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Denuncian fuertes recortes en el presupuesto de Ambiente
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Eco Sitio |
Con el mundo en alerta por el medio ambiente, denuncian fuertes recortes de presupuesto en la Argentina
Fecha de Publicación: 24/09/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa enviada al Congreso muestra una merma de casi el 40% en los fondos destinados para 2020 a la Secretaría de Ambiente. La explicación del Gobierno.
Cientos de miles de jóvenes participaron este viernes de movilizaciones en distintas partes del mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático. Las mismas tuvieron lugar antes del comienzo de la primera Cumbre de la Juventud sobre Acción Climática en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
En este contexto, el gobierno argentino fijó en el proyecto de Presupuesto 2020 un recorte de casi 40% a las partidas destinadas a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La situación desató muchos reclamos de las organizaciones ambientales. Fuentes de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Sustentabilidad explicaron a TN.com.ar que se trató de una división de asignaciones con el Ministerio del Interior lo que ocasionó la merma en los fondos para su cartera.
Se trata de un tema que despierta cada vez más preocupación en el mundo entero y que se puso en el tapete por la fuerte presión de nuevos dirigentes internacionales en la Cumbre de la Juventud sobre Acción Climática en la ONU que lideró la activista Greta Thunberg y de la que participó el argentino Burno Rodríguez.
El propio presidente Mauricio Macri se manifestó al respecto esta semana en la Quinta de Olivos, donde recibió a jóvenes activistas por el medio ambiente. "Cuando hablamos de que la política tiene que estar siempre pensando a partir de cómo cuidar a la gente, hoy hay un tema que nos preocupa y ocupa a todos, transversal y globalmente, que es el cambio climático y todo lo que está sucediendo a partir de eso", dijo.
Sin embargo, la iniciativa enviada al Congreso con las partidas presupuestarias 2020 muestran un marcado descenso en los fondos destinados a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, actualmente a cargo de Sergio Bergman.
De esta forma, los 7.026.182.545 de pesos con los que contó la mencionada cartera en 2019 -el mayor monto destinado al sector en los cuatro años del gobierno de Macri- sufrirían una merma del 37,20% el año que viene, por lo que Ambiente pasaría a disponer de 4.412.511.055 pesos, consigó NA.
En los restantes años de gestión, el jefe de Estado otorgó a Ambiente 5.179.825.174 pesos en 2018 y 5.142.575.944 en 2017. En tanto, en 2016 dispuso de 3.325.952.376.
Ante esta situación, organizaciones ambientales enviaron días atrás una carta a todos los candidatos presidenciales para subrayar que "la protección de la biodiversidad argentina necesita atención en las plataformas electorales" y reclamar que la cuestión se incluya en la agenda política.
"No hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada. Decenas de especies nativas argentinas se encuentran en peligro de extinción. Las agendas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no reflejan el reclamo de los argentinos que apoyan la conservación de nuestro patrimonio silvestre", manifestaron.
Por último, denunciaron que algunas plataformas de los espacios que competirán en las elecciones generales del 27 de octubre no incluyen contenido en temas ambientales, y que en ellas "domina un enfoque limitado casi exclusivamente a necesidades humanas".
La explicación del Gobierno
TN.com.ar se comunicó con fuentes de la secretaría de Ambiente, que informaron que el presupuesto del 2020 se diferencia del de los años anteriores porque no incluye el dinero destinado a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que pasó a la órbita del Ministerio del Interior.
Por otra parte, también se desagregó de la partida a Parques Nacionales, un organismo descentralizado que, a pesar de depender de la cartera, pasó a tener un presupuesto aparte.
De esta forma, y a diferencia de lo que sugiere a primera vista la disminución en la cifra destinada a Ambiente en el Presupuesto 2020, indicaron que el dinero que recibirá la secretaría será incluso superior al de los años anteriores.
Según la fuente consultada, mientras que en 2019 el presupuesto de la secretaría sumado al de Parques Nacionales fue de 3.342.328.424 de pesos, el año próximo éste será de 4.400.000.000, lo que representa un incremento del 32%.
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Fecha de Publicación: 24/09/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa enviada al Congreso muestra una merma de casi el 40% en los fondos destinados para 2020 a la Secretaría de Ambiente. La explicación del Gobierno.
Cientos de miles de jóvenes participaron este viernes de movilizaciones en distintas partes del mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático. Las mismas tuvieron lugar antes del comienzo de la primera Cumbre de la Juventud sobre Acción Climática en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
En este contexto, el gobierno argentino fijó en el proyecto de Presupuesto 2020 un recorte de casi 40% a las partidas destinadas a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La situación desató muchos reclamos de las organizaciones ambientales. Fuentes de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Sustentabilidad explicaron a TN.com.ar que se trató de una división de asignaciones con el Ministerio del Interior lo que ocasionó la merma en los fondos para su cartera.
Se trata de un tema que despierta cada vez más preocupación en el mundo entero y que se puso en el tapete por la fuerte presión de nuevos dirigentes internacionales en la Cumbre de la Juventud sobre Acción Climática en la ONU que lideró la activista Greta Thunberg y de la que participó el argentino Burno Rodríguez.
El propio presidente Mauricio Macri se manifestó al respecto esta semana en la Quinta de Olivos, donde recibió a jóvenes activistas por el medio ambiente. "Cuando hablamos de que la política tiene que estar siempre pensando a partir de cómo cuidar a la gente, hoy hay un tema que nos preocupa y ocupa a todos, transversal y globalmente, que es el cambio climático y todo lo que está sucediendo a partir de eso", dijo.
Sin embargo, la iniciativa enviada al Congreso con las partidas presupuestarias 2020 muestran un marcado descenso en los fondos destinados a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, actualmente a cargo de Sergio Bergman.
De esta forma, los 7.026.182.545 de pesos con los que contó la mencionada cartera en 2019 -el mayor monto destinado al sector en los cuatro años del gobierno de Macri- sufrirían una merma del 37,20% el año que viene, por lo que Ambiente pasaría a disponer de 4.412.511.055 pesos, consigó NA.
En los restantes años de gestión, el jefe de Estado otorgó a Ambiente 5.179.825.174 pesos en 2018 y 5.142.575.944 en 2017. En tanto, en 2016 dispuso de 3.325.952.376.
Ante esta situación, organizaciones ambientales enviaron días atrás una carta a todos los candidatos presidenciales para subrayar que "la protección de la biodiversidad argentina necesita atención en las plataformas electorales" y reclamar que la cuestión se incluya en la agenda política.
"No hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada. Decenas de especies nativas argentinas se encuentran en peligro de extinción. Las agendas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no reflejan el reclamo de los argentinos que apoyan la conservación de nuestro patrimonio silvestre", manifestaron.
Por último, denunciaron que algunas plataformas de los espacios que competirán en las elecciones generales del 27 de octubre no incluyen contenido en temas ambientales, y que en ellas "domina un enfoque limitado casi exclusivamente a necesidades humanas".
La explicación del Gobierno
TN.com.ar se comunicó con fuentes de la secretaría de Ambiente, que informaron que el presupuesto del 2020 se diferencia del de los años anteriores porque no incluye el dinero destinado a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que pasó a la órbita del Ministerio del Interior.
Por otra parte, también se desagregó de la partida a Parques Nacionales, un organismo descentralizado que, a pesar de depender de la cartera, pasó a tener un presupuesto aparte.
De esta forma, y a diferencia de lo que sugiere a primera vista la disminución en la cifra destinada a Ambiente en el Presupuesto 2020, indicaron que el dinero que recibirá la secretaría será incluso superior al de los años anteriores.
Según la fuente consultada, mientras que en 2019 el presupuesto de la secretaría sumado al de Parques Nacionales fue de 3.342.328.424 de pesos, el año próximo éste será de 4.400.000.000, lo que representa un incremento del 32%.
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La Bolsa de Valores ahora también es "verde"
La Bolsa de Valores lanzará bonos sustentables para la mejora ambiental y social
Fecha de Publicación: 24/09/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Con un leve atraso con respecto a la región, finalmente la Bolsa de Valores de Argentina lanza el primer panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables. Estará integrado por Valores Negociables que apunten a contribuir con la mejora del medio ambiente y/o con problemáticas sociales.
Los emisores de este tipo de bonos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de listad o y, adicionalmente, con aquellos exigidos en el Reglamento de Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.
Los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de proyectos verdes elegibles como energías renovables, conservación de la biodiversidad, entre otros, o categorías sociales elegibles como infraestructura básica asequible (agua potable, alcantarillado, saneamiento), acceso a servicios esenciales (salud, asistencia sanitaria, financiación y servicios financieros) y generación de empleo. Los bonos sustentables son una combinación de ambos.
Los emisores deberán contar con una “revisión externa”, a fin de proporcionar credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los impactos ambientales y/o sociales de los proyectos. Además, será necesario que los emisores desarrollen informes con cierta periodicidad relacionados con el uso de los fondos y/o con el grado de cumplimiento de los beneficios planteados.
Al respecto, el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Ernesto Allaria, explicó: “Este panel está en línea con iniciativas de las bolsas de valores más desarrolladas del mundo, los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y estándares internacionales. Su fin es promover las finanzas verdes y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cómo se negocian
La negociación de este instrumento se realizará en los sistemas de negociación existentes para los respectivos valores negociables. En la web de BYMA estará disponible toda la información relacionada a la emisión del bono, los reportes y el seguimiento.
Finalmente, Allaria, agregó: “En diciembre pasado lanzamos nuestro panel de Gobierno Corporativo y un Índice de Sustentabilidad enfocado en acciones, ahora creamos el primer producto sostenible para renta fija, lo cual nos permite ampliar el alcance de este compromiso en forma exponencial”.
La Social Bond Principles (SBP) entiende por Bonos Sociales cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.
Dichos proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
Por su parte, la Green Bond Principles (GBP) define los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.
La Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
Consultados sobre cómo se eligen las métricas para informar sobre el impacto ambiental o la eficiencia de los proyectos y quién está a cargo de esta elección, voceros de la BYMA aclararon que para ayudar a las métricas armonizadas entre los emisores de Green Bond, el Grupo de trabajo de informes de impacto de los Principios de Green Bond ofreció sugerencias sobre las mejores prácticas en las métricas de informes de impacto para ciertas categorías elegibles del Proyecto Green Bond.
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Fecha de Publicación: 24/09/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Con un leve atraso con respecto a la región, finalmente la Bolsa de Valores de Argentina lanza el primer panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables. Estará integrado por Valores Negociables que apunten a contribuir con la mejora del medio ambiente y/o con problemáticas sociales.
Los emisores de este tipo de bonos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de listad o y, adicionalmente, con aquellos exigidos en el Reglamento de Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.
Los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de proyectos verdes elegibles como energías renovables, conservación de la biodiversidad, entre otros, o categorías sociales elegibles como infraestructura básica asequible (agua potable, alcantarillado, saneamiento), acceso a servicios esenciales (salud, asistencia sanitaria, financiación y servicios financieros) y generación de empleo. Los bonos sustentables son una combinación de ambos.
Los emisores deberán contar con una “revisión externa”, a fin de proporcionar credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los impactos ambientales y/o sociales de los proyectos. Además, será necesario que los emisores desarrollen informes con cierta periodicidad relacionados con el uso de los fondos y/o con el grado de cumplimiento de los beneficios planteados.
Al respecto, el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Ernesto Allaria, explicó: “Este panel está en línea con iniciativas de las bolsas de valores más desarrolladas del mundo, los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y estándares internacionales. Su fin es promover las finanzas verdes y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cómo se negocian
La negociación de este instrumento se realizará en los sistemas de negociación existentes para los respectivos valores negociables. En la web de BYMA estará disponible toda la información relacionada a la emisión del bono, los reportes y el seguimiento.
Finalmente, Allaria, agregó: “En diciembre pasado lanzamos nuestro panel de Gobierno Corporativo y un Índice de Sustentabilidad enfocado en acciones, ahora creamos el primer producto sostenible para renta fija, lo cual nos permite ampliar el alcance de este compromiso en forma exponencial”.
La Social Bond Principles (SBP) entiende por Bonos Sociales cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.
Dichos proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
Por su parte, la Green Bond Principles (GBP) define los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.
La Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
Consultados sobre cómo se eligen las métricas para informar sobre el impacto ambiental o la eficiencia de los proyectos y quién está a cargo de esta elección, voceros de la BYMA aclararon que para ayudar a las métricas armonizadas entre los emisores de Green Bond, el Grupo de trabajo de informes de impacto de los Principios de Green Bond ofreció sugerencias sobre las mejores prácticas en las métricas de informes de impacto para ciertas categorías elegibles del Proyecto Green Bond.
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Solicitan en la agenda política la inclusión del ambiente
Organizaciones ambientales reclaman incluir la "protección de la biodiversidad" en la agenda política
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional
Los incendios en el Amanzonas atrajeron la atención de los gobiernos y marcaron un llamado de atención para el delineamiento de políticas relacionadas al medio ambiente
Mientras los representantes de los candidatos presidenciales discuten los temas y el formato de los debates previos a las elecciones, organizaciones ambientales subrayaron que "la protección de la biodiversidad argentina necesita atención en las plataformas electorales" y reclaman que la cuestión se incluya en la agenda política.
Las entidades remarcaron que "no hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada. Decenas de especies nativas argentinas se encuentran en peligro de extinción".
Además, agregaron que "las agendas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no reflejan el reclamo de los argentinos que apoyan la conservación de nuestro patrimonio silvestre. Algunas plataformas ni siquiera incluyen contenido en temas ambientales, o el que domina en ellas es un enfoque limitado casi exclusivamente a necesidades humanas".
Desde las organizaciones decidieron enviar una carta a los seis postulantes presidenciales, en la misma solicitaron ser "convocadas" para "aportar su conocimiento y disposición para promover diálogos, facilitar procesos participativos y generar e integrar equipos de trabajo que generen contenidos e identifiquen soluciones a problemas" como el impacto de actividades extractivas perjudiciales y el sistema actual de agricultura industrial, la destrucción del bosque nativo, la introducción de especies foráneas y el uso de plásticos.
Asimismo, advirtieron sobre los desperdicios de la siembra y la pesca y el tráfico ilegal de especies. En consecuencia, las organizaciones firmantes de la misiva afirmaron que "podemos ayudar a salvaguardar la fauna y flora nativas".
Y concluyeron: "El bienestar, la estabilidad y equidad sociales dependen de que los estándares de la conservación de la naturaleza guíen a la economía. La sociedad diferencia la expresión de voluntad política de las acciones concretas que mitiguen la pérdida de biodiversidad. La amenaza sobre las especies continuará con la falta de una concepción integral que acuerde políticas y estrategias. Es prioritario asumir responsabilidad generacional sobre el cuidado del patrimonio natural".
Las organizaciones que impulsan la iniciativa son Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cambio Democrático, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Global Penguin Society, Instituto de Conservación de Ballenas y Wildlife Conservation Society Argentina.
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional
Los incendios en el Amanzonas atrajeron la atención de los gobiernos y marcaron un llamado de atención para el delineamiento de políticas relacionadas al medio ambiente
Mientras los representantes de los candidatos presidenciales discuten los temas y el formato de los debates previos a las elecciones, organizaciones ambientales subrayaron que "la protección de la biodiversidad argentina necesita atención en las plataformas electorales" y reclaman que la cuestión se incluya en la agenda política.
Las entidades remarcaron que "no hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada. Decenas de especies nativas argentinas se encuentran en peligro de extinción".
Además, agregaron que "las agendas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no reflejan el reclamo de los argentinos que apoyan la conservación de nuestro patrimonio silvestre. Algunas plataformas ni siquiera incluyen contenido en temas ambientales, o el que domina en ellas es un enfoque limitado casi exclusivamente a necesidades humanas".
Desde las organizaciones decidieron enviar una carta a los seis postulantes presidenciales, en la misma solicitaron ser "convocadas" para "aportar su conocimiento y disposición para promover diálogos, facilitar procesos participativos y generar e integrar equipos de trabajo que generen contenidos e identifiquen soluciones a problemas" como el impacto de actividades extractivas perjudiciales y el sistema actual de agricultura industrial, la destrucción del bosque nativo, la introducción de especies foráneas y el uso de plásticos.
Asimismo, advirtieron sobre los desperdicios de la siembra y la pesca y el tráfico ilegal de especies. En consecuencia, las organizaciones firmantes de la misiva afirmaron que "podemos ayudar a salvaguardar la fauna y flora nativas".
Y concluyeron: "El bienestar, la estabilidad y equidad sociales dependen de que los estándares de la conservación de la naturaleza guíen a la economía. La sociedad diferencia la expresión de voluntad política de las acciones concretas que mitiguen la pérdida de biodiversidad. La amenaza sobre las especies continuará con la falta de una concepción integral que acuerde políticas y estrategias. Es prioritario asumir responsabilidad generacional sobre el cuidado del patrimonio natural".
Las organizaciones que impulsan la iniciativa son Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cambio Democrático, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Global Penguin Society, Instituto de Conservación de Ballenas y Wildlife Conservation Society Argentina.
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Industria del etanol con un 20% de capacidad ociosa
Estiman que hay un 20% de capacidad ociosa en la industria argentina del etanol
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
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Buscan disminuir la captura incidental en las pesca
Actores clave del sector pesquero buscan disminuir la captura incidental en las pesquerías de Argentina
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con vistas a profundizar la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Sergio Bergman, organizó las “Jornadas sobre selectividad y reducción de bycatch”, donde reunió a los actores clave del sector pesquero, entre ellos, empresarios, gremios, decisores gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Los encuentros, que desarrollan hoy y mañana en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, buscan lograr la implementación efectiva de acciones y medidas para la reducción de la captura incidental.
En la apertura de la primera jornada, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación destacó la participación de todos los sectores de la pesca “para trazar una agenda activa y transversal para seguir generando confianza y abordar la cuestión ambiental, económica y social de forma integral y mediante el consenso para avanzar hacia una sociedad más sostenible”.
Asimismo, el funcionario de la Secretaría de Ambiente indicó que desde el organismo nacional, y en conjunto con el INIDEP, “se lanzó una campaña en la que participarán capitanes de pesca con el fin de ajustar mecanismos de selectividad de langostino”.
De la apertura también participaron Marcelo Lobbosco, interventor del INIDEP, Francisco Yofre, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina y Gabriela Navarro, directora de Planificación y Gestión de Pesquerías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las jornadas se desarrollaron en el marco del Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: Enfoque Ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e implementado por la FAO. “Este proyecto busca ampliar la mirada sobre la actividad pesquera mediante la promoción del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), contemplando no solo el recurso pesquero sino también los aspectos sociales y ambientales de la actividad. En este sentido, atender a la reducción de la pesca incidental, mediante la sensibilización, el compartir ejemplos exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite mejorar el conocimiento del tratamiento de la temática y fortalecer el enfoque participativo que se busca con esta iniciativa” afirmó Francisco Yofre.
Por su arte, el interventor de INIDEP resaltó la necesidad de reforzar el trabajo de los observadores a bordo de los buques: “Sin ellos no podríamos conocer datos de descarte, lo que resulta esencial para maximizar las ganancias del sector pesquero y preservar los recursos”.
Los objetivos del encuentro fueron informar y sensibilizar sobre el bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tienen en el sector pesquero; promover la implementación de líneas de acción tendientes a la disminución de la captura incidental por aplicación de sistemas de selectividad en las pesquerías de Argentina y generar un espacio de diálogo y debate en relación a ambas estas temáticas.
El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Federal Pesquero, autoridades de aplicación pesquera nacional y de las provincias con litoral marítimo, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el INIDEP, cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, organizaciones de la sociedad civil y referentes científicos.
Sobre bycatch y pesca incidental. Lograr la reducción del impacto en las especies capturadas incidentalmente, una mayor selectividad y el diseño de artes de pesca que minimicen daños son los principales y primeros esfuerzos de muchos países del Enfoque de Ecosistemas de la Pesca.
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Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con vistas a profundizar la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Sergio Bergman, organizó las “Jornadas sobre selectividad y reducción de bycatch”, donde reunió a los actores clave del sector pesquero, entre ellos, empresarios, gremios, decisores gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Los encuentros, que desarrollan hoy y mañana en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, buscan lograr la implementación efectiva de acciones y medidas para la reducción de la captura incidental.
En la apertura de la primera jornada, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación destacó la participación de todos los sectores de la pesca “para trazar una agenda activa y transversal para seguir generando confianza y abordar la cuestión ambiental, económica y social de forma integral y mediante el consenso para avanzar hacia una sociedad más sostenible”.
Asimismo, el funcionario de la Secretaría de Ambiente indicó que desde el organismo nacional, y en conjunto con el INIDEP, “se lanzó una campaña en la que participarán capitanes de pesca con el fin de ajustar mecanismos de selectividad de langostino”.
De la apertura también participaron Marcelo Lobbosco, interventor del INIDEP, Francisco Yofre, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina y Gabriela Navarro, directora de Planificación y Gestión de Pesquerías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las jornadas se desarrollaron en el marco del Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: Enfoque Ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e implementado por la FAO. “Este proyecto busca ampliar la mirada sobre la actividad pesquera mediante la promoción del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), contemplando no solo el recurso pesquero sino también los aspectos sociales y ambientales de la actividad. En este sentido, atender a la reducción de la pesca incidental, mediante la sensibilización, el compartir ejemplos exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite mejorar el conocimiento del tratamiento de la temática y fortalecer el enfoque participativo que se busca con esta iniciativa” afirmó Francisco Yofre.
Por su arte, el interventor de INIDEP resaltó la necesidad de reforzar el trabajo de los observadores a bordo de los buques: “Sin ellos no podríamos conocer datos de descarte, lo que resulta esencial para maximizar las ganancias del sector pesquero y preservar los recursos”.
Los objetivos del encuentro fueron informar y sensibilizar sobre el bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tienen en el sector pesquero; promover la implementación de líneas de acción tendientes a la disminución de la captura incidental por aplicación de sistemas de selectividad en las pesquerías de Argentina y generar un espacio de diálogo y debate en relación a ambas estas temáticas.
El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Federal Pesquero, autoridades de aplicación pesquera nacional y de las provincias con litoral marítimo, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el INIDEP, cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, organizaciones de la sociedad civil y referentes científicos.
Sobre bycatch y pesca incidental. Lograr la reducción del impacto en las especies capturadas incidentalmente, una mayor selectividad y el diseño de artes de pesca que minimicen daños son los principales y primeros esfuerzos de muchos países del Enfoque de Ecosistemas de la Pesca.
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Hasta el Cofema en contra de importar basura
El Consejo Federal de Medio Ambiente rechazó el decreto de importación de basura
Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Cofema se suma a los pedidos en el Congreso para anular el decreto de Macri.
A la hora de importar productos desde el exterior el presidente Mauricio Macri no le hace asco a nada, ni siquiera a la basura, ni siquiera a aquello que puede dañar la salud de los argentinos. El decreto 591/19 que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país que firmó a fines del mes pasado continúa generando rechazos, esta vez fue el propio Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, el que emitió una resolución en rechazo de esa norma.
A los representantes del organismo no les faltan argumentos, ya que ni siquiera se los convocó para evaluar la nueva normativa. En sus palabras: “No se ha cumplido en el ámbito del Cofema una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos”.
El lunes a la tarde los secretarios de ambiente se reunieron y emitieron su resolución que apunta primero a la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, pero en los considerandos se extienden a que se requiere un estudio previo de la situación general del tema residuos para analizar “los riesgos sanitarios y ambientales de cada tipo de sustancia”, y también las “necesidades socioambientales” y “la efectiva capacidad de control de las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados”.
Tres puntos fundamentales, ya que Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5000 basurales a cielo abierto en el país, según cifras oficiales. El documento alerta sobre lo peligroso de abrir las puertas a la importación de basura, ya que no hay forma de controlar qué entra. Por otro lado, cualquier política pública que quiera encarar la gestión de residuos se chocará con la presión de los países (Estados Unidos, principalmente) y las multinacionales que ganan dinero con el transporte. Además estas empresas competirían con las cooperativas y Pymes que trabajan en el reciclado, sector que ocupa a unas 15 mil personas aproximadamente.
También a este sector hace referencia el Cofema al señalar los “impactos económicos y sociales”. La resolución del Cofema se suma a los dos pedidos de nulidad presentados en el Congreso y al recurso revocatorio de la Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores.
Como era de prever, solo las provincias gobernadas por la coalición oficialista, como Buenos Aires y Corrientes, votaron en oposición a dicha resolución, el representante de Jujuy incluso expresó “su enérgico rechazo” a la misma.
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Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Cofema se suma a los pedidos en el Congreso para anular el decreto de Macri.
A la hora de importar productos desde el exterior el presidente Mauricio Macri no le hace asco a nada, ni siquiera a la basura, ni siquiera a aquello que puede dañar la salud de los argentinos. El decreto 591/19 que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país que firmó a fines del mes pasado continúa generando rechazos, esta vez fue el propio Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, el que emitió una resolución en rechazo de esa norma.
A los representantes del organismo no les faltan argumentos, ya que ni siquiera se los convocó para evaluar la nueva normativa. En sus palabras: “No se ha cumplido en el ámbito del Cofema una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos”.
El lunes a la tarde los secretarios de ambiente se reunieron y emitieron su resolución que apunta primero a la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, pero en los considerandos se extienden a que se requiere un estudio previo de la situación general del tema residuos para analizar “los riesgos sanitarios y ambientales de cada tipo de sustancia”, y también las “necesidades socioambientales” y “la efectiva capacidad de control de las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados”.
Tres puntos fundamentales, ya que Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5000 basurales a cielo abierto en el país, según cifras oficiales. El documento alerta sobre lo peligroso de abrir las puertas a la importación de basura, ya que no hay forma de controlar qué entra. Por otro lado, cualquier política pública que quiera encarar la gestión de residuos se chocará con la presión de los países (Estados Unidos, principalmente) y las multinacionales que ganan dinero con el transporte. Además estas empresas competirían con las cooperativas y Pymes que trabajan en el reciclado, sector que ocupa a unas 15 mil personas aproximadamente.
También a este sector hace referencia el Cofema al señalar los “impactos económicos y sociales”. La resolución del Cofema se suma a los dos pedidos de nulidad presentados en el Congreso y al recurso revocatorio de la Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores.
Como era de prever, solo las provincias gobernadas por la coalición oficialista, como Buenos Aires y Corrientes, votaron en oposición a dicha resolución, el representante de Jujuy incluso expresó “su enérgico rechazo” a la misma.
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Acuífero Guaraní en peligro por desmontes en reserva
El desmonte de una reserva pone en riesgo de contaminación al Acuífero Guaraní
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
Un estudio, encargado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), registró la desaparición de 800.000 ejemplares de árboles autóctonos de una reserva natural de Paraguay, en los últimos cinco años. Esto tiene lugar en varios sectores dentro de la reserva natural privada Morombí y afecta a 3.000 hectáreas, según explica Óscar Rodas, gerente de Cambio Climático de WWF Paraguay, en una nota publicada en el sitio web del diario Ultima Hora del vecino país.
Una serie de funestos efectos –menciona Rodas– acarrearía esta indiscriminada tala ilegal que se viene denunciando desde 2014. La vista satelital avizora un panorama dantesco: desde la desaparición de toda la biodiversidad, flora y fauna de la zona (hogar del yaguareté, Panthera onca, especie en peligro de extinción) hasta la contaminación de humedales tributarios de una de las más grandes reservas mundiales de agua dulce.
Ocurre que dentro de esta reserva existen dos lugares de recarga del Acuífero Guaraní, la segunda reserva del agua dulce más importante del mundo. El experto explica que los sitios de recarga son el “filtro natural”, donde penetran las aguas al subsuelo y recarga al acuífero que Paraguay comparte con Brasil, Argentina y Uruguay. “El acuífero es como una gran bolsa de agua que si se elimina el bosque que protege las zonas de recarga, puede contaminar el acuífero y eso ya es irreversible”, advierte.
De las 33.000 hectáreas que tiene Morombí, 25.000 hectáreas “son puro bosque, lo más diverso que se tiene en esta parte del continente, incluso más que el Amazonas en cuanto a árboles nativos, señala Rodas. El resto son humedales que sirven de afluente al depósito subterráneo de agua.
Daño irreparabla
El estudio señalado al inicio, elaborado por la ingeniera forestal Victoria Soerensen, da cuenta de que al menos 400 árboles por día se han perdido en Morombí. “Es un daño grave a un patrimonio natural genético. Queda todavía un sector oeste de la reserva bastante íntegro; pero al ritmo que va eso podría quedar totalmente afectado en menos de dos años”, alerta Rodas.
Tanto al noreste como al sureste de la reserva son los puntos más afectados ante la ocupación y actividades ilícitas (carboneras y plantaciones de marihuana). “Este proceso de depredación provocará que la reserva pierda su equilibrio natural e ingresará en un proceso de degradación de bosque que puede ser definitivo; no va a poder recuperarse porque los árboles de mayor tamaño van a ser talados”, dice y pasa a enumerar las consecuencias que se avizoran si no se detiene la tala.
“Produciría un desequilibrio en el clima, una pérdida en la calidad de los recursos hídricos, colmatación de manantiales, la contaminación de acuíferos, pérdida de vida silvestre (yaguareté, yvyra campana), de recursos genéticos para desarrollar emprendimientos agroforestales sostenibles con la comunidad”, enumera.
WWF hizo un estudio que arrojó que el Bosque Atlántico es una de las 200 ecorregiones más importantes a nivel del planeta en cuanto a diversidad biológica. “Eso da para dimensionar lo que estamos perdiendo desde el punto de vista ambiental y cultural”, sostiene.
Evitar la catástrofe
El camino para evitar la catástrofe –plantea– es el “diálogo” entre las autoridades del Gobierno y los pobladores de la zona de amortiguamiento de la reserva. “Finalmente, las poblaciones rurales, las familias campesinas, si llegan a un diálogo con los administradores de Morombí, el Gobierno establece un diálogo, ese potencial ambiental (agua, clima, yerba mate, hierbas medicinales del bosque, ka’a he’ê) puede ser aprovechado de una manera racional”, postula sobre lo que llama “productos no maderables” del bosque; así también se pueden usar los recursos con fines turísticos e investigación científica.
Recuerda que los municipios tienen el mandato de promover un plan de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida a largo plazo de sus poblaciones. “Hay que cambiar el paradigma de tumbar bosques para satisfacer necesidades muy a corto plazo y dejar de lado la planificación”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
Un estudio, encargado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), registró la desaparición de 800.000 ejemplares de árboles autóctonos de una reserva natural de Paraguay, en los últimos cinco años. Esto tiene lugar en varios sectores dentro de la reserva natural privada Morombí y afecta a 3.000 hectáreas, según explica Óscar Rodas, gerente de Cambio Climático de WWF Paraguay, en una nota publicada en el sitio web del diario Ultima Hora del vecino país.
Una serie de funestos efectos –menciona Rodas– acarrearía esta indiscriminada tala ilegal que se viene denunciando desde 2014. La vista satelital avizora un panorama dantesco: desde la desaparición de toda la biodiversidad, flora y fauna de la zona (hogar del yaguareté, Panthera onca, especie en peligro de extinción) hasta la contaminación de humedales tributarios de una de las más grandes reservas mundiales de agua dulce.
Ocurre que dentro de esta reserva existen dos lugares de recarga del Acuífero Guaraní, la segunda reserva del agua dulce más importante del mundo. El experto explica que los sitios de recarga son el “filtro natural”, donde penetran las aguas al subsuelo y recarga al acuífero que Paraguay comparte con Brasil, Argentina y Uruguay. “El acuífero es como una gran bolsa de agua que si se elimina el bosque que protege las zonas de recarga, puede contaminar el acuífero y eso ya es irreversible”, advierte.
De las 33.000 hectáreas que tiene Morombí, 25.000 hectáreas “son puro bosque, lo más diverso que se tiene en esta parte del continente, incluso más que el Amazonas en cuanto a árboles nativos, señala Rodas. El resto son humedales que sirven de afluente al depósito subterráneo de agua.
Daño irreparabla
El estudio señalado al inicio, elaborado por la ingeniera forestal Victoria Soerensen, da cuenta de que al menos 400 árboles por día se han perdido en Morombí. “Es un daño grave a un patrimonio natural genético. Queda todavía un sector oeste de la reserva bastante íntegro; pero al ritmo que va eso podría quedar totalmente afectado en menos de dos años”, alerta Rodas.
Tanto al noreste como al sureste de la reserva son los puntos más afectados ante la ocupación y actividades ilícitas (carboneras y plantaciones de marihuana). “Este proceso de depredación provocará que la reserva pierda su equilibrio natural e ingresará en un proceso de degradación de bosque que puede ser definitivo; no va a poder recuperarse porque los árboles de mayor tamaño van a ser talados”, dice y pasa a enumerar las consecuencias que se avizoran si no se detiene la tala.
“Produciría un desequilibrio en el clima, una pérdida en la calidad de los recursos hídricos, colmatación de manantiales, la contaminación de acuíferos, pérdida de vida silvestre (yaguareté, yvyra campana), de recursos genéticos para desarrollar emprendimientos agroforestales sostenibles con la comunidad”, enumera.
WWF hizo un estudio que arrojó que el Bosque Atlántico es una de las 200 ecorregiones más importantes a nivel del planeta en cuanto a diversidad biológica. “Eso da para dimensionar lo que estamos perdiendo desde el punto de vista ambiental y cultural”, sostiene.
Evitar la catástrofe
El camino para evitar la catástrofe –plantea– es el “diálogo” entre las autoridades del Gobierno y los pobladores de la zona de amortiguamiento de la reserva. “Finalmente, las poblaciones rurales, las familias campesinas, si llegan a un diálogo con los administradores de Morombí, el Gobierno establece un diálogo, ese potencial ambiental (agua, clima, yerba mate, hierbas medicinales del bosque, ka’a he’ê) puede ser aprovechado de una manera racional”, postula sobre lo que llama “productos no maderables” del bosque; así también se pueden usar los recursos con fines turísticos e investigación científica.
Recuerda que los municipios tienen el mandato de promover un plan de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida a largo plazo de sus poblaciones. “Hay que cambiar el paradigma de tumbar bosques para satisfacer necesidades muy a corto plazo y dejar de lado la planificación”, concluye.
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Sin Ley de Humedales, la Corte sale a protegerlos
En defensa de los humedales
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
La decisión atañe al Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, frente a la ciudad del mismo nombre. El fallo fue recibido como "histórico" por los ambientalistas.
La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia considerada "histórica" por las organizaciones socioambientales. Ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los humedales (reservorios de agua dulce). Solo en la cuenca baja del río Luján (zona de reiteradas inundaciones) existen al menos 66 barrios privados, que ocupan 9000 hectáreas de humedales. "Cada fallo judicial nos genera la ilusión de que algún día se pueda hacer justicia por tanto daño que han hecho empresas como Eidico (de Jorge O'Reilly) y Nordelta (Eduardo Costantini) en nuestro territorio", señaló Reinaldo Roa, de la comunidad de Punta Querandí, en Tigre. A inicios de su mandato el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, pero nunca se concretó.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como "esponja" y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy), entre otros.
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería de litio hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales). Desde hace más de una década organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios (en sintonía con lo que fueron las leyes de bosques y de glaciares).
"Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú", es el nombre del emprendimiento inmobiliario de la empresa Altos de Unzué Sociedad Anónima. Cuenta con 445 lotes, prevé la construcción de 200 viviendas y un hotel de 150 habitaciones, lindero al conocido Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú. La empresa realizó movimientos de suelo antes de presentar la declaración de impacto ambiental.
La demanda, impulsada por un grupo de vecinos (encabezado por Julio Majul), solicitó el cese de actividades y la reparación de los daños. "El proyecto se realizará sobre una zona de humedales, con impactos permanentes e irreversibles", señalá el fallo de la Corte Suprema, con la firma los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo inicial con el tecnicismo de que la Municipalidad de Gualeguaychú ya había realizado una denuncia y la situación se debía resolver en el ámbito administrativo.
Los vecinos recurrieron al máximo tribunal del país, que en julio pasado revocó lo resuelto por los jueces provinciales, lo consideró "arbitraria" y destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. La Corte Suprema resaltó la vigencia del derecho a vivir en una ambiente sano (artículo 41 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución de Entre Ríos) y recordó que el Estado debe garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad.
En un fallo de 22 páginas, el máximo tribunal afirmó que la cuenca hídrica es un sistema integral, en la que los humedales cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes.
La Corte Suprema también reiteró la vigencia de un artículo muy poco aplicado por los jueces del país: el "principio precautorio" (cuando haya riesgo para la salud o el ambiente, se deben tomar medidas preventivas, aunque no haya certeza absoluta de su afectación).
"Los barrios cerrados dañan nuestro territorio, destruyen el equilibrio natural milenario, arrasando cementerios indígenas de nuestros ancestros, desalojando cientos de familias, adueñándose de ríos y arroyos y eliminando la diversidad productiva de nuestra región", denunció Reinaldo Roa, miembro del Pueblo Guaraní y representante del Consejo de Ancianos de la Comunidad de Punta Querandí, ubicada en el paraje Punta Canal entre Tigre y Escobar, una de las zonas más impactadas por los barrios privados. Punta Querandí sufre juicios de desalojos: la causa penal fue favorable a la comunidad indígena con fallos de primera y segunda instancia durante 2018, y se espera una próxima sentencia del Poder Judicial e San Isidro.
Patricia Pintos es una de las académicas que más estudió la relación humedales-barrios cerrados. En el estudio “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, del Centro de Investigaciones Geográficas (IdIHCS/UNLP), contabilizó un piso de 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre). Pintos coincidió con la comunidad Punta Querandí (y con las organizaciones socioambientales) que puntualizan en dos empresarios como los referentes en barrios cerrados y destrucción de humedales: Jorge O'Reilly (empresa Eidico) y Eduardo Costantini (Consultatio S.A.), dueño también del museo Malba.
En febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri había prometido en público una ley nacional de protección de humedales. En noviembre de ese año, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto. El principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
La Corte Suprema de Justicia resaltó dos principios "novedosos" que aplicó para proteger humedales: “In dubio pro natura” y el “in dubio pro aqua". La Asociación por la Justicia Ambiental y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad emitieron un comunicado en conjunto y explicaron el valor jurídico. Los principios "in dubio pro natura y pro agua" establecen que "en caso de duda, las controversias ambientales y de agua 'deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos".
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Pese a alguna medida, las plantas de biodiésel siguen frenaas
Subieron el precio de venta del biodiésel, pero las plantas siguen paralizadas
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Cambio climático y tres puntos críticos para Argentina
Cambio climático: los tres grandes temas en los que debe mejorar la Argentina
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El análisis "Incrementar la acción climática", elaborado por Climate Tracker, sugiere enfocar las políticas en la generación y suministro de electricidad, edificios residenciales y transporte terrestre.
Si acelera sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina podría transformarse en un "líder climático" para 2050. El plan de ruta debería estar enfocado en tres áreas estratégicas y altamente contaminantes: suministro eléctrico, edificios residenciales y transporte terrestre.
Según las conclusiones del análisis "Incrementar la acción climática" elaborado por Climate Tracker (el tercero de una serie que ya relevó a Sudáfrica y la Unión Europea y en el futuro lo hará con Indonesia, Turquía y Australia), si se estimulan estas políticas podrían recortarse las emisiones en esos rubros hasta en un 94% para mediados de siglo (respecto a los niveles de 2014) y pondrían al país en la senda definitiva del Acuerdo de París.
En el documento firmado en la capital francesa en 2016, los gobiernos de 195 países se comprometieron a contener el aumento de la temperatura por debajo de 2° por encima de los niveles preindustriales y, como escenario ideal, tratar de limitarlo a 1,5°. Pero el empeño actual es insuficiente: para cumplir con el límite acordado, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) concluyeron que es necesario redoblar los esfuerzos y reducir las emisiones de CO2 a cero junto a una drástica rebaja de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Transición energética
Si el sector eléctrico estuviera totalmente descarbonizado permitiría implementar planes de electrificación en el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de cargas. Las medidas sugeridas incluyen alcanzar una cuota del 60% de vehículos eléctricos en la flota total de automóviles para 2040 y de 100% en la flota de micros y colectivos. El abandono de los rodados que funcionan con combustibles fósiles reduciría además los efectos adversos de la contaminación atmosférica y acústica.
Entre las mejoras propuestas para los edificios residenciales figuran el reacondicionamiento térmico y una mayor eficiencia energética, con disposiciones en ese sentido para todos los aparatos de calefacción que se vendan hasta 2030. Esa eficiencia, junto a códigos de construcción más estrictos, y la electrificación de los servicios de agua y calefacción, podrían reducir casi por completo las emisiones de carbono en los edificios residenciales argentinos a mediados de siglo.
Dada su riqueza natural en recursos renovables y sus objetivos de expansión de las energías renovables para 2025, Argentina podría convertirse “en un país líder a nivel mundial en lograr una transición energética exitosa”, señaló Climate Tracker, aunque se necesitan “acciones adicionales” para desplegar las renovables en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía, de una cuota del 20% para 2025 y del 25% para 2030. Entre otras cosas, aumentar de forma considerable las inversiones en la infraestructura de la red eléctrica.
Pero, además, es probable que la transición hacia un suministro eléctrico bajo en carbono y basado en energías renovables logre crear más oportunidades de empleo en comparación con el escenario de desarrollo actual, ya que los puestos de trabajo fomentados por estas tecnologías crecerán con el tiempo y serán cada vez más necesarios, a medida que el sector de la generación de electricidad avance hacia la descarbonización total.
Aunque, para ello, “la Argentina debería reducir los incentivos para incorporarse al sector del gas natural y aumentar las oportunidades en tecnologías con futuro, como la energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica y la energía eólica terrestre”.
Fortalezas y debilidades
El documento destaca fortalezas y debilidades, luces y sombras de las políticas nacionales en el camino de las políticas climáticas. Resalta por un lado que existen instrumentos para apoyar la adopción de energías renovables no convencionales (como las subastas), pero alerta que los recientes retrasos en los proyectos encargados podrían frenar el crecimiento de la capacidad instalada hasta 2025.
Menciona la quita de algunas subvenciones relacionadas con el consumo y la producción de combustibles fósiles en los últimos años, pero recuerda que se mantiene el apoyo financiero directo para el consumo y la producción de gas natural.
Toma nota de la participación de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico, pero la describe como “insignificante”, debido a las “pocas políticas existentes para incentivar su adopción”.
También reseña que se estableció un manual de vivienda sostenible y un plan de etiquetado para todos los edificios nuevos financiados o cofinanciados por la Secretaría de Vivienda, pero apunta que no existe ningún marco político para aquellos financiados por privados.
Ya sabemos que la lucha contra el cambio climático debe ser ambiciosa, constante y creciente. Una batalla en la que ninguna ofensiva es en sí misma definitiva. Pero ir cumpliendo asignaturas pendientes y avanzar en la descarbonización de distintas áreas, como quedó acordado en París, es un interesante ejercicio para preparar los músculos de cara a próximos y mayores desafíos.
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El análisis "Incrementar la acción climática", elaborado por Climate Tracker, sugiere enfocar las políticas en la generación y suministro de electricidad, edificios residenciales y transporte terrestre.
Si acelera sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina podría transformarse en un "líder climático" para 2050. El plan de ruta debería estar enfocado en tres áreas estratégicas y altamente contaminantes: suministro eléctrico, edificios residenciales y transporte terrestre.
Según las conclusiones del análisis "Incrementar la acción climática" elaborado por Climate Tracker (el tercero de una serie que ya relevó a Sudáfrica y la Unión Europea y en el futuro lo hará con Indonesia, Turquía y Australia), si se estimulan estas políticas podrían recortarse las emisiones en esos rubros hasta en un 94% para mediados de siglo (respecto a los niveles de 2014) y pondrían al país en la senda definitiva del Acuerdo de París.
En el documento firmado en la capital francesa en 2016, los gobiernos de 195 países se comprometieron a contener el aumento de la temperatura por debajo de 2° por encima de los niveles preindustriales y, como escenario ideal, tratar de limitarlo a 1,5°. Pero el empeño actual es insuficiente: para cumplir con el límite acordado, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) concluyeron que es necesario redoblar los esfuerzos y reducir las emisiones de CO2 a cero junto a una drástica rebaja de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Transición energética
Si el sector eléctrico estuviera totalmente descarbonizado permitiría implementar planes de electrificación en el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de cargas. Las medidas sugeridas incluyen alcanzar una cuota del 60% de vehículos eléctricos en la flota total de automóviles para 2040 y de 100% en la flota de micros y colectivos. El abandono de los rodados que funcionan con combustibles fósiles reduciría además los efectos adversos de la contaminación atmosférica y acústica.
Entre las mejoras propuestas para los edificios residenciales figuran el reacondicionamiento térmico y una mayor eficiencia energética, con disposiciones en ese sentido para todos los aparatos de calefacción que se vendan hasta 2030. Esa eficiencia, junto a códigos de construcción más estrictos, y la electrificación de los servicios de agua y calefacción, podrían reducir casi por completo las emisiones de carbono en los edificios residenciales argentinos a mediados de siglo.
Dada su riqueza natural en recursos renovables y sus objetivos de expansión de las energías renovables para 2025, Argentina podría convertirse “en un país líder a nivel mundial en lograr una transición energética exitosa”, señaló Climate Tracker, aunque se necesitan “acciones adicionales” para desplegar las renovables en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía, de una cuota del 20% para 2025 y del 25% para 2030. Entre otras cosas, aumentar de forma considerable las inversiones en la infraestructura de la red eléctrica.
Pero, además, es probable que la transición hacia un suministro eléctrico bajo en carbono y basado en energías renovables logre crear más oportunidades de empleo en comparación con el escenario de desarrollo actual, ya que los puestos de trabajo fomentados por estas tecnologías crecerán con el tiempo y serán cada vez más necesarios, a medida que el sector de la generación de electricidad avance hacia la descarbonización total.
Aunque, para ello, “la Argentina debería reducir los incentivos para incorporarse al sector del gas natural y aumentar las oportunidades en tecnologías con futuro, como la energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica y la energía eólica terrestre”.
Fortalezas y debilidades
El documento destaca fortalezas y debilidades, luces y sombras de las políticas nacionales en el camino de las políticas climáticas. Resalta por un lado que existen instrumentos para apoyar la adopción de energías renovables no convencionales (como las subastas), pero alerta que los recientes retrasos en los proyectos encargados podrían frenar el crecimiento de la capacidad instalada hasta 2025.
Menciona la quita de algunas subvenciones relacionadas con el consumo y la producción de combustibles fósiles en los últimos años, pero recuerda que se mantiene el apoyo financiero directo para el consumo y la producción de gas natural.
Toma nota de la participación de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico, pero la describe como “insignificante”, debido a las “pocas políticas existentes para incentivar su adopción”.
También reseña que se estableció un manual de vivienda sostenible y un plan de etiquetado para todos los edificios nuevos financiados o cofinanciados por la Secretaría de Vivienda, pero apunta que no existe ningún marco político para aquellos financiados por privados.
Ya sabemos que la lucha contra el cambio climático debe ser ambiciosa, constante y creciente. Una batalla en la que ninguna ofensiva es en sí misma definitiva. Pero ir cumpliendo asignaturas pendientes y avanzar en la descarbonización de distintas áreas, como quedó acordado en París, es un interesante ejercicio para preparar los músculos de cara a próximos y mayores desafíos.
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Alertan de cambios en la capacidad de absorción de suelos
El cambio climático amenaza la capacidad del suelo de absorber agua
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Un estudio académico revela que los cambios en la estructura del suelo pueden afectar negativamente a la producción de alimentos.
El cambio climático puede reducir la capacidad de los suelos para absorber agua en muchas partes del mundo, según un estudio dirigido por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.
Y eso podría tener serias implicaciones para el suministro de agua subterránea, la producción y seguridad de alimentos, la escorrentía de aguas pluviales, la biodiversidad y los ecosistemas, según la investigación, publicada en Science Advances.
"Dado que los patrones de lluvia y otras condiciones ambientales están cambiando globalmente como resultado del cambio climático, nuestros resultados sugieren que la forma en que el agua interactúa con el suelo podría cambiar de manera apreciable en muchas partes del mundo, y hacerlo con bastante rapidez", señala el coautor Daniel Giménez, científico del suelo y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Rutgers-New Brunswick.
"Proponemos que la dirección, la magnitud y la tasa de los cambios se midan e incorporen en las predicciones de las respuestas de los ecosistemas al cambio climático", sugiere.
El agua en el suelo es crucial para almacenar carbono, y los cambios en el suelo podrían influir en el nivel de dióxido de carbono en el aire de una manera impredecible, añade Giménez, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas.
El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático.
Giménez fue coautor de un estudio publicado en la revista 'Nature' el año pasado que muestra que los aumentos regionales en las precipitaciones debido al cambio climático pueden conducir a una menor infiltración de agua, más escorrentía y erosión, y un mayor riesgo de inundaciones repentinas.
Que la lluvia se infiltre o se escurra del suelo determina cuánta agua estará disponible para las plantas o se evaporará en el aire.
Los estudios han demostrado que la infiltración de agua en el suelo puede cambiar durante una o dos décadas con el aumento de las precipitaciones, y se espera que el cambio climático aumente las precipitaciones en muchas áreas del mundo.
Durante un experimento de 25 años en Kansas con riego del suelo de la pradera mediante rociadores, un equipo de científicos liderado por Rutgers descubrió que un aumento del 35 por ciento en la lluvia condujo a una reducción del 21 al 33 por ciento en las tasas de infiltración de agua en el suelo y solo un pequeño aumento en la retención de agua.
Los cambios más importantes se relacionaron con cambios en poros relativamente grandes, o espacios, en el suelo. Los poros grandes capturan agua que las plantas y los microorganismos pueden usar, y eso contribuye a mejorar la actividad biológica y el ciclo de nutrientes en el suelo y disminuye las pérdidas de suelo a través de la erosión.
Con el aumento de la lluvia, las comunidades de plantas tenían raíces más gruesas que podían obstruir los poros más grandes y había ciclos menos intensos de expansión del suelo cuando se agregaba agua o contracción cuando se retiraba el agua.
El siguiente paso es investigar los mecanismos que impulsan los cambios observados, a fin de extrapolar los hallazgos a otras regiones del mundo e incorporarlos a las predicciones de cómo los ecosistemas responderán al cambio climático.
Los científicos también quieren estudiar una gama más amplia de factores ambientales y tipos de suelo, e identificar otros cambios en el suelo que pueden resultar de cambios en el clima.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Un estudio académico revela que los cambios en la estructura del suelo pueden afectar negativamente a la producción de alimentos.
El cambio climático puede reducir la capacidad de los suelos para absorber agua en muchas partes del mundo, según un estudio dirigido por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.
Y eso podría tener serias implicaciones para el suministro de agua subterránea, la producción y seguridad de alimentos, la escorrentía de aguas pluviales, la biodiversidad y los ecosistemas, según la investigación, publicada en Science Advances.
"Dado que los patrones de lluvia y otras condiciones ambientales están cambiando globalmente como resultado del cambio climático, nuestros resultados sugieren que la forma en que el agua interactúa con el suelo podría cambiar de manera apreciable en muchas partes del mundo, y hacerlo con bastante rapidez", señala el coautor Daniel Giménez, científico del suelo y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Rutgers-New Brunswick.
"Proponemos que la dirección, la magnitud y la tasa de los cambios se midan e incorporen en las predicciones de las respuestas de los ecosistemas al cambio climático", sugiere.
El agua en el suelo es crucial para almacenar carbono, y los cambios en el suelo podrían influir en el nivel de dióxido de carbono en el aire de una manera impredecible, añade Giménez, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas.
El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático.
Giménez fue coautor de un estudio publicado en la revista 'Nature' el año pasado que muestra que los aumentos regionales en las precipitaciones debido al cambio climático pueden conducir a una menor infiltración de agua, más escorrentía y erosión, y un mayor riesgo de inundaciones repentinas.
Que la lluvia se infiltre o se escurra del suelo determina cuánta agua estará disponible para las plantas o se evaporará en el aire.
Los estudios han demostrado que la infiltración de agua en el suelo puede cambiar durante una o dos décadas con el aumento de las precipitaciones, y se espera que el cambio climático aumente las precipitaciones en muchas áreas del mundo.
Durante un experimento de 25 años en Kansas con riego del suelo de la pradera mediante rociadores, un equipo de científicos liderado por Rutgers descubrió que un aumento del 35 por ciento en la lluvia condujo a una reducción del 21 al 33 por ciento en las tasas de infiltración de agua en el suelo y solo un pequeño aumento en la retención de agua.
Los cambios más importantes se relacionaron con cambios en poros relativamente grandes, o espacios, en el suelo. Los poros grandes capturan agua que las plantas y los microorganismos pueden usar, y eso contribuye a mejorar la actividad biológica y el ciclo de nutrientes en el suelo y disminuye las pérdidas de suelo a través de la erosión.
Con el aumento de la lluvia, las comunidades de plantas tenían raíces más gruesas que podían obstruir los poros más grandes y había ciclos menos intensos de expansión del suelo cuando se agregaba agua o contracción cuando se retiraba el agua.
El siguiente paso es investigar los mecanismos que impulsan los cambios observados, a fin de extrapolar los hallazgos a otras regiones del mundo e incorporarlos a las predicciones de cómo los ecosistemas responderán al cambio climático.
Los científicos también quieren estudiar una gama más amplia de factores ambientales y tipos de suelo, e identificar otros cambios en el suelo que pueden resultar de cambios en el clima.
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Importación de residuos: ya hay dos pedidos de nulidad
Piden la nulidad del decreto que habilita la importación de residuos
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
El decreto que modificó la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de reciclables sin el certificado de inocuidad ya enfrenta dos pedidos de nulidad. Por un lado, la Federación de Cartoneros junto con Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria con el argumento de que el Ejecutivo no puede dictar medidas “que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado”; y por el otro, avanza en el Congreso un proyecto de ley que plantea directamente la derogación del decreto.
“Importar residuos resulta doblemente nocivo para el país”, sostuvo la diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto que fue presentado en el Congreso. Según los fundamentos, permitir el ingreso de basura implica gastar recursos “para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno e incluso perjudican a los que menos tienen”, a la vez de que se adquieren elementos potencialmente peligrosos.
El proyecto, que fue firmado también por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, sostiene que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen.
Según el pedido de derogación, el decreto impulsado por el Gobierno “viola dos principios elementales del derecho vigente”. El de la no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en cuanto a los derechos alcanzados sobre protección ambiental y el principio de progresividad que busca aumentar la protección jurídica.
El proyecto sostiene a su vez que la importación de residuos reciclables, tal como planteó el oficialismo, atenta contra el desarrollo de las economías populares, como las cooperativas de cartoneros, quienes también se organizaron y presentaron un pedido de nulidad.
Agrupados en la Federación de Cartoneros y en conjunto con Greenpeace y el abogado ambientalista Enrique Viale, los recicladores también presentaron un recurso para frenar la importación de residuos. El recurso de revocatoria presentado en la Casa Rosada denuncia que el decreto “facilita la importación de residuos” y abre las puertas para que la Argentina se convierta en el "basurero del mundo".
El escrito afirma que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden emitir "normas que deroguen o reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado" por medio de otras leyes. Las cooperativas planean movilizarse desde el Obelisco a la Secretaría de Ambiente, el próximo martes 17, a las 10, para pedir la nulidad del decreto y que se declare la Emergencia Ambiental de Residuos y Basurales.
"Es necesario para resolver la crisis ambiental y social que significan los más de 3000 basurales a cielo abierto, donde miles de nuestros compañeros y compañeras trabajan en condiciones extremas, y para impulsar un programa nacional de reciclado con inclusión social", sostuvo Jaquelina Flores de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
La preocupación por el decreto llegó también al Senado. La senadora Magdalena Odarda solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para garantizar que la modificación no viole los derechos ambientales establecidos en la Constitución, entre ellos la prohibición de importar residuos peligrosos.
Odarda pidió además que la Cámara alta cite al Secretario de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, para que explique los alcances del decreto, que quitó como requisito el certificado de inocuidad expedido por el país de origen.
“Este decreto es un colador que podría permitir el ingreso de residuos peligrosos de países que hoy están buscando dónde establecer basureros industriales alejados de sus tierras. Estamos retrocediendo de manera alarmante en los derechos sociales y ambientales”, opinó la senadora, quien aclaró que desde su bloque insistirán con la nulidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
El decreto que modificó la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de reciclables sin el certificado de inocuidad ya enfrenta dos pedidos de nulidad. Por un lado, la Federación de Cartoneros junto con Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria con el argumento de que el Ejecutivo no puede dictar medidas “que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado”; y por el otro, avanza en el Congreso un proyecto de ley que plantea directamente la derogación del decreto.
“Importar residuos resulta doblemente nocivo para el país”, sostuvo la diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto que fue presentado en el Congreso. Según los fundamentos, permitir el ingreso de basura implica gastar recursos “para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno e incluso perjudican a los que menos tienen”, a la vez de que se adquieren elementos potencialmente peligrosos.
El proyecto, que fue firmado también por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, sostiene que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen.
Según el pedido de derogación, el decreto impulsado por el Gobierno “viola dos principios elementales del derecho vigente”. El de la no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en cuanto a los derechos alcanzados sobre protección ambiental y el principio de progresividad que busca aumentar la protección jurídica.
El proyecto sostiene a su vez que la importación de residuos reciclables, tal como planteó el oficialismo, atenta contra el desarrollo de las economías populares, como las cooperativas de cartoneros, quienes también se organizaron y presentaron un pedido de nulidad.
Agrupados en la Federación de Cartoneros y en conjunto con Greenpeace y el abogado ambientalista Enrique Viale, los recicladores también presentaron un recurso para frenar la importación de residuos. El recurso de revocatoria presentado en la Casa Rosada denuncia que el decreto “facilita la importación de residuos” y abre las puertas para que la Argentina se convierta en el "basurero del mundo".
El escrito afirma que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden emitir "normas que deroguen o reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado" por medio de otras leyes. Las cooperativas planean movilizarse desde el Obelisco a la Secretaría de Ambiente, el próximo martes 17, a las 10, para pedir la nulidad del decreto y que se declare la Emergencia Ambiental de Residuos y Basurales.
"Es necesario para resolver la crisis ambiental y social que significan los más de 3000 basurales a cielo abierto, donde miles de nuestros compañeros y compañeras trabajan en condiciones extremas, y para impulsar un programa nacional de reciclado con inclusión social", sostuvo Jaquelina Flores de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
La preocupación por el decreto llegó también al Senado. La senadora Magdalena Odarda solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para garantizar que la modificación no viole los derechos ambientales establecidos en la Constitución, entre ellos la prohibición de importar residuos peligrosos.
Odarda pidió además que la Cámara alta cite al Secretario de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, para que explique los alcances del decreto, que quitó como requisito el certificado de inocuidad expedido por el país de origen.
“Este decreto es un colador que podría permitir el ingreso de residuos peligrosos de países que hoy están buscando dónde establecer basureros industriales alejados de sus tierras. Estamos retrocediendo de manera alarmante en los derechos sociales y ambientales”, opinó la senadora, quien aclaró que desde su bloque insistirán con la nulidad.
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Área Marina Protegida Namuncurá en consulta pública
Consulta pública sobre el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional inició un proceso participativo para avanzar en su integración el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
El Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood (AMPNBB) fue creada en el año 2013 por la Ley n.º 26875, siendo la primera área natural protegida totalmente marítima del país. Posteriormente, por la Ley nº. 27037, se instituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental establecidos en la legislación vigente. Las áreas marinas protegidas preexistentes contaban con un plazo de 5 años para adecuarse las nuevas categorías de manejo y sistema de gobernanza.
Sobre la base de los avances logrados en la implementación del AMPNBB y las tareas de investigación científica realizadas, se realizó una propuesta de adecuación que prioriza la ampliación de la zona de mayor conservación y un manejo integrado con la lindante Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood II (AMPNBB2), creada a fines de 2018 por la Ley n.º 27490. De este modo, se avanza en la protección del Mar Argentino y se facilitan las tareas de administración, control y vigilancia para la efectividad del área protegida. En el plan de manejo se realizará el ordenamiento de los usos, considerando la situación de las zonas adyacentes, asegurando la debida armonización entre las actividades que tengan lugar con los objetivos y valores de conservación relevantes en el área.
Toda la información se encuentra disponible en:
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional inició un proceso participativo para avanzar en su integración el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
El Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood (AMPNBB) fue creada en el año 2013 por la Ley n.º 26875, siendo la primera área natural protegida totalmente marítima del país. Posteriormente, por la Ley nº. 27037, se instituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental establecidos en la legislación vigente. Las áreas marinas protegidas preexistentes contaban con un plazo de 5 años para adecuarse las nuevas categorías de manejo y sistema de gobernanza.
Sobre la base de los avances logrados en la implementación del AMPNBB y las tareas de investigación científica realizadas, se realizó una propuesta de adecuación que prioriza la ampliación de la zona de mayor conservación y un manejo integrado con la lindante Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood II (AMPNBB2), creada a fines de 2018 por la Ley n.º 27490. De este modo, se avanza en la protección del Mar Argentino y se facilitan las tareas de administración, control y vigilancia para la efectividad del área protegida. En el plan de manejo se realizará el ordenamiento de los usos, considerando la situación de las zonas adyacentes, asegurando la debida armonización entre las actividades que tengan lugar con los objetivos y valores de conservación relevantes en el área.
Toda la información se encuentra disponible en:
https://consultapublica.argentina.gob.ar/area-marina-namuncura
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Argentina con buenos vientos a futuro para el mercado eólico
Según un informe internacional Argentina será un mercado eólico líder en la región
Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Argentina se convertirá en los próximos años en un "mercado eólico líder de América Latina" si logra superar los desafíos vinculados a la búsqueda de nuevas fuentes de capital, aumentar su infraestructura de transmisión eléctrica, indicó hoy un informe del Consejo Mundial de Energía Eólica (Gwec).
Además, señaló que Argentina debe continuar las actuales políticas de energías renovables y resolver la competencia inversora del desarrollo del gas de Vaca Muerta.
Así lo planteó la entidad en un informe sobre el desarrollo sectorial de la Argentina, en un contexto en el que advierte "una volatilidad que históricamente ha arruinado su crecimiento económico" pero con la expectativa de que "cualquier nueva administración sea pro-eólica".
"La alta inflación y la débil situación fiscal del Estado afectaron la confianza de los inversores, dificultaron el cierre financiero de los proyectos y frenaron la rápida expansión del sector de las energías renovables" es el análisis que la realizó la mayor entidad de la industria eólica.
Como parte de las dificultades, el informe también destacó que Argentina necesita "aumentar sus inversiones en infraestructura de red, un cuello de botella clave que impide un mayor progreso de la energía eólica como una fuente de electricidad sostenible y competitiva en costos para el país".
También los desafíos económicos incluyeron, según el reporte, "la salud financiera de las empresas de servicios públicos, que pueden ocasionar demoras en la ejecución de los proyectos, ya que los acuerdos de adquisición y los acuerdos de compra de energía (PPA) no se pueden finalizar".
Sobre la inminencia de las elecciones de octubre la entidad destacó que con el éxito de los recientes programas de subastas de energía eólica y el apoyo a las energías renovables "en todo el espectro político", la expectativa es que "el resultado de las elecciones no alterará el camino de Argentina para convertirse en un mercado eólico líder en América Latina".
"GWEC espera que el impacto en el sector eólico sea limitado, ya que es probable que cualquier nueva administración sea pro-eólica y renovables", afirmó el informe.
El Consejo analizó el renovado énfasis en las discusiones de políticas sobre el potencial de exportación y generación de ingresos de las grandes reservas de gas en el complejo Vaca Muerta y su interacción con las necesidades que demanda el desarrollo de la energía eólica y renovables.
"Si no se cumplen las expectativas sobre los precios de exportación y el crecimiento de la demanda (global) de gas se desacelera, Vaca Muerta podría terminar siendo una decepción costosa", advirtió.
Y, señaló que los riesgos de que "el gobierno termine dando prioridad al gas para la producción de energía doméstica" podría terminar afectando a la economía argentina con "una opción más costosa para la demanda de energía y canalizando inversiones de infraestructura muy necesarias en el gas en lugar de la transmisión de energía".
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Nación está matando la industria del biodiésel
Nación prioriza a petroleras y sentencia al sector biodiésel
Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional
El congelamiento de combustibles compromete a la industria con valor agregado y pone en riesgo 60 mil empleos en el país. Desde el sector denuncian que grandes cerealeras violan la ley acaparando el mercado interno
El sector del biodiésel llegará al final del mandato de Cambiemos habiendo padecido cada una de las decisiones en materia de política económica y energética. Tras el conflicto por la fórmula impuesta para el precio de venta de biocombustibles, desde el sector se vieron obligados a paralizar su producción a raíz del congelamiento impuesto tras las Paso y además denuncian que su mercado está siendo acaparado por grandes exportadoras, que abastecen a grandes petroleras, una maniobra prohibida por ley.
Una actividad que alberga a 4.500 empleados de forma directa en Santa Fe, y a 60.000 en 54 plantas productoras de 10 provincias del país, se ve al borde del colapso producto de las decisiones del ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui. “Destrozó una industria generada con mucho esfuerzo”, apuntaron desde el sector perjudicado.
Hace más de tres semanas que la industria del biodiésel se encuentra paralizada. El congelamiento de los combustibles, dispuesto luego de las Paso, incluyó a este sector, caracterizado por el agregado de valor y generación de empleo en su elaboración. Efectivamente se les impuso no aumentar su precio de venta, de por sí ya fijado con arbitrariedad por Lopetegui, sin importar que su producción requiera de insumos dolarizados.
Por otra parte manifestaron, incluso en reuniones con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que en Santa Fe se está vulnerando la ley de combustibles 26.093. La misma estipula que en el mercado interno, solo las pymes que industrializan biodiésel pueden abastecer a las petroleras. Denuncian el incumplimiento, ya que mientras las plantas se encuentran paralizadas, grandes cerealeras (que solo pueden exportar) están abasteciendo a las petroleras.
Congelamiento de la actividad
Federico Pucciarello es referente de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y titular de Rosario Bioenergy. En diálogo con El Ciudadano, analizó: “La situación en el sector hoy es realmente devastadora, están todas las plantas paradas hace 20 días, sin previsibilidad de arranque”. De acuerdo a los números solo de agosto, por planta perdieron entre 70 y 80 millones de pesos.
Estas cifras son, no solo producto del irrisorio precio de venta que les impusieron desde la secretaría de Energía de la Nación, sino también por la pérdida que les ocasionó la devaluación pos Paso. Por estos días están cobrar lo entregado entre julio y agosto con un dólar a 44 pesos.
“Desde que vino Lopetegui a la cartera, dejó sin efecto la fórmula, puso un precio a ojo, siempre en favor de la petrolera”, explicó Pucciarello. A esto, se le sumó la decisión del gobierno nacional de congelar los combustibles. A partir de ahí las petroleras pasaron a tener dos tercios de su negocio “descongelado”.
Esto se explica a partir de que el gas (insumo necesario para el combustible) quedó liberado al precio del mercado
Por su parte, el biocombustible no corrió la misma suerte y el precio de venta quedó congelado, sin importar su dependencia directa con la evolución del precio de las conmodities para su elaboración. En ese sentido, el titular de Rosario Bioenergy aseguró: “Nosotros lo que no queremos es echar gente, un paro general de petroleras o 60 mil personas en la calle”.
Transferencia de recursos
Desde el sector biodiésel, sostienen que las decisiones tomadas por la cartera energética, mantienen una lógica constantemente favorable al sector más concentrado de la cadena. “Toda esta transferencia de recursos va a las petoleras”, sentenció Pucciarello.
“Esto es ideológico y personal, el señor Lopetegui destrozó una industria generada con mucho esfuerzo durante más de quince años, acá hay un intencionalidad clara de fundir a las pyme de biocombustibles”, agregó.
Mientras las plantas locales intentan sobrevivir, desde Energía a nivel nacional, la preocupación pasa por abastecer a las petroleras. En medio del conflicto, productores pymes aseguran que se les permitió a las grandes exportadoras de biodiésel vender a un precio por encima del estipulado para las pequeñas. “Hoy Vicentín o Cargill venden a YPF a 39.000 pesos la tonelada mientras pretenden que nosotros la vendamos a 31.500”, detalló el referente del sector.
La denuncia tiene que ver con una clara violación a la ley 26.903 de combustibles. La norma de comercialización vigente establece que las pequeñas acaparen el mercado interno y las multinacionales se orienten al mercado exportador. Pero Pucciarello aseguró que desde la cartera que conduce Lopetegui, se le dio un permiso especial a las petroleras para comprar el producto final a grandes cerealeras, incluso “muy por encima del precio al que pueden vender las pymes”.
Números en la provincia
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, sigue de cerca el conflicto y forma parte de la negociación entre el sector local y referentes de la cartera nacional. Aseguró a este diario que entre puestos directos e indirectos, la industria del biodiésel sostiene un total de 4.500 empleos en Santa Fe.
“Son empresas que están paralizadas por esta situación y que además dependen de un sistema financiero con una tasa al 84% de interés, con bancos que ven que las empresas están sin precios y sin cupo de venta, no se arriesgan a seguir sosteniendo créditos”, aseguró.
En relación a la posición tomada por la cartera conducida por Lopetegui, Geese consideró: “Todo indica que odian a las pymes, no hay otra interpretación posible, hay intención de favorecer a otro sector de la cadena, si se prioriza la concentración en pocas manos, para los más pequeños es una sentencia de muerte”.
En relación a una posible resolución del conflicto, sostuvo: “Cualquier medida que se tome ahora y que no cubra los costos operativos no es ningún paliativo, es seguir acelerando la muerte de las empresas”. De hecho, junto con las pyme sostiene que una solución parcial puede llegar sin necesidad de subsidios o de inyección de dinero por parte del gobierno nacional.
“Hoy las petroleras están convalidando un precio mayor a los 31.500 pesos (por tonelada), que tiene regulado el sector pyme del biodiésel, lo que hay que hacer es tomar la decisión política de que la renta vaya al sector que le corresponde”, finalizó.
Más allá de instancias de negociación que se llevan adelante por estos días entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y referentes del sector de biocombustibles, la gravedad de la situación parece haber alcanzado un grado difícil de revertir. Mientras la relación con Lopetegui parece haberse quebrado, aguardan por alguna respuesta que desactive la problemática.
Maniobra judicializable
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, advirtió que “no existe ninguna resolución por parte de Nación” para permitir la venta de biocombustibles de grandes cerealeras a petroleras del mercado interno. “Si llegara a haber una autorización se estaría incumpliendo la ley y estaríamos dispuestos a ser querellantes de la situación, porque eso es algo totalmente ilegal que se posibilite esa situación”, sentenció.
Agregó que si se detecta que las grandes cerealeras están abasteciendo a petroleras del mercado interno “estarían yendo en contra de la ley”. Por eso mismo, y a pesar que desde Nación dicen desconocer esta situación, desde la cartera energética santafesina se mantienen en alerta, ya que consideran, “todas las decisiones que se toman a nivel nacional son siempre en contra de las pymes”.
Geese explicó que, de darse esta situación que vulnera la ley, “las petroleras que estén comprando (a grandes cerealeras) también se exponen a una acción legal, y si eso es con el aval de nación, estamos hablando de algo flagrantemente ilegal”.
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Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional
El congelamiento de combustibles compromete a la industria con valor agregado y pone en riesgo 60 mil empleos en el país. Desde el sector denuncian que grandes cerealeras violan la ley acaparando el mercado interno
El sector del biodiésel llegará al final del mandato de Cambiemos habiendo padecido cada una de las decisiones en materia de política económica y energética. Tras el conflicto por la fórmula impuesta para el precio de venta de biocombustibles, desde el sector se vieron obligados a paralizar su producción a raíz del congelamiento impuesto tras las Paso y además denuncian que su mercado está siendo acaparado por grandes exportadoras, que abastecen a grandes petroleras, una maniobra prohibida por ley.
Una actividad que alberga a 4.500 empleados de forma directa en Santa Fe, y a 60.000 en 54 plantas productoras de 10 provincias del país, se ve al borde del colapso producto de las decisiones del ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui. “Destrozó una industria generada con mucho esfuerzo”, apuntaron desde el sector perjudicado.
Hace más de tres semanas que la industria del biodiésel se encuentra paralizada. El congelamiento de los combustibles, dispuesto luego de las Paso, incluyó a este sector, caracterizado por el agregado de valor y generación de empleo en su elaboración. Efectivamente se les impuso no aumentar su precio de venta, de por sí ya fijado con arbitrariedad por Lopetegui, sin importar que su producción requiera de insumos dolarizados.
Por otra parte manifestaron, incluso en reuniones con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que en Santa Fe se está vulnerando la ley de combustibles 26.093. La misma estipula que en el mercado interno, solo las pymes que industrializan biodiésel pueden abastecer a las petroleras. Denuncian el incumplimiento, ya que mientras las plantas se encuentran paralizadas, grandes cerealeras (que solo pueden exportar) están abasteciendo a las petroleras.
Congelamiento de la actividad
Federico Pucciarello es referente de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y titular de Rosario Bioenergy. En diálogo con El Ciudadano, analizó: “La situación en el sector hoy es realmente devastadora, están todas las plantas paradas hace 20 días, sin previsibilidad de arranque”. De acuerdo a los números solo de agosto, por planta perdieron entre 70 y 80 millones de pesos.
Estas cifras son, no solo producto del irrisorio precio de venta que les impusieron desde la secretaría de Energía de la Nación, sino también por la pérdida que les ocasionó la devaluación pos Paso. Por estos días están cobrar lo entregado entre julio y agosto con un dólar a 44 pesos.
“Desde que vino Lopetegui a la cartera, dejó sin efecto la fórmula, puso un precio a ojo, siempre en favor de la petrolera”, explicó Pucciarello. A esto, se le sumó la decisión del gobierno nacional de congelar los combustibles. A partir de ahí las petroleras pasaron a tener dos tercios de su negocio “descongelado”.
Esto se explica a partir de que el gas (insumo necesario para el combustible) quedó liberado al precio del mercado
Por su parte, el biocombustible no corrió la misma suerte y el precio de venta quedó congelado, sin importar su dependencia directa con la evolución del precio de las conmodities para su elaboración. En ese sentido, el titular de Rosario Bioenergy aseguró: “Nosotros lo que no queremos es echar gente, un paro general de petroleras o 60 mil personas en la calle”.
Transferencia de recursos
Desde el sector biodiésel, sostienen que las decisiones tomadas por la cartera energética, mantienen una lógica constantemente favorable al sector más concentrado de la cadena. “Toda esta transferencia de recursos va a las petoleras”, sentenció Pucciarello.
“Esto es ideológico y personal, el señor Lopetegui destrozó una industria generada con mucho esfuerzo durante más de quince años, acá hay un intencionalidad clara de fundir a las pyme de biocombustibles”, agregó.
Mientras las plantas locales intentan sobrevivir, desde Energía a nivel nacional, la preocupación pasa por abastecer a las petroleras. En medio del conflicto, productores pymes aseguran que se les permitió a las grandes exportadoras de biodiésel vender a un precio por encima del estipulado para las pequeñas. “Hoy Vicentín o Cargill venden a YPF a 39.000 pesos la tonelada mientras pretenden que nosotros la vendamos a 31.500”, detalló el referente del sector.
La denuncia tiene que ver con una clara violación a la ley 26.903 de combustibles. La norma de comercialización vigente establece que las pequeñas acaparen el mercado interno y las multinacionales se orienten al mercado exportador. Pero Pucciarello aseguró que desde la cartera que conduce Lopetegui, se le dio un permiso especial a las petroleras para comprar el producto final a grandes cerealeras, incluso “muy por encima del precio al que pueden vender las pymes”.
Números en la provincia
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, sigue de cerca el conflicto y forma parte de la negociación entre el sector local y referentes de la cartera nacional. Aseguró a este diario que entre puestos directos e indirectos, la industria del biodiésel sostiene un total de 4.500 empleos en Santa Fe.
“Son empresas que están paralizadas por esta situación y que además dependen de un sistema financiero con una tasa al 84% de interés, con bancos que ven que las empresas están sin precios y sin cupo de venta, no se arriesgan a seguir sosteniendo créditos”, aseguró.
En relación a la posición tomada por la cartera conducida por Lopetegui, Geese consideró: “Todo indica que odian a las pymes, no hay otra interpretación posible, hay intención de favorecer a otro sector de la cadena, si se prioriza la concentración en pocas manos, para los más pequeños es una sentencia de muerte”.
En relación a una posible resolución del conflicto, sostuvo: “Cualquier medida que se tome ahora y que no cubra los costos operativos no es ningún paliativo, es seguir acelerando la muerte de las empresas”. De hecho, junto con las pyme sostiene que una solución parcial puede llegar sin necesidad de subsidios o de inyección de dinero por parte del gobierno nacional.
“Hoy las petroleras están convalidando un precio mayor a los 31.500 pesos (por tonelada), que tiene regulado el sector pyme del biodiésel, lo que hay que hacer es tomar la decisión política de que la renta vaya al sector que le corresponde”, finalizó.
Más allá de instancias de negociación que se llevan adelante por estos días entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y referentes del sector de biocombustibles, la gravedad de la situación parece haber alcanzado un grado difícil de revertir. Mientras la relación con Lopetegui parece haberse quebrado, aguardan por alguna respuesta que desactive la problemática.
Maniobra judicializable
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, advirtió que “no existe ninguna resolución por parte de Nación” para permitir la venta de biocombustibles de grandes cerealeras a petroleras del mercado interno. “Si llegara a haber una autorización se estaría incumpliendo la ley y estaríamos dispuestos a ser querellantes de la situación, porque eso es algo totalmente ilegal que se posibilite esa situación”, sentenció.
Agregó que si se detecta que las grandes cerealeras están abasteciendo a petroleras del mercado interno “estarían yendo en contra de la ley”. Por eso mismo, y a pesar que desde Nación dicen desconocer esta situación, desde la cartera energética santafesina se mantienen en alerta, ya que consideran, “todas las decisiones que se toman a nivel nacional son siempre en contra de las pymes”.
Geese explicó que, de darse esta situación que vulnera la ley, “las petroleras que estén comprando (a grandes cerealeras) también se exponen a una acción legal, y si eso es con el aval de nación, estamos hablando de algo flagrantemente ilegal”.
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Avanza el segundo inventario nacional de bosques
Bosques nativos: avanza el relevamiento del segundo inventario nacional
Fecha de Publicación: 10/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Ambiente de la Nación presentó el informe preliminar de la región bosque andino patagónico a técnicos, instituciones y autoridades provinciales.
En el marco del segundo taller sobre el estado de avance del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, encabezada por Sergio Bergman, realizó un análisis sobre la expectativa y la necesidad de información actual junto a referentes provinciales.
El encuentro se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante el organismo de Ambiente de la Nación tendientes a actualizar la información de distribución y extensión de los bosques nativos del país y establecer bases para el seguimiento continuo de los cambios en su estructura. De esta manera se conforma una herramienta estratégica nacional para la planificación y el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la conservación y manejo sostenible del recurso forestal, dando cumplimiento a la Ley de Bosques, como así también a los convenios internacionales asumidos por Argentina.
El objetivo de la actividad fue presentar los resultados del informe preliminar de la región bosque andino patagónico a técnicos, instituciones y autoridades provinciales. Al mismo tiempo, recibir aportes para la edición de los informes regionales finales del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) e identificar información prioritaria para las provincias.
En ese ámbito, la directora Nacional de Bosques, Mercedes Borrás, celebró “la presente instancia de poner los datos sobre la mesa, lo que es posible gracias al trabajo colaborativo previo que requirió grandes esfuerzos logísticos de todos los actores involucrados”. Asimismo, la funcionaria destacó el apoyo del programa ONU-REDD para llevar adelante el inventario.
Las actividades del segundo inventario nacional comenzaron en 2015. Actualmente cuenta con un grado de avance del 78 %, es decir que, del total de 4.158 de parcelas remedibles que comprende el relevamiento a lo largo de todo el territorio nacional, se instalaron 3.247 parcelas en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Salta, Formosa, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, La Pampa, San Juan, Buenos Aires y San Luis.
Informe preliminar del bosque andino patagónico
La región forestal bosque andino patagónica comprende 3.240.997 hectáreas de superficie aproximada de bosques nativos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las tareas de campo del INBN2 en esta región se llevaron a cabo entre los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre de 2018 con la necesidad de reprogramación de actividades por las inclemencias climáticas.
El registro de campo comprometió a un equipo multidisciplinario, integrado por 16 bridadas y 48 técnicos e involucró a distintas instituciones y autoridades provinciales que cooperaron para llevar adelante esta tarea.
Para la instalación de las 208 unidades de muestreo distribuidas en todo el bosque andino patagónico, se realizaron 622 km de caminata, 8 arribos en helicóptero y 85 km de navegación y 93 unidades de muestreo se instalaron encima de los 1.000 smnm.
Toda esta tarea fue coordinada y supervisada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Bosques, quienes además brindaron capacitaciones de control, realizaron instalaciones conjuntas con las empresas adjudicatarias y controlaron el 10 % de las parcelas instaladas.
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Fecha de Publicación: 10/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Ambiente de la Nación presentó el informe preliminar de la región bosque andino patagónico a técnicos, instituciones y autoridades provinciales.
En el marco del segundo taller sobre el estado de avance del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, encabezada por Sergio Bergman, realizó un análisis sobre la expectativa y la necesidad de información actual junto a referentes provinciales.
El encuentro se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante el organismo de Ambiente de la Nación tendientes a actualizar la información de distribución y extensión de los bosques nativos del país y establecer bases para el seguimiento continuo de los cambios en su estructura. De esta manera se conforma una herramienta estratégica nacional para la planificación y el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la conservación y manejo sostenible del recurso forestal, dando cumplimiento a la Ley de Bosques, como así también a los convenios internacionales asumidos por Argentina.
El objetivo de la actividad fue presentar los resultados del informe preliminar de la región bosque andino patagónico a técnicos, instituciones y autoridades provinciales. Al mismo tiempo, recibir aportes para la edición de los informes regionales finales del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) e identificar información prioritaria para las provincias.
En ese ámbito, la directora Nacional de Bosques, Mercedes Borrás, celebró “la presente instancia de poner los datos sobre la mesa, lo que es posible gracias al trabajo colaborativo previo que requirió grandes esfuerzos logísticos de todos los actores involucrados”. Asimismo, la funcionaria destacó el apoyo del programa ONU-REDD para llevar adelante el inventario.
Las actividades del segundo inventario nacional comenzaron en 2015. Actualmente cuenta con un grado de avance del 78 %, es decir que, del total de 4.158 de parcelas remedibles que comprende el relevamiento a lo largo de todo el territorio nacional, se instalaron 3.247 parcelas en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Salta, Formosa, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, La Pampa, San Juan, Buenos Aires y San Luis.
Informe preliminar del bosque andino patagónico
La región forestal bosque andino patagónica comprende 3.240.997 hectáreas de superficie aproximada de bosques nativos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las tareas de campo del INBN2 en esta región se llevaron a cabo entre los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre de 2018 con la necesidad de reprogramación de actividades por las inclemencias climáticas.
El registro de campo comprometió a un equipo multidisciplinario, integrado por 16 bridadas y 48 técnicos e involucró a distintas instituciones y autoridades provinciales que cooperaron para llevar adelante esta tarea.
Para la instalación de las 208 unidades de muestreo distribuidas en todo el bosque andino patagónico, se realizaron 622 km de caminata, 8 arribos en helicóptero y 85 km de navegación y 93 unidades de muestreo se instalaron encima de los 1.000 smnm.
Toda esta tarea fue coordinada y supervisada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Bosques, quienes además brindaron capacitaciones de control, realizaron instalaciones conjuntas con las empresas adjudicatarias y controlaron el 10 % de las parcelas instaladas.
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Afirman que el decreto para importar basura es inconstitucional
"El decreto para importar basura es inconstitucional"
Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El experto ambientalista dijo a Página|12 que el decreto abre la puerta a los residuos de Estados Unidos y Europa que rechaza China.
El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional". En diálogo con Página|12, el experto inscribió el decreto 591/19 de Mauricio Macri (que modifica dos decretos de 1992) dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gigante asiático de prohibir la importación de basura, y alertó sobre cómo se verá afectado el trabajo de las cooperativas que reciclan basura.
-¿Cuál es su crítica al decreto?
-Tengo tres críticas puntuales. Primero, con esto quitan el Certificado de Inocuidad Ambiental, y así pueden traer cualquier cosa de afuera. China prohibió la importación de basura porque le metían de todo. En segundo lugar, se eliminaron dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias, y el dedicado a residuos de diversas actividades. Y en tercer lugar, pusieron excepciones para residuos de varias actividades.
-Apunta a la prohibición China y a la guerra comercial con Estados Unidos como trasfondo de esto, ¿por qué?
-El gobierno chino prohibió la importación a comienzos de este año. Sus principales proveedores eran Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hacía un negocio bárbaro: exportaba la mitad de su basura y encima cobraba. Y los europeos enviaban once millones de toneladas por año. Con la decisión china no saben qué hacer con toneladas y toneladas de residuos. Este decreto de Macri les abre una ventana. No descartaría que otros países implementen reformas similares a esta. Es un decreto diametralmente opuesto a la decisión de China, que corta la importación en un 99 por ciento. Desde que China prohibió la importación, las ciudades norteamericanas tienen que pagar para deshacerse del papel, del plástico y otros residuos que antes les vendían a los chinos.
-¿Cuál fue el motivo de China para cortar con la importación?
-Por un lado está la tensión con Estados Unidos por la guerra comercial y la puja en los aranceles. Pero también hay un costado ambiental, porque deciden cerrar sus fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros de papel y de plástico que consideren contaminados. Todo lo contario de lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional. La Argentina no recicla al ciento por ciento y se flexibiliza para que haya una mayor masa de residuos.
-¿La aplicación corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente?
-No, y eso también es llamativo. Hasta ahora los controles los hacía Medio Ambiente. A partir de ahora el órgano de aplicación es el ministerio de Producción. De hecho, el decreto lleva la firma de Macri, Marcos Peña y Dante Sica, pero no de Sergio Bergman.
-¿Cuál es el gran riesgo con este decreto?
-Le solucionamos un gran problema a Estados Unidos, y pueden enviar residuos peligrosos. Insisto en hasta qué punto esto no fue un pedido directo de Trump a Macri. La Ley de Residuos Peligrosos es un emblema en la lucha ambiental en la Argentina. Recordemos que en los 90 querían hacer un basurero nuclear en Gastre, provincia de Chubut.
-¿Hay posibilidad de judicializar el tema?
-Lo estamos estudiando. Vamos a ver qué hacemos. Yo no tengo dudas que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país. El decreto de Macri viola dos principios: uno es el de no regresión ambiental, no se puede retroceder en el derecho, es algo vinculado a los derechos humanos. El otro principio que viola es el de progresividad, porque así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante. La ley es estricta y con esto se flexibiliza.
-¿Qué consecuencias ve si esto se concreta?
-Estamos ante un posible daño ambiental, pero además, desde el punto de vista económico, se perjudican aquellos que trabajan con residuos. En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas que trabajan con 600 toneladas por día. Si se abre la puerta a la importación, va a haber mayor oferta y el precio caerá, con lo que las cooperativas sufrirán pérdidas. Va de la mano con el proyecto de Rodríguez Larreta, que quiere la incineración de residuos. Es algo funcional a los grandes negocios que hay detrás de la basura. O sea, hay un impacto socioambiental por la entrada de residuos importados y encima se perjudica a las cooperativas que se encargan de reciclar.
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Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El experto ambientalista dijo a Página|12 que el decreto abre la puerta a los residuos de Estados Unidos y Europa que rechaza China.
El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional". En diálogo con Página|12, el experto inscribió el decreto 591/19 de Mauricio Macri (que modifica dos decretos de 1992) dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gigante asiático de prohibir la importación de basura, y alertó sobre cómo se verá afectado el trabajo de las cooperativas que reciclan basura.
-¿Cuál es su crítica al decreto?
-Tengo tres críticas puntuales. Primero, con esto quitan el Certificado de Inocuidad Ambiental, y así pueden traer cualquier cosa de afuera. China prohibió la importación de basura porque le metían de todo. En segundo lugar, se eliminaron dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias, y el dedicado a residuos de diversas actividades. Y en tercer lugar, pusieron excepciones para residuos de varias actividades.
-Apunta a la prohibición China y a la guerra comercial con Estados Unidos como trasfondo de esto, ¿por qué?
-El gobierno chino prohibió la importación a comienzos de este año. Sus principales proveedores eran Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hacía un negocio bárbaro: exportaba la mitad de su basura y encima cobraba. Y los europeos enviaban once millones de toneladas por año. Con la decisión china no saben qué hacer con toneladas y toneladas de residuos. Este decreto de Macri les abre una ventana. No descartaría que otros países implementen reformas similares a esta. Es un decreto diametralmente opuesto a la decisión de China, que corta la importación en un 99 por ciento. Desde que China prohibió la importación, las ciudades norteamericanas tienen que pagar para deshacerse del papel, del plástico y otros residuos que antes les vendían a los chinos.
-¿Cuál fue el motivo de China para cortar con la importación?
-Por un lado está la tensión con Estados Unidos por la guerra comercial y la puja en los aranceles. Pero también hay un costado ambiental, porque deciden cerrar sus fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros de papel y de plástico que consideren contaminados. Todo lo contario de lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional. La Argentina no recicla al ciento por ciento y se flexibiliza para que haya una mayor masa de residuos.
-¿La aplicación corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente?
-No, y eso también es llamativo. Hasta ahora los controles los hacía Medio Ambiente. A partir de ahora el órgano de aplicación es el ministerio de Producción. De hecho, el decreto lleva la firma de Macri, Marcos Peña y Dante Sica, pero no de Sergio Bergman.
-¿Cuál es el gran riesgo con este decreto?
-Le solucionamos un gran problema a Estados Unidos, y pueden enviar residuos peligrosos. Insisto en hasta qué punto esto no fue un pedido directo de Trump a Macri. La Ley de Residuos Peligrosos es un emblema en la lucha ambiental en la Argentina. Recordemos que en los 90 querían hacer un basurero nuclear en Gastre, provincia de Chubut.
-¿Hay posibilidad de judicializar el tema?
-Lo estamos estudiando. Vamos a ver qué hacemos. Yo no tengo dudas que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país. El decreto de Macri viola dos principios: uno es el de no regresión ambiental, no se puede retroceder en el derecho, es algo vinculado a los derechos humanos. El otro principio que viola es el de progresividad, porque así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante. La ley es estricta y con esto se flexibiliza.
-¿Qué consecuencias ve si esto se concreta?
-Estamos ante un posible daño ambiental, pero además, desde el punto de vista económico, se perjudican aquellos que trabajan con residuos. En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas que trabajan con 600 toneladas por día. Si se abre la puerta a la importación, va a haber mayor oferta y el precio caerá, con lo que las cooperativas sufrirán pérdidas. Va de la mano con el proyecto de Rodríguez Larreta, que quiere la incineración de residuos. Es algo funcional a los grandes negocios que hay detrás de la basura. O sea, hay un impacto socioambiental por la entrada de residuos importados y encima se perjudica a las cooperativas que se encargan de reciclar.
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Envenenamiento de cóndores termina en la Corte
El Gobierno lleva a la Corte la demanda por la matanza de cóndores en Malargüe
Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se presentó en la Corte Suprema de la Nación un reclamo para recomponer los daños por el envenenamiento de 34 especímenes en Los Molles.
Fiscalía de Estado, acompañada por el Gobierno de Mendoza, inició un reclamo mediante el cual pretende que se ordene a los demandados, tanto empresas como personas, el pago de un Programa de Recomposición del daño ambiental producido por la muerte de 34 especímenes de Cóndor andino.
Ante la muerte de estos ejemplares de la especie protegida y en peligro de extinción, producida en la localidad de Los Molles, Malargüe, en enero de 2018, Fiscalía de Estado ha concretado un proceso de investigación para determinar los hechos y responsabilidades, la entidad del daño producido y analizar las posibles acciones a seguir para su reparación.
En tal marco se recabaron distintas pruebas que incluyen inspecciones, testimonios, estudios de laboratorio y documentación diversa, entre otras, destacando un informe técnico producido a solicitud por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo.
En base a tales elementos se ha concluido que por la cantidad de especímenes involucrados, la mortandad implica una alteración ambiental grave y relevante, la que se debió a un envenenamiento con carbofurán ocasionado por la práctica ganadera, entendiéndose que existe responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación de los mismos.
Dicha situación se encuadró en una acción por daño ambiental colectivo, es decir un daño que afecta en forma conjunta e indivisible a la comunidad toda, en su derecho a la protección del medio ambiente (art. 41 CN).
Sobre tal base, se ha iniciado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente CSJ 001771/19-00 caratulado “Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas S.A. y otros s/ Acción por Daño Ambiental”, para exigir la recomposición del daño producido.
El Cóndor andino (Vultur Wryphus) es una especie autóctona que ha sido declarada Monumento Natural por Ley 6599, habiendo sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dentro de su “Lista Roja” de especie en vía de amenazas. También ha sido calificada dentro de las especies en peligro de extinción que identifica el Anexo I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ratificada por Argentina mediante la Ley 22344.
El procedimiento sustanciado se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente N° 5961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.
En tal marco, Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- ha interpuesto ante la Corte nacional una demanda requiriendo la ejecución de labores necesarias para restituir la situación de entorno natural al momento anterior al menoscabo. A tal fin se solicita que se condene a la constitución de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación.
En la causa, en atención a su experticia, se ha solicitado que se convoque como amigos del tribunal al Comité Argentino de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza representado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a la Fundación Bioandina, a la Asociación Reencuentro por la Vida Animal, a la Fundación Cullunche y a Oikos Red Ambiental.
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Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se presentó en la Corte Suprema de la Nación un reclamo para recomponer los daños por el envenenamiento de 34 especímenes en Los Molles.
Fiscalía de Estado, acompañada por el Gobierno de Mendoza, inició un reclamo mediante el cual pretende que se ordene a los demandados, tanto empresas como personas, el pago de un Programa de Recomposición del daño ambiental producido por la muerte de 34 especímenes de Cóndor andino.
Ante la muerte de estos ejemplares de la especie protegida y en peligro de extinción, producida en la localidad de Los Molles, Malargüe, en enero de 2018, Fiscalía de Estado ha concretado un proceso de investigación para determinar los hechos y responsabilidades, la entidad del daño producido y analizar las posibles acciones a seguir para su reparación.
En tal marco se recabaron distintas pruebas que incluyen inspecciones, testimonios, estudios de laboratorio y documentación diversa, entre otras, destacando un informe técnico producido a solicitud por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo.
En base a tales elementos se ha concluido que por la cantidad de especímenes involucrados, la mortandad implica una alteración ambiental grave y relevante, la que se debió a un envenenamiento con carbofurán ocasionado por la práctica ganadera, entendiéndose que existe responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación de los mismos.
Dicha situación se encuadró en una acción por daño ambiental colectivo, es decir un daño que afecta en forma conjunta e indivisible a la comunidad toda, en su derecho a la protección del medio ambiente (art. 41 CN).
Sobre tal base, se ha iniciado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente CSJ 001771/19-00 caratulado “Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas S.A. y otros s/ Acción por Daño Ambiental”, para exigir la recomposición del daño producido.
El Cóndor andino (Vultur Wryphus) es una especie autóctona que ha sido declarada Monumento Natural por Ley 6599, habiendo sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dentro de su “Lista Roja” de especie en vía de amenazas. También ha sido calificada dentro de las especies en peligro de extinción que identifica el Anexo I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ratificada por Argentina mediante la Ley 22344.
El procedimiento sustanciado se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente N° 5961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.
En tal marco, Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- ha interpuesto ante la Corte nacional una demanda requiriendo la ejecución de labores necesarias para restituir la situación de entorno natural al momento anterior al menoscabo. A tal fin se solicita que se condene a la constitución de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación.
En la causa, en atención a su experticia, se ha solicitado que se convoque como amigos del tribunal al Comité Argentino de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza representado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a la Fundación Bioandina, a la Asociación Reencuentro por la Vida Animal, a la Fundación Cullunche y a Oikos Red Ambiental.
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Grave: modifican decreto y se permite importar basura
Macri modificó un decreto que habilita a importar basura peligrosa sin controles
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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