, se desalienta la posibilidad de hallar una solución al problema. De hecho, es muy común la frase del especialista en informática: “Por lo que te sale el arreglo, te conviene comprar una compu nueva”. Lo que nadie cuenta es que es muy difícil que una tecnología se rompa de tal manera que se vuelva completamente inútil. Así, la decisión se vuelve indeclinable, ya que a menos que alguien decida vivir “afuera del sistema”, la única opción es comprar una compu o un celu para, una vez más, estar dentro del mundo. Una cuestión de pertenencia.
Para colmo, esta vez la solución no parece estar al final del túnel. Según el informe, el número de desechos podría incrementarse un 32 por ciento para 2030 si los gobiernos no toman medidas para revertir la situación. Se calcula, en efecto, que menos de la mitad del mundo instrumenta acciones para la gestión del conflicto. Este fenómeno, además de perjudicar al ambiente como cualquier tipo de residuos, tiene sus efectos en la salud humana. Restos de diversa índole como enchufes, pilas y baterías pueden poseer componentes tóxicos (plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, antimonio, etc.) con la capacidad de generar afecciones en el cerebro, y afectar los sistemas nervioso y circulatorio. Así, terminan en basurales, rellenos o son incinerados, cuando deberían seguir procedimientos de tratado bien específicos.
Además del progreso tecnológico, el consumo acelerado por parte de las poblaciones y la obsolescencia programada de los productos, en el documento se mencionan otros aspectos que influyen en el conflicto. Las pocas opciones de reparación, las deficiencias en el diseño y la falta de infraestructura para tratar los residuos electrónicos encabezan la lista de los factores preponderantes.

Cybercirujas, pioneros en Argentina
En este contexto, se destaca la necesidad de una economía circular para la electrónica. En Argentina, existe el proyecto de los cybercirujas, un modelo que cuestiona al capitalismo a partir del reciclado de tecnologías que, de otra manera, terminarían siendo descartadas. Su mentor, el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Nicolás Wolovick, narra los detalles a Página 12. “En algún momento, nos reunimos con mi compañero Sergio Roldán porque ya nos conocíamos de redes sociales. Él tenía algunas historias previas de underground y computadoras viejas, así que empezamos a trabajar”. Y continúa: “En la actualidad, las y los cirujas están fuertes en CABA, Córdoba y Rosario. Estamos tratando de que la gente tome esto como una idea y la lleve a todos los rincones que pueda. Cuanto más local sea, mucho mejor”.
¿De qué se trata la iniciativa? Tiene el objetivo de hacer circular tecnologías que estaban en desuso y que, de no mediar un arreglo, tenían a la basura como destino asegurado. El proyecto, que nació en plena pandemia y es abierto a todo público, tiene filiales en diversos centros urbanos como los que menciona Wolovick; puntos desde donde se organizan encuentros para intercambiar componentes físicos (hardware) e informáticos (softwares). Reuniones realizadas durante el último sábado de cada mes a la que asisten informáticos, programadores, profesores de computación y, también, aquellos que no tienen idea de tecnología.
Así es como invitan, por caso, a que la gente “meta mano” y le pierda el temor a la tecnología. Para recircular computadoras, por ejemplo, recurren a software libre que les permite una mejor compatibilidad con el hardware que, de lo contrario, quedaría obsoleto. Bajo esta premisa, pusieron a funcionar consolas de videojuegos de los 80 sin ningún tipo de problemas, como una Atari 2600 que estaba abandonada hacía años y que en la actualidad funciona como pasatiempo.
“Lo importante tiene que ver con los dispositivos de cómputo. Es lo principal en un país como el nuestro, en el que la gente no tiene acceso porque son demasiado caros. Pienso que la nuestra es una actividad contracultural en la medida en que mostramos que existe otro modelo alternativo al consumismo brutal de la electrónica. Nosotros partimos de la premisa de que una vez fabricado, el daño ya está hecho. Luego, la vida útil de ese dispositivo computacional habrá que estirarla todo lo que se pueda”, comenta el experto.

El reciclaje antisistema
El intelectual británico de raigambre marxista Raymond Williams solía explicar que los elementos “residuales” de una formación cultural determinada podrían poner en riesgo a los elementos dominantes. De esta manera, cuantos más rasgos residuales –es decir, cuantas más prácticas precapitalistas se desarrollan– en la actualidad, mejores chances de cuestionar el statu quo presente. Así, la vuelta del trueque, por ejemplo, en plena crisis de 2001 podría ser un caso gráfico de práctica residual --en tanto medieval-- que se recicló en pleno siglo XXI y, de extenderse lo suficiente, podría haber comenzado a erosionar el capitalismo. Claro que eso nunca sucedió; para ser justos, tampoco es que Williams estuviera proyectando especialmente el caso argentino cuando publicó Marxismo y literatura en 1977.
Más allá de eso, el reciclaje y la recirculación de tecnologías electrónicas que quedaron “viejas”, al igual que el trueque, también podría observarse como un fenómeno contracorriente. Uno que cuestiona las condiciones actuales de producción y consumo. Según el documento de la ONU, si las naciones pudieran revertir la situación actual y mejorar en un 60 por ciento el reciclado hacia fines de la década, los beneficios para la salud humana y ambiental serían notorios. En paralelo, una gestión adecuada de los residuos podría reducir los costos en 38 mil millones de dólares.
En América Latina, un informe difundido a principios de 2022 también por Naciones Unidas, destacaba que solo el 3 por ciento de los desechos electrónicos se recogían “a través de conductos formales y se tratan de manera respetuosa con el medio ambiente”. Como en todo, la desigualdad sigue orientando el éxito o el fracaso de la política internacional. La buena voluntad de los Estados más desfavorecidos encuentra sus límites en la falta de recursos.
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Cambio climático y otras dos razones que explican la epidemia de dengue en Argentina

Fecha de Publicación: 01/04/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El país sufre la quinta epidemia nacional por la infección transmitida por mosquitos. Cuáles fueron los factores que influyeron para que el virus se expanda en 19 de las 24 jurisdicciones, según los expertos
“Sin mosquito no hay dengue” se suele afirmar al hablar de la prevención de la infección desde hace años. Pero hoy habitan muchos mosquitos de la especie Aedes aegypti desde provincias como Jujuy y Salta hasta la zona de la Patagonia Norte, en la Argentina, y está en curso la peor epidemia de dengue en la historia del país, tras registrarse 151.310 casos de dengue y 106 fallecidos, según la última actualización del boletín del Ministerio de Salud de la Nación.
Nunca antes en el país, desde la reemergencia de la infección en 1997, hubo tantos casos confirmados, tantos casos graves reportados (325), ni tantas muertes. En la temporada anterior (2022/2023) solo se habían registrado 65 fallecidos.
La epidemia ha llevado a desbordar la atención en centros de salud y hospitales de grandes ciudades por el aumento de las consultas de personas con síntomas y a dificultar el acceso al uso de los repelentes por falta de stock o debido a su alto precio.
Las autoridades sanitarias hicieron llamados a que se colabore más en la eliminación de criaderos de huevos y larvas de mosquitos que pueden estar en recipientes con agua tanto limpia o sucia dentro o en los alrededores de los edificios en las ciudades.

Qué pasa con la vacuna para el dengue
También surgió el debate sobre la posibilidad de incorporación de la vacuna contra el dengue en el sector público a raíz de que la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) recomendó al Gobierno avanzar en la implementación de una “estrategia focalizada de vacunación”.
Por el momento, la vacuna está disponible en el sector privado. Las provincias Misiones y Salta comenzaron con la aplicación en grupos poblacionales específicos en vacunatorios públicos, tal como informó Infobae el 26 de marzo.
En Brasil -donde ya murieron 897 personas en 2024- se empezó a vacunar en febrero pasado dentro del sistema de salud público a personas de 10 a 14 años, que residen en municipios con tasas de incidencia alta.

Cómo comienza el dengue
Los síntomas del dengue son fiebre alta acompañada de uno o más síntomas como dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular o de las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón, y sangrado de nariz o encías.
Cuando una persona contrae el dengue, significa que fue picada por una hembra del mosquito Aedes aegypti que estaba infectada. Ese insecto a su vez había adquirido el virus al picar a otra persona que estaba infectada en una zona cercana, otra ciudad o país.
Desde 2009 en adelante la Argentina ha sufrido otras 4 epidemias nacionales de dengue. Pero la actual es la peor por su magnitud. De las 24 jurisdicciones que conforman el país, 19 tienen circulación autóctona (es decir, las personas se contagian en sus casas o en la localidad donde viven).
Se registró una incidencia acumulada de 321 casos por cada cien mil habitantes en esta temporada, y el virus amplió también su área de circulación. Por primera vez, se notificaron casos autóctonos de dengue en Olavarría, Azul y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a más de 600 kilómetros al sur de la Capital.

Cuáles son los factores ambientales y sociales del dengue
“La epidemia del dengue es una problemática socio-ambiental”, dijo a Infobae la científica Elizabet Estallo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.
Lo afirmó porque hay factores ambientales que favorecieron que los mosquitos y el virus del dengue impacten más hoy y cuestiones de la sociedad humana que contribuyen al desarrollo de la epidemia. “Estamos criando a los mosquitos”, resaltó.
Desde el Conicet, la doctora Estallo ha realizado estudios desde 2005 que demuestran una asociación entre la cantidad de huevos que ponen las hembras de mosquitos y las condiciones ambientales.
Como consecuencia del cambio climático que se ha producido en el planeta inducido por la emisión de gases de efecto invernadero, se han registrado aumentos en la temperatura mínima promedio en el país. Esos incrementos ayudaron a prolongar los meses en que los mosquitos y el virus del dengue encuentran las condiciones adecuadas para vivir.
Por otra parte, las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti habitan principalmente en las ciudades o áreas suburbanas. “En las ciudades, se generan lugares que resultan adecuados para que los insectos se críen. Por ejemplo, se acumulan residuos y hay basurales a cielo abierto, que pueden incluir criaderos de mosquitos”, comentó la investigadora del Conicet, quien impulsa un proyecto de ciencia ciudadana, con 6 escuelas secundarias de Córdoba.
“En algunos municipios se fumiga cuando es el momento de hacer campaña para eliminar recipientes en desuso con agua o descacharrar. Eso confunde a la gente porque sale a reclamar fumigación cuando se requiere un control integrado de la problemática, que implica una política pública orientada también a la prevención”.
Además, otro factor es que por el fenómeno de El Niño, llovió más que lo normal en algunas zonas del país.
En tanto, el doctor Ricardo Gurtler, investigador del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, comentó a Infobae: “Hubo un derrame desde Brasil, que tiene una alta incidencia de casos de dengue, hacia otros países del Cono Sur y hacia otras regiones de América. Pero también hay que considerar que la Argentina tiene un intercambio muy fuerte con Paraguay y Bolivia. Allí hubo brotes epidémicos este año y eso también impacta en nuestro país”.
Otro factor -indicó Gurtler- es el aumento de la temperatura y el cambio del régimen de las lluvias que puede influir en la problemática del dengue. “Pero también puede haber años con sequías, que también influyen. Porque se almacena agua de manera inadecuada y así se favorece la creación de criaderos gigantescos de mosquitos”, dijo. También el científico apuntó al comportamiento social.
“Una cuestión clave es que, desde la primera epidemia de 2009, los diferentes gobiernos nacionales han descargado su responsabilidad a los individuos o a los hogares. El Estado (tanto a nivel municipal, provincial como nacional) se fue retirando de realizar acciones de promoción y prevención del dengue. También ocurrió en otros estados de América Latina. Ahora, se habla de la vacuna como si fuera la única medida pero debería ser considerada como parte de un control integrado”, afirmó Gurtler.
“Es importante que se establezcan políticas públicas para el manejo del dengue y que se desarrollen todo el año -afirmó Gurtler-. Es un problema muy complejo que se debería trabajar de manera estratégica como lo está haciendo Brasil ahora. Hay que mirar que Uruguay, que es un país limítrofe, tiene un brote mucho menor que el de Argentina”.
Carolina Ocampo Mallou, investigadora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet, y del Grupo de Filosofía de la Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, había comentado a Infobae en un artículo publicado el 11 de febrero que solo “se ha puesto el eje en el criadero de mosquito del domicilio, pero debería haber más trabajo del Estado en los espacios públicos para que se mejoren las condiciones ambientales de los barrios. Se debería salir de la lógica individual”.
El jueves pasado, la OPS informó que si bien el dengue está en aumento en toda América Latina y el Caribe, los países más afectados son Brasil (83%), Paraguay (5,3%) y Argentina (3,7%), que concentran el 92% de los casos y el 87% de las muertes.
También se registró un aumento de casos en países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinica y México, donde la transmisión suele ser más alta en la segunda mitad del año. Durante los últimos 12 meses, la agencia sanitaria emitió 9 alertas epidemiológicas para que los gobiernos adopten a tiempo medidas de prevención y control para dengue.
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Chau producción nuclear: Milei frenó la construcción de dos importantes reactor

Fecha de Publicación: 30/03/2024
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Se trata del CAREM-25 y el RA-10. Exfuncionarios, científicos y especialistas del sector energético salieron a cuestionar la decisión del gobierno de Javier Milei por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico de la Argentina.
La construcción del reactor nuclear CAREM 25, uno de los proyectos insignias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que colocaría a la Argentina en el mercado mundial de este tipo de tecnología, con gran potencial exportador, quedó paralizada tras la cesantía de 100 trabajadores que participaban de la obra, según confirmó el secretario General de UOCRA Seccional Zárate, Julio González.
El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina y, según informa la propia CNEA, tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).
En etapa avanzada de construcción en la localidad bonaerense de Lima, el CAREM-25 fue diseñado originalmente para generar una potencia de 25 megavatios eléctricos (de allí su nombre), pero a raíz de sucesivas mejoras en la ingeniería y por la tecnología que se aplicará en el turbogrupo, el prototipo será capaz de generar una potencia eléctrica superior a los 32 MWe (lo que permitiría abastecer, como ejemplo de equivalencia, a una población de unos 120 mil habitantes).
También se pondría freno por falta de presupuesto a las obras del Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, una instalación que tendrá un impacto estratégico en las áreas de salud, ciencia, tecnología e industria. El Proyecto RA-10 se localiza en el Centro Atómico.
“Paralizar la construcción del CAREM y el RA 10 es de una gravedad enorme. Implica detener el avance tecnológico soberano en una de las áreas donde la Argentina es vanguardia en el mundo y una oportunidad única de exportar conocimiento”, advirtió el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.
También científicos y especialistas del sector energético salieron a cuestiones la decisión del gobierno de Javier Milei por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico del país.
“El CAREM y el RA-10 son hijos de más de 70 años de historia nuclear argentina. La CNEA y sus empresas asociadas han diseñado, construido y operado 19 reactores nucleares y exportado 7 de ellos. El CAREM fue pensado como una estrategia de nuestro país para ingresar en el mercado de reactores de potencia, su desfinanciamiento ocurre cuando más que nunca es necesario estar a la cabeza de este tipo de tecnología a nivel mundial, con la transición energética en pleno auge”, afirmó el ingeniero Eduardo Gigante, especialista en energía y litio.
Además agregó que con el RA-10, cuya construcción está en etapa final, “Argentina podría aumentar su producción de radioisótopos medicinales, comercializar silicio dopado por transmutación neutrónica, producto muy muy demandado mundialmente para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y un sinfín de servicios a la ciencia y tecnología”.
“Este error será caro para la nación”, advirtió el especialista.
También la doctora en bioquímica Andrea Gamarnik, una de las investigadoras más reconocidas de la Argentina, remarcó que el CAREM-25 “es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en Argentina, ya tenía peticiones para exportación”.
Sobre la decisión de paralizar su construcción, advirtió “no es ajuste para disminuir el déficit, es cavar un pozo y meter a la Argentina en el fondo”.
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Basurales a cielo abierto: ya existen más de 5000 en la Argentina

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Solo el 8% de las industrias que generan residuos peligrosos le dan tratamiento con proveedores habilitados. En promedio, ascienden a dos basurales por municipio. Alerta por el elevado nivel de gas metano en el país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que un tercio de los residuos generados en América Latina y el Caribe termina en basurales a cielo abierto o provocando daños ambientales debido a su mala gestión y el paso del tiempo. Se trata de sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental. Al no tratarse en forma adecuada, pone en riesgo la salud de las personas porque se contaminan recursos naturales como el agua, los suelos y el aire.
La expansión de los basurales a cielo abierto en Argentina está intrínsecamente relacionada a un crecimiento en la generación de residuos industriales por parte de las empresas y a un muy bajo nivel de tratamiento de los mismos. Se estima que en Argentina en el último año se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, lo que equivale a unas 1.293.820 toneladas. Estos datos fueron obtenidos por un estudio realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, que determinó, además, que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado.

Poco o nulo tratamiento
Según los datos relevados, en el país existen 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, pero de este porcentaje, solo unas 33.983 firmas, es decir el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado. Así lo alertó el informe a partir de datos del sector que aportan la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
En este sentido, los basurales a cielo abierto implican un problema ambiental y de salud pública cada vez más grave en la Argentina y un desafío que muchas gestiones prometen solucionar pero que, en la mayoría de los casos, termina relegado. Para el 2017, el “Informe del Estado del Ambiente”, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el territorio, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8600 hectáreas. La situación en el país es alarmante y urge la implementación de políticas para poner un freno a la propagación de estos depósitos y erradicar los vigentes.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el relevamiento anterior del Observatorio (mayo 2021 - abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción. El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema.

Cifras en el mundo
Según los últimos datos actualizados por la ONU, cada año, se recolectan en el mundo 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. El proceso de desintegración que sufren al quedar estancados en basurales repercute en la emisión de gases tóxicos. De hecho, los residuos sólidos no tratados generan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los problemas directos que el cambio climático trae en la propagación de enfermedades entre las personas. Por ejemplo, en los últimos meses de 2022 y en los primeros de 2023, este organismo había marcado un aumento significativo en el número de casos registrados de dengue y chikungunya en la Argentina. La problemática lejos de resolverse no hace más que agravarse y 2024 ya registra cifras históricas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se notificaron 102.898 casos, mientras que, para el mismo período en 2023 se habían notificado 8.343 casos.

Alerta de salud pública
La presidenta de Catries, Claudia Kalinec, advirtió sobre las distintas consecuencias que tantas toneladas de basura se acumulen en los basurales: “Del 93% de los residuos que no se tratan la mayoría va a parar a estos sitios ilegales, contaminando el ambiente. Este es un tema que nos afecta a todos por igual, ya que redunda en una menor calidad de vida, ya sea por el impacto directo de la contaminación, por ejemplo, con la contaminación del agua, o por el humo que genera la quema ilegal de residuos en la vía pública que impacta directamente al ambiente y la salud, pero tiene consecuencias en la seguridad vial entre otras cosas. La agenda ambiental, fundamentalmente el capítulo de residuos es transversal a todas las áreas”.
Consultado por este mismo tema, Gustavo Solari, al frente de Caitpa, enfatizó sobre el hecho de que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas habitadas por familias de bajos recursos, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. “La gente que vive en estos lugares, muchas veces, extrae el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente”, expresó Solari.
 Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mundo, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones.
“No solo se contamina el aire por un proceso lento de descomposición de estos residuos acumulados, sino que hay ciudades donde los basurales están al costado de rutas o autopistas. Es ilegal pero igual sucede y ha pasado que se quemen residuos de un basural y todo ese humo que se genera afecte directamente la visibilidad de los conductores que manejan por esos trayectos, una práctica sumamente peligrosa”, advirtió Kalinec.

Los residuos industriales
En la actualidad, la ley 25.916 establece que la responsabilidad por la gestión y la disposición de los residuos domiciliarios está a cargo de los gobiernos municipales. La herramienta de control que existe para asegurarse de que cumplen con la normativa es a través de certificados que se le otorga a cada municipio por disponer los residuos de particulares en una planta habilitada.
Con las empresas sucede lo mismo que con los municipios. Deben disponer sus residuos industriales en una planta habilitada y, así, reciben un certificado de disposición final. Sin embargo, al igual que con los domiciliarios, no abundan las políticas integrales que aborden el problema desde una perspectiva provincial y también nacional, frente a los más de 18 millones de toneladas de residuos industriales anuales que produce la Argentina.
La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina, según destacaron los referentes de Catries y Caitpa. “Nuestras entidades no relevan estos datos, sabemos qué municipios y cuáles empresas llevan sus residuos a las plantas que están asociadas a nuestras cámaras. Pero es el ministerio de Ambiente u organismo ambiental de cada provincia el que debe fiscalizar y controlar la gestión de los residuos”, aseguran.

Algunas mejoras
Desde hace algunos años, a nivel nacional se vienen realizando avances en la problemática de los basurales a cielo abierto. Según destacó el Centro de Formación Ambiental de Argentina, entre los años 2019 a 2023 se inauguraron centros ambientales en las ciudades de Formosa, Moreno, Concordia, Villa María, Quilmes y Luján (este último está judicializado y se paralizaron las obras). Son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reconvertir basurales en centros de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) que permitan el reciclado, la correcta disposición de los desechos y promuevan la economía circular.
A mediados del año pasado, el ex viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky había anunciado una nueva línea de crédito del BID por hasta US$350 millones para la creación de más centros ambientales. Las obras iban a iniciar en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, con el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de un centro ambiental en la primera ciudad y una planta de separación y transferencia de residuos para la segunda, con obras que ya estaban adjudicadas.
En el mes de febrero, a través de un comunicado oficial, la nueva gestión a cargo de la Subsecretaría de Ambiente dio a conocer una inspección para dicho proyecto. Las autoridades ambientales informaron que la obra para la clausura del basural a cielo abierto de unas 29 hectáreas en la capital santiagueña cuenta “con un cierto grado de avance” y que se realizan tareas de saneamiento en el espacio. A su vez, equipos técnicos de Ambiente supervisan el estado de avance del centro de gestión ambiental en Villa Nueva, Villa María, que está pronto a finalizar, con un 80% de su obra completa.
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