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Minería en Mendoza, Cornejo dice que no tienen posicion
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Cornejo se refirió a los proyectos para modificar la ley de minería: “No tenemos posición tomada”
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Conflicto por el Atuel: Nación propuso solución
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Mendoza lleva 100 procedimientos por caza furtiva
Más de 100 procedimientos por caza furtiva en los primeros meses
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En los primeros meses del año se han realizado más de un centenar de procedimientos por infracción a la Ley de Fauna. Hasta agosto el promedio arroja unos 15 procedimientos mensuales por las leyes 4.602 y 22.421.
La caza furtiva es en la región Sur un problema grave pues muchas personas, pese a saber de las prohibiciones, eligen ir a cazar al campo distintos animales como choiques o piches, por ejemplo.
En los últimos tiempos, destacaron desde la Policía Rural, la diferencia es que con el apoyo de la justicia en varios procedimientos, los infractores detectados, además del proceso judicial de rigor y la multa, han tenido que soportar incautaciones del vehículo en el que se dirigían, algo que antes no ocurría.
Con datos estadísticos al mes de agosto, se han realizado en el departamento algo más de 100 procedimientos por la ley de Fauna y más de 200 por la ley de Ganadería (6.773). En tanto que fueron unos 15 por la ley Senasa (27.233), ya que la Rural no sólo se dedica a luchar contra el tráfico o caza de animales, sino a controles que tienen que ver con temas fitosanitarios y de leyes como la del transporte de ganado.
Por la ley de Flora también se hicieron unos 20 procedimientos, al igual que por la ley federal de Carnes, que tiene que ver con las condiciones de traslado, aspecto en el que se labraron seis actas.
Otro punto importante en los controles es el de hacer cumplir la ley de Pesca y en este sentido se han labrado hasta agosto 25 procedimientos. En cuanto al abigeato, que es el hurto de ganado, fueron más de 10 los procedimientos. En tanto que por distintas infracciones al Código Alimentario Argentino se han hecho alrededor de 150 procesos.
En cuanto a la caza furtiva, vale la pena recordar que desde la Fundación Cullunche se presentó un proyecto para que se aumenten las penas mínimas a quienes dañen o atenten contra la fauna.
La idea es que quienes cacen animales o trafiquen con ellos tengan penas de prisión de 1 a 4 años y en caso de comprobarse que se trata de una organización delictiva dedicada a eso, que la pena se eleve a 8 años.
Desde esta ONG consideran que hay mucho esfuerzo en recuperar la fauna, en operativos del Estado, pero son muy bajas las penas. Así, los infractores pagan una multa mínima y siguen delinquiendo.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En los primeros meses del año se han realizado más de un centenar de procedimientos por infracción a la Ley de Fauna. Hasta agosto el promedio arroja unos 15 procedimientos mensuales por las leyes 4.602 y 22.421.
La caza furtiva es en la región Sur un problema grave pues muchas personas, pese a saber de las prohibiciones, eligen ir a cazar al campo distintos animales como choiques o piches, por ejemplo.
En los últimos tiempos, destacaron desde la Policía Rural, la diferencia es que con el apoyo de la justicia en varios procedimientos, los infractores detectados, además del proceso judicial de rigor y la multa, han tenido que soportar incautaciones del vehículo en el que se dirigían, algo que antes no ocurría.
Con datos estadísticos al mes de agosto, se han realizado en el departamento algo más de 100 procedimientos por la ley de Fauna y más de 200 por la ley de Ganadería (6.773). En tanto que fueron unos 15 por la ley Senasa (27.233), ya que la Rural no sólo se dedica a luchar contra el tráfico o caza de animales, sino a controles que tienen que ver con temas fitosanitarios y de leyes como la del transporte de ganado.
Por la ley de Flora también se hicieron unos 20 procedimientos, al igual que por la ley federal de Carnes, que tiene que ver con las condiciones de traslado, aspecto en el que se labraron seis actas.
Otro punto importante en los controles es el de hacer cumplir la ley de Pesca y en este sentido se han labrado hasta agosto 25 procedimientos. En cuanto al abigeato, que es el hurto de ganado, fueron más de 10 los procedimientos. En tanto que por distintas infracciones al Código Alimentario Argentino se han hecho alrededor de 150 procesos.
En cuanto a la caza furtiva, vale la pena recordar que desde la Fundación Cullunche se presentó un proyecto para que se aumenten las penas mínimas a quienes dañen o atenten contra la fauna.
La idea es que quienes cacen animales o trafiquen con ellos tengan penas de prisión de 1 a 4 años y en caso de comprobarse que se trata de una organización delictiva dedicada a eso, que la pena se eleve a 8 años.
Desde esta ONG consideran que hay mucho esfuerzo en recuperar la fauna, en operativos del Estado, pero son muy bajas las penas. Así, los infractores pagan una multa mínima y siguen delinquiendo.
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15 años después condenan a ex directivos de una petrolera
Condenan a ex directivos de una petrolera por contaminación
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Justicia Federal de Mendoza condenó a tres ex directivos de la petrolera Vintage Oil por un derrame ocurrido en Tupungato hace 15 años. La pena es a tres años de prisión por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en riesgo la salud.
Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condenas contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación.
La contaminación se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas, de Tupungato. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Torton. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vingage Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga, que contenía petróleo y metales pesados. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó.
La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en 2008. Pero recién este año se realizó el debate, que se inició el 5 de septiembre, hace justo un mes. En los 15 años que pasaron, por ejemplo, la empresa dejó de operar y el área está en manos de otra petrolera. Originalmente la empresa Pecon tuvo la concesión. Luego pasó a manos de Vintage Oil, luego a Oxi y finalmente a Sinopec, la firma que actualmente opera el área.
El Tribunal Oral formado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. En particular consideraron que el hecho quedó enmarcado en lo que dice el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que sanciona a quien “utilizando los residuos… envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, con el agravante de haber contaminado “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La acusación quedó a cargo de la fiscal federal Gloria André.
El área impactada tiene una alta actividad petrolera en Tupungato. Incluso está cerca de un sector que ha sido revalorizado en la última licitación realizada por el gobierno.
El caso
En su momento el derrame fue denunciado por Cesar Biritos, quien era inspector de cauce, y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán.
Los testigos que declararon confirmaron las denuncias de ese momento. Entre ellos hubo representantes de Irrigación y de la Dirección de Protección Ambiental. En su momento el DGI confirmó “la existencia de contamianción por aguas de purga emanadas por el pozo PCO 15 de Vingage Oil. “Se constató el impacto de aguas de coproducción, iniciado en las inmediaciones a la locación del pozo inyector PCO15…en el punto de vuelco de este fluido al lecho del cauce aluvional….A escasos metros y sobre las paredes de un barranco orientado de oeste a sureste se han detectado distintos lugares de surgencia de agua con fuerte olor a hidrocarburos y contenido salino por su efecto sobre la flora existente sobre el curso del fluido orientado hacia un arroyo colector de aporte al Arroyo de los Pozos…encontrándose en las inmediaciones de la zona afectada vacunos muetos”, indicaban las actas. En otro pozo se detectaron pérdidas de agua contaminada. En una de las actas quedó plasmado que “se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona”. En los análisis de agua realizada se halló “un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones y cationes matoritarios, en especial cloruros y dodios, compuestos predominantes en las aguas de formación. Hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y tilio, valores que no se encuentran normalmente en las aguias subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y o aguas de purga luego de la extracción de petróleo”.
“Es la primera vez que hay una condena así. Es una bocanada de aire fresco para la justicia federal. Fue muy bueno el trabajo del Ministerio Público, de la fiscal Gloria André. Este caso fue emblemático porque la contaminación era evidente”, dijo el abogado José Rubio, quien patrocinó a los denunciantes originales en la causa.
El contexto en el que se produce la sentencia es particular por el reimpulso a la actividad petrolera y minera y la exigencia de mayor control ambiental. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el Tribunal impuso a los tres pautas de conducta específicas.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Justicia Federal de Mendoza condenó a tres ex directivos de la petrolera Vintage Oil por un derrame ocurrido en Tupungato hace 15 años. La pena es a tres años de prisión por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en riesgo la salud.
Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condenas contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación.
La contaminación se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas, de Tupungato. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Torton. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vingage Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga, que contenía petróleo y metales pesados. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó.
La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en 2008. Pero recién este año se realizó el debate, que se inició el 5 de septiembre, hace justo un mes. En los 15 años que pasaron, por ejemplo, la empresa dejó de operar y el área está en manos de otra petrolera. Originalmente la empresa Pecon tuvo la concesión. Luego pasó a manos de Vintage Oil, luego a Oxi y finalmente a Sinopec, la firma que actualmente opera el área.
El Tribunal Oral formado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. En particular consideraron que el hecho quedó enmarcado en lo que dice el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que sanciona a quien “utilizando los residuos… envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, con el agravante de haber contaminado “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La acusación quedó a cargo de la fiscal federal Gloria André.
El área impactada tiene una alta actividad petrolera en Tupungato. Incluso está cerca de un sector que ha sido revalorizado en la última licitación realizada por el gobierno.
El caso
En su momento el derrame fue denunciado por Cesar Biritos, quien era inspector de cauce, y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán.
Los testigos que declararon confirmaron las denuncias de ese momento. Entre ellos hubo representantes de Irrigación y de la Dirección de Protección Ambiental. En su momento el DGI confirmó “la existencia de contamianción por aguas de purga emanadas por el pozo PCO 15 de Vingage Oil. “Se constató el impacto de aguas de coproducción, iniciado en las inmediaciones a la locación del pozo inyector PCO15…en el punto de vuelco de este fluido al lecho del cauce aluvional….A escasos metros y sobre las paredes de un barranco orientado de oeste a sureste se han detectado distintos lugares de surgencia de agua con fuerte olor a hidrocarburos y contenido salino por su efecto sobre la flora existente sobre el curso del fluido orientado hacia un arroyo colector de aporte al Arroyo de los Pozos…encontrándose en las inmediaciones de la zona afectada vacunos muetos”, indicaban las actas. En otro pozo se detectaron pérdidas de agua contaminada. En una de las actas quedó plasmado que “se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona”. En los análisis de agua realizada se halló “un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones y cationes matoritarios, en especial cloruros y dodios, compuestos predominantes en las aguas de formación. Hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y tilio, valores que no se encuentran normalmente en las aguias subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y o aguas de purga luego de la extracción de petróleo”.
“Es la primera vez que hay una condena así. Es una bocanada de aire fresco para la justicia federal. Fue muy bueno el trabajo del Ministerio Público, de la fiscal Gloria André. Este caso fue emblemático porque la contaminación era evidente”, dijo el abogado José Rubio, quien patrocinó a los denunciantes originales en la causa.
El contexto en el que se produce la sentencia es particular por el reimpulso a la actividad petrolera y minera y la exigencia de mayor control ambiental. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el Tribunal impuso a los tres pautas de conducta específicas.
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Cerro Arco: otro incendio que quedará impune
Será 'muy difícil' identificar el origen y los responsables del incendio en el cerro Arco
Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo. La principal hipótesis es que uno de los estudiantes que se encontraba festejando en el lugar prendió una fogata para calentar agua para el mate. Los guardiaparques de Divisadero Largo dieron aviso del comienzo del fuego el mismo viernes entre las 17 y las 18, cuando todavía era de día.
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, afectando más de 1.600 hectáreas de superficie, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo.
Sobre el origen del fuego la principal hipótesis es que alguno de los estudiantes que se encontraban festejando en el lugar habría prendido una pequeña fogata para calentar agua para el mate que rápidamente se propagó. "Los guardaparques de la Reserva Natural Divisadero Largo vieron el humo y dieron aviso entre las 17.20 y las 18.20 del 21 de septiembre", señaló Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, confirmando que todavía era de día cuando se inició el fuego.
En diálogo con MDZ, el funcionario explicó que no hay dudas de que el origen del fuego "fue humano", pero aclaró que es muy difícil realizar peritajes para establecer cómo se inició e identificar a los responsables. "Había muchos chicos festejando en la zona. No creo que haya sido intencional, lo más probable es que fue accidental. Algún chico intentando calentar agua para el mate que cuando vio que el fuego se propagaba huyó", agregó Ferraris.
"Para realizar peritajes y determinar cómo se inició e identificar a los responsables habría que buscar a todos los que estaban en la zona ese día. Es imposible hacerlo", se lamentó el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
En cuanto al lugar exacto donde se inició el fuego, Ferraris indicó que es de difícil acceso, pero aclaró que es habitual que quienes suben al Cerro Arco se desvíen de la senda hacia esa zona. "La senda habitual por la que todos suben está cerca y muchos se desvían hacia laderas cercanas", completó el funcionario.
Ayer se inició el plan de restauración
Ayer el Gobierno inició el plan de restauración ecológica del Cerro Arco y anticiparon que el proceso como mínimo demandará entre uno y cinco años.
En el proyecto la dirección de Recursos Naturales Renovables está trabajando articuladamente con la fundación Cricyt y la Universidad Nacional de Cuyo para restaurar el lugar y sus inmediaciones.
Se trata de un plan que, según el director de Recursos Naturales, consta de tres etapas que contemplan desde la identificación de daños y diseño de tareas hasta la acción directa de restauración. Si bien se puede recuperar en parte, nunca se logrará que vuelva a cómo estaba antes del incendio.
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Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo. La principal hipótesis es que uno de los estudiantes que se encontraba festejando en el lugar prendió una fogata para calentar agua para el mate. Los guardiaparques de Divisadero Largo dieron aviso del comienzo del fuego el mismo viernes entre las 17 y las 18, cuando todavía era de día.
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, afectando más de 1.600 hectáreas de superficie, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo.
Sobre el origen del fuego la principal hipótesis es que alguno de los estudiantes que se encontraban festejando en el lugar habría prendido una pequeña fogata para calentar agua para el mate que rápidamente se propagó. "Los guardaparques de la Reserva Natural Divisadero Largo vieron el humo y dieron aviso entre las 17.20 y las 18.20 del 21 de septiembre", señaló Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, confirmando que todavía era de día cuando se inició el fuego.
En diálogo con MDZ, el funcionario explicó que no hay dudas de que el origen del fuego "fue humano", pero aclaró que es muy difícil realizar peritajes para establecer cómo se inició e identificar a los responsables. "Había muchos chicos festejando en la zona. No creo que haya sido intencional, lo más probable es que fue accidental. Algún chico intentando calentar agua para el mate que cuando vio que el fuego se propagaba huyó", agregó Ferraris.
"Para realizar peritajes y determinar cómo se inició e identificar a los responsables habría que buscar a todos los que estaban en la zona ese día. Es imposible hacerlo", se lamentó el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
En cuanto al lugar exacto donde se inició el fuego, Ferraris indicó que es de difícil acceso, pero aclaró que es habitual que quienes suben al Cerro Arco se desvíen de la senda hacia esa zona. "La senda habitual por la que todos suben está cerca y muchos se desvían hacia laderas cercanas", completó el funcionario.
Ayer se inició el plan de restauración
Ayer el Gobierno inició el plan de restauración ecológica del Cerro Arco y anticiparon que el proceso como mínimo demandará entre uno y cinco años.
En el proyecto la dirección de Recursos Naturales Renovables está trabajando articuladamente con la fundación Cricyt y la Universidad Nacional de Cuyo para restaurar el lugar y sus inmediaciones.
Se trata de un plan que, según el director de Recursos Naturales, consta de tres etapas que contemplan desde la identificación de daños y diseño de tareas hasta la acción directa de restauración. Si bien se puede recuperar en parte, nunca se logrará que vuelva a cómo estaba antes del incendio.
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Mendoza: terreno preparado para modificar la ley antiminera
En el Gobierno de Mendoza admiten que la ley antiminera podría cambiarse
Fecha de Publicación: 07/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, confirmó que analizarán los proyectos presentados desde el PJ.
Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, “amputaron la minería” y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) “han cambiado las condiciones”, por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una “decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza” y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es “que se estudie el tema”, aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley “antiminera”, el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
“Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”, argumentó el funcionario.
Además se preguntó: “Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?”. En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) “tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?”.
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que “es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa”.
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
“No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería”, destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase “y otras sustancias similares”, lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales “cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos”.
El dato es que dentro del parque industrial minero “no regiría la 7722”. Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos “la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad”. Y recuerda que el lunes habrá “consejo consultivo ciudadano”, una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: “Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar”.
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que “apoyamos la 7722”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, confirmó que analizarán los proyectos presentados desde el PJ.
Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, “amputaron la minería” y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) “han cambiado las condiciones”, por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una “decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza” y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es “que se estudie el tema”, aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley “antiminera”, el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
“Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”, argumentó el funcionario.
Además se preguntó: “Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?”. En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) “tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?”.
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que “es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa”.
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
“No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería”, destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase “y otras sustancias similares”, lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales “cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos”.
El dato es que dentro del parque industrial minero “no regiría la 7722”. Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos “la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad”. Y recuerda que el lunes habrá “consejo consultivo ciudadano”, una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: “Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar”.
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que “apoyamos la 7722”.
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Mendoza: propuesta para modificar la 7722
Abraham propone modificar la 7722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Mendoza: importante incendio forestal en el cerro Arco
El incendio del cerro Arco fue uno de los mayores en casi 20 años en el Gran Mendoza
Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por las dimensiones, la locación y la superficie total afectada; el incendio registrado este fin de semana en el Cerro Arco fue uno de los más importantes de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza.
Más si a ello se le suma que comenzó el viernes por la tarde y hasta última hora de ayer continuaban los trabajos para extinguirlo definitivamente, aunque aún se mantenían activos un par de focos en el cerro El Gateado (al norte del Arco). Incluso, desde Defensa Civil confirmaron que en la jornada de este lunes continuarán trabajando sobre estos últimos.
Si bien aún no está la cifra exacta, se estima que en total las recientes llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años; y sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
Desde 2001 se quemaron casi 20.800 hectáreas en este cerro e inmediaciones.
Esta situación motivó a que el Gobierno endurezca los controles y castigos a quienes muestren desidia al momento de hacer y mantener limpias las “picadas corta fuego” en sus campos. Se trata de aquellos senderos o huellas de 6 metros de ancho que -por ley- deben realizarse entre un campo y otro, o bien dentro de un mismo campo cuando se trata de terrenos de gran extensión. Estas se hacen pasando una topadora, levantando todo y limpiando el camino.
“La ley 6.099 obliga a los dueños de campo a hacer estas picadas y a mantenerlas limpias para que, en caso de incendio o de que caiga un rayo, las llamas encuentren un espacio donde su propagación se corte y no se extiendan. Hemos detectado que muchos no las están haciendo, y eso es algo que disminuiría considerablemente la cantidad de incendios. Por eso es que vamos a comenzar con emplazamientos para que cumplan con esa obligación. Y también incluye a Vialidad con la limpieza de las banquinas y a otros organismos que deben mantener estas huellas limpias”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; quien destacó que el mantenimiento debe hacerse con frecuencia anual al menos.
Las multas para quienes no cumplan con este deber están fijadas en 20.000 pesos. No obstante, Mingorance resaltó que las van a actualizar y aumentar “considerablemente”, apuntando a que sea más conveniente hacer el mantenimiento que pagar la sanción.
“Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 se quemaron 200.000 hectáreas, 95% de los incendios ocasionados por tormentas eléctricas. Sin embargo, otro de los principales problemas que tenemos está vinculado a los incendios intencionales. Desde agosto y hasta la fecha -menos de 2 meses- se han quemado casi 40.000 hectáreas de campos, todas en episodios intencionales. Son casos en que los dueños de campo privado inician el fuego para hacer lo que se llama ‘limpieza de campo’, y se propagan. Son hechos ilegales y lamentablemente -y dentro de la ilegalidad- es una cifra que se repite cada año”, destacó Mingorance, quien indicó que la forma correcta de hacer estos procedimientos es utilizando una rastra antes de replantar (aunque es todo un proceso que toma su tiempo).
“Sancionar a quienes generan estos incendios es complicado, porque hay que encontrar in fraganti a la persona iniciando el fuego. Si vamos cuando ya está, nos dicen que lo inició un tercero para hacer daño. Este año sólo hemos detectado en el acto a un par de dueños de campo”, destacó el funcionario.
Además, Mingorance insistió en los consejos para evitar incendios accidentales como el registrado en el Cerro Arco (aparentemente el incendio se inició con un fuego de asado mal apagado).
“Hay que hacer fuego en lugares seguros, con infraestructura adecuada. Y antes de retirarse, hay que apagarlo bien; con líquido. Hay que llevarse además los residuos. También contamos con el apoyo de quienes hacen trekking, quienes pueden dar aviso al 911 o bien llevarse consigo latas o pedazos de vidrio que encuentren. En días de mucho calor , esos objetos pueden generar un principio de incendio”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por las dimensiones, la locación y la superficie total afectada; el incendio registrado este fin de semana en el Cerro Arco fue uno de los más importantes de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza.
Más si a ello se le suma que comenzó el viernes por la tarde y hasta última hora de ayer continuaban los trabajos para extinguirlo definitivamente, aunque aún se mantenían activos un par de focos en el cerro El Gateado (al norte del Arco). Incluso, desde Defensa Civil confirmaron que en la jornada de este lunes continuarán trabajando sobre estos últimos.
Si bien aún no está la cifra exacta, se estima que en total las recientes llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años; y sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
Desde 2001 se quemaron casi 20.800 hectáreas en este cerro e inmediaciones.
Esta situación motivó a que el Gobierno endurezca los controles y castigos a quienes muestren desidia al momento de hacer y mantener limpias las “picadas corta fuego” en sus campos. Se trata de aquellos senderos o huellas de 6 metros de ancho que -por ley- deben realizarse entre un campo y otro, o bien dentro de un mismo campo cuando se trata de terrenos de gran extensión. Estas se hacen pasando una topadora, levantando todo y limpiando el camino.
“La ley 6.099 obliga a los dueños de campo a hacer estas picadas y a mantenerlas limpias para que, en caso de incendio o de que caiga un rayo, las llamas encuentren un espacio donde su propagación se corte y no se extiendan. Hemos detectado que muchos no las están haciendo, y eso es algo que disminuiría considerablemente la cantidad de incendios. Por eso es que vamos a comenzar con emplazamientos para que cumplan con esa obligación. Y también incluye a Vialidad con la limpieza de las banquinas y a otros organismos que deben mantener estas huellas limpias”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; quien destacó que el mantenimiento debe hacerse con frecuencia anual al menos.
Las multas para quienes no cumplan con este deber están fijadas en 20.000 pesos. No obstante, Mingorance resaltó que las van a actualizar y aumentar “considerablemente”, apuntando a que sea más conveniente hacer el mantenimiento que pagar la sanción.
“Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 se quemaron 200.000 hectáreas, 95% de los incendios ocasionados por tormentas eléctricas. Sin embargo, otro de los principales problemas que tenemos está vinculado a los incendios intencionales. Desde agosto y hasta la fecha -menos de 2 meses- se han quemado casi 40.000 hectáreas de campos, todas en episodios intencionales. Son casos en que los dueños de campo privado inician el fuego para hacer lo que se llama ‘limpieza de campo’, y se propagan. Son hechos ilegales y lamentablemente -y dentro de la ilegalidad- es una cifra que se repite cada año”, destacó Mingorance, quien indicó que la forma correcta de hacer estos procedimientos es utilizando una rastra antes de replantar (aunque es todo un proceso que toma su tiempo).
“Sancionar a quienes generan estos incendios es complicado, porque hay que encontrar in fraganti a la persona iniciando el fuego. Si vamos cuando ya está, nos dicen que lo inició un tercero para hacer daño. Este año sólo hemos detectado en el acto a un par de dueños de campo”, destacó el funcionario.
Además, Mingorance insistió en los consejos para evitar incendios accidentales como el registrado en el Cerro Arco (aparentemente el incendio se inició con un fuego de asado mal apagado).
“Hay que hacer fuego en lugares seguros, con infraestructura adecuada. Y antes de retirarse, hay que apagarlo bien; con líquido. Hay que llevarse además los residuos. También contamos con el apoyo de quienes hacen trekking, quienes pueden dar aviso al 911 o bien llevarse consigo latas o pedazos de vidrio que encuentren. En días de mucho calor , esos objetos pueden generar un principio de incendio”, sentenció.
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La lenta justicia ambiental mendocina, 15 años para un juicio
Después de 15 años, arrancó un juicio por contaminación ambiental en Mendoza
Fecha de Publicación: 20/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Es por presunto derrame de hidrocarburos en un arroyo de Tupungato. En el expediente se habla de violar la ley y arriesgar salud y ambiente.
Se desarrolla en los tribunales federales un juicio por contaminación petrolera, un hecho con muy pocos antecedentes en la provincia.
Concretamente la carátula habla de violar la ley de residuos peligrosos y lo que es más grave aún, poner en peligro el ambiente y la salud.
El caso ocurrió en Tupungato y no son esos los únicos ingredientes que hacen de éste, un debate diferente ya que también muestra el largo camino que recorrió el expediente 11.222 D, toda vez que los hechos investigados fueron denunciados hace 15 años.
La empresa petrolera denunciada es Vintage Oil y en este tiempo dejó de trabajar en la zona, mientras que los tres acusados: Miguel Angel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortone ; un cuarto Mark Francis Sheehan (ausente con un pedido de averiguación de paradero), tampoco trabajan más en el yacimiento Piedras Coloradas, ubicado en el departamento de Tupungato.
Hace 15 años
El caso se remonta al 28 de junio de 2003 y se originó cuando César Biritos, en su calidad de Delegado de Cauce de la Inspección Arroyo Carrizal, denunció la "existencia de contaminación por agua de purga causadas por los pozos (PC 15 y PC 67) de la empresa".
Cuatro meses después -dice la elevación a juicio con la firma de la fiscal federal María Gloria André-, se comprueba que "en al menos uno de los pozos (PC 15), dicha contaminación no había cesado”.
En detalle
Según se conoce ahora, en aquel tiempo se pudo observar en el cauce "un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones (iones cargados negativamente) y cationes (iones cargados positivamente) mayoritarios, en especial cloruros y sodios, compuestos predominantes en las aguas en formación..."; el informe agrega que "hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y litio, valores que no se encuentran normalmente en las aguas subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y/o agua de purga luego de la extracción de petróleo".
Lo que se traduce en que "se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona".
Además de todo lo expuesto, se recuerda que la existencia de los pozos mencionados en la denuncia, “estaba prohibida por resolución 788/1996 y no había autorización existente alguna de tal prohibición; que la contaminación efectivamente se produjo, que la misma se extendió por un período prolongado de tiempo, y que todo ello aconteció con conocimiento de los responsables", es decir los acusados.
En una sala vacía
El juicio que se viene desarrollando en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales, está en manos de los jueces María Paula Marisi, como presidente, acompañada por Alejandro Piña y Alberto Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1.
La acusación fiscal está a cargo de María Gloria André, mientras los abogados Alberto Aguinaga; Carlos De Casas y Juan Day, tienen la asistencia técnica en la defensa de Calvi; Tortone y Laluf, respectivamente.
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Fecha de Publicación: 20/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Es por presunto derrame de hidrocarburos en un arroyo de Tupungato. En el expediente se habla de violar la ley y arriesgar salud y ambiente.
Se desarrolla en los tribunales federales un juicio por contaminación petrolera, un hecho con muy pocos antecedentes en la provincia.
Concretamente la carátula habla de violar la ley de residuos peligrosos y lo que es más grave aún, poner en peligro el ambiente y la salud.
El caso ocurrió en Tupungato y no son esos los únicos ingredientes que hacen de éste, un debate diferente ya que también muestra el largo camino que recorrió el expediente 11.222 D, toda vez que los hechos investigados fueron denunciados hace 15 años.
La empresa petrolera denunciada es Vintage Oil y en este tiempo dejó de trabajar en la zona, mientras que los tres acusados: Miguel Angel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortone ; un cuarto Mark Francis Sheehan (ausente con un pedido de averiguación de paradero), tampoco trabajan más en el yacimiento Piedras Coloradas, ubicado en el departamento de Tupungato.
Hace 15 años
El caso se remonta al 28 de junio de 2003 y se originó cuando César Biritos, en su calidad de Delegado de Cauce de la Inspección Arroyo Carrizal, denunció la "existencia de contaminación por agua de purga causadas por los pozos (PC 15 y PC 67) de la empresa".
Cuatro meses después -dice la elevación a juicio con la firma de la fiscal federal María Gloria André-, se comprueba que "en al menos uno de los pozos (PC 15), dicha contaminación no había cesado”.
En detalle
Según se conoce ahora, en aquel tiempo se pudo observar en el cauce "un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones (iones cargados negativamente) y cationes (iones cargados positivamente) mayoritarios, en especial cloruros y sodios, compuestos predominantes en las aguas en formación..."; el informe agrega que "hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y litio, valores que no se encuentran normalmente en las aguas subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y/o agua de purga luego de la extracción de petróleo".
Lo que se traduce en que "se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona".
Además de todo lo expuesto, se recuerda que la existencia de los pozos mencionados en la denuncia, “estaba prohibida por resolución 788/1996 y no había autorización existente alguna de tal prohibición; que la contaminación efectivamente se produjo, que la misma se extendió por un período prolongado de tiempo, y que todo ello aconteció con conocimiento de los responsables", es decir los acusados.
En una sala vacía
El juicio que se viene desarrollando en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales, está en manos de los jueces María Paula Marisi, como presidente, acompañada por Alejandro Piña y Alberto Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1.
La acusación fiscal está a cargo de María Gloria André, mientras los abogados Alberto Aguinaga; Carlos De Casas y Juan Day, tienen la asistencia técnica en la defensa de Calvi; Tortone y Laluf, respectivamente.
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Los ridículos aprietes al movimiento anti fracking en Mendoza
Una peregrinación contra el fracking
Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impidió mediante el uso de la policía provincial, que se plantara un olivo bendecido por el papa Francisco al finalizar la peregrinación en defensa del agua y en contra del fracking que, a principios de año, autorizó el mandatario radical en suelo mendocino y de la que participaron más de 2.000 personas.
La extracción por fracking en la provincia cuyana fue autorizada unilateralmente por el gobernador Cornejo a través de un decreto el año pasado. El mandatario decidió dar vía libre a este tipo de explotaciones petroleras, asegurando que la técnica es segura y que se realizarían los controles necesarios. Sin embargo, los primeros estudios -filtrados a mediados de abril- demostraron altos niveles de contaminación en los acuíferos cercanos a la zona de explotación.
Hecho que encendió la luz de alarma entre organizaciones ambientales y vecinos del sur mendocino, que los motivó a iniciar un plan de lucha para impedir que se siga realizando esa práctica en la provincia. Es así que, el sábado por la mañana, más de 2.000 personas se concentraron en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza.
Muchos de ellos integrantes de las asambleas del agua y otros tantos ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua, el cual no pudo culminar con normalidad debido a la resistencia del gobernador mendocino, quien no permitió que los protestantes plantaran un olivo que había sido bendecido por el Papa.
Peregrinación.
La iniciativa fue organizada por el científico Esteban Servat, quien junto a asociaciones mendocinas, la Fundación La Alameda y el gremio de Camioneros rechazan la implementación del fracking.
“La defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”, remarcó Gustavo Vera, luego del impedimento policial para plantar el olivo papal, enviado desde Buenos Aires por la Fundación Alameda.
La peregrinación tuvo entre sus filas a representantes de ciudades como Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato. La plantación del olivo, impedida por Cornejo mediante el uso de la policía, era el cierre del peregrinaje que partió a pie desde el pueblo mendocino de Bowen, en el departamento de General Alvear, el pasado 17 de agosto.
Cada persona que participó llevó un poco de tierra de su localidad, y un poco de agua de su río o acuífero cercano, para poder colocar en la Plaza Independencia, de la capital provincial donde se plantaría el olivo.
Escándalo.
Meses atrás un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, que fue filtrado a la prensa por la ONG EcoLeaks, comprobó la contaminación del agua en las primeras pruebas de fracking que se realizaron en las napas cercanas a la zona de explotación petrolífera. Esta situación es profundamente sensible, ya que esta zona en el sur mendocino posee fuentes acuíferas que forman parte de los afluentes que alimentan al río Atuel.
Multa.
Servat fue multado por la Municipalidad de la capital de Mendoza con 53.400 pesos por “corte de circulación en calles San Martín y Espejo” y con 13.350 pesos por “contaminación sonora en el Parque Central”. Ante esta situación, el científico responsabilizó de esas sanciones al propio mandatario mendocino y lo acusó de iniciar “una persecución judicial que se cayó a pedazos".
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Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impidió mediante el uso de la policía provincial, que se plantara un olivo bendecido por el papa Francisco al finalizar la peregrinación en defensa del agua y en contra del fracking que, a principios de año, autorizó el mandatario radical en suelo mendocino y de la que participaron más de 2.000 personas.
La extracción por fracking en la provincia cuyana fue autorizada unilateralmente por el gobernador Cornejo a través de un decreto el año pasado. El mandatario decidió dar vía libre a este tipo de explotaciones petroleras, asegurando que la técnica es segura y que se realizarían los controles necesarios. Sin embargo, los primeros estudios -filtrados a mediados de abril- demostraron altos niveles de contaminación en los acuíferos cercanos a la zona de explotación.
Hecho que encendió la luz de alarma entre organizaciones ambientales y vecinos del sur mendocino, que los motivó a iniciar un plan de lucha para impedir que se siga realizando esa práctica en la provincia. Es así que, el sábado por la mañana, más de 2.000 personas se concentraron en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza.
Muchos de ellos integrantes de las asambleas del agua y otros tantos ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua, el cual no pudo culminar con normalidad debido a la resistencia del gobernador mendocino, quien no permitió que los protestantes plantaran un olivo que había sido bendecido por el Papa.
Peregrinación.
La iniciativa fue organizada por el científico Esteban Servat, quien junto a asociaciones mendocinas, la Fundación La Alameda y el gremio de Camioneros rechazan la implementación del fracking.
“La defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”, remarcó Gustavo Vera, luego del impedimento policial para plantar el olivo papal, enviado desde Buenos Aires por la Fundación Alameda.
La peregrinación tuvo entre sus filas a representantes de ciudades como Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato. La plantación del olivo, impedida por Cornejo mediante el uso de la policía, era el cierre del peregrinaje que partió a pie desde el pueblo mendocino de Bowen, en el departamento de General Alvear, el pasado 17 de agosto.
Cada persona que participó llevó un poco de tierra de su localidad, y un poco de agua de su río o acuífero cercano, para poder colocar en la Plaza Independencia, de la capital provincial donde se plantaría el olivo.
Escándalo.
Meses atrás un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, que fue filtrado a la prensa por la ONG EcoLeaks, comprobó la contaminación del agua en las primeras pruebas de fracking que se realizaron en las napas cercanas a la zona de explotación petrolífera. Esta situación es profundamente sensible, ya que esta zona en el sur mendocino posee fuentes acuíferas que forman parte de los afluentes que alimentan al río Atuel.
Multa.
Servat fue multado por la Municipalidad de la capital de Mendoza con 53.400 pesos por “corte de circulación en calles San Martín y Espejo” y con 13.350 pesos por “contaminación sonora en el Parque Central”. Ante esta situación, el científico responsabilizó de esas sanciones al propio mandatario mendocino y lo acusó de iniciar “una persecución judicial que se cayó a pedazos".
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Mendoza registra 2 secuestros de fauna ilegal por día promedio
Hay 2 secuestros de fauna ilegal por día contra cazadores furtivos
Fecha de Publicación: 08/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los operativos se hacen a diario en virtud del volumen que ha alcanzado este “mercado negro” de animales en Mendoza.
Los episodios donde cazadores furtivos son encontrados con fauna nativa (algo prohibido) o con especies vivas en cautiverio son un problema creciente. Según destacó el director de Fauna de la provincia, Adrián Gorrindo, por día en promedio hay dos operativos con resultados positivos. Los más frecuentes son aquellos en que se detectan aves protegidas en cautiverio -en ocasiones se ha detenido a vendedores y compradores, como ocurrió la semana pasada-. Le siguen los operativos en que se decomisa carne de vizcacha, guanaco, liebre mara, piche y choique (ya sea en el lugar en que fue cazado -los menos- o acopiada para su distribución).
“En Mendoza está permitida la caza -con permiso y siguiendo la legislación- de algunas especies exóticas invasoras como son el conejo silvestre, el jabalí y la liebre europea. Si esto no se cumple, se está cometiendo un ilícito. Las irregularidades más comunes son la cacería de fauna nativa, y muchas veces con una doble falta ya que se trata de especies declaradas monumento natural y protegido”, detalló Gorrindo. Además, destacó que hay un gran compromiso por parte de la ciudadanía y que la mitad de los operativos en los que intervienen son por denuncias que hacen los propios vecinos de quienes cometen estos ilícitos.
La venta en el mercado negro de algunas de estas aves puede ascender a 15.000 pesos, mientras que las multas por cazarlas llegan a superar los cientos de miles de pesos (en caso de cóndores han llegado hasta $ 200.000).
Uno de los espacios donde más se ofrecen las aves capturadas ilegalmente son las redes sociales. Según indicaron desde Fauna, hay al menos 200 grupos en Facebook con más de 80.000 personas donde se ofrecen estas especies.
WhatsApp es otra plataforma donde se difunde este mercado ilegal. Y tanto en una como en otra hay infiltrados de Fauna que permiten detectar el tráfico ilegal.
Tenemos al menos un procedimiento diario. Pero en un mismo día podemos tener hasta 20 espontáneos”, destacó el jefe de la Policía Rural, Guillermo Antequera.
Dos tipos de operativos
Además de la dirección de Fauna, hay otros actores claves en el combate y la prevención de estos delitos. Guardaparques, la ya mencionada Policía Rural, Gendarmería y hasta el Iscamen participan en estos operativos que que suelen dar un par de resultados positivos (en cuanto a la detección de faltas) cada día.
En los últimos 3 años se regresaron a sus hábitats a más de 4.500 aves rescatadas de distintos operativos. “El objetivo principal es rehabilitarlas y liberarlas en sus hábitats naturales”, resumió Antequera. La Policía Rural cuenta con cuatro bases en toda la provincia (Centro, Este, Valle de Uco y Sur) y con 120 efectivos.
Los operativos para combatir la cacería en Mendoza pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, están aquellos de captura y tráfico de aves. Al tratarse de una presa que se comercializa viva, es de simple detección. “Muchas veces se delata en el momento del transporte. Y hay ocasiones en que el animal muere allí, ya que se lo trata de ocultar entre otras cosas y se lo asfixia”, destacó Gorrindo.
“El comprador paga entre 300 y 700 pesos por ejemplar, y puede llegar a revender un cardenal amarillo hasta en 15.000 pesos”, sostuvo Gorrindo. Antequera, de la Policía Rural, acotó que incluso en el extranjero esta especie puede llegar a cotizarse hasta en 1.500 dólares.
En la provincia existen criaderos habilitados para poder adquirir estas especies de manera legal. Sin embargo, reproducirlas y mantenerlas es costoso, por lo que una de estas aves “con papeles” no vale menos de 6.000 o 7.000 pesos.
En cuanto a sanciones, por cazar aves las multas van desde 1.000 a 1.500 pesos, y pueden superar los 200.000 pesos (eso se ha llegado a cobrar por un cóndor).
Caza y faena
El otro tipo de caza ilegal común que se registra en Mendoza tiene que ver con la de especies nativas que se faenan. “Las más cazadas son el quirquincho y la vizcacha. Principalmente porque con un arma y la luz del auto se pueden cazar desde el costado del camino” destacó Gorrindo.
A diferencia de lo que ocurre con las aves, la detección in fraganti no suele ser tan simple. “Aquí el problema es que se comercializa su carne directamente. Son pocas las ocasiones en que se detectan a los cazadores con las presas cargadas. Pero hemos entrado a un domicilio y hemos encontrado en un freezer a 30 quirquinchos. Para imputar el delito, eso ya es suficiente. Es lo mismo que se enganche a la persona con la carne o con la pata de un guanaco, una cabeza o un caparazón de quirquincho”, resumió el director de Fauna.
Hay factores que complican estos procedimientos y que los hacen por demás riesgosos. “Hemos tenido enfrentamientos con los cazadores y nos han disparado intentando escaparse”, agregó el jefe de la Policía Rural, quien destacó que muchas veces las armas que portan tampoco están registradas.
Por un aumento de penas
Mendoza adhiere a la ley nacional de Fauna (22.421) y lo hace por medio de la ley provincial 4.602. La norma prevé penas de hasta 2 años, por lo que es un delito excarcelable. “Nadie va preso por incumplir la Ley de Fauna. Por eso es que hemos pedido que se suban las penas hasta 4 años”, destacó la presidenta de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra.
Operativos destacados
-Mayo 2018: 50 truchas destinadas a comercialización fueron secuestradas en locales de Uspallata. Su pesca para tal fin está prohibida en Mendoza y quienes las tenían no pudieron certificar que eran traídas de otra provincia.
-Enero 2018: en Los Molles (Malargüe) fueron hallados los cadáveres de 34 cóndores y de un puma. La causa está en la Justicia Federal (por el uso del agrotóxico carbofurán) y todo parece indicar que los puesteros del lugar los envenenaron intencionalmente por considerarlos -erróneamente- predadores de chivos.
-Marzo 2017: en un operativo conjunto entre Recursos Naturales y Gendarmería secuestraron aves exóticas (entre ellas, un tucán) en una casa de artículos regionales de Maipú. Un par de años antes, personal de Fauna había sido advertido por un turista y cuando llegaron al lugar no pudieron ingresar al patio del lugar.
-Febrero 2017: se detuvo a 6 personas en la ruta 13 (Las Heras). Se las venía siguiendo desde hacía ya tiempo. Iban en motos -algunas de ellas, robadas- y transitaban con alforjas preparadas especialmente. Llevaban casi 140 kilos de carne deshuesada de guanaco.
Cómo denunciar
A los teléfonos 911 o 4252090 (Int. 7065 -Recursos Naturales-)
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Fecha de Publicación: 08/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los operativos se hacen a diario en virtud del volumen que ha alcanzado este “mercado negro” de animales en Mendoza.
Los episodios donde cazadores furtivos son encontrados con fauna nativa (algo prohibido) o con especies vivas en cautiverio son un problema creciente. Según destacó el director de Fauna de la provincia, Adrián Gorrindo, por día en promedio hay dos operativos con resultados positivos. Los más frecuentes son aquellos en que se detectan aves protegidas en cautiverio -en ocasiones se ha detenido a vendedores y compradores, como ocurrió la semana pasada-. Le siguen los operativos en que se decomisa carne de vizcacha, guanaco, liebre mara, piche y choique (ya sea en el lugar en que fue cazado -los menos- o acopiada para su distribución).
“En Mendoza está permitida la caza -con permiso y siguiendo la legislación- de algunas especies exóticas invasoras como son el conejo silvestre, el jabalí y la liebre europea. Si esto no se cumple, se está cometiendo un ilícito. Las irregularidades más comunes son la cacería de fauna nativa, y muchas veces con una doble falta ya que se trata de especies declaradas monumento natural y protegido”, detalló Gorrindo. Además, destacó que hay un gran compromiso por parte de la ciudadanía y que la mitad de los operativos en los que intervienen son por denuncias que hacen los propios vecinos de quienes cometen estos ilícitos.
La venta en el mercado negro de algunas de estas aves puede ascender a 15.000 pesos, mientras que las multas por cazarlas llegan a superar los cientos de miles de pesos (en caso de cóndores han llegado hasta $ 200.000).
Uno de los espacios donde más se ofrecen las aves capturadas ilegalmente son las redes sociales. Según indicaron desde Fauna, hay al menos 200 grupos en Facebook con más de 80.000 personas donde se ofrecen estas especies.
WhatsApp es otra plataforma donde se difunde este mercado ilegal. Y tanto en una como en otra hay infiltrados de Fauna que permiten detectar el tráfico ilegal.
Tenemos al menos un procedimiento diario. Pero en un mismo día podemos tener hasta 20 espontáneos”, destacó el jefe de la Policía Rural, Guillermo Antequera.
Dos tipos de operativos
Además de la dirección de Fauna, hay otros actores claves en el combate y la prevención de estos delitos. Guardaparques, la ya mencionada Policía Rural, Gendarmería y hasta el Iscamen participan en estos operativos que que suelen dar un par de resultados positivos (en cuanto a la detección de faltas) cada día.
En los últimos 3 años se regresaron a sus hábitats a más de 4.500 aves rescatadas de distintos operativos. “El objetivo principal es rehabilitarlas y liberarlas en sus hábitats naturales”, resumió Antequera. La Policía Rural cuenta con cuatro bases en toda la provincia (Centro, Este, Valle de Uco y Sur) y con 120 efectivos.
Los operativos para combatir la cacería en Mendoza pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, están aquellos de captura y tráfico de aves. Al tratarse de una presa que se comercializa viva, es de simple detección. “Muchas veces se delata en el momento del transporte. Y hay ocasiones en que el animal muere allí, ya que se lo trata de ocultar entre otras cosas y se lo asfixia”, destacó Gorrindo.
“El comprador paga entre 300 y 700 pesos por ejemplar, y puede llegar a revender un cardenal amarillo hasta en 15.000 pesos”, sostuvo Gorrindo. Antequera, de la Policía Rural, acotó que incluso en el extranjero esta especie puede llegar a cotizarse hasta en 1.500 dólares.
En la provincia existen criaderos habilitados para poder adquirir estas especies de manera legal. Sin embargo, reproducirlas y mantenerlas es costoso, por lo que una de estas aves “con papeles” no vale menos de 6.000 o 7.000 pesos.
En cuanto a sanciones, por cazar aves las multas van desde 1.000 a 1.500 pesos, y pueden superar los 200.000 pesos (eso se ha llegado a cobrar por un cóndor).
Caza y faena
El otro tipo de caza ilegal común que se registra en Mendoza tiene que ver con la de especies nativas que se faenan. “Las más cazadas son el quirquincho y la vizcacha. Principalmente porque con un arma y la luz del auto se pueden cazar desde el costado del camino” destacó Gorrindo.
A diferencia de lo que ocurre con las aves, la detección in fraganti no suele ser tan simple. “Aquí el problema es que se comercializa su carne directamente. Son pocas las ocasiones en que se detectan a los cazadores con las presas cargadas. Pero hemos entrado a un domicilio y hemos encontrado en un freezer a 30 quirquinchos. Para imputar el delito, eso ya es suficiente. Es lo mismo que se enganche a la persona con la carne o con la pata de un guanaco, una cabeza o un caparazón de quirquincho”, resumió el director de Fauna.
Hay factores que complican estos procedimientos y que los hacen por demás riesgosos. “Hemos tenido enfrentamientos con los cazadores y nos han disparado intentando escaparse”, agregó el jefe de la Policía Rural, quien destacó que muchas veces las armas que portan tampoco están registradas.
Por un aumento de penas
Mendoza adhiere a la ley nacional de Fauna (22.421) y lo hace por medio de la ley provincial 4.602. La norma prevé penas de hasta 2 años, por lo que es un delito excarcelable. “Nadie va preso por incumplir la Ley de Fauna. Por eso es que hemos pedido que se suban las penas hasta 4 años”, destacó la presidenta de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra.
Operativos destacados
-Mayo 2018: 50 truchas destinadas a comercialización fueron secuestradas en locales de Uspallata. Su pesca para tal fin está prohibida en Mendoza y quienes las tenían no pudieron certificar que eran traídas de otra provincia.
-Enero 2018: en Los Molles (Malargüe) fueron hallados los cadáveres de 34 cóndores y de un puma. La causa está en la Justicia Federal (por el uso del agrotóxico carbofurán) y todo parece indicar que los puesteros del lugar los envenenaron intencionalmente por considerarlos -erróneamente- predadores de chivos.
-Marzo 2017: en un operativo conjunto entre Recursos Naturales y Gendarmería secuestraron aves exóticas (entre ellas, un tucán) en una casa de artículos regionales de Maipú. Un par de años antes, personal de Fauna había sido advertido por un turista y cuando llegaron al lugar no pudieron ingresar al patio del lugar.
-Febrero 2017: se detuvo a 6 personas en la ruta 13 (Las Heras). Se las venía siguiendo desde hacía ya tiempo. Iban en motos -algunas de ellas, robadas- y transitaban con alforjas preparadas especialmente. Llevaban casi 140 kilos de carne deshuesada de guanaco.
Cómo denunciar
A los teléfonos 911 o 4252090 (Int. 7065 -Recursos Naturales-)
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Mendoza enfrenta el noveno año consecutivo de sequía
Se viene el noveno año consecutivo de sequía
Fecha de Publicación: 30/08/2018
Fuente: Mendoza Post
Provincia/Región: Mendoza
Hace un mes se difundió un informe sobre la base de las mediciones de nieve que realizan las estaciones hidronivometeorológicas ubicadas en toda la provincia, y que se esbozaban en una síntesis que realiza el Departamento General de Irrigación (DGI), a través de su Dirección de Gestión Hídrica, área de Hidrología, que aún estábamos lejos de los promedios para alcanzar un año normal, situación se viene repitiendo en las últimas temporadas.
Al 27 de julio, en la zona Centro-Norte de Mendoza, había la mitad de nieve del promedio. Y si se tiene en cuenta todo el acumulado del año, es decir el de toda la temporada de nieve en la provincia hasta la primera quincena de setiembre, hasta ese momento sólo alcanza ba 30% del promedio, por lo que en lo que restaba de la temporada invernal debería haber nevado tres veces más para alcanzar un año medio, lo que finalmente no sucedió.
Ahora, especialistas aseguran que estarían dadas todas las condiciones para que la provincia enfrente el que sería el noveno año consecutivo de sequía, lo que por ende generaría una nueva crisis hídrica.
El investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla - Conicet), Juan Rivera, explicó que los pronósticos estacionales se cumplieron, dado que esta situación era advertida desde el mes de febrero.
"Los registros de acumulación nívea a lo largo de la Cordillera de los Andes se encuentran a esta altura del año en valores en torno al 30% de la acumulación de lo que sería un año normal, una merma en la acumulación de nieve. Luego, esto se traslada a lo largo del ciclo hidrológico como caudales deficitarios, es decir, que los ríos de la provincia van a transportar menos agua y eso va a impactar en las actividades que requieran irrigación", especificó a través de la radio sanrafalina FM Vos (91.5).
Si bien hasta el mes de octubre podrían darse nevadas, la problemática radica en que "la frecuencia de nevadas en este invierno, o sea, la cantidad de días en los que se registró precipitación nívea, no fue baja en comparación con un año normal, el problema es que la acumulación de nieve asociada a esas nevadas sí estuvo por debajo del normal".
Rivera aseguró que antes "uno podía regular el tiempo en el cual uno tenía el agua a disposición para las actividades de irrigación". Sin embargo, ahora la situación frente a los cambios en la temperatura hace que "lamentablemente el agua está disponible pero no siempre cuando es necesaria".
Así las cosas, Mendoza entraría al noveno año de emergencia hídrica. Ante esta situación, el profesional plantea que "si esta es una condición que vendría a ser la nueva normalidad de la provincia, tendríamos que empezar a pensar que los años nevadores van a ser la excepción a la regla", a la vez que resaltó la importancia de la función que cumplen los embalses y los reservorios en la regulación del recurso hídrico.
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Fecha de Publicación: 30/08/2018
Fuente: Mendoza Post
Provincia/Región: Mendoza
Hace un mes se difundió un informe sobre la base de las mediciones de nieve que realizan las estaciones hidronivometeorológicas ubicadas en toda la provincia, y que se esbozaban en una síntesis que realiza el Departamento General de Irrigación (DGI), a través de su Dirección de Gestión Hídrica, área de Hidrología, que aún estábamos lejos de los promedios para alcanzar un año normal, situación se viene repitiendo en las últimas temporadas.
Al 27 de julio, en la zona Centro-Norte de Mendoza, había la mitad de nieve del promedio. Y si se tiene en cuenta todo el acumulado del año, es decir el de toda la temporada de nieve en la provincia hasta la primera quincena de setiembre, hasta ese momento sólo alcanza ba 30% del promedio, por lo que en lo que restaba de la temporada invernal debería haber nevado tres veces más para alcanzar un año medio, lo que finalmente no sucedió.
Ahora, especialistas aseguran que estarían dadas todas las condiciones para que la provincia enfrente el que sería el noveno año consecutivo de sequía, lo que por ende generaría una nueva crisis hídrica.
El investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla - Conicet), Juan Rivera, explicó que los pronósticos estacionales se cumplieron, dado que esta situación era advertida desde el mes de febrero.
"Los registros de acumulación nívea a lo largo de la Cordillera de los Andes se encuentran a esta altura del año en valores en torno al 30% de la acumulación de lo que sería un año normal, una merma en la acumulación de nieve. Luego, esto se traslada a lo largo del ciclo hidrológico como caudales deficitarios, es decir, que los ríos de la provincia van a transportar menos agua y eso va a impactar en las actividades que requieran irrigación", especificó a través de la radio sanrafalina FM Vos (91.5).
Si bien hasta el mes de octubre podrían darse nevadas, la problemática radica en que "la frecuencia de nevadas en este invierno, o sea, la cantidad de días en los que se registró precipitación nívea, no fue baja en comparación con un año normal, el problema es que la acumulación de nieve asociada a esas nevadas sí estuvo por debajo del normal".
Rivera aseguró que antes "uno podía regular el tiempo en el cual uno tenía el agua a disposición para las actividades de irrigación". Sin embargo, ahora la situación frente a los cambios en la temperatura hace que "lamentablemente el agua está disponible pero no siempre cuando es necesaria".
Así las cosas, Mendoza entraría al noveno año de emergencia hídrica. Ante esta situación, el profesional plantea que "si esta es una condición que vendría a ser la nueva normalidad de la provincia, tendríamos que empezar a pensar que los años nevadores van a ser la excepción a la regla", a la vez que resaltó la importancia de la función que cumplen los embalses y los reservorios en la regulación del recurso hídrico.
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Mendoza y la contaminación visual
Contaminación visual, un mal creciente
Fecha de Publicación: 30/08/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La contaminación visual abruma a lo largo y ancho de nuestra provincia, en las ciudades, en los pueblos, en los caminos rurales.
Estamos habituados a tratar temas de contaminación del medio ambiente, tales como los basurales, las bolsas de plástico, la contaminación de los cauces de riego y acequias en la ciudad con plásticos y otros elementos. También se trata con asiduidad la contaminación de los suelos con pesticidas, que luego derivan en contaminación de las napas freáticas. La contaminación sonora suele dar lugar a serios altercados entre vecinos y en zonas más amplias donde se instalan locales bailables. No pocas veces son los automóviles con escapes libres o motocicletas similares, las que agreden los tímpanos de las personas.
Menos habitual es analizar el grave problema en que se ha convertido la contaminación visual. Hay consenso en las definiciones ya que se entiende por contaminación visual todo aquello que afecte la estética visual de un paisaje urbano o rural, causando un desequilibrio en la disposición de los componentes, colores, contrastes o cualquier otro elemento que pueda ser molesto a la vista e impactar negativamente en la sensación de bienestar de la persona. Este tipo de contaminación percibida a través del sentido de la vista expone diariamente a millones de personas, principalmente en las ciudades, a estímulos agresivos que las invaden y contra las cuales no existe ningún filtro ni defensa.
Son numerosos los elementos que producen contaminación visual, seguramente el de mayor importancia es la cartelería publicitaria de todo tipo, acompañada por los cableados eléctricos, telefónico, televisión. Los postes en las veredas, las antenas, los grafitis, los edificios deteriorados, baldíos convertidos en basurales. Todos elementos que por su uso excesivo, su ubicación y su tamaño, entre otros aspectos, todos ellos dispuestos por los humanos, los convierten en elementos o agentes contaminantes a la vista.
La arquitectura urbana y el pasaje rural parecen desvalorizados, el espacio público desvirtuado e invadido por postes, sostenes de carteles, refugios, el tránsito peatonal entorpecido, los árboles deteriorados.
Hay también acuerdo en quienes estudian este tema en que la contaminación visual es un excesivo estímulo a la vista y consecuentemente al cerebro de las personas y que por ende produce daños que pueden ser muy graves. Generalmente provocan ansiedad, excitación, mal humor, irritación, alteraciones del sistema nervioso, trastornos de atención, estrés, Las personas con mayor sensibilidad, con discapacidades, los niños y ancianos son los que más sufren. En muchos casos estas personas terminan aisladas, no quieren transitar por las calles.
Quizás el mayor factor de contaminación visual sea la increíble cantidad y diversidad de cartelería de todo tipo y tamaño. Buena parte de esta cartelería está dispuesta o autorizada por los municipios, son estos los responsables directos en el tema cartelería y publicidad en la vía pública. Sin duda que el propósito de los municipios es recaudar ya que mientras más carteles hay más se recauda; la voracidad fiscal es insaciable.
En el caso de las ciudades miles de carteles invaden sitios en las veredas dificultando o impidiendo la visual en la circulación; hay esquinas en la que las que los conductores deben jugar a una especie de "ruleta rusa" para atravesarlas. A esta contaminación también contribuye el desorden existente en el estacionamiento de los automóviles. La consecuencia es la enorme cantidad de accidentes que se producen por estas obstrucciones visuales.
Quizá sea hora de tomar el tema de la contaminación visual como un problema grave, que requiere soluciones.
En síntesis, somos los humanos los que producimos contaminación visual, la naturaleza no sólo no contamina, sino que en gran medida produce belleza y alegría. Por lo tanto, es sobre la conducta de los humanos donde se debe actuar, pero deben comenzar por dar el ejemplo los organismos municipales, no pueden autorizar o tolerar la invasión del espacio público.
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Fecha de Publicación: 30/08/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La contaminación visual abruma a lo largo y ancho de nuestra provincia, en las ciudades, en los pueblos, en los caminos rurales.
Estamos habituados a tratar temas de contaminación del medio ambiente, tales como los basurales, las bolsas de plástico, la contaminación de los cauces de riego y acequias en la ciudad con plásticos y otros elementos. También se trata con asiduidad la contaminación de los suelos con pesticidas, que luego derivan en contaminación de las napas freáticas. La contaminación sonora suele dar lugar a serios altercados entre vecinos y en zonas más amplias donde se instalan locales bailables. No pocas veces son los automóviles con escapes libres o motocicletas similares, las que agreden los tímpanos de las personas.
Menos habitual es analizar el grave problema en que se ha convertido la contaminación visual. Hay consenso en las definiciones ya que se entiende por contaminación visual todo aquello que afecte la estética visual de un paisaje urbano o rural, causando un desequilibrio en la disposición de los componentes, colores, contrastes o cualquier otro elemento que pueda ser molesto a la vista e impactar negativamente en la sensación de bienestar de la persona. Este tipo de contaminación percibida a través del sentido de la vista expone diariamente a millones de personas, principalmente en las ciudades, a estímulos agresivos que las invaden y contra las cuales no existe ningún filtro ni defensa.
Son numerosos los elementos que producen contaminación visual, seguramente el de mayor importancia es la cartelería publicitaria de todo tipo, acompañada por los cableados eléctricos, telefónico, televisión. Los postes en las veredas, las antenas, los grafitis, los edificios deteriorados, baldíos convertidos en basurales. Todos elementos que por su uso excesivo, su ubicación y su tamaño, entre otros aspectos, todos ellos dispuestos por los humanos, los convierten en elementos o agentes contaminantes a la vista.
La arquitectura urbana y el pasaje rural parecen desvalorizados, el espacio público desvirtuado e invadido por postes, sostenes de carteles, refugios, el tránsito peatonal entorpecido, los árboles deteriorados.
Hay también acuerdo en quienes estudian este tema en que la contaminación visual es un excesivo estímulo a la vista y consecuentemente al cerebro de las personas y que por ende produce daños que pueden ser muy graves. Generalmente provocan ansiedad, excitación, mal humor, irritación, alteraciones del sistema nervioso, trastornos de atención, estrés, Las personas con mayor sensibilidad, con discapacidades, los niños y ancianos son los que más sufren. En muchos casos estas personas terminan aisladas, no quieren transitar por las calles.
Quizás el mayor factor de contaminación visual sea la increíble cantidad y diversidad de cartelería de todo tipo y tamaño. Buena parte de esta cartelería está dispuesta o autorizada por los municipios, son estos los responsables directos en el tema cartelería y publicidad en la vía pública. Sin duda que el propósito de los municipios es recaudar ya que mientras más carteles hay más se recauda; la voracidad fiscal es insaciable.
En el caso de las ciudades miles de carteles invaden sitios en las veredas dificultando o impidiendo la visual en la circulación; hay esquinas en la que las que los conductores deben jugar a una especie de "ruleta rusa" para atravesarlas. A esta contaminación también contribuye el desorden existente en el estacionamiento de los automóviles. La consecuencia es la enorme cantidad de accidentes que se producen por estas obstrucciones visuales.
Quizá sea hora de tomar el tema de la contaminación visual como un problema grave, que requiere soluciones.
En síntesis, somos los humanos los que producimos contaminación visual, la naturaleza no sólo no contamina, sino que en gran medida produce belleza y alegría. Por lo tanto, es sobre la conducta de los humanos donde se debe actuar, pero deben comenzar por dar el ejemplo los organismos municipales, no pueden autorizar o tolerar la invasión del espacio público.
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El "Peregrinaje por el Agua" no para
Pese a los embates del gobierno, el "Peregrinaje por el Agua" no se detiene
Fecha de Publicación: 26/08/2018
Fuente: Minuto Ya
Provincia/Región: Mendoza
Este martes por la tarde y pese a los retrasos que tuvo el denominado "Peregrinaje por el Agua", luego de que la policía detuviera nuevamente al grupo que partió desde Bowen el pasado 8 de Agosto y prevé llegar a la Capital Mendocina el próximo 8 de Setiembre para concentrar una gran manifestación popular contra el fracking que impulsa el gobierno de Cornejo, la movida ambientalista llegó a la ciudad de San Rafael, culminando en el kilómetro cero.
"Ha sido un éxito hasta ahora y los obstáculos del gobierno, solo han fracasado y nos hacen más fuertes. Nos mandaron una citación policial para desviarnos del camino, hoy nos paró la policía y nos quiso desviar, pero acá estamos todos unidos y cada vez somos más", aseveró el biólogo Esteban Servat en diálogo con MinutoYa
El ambientalista señaló que estarán en San Rafael hasta el día viernes a fin de recuperarse, y ese día partirán desde el municipio a las 12:00 del medio día.
En este marco, el científico remarcó: "Es importante que todos estén, porque esto no es una caminata recreativa, es para frenar el fracking en un peregrinaje que culminará el sábado 8 de Setiembre en la Capital provincial, marchando desde las 14:00 hs desde la Rotonda del Cóndor hasta la Plaza Independencia para culminar con una gran convocatoria nacional por el agua que se va a llevar adelante".
"Somos pacíficos, pero no somos tontos y vamos a llegar a la Plaza Independencia para sembrar un olivo por la paz y la vida, frente a los que están sembrando muerte. Es momento de despertar porque antes de fin de año los pozos en vez de 20 van a ser más de 100 y cada pozo está consumiendo 30 millones de litros de agua que se está sacando al agro", aseveró Servat.
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Fecha de Publicación: 26/08/2018
Fuente: Minuto Ya
Provincia/Región: Mendoza
Este martes por la tarde y pese a los retrasos que tuvo el denominado "Peregrinaje por el Agua", luego de que la policía detuviera nuevamente al grupo que partió desde Bowen el pasado 8 de Agosto y prevé llegar a la Capital Mendocina el próximo 8 de Setiembre para concentrar una gran manifestación popular contra el fracking que impulsa el gobierno de Cornejo, la movida ambientalista llegó a la ciudad de San Rafael, culminando en el kilómetro cero.
"Ha sido un éxito hasta ahora y los obstáculos del gobierno, solo han fracasado y nos hacen más fuertes. Nos mandaron una citación policial para desviarnos del camino, hoy nos paró la policía y nos quiso desviar, pero acá estamos todos unidos y cada vez somos más", aseveró el biólogo Esteban Servat en diálogo con MinutoYa
El ambientalista señaló que estarán en San Rafael hasta el día viernes a fin de recuperarse, y ese día partirán desde el municipio a las 12:00 del medio día.
En este marco, el científico remarcó: "Es importante que todos estén, porque esto no es una caminata recreativa, es para frenar el fracking en un peregrinaje que culminará el sábado 8 de Setiembre en la Capital provincial, marchando desde las 14:00 hs desde la Rotonda del Cóndor hasta la Plaza Independencia para culminar con una gran convocatoria nacional por el agua que se va a llevar adelante".
"Somos pacíficos, pero no somos tontos y vamos a llegar a la Plaza Independencia para sembrar un olivo por la paz y la vida, frente a los que están sembrando muerte. Es momento de despertar porque antes de fin de año los pozos en vez de 20 van a ser más de 100 y cada pozo está consumiendo 30 millones de litros de agua que se está sacando al agro", aseveró Servat.
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Mendoza, el fracking podría llegar al norte provincial
Si pasa la prueba, el fracking llegará al norte provincial
Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por primera vez, la empresa que realiza pruebas en 5 pozos de Malargüe abrió las puertas del Puesto Rojas.
En medio de los cerros, unos 30 kilómetros antes de ingresar a la ciudad de Malargüe, se ubica el Puesto Rojas. Este área petrolera que comenzó a operar en 1974 llegó a contar con 136 pozos y en la actualidad 98 están inactivos y 14 fueron cerrados definitivamente.
Pero como parte de la Cuenca Neuquina, la formación Vaca Muerta y otra menos conocida, Agrío, le abren una perspectiva productiva de magnitud con la explotación del petróleo no convencional. Y es ahí donde entra en juego el fracking.
Por primera vez la empresa El Trébol, concesionaria de la zona, abrió las puertas del yacimiento para mostrar como se desarrolla una técnica que genera amores y odios por igual.
“No se altera nada alrededor. Incluso después del proceso se retira el equipo de fractura y se coloca el equipo para extraer el petróleo como en cualquier otro pozo convencional”, explicó Marcelo Irusta, gerente del Activo Malargüe de El Trébol.
Si las pruebas tienen éxito, la metología podría extenderse a las formaciones convencionales de la Cuenca Cuyana, en el norte mendocino, concretamente a la formación Cacheuta-Potrerillos.
Así lo reconoció Emilio Giñazú, subsecretario de Energía y Minería, quien aclaró que ese sitio “no tiene nada que ver con las localidades del mismo nombre”.
“Si hay petróleo en formaciones convencionales, ese petróleo vino de una roca madre. Y potencialmente esa roca madre puede ser explotada. Así que si vemos que existe factibilidad técnica, económica y ambiental, iremos abriendo los horizontes no convencionales en toda la provincia”, aseguró el funcionario a los medios en la recorrida por los pozos malargüinos, donde la empresa mostró cómo es el proceso.
Agua reutilizable
Para descartar de plano uno de los principales cuestionamientos que genera la actividad, el uso de agua dulce en el proceso, la empresa desarrolló la forma de utilizar 100 % agua de formación, que es aquella que se extrae junto con el petróleo en los pozos convencionales y no puede tener ningún uso.
Lo común es que esa agua se inyecte nuevamente en pozos especiales a 1.700 metros de profundidad. En este caso, la almacenan en tres tanques con capacidad total para 11.000 metros cúbicos y así no es necesario emplear agua que puede ser potabilizada.
“En otras partes utilizan agua dulce, nosotros no. Investigamos y desarrollamos un proceso para poder utilizar esa agua que sino, no tiene otro destino que sea devuelta adonde vino, abajo, porque no puede tener ningún otro uso. Somos pioneros en este aspecto”, agregó el gerente de El Trébol.
Antes y después del proceso y cada mes, personal de la dirección de Medio Ambiente, de Irrigación y también de la fundación Cricyt toman muestras de agua que se envían a un laboratorio en Buenos Aires para cotejar la calidad del agua de los acuíferos subterráneos y superficiales.
“Hay que trabajar siguiendo las normas. Mendoza es pionera en regular la actividad, generando un decreto muy rígido que dice cómo trabajar en la provincia y que reduce los riesgos al mínimo. Después hay que controlar como corresponde”, sostuvo el secretario de Ambiente, Humberto Mignorance.
Estas pruebas piloto que se desarrollan en Puesto Rojas con miras a determinar la productividad de la zona, demandaron una inversión de 70 millones de dólares. Ya se realizó en cinco pozos, ahora será en cinco más (cuatro son nuevos y uno solo estaba entre los inactivos) y hacia fin de año la empresa prevé realizar el procedimiento de estimulación hidráulica en otros cinco pozos.
Si las pruebas arrojan resultados alentadores, la inversión podría ascender a los 1.000 millones de dólares y si hablamos de perspectivas por toda la explotación de la cuenca neuquina (Vaca Muerta), la producción petrolera en la provincia podrá saltar de 12.000 metros cúbicos de crudo por día al doble. Esto acompañado de un crecimiento de la misma magnitud en la mano de obra.
“Hoy el petróleo emplea a 14.000 personas, las proyecciones indican que se puede duplicar con el desarrollo de petróleo no convencional”, afirmó Giñazú.
Cómo se hace el proceso de fractura hidráulica
El procedimiento de fracking es de alta complejidad en cuanto al equipamiento que requiere pero simple en el proceso. Siete bombeadores inyectan -a 1.800 metros de profundidad y a una presión de 5.000 libras por pulgada cuadrada- los 300.000 litros de agua que se utilizan para provocar la estimulación.
En medio del proceso también ingresa arena que irá a depositarse entre la roca fracturada. Tanto el agua y la arena van acompañados de 6 aditivos.
La única señal de que el proceso de estimulación ha comenzado es la aceleración de los motores de las estaciones (camiones) de bombeo. A su alrededor, los técnicos siguen el avance en la computadora. El procedimiento de fractura puede extenderse entre 1.45 y 2 horas.
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Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por primera vez, la empresa que realiza pruebas en 5 pozos de Malargüe abrió las puertas del Puesto Rojas.
En medio de los cerros, unos 30 kilómetros antes de ingresar a la ciudad de Malargüe, se ubica el Puesto Rojas. Este área petrolera que comenzó a operar en 1974 llegó a contar con 136 pozos y en la actualidad 98 están inactivos y 14 fueron cerrados definitivamente.
Pero como parte de la Cuenca Neuquina, la formación Vaca Muerta y otra menos conocida, Agrío, le abren una perspectiva productiva de magnitud con la explotación del petróleo no convencional. Y es ahí donde entra en juego el fracking.
Por primera vez la empresa El Trébol, concesionaria de la zona, abrió las puertas del yacimiento para mostrar como se desarrolla una técnica que genera amores y odios por igual.
“No se altera nada alrededor. Incluso después del proceso se retira el equipo de fractura y se coloca el equipo para extraer el petróleo como en cualquier otro pozo convencional”, explicó Marcelo Irusta, gerente del Activo Malargüe de El Trébol.
Si las pruebas tienen éxito, la metología podría extenderse a las formaciones convencionales de la Cuenca Cuyana, en el norte mendocino, concretamente a la formación Cacheuta-Potrerillos.
Así lo reconoció Emilio Giñazú, subsecretario de Energía y Minería, quien aclaró que ese sitio “no tiene nada que ver con las localidades del mismo nombre”.
“Si hay petróleo en formaciones convencionales, ese petróleo vino de una roca madre. Y potencialmente esa roca madre puede ser explotada. Así que si vemos que existe factibilidad técnica, económica y ambiental, iremos abriendo los horizontes no convencionales en toda la provincia”, aseguró el funcionario a los medios en la recorrida por los pozos malargüinos, donde la empresa mostró cómo es el proceso.
Agua reutilizable
Para descartar de plano uno de los principales cuestionamientos que genera la actividad, el uso de agua dulce en el proceso, la empresa desarrolló la forma de utilizar 100 % agua de formación, que es aquella que se extrae junto con el petróleo en los pozos convencionales y no puede tener ningún uso.
Lo común es que esa agua se inyecte nuevamente en pozos especiales a 1.700 metros de profundidad. En este caso, la almacenan en tres tanques con capacidad total para 11.000 metros cúbicos y así no es necesario emplear agua que puede ser potabilizada.
“En otras partes utilizan agua dulce, nosotros no. Investigamos y desarrollamos un proceso para poder utilizar esa agua que sino, no tiene otro destino que sea devuelta adonde vino, abajo, porque no puede tener ningún otro uso. Somos pioneros en este aspecto”, agregó el gerente de El Trébol.
Antes y después del proceso y cada mes, personal de la dirección de Medio Ambiente, de Irrigación y también de la fundación Cricyt toman muestras de agua que se envían a un laboratorio en Buenos Aires para cotejar la calidad del agua de los acuíferos subterráneos y superficiales.
“Hay que trabajar siguiendo las normas. Mendoza es pionera en regular la actividad, generando un decreto muy rígido que dice cómo trabajar en la provincia y que reduce los riesgos al mínimo. Después hay que controlar como corresponde”, sostuvo el secretario de Ambiente, Humberto Mignorance.
Estas pruebas piloto que se desarrollan en Puesto Rojas con miras a determinar la productividad de la zona, demandaron una inversión de 70 millones de dólares. Ya se realizó en cinco pozos, ahora será en cinco más (cuatro son nuevos y uno solo estaba entre los inactivos) y hacia fin de año la empresa prevé realizar el procedimiento de estimulación hidráulica en otros cinco pozos.
Si las pruebas arrojan resultados alentadores, la inversión podría ascender a los 1.000 millones de dólares y si hablamos de perspectivas por toda la explotación de la cuenca neuquina (Vaca Muerta), la producción petrolera en la provincia podrá saltar de 12.000 metros cúbicos de crudo por día al doble. Esto acompañado de un crecimiento de la misma magnitud en la mano de obra.
“Hoy el petróleo emplea a 14.000 personas, las proyecciones indican que se puede duplicar con el desarrollo de petróleo no convencional”, afirmó Giñazú.
Cómo se hace el proceso de fractura hidráulica
El procedimiento de fracking es de alta complejidad en cuanto al equipamiento que requiere pero simple en el proceso. Siete bombeadores inyectan -a 1.800 metros de profundidad y a una presión de 5.000 libras por pulgada cuadrada- los 300.000 litros de agua que se utilizan para provocar la estimulación.
En medio del proceso también ingresa arena que irá a depositarse entre la roca fracturada. Tanto el agua y la arena van acompañados de 6 aditivos.
La única señal de que el proceso de estimulación ha comenzado es la aceleración de los motores de las estaciones (camiones) de bombeo. A su alrededor, los técnicos siguen el avance en la computadora. El procedimiento de fractura puede extenderse entre 1.45 y 2 horas.
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Otra denuncia de matanza de fauna en Mendoza
Denuncian matanza de perros, zorros y otros animales autóctonos en Tupungato
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Entre los ejemplares muertos también hay aguiluchos y cimarrones. Temen que sea un envenenamiento.
Un nuevo caso de ataque contra la fauna autóctona parece haberse perpetrado en las últimas horas en Tupungato. La publicación de imágenes que muestran gran cantidad de animales muertos es un caso que hace recordar a la matanza de cóndores con agrotóxicos ocurrida en 2017.
La noticia se difundió esta tarde a través de Facebook, en un posteo perteneciente al grupo proteccionista “Perritos Perdidos de Tupungato” y compartida en Mendocinos en Alerta. A través de las imágenes subidas a la red social se denuncia la matanza indiscriminada de zorros adultos y pequeños, así como también de aguiluchos y perros cimarrones.
Según los propios denunciantes, el incidente ocurrió en la estancia Silva, una propiedad ubicada a unos 20 kilómetros al Oeste de Tupungato y muy cercano al Río de las Tunas. Temen que las víctimas hayan sido envenenadas intencionalmente.
Asimismo, desde la Dirección de Fauna detallaron que se desplazarán al lugar para desnaturalizar los cadáveres, es decir, evitar que más animales carroñeros se sigan alimentando de los restos probablemente contaminados. Además, buscarán datos entre los pobladores para identificar posibles responsables.
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Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Entre los ejemplares muertos también hay aguiluchos y cimarrones. Temen que sea un envenenamiento.
Un nuevo caso de ataque contra la fauna autóctona parece haberse perpetrado en las últimas horas en Tupungato. La publicación de imágenes que muestran gran cantidad de animales muertos es un caso que hace recordar a la matanza de cóndores con agrotóxicos ocurrida en 2017.
La noticia se difundió esta tarde a través de Facebook, en un posteo perteneciente al grupo proteccionista “Perritos Perdidos de Tupungato” y compartida en Mendocinos en Alerta. A través de las imágenes subidas a la red social se denuncia la matanza indiscriminada de zorros adultos y pequeños, así como también de aguiluchos y perros cimarrones.
Según los propios denunciantes, el incidente ocurrió en la estancia Silva, una propiedad ubicada a unos 20 kilómetros al Oeste de Tupungato y muy cercano al Río de las Tunas. Temen que las víctimas hayan sido envenenadas intencionalmente.
Asimismo, desde la Dirección de Fauna detallaron que se desplazarán al lugar para desnaturalizar los cadáveres, es decir, evitar que más animales carroñeros se sigan alimentando de los restos probablemente contaminados. Además, buscarán datos entre los pobladores para identificar posibles responsables.
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Científicos mendocinos trabajarán en el informe del IPCC
Científicos locales colaboran en informe sobre cambio climático
Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Juan Rivera y Lucas Ruiz, investigadores asistentes en el Ianigla (Conicet), participarán en la elaboración del sexto Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés). Para ellos, no sólo es una de esas oportunidades que pocas veces se presentan, sino que, sostienen, es la posibilidad de aportar su conocimiento para intentar cambiar el mundo.
El IPCC fue creado en 1988 por las Naciones Unidas y desde entonces publica informes periódicos. Ricardo Villalba, también investigador del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) integró el equipo que escribió el cuarto informe y que recibió el Premio Nobel de la Paz.
Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, escribirá, junto con otras 17 personas, el capítulo que analiza el cambio climático a nivel de los procesos físicos de la atmósfera. Es decir, analizará qué modificaciones se producen en esta debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El objetivo, apuntó, es tratar de explicar el proceso atmosférico que tiene como resultado eventos extremos tales como lluvias intensas durante un corto período de tiempo u olas de calor. Y después, evaluar si es atribuible a un incremento en los GEI. "Lo que pasa en Mendoza desde el punto de vista climático tiene mucho que ver con el clima a nivel hemisférico. Yo tengo una visión del hemisferio sur. Ese va a ser mi aporte", señaló Rivera, quien es el único argentino en el capítulo.
Este sexto informe se presentará en 2022, es decir, se trata de una investigación que tomará 4 años de trabajo. Los investigadores desarrollan su labor de modo ad-honorem y coincidirán en persona en cuatro reuniones. La primera de ellas, en estos días sreá en China; la segunda, en enero de 2019, en Canadá; y la tercera, en junio del año próximo, en Francia.
Lucas Ruiz, por su parte, fue convocado para la elaboración del capítulo sobre océanos, criósfera y cambios del nivel del mar. También es el único argentino en este apartado y uno de los tres especialistas en Geología (es doctor en Ciencias Geológicas) entre los 15 investigadores que trabajarán en conjunto.
Para él, el gran desafío será tratar de incluir la problemática del derretimiento de pequeños glaciares, como los que se observan en la Cordillera de Los Andes. Es que si bien no tienen efecto determinante sobre el aumento del nivel de los océanos, como otros, sí generan un impacto significativo en las economías locales y en la vida humana.
Para llegar a esta instancia, Rivera y Ruiz se postularon porque Argentina es uno de los 195 países miembros del IPCC. Luego, debieron pasar por un proceso de selección que realizan el comité de evaluación del organismo.
"Para mí, a nivel científico, es la tarea más importante que me va a tocar hacer. Y voy a encararla pensando en que este puede ser un aporte importante a los gobiernos porque pondrá en evidencia que el clima está cambiando y que se debe hacer algo para que estas tendencias se frenen", planteó Rivera.
Indicó que el escenario más pesimista del informe anterior, el que mostraba lo que iba a ocurrir si se seguía por el mismo camino, implicaba la desaparición de masas de hielo, el ascenso del nivel del mar y el desarrollo de eventos extremos, con el impacto que esto significa para las vidas humanas y los ecosistemas. Pero también consideró que la previsión optimista es inviable porque no se tomaron las medidas que se deberían haber adoptado.
Lucas Ruiz resaltó que el gran desafío del IPCC y las naciones que lo conforman es tratar de cambiar la forma en que se desarrolla la sociedad, su matriz productiva, el modo en que se produce y consume energía. Añadió que todavía se está, después de 30 años de existencia del organismo, trabajando en la toma de conciencia del cambio climático.
"Tener posibilidad de contribuir desde nuestro conocimiento es un orgullo y, sobre todo, un desafío. Nos hemos formado en la universidad pública, trabajamos en el Conicet, que un organismo público, y esta es una forma de poder devolver todo lo que la ciudadanía aportó a nuestro desarrollo profesional", planteó Ruiz.
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Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Juan Rivera y Lucas Ruiz, investigadores asistentes en el Ianigla (Conicet), participarán en la elaboración del sexto Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés). Para ellos, no sólo es una de esas oportunidades que pocas veces se presentan, sino que, sostienen, es la posibilidad de aportar su conocimiento para intentar cambiar el mundo.
El IPCC fue creado en 1988 por las Naciones Unidas y desde entonces publica informes periódicos. Ricardo Villalba, también investigador del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) integró el equipo que escribió el cuarto informe y que recibió el Premio Nobel de la Paz.
Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, escribirá, junto con otras 17 personas, el capítulo que analiza el cambio climático a nivel de los procesos físicos de la atmósfera. Es decir, analizará qué modificaciones se producen en esta debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El objetivo, apuntó, es tratar de explicar el proceso atmosférico que tiene como resultado eventos extremos tales como lluvias intensas durante un corto período de tiempo u olas de calor. Y después, evaluar si es atribuible a un incremento en los GEI. "Lo que pasa en Mendoza desde el punto de vista climático tiene mucho que ver con el clima a nivel hemisférico. Yo tengo una visión del hemisferio sur. Ese va a ser mi aporte", señaló Rivera, quien es el único argentino en el capítulo.
Este sexto informe se presentará en 2022, es decir, se trata de una investigación que tomará 4 años de trabajo. Los investigadores desarrollan su labor de modo ad-honorem y coincidirán en persona en cuatro reuniones. La primera de ellas, en estos días sreá en China; la segunda, en enero de 2019, en Canadá; y la tercera, en junio del año próximo, en Francia.
Lucas Ruiz, por su parte, fue convocado para la elaboración del capítulo sobre océanos, criósfera y cambios del nivel del mar. También es el único argentino en este apartado y uno de los tres especialistas en Geología (es doctor en Ciencias Geológicas) entre los 15 investigadores que trabajarán en conjunto.
Para él, el gran desafío será tratar de incluir la problemática del derretimiento de pequeños glaciares, como los que se observan en la Cordillera de Los Andes. Es que si bien no tienen efecto determinante sobre el aumento del nivel de los océanos, como otros, sí generan un impacto significativo en las economías locales y en la vida humana.
Para llegar a esta instancia, Rivera y Ruiz se postularon porque Argentina es uno de los 195 países miembros del IPCC. Luego, debieron pasar por un proceso de selección que realizan el comité de evaluación del organismo.
"Para mí, a nivel científico, es la tarea más importante que me va a tocar hacer. Y voy a encararla pensando en que este puede ser un aporte importante a los gobiernos porque pondrá en evidencia que el clima está cambiando y que se debe hacer algo para que estas tendencias se frenen", planteó Rivera.
Indicó que el escenario más pesimista del informe anterior, el que mostraba lo que iba a ocurrir si se seguía por el mismo camino, implicaba la desaparición de masas de hielo, el ascenso del nivel del mar y el desarrollo de eventos extremos, con el impacto que esto significa para las vidas humanas y los ecosistemas. Pero también consideró que la previsión optimista es inviable porque no se tomaron las medidas que se deberían haber adoptado.
Lucas Ruiz resaltó que el gran desafío del IPCC y las naciones que lo conforman es tratar de cambiar la forma en que se desarrolla la sociedad, su matriz productiva, el modo en que se produce y consume energía. Añadió que todavía se está, después de 30 años de existencia del organismo, trabajando en la toma de conciencia del cambio climático.
"Tener posibilidad de contribuir desde nuestro conocimiento es un orgullo y, sobre todo, un desafío. Nos hemos formado en la universidad pública, trabajamos en el Conicet, que un organismo público, y esta es una forma de poder devolver todo lo que la ciudadanía aportó a nuestro desarrollo profesional", planteó Ruiz.
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Minería de uranio en Mendoza y nuevos procedimientos
El proceso minero que deberá autorizar Cornejo para evitar más contaminación
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.
El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.
El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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Mendoza: aprueban los controles para el fracking
Así se controlará el fracking en Mendoza
Fecha de Publicación: 25/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Irrigación aprobó una resolución en la cual se establecen las exigencias que deben cumplir las petroleras para no contaminar las fuentes de agua.
El Departamento General de Irrigación, por iniciativa de su titular Sergio Marinelli y con la aprobación del Honorable Tribunal Administrativob (HTA) del organismo, reglamentó la actividad de fractura hidráulica en yacimientos hidrocarburíferos, más conocida como 'fracking', estableciéndose las exigencias que se deben cumplimentar para la preservación del recurso hídrico ante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales.
Por Decreto Provincial Nº 248/18 se reglamentó un procedimiento específico para el control ambiental de estas actividades y se encomendó, al Departamento General de Irrigación, cuestiones que deben ser debidamente reguladas.
El artículo 9º del decreto establece que "se deben realizar controles de las medidas preventivas para preservar aguas superficiales y subterráneas a satisfacción de la autoridad competente en materia hídrica, en función de los resultados obtenidos en el estudio hidrogeológico previo al inicio de las actividades para determinar las condiciones del agua antes, durante y una vez finalizado el proceso de fractura". Y corresponde al DGI establecer las medidas preventivas que deberán cumplir los permisionarios, concesionarios y/u operadores.
Por ello, la resolución de Marinelli aprobada por mayoría del HTA complementa el Decreto Nº248/18 en los aspectos propios de competencia del DGI.
¿Qué dice la resolución?
A los fines de cumplimentar los artículos 9 y 16 del Decreto Nº248/18, el estudio del impacto ambiental que deberá presentarse ante la autoridad ambiental competente, deberá contener una Línea Base que incluirá un estudio hidrológico e hidrogeológico de la zona de influencia hídrica de la actividad a desarrollar. Entendiendo, como área de influencia, a aquella zona en la que la actividad hidrocarburífera regulada pueda impactar o incidir. Y además, en función de los resultados de esos estudios, la empresa deberá proponer al DGI un Plan de Monitoreo.
En tanto que, para cumplimentar los artículos 5, 7 y 10 del Decreto Provincial, los permisos de agua superficial o las concesiones de uso de agua subterránea pagarán un canon diferencial por m3 a utilizar en la estimulación hidráulica. Ese monto será determinado en el presupuesto anual de Irrigación.
La resolución además establece que en las áreas de producción sólo podrá utilizarse agua de formación como agua de fractura. En caso de no disponer de ella, deberá demostrarlo al DGI. La empresa operadora deberá considerar además, recibir agua de formación de yacimientos próximos. DGI, en tanto, evaluará la posibilidad de utilizar otras fuentes de provisión de agua al proyecto, según la disponibilidad hídrica de cada cuenca, en función de los pronósticos de erogaciones y estudios de acuíferos, respetando el régimen de prioridades y preferencias legales.
Por último, Irrigación requerirá la presentación de los estudios técnicos necesarios para garantizar la integridad de los pozos antes de realizarse la estimulación hidráulica, en tanto que la resolución faculta a la Superintendencia a elaborar los Protocolos de Seguimiento y Control para los proyectos que se desarrollen en la Provincia.
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Fecha de Publicación: 25/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Irrigación aprobó una resolución en la cual se establecen las exigencias que deben cumplir las petroleras para no contaminar las fuentes de agua.
El Departamento General de Irrigación, por iniciativa de su titular Sergio Marinelli y con la aprobación del Honorable Tribunal Administrativob (HTA) del organismo, reglamentó la actividad de fractura hidráulica en yacimientos hidrocarburíferos, más conocida como 'fracking', estableciéndose las exigencias que se deben cumplimentar para la preservación del recurso hídrico ante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales.
Por Decreto Provincial Nº 248/18 se reglamentó un procedimiento específico para el control ambiental de estas actividades y se encomendó, al Departamento General de Irrigación, cuestiones que deben ser debidamente reguladas.
El artículo 9º del decreto establece que "se deben realizar controles de las medidas preventivas para preservar aguas superficiales y subterráneas a satisfacción de la autoridad competente en materia hídrica, en función de los resultados obtenidos en el estudio hidrogeológico previo al inicio de las actividades para determinar las condiciones del agua antes, durante y una vez finalizado el proceso de fractura". Y corresponde al DGI establecer las medidas preventivas que deberán cumplir los permisionarios, concesionarios y/u operadores.
Por ello, la resolución de Marinelli aprobada por mayoría del HTA complementa el Decreto Nº248/18 en los aspectos propios de competencia del DGI.
¿Qué dice la resolución?
A los fines de cumplimentar los artículos 9 y 16 del Decreto Nº248/18, el estudio del impacto ambiental que deberá presentarse ante la autoridad ambiental competente, deberá contener una Línea Base que incluirá un estudio hidrológico e hidrogeológico de la zona de influencia hídrica de la actividad a desarrollar. Entendiendo, como área de influencia, a aquella zona en la que la actividad hidrocarburífera regulada pueda impactar o incidir. Y además, en función de los resultados de esos estudios, la empresa deberá proponer al DGI un Plan de Monitoreo.
En tanto que, para cumplimentar los artículos 5, 7 y 10 del Decreto Provincial, los permisos de agua superficial o las concesiones de uso de agua subterránea pagarán un canon diferencial por m3 a utilizar en la estimulación hidráulica. Ese monto será determinado en el presupuesto anual de Irrigación.
La resolución además establece que en las áreas de producción sólo podrá utilizarse agua de formación como agua de fractura. En caso de no disponer de ella, deberá demostrarlo al DGI. La empresa operadora deberá considerar además, recibir agua de formación de yacimientos próximos. DGI, en tanto, evaluará la posibilidad de utilizar otras fuentes de provisión de agua al proyecto, según la disponibilidad hídrica de cada cuenca, en función de los pronósticos de erogaciones y estudios de acuíferos, respetando el régimen de prioridades y preferencias legales.
Por último, Irrigación requerirá la presentación de los estudios técnicos necesarios para garantizar la integridad de los pozos antes de realizarse la estimulación hidráulica, en tanto que la resolución faculta a la Superintendencia a elaborar los Protocolos de Seguimiento y Control para los proyectos que se desarrollen en la Provincia.
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