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Atucha II: admiten pérdida de agua pesada
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Zárate: Atucha II seguirá parada hasta el 7 de agosto y desmintió posible contaminación
Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: lanoticia1.com
Provincia/Región: Nacional
La empresa Nucleoeléctrica Argentina informó que se paró manualmente la central nuclear ubicada en Lima el lunes. Fue para reparar una pérdida de agua pesada. Desmintió que haya riesgo de contaminación.
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina que opera las centrales Atucha aclaró "que en ningún momento hubo ni hay posibilidad de contaminación del río Paraná" luego que Atucha 2 deje de funcionar momentáneamente.
"El lunes 15 de julio a las 08:30 hs. la empresa sacó de servicio en forma manual a la Central Nuclear Atucha II para realizar la reparación de una soldadura de una cañería de venteo de 25 milímetros de diámetro, en la que se generó una micropérdida de agua pesada que ya fue solucionada. El agua pesada utilizada en las centrales nucleares argentinas no está en contacto con el exterior, por lo que no hubo ni hay posibilidad de contaminación", informó.
Atucha II cuenta con un sistema cerrado de recirculación de agua pesada que es utilizado para moderar la reacción nuclear. "Este sistema se mantiene siempre dentro del área radiológicamente controlada de la central y jamás entra en contacto con el exterior", precisaron para evitar la alarma en la población.
Desde Nucleoeléctrica también se indicó que "la única función que cumple el agua del río Paraná en la Central Nuclear Atucha II es la de condensar el vapor que se utiliza para mover las turbinas. Este vapor no posee ningún tipo de radiación contaminante".
La Central Nuclear prevé el retorno al servicio para el próximo el 7 de agosto, "luego de la realización de las pruebas repetitivas previstas para este año, que se deben ejecutar con la planta en la condición de parada fría".
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Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: lanoticia1.com
Provincia/Región: Nacional
La empresa Nucleoeléctrica Argentina informó que se paró manualmente la central nuclear ubicada en Lima el lunes. Fue para reparar una pérdida de agua pesada. Desmintió que haya riesgo de contaminación.
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina que opera las centrales Atucha aclaró "que en ningún momento hubo ni hay posibilidad de contaminación del río Paraná" luego que Atucha 2 deje de funcionar momentáneamente.
"El lunes 15 de julio a las 08:30 hs. la empresa sacó de servicio en forma manual a la Central Nuclear Atucha II para realizar la reparación de una soldadura de una cañería de venteo de 25 milímetros de diámetro, en la que se generó una micropérdida de agua pesada que ya fue solucionada. El agua pesada utilizada en las centrales nucleares argentinas no está en contacto con el exterior, por lo que no hubo ni hay posibilidad de contaminación", informó.
Atucha II cuenta con un sistema cerrado de recirculación de agua pesada que es utilizado para moderar la reacción nuclear. "Este sistema se mantiene siempre dentro del área radiológicamente controlada de la central y jamás entra en contacto con el exterior", precisaron para evitar la alarma en la población.
Desde Nucleoeléctrica también se indicó que "la única función que cumple el agua del río Paraná en la Central Nuclear Atucha II es la de condensar el vapor que se utiliza para mover las turbinas. Este vapor no posee ningún tipo de radiación contaminante".
La Central Nuclear prevé el retorno al servicio para el próximo el 7 de agosto, "luego de la realización de las pruebas repetitivas previstas para este año, que se deben ejecutar con la planta en la condición de parada fría".
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Aumentan las tierras en manos extranjeras
Crece la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Hay 13,3 millones de hectáreas con posibilidad de explotación económica en manos de extranjeros. Este año se declararon 858 mil nuevas hectáreas vendidas, un aumento del 7% sobre 2018.
Existen hoy 13.378.912,63 hectáreas que están registradas en manos de extranjeros. En consecuencia, hay recursos naturales estratégicos que quedan dentrode las propiedades privadas sin establecerse un acceso público. Esto conlleva falta de control público, regulación sobre el impacto ambiental y provoca permanentes tensiones por el desalojo de las comunidades originarias.
En 2011 fue sancionada la ley 26.737, conocida como "ley de tierras", sancionada con el fin de poner límites a la adquisición por parte de extranjeros en el país, Pero en 2016 se produjo una modificación para permitir la compra de propietarios del exterior y así poder "facilitar inversiones", según había anunciado entonces el presidente Mauricio Macri. A dos años de esa medida, el Equipo de Investigación de Perfil Educación comprobó en base a datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales estratégicos va en alza.
Hay lugares en los que se excede el parámetro permitido de adquisición de tierras por parte de extranjeros, que originalmente se había estipulado que fuese del 15% como máximo. En diálogo con el Equipo de Investigación Cristina Brunet, directora del RNTR, explicó que cada gobernación puede negociar ese porcentaje y establecer la paga de una penalidad, en caso de que haya recursos naturales en juego y de acuerdo a la ubicación y riqueza de las tierras. También hay que considerar que la normativa no afecta los derechos adquiridos. Es decir, que si un extranjero o empresa poseían tierras antes de la sanción de la ley,
sería inconstitucional que el Estado se las expropie.
Entre las zonas con altos porcentajes de extranjerización en los últimos años se encuentran Campana en Buenos Aires con el 50,27%, Iguazú en Misiones con el 38,80%, o Lacar en Neuquén con el 53,38%. Pero el ranking lo encabezan las históricas localidades salteñas de San Carlos con 59, 82% y el departamento de Molinos con 57,79%, son las que mayor porcentaje de extranjerización de tierras poseen, en su mayoría, pertenecientes a capitales estadounidenses y suizos, entre otros.
Otro caso particular es Jujuy, donde el 26.06 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras. Desde el nororeste argetino, Lino Castro, miembro de la Asamblea Popular de la Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), denuncia al estado provincial, a cargo de Gerardo Morales
por la expropiación de 1200 hectáreas para ser destinadas a la radicación de una zona franca en las localidades de La Quiaca y Perico. Morales sostiene que cuenta el aval del convenio firmado por el gobierno nacional, que autorizó la instalación de zonas francas en la provincia.
A la facilidad que dan las provincias para la adquisición y explotación económica de las tierras, se le suma la problemática de los recursos estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público, o de su ubicación en zonas de seguridad de frontera, lo cual es inconstitucional.
En Río Negro, por ejemplo, fue denunciado el caso de Joe Lewis , por la “privatización” del Lago Escondido pero el empresario británico fue defendido por el propio Macri.
Sin embargo Lewis, que entre otros emprendimientos es también dueño de Edenor, fue llevado a la justicia por Magdalena Odarda, senadora del Frente para la Victoria, por varias ilegalidades como no permitir una “servidumbre de paso” y negar el tránsito del camino de Tacuifí, que permite el acceso rápido al Lago Escondido.
No se trata de una cuestión ideológica de si los extranjeros deberían ser dueños o no de la tierra argentina, sino por cuidar los intereses de la nación, comentó Alejandro Meyer, perteneciente a la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y referente de la Marcha por la Soberanía. Esta movilización por cuarto año consecutivo ingresó a las tierras de Lewis, que posee en El Bolsón, en reclamo por el acceso al lago, un recurso natural público al que el magnate cuya fortuna se estima en U$ 5,3 mil millones, niega acceso por ser parte de su propiedad.
Mientras que una nueva muestra de inversiones extranjeras en ese sector estratégico para los recursos naturales de Argentina es la reciente adquisición del emir de Catar, Hamad bin Jalifa al-Thani quien compró 28 mil hectáreas aledañas a las propiedades de Lewis.
Otro jeque árabe que adquirió tierras argentinas es Alí Albwardy, que desde ace algunos años viene realizando inversiones en la provincia de Misiones. Dueño de una compañía holding invirtió en las Cataratas US$ 80 millones en 2018 y espera expandirse. El empresario instaló el hotel Meliá, ex Sheraton, que inauguró junto a Macri, el pasado diciembre. Un detalle que opaca el perfil del jeque es que en 2006, un documento de Wikileaks lo acusó por sobornar al presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, y por una donación de US$ 1 millón al partido gobernante. Se estima su fortuna cercana a los US$ 20.000 millones.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Hay 13,3 millones de hectáreas con posibilidad de explotación económica en manos de extranjeros. Este año se declararon 858 mil nuevas hectáreas vendidas, un aumento del 7% sobre 2018.
Existen hoy 13.378.912,63 hectáreas que están registradas en manos de extranjeros. En consecuencia, hay recursos naturales estratégicos que quedan dentrode las propiedades privadas sin establecerse un acceso público. Esto conlleva falta de control público, regulación sobre el impacto ambiental y provoca permanentes tensiones por el desalojo de las comunidades originarias.
En 2011 fue sancionada la ley 26.737, conocida como "ley de tierras", sancionada con el fin de poner límites a la adquisición por parte de extranjeros en el país, Pero en 2016 se produjo una modificación para permitir la compra de propietarios del exterior y así poder "facilitar inversiones", según había anunciado entonces el presidente Mauricio Macri. A dos años de esa medida, el Equipo de Investigación de Perfil Educación comprobó en base a datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales estratégicos va en alza.
Hay lugares en los que se excede el parámetro permitido de adquisición de tierras por parte de extranjeros, que originalmente se había estipulado que fuese del 15% como máximo. En diálogo con el Equipo de Investigación Cristina Brunet, directora del RNTR, explicó que cada gobernación puede negociar ese porcentaje y establecer la paga de una penalidad, en caso de que haya recursos naturales en juego y de acuerdo a la ubicación y riqueza de las tierras. También hay que considerar que la normativa no afecta los derechos adquiridos. Es decir, que si un extranjero o empresa poseían tierras antes de la sanción de la ley,
sería inconstitucional que el Estado se las expropie.
Entre las zonas con altos porcentajes de extranjerización en los últimos años se encuentran Campana en Buenos Aires con el 50,27%, Iguazú en Misiones con el 38,80%, o Lacar en Neuquén con el 53,38%. Pero el ranking lo encabezan las históricas localidades salteñas de San Carlos con 59, 82% y el departamento de Molinos con 57,79%, son las que mayor porcentaje de extranjerización de tierras poseen, en su mayoría, pertenecientes a capitales estadounidenses y suizos, entre otros.
Otro caso particular es Jujuy, donde el 26.06 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras. Desde el nororeste argetino, Lino Castro, miembro de la Asamblea Popular de la Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), denuncia al estado provincial, a cargo de Gerardo Morales
por la expropiación de 1200 hectáreas para ser destinadas a la radicación de una zona franca en las localidades de La Quiaca y Perico. Morales sostiene que cuenta el aval del convenio firmado por el gobierno nacional, que autorizó la instalación de zonas francas en la provincia.
A la facilidad que dan las provincias para la adquisición y explotación económica de las tierras, se le suma la problemática de los recursos estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público, o de su ubicación en zonas de seguridad de frontera, lo cual es inconstitucional.
En Río Negro, por ejemplo, fue denunciado el caso de Joe Lewis , por la “privatización” del Lago Escondido pero el empresario británico fue defendido por el propio Macri.
Sin embargo Lewis, que entre otros emprendimientos es también dueño de Edenor, fue llevado a la justicia por Magdalena Odarda, senadora del Frente para la Victoria, por varias ilegalidades como no permitir una “servidumbre de paso” y negar el tránsito del camino de Tacuifí, que permite el acceso rápido al Lago Escondido.
No se trata de una cuestión ideológica de si los extranjeros deberían ser dueños o no de la tierra argentina, sino por cuidar los intereses de la nación, comentó Alejandro Meyer, perteneciente a la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y referente de la Marcha por la Soberanía. Esta movilización por cuarto año consecutivo ingresó a las tierras de Lewis, que posee en El Bolsón, en reclamo por el acceso al lago, un recurso natural público al que el magnate cuya fortuna se estima en U$ 5,3 mil millones, niega acceso por ser parte de su propiedad.
Mientras que una nueva muestra de inversiones extranjeras en ese sector estratégico para los recursos naturales de Argentina es la reciente adquisición del emir de Catar, Hamad bin Jalifa al-Thani quien compró 28 mil hectáreas aledañas a las propiedades de Lewis.
Otro jeque árabe que adquirió tierras argentinas es Alí Albwardy, que desde ace algunos años viene realizando inversiones en la provincia de Misiones. Dueño de una compañía holding invirtió en las Cataratas US$ 80 millones en 2018 y espera expandirse. El empresario instaló el hotel Meliá, ex Sheraton, que inauguró junto a Macri, el pasado diciembre. Un detalle que opaca el perfil del jeque es que en 2006, un documento de Wikileaks lo acusó por sobornar al presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, y por una donación de US$ 1 millón al partido gobernante. Se estima su fortuna cercana a los US$ 20.000 millones.
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Demanda colectiva contra el glifosato
Denuncia: el paso a paso de la investigación contra el glifosato
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Argentina tendrá por su propia lista roja de plantas en peligro
Argentina tendrá por primera vez su lista roja de plantas en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
Argentina tendrá por primera vez una "lista roja" con el registro sobre las plantas que se encuentran en peligro de extinción y así se sabrá cuales de las 10.213 especies que existen en el país podrían desaparecer, según confirmaron en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA).
"En la Argentina aún no tememos un inventario nacional de biodiversidad, pero estamos dando un primer paso para categorizar toda la flora vascular (es decir la mayoría, las que poseen raíz, tallo y hoja) del país con la que sabremos su localización, cantidad y si corren riesgo para generar medidas que ayuden a su conservación", indicó a Télam Diego Moreno, secretario de Política ambiental de la Secretaría de Ambiente.
Alberto De Magistris, ingeniero agrónomo y doctor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), le dijo a Télam que "cerca de 500 especies vegetales, aproximadamente, se encuentran en peligro de extinción en el país y el principal factor que colabora es el avance de la frontera agropecuaria, el uso de semillas transgénicas y la contaminación de agro químicos, porque reducen los lugares naturales en los que circulan las especies".
El 10 de agosto del año pasado se realizó la primera reunión organizativa con especialistas botánicos y biólogos de todo el país, el IBODA y Ambiente para comenzar la categorización de las especies vasculares del país de acuerdo a su estado de conservación, cuyos resultados preliminares se darán a conocer a fin de este año, según fuentes de Ambiente.
"Hay 10.213 especies en flora nativa en el país, según los últimos datos que relevamos con la Secretaría de Ambiente, y aún estamos trabajando en el listado Rojo de especies vasculares", indicó a Télam Fernando Zuloaga, titular del IBODA.
Ese listado implica "una instancia superadora" a la ya existente de plantas endémicas (propias del lugar) de la Argentina, porque abarca toda la flora nativa.
Hasta el momento, las únicas especies que se habían logrado catalogar son las 1.744 plantas registradas en la Lista Roja Preliminar de las Plantas Endémicas de la Argentina (PlanEAr) elaborada por la Universidad Nacional del Sur (UNS), creada por una resolución del año 2010.
Con el nuevo listado que está elaborando la secretaría de Ambiente, las categorías en las que se dividirá la flora argentina, según parámetros de la institución global Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), serán: Extintas, en peligro crítico de extinción, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor, datos insuficientes y no evaluados.
Especialistas consideran el listado de categorización de flora "un gran paso" porque permitirá evaluar los factores que inciden en su deterioro y reveer políticas públicas en favor de su conservación.
Realizar un inventario, identificar su territorio, saber si es propiedad privada o estatal y establecer qué posibilidades hay de hacer una reserva (si se cuenta con la concesión del lugar por parte del Estado) o un refugio de vida silvestre, son algunas de las medidas, mencionadas por De Magistris, que apuntarían a la protección de las especies.
Según estudios internacionales, existen 298 mil especies de flora en el mundo y de las 28287 evaluadas, casi la mitad, 13677, se encuentran con algún nivel de peligro.
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El biogás también prendió en RenovAr
Biogás: los proyectos con efluentes porcinos y desechos agrícolas para la ronda 3 de RenovAr
Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres propuestas cordobesas para generar energía a partir del biogás se presentaron en la ronda 3 de RenovAr . Son los de la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, que ofertó un MW en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba ; 1,20 MW de Golosinas O.E.N.P, Arinco SRL, Frigorífico Sudeste SA, Enrique Jonneret e Hijos SA y Cleanergy Renovables SA en Bell Ville (sudeste provincial), y un MW, deLa Paloma Bioenergía en Serrano (al sur).
Desde la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, una empresa agropecuaria e industrial con 30 años de trayectoria, explicaron a LA NACION que el proyecto del biodigestor en Villa de María de Río Seco está vinculado a la granja de cerdos de 500 madres que tienen en el lugar y apunta al autoabastecimiento, al menos en una primera instancia.
"Se producirá energía con los efluentes porcinos y con los del feedlot", indicaron. El criadero funciona en la estancia Las Pencas, donde, además, hacen ganado ovino y agricultura "sustentable y certificada". La estrategia del grupo, señalaron, es seguir creciendo a partir de agregar valor en origen a la cadena productiva.
En Bell Ville la iniciativa es para la generación y producción de energía a través de la digestión anaeróbica de biomasa. La propuesta ya fue declarada de interés municipal y reúne a empresas de diferentes sectores económicos de la ciudad que buscaron, de manera conjunta, aumentar la capacidad de respuesta a los problemas ambientales.
Para la generación harán un aprovechamiento energético de los residuos orgánicos y, además, producirán fertilizantes. También prevén el tratamiento de las aguas residuales de alta carga orgánica.
Por su parte, La Paloma Bioenergía aprovechará los desechos agrícolas para producir biogás y transformarlo en 1 MW de energía. En ese caso, Aldo Longo, dueño de la planta, firmó un acuerdo con la empresa provincial de energía EPEC para conectarse a la red de la cooperativa para inyectar energía. De esta forma, en una segunda etapa, podrá comercializarla en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En Renovar 3, además de estos tres proyectos de Córdoba, hay dos eólicos (Adelia María, de 12,6 MW; y General Levalle, de 12,9 MW) y una mini central hidroeléctrica (La Calera, de 3 MW).
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Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres propuestas cordobesas para generar energía a partir del biogás se presentaron en la ronda 3 de RenovAr . Son los de la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, que ofertó un MW en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba ; 1,20 MW de Golosinas O.E.N.P, Arinco SRL, Frigorífico Sudeste SA, Enrique Jonneret e Hijos SA y Cleanergy Renovables SA en Bell Ville (sudeste provincial), y un MW, deLa Paloma Bioenergía en Serrano (al sur).
Desde la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, una empresa agropecuaria e industrial con 30 años de trayectoria, explicaron a LA NACION que el proyecto del biodigestor en Villa de María de Río Seco está vinculado a la granja de cerdos de 500 madres que tienen en el lugar y apunta al autoabastecimiento, al menos en una primera instancia.
"Se producirá energía con los efluentes porcinos y con los del feedlot", indicaron. El criadero funciona en la estancia Las Pencas, donde, además, hacen ganado ovino y agricultura "sustentable y certificada". La estrategia del grupo, señalaron, es seguir creciendo a partir de agregar valor en origen a la cadena productiva.
En Bell Ville la iniciativa es para la generación y producción de energía a través de la digestión anaeróbica de biomasa. La propuesta ya fue declarada de interés municipal y reúne a empresas de diferentes sectores económicos de la ciudad que buscaron, de manera conjunta, aumentar la capacidad de respuesta a los problemas ambientales.
Para la generación harán un aprovechamiento energético de los residuos orgánicos y, además, producirán fertilizantes. También prevén el tratamiento de las aguas residuales de alta carga orgánica.
Por su parte, La Paloma Bioenergía aprovechará los desechos agrícolas para producir biogás y transformarlo en 1 MW de energía. En ese caso, Aldo Longo, dueño de la planta, firmó un acuerdo con la empresa provincial de energía EPEC para conectarse a la red de la cooperativa para inyectar energía. De esta forma, en una segunda etapa, podrá comercializarla en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En Renovar 3, además de estos tres proyectos de Córdoba, hay dos eólicos (Adelia María, de 12,6 MW; y General Levalle, de 12,9 MW) y una mini central hidroeléctrica (La Calera, de 3 MW).
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Media sanción para la “Emergencia climática” en la Argentina
El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara la “Emergencia climática” en la Argentina
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
También aprobó un proyecto que fija “obligaciones concretas” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Senado aprobó esta tarde y giró a la cámara de Diputados un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático, al tiempo que declaró la "Emergencia climática y ecológica" en el territorio argentino.
El proyecto "establece herramientas para que la Argentina se adapte al cambio climático y fija obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", precisó el senador Fernando "Pino" Solanas, impulsor de la iniciativa.
Por su parte, la declaración de "Emergencia climática y ecológica" en la Argentina fue propuesta por la agrupación "Jóvenes por el clima" y tras ser impulsada por Solanas, recibió el aval de la Cámara alta.
“La consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza y las condiciones climáticas son brutales. Hay una suerte de resistencia que no acepta que el cambio climático es la mayor amenaza que tiene hoy la humanidad. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas, dijo el legislador.
El aval del Senado se da luego de distintas movilizaciones de jóvenes para exigirle a los gobernantes "medidas concretas" de lucha contra el cambio climático. La más importante se dio en marzo, frente al Congreso: por primera vez de modo organizado, chicos y chicas de entre 13 y 25 años se movilizaron para reclamar medidas urgentes que eviten la destrucción del ambiente.
El proyecto aprobado por el Senado, en esa línea, busca establecer estrategias y medidas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas.
"Somos el 17° país en declarar la Emergencia Climática y Ecológica y el primero en Latinoamérica. Estoy muy emocionado porque hoy pudimos sacar estos dos proyectos con los cuales trabajamos muy intensamente", agregó Solanas.
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Investigan si pingüinos crestados están afectados por el CC
Estudian cómo afecta el cambio climático a la población de pingüinos crestados
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Andrea Raya Rey, investigadora independiente del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y su dirigido, Nicolás Lois, becario del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA), participaron de una investigación publicada en noviembre pasado en la revista Scientific Reports. Se trata de una colaboración internacional para el estudio genético de los pingüinos crestados. “Los Eudyptes se distribuyen principalmente en islas subantárticas y este estudio incluye las especies Penacho Amarillo, Macaroni y Real”, describe Lois.
Afectados por el calentamiento global
Los pingüinos crestados vienen sufriendo considerables mermas poblacionales atribuidas principalmente al cambio climático. En Malvinas, por ejemplo, desde la década del ´70 se perdió entre el 70 y el 80 por ciento de la población de Pingüinos Penacho Amarillo del Sur. De hecho, “esta especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y se declaró la importancia de su estudio y protección”, cuenta Raya Rey. No obstante, son estudiados por muy pocos equipos a nivel mundial, dentro de los cuales el CADIC tiene una gran relevancia.
“Utilizamos análisis genéticos que no se asocian a ningún rasgo físico de los pingüinos. Es decir que cuando encontramos diferencias en la información genética sabemos que son cambios que sucedieron al azar y nos permiten estimar la magnitud de las diferencias entre las poblaciones. Estas diferencias pueden ser sutiles y nos interesa saber cuál es la escala a la que se observan, lo que resulta sumamente valioso principalmente en relación a la conservación de especies vulnerables”, explica Lois.
Principales hallazgos
Hace tiempo se discute en la comunidad científica si dentro de los pingüinos Penacho Amarillo existen dos o tres especies. En este trabajo, los investigadores encontraron evidencias genéticas que apoyan que sea un complejo de tres especies. Sin embargo, no se encontró este tipo de diferenciación en las otras especies en estudio, los pingüinos Macaroni y Real. “Este hallazgo tiene grandes implicancias para la conservación de las especies. En este momento nos encontramos analizando en mayor detalle lo que sucede en las poblaciones del Océano Atlántico Sudoccidental, y los resultados hasta el momento refuerzan aún más esta
separación.”, acota Raya Rey.
La segregación genética se produce luego de un transcurso prolongado de tiempo en el que diferentes colonias han estado sometidas a condiciones disímiles, sin tener contacto – o muy bajo – entre sí. Sin embargo, estos pingüinos presentan una gran dispersión, son capaces de moverse grandes distancias, por lo que no sería esperable que se de este fenómeno. Lo que se observa en la naturaleza es que algunas especies presentan mayor diferenciación genética que otras, aún teniendo la capacidad de dispersarse entre poblaciones.
Una posible explicación puede encontrarse dentro de la propia investigación. Los frentes marinos aparecen como una fuerza limitante de la dispersión de especies que restringen el intercambio genético. Por ejemplo, existen especies que habitan al sur del Frente Polar Antártico y no las encontramos en el Frente Subtropical debido a las particularidades de cada masa de agua, especialmente en términos de temperatura, salinidad y, por ende, de los ecosistemas que se generan en cada una de ellas.
En el caso que individuos de una población cruzaran alguno de estos frentes y fundaran allí una colonia se verían sometidos a condiciones muy diferentes de las anteriores. De sobrevivir –gracias a la enorme plasticidad característica de estos pingüinos– y si no volvieran a cruzarse con individuos de sus colonias originales, podrían comenzar a diferenciarse hasta conformar una nueva especie. Esto está propuesto para otras especies de aves marinas, pero aún no fue estudiado en el pingüino de penacho amarillo sino que es simplemente una hipótesis a analizar.
Conservación
Tal como se comentó al comienzo de la nota, los Pingüinos Crestados han sido declarados en su mayoría como especies vulnerables y, en algunos casos, en peligro de extinción, ya que se registran disminuciones continuas en sus poblaciones, su éxito reproductivo y la supervivencia en los primeros años son muy bajos. Esto, sumado a los numerosos cambios que viene sufriendo el entorno en el que viven, hace aún más importante establecer mejores pautas para su conservación.
En este sentido, la publicación en cuestión es muy relevante. “La biodiversidad se plasma en tres niveles: ecosistémico, poblacional y genético. Los estudios en este último nivel -que es el menos conocido- resultan claves a la hora de plantear estrategias de conservación. En el caso del Penacho Amarillo, en particular, es fundamental determinar si es un complejo de dos o tres especies, ya que el número de individuos de cada uno de estos grupos se modifica, con grandes implicancias en el grado de vulnerabilidad, lo cual ameritará redefinir o al menos repensar el estado de conservación de cada una de ellas. Si tenemos un número x
de individuos-mil, por ejemplo- dividido en dos especies, cada una tendría un promedio de 500 ejemplares; mientras que si se dividen en tres especies, el número de pingüinos que integran cada una, se reducirá considerablemente y aumentará el riesgo de que alguna desaparezca”, explica Raya Rey.
“Los pingüinos crestados son muy plásticos a la hora de adaptarse a diferentes condiciones ambientales y de abundancias de presas, lo que constituye una característica favorable en el marco de cambio global actual. Estamos tratando de determinar el nivel de plasticidad de estos individuos en las diferentes colonias. Estos resultados acoplados a los genéticos, nos permitirán entender cuáles son las poblaciones más susceptibles e importantes para su conservación a nivel regional. Las colaboraciones internacionales permiten que trabajos a escala local y regional tengan también un impacto en la conservación de las especies a nivel global”, concluye Lois.
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Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Andrea Raya Rey, investigadora independiente del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y su dirigido, Nicolás Lois, becario del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA), participaron de una investigación publicada en noviembre pasado en la revista Scientific Reports. Se trata de una colaboración internacional para el estudio genético de los pingüinos crestados. “Los Eudyptes se distribuyen principalmente en islas subantárticas y este estudio incluye las especies Penacho Amarillo, Macaroni y Real”, describe Lois.
Afectados por el calentamiento global
Los pingüinos crestados vienen sufriendo considerables mermas poblacionales atribuidas principalmente al cambio climático. En Malvinas, por ejemplo, desde la década del ´70 se perdió entre el 70 y el 80 por ciento de la población de Pingüinos Penacho Amarillo del Sur. De hecho, “esta especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y se declaró la importancia de su estudio y protección”, cuenta Raya Rey. No obstante, son estudiados por muy pocos equipos a nivel mundial, dentro de los cuales el CADIC tiene una gran relevancia.
“Utilizamos análisis genéticos que no se asocian a ningún rasgo físico de los pingüinos. Es decir que cuando encontramos diferencias en la información genética sabemos que son cambios que sucedieron al azar y nos permiten estimar la magnitud de las diferencias entre las poblaciones. Estas diferencias pueden ser sutiles y nos interesa saber cuál es la escala a la que se observan, lo que resulta sumamente valioso principalmente en relación a la conservación de especies vulnerables”, explica Lois.
Principales hallazgos
Hace tiempo se discute en la comunidad científica si dentro de los pingüinos Penacho Amarillo existen dos o tres especies. En este trabajo, los investigadores encontraron evidencias genéticas que apoyan que sea un complejo de tres especies. Sin embargo, no se encontró este tipo de diferenciación en las otras especies en estudio, los pingüinos Macaroni y Real. “Este hallazgo tiene grandes implicancias para la conservación de las especies. En este momento nos encontramos analizando en mayor detalle lo que sucede en las poblaciones del Océano Atlántico Sudoccidental, y los resultados hasta el momento refuerzan aún más esta
separación.”, acota Raya Rey.
La segregación genética se produce luego de un transcurso prolongado de tiempo en el que diferentes colonias han estado sometidas a condiciones disímiles, sin tener contacto – o muy bajo – entre sí. Sin embargo, estos pingüinos presentan una gran dispersión, son capaces de moverse grandes distancias, por lo que no sería esperable que se de este fenómeno. Lo que se observa en la naturaleza es que algunas especies presentan mayor diferenciación genética que otras, aún teniendo la capacidad de dispersarse entre poblaciones.
Una posible explicación puede encontrarse dentro de la propia investigación. Los frentes marinos aparecen como una fuerza limitante de la dispersión de especies que restringen el intercambio genético. Por ejemplo, existen especies que habitan al sur del Frente Polar Antártico y no las encontramos en el Frente Subtropical debido a las particularidades de cada masa de agua, especialmente en términos de temperatura, salinidad y, por ende, de los ecosistemas que se generan en cada una de ellas.
En el caso que individuos de una población cruzaran alguno de estos frentes y fundaran allí una colonia se verían sometidos a condiciones muy diferentes de las anteriores. De sobrevivir –gracias a la enorme plasticidad característica de estos pingüinos– y si no volvieran a cruzarse con individuos de sus colonias originales, podrían comenzar a diferenciarse hasta conformar una nueva especie. Esto está propuesto para otras especies de aves marinas, pero aún no fue estudiado en el pingüino de penacho amarillo sino que es simplemente una hipótesis a analizar.
Conservación
Tal como se comentó al comienzo de la nota, los Pingüinos Crestados han sido declarados en su mayoría como especies vulnerables y, en algunos casos, en peligro de extinción, ya que se registran disminuciones continuas en sus poblaciones, su éxito reproductivo y la supervivencia en los primeros años son muy bajos. Esto, sumado a los numerosos cambios que viene sufriendo el entorno en el que viven, hace aún más importante establecer mejores pautas para su conservación.
En este sentido, la publicación en cuestión es muy relevante. “La biodiversidad se plasma en tres niveles: ecosistémico, poblacional y genético. Los estudios en este último nivel -que es el menos conocido- resultan claves a la hora de plantear estrategias de conservación. En el caso del Penacho Amarillo, en particular, es fundamental determinar si es un complejo de dos o tres especies, ya que el número de individuos de cada uno de estos grupos se modifica, con grandes implicancias en el grado de vulnerabilidad, lo cual ameritará redefinir o al menos repensar el estado de conservación de cada una de ellas. Si tenemos un número x
de individuos-mil, por ejemplo- dividido en dos especies, cada una tendría un promedio de 500 ejemplares; mientras que si se dividen en tres especies, el número de pingüinos que integran cada una, se reducirá considerablemente y aumentará el riesgo de que alguna desaparezca”, explica Raya Rey.
“Los pingüinos crestados son muy plásticos a la hora de adaptarse a diferentes condiciones ambientales y de abundancias de presas, lo que constituye una característica favorable en el marco de cambio global actual. Estamos tratando de determinar el nivel de plasticidad de estos individuos en las diferentes colonias. Estos resultados acoplados a los genéticos, nos permitirán entender cuáles son las poblaciones más susceptibles e importantes para su conservación a nivel regional. Las colaboraciones internacionales permiten que trabajos a escala local y regional tengan también un impacto en la conservación de las especies a nivel global”, concluye Lois.
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Ya hay 1.300 micros que funcionan con biodiesel
Más de 1.300 micros ya funcionan en la Argentina con biodiesel 100 por ciento puro
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina ya hay funcionando más de 1.300 micros de pasajeros impulsados únicamente con biodiesel.
Así lo afirmó a iProfesional Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, provincia pionera en la difusión de este combustible derivado del aceite de soja y de energías limpias.
Según la funcionaria, solo entre Rosario y Santa Fe hay 900 buses que utilizan únicamente "bio" al 100%, es decir, sin el agregado de gasoil. En tanto que en Córdoba hay otros 400, al tiempo que se suman unos 30 más en Tucumán.
Sin embargo, se espera que estas cifras se superen rápidamente: "Prevemos que el número se irá ampliando en los próximos meses", apuntó Geese.
En el caso de la provincia de Santa Fe, de hecho, se proyecta que unas 1.100 unidades estarán funcionando con "B100" antes de que finalice este año.
Esto se debe a que el gobierno de Miguel Lifschitz –que viene impulsando con fuerza el cambio hacia una matriz energética amigable con el medioambiente- viene alentando a que la flota de transporte de pasajeros de la provincia funcione con biodiesel 100% puro y, con ese objetivo, emitió una resolución por la cual mantendrá el subsidio a aquellas empresas que abandonen el uso del gasoil y migren hacia el "bio".
"Al día de hoy, de los 75 millones de litros anuales de gasoil que consumía el transporte, ya hemos logrado reemplazar el 50% con biodiesel", apuntó Geese.
"Un aspecto muy importante es que los motores funcionan perfectamente con el biocombustible puro. Hemos realizado estudios, seguimos protocolos e hicimos auditorías y hemos demostrado que no hubo ningún desperfecto a lo largo de esta experiencia", recalcó la funcionaria.
Un punto clave es la reducción de costos que logran las empresas: actualmente, por cada litro que del combustible fósil que reemplazan, ahorran unos $10.
A esto se suman otros beneficios no menores: por un lado, una mayor complementación para la cadena productiva de soja y, además, la posibilidad de contar con un aire mucho más limpio.
Sucede que los efectos positivos son concretos: cada colectivo que utiliza B100 reduce la contaminación ambiental en el orden de las 8,5 toneladas de dióxido de carbono por mes.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina ya hay funcionando más de 1.300 micros de pasajeros impulsados únicamente con biodiesel.
Así lo afirmó a iProfesional Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, provincia pionera en la difusión de este combustible derivado del aceite de soja y de energías limpias.
Según la funcionaria, solo entre Rosario y Santa Fe hay 900 buses que utilizan únicamente "bio" al 100%, es decir, sin el agregado de gasoil. En tanto que en Córdoba hay otros 400, al tiempo que se suman unos 30 más en Tucumán.
Sin embargo, se espera que estas cifras se superen rápidamente: "Prevemos que el número se irá ampliando en los próximos meses", apuntó Geese.
En el caso de la provincia de Santa Fe, de hecho, se proyecta que unas 1.100 unidades estarán funcionando con "B100" antes de que finalice este año.
Esto se debe a que el gobierno de Miguel Lifschitz –que viene impulsando con fuerza el cambio hacia una matriz energética amigable con el medioambiente- viene alentando a que la flota de transporte de pasajeros de la provincia funcione con biodiesel 100% puro y, con ese objetivo, emitió una resolución por la cual mantendrá el subsidio a aquellas empresas que abandonen el uso del gasoil y migren hacia el "bio".
"Al día de hoy, de los 75 millones de litros anuales de gasoil que consumía el transporte, ya hemos logrado reemplazar el 50% con biodiesel", apuntó Geese.
"Un aspecto muy importante es que los motores funcionan perfectamente con el biocombustible puro. Hemos realizado estudios, seguimos protocolos e hicimos auditorías y hemos demostrado que no hubo ningún desperfecto a lo largo de esta experiencia", recalcó la funcionaria.
Un punto clave es la reducción de costos que logran las empresas: actualmente, por cada litro que del combustible fósil que reemplazan, ahorran unos $10.
A esto se suman otros beneficios no menores: por un lado, una mayor complementación para la cadena productiva de soja y, además, la posibilidad de contar con un aire mucho más limpio.
Sucede que los efectos positivos son concretos: cada colectivo que utiliza B100 reduce la contaminación ambiental en el orden de las 8,5 toneladas de dióxido de carbono por mes.
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Crédito fiscal para quienes generen con renovables
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a quienes generen su propia energía renovable
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Preparan a cóndores para ser liberados
Seis cóndores andinos se preparan para ser liberados en la Patagonia
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los ejemplares viajan desde la Ciudad de Buenos Aires al sur del país para comenzar su adaptación al entorno en el que próximamente serán liberados.
Seis ejemplares de cóndor andino (Vultur gryphus) fueron trasladados desde el Ecoparque de Buenos Aires a la base de campo del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) en Sierra Paileman, departamento Valcheta, provincia de Río Negro, para ser incluidos en la próxima liberación en la costa atlántica patagónica. Los animales permanecerán en recintos de liberación, fortaleciendo sus lazos sociales y familiarizándose con su nuevo hogar, antes de la suelta que está programada para septiembre.
Los cóndores tienen diferentes historias, Karut (Trueno) nació en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, fue incubado artificialmente y criado con asistencia de títeres de látex; Suyan (Esperanza) nació en el Parque Faunístico y Ecológico Yastay de La Rioja; Amancay (Flor) nació en el Bioparque Temaikén; Takiyiwe (Libertad) nació en el Parque Faunístico San Juan, mientras que Paqarina (Generadora de Vida) y Ñorquinquera (Sonido de Agua) fueron rescatadas en Río Negro y rehabilitadas en el Ecoparque porteño.
Todos ellos forman parte del esfuerzo conjunto de conservación denominado "El Retorno del cóndor al mar". El mismo es posible bajo un trabajo en red y gracias a la intervención de varias instituciones, nacionales e internacionales, que articulan el retorno de estas aves a la costa atlántica de la Patagonia.
Además de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participan el Ecoparque de Buenos Aires y la Fundación Bioandina argentina; con la colaboración de Aerolíneas Argentinas, el Parque Faunístico y Ecológico Yastay de La Rioja, las secretarías de Ambiente de Río Negro, La Rioja y San Juan; el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut; el Parque Faunístico de San Juan; el Bioparque Temaikén; la Fundación Patagonia Natural; la Fundación Bioparc, y las asociaciones internacionales Association Beauval Nature Pour la Conservation et la Recherche, Asociación Beauval Nature, AFdPZ y Grand Parc du Puy du Fou de Francia.
Liberación
Cabe destacar que existen dos metodologías para liberar cóndores. Los individuos con experiencia de vuelo pueden ser liberados de forma individual y directa, ya que cuentan con la capacidad necesaria para sobrevivir en vida silvestre. Sin embargo, los ejemplares sin experiencia de vuelo, como estos seis pichones, necesitan un trabajo más intensivo de cuidado, ya que no saben volar y morirían en vida silvestre sin el cuidado necesario.
Por tal motivo, deben ser liberados en bandada, en grupos bien socializados para reforzar su contacto y unión. Y una vez puestos en libertad necesitan ser asistidos, durante al menos un año, hasta que logren su independencia total en vida silvestre.
Estas condiciones de trabajo solo están disponibles en Argentina en la Sierra Paileman, Río Negro, como parte de la costa atlántica patagónica. Allí el PCCA cuenta con una base totalmente equipada y un equipo técnico de asistentes de campo del Ecoparque porteño capacitado para sostener las actividades de conservación in situ a lo largo de todo el año.
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La Corte falló a favor de la conservación de humedales
La Corte frenó megaproyecto inmobiliario por cuestiones ambientales
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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El Gran Chaco y la proyección de la deforestación
Deforestación: estiman que en 2028 se habrán perdido una superficie de bosques nativos equivalente a 200 veces la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Chaco
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con Fundación Vida Silvestre Argentina, si se mantiene la tendencia de los últimos años, la pérdida se daría fuertemente en la región del Gran Chaco, donde se encuentra el mayor remanente de bosques nativos del país.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el INTA y Fundación Vida Silvestre Argentina analiza los escenarios futuros de deforestación, según las alternativas de expansión agropecuaria en el Gran Chaco Argentino. La investigación plantea proyecciones de cambios en el uso del suelo (expansión agropecuaria) para el año 2028 bajo diferentes escenarios de control de la deforestación. El objetivo fue evaluar los efectos sobre el medio ambiente en cada escenario, por medio de la cuantificación y localización de la pérdida de bosques y áreas naturales; la pérdida de hábitat en áreas prioritarias para la conservación y la caída del nivel de provisión de servicios ecosistémicos (Para acceder a la información completa hacer click aquí).
Entre los escenarios elaborados se identifica el llamado tendencial o Business as usual (BAU), un modelo inercial que proyecta el comportamiento actual hasta el año 2028, considerando las tasas de deforestación entre los años 2007 y 2014. En dicho período se registró una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques, a una tasa anual de desmonte de 0,94%, comparable a la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo. Por lo tanto, el escenario BAU plantea que, de continuar con la misma tendencia hasta el año 2028, se producirá una pérdida adicional de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a casi 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aproximadamente la mitad de dicha pérdida de ecosistemas se localizará en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, es decir, de alto valor de conservación.
Estos datos resultan alarmantes, ya que las consecuencias de la deforestación tienen un impacto negativo no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y económico. La deforestación contribuye al cambio climático -ya que se incrementan las emisiones de dióxido de carbono (CO2)-, reduce el hábitat para especies animales y vegetales amenazadas de extinción, y dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y, por ende, inundaciones. Pero también atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuye la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, entre ellos la regulación del clima, la captación y reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Por otra parte, el avance de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de bosques no se da en zonas despobladas, sino que ocurre, por lo general, en tierras de uso tradicional de comunidades indígenas y campesinas, lo que genera poblaciones desplazadas y reactiva los históricos conflictos por la tenencia de dichas tierras. (Aguiar et al, 2018)
Durante las últimas décadas, el Chaco se ha convertido en una de las regiones con mayores tasas de transformación a nivel mundial, lo que ha provocado controversias entre algunos sectores de la sociedad, con posturas más “productivas”, por un lado, que alientan la incorporación de nuevas tierras para la agricultura y, por el otro, visiones de la comunidad científica, las comunidades locales y las ONG, que advierten sobre los riesgos en la falta de sustentabilidad de los ecosistemas y las asimetrías sociales.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Uno de los mayores desafíos de los países en desarrollo es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. El incremento del consumo y la demanda de alimentos por parte de los países desarrollados y emergentes está siendo abastecido a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo y esto puede verse en gran medida en Latinoamérica, donde se localizan extensas áreas con potencial para dicha expansión. (Aguiar et al, 2018)
Para hacer frente a esta problemática es importante que se implementen políticas de regulación y control, entre ellas la correcta aplicación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –conocida como “Ley de Bosques”-. El estudio realizado por el INTA plantea otro posible escenario, de Aplicación Legal, en el cual si la Ley de Bosques se cumple de forma estricta, se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas, reduciendo la pérdida de bosques a la mitad respecto del escenario tendencial. La buena noticia es que, de acuerdo con el mismo estudio, la aplicación legal estricta no impide el crecimiento agroganadero. En efecto, la agricultura y la ganadería podrían aumentar su superficie en la misma magnitud que en escenario tendencial, ocupando las tierras ya transformadas en el caso de la agricultura y adoptando un manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) en el caso de la ganadería.
Por esta razón, resulta imprescindible apelar a la correcta implementación de dicha Ley, como primera medida para evitar la pérdida de los bosques nativos y sus graves consecuencias. Existen oportunidades de fortalecer la Ley de Bosques y mejorar su desempeño a través del accionar conjunto y la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de control y de sanción de la deforestación ilegal. Hoy en día aproximadamente la mitad de la deforestación ocurre en zonas protegidas por la Ley de Bosques (UMSEF, 2018). Los procesos de ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) deben ser mejorados en las próximas actualizaciones pendientes, actualmente alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques no se encuentran categorizadas bajo los OTBN y por lo tanto no están protegidas por la Ley. Por último, la asignación de fondos para incentivar el manejo sostenible ha sido absolutamente insuficiente, llegando en el 2019 a menos del 5% del mínimo previsto en la Ley de Bosques.
El Gran Chaco, entre los lugares de mayor deforestación del mundo
El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano después del Amazonas, con una diversidad ambiental y social excepcional. Se extiende en gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil y sus ambientes —bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales— la hacen una región única en el mundo. En Argentina tiene una extensión equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, abarcando las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes. Esta inmensa ecorregión, alberga más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. Entre estas especies se encuentran el oso hormiguero, el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí, el loro hablador, el quebracho, el algarrobo y el palo santo, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. La desidia es tal que, en Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales (bosques, arbustales, sabanas y pastizales). La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Chaco
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con Fundación Vida Silvestre Argentina, si se mantiene la tendencia de los últimos años, la pérdida se daría fuertemente en la región del Gran Chaco, donde se encuentra el mayor remanente de bosques nativos del país.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el INTA y Fundación Vida Silvestre Argentina analiza los escenarios futuros de deforestación, según las alternativas de expansión agropecuaria en el Gran Chaco Argentino. La investigación plantea proyecciones de cambios en el uso del suelo (expansión agropecuaria) para el año 2028 bajo diferentes escenarios de control de la deforestación. El objetivo fue evaluar los efectos sobre el medio ambiente en cada escenario, por medio de la cuantificación y localización de la pérdida de bosques y áreas naturales; la pérdida de hábitat en áreas prioritarias para la conservación y la caída del nivel de provisión de servicios ecosistémicos (Para acceder a la información completa hacer click aquí).
Entre los escenarios elaborados se identifica el llamado tendencial o Business as usual (BAU), un modelo inercial que proyecta el comportamiento actual hasta el año 2028, considerando las tasas de deforestación entre los años 2007 y 2014. En dicho período se registró una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques, a una tasa anual de desmonte de 0,94%, comparable a la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo. Por lo tanto, el escenario BAU plantea que, de continuar con la misma tendencia hasta el año 2028, se producirá una pérdida adicional de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a casi 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aproximadamente la mitad de dicha pérdida de ecosistemas se localizará en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, es decir, de alto valor de conservación.
Estos datos resultan alarmantes, ya que las consecuencias de la deforestación tienen un impacto negativo no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y económico. La deforestación contribuye al cambio climático -ya que se incrementan las emisiones de dióxido de carbono (CO2)-, reduce el hábitat para especies animales y vegetales amenazadas de extinción, y dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y, por ende, inundaciones. Pero también atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuye la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, entre ellos la regulación del clima, la captación y reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Por otra parte, el avance de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de bosques no se da en zonas despobladas, sino que ocurre, por lo general, en tierras de uso tradicional de comunidades indígenas y campesinas, lo que genera poblaciones desplazadas y reactiva los históricos conflictos por la tenencia de dichas tierras. (Aguiar et al, 2018)
Durante las últimas décadas, el Chaco se ha convertido en una de las regiones con mayores tasas de transformación a nivel mundial, lo que ha provocado controversias entre algunos sectores de la sociedad, con posturas más “productivas”, por un lado, que alientan la incorporación de nuevas tierras para la agricultura y, por el otro, visiones de la comunidad científica, las comunidades locales y las ONG, que advierten sobre los riesgos en la falta de sustentabilidad de los ecosistemas y las asimetrías sociales.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Uno de los mayores desafíos de los países en desarrollo es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. El incremento del consumo y la demanda de alimentos por parte de los países desarrollados y emergentes está siendo abastecido a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo y esto puede verse en gran medida en Latinoamérica, donde se localizan extensas áreas con potencial para dicha expansión. (Aguiar et al, 2018)
Para hacer frente a esta problemática es importante que se implementen políticas de regulación y control, entre ellas la correcta aplicación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –conocida como “Ley de Bosques”-. El estudio realizado por el INTA plantea otro posible escenario, de Aplicación Legal, en el cual si la Ley de Bosques se cumple de forma estricta, se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas, reduciendo la pérdida de bosques a la mitad respecto del escenario tendencial. La buena noticia es que, de acuerdo con el mismo estudio, la aplicación legal estricta no impide el crecimiento agroganadero. En efecto, la agricultura y la ganadería podrían aumentar su superficie en la misma magnitud que en escenario tendencial, ocupando las tierras ya transformadas en el caso de la agricultura y adoptando un manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) en el caso de la ganadería.
Por esta razón, resulta imprescindible apelar a la correcta implementación de dicha Ley, como primera medida para evitar la pérdida de los bosques nativos y sus graves consecuencias. Existen oportunidades de fortalecer la Ley de Bosques y mejorar su desempeño a través del accionar conjunto y la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de control y de sanción de la deforestación ilegal. Hoy en día aproximadamente la mitad de la deforestación ocurre en zonas protegidas por la Ley de Bosques (UMSEF, 2018). Los procesos de ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) deben ser mejorados en las próximas actualizaciones pendientes, actualmente alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques no se encuentran categorizadas bajo los OTBN y por lo tanto no están protegidas por la Ley. Por último, la asignación de fondos para incentivar el manejo sostenible ha sido absolutamente insuficiente, llegando en el 2019 a menos del 5% del mínimo previsto en la Ley de Bosques.
El Gran Chaco, entre los lugares de mayor deforestación del mundo
El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano después del Amazonas, con una diversidad ambiental y social excepcional. Se extiende en gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil y sus ambientes —bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales— la hacen una región única en el mundo. En Argentina tiene una extensión equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, abarcando las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes. Esta inmensa ecorregión, alberga más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. Entre estas especies se encuentran el oso hormiguero, el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí, el loro hablador, el quebracho, el algarrobo y el palo santo, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. La desidia es tal que, en Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales (bosques, arbustales, sabanas y pastizales). La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
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Cofema trabaja en la tipificación de los delitos ambientales
Avanza tratamiento de tipificación de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Glaciares: Hensel intenta tranquilizar a la Cámara Minera
Ley de Glaciares: Minería intenta llevar calma a las empresas
Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Afirman que es escasa la exposición a radiación en las antenas
Descubren escasa radiación en las antenas de celulares
Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un monitoreo oficial refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
Las antenas de comunicaciones móviles en Argentina registran muy bajo nivel de radiación no ionizante (RNI), con un pico máximo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dónde llega al 6,7 por ciento del máximo de emisiones consideradas seguras para las poblaciones, según el monitoreo que realiza el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La normativa argentina sobre las radiaciones no ionizantes (la que emiten las antenas de comunicaciones móviles) es más estricta que la normativa promedio internacional, explicó el profesor Hugo Colombo integrante de la comisión de radioaciones no ionizantes (RNI) del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, electrónica y Computación (Copitec).
Aún así, la antena que registra mayor emisión en el país, está ubicada en Ushuaia y tiene hasta 6,7 por ciento del tope máximo previsto en la norma, según refleja el monitoreo realizado por el Enacom y publicado en su sitio web.
El monitoreo refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
La discusión sobre la contaminación de las antenas de comunicaciones es de larga data, y hace seis años se intentó que los diferentes municipios adoptaran normativas similares que permitan la expansión del servicio de telecomunicaciones, sin generar daños a la salud ni contaminación visual.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, Salta, que disponía el trasalado de dos antenas para que se reubiquen fuera del ejido urbano.
En este caso el tribunal presentó un fallo dividido entre los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, para quienes la ordenanza interfería en la competencia regulatoria que en este caso es federal.
Para los jueces en disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los municipios tienen competencia constitucional para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en tanto y en cuento no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Desde San Luis, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, se expresó a favor del fallo de la Corte por la relevancia del servicio para los habitantes y turistas.
"Un turista quiere estar conectyado, y que además pueda pagar conmedios digitales; no podés pretendenr que la gente venga con efectivo para pagar los gastos de las vacaciones", agregó la experta.
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Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un monitoreo oficial refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
Las antenas de comunicaciones móviles en Argentina registran muy bajo nivel de radiación no ionizante (RNI), con un pico máximo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dónde llega al 6,7 por ciento del máximo de emisiones consideradas seguras para las poblaciones, según el monitoreo que realiza el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La normativa argentina sobre las radiaciones no ionizantes (la que emiten las antenas de comunicaciones móviles) es más estricta que la normativa promedio internacional, explicó el profesor Hugo Colombo integrante de la comisión de radioaciones no ionizantes (RNI) del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, electrónica y Computación (Copitec).
Aún así, la antena que registra mayor emisión en el país, está ubicada en Ushuaia y tiene hasta 6,7 por ciento del tope máximo previsto en la norma, según refleja el monitoreo realizado por el Enacom y publicado en su sitio web.
El monitoreo refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
La discusión sobre la contaminación de las antenas de comunicaciones es de larga data, y hace seis años se intentó que los diferentes municipios adoptaran normativas similares que permitan la expansión del servicio de telecomunicaciones, sin generar daños a la salud ni contaminación visual.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, Salta, que disponía el trasalado de dos antenas para que se reubiquen fuera del ejido urbano.
En este caso el tribunal presentó un fallo dividido entre los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, para quienes la ordenanza interfería en la competencia regulatoria que en este caso es federal.
Para los jueces en disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los municipios tienen competencia constitucional para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en tanto y en cuento no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Desde San Luis, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, se expresó a favor del fallo de la Corte por la relevancia del servicio para los habitantes y turistas.
"Un turista quiere estar conectyado, y que además pueda pagar conmedios digitales; no podés pretendenr que la gente venga con efectivo para pagar los gastos de las vacaciones", agregó la experta.
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Como se busca evitar que el yaguareté se extinga
Cómo es el programa que busca preservar al yaguareté
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es una especie en extinción. Hoy existen cerca de 250 en provincias del norte argentino .
El yaguareté es una de las especies que está en peligro de extinción en la Argentina. Aunque hace un centenar de años su distribución llegaba hasta la pampa húmeda, hoy apenas unos 250 pueden verse en algunas provincias del norte argentino. Con el objetivo de preservar los ejemplares que quedan y salvar a este mamífero, declarado patrimonio natural del país, se lanzó un programa auspiciado por Naciones Unidas que busca sostener proyectos ambientales comunitarios relacionados con este gran felino.
Se trata de la iniciativa conocida como Proyectos de Pequeñas Donaciones (PPD), un programa del Fondo de Medio Ambiente Mundial implementado por el PNUD que promueve soluciones a problemas ambientales locales con impacto global, a través del empoderamiento de la sociedad civil y de sus sectores vulnerables, incluyendo mujeres y pueblos originarios.
"Argentina fue seleccionada como uno de los 10 países en el mundo que reciben este financiamiento para conservar grandes felinos. La principal causa de amenaza en la región es el conflicto con los ganaderos y los agricultores, muchos de ellos son pueblos indígenas y se topan con el animal que busca el ganado. Los proyectos que venimos impulsando son muy novedosos. Ahora se está lanzando una nueva etapa en que estamos buscando ampliar la zona", explicó a Infobae René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Valdés contó que la Red Yaguareté ya cuenta con un proyecto financiado por este programa en Misiones que consistió en alambrar y concientizar a pobladores, así como también monitorear cada ejemplar.
"En la Argentina aún no hay un recuento exacto de la cantidad de ejemplares que hay, pero nuestro intención es tratar de conseguir lo que se ha hecho en Brasil en donde el felino juega un rol central en el ecoturismo", indicó.
Un estudio reciente en la zona de El Pantanal brasileño encontró que el valor de los jaguares para el turismo (USD 6.827.392) superaba con creces el costo para los ganaderos de la depredación de su ganado (USD 121.500). "La intención ahora es que además de Misiones se sumen otras regiones en donde aparece el jaguar que llega desde Paraguay y Brasil en donde se está deteriorando su hábitat", agregó Valdés.
El lanzamiento de la convocatoria se realizó en el Parque del Conocimiento, en Posadas, y estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental de la Nación, Diego Moreno; el vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce y el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Juan Manuel Díaz.
"Estamos muy contentos de estar de nuevo acá. Quiero resaltar, en primer lugar, el hecho de que Misiones se haya transformado en un ejemplo a nivel nacional, en relación a la política de recuperación de una especie como el yaguareté, dadas las complejidades que esto presenta. En un trabajo articulado y sostenido en el tiempo, ha logrado un proceso de inicio de recuperación de su población muy ponderable a nivel nacional", dijo Moreno.
Los proyectos a presentar en esta convocatoria deberán estar orientados a la protección del yaguareté (Panthera onca) en el país. "La especie, amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat y la caza ilegal, ha visto reducida su distribución un 95%, quedando en la actualidad menos de 250 ejemplares en las ecorregiones de la selva paranaense, chaco y selva de las yungas, en áreas de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Misiones", explica la web del programa.
Las iniciativas ambientales financiadas deberán ejecutarse entre 12 y 24 meses y estarán orientadas a sitios de alta prioridad de conservación del yaguareté. Entre las acciones prioritarias para esta convocatoria se destacan medidas antidepredación; intervenciones para disminuir la cacería del animal; proyectos de innovación y uso de nuevas tecnologías, como aquellos que promuevan alternativas económicas para comunidades locales que contribuyan a la supervivencia a largo plazo de la especie, incluyendo esquemas de fondo de compensación, seguros, ecoturismo, entre otros.
Los convocados son organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y local, con prioridad en las organizaciones comunitarias de base, pueblos originarios, campesinos, mujeres y jóvenes. También pueden participar cooperativas, cooperadoras, pequeños productores y asociaciones y fundaciones que trabajen en pos del ambiente y el desarrollo sustentable.
El proceso de selección de proyectos constará de una etapa de evaluación realizada por el Comité Directivo Nacional del PPD. Los proyectos deben ser enviados por correo postal (dirigir envío a María Eugenia Combi, de la Coordinación Nacional del PPD, a Esmeralda 130, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y por correo electrónico (ppd.argentina@undp.org, con copia ppdargentina@unops.org).
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es una especie en extinción. Hoy existen cerca de 250 en provincias del norte argentino .
El yaguareté es una de las especies que está en peligro de extinción en la Argentina. Aunque hace un centenar de años su distribución llegaba hasta la pampa húmeda, hoy apenas unos 250 pueden verse en algunas provincias del norte argentino. Con el objetivo de preservar los ejemplares que quedan y salvar a este mamífero, declarado patrimonio natural del país, se lanzó un programa auspiciado por Naciones Unidas que busca sostener proyectos ambientales comunitarios relacionados con este gran felino.
Se trata de la iniciativa conocida como Proyectos de Pequeñas Donaciones (PPD), un programa del Fondo de Medio Ambiente Mundial implementado por el PNUD que promueve soluciones a problemas ambientales locales con impacto global, a través del empoderamiento de la sociedad civil y de sus sectores vulnerables, incluyendo mujeres y pueblos originarios.
"Argentina fue seleccionada como uno de los 10 países en el mundo que reciben este financiamiento para conservar grandes felinos. La principal causa de amenaza en la región es el conflicto con los ganaderos y los agricultores, muchos de ellos son pueblos indígenas y se topan con el animal que busca el ganado. Los proyectos que venimos impulsando son muy novedosos. Ahora se está lanzando una nueva etapa en que estamos buscando ampliar la zona", explicó a Infobae René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Valdés contó que la Red Yaguareté ya cuenta con un proyecto financiado por este programa en Misiones que consistió en alambrar y concientizar a pobladores, así como también monitorear cada ejemplar.
"En la Argentina aún no hay un recuento exacto de la cantidad de ejemplares que hay, pero nuestro intención es tratar de conseguir lo que se ha hecho en Brasil en donde el felino juega un rol central en el ecoturismo", indicó.
Un estudio reciente en la zona de El Pantanal brasileño encontró que el valor de los jaguares para el turismo (USD 6.827.392) superaba con creces el costo para los ganaderos de la depredación de su ganado (USD 121.500). "La intención ahora es que además de Misiones se sumen otras regiones en donde aparece el jaguar que llega desde Paraguay y Brasil en donde se está deteriorando su hábitat", agregó Valdés.
El lanzamiento de la convocatoria se realizó en el Parque del Conocimiento, en Posadas, y estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental de la Nación, Diego Moreno; el vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce y el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Juan Manuel Díaz.
"Estamos muy contentos de estar de nuevo acá. Quiero resaltar, en primer lugar, el hecho de que Misiones se haya transformado en un ejemplo a nivel nacional, en relación a la política de recuperación de una especie como el yaguareté, dadas las complejidades que esto presenta. En un trabajo articulado y sostenido en el tiempo, ha logrado un proceso de inicio de recuperación de su población muy ponderable a nivel nacional", dijo Moreno.
Los proyectos a presentar en esta convocatoria deberán estar orientados a la protección del yaguareté (Panthera onca) en el país. "La especie, amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat y la caza ilegal, ha visto reducida su distribución un 95%, quedando en la actualidad menos de 250 ejemplares en las ecorregiones de la selva paranaense, chaco y selva de las yungas, en áreas de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Misiones", explica la web del programa.
Las iniciativas ambientales financiadas deberán ejecutarse entre 12 y 24 meses y estarán orientadas a sitios de alta prioridad de conservación del yaguareté. Entre las acciones prioritarias para esta convocatoria se destacan medidas antidepredación; intervenciones para disminuir la cacería del animal; proyectos de innovación y uso de nuevas tecnologías, como aquellos que promuevan alternativas económicas para comunidades locales que contribuyan a la supervivencia a largo plazo de la especie, incluyendo esquemas de fondo de compensación, seguros, ecoturismo, entre otros.
Los convocados son organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y local, con prioridad en las organizaciones comunitarias de base, pueblos originarios, campesinos, mujeres y jóvenes. También pueden participar cooperativas, cooperadoras, pequeños productores y asociaciones y fundaciones que trabajen en pos del ambiente y el desarrollo sustentable.
El proceso de selección de proyectos constará de una etapa de evaluación realizada por el Comité Directivo Nacional del PPD. Los proyectos deben ser enviados por correo postal (dirigir envío a María Eugenia Combi, de la Coordinación Nacional del PPD, a Esmeralda 130, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y por correo electrónico (ppd.argentina@undp.org, con copia ppdargentina@unops.org).
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Semana de Acción Climática, financiamiento
Los avances del financiamiento climático en el temario de la Semana de Acción Climática
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Semana de Acción Climática, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los avances del financiamiento climático. En la apertura participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.
El secretario de Ambiente nacional expresó durante su intervención: “Este segundo encuentro le da continuidad al primer hito en Argentina, que es esta semana dedicada a la acción climática”. Además indicó: “El síntoma del cambio climático requiere soluciones interdisciplinarias e interjurisdiccionales”
A continuación, Bergman se refirió al tema central de la jornada: “El día de hoy está dedicado al financiamiento del clima”, a la vez que explicó que a partir del Acuerdo de París se presentan “compromisos globales y responsabilidades locales que vinculadas a números y objetivos, que deben auditarse y medirse. Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación de los resultados entonces hay políticas públicas. Y que esa vinculación requería no solamente de los compromisos políticos sino de los financiamientos”. Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está el financiamiento internacional y local para las obras de infraestructura resiliente, lo que se llama infraestructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
“Es importante que salgamos de esta idea de que siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables del 80 % de las emisiones, terminen definiendo cómo manejar la economía para darnos a los otros países algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuando en realidad estamos planteando un acto de justicia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. “Los países que podemos ofrecer servicios ambientales para mitigar, necesitamos que nos den los fondos para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos una solución: cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, y entendemos que las economías que se expandieron y emitieron, son las que deben ahora invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices de contribución, está neutralizando lo que emite. Queremos salir a ofrecerle al mundo que podemos absorber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario.
Durante la jornada, se desarrollaron además cinco paneles de discusión, a cargo de autoridades y referentes en la materia. En el primer panel se discutió sobre cómo acelerar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el rol de los sectores público y privado en la estructuración de estrategias de financiamiento climático. El objetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de oportunidades para la inversión pública y la privada y hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; Heloisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina.
Los paneles restantes estuvieron dedicados a las oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático; a bonos verdes como instrumentos para incrementar la ambición climática; al modo de traducir las NDC en carteras de proyectos de inversión público-privada; y finalmente al tema “Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima”.
Esta segunda jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Avina, BID Invest y el Fondo Verde para el Clima.
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Semana de Acción Climática, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los avances del financiamiento climático. En la apertura participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.
El secretario de Ambiente nacional expresó durante su intervención: “Este segundo encuentro le da continuidad al primer hito en Argentina, que es esta semana dedicada a la acción climática”. Además indicó: “El síntoma del cambio climático requiere soluciones interdisciplinarias e interjurisdiccionales”
A continuación, Bergman se refirió al tema central de la jornada: “El día de hoy está dedicado al financiamiento del clima”, a la vez que explicó que a partir del Acuerdo de París se presentan “compromisos globales y responsabilidades locales que vinculadas a números y objetivos, que deben auditarse y medirse. Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación de los resultados entonces hay políticas públicas. Y que esa vinculación requería no solamente de los compromisos políticos sino de los financiamientos”. Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está el financiamiento internacional y local para las obras de infraestructura resiliente, lo que se llama infraestructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
“Es importante que salgamos de esta idea de que siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables del 80 % de las emisiones, terminen definiendo cómo manejar la economía para darnos a los otros países algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuando en realidad estamos planteando un acto de justicia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. “Los países que podemos ofrecer servicios ambientales para mitigar, necesitamos que nos den los fondos para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos una solución: cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, y entendemos que las economías que se expandieron y emitieron, son las que deben ahora invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices de contribución, está neutralizando lo que emite. Queremos salir a ofrecerle al mundo que podemos absorber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario.
Durante la jornada, se desarrollaron además cinco paneles de discusión, a cargo de autoridades y referentes en la materia. En el primer panel se discutió sobre cómo acelerar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el rol de los sectores público y privado en la estructuración de estrategias de financiamiento climático. El objetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de oportunidades para la inversión pública y la privada y hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; Heloisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina.
Los paneles restantes estuvieron dedicados a las oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático; a bonos verdes como instrumentos para incrementar la ambición climática; al modo de traducir las NDC en carteras de proyectos de inversión público-privada; y finalmente al tema “Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima”.
Esta segunda jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Avina, BID Invest y el Fondo Verde para el Clima.
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Antenas: localidades no pueden ordenar traslados
Las comunas no pueden ordenar traslados de antenas celulares
Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Encuentro por el Inventario Nacional de Humedales
Ambiente convocó a más de 50 especialistas en el marco del Inventario Nacional de Humedales
Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente organizó un encuentro para recopilar experiencias de identificación, delimitación y clasificación de humedales en el marco del Inventario Nacional.
Los días 11 y 12 de junio se realizaron reuniones de coordinación de proyectos de inventario de humedales con más de 50 especialistas de diversas regiones del país donde se repasaron las lecciones aprendidas en estas experiencias, sus resultados y la replicabilidad de los trabajos en otras áreas de la Argentina.
En el encuentro se analizó una propuesta de marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales, basada en las definiciones operativas acordadas en el taller organizado por la Secretaría Ambiente nacional en 2016. Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre los proyectos de inventario realizados en la cuenca Olaroz–Cauchari y la subcuenca Río Rosario en Jujuy; el Chaco semiárido en Salta; el Arroyo Yaguarí, Corrientes; la cuenca del Río Mendoza, Mendoza; la cuenca del Río Santa Cruz, en Santa Cruz; los partidos Luján, Pilar y Escobar en la provincia de Buenos Aires; el delta del Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la cuenca Matanza Riachuelo, Buenos Aires.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, señaló que “los trabajos del Inventario Nacional de Humedales profundizan los esfuerzos iniciados para contar con un Sistema de Información Ambiental Nacional, integrado y federal, para cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente”. Agregó que, “esta herramienta jerarquiza la valoración de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio y la regulación de las actividades, permitiendo consolidar políticas de conservación y uso sustentable para apoyar un desarrollo sustentable en el país”.
Sobre los trabajos del inventario, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “En los últimos años hemos publicado el primer relevamiento de escala nacional (Regiones de Humedales de la Argentina) y un récord de proyectos de mayor detalle en distintas zonas del país. Estos trabajos fueron realizados junto con los máximos especialistas en la materia, generando las condiciones para integrar los humedales en la planificación del desarrollo y ampliar las áreas protegidas en estos ambientes, como en el caso de los Parques Nacionales Iberá y Ciervo de los Pantanos, y el Sitio Ramsar Reserva Natural Villavicencio”.
Participaron de la reunión la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges y representantes de organismos de gestión (OPDS, ACUMAR y CONAE), centros de investigación (INTA, INA y CONICET-IADIZA), universidades (UNSaM, UNTu, UNJu, UNL, UNPA y UBA) y organizaciones de la sociedad civil (Fundación Humedales).
La actividad contó con el apoyo del proyecto “Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del Desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutado por la cartera ambiental junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Inventario Nacional de Humedales
Los humedales incluyen una variedad de ecosistemas que se caracterizan por la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, así como de organismos y suelos asociados a estas condiciones. La Argentina cuenta con una gran abundancia y diversidad de humedales, que incluyen vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras intermareales, entre otros.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está liderando el proceso de Inventario Nacional de Humedales, entendiendo al mismo como una herramienta de información que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (Ley n.º 25675) y la Convención sobre los Humedales (Leyes n.º 23919 y n.º 25335). Su relevamiento presenta fuertes desafíos desde el punto de vista técnico por las características de estos ecosistemas, su variabilidad temporal y alta conectividad con otros ecosistemas, entre otros aspectos. Para abordar esta complejidad se desarrollan reuniones de expertos y experiencias demostrativas, en un ámbito de trabajo conjunto y colaborativo con especialistas y organismos de gestión, académicos y de conservación.
En el año 2016 se realizó el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, donde más de 50 especialistas acordaron una definición operativa para realizar los trabajos de inventario.
En 2017 se culminaron los trabajos del proyecto “El Inventario de los Humedales de Argentina: Una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar”, financiado por la Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementado por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Universidad Nacional de San Martín y especialistas de distintas instituciones científicas. Con su publicación se presentó el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales, las Regiones de Humedales de la Argentina.
En 2018 se publicaron los resultados de las experiencias demostrativas de inventario de humedales a mayor nivel de detalle. Éstas se desarrollaron con el doble objetivo de generar información sobre humedales en áreas prioritarias y contribuir a las definiciones metodológicas del Inventario Nacional. Además, se realizó una reunión de expertos, preparatoria de la reunión de coordinación de 2019.
Los resultados del Inventario Nacional de Humedales pueden consultarse bajo formatos de gobierno abierto a través del Informe del Estado del Ambiente, la página web de la Secretaría de Ambiente y la Infraestructura de Datos Espaciales de Ambiente: http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=12865
Red de Sitios Ramsar
La Argentina suscribió la Convención sobre los Humedales de Ramsar, un acuerdo internacional para promover su conservación y uso racional. El tratado cuenta con una Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), en la cual se incluyen aquellos humedales reconocidos por sus características sobresalientes en base a criterios ecológicos, biológicos y físicos.
En nuestro país se han designado 23 Sitios Ramsar, que abarcan más de 5 millones y medio de hectáreas. Su administración se encuentra a cargo de las jurisdicciones provinciales, y de la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley n.° 22351. La cartera ambiental nacional asiste a la mismas en la elaboración de planes de manejo, capacitación, evaluación y monitoreo. También apoya acciones de concientización, información y educación ambiental.
En los últimos años, el país asumió a nivel internacional la representación de la región de América del Sur ante el Comité Permanente de la Convención de Ramsar y la coordinación de la Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata. También participa de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos.
Este liderazgo en los foros multilaterales se tradujo a nivel nacional en la aplicación, por primera vez, de los instrumentos elaborados por la Convención para el monitoreo y evaluación de los Sitios Ramsar. En tal sentido, se promovió la actualización de la información de base mediante las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y se realizó un análisis de la efectividad de los Sitios Ramsar para preservar sus condiciones ecológicas mediante instrumentos estandarizados (R-METT). También se han ofrecido oportunidades de capacitación y acceso a fondos internacionales, a la vez que han participado del desarrollo de planes de manejo (SR Delta del Paraná) y el Primer Foro de Humedales del Litoral Argentino.
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Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente organizó un encuentro para recopilar experiencias de identificación, delimitación y clasificación de humedales en el marco del Inventario Nacional.
Los días 11 y 12 de junio se realizaron reuniones de coordinación de proyectos de inventario de humedales con más de 50 especialistas de diversas regiones del país donde se repasaron las lecciones aprendidas en estas experiencias, sus resultados y la replicabilidad de los trabajos en otras áreas de la Argentina.
En el encuentro se analizó una propuesta de marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales, basada en las definiciones operativas acordadas en el taller organizado por la Secretaría Ambiente nacional en 2016. Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre los proyectos de inventario realizados en la cuenca Olaroz–Cauchari y la subcuenca Río Rosario en Jujuy; el Chaco semiárido en Salta; el Arroyo Yaguarí, Corrientes; la cuenca del Río Mendoza, Mendoza; la cuenca del Río Santa Cruz, en Santa Cruz; los partidos Luján, Pilar y Escobar en la provincia de Buenos Aires; el delta del Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la cuenca Matanza Riachuelo, Buenos Aires.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, señaló que “los trabajos del Inventario Nacional de Humedales profundizan los esfuerzos iniciados para contar con un Sistema de Información Ambiental Nacional, integrado y federal, para cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente”. Agregó que, “esta herramienta jerarquiza la valoración de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio y la regulación de las actividades, permitiendo consolidar políticas de conservación y uso sustentable para apoyar un desarrollo sustentable en el país”.
Sobre los trabajos del inventario, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “En los últimos años hemos publicado el primer relevamiento de escala nacional (Regiones de Humedales de la Argentina) y un récord de proyectos de mayor detalle en distintas zonas del país. Estos trabajos fueron realizados junto con los máximos especialistas en la materia, generando las condiciones para integrar los humedales en la planificación del desarrollo y ampliar las áreas protegidas en estos ambientes, como en el caso de los Parques Nacionales Iberá y Ciervo de los Pantanos, y el Sitio Ramsar Reserva Natural Villavicencio”.
Participaron de la reunión la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges y representantes de organismos de gestión (OPDS, ACUMAR y CONAE), centros de investigación (INTA, INA y CONICET-IADIZA), universidades (UNSaM, UNTu, UNJu, UNL, UNPA y UBA) y organizaciones de la sociedad civil (Fundación Humedales).
La actividad contó con el apoyo del proyecto “Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del Desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutado por la cartera ambiental junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Inventario Nacional de Humedales
Los humedales incluyen una variedad de ecosistemas que se caracterizan por la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, así como de organismos y suelos asociados a estas condiciones. La Argentina cuenta con una gran abundancia y diversidad de humedales, que incluyen vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras intermareales, entre otros.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está liderando el proceso de Inventario Nacional de Humedales, entendiendo al mismo como una herramienta de información que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (Ley n.º 25675) y la Convención sobre los Humedales (Leyes n.º 23919 y n.º 25335). Su relevamiento presenta fuertes desafíos desde el punto de vista técnico por las características de estos ecosistemas, su variabilidad temporal y alta conectividad con otros ecosistemas, entre otros aspectos. Para abordar esta complejidad se desarrollan reuniones de expertos y experiencias demostrativas, en un ámbito de trabajo conjunto y colaborativo con especialistas y organismos de gestión, académicos y de conservación.
En el año 2016 se realizó el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, donde más de 50 especialistas acordaron una definición operativa para realizar los trabajos de inventario.
En 2017 se culminaron los trabajos del proyecto “El Inventario de los Humedales de Argentina: Una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar”, financiado por la Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementado por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Universidad Nacional de San Martín y especialistas de distintas instituciones científicas. Con su publicación se presentó el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales, las Regiones de Humedales de la Argentina.
En 2018 se publicaron los resultados de las experiencias demostrativas de inventario de humedales a mayor nivel de detalle. Éstas se desarrollaron con el doble objetivo de generar información sobre humedales en áreas prioritarias y contribuir a las definiciones metodológicas del Inventario Nacional. Además, se realizó una reunión de expertos, preparatoria de la reunión de coordinación de 2019.
Los resultados del Inventario Nacional de Humedales pueden consultarse bajo formatos de gobierno abierto a través del Informe del Estado del Ambiente, la página web de la Secretaría de Ambiente y la Infraestructura de Datos Espaciales de Ambiente: http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=12865
Red de Sitios Ramsar
La Argentina suscribió la Convención sobre los Humedales de Ramsar, un acuerdo internacional para promover su conservación y uso racional. El tratado cuenta con una Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), en la cual se incluyen aquellos humedales reconocidos por sus características sobresalientes en base a criterios ecológicos, biológicos y físicos.
En nuestro país se han designado 23 Sitios Ramsar, que abarcan más de 5 millones y medio de hectáreas. Su administración se encuentra a cargo de las jurisdicciones provinciales, y de la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley n.° 22351. La cartera ambiental nacional asiste a la mismas en la elaboración de planes de manejo, capacitación, evaluación y monitoreo. También apoya acciones de concientización, información y educación ambiental.
En los últimos años, el país asumió a nivel internacional la representación de la región de América del Sur ante el Comité Permanente de la Convención de Ramsar y la coordinación de la Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata. También participa de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos.
Este liderazgo en los foros multilaterales se tradujo a nivel nacional en la aplicación, por primera vez, de los instrumentos elaborados por la Convención para el monitoreo y evaluación de los Sitios Ramsar. En tal sentido, se promovió la actualización de la información de base mediante las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y se realizó un análisis de la efectividad de los Sitios Ramsar para preservar sus condiciones ecológicas mediante instrumentos estandarizados (R-METT). También se han ofrecido oportunidades de capacitación y acceso a fondos internacionales, a la vez que han participado del desarrollo de planes de manejo (SR Delta del Paraná) y el Primer Foro de Humedales del Litoral Argentino.
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Determinan que el glifosato es más tóxico con el arsénico
El glifosato es más tóxico cuando se junta con el arsénico de los suelos
Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un científico santafesino aseguró en una investigación que la combinación del herbicida glifosato con el arsénico presente en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
El estudio fue elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, quien realizó el experimento en renacuajos. «La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos», dijo el científico.
Por esta razón, remarcó: «postulamos un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración». Lejmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos más importantes de la región y sus trabajos fueron utilizados por la Organización Mundial de la Salud para reclasificar el glifosato en 2015 como «probable cancerígeno humano».
El especialista explicó que para el experimento «se utilizó glifosato y arsénico en concentraciones ocho veces más bajas que las mínimas, que por ende no causan ningún efecto en los renacuajos». «En una primera etapa de la investigación ya obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir aumentaba la toxicidad», reveló.
En esa línea, señaló que «al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para desarrollo de todos los vertebrados como son la T3 y T4, se habían disparado».
A su vez, indicó que «el índice de proliferación celular también había aumentado, lo que no dejó lugar a dudas del poder de toxicidad de la unión de los elementos porque un índice de celular alto significa la existencia de una enfermedad tumoral».
Lejmanovich aclaró que no es médico como para afirmar una incidencia del glifosato combinado con el arsénico en la salud humana pero destacó que «existen muchas publicaciones médicas que dan cuenta de la relación de la exposición al glifosato y otros plaguicidas con la mayor incidencia de enfermedades tumorales».
La conclusión a la que llegó el científico fue que «el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN de ciertos organismos».
«Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí, tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población», advirtió el científico. Según la OMS, Argentina es uno de los países con más altos niveles de arsénico orgánico acumulado naturalmente en las aguas subterráneas.
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Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un científico santafesino aseguró en una investigación que la combinación del herbicida glifosato con el arsénico presente en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
El estudio fue elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, quien realizó el experimento en renacuajos. «La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos», dijo el científico.
Por esta razón, remarcó: «postulamos un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración». Lejmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos más importantes de la región y sus trabajos fueron utilizados por la Organización Mundial de la Salud para reclasificar el glifosato en 2015 como «probable cancerígeno humano».
El especialista explicó que para el experimento «se utilizó glifosato y arsénico en concentraciones ocho veces más bajas que las mínimas, que por ende no causan ningún efecto en los renacuajos». «En una primera etapa de la investigación ya obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir aumentaba la toxicidad», reveló.
En esa línea, señaló que «al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para desarrollo de todos los vertebrados como son la T3 y T4, se habían disparado».
A su vez, indicó que «el índice de proliferación celular también había aumentado, lo que no dejó lugar a dudas del poder de toxicidad de la unión de los elementos porque un índice de celular alto significa la existencia de una enfermedad tumoral».
Lejmanovich aclaró que no es médico como para afirmar una incidencia del glifosato combinado con el arsénico en la salud humana pero destacó que «existen muchas publicaciones médicas que dan cuenta de la relación de la exposición al glifosato y otros plaguicidas con la mayor incidencia de enfermedades tumorales».
La conclusión a la que llegó el científico fue que «el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN de ciertos organismos».
«Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí, tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población», advirtió el científico. Según la OMS, Argentina es uno de los países con más altos niveles de arsénico orgánico acumulado naturalmente en las aguas subterráneas.
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