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La Pampa es quien menos deforestó
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La Pampa tiene la cuarta tasa de deforestación más baja del país
Fecha de Publicación: 02/03/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El territorio pampeano cuenta hoy con 5.099.091 hectáreas de bosques nativos y montes naturales vírgenes, lo que implica un 16,7% del total del país. Esto se debe a que en territorio pampeano, el desmonte se realizó con menor fuerza que en otras provincias.
Según la última actualización realizada por la Dirección de Bosques de la Nación denominado «Superficie y Cartografía de Bosque Nativo de Argentina» La Pampa se constituyó en el cuarto distrito del país con menor cantidad de superficie forestada perdida en los últimos 100 años, tomando para ello los bosques nativos y montes naturales. Nuestra provincia cuenta hoy con 5.099.091 hectáreas vírgenes, 16,7% del país. Un estudio científico reveló que en ese período la tasa de deforestación aquí apenas trepó al 19% de las hectáreas de bosques y montes desmontadas relevadas través de imágenes satelitales (Landsat 7 ETM) y en Argentina llegó al 45%.
Los resultados obtenidos a partir de dicha actualización permitieron obtener nuevos datos de superficies (hectáreas) de tierras forestales, bosques rurales, otras tierras forestales además de conocer la pérdida de superficie boscosa (deforestación) como así el nivel de fragmentación en todo el país.
Los bosques nativos de Argentina en 1919 trepaban a 106 millones de hectáreas y en la actualidad solamente hay 30.533.479 hectáreas, significando una pérdida de superficie boscosa del 30%. Bajo esa peligrosa tendencia La Pampa es la cuarta provincia con menor tasa de deforestación después de Neuquen, Río Negro y Santa Cruz que tienen tasa de deforestación negativa, es decir aumentaron sus bosques nativos.
Bosques y montes
Un siglo atrás La Pampa contaba con 1,19 millones de hectáreas de 106,2 millones de la Argentina con el apenas 1,8% de participación. En 1956 le superficie forestada aquí se había multiplicado por tres cuando Nación había perdido casi la mitad de los bosques. Por esa época La Pampa ya detentaba el 14,34% del país (8,5 millones acá versus 59,24 millones del país). De 1987 a 2019 el proceso de desmonte empezó a caer y llegó a los 5,01 millones de hectáreas vírgenes, el 16,7% del país. Ya los relevamientos de hace una década otorgaban a la provincia 4,7 millones de hectáreas sobre un total país de 33,19 millones, es decir un 14,2% del total.
La superficie del bosque nativo y montes naturales en la provincia ha disminuido poco. El desmonte se debe a la expansión de la frontera agropecuaria con la aparición de los transgénicos (soja y maíz) y también a los incendios. Hoy la superficie ocupada por el bosque de caldén es de 2.870.000 ha, con una superficie de aprovechamiento de 750.000 hectáreas.
La media anual de deforestación es de unas 2.680 hectáreas con una mediana de degradación (alteración más o menos intensa de los parámetros estructurales de los bosques nativos) de 300.000 hectáreas. La excesiva extracción del siglo pasado produjo deterioros incalculables en la calidad del caldenar más que una reducción de superficie boscosa. La escasa extracción actual de rollizos permite la lenta restauración de los bosques.
Si bien hay políticas tendientes a restituir al caldenar la importancia económica que tuvo, sólo se orienta hacia un manejo silvopastoril que considera la producción de madera de buena calidad como un objetivo compatible con la función protectora y forrajera del bosque. El 70% está cubierta por vegetación natural y el 30% restante es un área incorporada a los cultivos (anuales y perennes). La vegetación se puede clasificar en 4 grandes tipos fisonómicos: Bosque abierto caducifolio de caldén, el pastizal natural, el arbustal y el matorral.
Acá millones de hectáreas año fueron arrasadas por los incendios (más del 75% responsabilidad del hombre), y después, el viento y la sequía volaron suelos desprotegidos. Según la revista «Caras y Caretas» de 1906, 140 vagones cargados de leña de caldén (1.400.000 kilogramos) partían todas las semanas desde Toay, Santa Rosa, Rancul y otras localidades ferrocarrileras. Durante ese período, que se conoce como el de la «Primera Gran Hachada» debido al ingente consumo de leña.
Leyes protectoras
El 18 de mayo del año 2000 La Pampa adhirió a la Ley Nacional N° 25.080 (ley provincial 1.883), denominada «Ley de Inversiones para Bosques Cultivados», que instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en la ampliación de los bosques existentes.
Gracias a esta Ley todos los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozan de estabilidad fiscal por el término de treinta años, previo informe anual de la autoridad de aplicación, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo. Ahora se sabe cuántas hectáreas sobreviven en el país: son poco más de 30 millones de bosques nativos junto a otros 60 millones de hectáreas de tierras forestales (las que contienen bosquecitos aislados).
En 1914 había 106 millones de hectáreas, es decir que se perdieron 73 millones de hectáreas con bosques nativos, por el avance de actividades agrícolas y ganaderas, la deforestación y los incendios.
Una ley nacional en 1948 preveía que un organismo público debía ponerse a recopilar datos sobre superficie de bosques del país. No hace mucho recién se culminó el inventario de bosques nativos y montes naturales financiado por el Banco Mundial. El relevamiento fue realizado mediante imágenes del Consorcio Argentino-Canadiense, por el satélite Landsat 7. El área mejor conservada son los bosques andinos y patagónicos. Esto se debe en parte a que en esa región hay áreas protegidas. Se encuentran en el oeste de la provincia del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Normas propias
Según datos obtenidos en la UNLPam, los procesos naturales y antrópicos como grandes sequías estacionarias, incendios forestales, malos apotreramientos y manejo inadecuado (sobrepastoreo), producen desbalances en el equilibrio de bosques nativos y pastizales, que favorecen el crecimiento de especies leñosas (arbustización) y gramíneas no forrajeras, modificándose el estrato graminoso-herbáceo. La Ley 2.624, conocida como Ley Provincial de Bosques, es una norma que protege y regula las actividades en las áreas de bosques.
Se sancionó en el 2011 en la Legislatura es de cumplimiento efectivo y comprende predios y campos con extensiones de bosques susceptibles de realizar planes de conservación y/o manejo sostenible. El Ordenamiento Territorial de los Bosques fija distintos niveles de conservación (en concordancia Ley 26.331). A través de distintas categorías, protege los bosques de alto valor de conservación y permite actividades humanas, dentro de criterios de sostenibilidad, en aquellos sectores donde no se afecte el ecosistema.
Cuando se declaró de interés provincial, la restauración, conservación, aprovechamiento, manejo sostenible, la forestación, la reforestación de los bosques pampeanos, y de los servicios ambientales pocos creían que algo nuevo iba a pasar. En 9 años de su creación ya hay recuperado un millón de hectáreas de bosques nativos y montes naturales y se siguen recuperando bosques y montes naturales. Todo un logro comparado con la situación actual del país.
Su aplicación aprobó planes de conservación y/o manejo sostenible de profesionales agronómicos junto a propietarios, usufructuarios, arrendatarios y ocupantes de predios. Siguen vigentes las consultas o audiencias públicas para todos los Planes de Conservación y Planes de Manejo Sostenible y su incumplimiento está sujeto a sanciones. Lo concreto es que La Pampa tiene el 16,7% de los bosques nativos y montes naturales de Argentina, con la cuarta tasa de deforestación más baja. Sin dudas todo un logro.
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Fecha de Publicación: 02/03/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El territorio pampeano cuenta hoy con 5.099.091 hectáreas de bosques nativos y montes naturales vírgenes, lo que implica un 16,7% del total del país. Esto se debe a que en territorio pampeano, el desmonte se realizó con menor fuerza que en otras provincias.
Según la última actualización realizada por la Dirección de Bosques de la Nación denominado «Superficie y Cartografía de Bosque Nativo de Argentina» La Pampa se constituyó en el cuarto distrito del país con menor cantidad de superficie forestada perdida en los últimos 100 años, tomando para ello los bosques nativos y montes naturales. Nuestra provincia cuenta hoy con 5.099.091 hectáreas vírgenes, 16,7% del país. Un estudio científico reveló que en ese período la tasa de deforestación aquí apenas trepó al 19% de las hectáreas de bosques y montes desmontadas relevadas través de imágenes satelitales (Landsat 7 ETM) y en Argentina llegó al 45%.
Los resultados obtenidos a partir de dicha actualización permitieron obtener nuevos datos de superficies (hectáreas) de tierras forestales, bosques rurales, otras tierras forestales además de conocer la pérdida de superficie boscosa (deforestación) como así el nivel de fragmentación en todo el país.
Los bosques nativos de Argentina en 1919 trepaban a 106 millones de hectáreas y en la actualidad solamente hay 30.533.479 hectáreas, significando una pérdida de superficie boscosa del 30%. Bajo esa peligrosa tendencia La Pampa es la cuarta provincia con menor tasa de deforestación después de Neuquen, Río Negro y Santa Cruz que tienen tasa de deforestación negativa, es decir aumentaron sus bosques nativos.
Bosques y montes
Un siglo atrás La Pampa contaba con 1,19 millones de hectáreas de 106,2 millones de la Argentina con el apenas 1,8% de participación. En 1956 le superficie forestada aquí se había multiplicado por tres cuando Nación había perdido casi la mitad de los bosques. Por esa época La Pampa ya detentaba el 14,34% del país (8,5 millones acá versus 59,24 millones del país). De 1987 a 2019 el proceso de desmonte empezó a caer y llegó a los 5,01 millones de hectáreas vírgenes, el 16,7% del país. Ya los relevamientos de hace una década otorgaban a la provincia 4,7 millones de hectáreas sobre un total país de 33,19 millones, es decir un 14,2% del total.
La superficie del bosque nativo y montes naturales en la provincia ha disminuido poco. El desmonte se debe a la expansión de la frontera agropecuaria con la aparición de los transgénicos (soja y maíz) y también a los incendios. Hoy la superficie ocupada por el bosque de caldén es de 2.870.000 ha, con una superficie de aprovechamiento de 750.000 hectáreas.
La media anual de deforestación es de unas 2.680 hectáreas con una mediana de degradación (alteración más o menos intensa de los parámetros estructurales de los bosques nativos) de 300.000 hectáreas. La excesiva extracción del siglo pasado produjo deterioros incalculables en la calidad del caldenar más que una reducción de superficie boscosa. La escasa extracción actual de rollizos permite la lenta restauración de los bosques.
Si bien hay políticas tendientes a restituir al caldenar la importancia económica que tuvo, sólo se orienta hacia un manejo silvopastoril que considera la producción de madera de buena calidad como un objetivo compatible con la función protectora y forrajera del bosque. El 70% está cubierta por vegetación natural y el 30% restante es un área incorporada a los cultivos (anuales y perennes). La vegetación se puede clasificar en 4 grandes tipos fisonómicos: Bosque abierto caducifolio de caldén, el pastizal natural, el arbustal y el matorral.
Acá millones de hectáreas año fueron arrasadas por los incendios (más del 75% responsabilidad del hombre), y después, el viento y la sequía volaron suelos desprotegidos. Según la revista «Caras y Caretas» de 1906, 140 vagones cargados de leña de caldén (1.400.000 kilogramos) partían todas las semanas desde Toay, Santa Rosa, Rancul y otras localidades ferrocarrileras. Durante ese período, que se conoce como el de la «Primera Gran Hachada» debido al ingente consumo de leña.
Leyes protectoras
El 18 de mayo del año 2000 La Pampa adhirió a la Ley Nacional N° 25.080 (ley provincial 1.883), denominada «Ley de Inversiones para Bosques Cultivados», que instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en la ampliación de los bosques existentes.
Gracias a esta Ley todos los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozan de estabilidad fiscal por el término de treinta años, previo informe anual de la autoridad de aplicación, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo. Ahora se sabe cuántas hectáreas sobreviven en el país: son poco más de 30 millones de bosques nativos junto a otros 60 millones de hectáreas de tierras forestales (las que contienen bosquecitos aislados).
En 1914 había 106 millones de hectáreas, es decir que se perdieron 73 millones de hectáreas con bosques nativos, por el avance de actividades agrícolas y ganaderas, la deforestación y los incendios.
Una ley nacional en 1948 preveía que un organismo público debía ponerse a recopilar datos sobre superficie de bosques del país. No hace mucho recién se culminó el inventario de bosques nativos y montes naturales financiado por el Banco Mundial. El relevamiento fue realizado mediante imágenes del Consorcio Argentino-Canadiense, por el satélite Landsat 7. El área mejor conservada son los bosques andinos y patagónicos. Esto se debe en parte a que en esa región hay áreas protegidas. Se encuentran en el oeste de la provincia del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Normas propias
Según datos obtenidos en la UNLPam, los procesos naturales y antrópicos como grandes sequías estacionarias, incendios forestales, malos apotreramientos y manejo inadecuado (sobrepastoreo), producen desbalances en el equilibrio de bosques nativos y pastizales, que favorecen el crecimiento de especies leñosas (arbustización) y gramíneas no forrajeras, modificándose el estrato graminoso-herbáceo. La Ley 2.624, conocida como Ley Provincial de Bosques, es una norma que protege y regula las actividades en las áreas de bosques.
Se sancionó en el 2011 en la Legislatura es de cumplimiento efectivo y comprende predios y campos con extensiones de bosques susceptibles de realizar planes de conservación y/o manejo sostenible. El Ordenamiento Territorial de los Bosques fija distintos niveles de conservación (en concordancia Ley 26.331). A través de distintas categorías, protege los bosques de alto valor de conservación y permite actividades humanas, dentro de criterios de sostenibilidad, en aquellos sectores donde no se afecte el ecosistema.
Cuando se declaró de interés provincial, la restauración, conservación, aprovechamiento, manejo sostenible, la forestación, la reforestación de los bosques pampeanos, y de los servicios ambientales pocos creían que algo nuevo iba a pasar. En 9 años de su creación ya hay recuperado un millón de hectáreas de bosques nativos y montes naturales y se siguen recuperando bosques y montes naturales. Todo un logro comparado con la situación actual del país.
Su aplicación aprobó planes de conservación y/o manejo sostenible de profesionales agronómicos junto a propietarios, usufructuarios, arrendatarios y ocupantes de predios. Siguen vigentes las consultas o audiencias públicas para todos los Planes de Conservación y Planes de Manejo Sostenible y su incumplimiento está sujeto a sanciones. Lo concreto es que La Pampa tiene el 16,7% de los bosques nativos y montes naturales de Argentina, con la cuarta tasa de deforestación más baja. Sin dudas todo un logro.
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La Pampa: ruralistas contra normativa de pesticidas
Plaguicidas: los ruralistas también cuestionaron la distancia y propusieron fumigar a 100 metros
Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
Debate
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
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Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
Debate
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
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Condenan con prisión efectiva a cazador en La Pampa
Condenaron a tres cazadores
Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Tres cazadores fueron condenados a un año de prisión y cinco de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquiera de sus modalidades, pero uno de ellos deberá cumplir prisión efectiva por habérsele unificado una pena anterior. Las penas les fueron impuestas en un juicio abreviado, en el que intervino el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora.
Los condenados resultaron ser Luis María Santillán, Mauricio Ezequiel Balquinta y Rubén Emiliano Torres, todos a un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquier de sus modalidades, por ser autores del delito de depredación de la fauna silvestre agravado por haberse cometido con la participación de tres personas y su transporte.
La sanción para los dos primeros será en suspenso, mientras que Torres recibió una pena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo porque tenía una condena previa.
El abreviado fue convenido entre el fiscal Facundo Bon Dergham, los defensores oficiales Silvina Blanco Gómez y Juan José Hermúa y los propios imputados.
En este procedimiento de resolución alternativa del conflicto penal, los jueces no pueden imponer sanciones más severas a las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
El hecho.
En el legajo se dio por probado que el 6 de noviembre de 2018, los acusados «dieron muerte, con un arma de fuego, a varios animales de la fauna silvestre, haciéndolo en época de veda y sin autorización ni permiso de caza alguno, en violación a las resoluciones 452/17 y 454/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, para luego eviscerarlos y transportarlos en una camioneta marca Toyota Hilux».
Fueron 35 ejemplares de vizcacha (hembras y machos), dos de jabalí (machos) y cinco de ciervos colorados (secuestrándose diez cuartos, siete paletas y dos bolsas de nylon que contenían diez lomos).
Los autores.
Los condenados resultaron Santillán (45 años, pintor), Balquinta (25, albañil) y Torres (31, pintor), quienes fueron interceptados por la policía, ese mismo día, en la ruta nacional 35, en cercanías del Cementerio Parque de Santa Rosa.
El juez sostuvo que «de acuerdo a cómo fue fijado el hecho y las evidencias obtenidas durante la investigación fiscal que incriminó a los acusados, entiendo que se encuentra debidamente acreditadas las acciones desplegadas por ellos; no solo por el propio reconocimiento de los imputados, sino también por los restantes elementos aportados por las partes».
Un reincidente.
En relación a Torres -está detenido en la U4-, cabe señalar que se le unificó la pena con otra anterior en una única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado, en otro abreviado, había sido condenado el 13 de agosto del año pasado, por el juez de control Gabriel Tedín, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por robo calificado por ser en poblado y en banda, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia.
En esa ocasión se acreditó que había ingresado, junto a otras dos personas y una cuarta que hizo de ‘campana’, a una vivienda. Allí encerraron al propietario en el baño, le taparon la cabeza con una camisa, lo ataron de pies y manos y luego fueron hasta un local que posee de la víctima y sustrajeron dinero de una caja fuerte.
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Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Tres cazadores fueron condenados a un año de prisión y cinco de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquiera de sus modalidades, pero uno de ellos deberá cumplir prisión efectiva por habérsele unificado una pena anterior. Las penas les fueron impuestas en un juicio abreviado, en el que intervino el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora.
Los condenados resultaron ser Luis María Santillán, Mauricio Ezequiel Balquinta y Rubén Emiliano Torres, todos a un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquier de sus modalidades, por ser autores del delito de depredación de la fauna silvestre agravado por haberse cometido con la participación de tres personas y su transporte.
La sanción para los dos primeros será en suspenso, mientras que Torres recibió una pena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo porque tenía una condena previa.
El abreviado fue convenido entre el fiscal Facundo Bon Dergham, los defensores oficiales Silvina Blanco Gómez y Juan José Hermúa y los propios imputados.
En este procedimiento de resolución alternativa del conflicto penal, los jueces no pueden imponer sanciones más severas a las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
El hecho.
En el legajo se dio por probado que el 6 de noviembre de 2018, los acusados «dieron muerte, con un arma de fuego, a varios animales de la fauna silvestre, haciéndolo en época de veda y sin autorización ni permiso de caza alguno, en violación a las resoluciones 452/17 y 454/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, para luego eviscerarlos y transportarlos en una camioneta marca Toyota Hilux».
Fueron 35 ejemplares de vizcacha (hembras y machos), dos de jabalí (machos) y cinco de ciervos colorados (secuestrándose diez cuartos, siete paletas y dos bolsas de nylon que contenían diez lomos).
Los autores.
Los condenados resultaron Santillán (45 años, pintor), Balquinta (25, albañil) y Torres (31, pintor), quienes fueron interceptados por la policía, ese mismo día, en la ruta nacional 35, en cercanías del Cementerio Parque de Santa Rosa.
El juez sostuvo que «de acuerdo a cómo fue fijado el hecho y las evidencias obtenidas durante la investigación fiscal que incriminó a los acusados, entiendo que se encuentra debidamente acreditadas las acciones desplegadas por ellos; no solo por el propio reconocimiento de los imputados, sino también por los restantes elementos aportados por las partes».
Un reincidente.
En relación a Torres -está detenido en la U4-, cabe señalar que se le unificó la pena con otra anterior en una única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado, en otro abreviado, había sido condenado el 13 de agosto del año pasado, por el juez de control Gabriel Tedín, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por robo calificado por ser en poblado y en banda, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia.
En esa ocasión se acreditó que había ingresado, junto a otras dos personas y una cuarta que hizo de ‘campana’, a una vivienda. Allí encerraron al propietario en el baño, le taparon la cabeza con una camisa, lo ataron de pies y manos y luego fueron hasta un local que posee de la víctima y sustrajeron dinero de una caja fuerte.
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Más rechazos a la presa Portezuelo
Portezuelo suma rechazos
Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, ratificó que Río Negro y otras provincias integrantes del COIRCO están reclamando algunas pautas necesarias para habilitar la obra de la presa Portezuelo del Viento, como el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. «La postura hoy de la provincia es que, aunque se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca, hoy no están dadas las condiciones para que continúe esa construcción».
Curetti recordó, según publicó el sitio ADN Río Negro, que «Mendoza hizo el estudio de impacto ambiental de la obra, con su audiencia pública en esa provincia, con la normativa que rige en esa jurisdicción para ese tipo de emprendimiento, y fue aprobado; luego el Coirco encomendó a dos universidades un estudio de impacto ambiental en la cuenca, cómo impactaría la obra en toda la cuenca».
Y agregó: «Eso fue objetado por La Pampa, no lo aprobó, por eso se decidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental a través de un organismo con imparcialidad y propusimos que sea el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación el que avanzará en esto con una audiencia pública nacional».
A su vez, el funcionario rionegrino manifestó que «hubo una serie de requisitos del organismo nacional entre ellos la unificación de ambos estudios, el de la obra y el de impacto en toda la cuenca; Mendoza había aceptado en principio este esquema, pero la novedad es que en la reunión el Comité Ejecutivo del Coirco el jueves pasado no es que haya un cambio de posición, pero se planteó la discusión sobre si eso amerita o no amerita». Y explicó que en función de esto hoy no están dadas las condiciones para que continúe la obra, más allá que se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca.
Condiciones
Curetti explicó que Neuquén avala la obra pero también quiere que se den todas las condiciones y Buenos Aires planteó una postura muy similar a Río Negro, si no se avanza en ese estudio integral, será difícil avanzar en la construcción.
Destacó que esta postura es la que acordaron la gobernadora Arabela Carreras con su par pampeano, Sergio Ziliotto, junto a otros temas que tienen que ver on el análisis de la difícil situación de la cuenca, la sequía prolongada. «Estuvimos en Casa de Piedra donde se certificó la situación preocupante, 10 años de sequía», consignó. «Hay que estar seguros que Portezuelo del Viento será beneficiosa y no un perjuicio», concluyó.
Marchas
En la provincia rionegrina, las seccionales rionegrinas de ATE y la CTA Autónoma se movilizaron este viernes contra la instalación en Mendoza de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Las protestas fueron sobre los puentes de Río Colorado, Catriel, Casa de Piedra, paraje La Japonesa de Gobernador Dubal y Pedro Luro.
«Se busca visibilizar el rechazo al proyecto Portezuelo del Viento, como parte del pueblo de Río Negro, que ya se ha expresado en contra», aseguró Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA rionegrina, Rodrigo Vicente.
El gremialista expresó que «la modificación del cauce del río Colorado atenta contra nuestra cultura porque bebemos del río y regamos la producción frutícola y agrícola, además de ser una fuente de ingresos por su capital turístico». Y criticó: «No consultaron ni informaron a las 200 mil personas involucradas sobre los cambios que implicará la central hidroeléctrica».
Más rechazo
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se sumó al reclamo pampeano y expresó su fuerte rechazo al Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, la cual pretende construir Mendoza sobre el río Grande. «Quienes trabajamos la tierra necesitamos del agua. Por eso le decimos no a la represa sobre el principal afluente (72 por ciento) del río Colorado», denunciaron desde la organización.
«Si este proyecto avanza, miles de hectáreas bajo riego quedarán sin agua, disminuyendo drásticamente la producción de alimentos y el trabajo de miles de familias», advirtieron al sitio AIM Digital desde el sector de los trabajadores de la tierra. En ese sentido, subrayaron: «No puede una sola provincia tomar decisiones unilateralmente, que afecten la producción de alimentos y la vida de miles de personas de provincias hermanas».
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Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, ratificó que Río Negro y otras provincias integrantes del COIRCO están reclamando algunas pautas necesarias para habilitar la obra de la presa Portezuelo del Viento, como el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. «La postura hoy de la provincia es que, aunque se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca, hoy no están dadas las condiciones para que continúe esa construcción».
Curetti recordó, según publicó el sitio ADN Río Negro, que «Mendoza hizo el estudio de impacto ambiental de la obra, con su audiencia pública en esa provincia, con la normativa que rige en esa jurisdicción para ese tipo de emprendimiento, y fue aprobado; luego el Coirco encomendó a dos universidades un estudio de impacto ambiental en la cuenca, cómo impactaría la obra en toda la cuenca».
Y agregó: «Eso fue objetado por La Pampa, no lo aprobó, por eso se decidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental a través de un organismo con imparcialidad y propusimos que sea el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación el que avanzará en esto con una audiencia pública nacional».
A su vez, el funcionario rionegrino manifestó que «hubo una serie de requisitos del organismo nacional entre ellos la unificación de ambos estudios, el de la obra y el de impacto en toda la cuenca; Mendoza había aceptado en principio este esquema, pero la novedad es que en la reunión el Comité Ejecutivo del Coirco el jueves pasado no es que haya un cambio de posición, pero se planteó la discusión sobre si eso amerita o no amerita». Y explicó que en función de esto hoy no están dadas las condiciones para que continúe la obra, más allá que se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca.
Condiciones
Curetti explicó que Neuquén avala la obra pero también quiere que se den todas las condiciones y Buenos Aires planteó una postura muy similar a Río Negro, si no se avanza en ese estudio integral, será difícil avanzar en la construcción.
Destacó que esta postura es la que acordaron la gobernadora Arabela Carreras con su par pampeano, Sergio Ziliotto, junto a otros temas que tienen que ver on el análisis de la difícil situación de la cuenca, la sequía prolongada. «Estuvimos en Casa de Piedra donde se certificó la situación preocupante, 10 años de sequía», consignó. «Hay que estar seguros que Portezuelo del Viento será beneficiosa y no un perjuicio», concluyó.
Marchas
En la provincia rionegrina, las seccionales rionegrinas de ATE y la CTA Autónoma se movilizaron este viernes contra la instalación en Mendoza de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Las protestas fueron sobre los puentes de Río Colorado, Catriel, Casa de Piedra, paraje La Japonesa de Gobernador Dubal y Pedro Luro.
«Se busca visibilizar el rechazo al proyecto Portezuelo del Viento, como parte del pueblo de Río Negro, que ya se ha expresado en contra», aseguró Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA rionegrina, Rodrigo Vicente.
El gremialista expresó que «la modificación del cauce del río Colorado atenta contra nuestra cultura porque bebemos del río y regamos la producción frutícola y agrícola, además de ser una fuente de ingresos por su capital turístico». Y criticó: «No consultaron ni informaron a las 200 mil personas involucradas sobre los cambios que implicará la central hidroeléctrica».
Más rechazo
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se sumó al reclamo pampeano y expresó su fuerte rechazo al Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, la cual pretende construir Mendoza sobre el río Grande. «Quienes trabajamos la tierra necesitamos del agua. Por eso le decimos no a la represa sobre el principal afluente (72 por ciento) del río Colorado», denunciaron desde la organización.
«Si este proyecto avanza, miles de hectáreas bajo riego quedarán sin agua, disminuyendo drásticamente la producción de alimentos y el trabajo de miles de familias», advirtieron al sitio AIM Digital desde el sector de los trabajadores de la tierra. En ese sentido, subrayaron: «No puede una sola provincia tomar decisiones unilateralmente, que afecten la producción de alimentos y la vida de miles de personas de provincias hermanas».
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Minería en Malargüe, otro dolor de cabeza para el Atuel
Presionan por minería al sur del Atuel
Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Desde la provincia de Mendoza continúan con el manejo unilateral de los recursos hídricos que son interprovinciales y ahora insisten en avanzar con la minería contaminante, por fuera de los alcances de la ley provincial 7722, en la cuenca del río Atuel, lo cual representa un importante peligro para el medio ambiente.
En este caso el que alzó la voz fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien ratificó su postura de que la comuna sea excluida de los alcances de la ley 7722 e insistió en hacer minería hacia el sur de la cuenca del río Atuel. Además, consideró que con el gobernador Rodolfo Suárez «vamos a tener Portezuelo».
Ojeda remarcó que desde el municipio «seguimos buscando que Malargüe pueda ser excluido de los alcances de la 7722, por supuesto invitando a los intendentes de General Alvear y San Rafael, a que podamos ordenar la cuenca del Atuel».
En ese sentido, se mostró «convencido» de que «hay que aplicar la 7722 en esa cuenca y hacia el sur que se pueda hacer minería. Los dirigentes tenemos que ser racionales y no fanáticos».
«Malargüe tiene que ser una prueba piloto de la provincia para demostrar que se puede hacer minería con los controles y la tecnología que esté y demás. Por otro lado, yo estoy convencido de que Malargüe va a ser dentro de poco, un departamento petrolero, minero, agropecuario, turístico», afirmó en una entrevista con el diario mendocino Los Andes.
A su vez, aclaró que aún no le ha planteado la propuesta a Suárez, aunque anticipó que ha dialogado con legisladores. «Creo que el gobernador tomó una decisión y lo acompaño porque en ese momento la sociedad le dijo que no, del Atuel hacia arriba. Del Atuel hacia abajo no fue así, con lo cual tenemos que seguir dando la batalla. En definitiva el Poder Legislativo es el que tiene que avanzar con este ordenamiento y nosotros mostrar gestos de dialogo», indicó.
Cuestión ambiental
Ojeda afirmó que mantiene una excelente relación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y, al ser consultado si esta cercanía permitirá llegar a un entendimiento por la minería al sur de la cuenca del Atuel, aseveró: «Los malargüinos ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Hemos mostrado generosidad y una visión sobre el tema. Ahora, si Mendoza o Alvear y San Rafael dicen que no a esa idea, están ensañados con Malargüe».
«Ya no pasa por una cuestión ambiental, pasa por una cuestión salarial, que es distinto. Entiendo que el agua de la cuenca no se toca, ahora el resto de Malargüe no afecta a la provincia», agregó.
Ojeda destacó que «nuestro pueblo creció en base a la minería y el que tiene la posibilidad de conocer Malargüe, sabe que tiene una calidad ambiental inmejorable. Antes de ser petrolero, fue minero y ganadero».
«Tuvo minas de plomo, zinc, fluorita, oro, uranio, asfaltita, entre otros minerales. Eso ya se explotó sin los controles y no ves nada contaminado. Hoy, hay que poner la tecnología, el conocimiento, las instituciones, al servicio del desarrollo de Mendoza y del desarrollo de Malargüe», sostuvo.
«Dejar la politiquería»
El jefe comunal ratificó su intención de que lograr «trabajo» y «desarrollo» con un «departamento esté limpio». En ese sentido, opinó que «el compromiso ambiental que ha tenido Malargüe no lo han tenido otros departamentos. Yo paso por algunos ríos de Alvear y los mismos vecinos tiran basura al costado».
Sin embargo, en sus declaraciones deslizó un pequeño detalle: Malargüe no consume el agua del Atuel. «Generemos un control y un compromiso ambiental, si el más interesado en cuidar el Atuel son San Rafael y Alvear, porque Malargüe no consume agua de ese río. Dejemos de simplificar las discusiones en politiquerío barato, como normalmente se dice», disparó.
Portezuelo
En otro tramo de la entrevista, Ojeda destacó las gestiones de gobernadores anteriores, quienes mantuvieron una postura de manejo unilateral y de despojo del cauce a la provincia de La Pampa. «Alfredo Cornejo duplicó la cantidad de gas en Malargüe; renovó las concesiones de áreas petroleras, reguló el fracking, tuvimos la apertura de la carga pesada por el paso Pehuenche. Fue, lejos, el que más peleó por Malargüe».
A su vez, en relación a la obra de Portezuelo del Viento, destacó la figura de Julio Cobos y de Cornejo porque, a pesar de la resistencia de La Pampa, Buenos Aires y Neuquén, la construcción de la represa «va a ser una realidad gracias a él y a Cornejo».
Finalmente, opinó sobre la gestión del actual gobernador y afirmó: «Tengo fe que va a gobernar sin tanto centralismo. Creo que con Suárez van a salir las cloacas y vamos a tener Portezuelo».
Atuel no pero Grande sí
Las expresiones del intendente de Malargüe dejaron entrever que la única preocupación es no contaminar el cauce del río Atuel. Sin embargo, si la minería contaminante avanza corre riesgo el agua del río Grande, uno de los principales afluentes del río Colorado.
«Entiendo que el agua de la cuenca (del Atuel) no se toca», señaló Ojeda en relación a la necesidad de generar, junto a San Rafael y General Alvear, «un control y un compromiso ambiental», debido a que esas localidades son «las más interesadas en cuidar el Atuel», porque «Malargüe no consume agua de ese río».
Por estos motivos, su intención es avanzar con la minería al sur de la cuenca, donde se encuentra el río Grande. Esto representa otra contradicción, debido a que el gobierno de Mendoza actualmente está obsesionado con la idea de avanzar en la construcción de Portezuelo del Viento, con lo que se efectivizará el trasvase del Grande al Atuel.
Por estos motivos, si el agua del río Grande se ve afectada por la minería contaminante, el cauce del Atuel también podría sufrir la misma suerte.
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Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Desde la provincia de Mendoza continúan con el manejo unilateral de los recursos hídricos que son interprovinciales y ahora insisten en avanzar con la minería contaminante, por fuera de los alcances de la ley provincial 7722, en la cuenca del río Atuel, lo cual representa un importante peligro para el medio ambiente.
En este caso el que alzó la voz fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien ratificó su postura de que la comuna sea excluida de los alcances de la ley 7722 e insistió en hacer minería hacia el sur de la cuenca del río Atuel. Además, consideró que con el gobernador Rodolfo Suárez «vamos a tener Portezuelo».
Ojeda remarcó que desde el municipio «seguimos buscando que Malargüe pueda ser excluido de los alcances de la 7722, por supuesto invitando a los intendentes de General Alvear y San Rafael, a que podamos ordenar la cuenca del Atuel».
En ese sentido, se mostró «convencido» de que «hay que aplicar la 7722 en esa cuenca y hacia el sur que se pueda hacer minería. Los dirigentes tenemos que ser racionales y no fanáticos».
«Malargüe tiene que ser una prueba piloto de la provincia para demostrar que se puede hacer minería con los controles y la tecnología que esté y demás. Por otro lado, yo estoy convencido de que Malargüe va a ser dentro de poco, un departamento petrolero, minero, agropecuario, turístico», afirmó en una entrevista con el diario mendocino Los Andes.
A su vez, aclaró que aún no le ha planteado la propuesta a Suárez, aunque anticipó que ha dialogado con legisladores. «Creo que el gobernador tomó una decisión y lo acompaño porque en ese momento la sociedad le dijo que no, del Atuel hacia arriba. Del Atuel hacia abajo no fue así, con lo cual tenemos que seguir dando la batalla. En definitiva el Poder Legislativo es el que tiene que avanzar con este ordenamiento y nosotros mostrar gestos de dialogo», indicó.
Cuestión ambiental
Ojeda afirmó que mantiene una excelente relación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y, al ser consultado si esta cercanía permitirá llegar a un entendimiento por la minería al sur de la cuenca del Atuel, aseveró: «Los malargüinos ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Hemos mostrado generosidad y una visión sobre el tema. Ahora, si Mendoza o Alvear y San Rafael dicen que no a esa idea, están ensañados con Malargüe».
«Ya no pasa por una cuestión ambiental, pasa por una cuestión salarial, que es distinto. Entiendo que el agua de la cuenca no se toca, ahora el resto de Malargüe no afecta a la provincia», agregó.
Ojeda destacó que «nuestro pueblo creció en base a la minería y el que tiene la posibilidad de conocer Malargüe, sabe que tiene una calidad ambiental inmejorable. Antes de ser petrolero, fue minero y ganadero».
«Tuvo minas de plomo, zinc, fluorita, oro, uranio, asfaltita, entre otros minerales. Eso ya se explotó sin los controles y no ves nada contaminado. Hoy, hay que poner la tecnología, el conocimiento, las instituciones, al servicio del desarrollo de Mendoza y del desarrollo de Malargüe», sostuvo.
«Dejar la politiquería»
El jefe comunal ratificó su intención de que lograr «trabajo» y «desarrollo» con un «departamento esté limpio». En ese sentido, opinó que «el compromiso ambiental que ha tenido Malargüe no lo han tenido otros departamentos. Yo paso por algunos ríos de Alvear y los mismos vecinos tiran basura al costado».
Sin embargo, en sus declaraciones deslizó un pequeño detalle: Malargüe no consume el agua del Atuel. «Generemos un control y un compromiso ambiental, si el más interesado en cuidar el Atuel son San Rafael y Alvear, porque Malargüe no consume agua de ese río. Dejemos de simplificar las discusiones en politiquerío barato, como normalmente se dice», disparó.
Portezuelo
En otro tramo de la entrevista, Ojeda destacó las gestiones de gobernadores anteriores, quienes mantuvieron una postura de manejo unilateral y de despojo del cauce a la provincia de La Pampa. «Alfredo Cornejo duplicó la cantidad de gas en Malargüe; renovó las concesiones de áreas petroleras, reguló el fracking, tuvimos la apertura de la carga pesada por el paso Pehuenche. Fue, lejos, el que más peleó por Malargüe».
A su vez, en relación a la obra de Portezuelo del Viento, destacó la figura de Julio Cobos y de Cornejo porque, a pesar de la resistencia de La Pampa, Buenos Aires y Neuquén, la construcción de la represa «va a ser una realidad gracias a él y a Cornejo».
Finalmente, opinó sobre la gestión del actual gobernador y afirmó: «Tengo fe que va a gobernar sin tanto centralismo. Creo que con Suárez van a salir las cloacas y vamos a tener Portezuelo».
Atuel no pero Grande sí
Las expresiones del intendente de Malargüe dejaron entrever que la única preocupación es no contaminar el cauce del río Atuel. Sin embargo, si la minería contaminante avanza corre riesgo el agua del río Grande, uno de los principales afluentes del río Colorado.
«Entiendo que el agua de la cuenca (del Atuel) no se toca», señaló Ojeda en relación a la necesidad de generar, junto a San Rafael y General Alvear, «un control y un compromiso ambiental», debido a que esas localidades son «las más interesadas en cuidar el Atuel», porque «Malargüe no consume agua de ese río».
Por estos motivos, su intención es avanzar con la minería al sur de la cuenca, donde se encuentra el río Grande. Esto representa otra contradicción, debido a que el gobierno de Mendoza actualmente está obsesionado con la idea de avanzar en la construcción de Portezuelo del Viento, con lo que se efectivizará el trasvase del Grande al Atuel.
Por estos motivos, si el agua del río Grande se ve afectada por la minería contaminante, el cauce del Atuel también podría sufrir la misma suerte.
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La Pampa: constatan incumplimiento de "Campo Limpio"
El Gobierno inspeccionó las obras y constató que Campo Limpio no finalizó las tareas
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Gobierno pampeano propuso nueva ley de agroquímicos
La ley prohibirá fumigar a menos de 500 metros de los pueblos
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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Podría crearse un Parque Nacional del Bosque de Caldén
La Pampa trabaja en la creación del Parque Nacional del Bosque de Caldén
Fecha de Publicación: 04/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial trabaja en la protección del caldenal pampeano a través de un proyecto tendiente a la conservación conjunta del Bosque de Caldén, del que también participarán el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y la Administración de Parques Nacionales.
El tema fue analizado y consensuado durante la reunión que mantuvo el gobernador Sergio Ziliotto con el ministro del área, Juan Cabandié, el pasado 27 de enero.
Durante el encuentro, el mandatario provincial y el funcionario nacional acordaron activar un convenio pre existente en el que, amparado en mandatos constitucionales, se propiciaba un acuerdo general de cooperación mutua dirigido a fortalecer la preservación ambiental del bosque de caldén.
Cabe precisar que la creación de un área protegida que preserve el caldenal es el paso previo a la creación de un Parque Nacional de Bosque de Caldén en La Pampa, que no solo garantizaría la protección y la conservación de una porción representativa de un ecosistema totalmente identificado con la provincia y sus pobladores, sino que agregaría un elemento de valor trascendente para el desarrollo del turismo provincial, creando además oportunidades para una creciente reactivación productiva a nivel local.
El caldenal ocupaba originalmente una extensa franja que comprendía a las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza.
Dichos bosques presentan una singularidad específica, ya que se trata de un ecosistema exclusivo de Argentina que conserva un alto porcentaje de sus componentes originales, a pesar de haber sufrido una marcada y constante degradación en el último siglo.
Una importante proporción de su distribución original ha desaparecido o ha cambiado drásticamente como consecuencia de la sobre explotación y de los incendios descontrolados. Prácticamente se ha extinguido en Córdoba, en la provincia de San Luis desapareció una fracción importante, encontrándose el resto bajo una permanente amenaza debido al avance de la frontera agrícola y está representado mínimamente en Buenos Aires, Río Negro y Mendoza.
La provincia de La Pampa cuenta aproximadamente con el 70 % del Bosque de Caldén existente, aunque solamente las 7.600 hectáreas de la Reserva Provincial Parque Luro son las que se encuentran bajo una forma concreta de protección -es área protegida provincial desde 1996-, de ahí surge la necesidad imperiosa de proteger una fracción mayor que la existente.
Pensando en una alternativa de conservación efectiva para dichos bosques, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente juntamente con la Administración de Parques Nacionales, han venido efectuando viajes de relevamiento durante varios años para seleccionar áreas de alto valor de conservación.
El convenio suscripto entre los gobiernos nacional y provincial y la administración de Parques Nacionales establece la necesidad de “colaboración y trabajo conjunto de las partes para lograr una adecuada y eficiente planificación, implementación, custodia, manejo y uso turístico sustentable” del área protegida a crear, e invita a “instituciones y organizaciones privadas, nacionales o extranjeras, relacionadas con la conservación de la naturaleza o interesadas en esta actividad, a participar activamente en el proyecto”.
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Fecha de Publicación: 04/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial trabaja en la protección del caldenal pampeano a través de un proyecto tendiente a la conservación conjunta del Bosque de Caldén, del que también participarán el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y la Administración de Parques Nacionales.
El tema fue analizado y consensuado durante la reunión que mantuvo el gobernador Sergio Ziliotto con el ministro del área, Juan Cabandié, el pasado 27 de enero.
Durante el encuentro, el mandatario provincial y el funcionario nacional acordaron activar un convenio pre existente en el que, amparado en mandatos constitucionales, se propiciaba un acuerdo general de cooperación mutua dirigido a fortalecer la preservación ambiental del bosque de caldén.
Cabe precisar que la creación de un área protegida que preserve el caldenal es el paso previo a la creación de un Parque Nacional de Bosque de Caldén en La Pampa, que no solo garantizaría la protección y la conservación de una porción representativa de un ecosistema totalmente identificado con la provincia y sus pobladores, sino que agregaría un elemento de valor trascendente para el desarrollo del turismo provincial, creando además oportunidades para una creciente reactivación productiva a nivel local.
El caldenal ocupaba originalmente una extensa franja que comprendía a las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza.
Dichos bosques presentan una singularidad específica, ya que se trata de un ecosistema exclusivo de Argentina que conserva un alto porcentaje de sus componentes originales, a pesar de haber sufrido una marcada y constante degradación en el último siglo.
Una importante proporción de su distribución original ha desaparecido o ha cambiado drásticamente como consecuencia de la sobre explotación y de los incendios descontrolados. Prácticamente se ha extinguido en Córdoba, en la provincia de San Luis desapareció una fracción importante, encontrándose el resto bajo una permanente amenaza debido al avance de la frontera agrícola y está representado mínimamente en Buenos Aires, Río Negro y Mendoza.
La provincia de La Pampa cuenta aproximadamente con el 70 % del Bosque de Caldén existente, aunque solamente las 7.600 hectáreas de la Reserva Provincial Parque Luro son las que se encuentran bajo una forma concreta de protección -es área protegida provincial desde 1996-, de ahí surge la necesidad imperiosa de proteger una fracción mayor que la existente.
Pensando en una alternativa de conservación efectiva para dichos bosques, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente juntamente con la Administración de Parques Nacionales, han venido efectuando viajes de relevamiento durante varios años para seleccionar áreas de alto valor de conservación.
El convenio suscripto entre los gobiernos nacional y provincial y la administración de Parques Nacionales establece la necesidad de “colaboración y trabajo conjunto de las partes para lograr una adecuada y eficiente planificación, implementación, custodia, manejo y uso turístico sustentable” del área protegida a crear, e invita a “instituciones y organizaciones privadas, nacionales o extranjeras, relacionadas con la conservación de la naturaleza o interesadas en esta actividad, a participar activamente en el proyecto”.
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Represa Portezuelo suma provincias en contra de Mendoza
La Pampa apura en la Justicia y suma aliados contra Portezuelo
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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¿Porque se prohibió los agroquímicos en La Pampa?
Prohibieron la venta de agroquímicos en La Pampa y Cabandié apoyó la medida
Fecha de Publicación: 01/02/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente respaldó la decisión del gobierno y aseguró que "al macrismo nunca le interesó cumplir la Ley 27.279". Los nuevos plazos para Campo Limpio.
Finalmente, este martes el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, que debía estar en funcionamiento antes del 28 de enero.
La prohibición continuará “hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley 27.279“, explicaron las autoridades en relación a la construcción de los Centros de Acopios Transitorio (CAT) de los envases y al sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa.
La medida se implementó a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, dado que su titular, Fabián Titarelli, rechazó el pedido de prórroga que formuló la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos.
En ese sentido, el gobierno provincial intimó a Campo Limpio a poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, y señaló que deberá presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos.
De todos modos, desde la fundación aseguran que ya está todo listo para poner en marcha el sistema en la provincia, y remarcan que solamente falta la habilitación de Ambiente.
Apoyo de Cabandié
En ese marco, y luego de que las empresas distribuidoras de agroinsumos expresaran su preocupación, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su apoyo a la decisión.
“Respaldamos la respuesta del gobierno de La Pampa en función de hacer cumplir la ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades del Estado nacional, debilitadas por el macrismo, al que nunca le interesó hacer cumplir esta ley, que fue aprobada en 2016”, expresó.
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Fecha de Publicación: 01/02/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente respaldó la decisión del gobierno y aseguró que "al macrismo nunca le interesó cumplir la Ley 27.279". Los nuevos plazos para Campo Limpio.
Finalmente, este martes el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, que debía estar en funcionamiento antes del 28 de enero.
La prohibición continuará “hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley 27.279“, explicaron las autoridades en relación a la construcción de los Centros de Acopios Transitorio (CAT) de los envases y al sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa.
La medida se implementó a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, dado que su titular, Fabián Titarelli, rechazó el pedido de prórroga que formuló la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos.
En ese sentido, el gobierno provincial intimó a Campo Limpio a poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, y señaló que deberá presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos.
De todos modos, desde la fundación aseguran que ya está todo listo para poner en marcha el sistema en la provincia, y remarcan que solamente falta la habilitación de Ambiente.
Apoyo de Cabandié
En ese marco, y luego de que las empresas distribuidoras de agroinsumos expresaran su preocupación, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su apoyo a la decisión.
“Respaldamos la respuesta del gobierno de La Pampa en función de hacer cumplir la ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades del Estado nacional, debilitadas por el macrismo, al que nunca le interesó hacer cumplir esta ley, que fue aprobada en 2016”, expresó.
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La Pampa prohibiría temporalmente la venta de pesticidas
La Pampa a días de suspender la comercialización de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
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Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
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La Pampa: aumentó el rescate de fauna
«Tiene más presión de captura y tráfico»
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa informó que durante el año 2019 se rescataron más de 270 animales de fauna silvestre que estaban en cautiverio en la provincia. «Una de las especies que más hemos rescatado es el cardenal amarillo, que es una de las aves con mayor presión de captura y de tráfico», aseguró Federico Bruno, subdirector de Recursos Naturales.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario también explicó que, además del cardenal, han rescatado aves rapaces, tortugas, zorros e incluso animales exóticos. «En Quemú-Quemú dimos con un coleccionista de fauna exótica que tenía alrededor de 50 ejemplares de víboras, boas, alacranes y hasta cucarachas de Madagascar, todo de manera irregular, comprados en lugares que se dedican al tráfico», comentó.
Al ser consultado respecto del proceso de rescate, Bruno expresó que «no es sencillo, tiene que haber entrega voluntaria y si no tenemos que ir con una orden de allanamiento». Y agregó que reciben cerca de seis denuncias semanales, aunque suele pasar que se confunden cardenales con canarios, que sí se pueden tener en cautiverio.
Tortugas.
Un dato llamativo en cuanto al cautiverio de tortugas, es que, según Bruno, «después que salió la canción Manuelita, de María Elena Walsh, la demanda de tortugas en los grandes centros urbanos creció un 70 por ciento».
También explicó que la tenencia de estos animales en cautiverio tiene consecuencias como la descalcificación: «Naturalizamos que comen lechuga y zapallo, pero en la naturaleza no comen nada de eso, su alimentación va desde cactus hasta carroña».
Dijo además que, al ser especies longevas, suelen vivir más que el dueño original. «Nos están trayendo muchas tortugas cuando el abuelo se muere y el nieto sabe que está mal tenerlas y las trae», ejemplificó.
Reinserción.
El funcionario también contó que tras las tareas de rescate se hace una revisión sanitaria para ver en qué condiciones están los animales y evaluar cuándo es más factible liberarlos en su hábitat. Explicó que algunas especies, con excepción de los pájaros que comen semillas, necesitan ser entrenados para luego liberarlos. «Suele pasar que encuentran un águila, lo sacan del nido para llevarlo a jaula y cuando los rescatamos es muy difícil que vuelva a la naturaleza porque no se saben adaptar», sostuvo.
En ese sentido, indicó que les tienen que enseñar a cazar para que puedan alimentarse. «Trabajamos con el grupo de cetrería de Colonia Barón y hemos liberado muchas especies incluso con radiotransmisores para ver qué movimientos tenían», afirmó.
Educación.
Uno de los lineamientos que trabaja el área es la educación y concientización ambiental, por ejemplo, con charlas en escuelas. «Como anécdota, en 2016 salimos a las escuelas y los chicos nos decían que conocían al cardenal por tenerlo en jaula. Vimos que teníamos que revertir esa situación, que sepan que no se puede tener en jaula, promoviendo que los chicos puedan decirle a sus padres que el animal debe estar en libertad», sostuvo Bruno.
Y cerró: «Eso llevó a que hayan muchas más denuncias de gente que tenía animales en cautiverio, sobre todo de tráfico, de venta de esos animales».
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa informó que durante el año 2019 se rescataron más de 270 animales de fauna silvestre que estaban en cautiverio en la provincia. «Una de las especies que más hemos rescatado es el cardenal amarillo, que es una de las aves con mayor presión de captura y de tráfico», aseguró Federico Bruno, subdirector de Recursos Naturales.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario también explicó que, además del cardenal, han rescatado aves rapaces, tortugas, zorros e incluso animales exóticos. «En Quemú-Quemú dimos con un coleccionista de fauna exótica que tenía alrededor de 50 ejemplares de víboras, boas, alacranes y hasta cucarachas de Madagascar, todo de manera irregular, comprados en lugares que se dedican al tráfico», comentó.
Al ser consultado respecto del proceso de rescate, Bruno expresó que «no es sencillo, tiene que haber entrega voluntaria y si no tenemos que ir con una orden de allanamiento». Y agregó que reciben cerca de seis denuncias semanales, aunque suele pasar que se confunden cardenales con canarios, que sí se pueden tener en cautiverio.
Tortugas.
Un dato llamativo en cuanto al cautiverio de tortugas, es que, según Bruno, «después que salió la canción Manuelita, de María Elena Walsh, la demanda de tortugas en los grandes centros urbanos creció un 70 por ciento».
También explicó que la tenencia de estos animales en cautiverio tiene consecuencias como la descalcificación: «Naturalizamos que comen lechuga y zapallo, pero en la naturaleza no comen nada de eso, su alimentación va desde cactus hasta carroña».
Dijo además que, al ser especies longevas, suelen vivir más que el dueño original. «Nos están trayendo muchas tortugas cuando el abuelo se muere y el nieto sabe que está mal tenerlas y las trae», ejemplificó.
Reinserción.
El funcionario también contó que tras las tareas de rescate se hace una revisión sanitaria para ver en qué condiciones están los animales y evaluar cuándo es más factible liberarlos en su hábitat. Explicó que algunas especies, con excepción de los pájaros que comen semillas, necesitan ser entrenados para luego liberarlos. «Suele pasar que encuentran un águila, lo sacan del nido para llevarlo a jaula y cuando los rescatamos es muy difícil que vuelva a la naturaleza porque no se saben adaptar», sostuvo.
En ese sentido, indicó que les tienen que enseñar a cazar para que puedan alimentarse. «Trabajamos con el grupo de cetrería de Colonia Barón y hemos liberado muchas especies incluso con radiotransmisores para ver qué movimientos tenían», afirmó.
Educación.
Uno de los lineamientos que trabaja el área es la educación y concientización ambiental, por ejemplo, con charlas en escuelas. «Como anécdota, en 2016 salimos a las escuelas y los chicos nos decían que conocían al cardenal por tenerlo en jaula. Vimos que teníamos que revertir esa situación, que sepan que no se puede tener en jaula, promoviendo que los chicos puedan decirle a sus padres que el animal debe estar en libertad», sostuvo Bruno.
Y cerró: «Eso llevó a que hayan muchas más denuncias de gente que tenía animales en cautiverio, sobre todo de tráfico, de venta de esos animales».
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Mendoza: también pidieron por el Atuel a La Pampa
Asamblea del Agua de Mendoza pidió «restituir» el Atuel a La Pampa
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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La Pampa, un convenio para estudiar el bosque
Convenio para intervenir en el bosque nativo
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción firmó un convenio de colaboración mutua y complementación técnica con la Universidad Nacional de La Pampa en materia de fauna silvestre, bosque nativo y forestación.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo suscribió dicho convenio con los decanos de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán; de Agronomía, Ana Urioste; y de Exactas y Naturales, María Eva Ascheri.
La acción busca el cumplimiento de objetivos comunes fundamentalmente en materia de clínica y sanidad de animales de la fauna silvestre (a cargo de la Facultad de Veterinaria); formación e investigación, evaluación de programas de conservación, manejo y gestión tanto de la fauna silvestre como del bosque nativo (con la Facultad de Exactas y Naturales); y la investigación y formación para la realización de gestiones e intervenciones en el bosque nativo como también respecto del estudio y gestión de plantaciones a través de los diversos esquemas de forestación tanto rural, urbana y periurbana, de mitigación ambiental e institucional (a cargo de Agronomía).
Todo ello se realizará mediante actividades y programas de capacitación y extensión relacionados con dichas temáticas, con la participación de recursos humanos y materiales de ambas partes.
Los mismos proveerán al intercambio de información técnica y científica y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; promoción de actividades conjuntas; creación y desarrollo de grupos de trabajo; promoción tecnológica; ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros.
Los mencionados convenios se dan en el marco del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa, el 14 de mayo de 1987 y ratificado por Ley Nº 1011.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción firmó un convenio de colaboración mutua y complementación técnica con la Universidad Nacional de La Pampa en materia de fauna silvestre, bosque nativo y forestación.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo suscribió dicho convenio con los decanos de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán; de Agronomía, Ana Urioste; y de Exactas y Naturales, María Eva Ascheri.
La acción busca el cumplimiento de objetivos comunes fundamentalmente en materia de clínica y sanidad de animales de la fauna silvestre (a cargo de la Facultad de Veterinaria); formación e investigación, evaluación de programas de conservación, manejo y gestión tanto de la fauna silvestre como del bosque nativo (con la Facultad de Exactas y Naturales); y la investigación y formación para la realización de gestiones e intervenciones en el bosque nativo como también respecto del estudio y gestión de plantaciones a través de los diversos esquemas de forestación tanto rural, urbana y periurbana, de mitigación ambiental e institucional (a cargo de Agronomía).
Todo ello se realizará mediante actividades y programas de capacitación y extensión relacionados con dichas temáticas, con la participación de recursos humanos y materiales de ambas partes.
Los mismos proveerán al intercambio de información técnica y científica y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; promoción de actividades conjuntas; creación y desarrollo de grupos de trabajo; promoción tecnológica; ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros.
Los mencionados convenios se dan en el marco del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa, el 14 de mayo de 1987 y ratificado por Ley Nº 1011.
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La Pampa lista para debatir una nueva Ley de Agroquímicos
Ya está el texto para la nueva Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».
Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».
Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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Fecha de Publicación: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».
Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».
Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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La Pampa penando por los ríos que limita Mendoza
Los ríos Atuel y Diamante atraviesan su peor temporada en los últimos 15 años
Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Las estadísticas del Departamento General de Irrigación marcan que del 2005 a la fecha nunca para esta época los ríos estuvieron tan bajos.
Las expectativas de La Pampa en relación al Atuel se ven cada día más afectadas. Según las estadísticas del Departamento General de Irrigación, el río que es parte de una fuerte disputa con Mendoza y el Diamante -afluente del primero- atraviesan su peor temporada de los últimos 15 años.
Las gráficas muestran que la situación histórica del Atuel y el Diamante son los que tienen más bajo escurrimiento histórico, ya que los ríos Tunuyán y Mendoza están un poco por encima de sus peores temporadas, que fueron el 2018-19 y 2010-11.
La situación del río Diamante es la más notoria. En la gráfica, la línea de la actual temporada se encuentra muy por debajo de las temporadas anteriores, y para esta fecha nunca había estado en un escurrimiento por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo (en la temporada actual trae 16).
La mejor medición del Diamante se dio en la temporada 2005-2006 y la peor se registró en la temporada 2018-2019; luego aparece la 2011-2012, cuando el caudal superaba los 20 metros cúbicos por segundo.
La situación del río Atuel es apenas superior, pero sigue ubicándose como la peor del cauce en los últimos 15 años.
Es que la línea se encuentra por debajo de los números más bajos, que se registraron en la temporada 2010-2011 e incluso inferior a otra temporada mala como la 2018-19, con un escurrimiento de apenas 25 metros cúbicos por segundo.
Hay que remarcar que esto se venía previendo desde el Departamento General de Irrigación, quienes semanas atrás alertaron que Mendoza tendría la mitad del agua que suele haber disponible en un año medio. Esta situación llega a niveles alarmantes en el Sur, con un Diamante que traes el 29% de su caudal habitual y un Atuel que escurre un 48% de la media histórica.
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Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Las estadísticas del Departamento General de Irrigación marcan que del 2005 a la fecha nunca para esta época los ríos estuvieron tan bajos.
Las expectativas de La Pampa en relación al Atuel se ven cada día más afectadas. Según las estadísticas del Departamento General de Irrigación, el río que es parte de una fuerte disputa con Mendoza y el Diamante -afluente del primero- atraviesan su peor temporada de los últimos 15 años.
Las gráficas muestran que la situación histórica del Atuel y el Diamante son los que tienen más bajo escurrimiento histórico, ya que los ríos Tunuyán y Mendoza están un poco por encima de sus peores temporadas, que fueron el 2018-19 y 2010-11.
La situación del río Diamante es la más notoria. En la gráfica, la línea de la actual temporada se encuentra muy por debajo de las temporadas anteriores, y para esta fecha nunca había estado en un escurrimiento por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo (en la temporada actual trae 16).
La mejor medición del Diamante se dio en la temporada 2005-2006 y la peor se registró en la temporada 2018-2019; luego aparece la 2011-2012, cuando el caudal superaba los 20 metros cúbicos por segundo.
La situación del río Atuel es apenas superior, pero sigue ubicándose como la peor del cauce en los últimos 15 años.
Es que la línea se encuentra por debajo de los números más bajos, que se registraron en la temporada 2010-2011 e incluso inferior a otra temporada mala como la 2018-19, con un escurrimiento de apenas 25 metros cúbicos por segundo.
Hay que remarcar que esto se venía previendo desde el Departamento General de Irrigación, quienes semanas atrás alertaron que Mendoza tendría la mitad del agua que suele haber disponible en un año medio. Esta situación llega a niveles alarmantes en el Sur, con un Diamante que traes el 29% de su caudal habitual y un Atuel que escurre un 48% de la media histórica.
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El glifosato en La Pampa es un peligro doble
El glifosato que llega al agua en La Pampa es un veneno doble
Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Un informe científico realizado por investigadores argentinos alertó una crítica situación ambiental que se vive en los campos de las provincias agroganaderas, entre ellas La Pampa: se confirmó que el glifosato cuando entra en contacto con el arsénico tienen un efecto sinérgico, potencian su toxicidad, y producen consecuencias muy graves. «Estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública», alertó el paper publicado en la revista científica Eliyon.
Pese a lo alarmante de algunos estudios científicos, muchas prácticas dañinas tanto para el medio ambiente como para la salud de los hombres y las mujeres siguen aún vigentes en muchos establecimientos rurales. Es más, algunas carecen casi de total regulación y control. Un caso emblemático es el uso de los llamados «agroquímicos», entre ellos el herbicida estrella del modelo de agronegocio: el glisofato.
Una reciente investigación -la cual fue publicada en una revista científica y reproducida por Página 12- advirtió sobre una situación que está muy presente en los campos de La Pampa: los efectos nocivos del glisofato se potencian cuando entran en contacto con el arsénico, un químico que está presente en gran parte de nuestro territorio. «Los resultados presentados aquí deberían ser motivo de preocupación para los sistemas (responsables) de la salud humana y de la vida silvestre», indicó el estudio, encendiendo las luces de alarma.
¿Cuáles son las consecuencias? Según el estudio, la combinación de ambos elementos produce la disrupción hormonal (aumento en la concentración de hormonas tiroideas), la mayor proliferación celular (aumentan su tasa normal de división celular) y genotoxicidad (daño en el material genético). «Estos tres marcadores son fuertes indicadores de mayor riesgo ecotóxicológico de procesos de daño en el ADN y/o de los mecanismos de regulación del mismo (llamado daño epigenético), que resultan en una proliferación celular incontrolada», explicó Rafael Lajmanovich, científico a cargo de la investigación. Es una obviedad en el mundo científico, probado desde hace décadas: a mayor daño genético, mayor probabilidad de contraer enfermedades como el cáncer y malformaciones.
Efecto en anfibios.
El estudio se enfocó en analizar el impacto de los agroecosistemas y los efectos de los agroquímicos sobre la fauna silvestre, en este caso los anfibios. La experimentación en este animal en una de las mejores maneras de prever lo que pasará en humanos ya que son excelentes modelos experimentales para estudiar el efecto agudo y crónico de sustancias tóxicas sobre el desarrollo de los vertebrados inferiores hasta los mamíferos.
El trabajo experimental consistió en dos etapas. La primera del tipo «aguda a concentraciones letales» de ambos tóxicos, en la que se demostró que existía «sinergia». Lajmanovich lo explica de forma didáctica: si la toxicidad del glifosato es 100 y la del arsénico es 100. Juntos tienen una toxicidad de 300 o más. La segunda etapa fue una medición de efecto crónico, de un mes, expuesto a dosis sub-letales (en cantidades que se pueden encontrar en escenarios naturales). El resultado fue el daño genético y alteración hormonal.
La investigación, única en su tipo, cobra mayor relevancia por la gran cantidad de herbicidas utilizados en Argentina y las amplias zonas con exceso de arsénico: desde Santiago del Estero, Chaco, Salta y Entre Ríos, hasta regiones de la Pampa Húmeda del agronegocio (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe).
La investigación fue publicada en la revista científica Eliyon, de la prestigiosa editorial internacional Elsevier, de Reino Unido. El título de la investigación es «Primera evaluación de nuevos efectos sinérgicos potenciales del glifosato y mezcla de arsénico». Lleva la firma de otros siete investigadores. Paola Peltzer, Andrés Attademo, Candela Martinuzzi, María Fernanda Simioniello, Carlina Colussi, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Mirna Sigrist.
Problema de salud.
El científico Rafael Lajmanovich insistió en que, luego de 30 años de agronegocio transgénico, no hay dudas del efecto devastador de los agrotóxicos. En particular del glifosato. Y tiene una hipótesis de por qué sectores de gobiernos aún minimizan las consecuencias: «Lo niegan porque es un problema económico-político muy difícil de resolver. No se trata de un problema científico, donde ya se confirmó sus efectos tóxicos».
Recuerda que hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS -mediante su espacio oficial de estudio del cáncer-) clasificó como «probable cancerígeno» al glifosato. El académico apunta sobre todo al rol del Estado, que desde sus entidades regulatorias avalan el uso de estos tóxicos: «Los residuos de glifosato empiezan a encontrase a niveles alarmantes en el agua y sedimento de ríos y arroyos, en el aire, en la lluvia, hasta en las aguas subterráneas y en los abrevaderos donde toman agua las vacas de los tambos y en la orina de las personas adultas y niños. Entonces ya no caben dudas, estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública».
No es el único peligro
A principios de noviembre, el docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Carlos Schulz, también lanzó una dura advertencia sobre el modelo agroganadero y el uso de agroquímicos en La Pampa: «Tenemos zonas que son muy propensas a que el agroquímico llegue al agua subterránea, que es el acuífero».
Este dato lo dio a conocer en el programa La Parte y el Todo, que se emite en la televisión cooperativa, donde explicó una consecuencia ambiental del uso del glisofato. Según sostuvo Schulz, cuando este agroquímico entra en contacto con el agua -antes de pasar su periodo de semivida, que son 47 días- potencia también sus efectos nocivos y tóxicos.
«Antes de ese tiempo pasa a tener metabolitos, una cadena orgánica distinta a la que tenía y, posiblemente, mucho más tóxica que el glifosato, que se llama AMPA (ácido aminometilfosfónico)», indicó el profesor, quien es el titular de la cátedra de Hidrología Ambiental, en la carrera de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNLPam.
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Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Un informe científico realizado por investigadores argentinos alertó una crítica situación ambiental que se vive en los campos de las provincias agroganaderas, entre ellas La Pampa: se confirmó que el glifosato cuando entra en contacto con el arsénico tienen un efecto sinérgico, potencian su toxicidad, y producen consecuencias muy graves. «Estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública», alertó el paper publicado en la revista científica Eliyon.
Pese a lo alarmante de algunos estudios científicos, muchas prácticas dañinas tanto para el medio ambiente como para la salud de los hombres y las mujeres siguen aún vigentes en muchos establecimientos rurales. Es más, algunas carecen casi de total regulación y control. Un caso emblemático es el uso de los llamados «agroquímicos», entre ellos el herbicida estrella del modelo de agronegocio: el glisofato.
Una reciente investigación -la cual fue publicada en una revista científica y reproducida por Página 12- advirtió sobre una situación que está muy presente en los campos de La Pampa: los efectos nocivos del glisofato se potencian cuando entran en contacto con el arsénico, un químico que está presente en gran parte de nuestro territorio. «Los resultados presentados aquí deberían ser motivo de preocupación para los sistemas (responsables) de la salud humana y de la vida silvestre», indicó el estudio, encendiendo las luces de alarma.
¿Cuáles son las consecuencias? Según el estudio, la combinación de ambos elementos produce la disrupción hormonal (aumento en la concentración de hormonas tiroideas), la mayor proliferación celular (aumentan su tasa normal de división celular) y genotoxicidad (daño en el material genético). «Estos tres marcadores son fuertes indicadores de mayor riesgo ecotóxicológico de procesos de daño en el ADN y/o de los mecanismos de regulación del mismo (llamado daño epigenético), que resultan en una proliferación celular incontrolada», explicó Rafael Lajmanovich, científico a cargo de la investigación. Es una obviedad en el mundo científico, probado desde hace décadas: a mayor daño genético, mayor probabilidad de contraer enfermedades como el cáncer y malformaciones.
Efecto en anfibios.
El estudio se enfocó en analizar el impacto de los agroecosistemas y los efectos de los agroquímicos sobre la fauna silvestre, en este caso los anfibios. La experimentación en este animal en una de las mejores maneras de prever lo que pasará en humanos ya que son excelentes modelos experimentales para estudiar el efecto agudo y crónico de sustancias tóxicas sobre el desarrollo de los vertebrados inferiores hasta los mamíferos.
El trabajo experimental consistió en dos etapas. La primera del tipo «aguda a concentraciones letales» de ambos tóxicos, en la que se demostró que existía «sinergia». Lajmanovich lo explica de forma didáctica: si la toxicidad del glifosato es 100 y la del arsénico es 100. Juntos tienen una toxicidad de 300 o más. La segunda etapa fue una medición de efecto crónico, de un mes, expuesto a dosis sub-letales (en cantidades que se pueden encontrar en escenarios naturales). El resultado fue el daño genético y alteración hormonal.
La investigación, única en su tipo, cobra mayor relevancia por la gran cantidad de herbicidas utilizados en Argentina y las amplias zonas con exceso de arsénico: desde Santiago del Estero, Chaco, Salta y Entre Ríos, hasta regiones de la Pampa Húmeda del agronegocio (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe).
La investigación fue publicada en la revista científica Eliyon, de la prestigiosa editorial internacional Elsevier, de Reino Unido. El título de la investigación es «Primera evaluación de nuevos efectos sinérgicos potenciales del glifosato y mezcla de arsénico». Lleva la firma de otros siete investigadores. Paola Peltzer, Andrés Attademo, Candela Martinuzzi, María Fernanda Simioniello, Carlina Colussi, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Mirna Sigrist.
Problema de salud.
El científico Rafael Lajmanovich insistió en que, luego de 30 años de agronegocio transgénico, no hay dudas del efecto devastador de los agrotóxicos. En particular del glifosato. Y tiene una hipótesis de por qué sectores de gobiernos aún minimizan las consecuencias: «Lo niegan porque es un problema económico-político muy difícil de resolver. No se trata de un problema científico, donde ya se confirmó sus efectos tóxicos».
Recuerda que hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS -mediante su espacio oficial de estudio del cáncer-) clasificó como «probable cancerígeno» al glifosato. El académico apunta sobre todo al rol del Estado, que desde sus entidades regulatorias avalan el uso de estos tóxicos: «Los residuos de glifosato empiezan a encontrase a niveles alarmantes en el agua y sedimento de ríos y arroyos, en el aire, en la lluvia, hasta en las aguas subterráneas y en los abrevaderos donde toman agua las vacas de los tambos y en la orina de las personas adultas y niños. Entonces ya no caben dudas, estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública».
No es el único peligro
A principios de noviembre, el docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Carlos Schulz, también lanzó una dura advertencia sobre el modelo agroganadero y el uso de agroquímicos en La Pampa: «Tenemos zonas que son muy propensas a que el agroquímico llegue al agua subterránea, que es el acuífero».
Este dato lo dio a conocer en el programa La Parte y el Todo, que se emite en la televisión cooperativa, donde explicó una consecuencia ambiental del uso del glisofato. Según sostuvo Schulz, cuando este agroquímico entra en contacto con el agua -antes de pasar su periodo de semivida, que son 47 días- potencia también sus efectos nocivos y tóxicos.
«Antes de ese tiempo pasa a tener metabolitos, una cadena orgánica distinta a la que tenía y, posiblemente, mucho más tóxica que el glifosato, que se llama AMPA (ácido aminometilfosfónico)», indicó el profesor, quien es el titular de la cátedra de Hidrología Ambiental, en la carrera de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNLPam.
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