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Entre Ríos: al agronegocio le preocupa sus ganancias
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En Entre Ríos quedarían miles de hectáreas sin producir por restricciones a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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La CARU trabajó en la preservación de la biodiversidad
La CARU desarrolló jornadas por la preservación de la biodiversidad del río Uruguay
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión Administradora del Río Uruguay organizó las Jornadas sobre Biodiversidad en el Corredor del río Uruguay. Los encuentros se llevaron adelante el pasado miércoles 10 y jueves 11, con gran marco de público (más de 250 inscriptos) y expositores de renombre, plasmando un gran nivel académico en la temática.
El primer encuentro se realizó en miércoles con el desarrollo de cursos pre-Jornada, sobre “Producción de árboles y arbustos nativos de la ribera del río Uruguay”, y otro paralelamente sobre “Elementos teóricos y prácticos para el Ordenamiento Territorial a escala local”.
Continuando con la actividad el jueves 11 se desarrollaron las conferencias magistrales, mesas redondas y espacio para paneles. Estuvieron presentes el Presidente de CARU, Gastón Silbermann, el Vicepresidente, Mauro Vazón y los delegados Silvia Aguinaga, Eduardo Caminal y Rogelio Texeira; también acompaño el cónsul argentino en Uruguay, Nicolás Gastón Domingo y la Intendenta de El Palmar, María Cecilia Li Puma.
“En contexto a los 40 años de la conformación de CARU, estamos desplegando actividades en distintas áreas y esta es una muy importante, significa un contacto con la gente y la transmisión de conocimiento de realidades que vivimos todos los días”, explicó Silberman, Presidente de CARU.
Respecto a las presentaciones aseguró que “fue muy alto el nivel de expositores que se presentaron como universitarios, científicos, especialistas en la temática, pero también en la difusión para todo vecino que participó, para nutrirse de estos conocimientos”.
El contenido de las jornadas
El principal objetivo de las Jornadas fue contribuir al conocimiento del corredor de biodiversidad del Río Uruguay, para promover su ordenamiento, uso y manejo sustentable. Trataron temas como: Biodiversidad e integridad biológica en el río Uruguay; Ecología del paisaje, servicios ecosistémicos y restauración ecológica; Áreas naturales protegidas; Educación ambiental, turismo y ciudades sustentables.
“Que un organismo binacional como CARU se involucre en estas cuestiones y cada vez más intervenga como un actor fundamental en el proceso de preservación de los recursos naturales de la región que abarca el tramo compartido del río Uruguay, nos pone en un tiempo de cambios de paradigmas. En este escenario se puede generar el desarrollo y hacer obras de infraestructuras para mejorar la competitividad del sector productivo de nuestra región sin descuidar la preservación del ambiente y la biodiversidad del bajo río Uruguay”, aseguró el vicepresidente de CARU, Mauro Vazón.
Jornadas con acciones para la reducción Gases Efecto Invernadero
La CARU a través de la organización de las Jornadas elaboró su primer Plan Activo contra el Cambio Climático. Algunas de las acciones que se llevaron adelante para lograr este objetivo fueron:
- Transporte: Puesta en marcha de medidas para incentivar los medios de transporte del público más respetuosos con el medio ambiente: desplazamientos en autobús mediante el establecimiento de transporte gratuito para las personas que se desplacen de Colon a las Jornadas y uso de bicicleta.
- El catering se realizó con ingredientes orgánicos, de la zona (pescado, mermelada de yatay), utilizando en su totalidad vajilla reutilizable, y nada descartable.
- Menos utilización de papel: para como minimizar el uso de papeles se entregaron pendrive con programa y libro de resúmenes y de plantas; y los pocos papeles impresos fueron de fibra sobrante de la caña de azucar y biromes de cartón.
- Para compensar los Gases Efecto Invernadero emitidos se llevó adelante una plantación de árboles y arbustos nativos, con el trabajo de todos los inscriptos y los docentes de los cursos.
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Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión Administradora del Río Uruguay organizó las Jornadas sobre Biodiversidad en el Corredor del río Uruguay. Los encuentros se llevaron adelante el pasado miércoles 10 y jueves 11, con gran marco de público (más de 250 inscriptos) y expositores de renombre, plasmando un gran nivel académico en la temática.
El primer encuentro se realizó en miércoles con el desarrollo de cursos pre-Jornada, sobre “Producción de árboles y arbustos nativos de la ribera del río Uruguay”, y otro paralelamente sobre “Elementos teóricos y prácticos para el Ordenamiento Territorial a escala local”.
Continuando con la actividad el jueves 11 se desarrollaron las conferencias magistrales, mesas redondas y espacio para paneles. Estuvieron presentes el Presidente de CARU, Gastón Silbermann, el Vicepresidente, Mauro Vazón y los delegados Silvia Aguinaga, Eduardo Caminal y Rogelio Texeira; también acompaño el cónsul argentino en Uruguay, Nicolás Gastón Domingo y la Intendenta de El Palmar, María Cecilia Li Puma.
“En contexto a los 40 años de la conformación de CARU, estamos desplegando actividades en distintas áreas y esta es una muy importante, significa un contacto con la gente y la transmisión de conocimiento de realidades que vivimos todos los días”, explicó Silberman, Presidente de CARU.
Respecto a las presentaciones aseguró que “fue muy alto el nivel de expositores que se presentaron como universitarios, científicos, especialistas en la temática, pero también en la difusión para todo vecino que participó, para nutrirse de estos conocimientos”.
El contenido de las jornadas
El principal objetivo de las Jornadas fue contribuir al conocimiento del corredor de biodiversidad del Río Uruguay, para promover su ordenamiento, uso y manejo sustentable. Trataron temas como: Biodiversidad e integridad biológica en el río Uruguay; Ecología del paisaje, servicios ecosistémicos y restauración ecológica; Áreas naturales protegidas; Educación ambiental, turismo y ciudades sustentables.
“Que un organismo binacional como CARU se involucre en estas cuestiones y cada vez más intervenga como un actor fundamental en el proceso de preservación de los recursos naturales de la región que abarca el tramo compartido del río Uruguay, nos pone en un tiempo de cambios de paradigmas. En este escenario se puede generar el desarrollo y hacer obras de infraestructuras para mejorar la competitividad del sector productivo de nuestra región sin descuidar la preservación del ambiente y la biodiversidad del bajo río Uruguay”, aseguró el vicepresidente de CARU, Mauro Vazón.
Jornadas con acciones para la reducción Gases Efecto Invernadero
La CARU a través de la organización de las Jornadas elaboró su primer Plan Activo contra el Cambio Climático. Algunas de las acciones que se llevaron adelante para lograr este objetivo fueron:
- Transporte: Puesta en marcha de medidas para incentivar los medios de transporte del público más respetuosos con el medio ambiente: desplazamientos en autobús mediante el establecimiento de transporte gratuito para las personas que se desplacen de Colon a las Jornadas y uso de bicicleta.
- El catering se realizó con ingredientes orgánicos, de la zona (pescado, mermelada de yatay), utilizando en su totalidad vajilla reutilizable, y nada descartable.
- Menos utilización de papel: para como minimizar el uso de papeles se entregaron pendrive con programa y libro de resúmenes y de plantas; y los pocos papeles impresos fueron de fibra sobrante de la caña de azucar y biromes de cartón.
- Para compensar los Gases Efecto Invernadero emitidos se llevó adelante una plantación de árboles y arbustos nativos, con el trabajo de todos los inscriptos y los docentes de los cursos.
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Apelan el fallo que protege las escuelas de fumigaciones
La Provincia apeló el fallo que prohíbe fumigar a mil metros de escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Entre Ríos: prohiben fumigar cerca de escuelas rurales
Fallo inédito: la Justicia prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Botnia-UPM: trasladan equipo de monitoreo
Trasladan el equipo de medición de calidad de aire en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El objeto es ubicar el equipo en un lugar más apropiado para detectar emisiones de gases contaminantes originados en Botnia-UPM. Por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, se instalará en la zona de Costa Uruguay Sur.
Comenzó el proceso de traslado del equipo de monitoreo de aire desde la estancia Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur, de Gualeguaychú. El trabajo se realiza en forma articulada entre la provincia, Nación, el municipio y la participación de la Asamblea Ambiental.
El objeto del traslado es ubicar el equipo en un lugar más apropiado para detectar emisiones de gases contaminantes originados en Botnia-UPM. Por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, se acordó instalarlo en la zona de Costa Uruguay Sur.
Días atrás se realizó una visita al sitio de emplazamiento actual de las instalaciones. De la actividad participaron funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y del municipio de Gualeguaychú. Se contó con la colaboración de miembros de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú.
El tráiler que contiene y protege el equipo ha sido dispuesto en instalaciones del municipio para su reparación y puesta en valor, mientras que el equipo de medición está dispuesto en las instalaciones de la CNEA en Buenos Aires para su calibración y ajuste.
Una vez completadas ambas actividades, el equipo será instalado en su lugar definitivo, para el cual se requiere un espacio de alrededor de 6 x 10 metros para contener el tráiler (4 x 3 mts, aprox.) y la antena de trasmisión de datos.
La puesta en valor y ajuste del equipo de monitoreo de gases se realiza en el marco del convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente de la provincia y la Subsecretaría de Control y Fiscalización. Ambiental de la Nación.
De la recorrida participaron Leonardo di Paolo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Daniel Tomasini y Horacio Melo por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; Carlos Ricckert por la CNEA; y Juan Veronesi y Javier Pretto por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
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Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El objeto es ubicar el equipo en un lugar más apropiado para detectar emisiones de gases contaminantes originados en Botnia-UPM. Por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, se instalará en la zona de Costa Uruguay Sur.
Comenzó el proceso de traslado del equipo de monitoreo de aire desde la estancia Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur, de Gualeguaychú. El trabajo se realiza en forma articulada entre la provincia, Nación, el municipio y la participación de la Asamblea Ambiental.
El objeto del traslado es ubicar el equipo en un lugar más apropiado para detectar emisiones de gases contaminantes originados en Botnia-UPM. Por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, se acordó instalarlo en la zona de Costa Uruguay Sur.
Días atrás se realizó una visita al sitio de emplazamiento actual de las instalaciones. De la actividad participaron funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y del municipio de Gualeguaychú. Se contó con la colaboración de miembros de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú.
El tráiler que contiene y protege el equipo ha sido dispuesto en instalaciones del municipio para su reparación y puesta en valor, mientras que el equipo de medición está dispuesto en las instalaciones de la CNEA en Buenos Aires para su calibración y ajuste.
Una vez completadas ambas actividades, el equipo será instalado en su lugar definitivo, para el cual se requiere un espacio de alrededor de 6 x 10 metros para contener el tráiler (4 x 3 mts, aprox.) y la antena de trasmisión de datos.
La puesta en valor y ajuste del equipo de monitoreo de gases se realiza en el marco del convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente de la provincia y la Subsecretaría de Control y Fiscalización. Ambiental de la Nación.
De la recorrida participaron Leonardo di Paolo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Daniel Tomasini y Horacio Melo por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; Carlos Ricckert por la CNEA; y Juan Veronesi y Javier Pretto por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental
Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte
Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Defensoría del Pueblo también se proncia por quemas en islas
La Defensoría advierte por la quema de pastizales
Fecha de Publicación: 24/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La institución, que hace más de diez años trabaja en el tema, expresó su preocupación por los efectos que el incendio de pastizales tiene en la salud de las personas, el medio ambiente y la seguridad vial.
Envío notas a las autoridades nacionales y provinciales competentes requiriendo información sobre las acciones adoptadas e instándolas a encontrar soluciones integrales.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, manifestó su profunda preocupación por los efectos nocivos que tiene en la calidad de vida de los santafesinos la quema de pastizales en las islas de la vecina provincia de Entre Ríos, a la vez que remitió notas a las autoridades competentes, tanto del ámbito nacional como provincial, instándolas a adoptar medidas para terminar con esta práctica.
En ese sentido, recordó que la institución que conduce viene trabajando hace más de una década en esta problemática, que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin encontrar hasta ahora una solución.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios se repiten e incrementan año a año, paralelamente a la cantidad de ganado que hay en las islas, donde la explotación agrícola suele desecharse por ser una zona inundable, y quienes crían ganado apelan al fuego como método para la renovación del pasto.
Es por ello que desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realiza diferentes gestiones, en concordancia con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para terminar con la quema indiscriminada de pastizales, ya que los perjuicios no se limitan solamente a molestias ocasionadas por el humo y cenizas lanzados al aire ocasionando dificultades para respirar e irritación, entre otros, sino que según algunos especialistas pueden producir graves perjuicios a largo plazo, además importante impacto ambiental.
Asimismo, la quema afecta la seguridad vial de quienes se desplazan por el puente Rosario-Victoria, traza que en condiciones normales ya tiene un importante índice de siniestralidad y cuya peligrosidad se ve incrementada por la presencia de humo sobre la ruta.
En este contexto, y habida cuenta de que el problema presenta diversas dificultades, ya que entran en juego un conjunto de cuestiones jurisdiccionales, culturales, económicas e incluso legales, la Defensoría del Pueblo remitió notas a las autoridades competentes tanto de la Nación, como de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, requiriendo que se informe que medidas de contingencias se han adoptado tendientes a encontrar soluciones integrales a la problemática, tanto para reducir riegos en la siniestralidad vial, en la salud de las personas y la afectación directa al ecosistema.
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Fecha de Publicación: 24/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La institución, que hace más de diez años trabaja en el tema, expresó su preocupación por los efectos que el incendio de pastizales tiene en la salud de las personas, el medio ambiente y la seguridad vial.
Envío notas a las autoridades nacionales y provinciales competentes requiriendo información sobre las acciones adoptadas e instándolas a encontrar soluciones integrales.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, manifestó su profunda preocupación por los efectos nocivos que tiene en la calidad de vida de los santafesinos la quema de pastizales en las islas de la vecina provincia de Entre Ríos, a la vez que remitió notas a las autoridades competentes, tanto del ámbito nacional como provincial, instándolas a adoptar medidas para terminar con esta práctica.
En ese sentido, recordó que la institución que conduce viene trabajando hace más de una década en esta problemática, que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin encontrar hasta ahora una solución.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios se repiten e incrementan año a año, paralelamente a la cantidad de ganado que hay en las islas, donde la explotación agrícola suele desecharse por ser una zona inundable, y quienes crían ganado apelan al fuego como método para la renovación del pasto.
Es por ello que desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realiza diferentes gestiones, en concordancia con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para terminar con la quema indiscriminada de pastizales, ya que los perjuicios no se limitan solamente a molestias ocasionadas por el humo y cenizas lanzados al aire ocasionando dificultades para respirar e irritación, entre otros, sino que según algunos especialistas pueden producir graves perjuicios a largo plazo, además importante impacto ambiental.
Asimismo, la quema afecta la seguridad vial de quienes se desplazan por el puente Rosario-Victoria, traza que en condiciones normales ya tiene un importante índice de siniestralidad y cuya peligrosidad se ve incrementada por la presencia de humo sobre la ruta.
En este contexto, y habida cuenta de que el problema presenta diversas dificultades, ya que entran en juego un conjunto de cuestiones jurisdiccionales, culturales, económicas e incluso legales, la Defensoría del Pueblo remitió notas a las autoridades competentes tanto de la Nación, como de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, requiriendo que se informe que medidas de contingencias se han adoptado tendientes a encontrar soluciones integrales a la problemática, tanto para reducir riegos en la siniestralidad vial, en la salud de las personas y la afectación directa al ecosistema.
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Santa Fe
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Sancionarán ante quemas ilegales de islas entrerrianas
Sancionarán a propietarios de campos donde haya quemas sin autorización
Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.
Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.
Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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Volvieron las quemas ilegales en las islas del Litoral
Rosario vuelve a padecer las quemas ilegales que se multiplican en las islas
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.
Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".
Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.
Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".
Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados
Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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El Puente Paraná-Santa Fe sigue sumando resistencias
Puente Paraná-Santa Fe: Organización ambiental pide la intervención del Defensor del Pueblo nacional
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: APDF
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Con la adhesión de más de 30 organizaciones, vecinales y ecologistas, la Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) elevó una queja al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención ante la falta de información pública ambiental respecto al proyecto de conexión fluvial Paraná-Santa Fe
Los avances en el proyecto del puente, dados a publicidad en medios masivos de comunicación, con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)-, junto a la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa, son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al Defensor del Pueblo de la Nación.
En el texto, la ONG –que es miembro del Movimiento Despierta Paraná– subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.
En ese sentido, advierten que “no se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe y/o barrios del distrito de la costa santafesina”.
Si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, “parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones”.
La ONG remarcó en su presentación que “a todas luces es claro que el Estado Nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa”.
También respecto a la traza identificada, Cauce planteó que “no resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectoria del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente”.
Es en ese marco que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio.
“Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes”, indican.
Tras manifestar una “profunda preocupación” compartida por más de 30 organizaciones respecto a lo que consideran “un reiterado ejercicio de la desinformación pública”, la fundación eleva la queja al Defensor del Pueblo y solicita su intervención frente a “actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes”.
En ese contexto, solicitan que el Defensor del Pueblo “se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos”. Así como también se reclaman que se den a conocer “resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como fundamentos y razones técnicas de la traza elegida”.
Además, se solicita que los organismos de política ambientales tomen directa intervención y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y al Congreso de la Nación.
Adhieren a la presente las siguientes organizaciones de Paraná: Movimiento Despierta Paraná, Foro Ecologista de Paraná, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Los Irrompibles E. R., Barrio Paraná XX, Barrio Paraná XXI, Barrio Jauretche, Barrio IAFAS, Barrio MUPCN, Barrio 80 Viviendas, Comisión Vecinal Santa Lucía, Comisión Vecinal De Las Américas, Comisión Vecinal Paracao, Comisión Vecinal San Francisco Javier, Comisión Vecinal Toma Vieja y de Santa Fe: Coordinadora de la Costa, Biblioteca de las Orillas, Tramas Derecho en Movimiento, Asociación Cultural de la Costa, Escuela Itinerante de Artes, Asociación Vecinal Alto Verde, Asociación Vecinal Colastiné Sur, Asociación Vecinal Colastiné Norte, Asociación Vecinal Villa California, Foro Metropolitano de Debate, Asociación Civil Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas Iniciativa Popular Rinconera, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío. (APFDigital)
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: APDF
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Con la adhesión de más de 30 organizaciones, vecinales y ecologistas, la Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) elevó una queja al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención ante la falta de información pública ambiental respecto al proyecto de conexión fluvial Paraná-Santa Fe
Los avances en el proyecto del puente, dados a publicidad en medios masivos de comunicación, con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)-, junto a la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa, son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al Defensor del Pueblo de la Nación.
En el texto, la ONG –que es miembro del Movimiento Despierta Paraná– subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.
En ese sentido, advierten que “no se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe y/o barrios del distrito de la costa santafesina”.
Si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, “parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones”.
La ONG remarcó en su presentación que “a todas luces es claro que el Estado Nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa”.
También respecto a la traza identificada, Cauce planteó que “no resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectoria del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente”.
Es en ese marco que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio.
“Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes”, indican.
Tras manifestar una “profunda preocupación” compartida por más de 30 organizaciones respecto a lo que consideran “un reiterado ejercicio de la desinformación pública”, la fundación eleva la queja al Defensor del Pueblo y solicita su intervención frente a “actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes”.
En ese contexto, solicitan que el Defensor del Pueblo “se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos”. Así como también se reclaman que se den a conocer “resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como fundamentos y razones técnicas de la traza elegida”.
Además, se solicita que los organismos de política ambientales tomen directa intervención y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y al Congreso de la Nación.
Adhieren a la presente las siguientes organizaciones de Paraná: Movimiento Despierta Paraná, Foro Ecologista de Paraná, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Los Irrompibles E. R., Barrio Paraná XX, Barrio Paraná XXI, Barrio Jauretche, Barrio IAFAS, Barrio MUPCN, Barrio 80 Viviendas, Comisión Vecinal Santa Lucía, Comisión Vecinal De Las Américas, Comisión Vecinal Paracao, Comisión Vecinal San Francisco Javier, Comisión Vecinal Toma Vieja y de Santa Fe: Coordinadora de la Costa, Biblioteca de las Orillas, Tramas Derecho en Movimiento, Asociación Cultural de la Costa, Escuela Itinerante de Artes, Asociación Vecinal Alto Verde, Asociación Vecinal Colastiné Sur, Asociación Vecinal Colastiné Norte, Asociación Vecinal Villa California, Foro Metropolitano de Debate, Asociación Civil Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas Iniciativa Popular Rinconera, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío. (APFDigital)
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Entre Ríos trabaja en la mitigación del cambio climático
Se definieron las obras a ejecutar para mitigar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos inicia la etapa final del proceso para acceder a un aporte no reembolsable de más de seis millones de dólares para desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay. En jornadas técnicas de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia se definieron las obras a ejecutar en esas localidades. El objetivo es construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio de Entre Ríos (Argentina) como del Uruguay, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias para la planificación e implementación de la adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio y la variabilidad climáticas. El proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la costa del río Uruguay, iniciativa de alcance regional, es conducido por los gobiernos de Argentina y Uruguay, y para Argentina se implementará en territorio de Entre Ríos, por lo que el gobierno provincial forma parte del equipo de trabajo nacional.
Esta semana, la Secretaría de Ambiente -con apoyo de otras áreas de gobierno-, condujo las reuniones técnicas para la elaboración del proyecto final junto a la República Oriental del Uruguay, los municipios de Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la consultora encargada del conducir esta etapa del proceso.
El subsecretario de Ambiente; Lucio Amavet, sostuvo que “uno de los lineamientos del organismo es la gestión de herramientas de financiamiento, tanto nacional como internacional, que permitan llevar adelante acciones de política ambiental. En este caso, avanzamos en forma articulada con otros organismos y los municipios, hacia acciones y obras que mitiguen los efectos negativos del cambio climático en las ciudades de la costa del río Uruguay”.
Destacó la importancia del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Planeamiento y los Municipios porque “somos quienes llevaremos adelante la ejecución de las actividades y obras, que fueron seleccionadas en función de las prioridades presentadas por cada municipio acompañando a las poblaciones beneficiadas”.
Las obras
El proyecto prevé el abordaje de cuatro ejes: planificación territorial; gestión de riesgo y alerta temprana; reducción de vulnerabilidad social y protección de ecosistemas.
Esos cuatro ejes contienen distintas acciones a desarrollar en las ciudades de la costa del Uruguay para incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación urbana, y generar conciencia colectiva, incluyendo actividades de comunicación y educación para aumentar la resiliencia social y comunitaria. Estas actividades estarán reforzadas en Colón, Concordia y Concepción del Uruguay por la ejecución de obras complementarias a las que la provincia y los municipios vienen implementando para el control de las inundaciones.
En Concordia se realizará una obra de protección del borde costero, que incluye la toma de agua asociada a la planta potabilizadora.
En Colón se ejecutará una obra de remediación y resignificación de un sector ribereño asociado al arroyo Artalaz para incrementar su uso social, cultural, recreativo y turístico.
De modo similar, en Concepción del Uruguay se plantea transformar una zona verde inundable, vinculada a la nueva obra de defensa en ejecución, en reserva ambiental urbana destinada al uso y disfrute de toda la ciudad, evitando así la radicación de viviendas que resulten expuestas a fenómenos extremos como consecuencia de la variabilidad y el cambio del clima.
Al mismo tiempo, se definen actividades para una gestión integrada del riesgo climático en ciudades y ecosistemas, a través de la implementación de sistemas de alerta temprana, planificación territorial y conservación de ecosistemas costeros vulnerables.
Los plazos
El Directorio del Fondo de Adaptación, uno de los mecanismos financieros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recomendó el otorgamiento de 14 millones de dólares solicitados por ambos países para la implementación del proyecto en un lapso de cinco años, requiriendo la formulación de un Documento Completo (Full Concept), incluyendo los estudios y diseños que resulten necesarios para su elaboración. Se espera que la provincia disponga de alrededor de 6 millones de dólares para desarrollar acciones y ejecutar obras de adaptación al cambio climático en su territorio.
Según los plazos previstos, serán dos meses de trabajo intensivo que requieren reuniones, trabajo en gabinete, entrevistas e instancias de consulta y validación de diferentes aspectos del Proyecto con las comunidades locales focalizadas, por lo que es de suma importancia trabajar con fuerte base en el territorio.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos inicia la etapa final del proceso para acceder a un aporte no reembolsable de más de seis millones de dólares para desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay. En jornadas técnicas de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia se definieron las obras a ejecutar en esas localidades. El objetivo es construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio de Entre Ríos (Argentina) como del Uruguay, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias para la planificación e implementación de la adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio y la variabilidad climáticas. El proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la costa del río Uruguay, iniciativa de alcance regional, es conducido por los gobiernos de Argentina y Uruguay, y para Argentina se implementará en territorio de Entre Ríos, por lo que el gobierno provincial forma parte del equipo de trabajo nacional.
Esta semana, la Secretaría de Ambiente -con apoyo de otras áreas de gobierno-, condujo las reuniones técnicas para la elaboración del proyecto final junto a la República Oriental del Uruguay, los municipios de Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la consultora encargada del conducir esta etapa del proceso.
El subsecretario de Ambiente; Lucio Amavet, sostuvo que “uno de los lineamientos del organismo es la gestión de herramientas de financiamiento, tanto nacional como internacional, que permitan llevar adelante acciones de política ambiental. En este caso, avanzamos en forma articulada con otros organismos y los municipios, hacia acciones y obras que mitiguen los efectos negativos del cambio climático en las ciudades de la costa del río Uruguay”.
Destacó la importancia del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Planeamiento y los Municipios porque “somos quienes llevaremos adelante la ejecución de las actividades y obras, que fueron seleccionadas en función de las prioridades presentadas por cada municipio acompañando a las poblaciones beneficiadas”.
Las obras
El proyecto prevé el abordaje de cuatro ejes: planificación territorial; gestión de riesgo y alerta temprana; reducción de vulnerabilidad social y protección de ecosistemas.
Esos cuatro ejes contienen distintas acciones a desarrollar en las ciudades de la costa del Uruguay para incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación urbana, y generar conciencia colectiva, incluyendo actividades de comunicación y educación para aumentar la resiliencia social y comunitaria. Estas actividades estarán reforzadas en Colón, Concordia y Concepción del Uruguay por la ejecución de obras complementarias a las que la provincia y los municipios vienen implementando para el control de las inundaciones.
En Concordia se realizará una obra de protección del borde costero, que incluye la toma de agua asociada a la planta potabilizadora.
En Colón se ejecutará una obra de remediación y resignificación de un sector ribereño asociado al arroyo Artalaz para incrementar su uso social, cultural, recreativo y turístico.
De modo similar, en Concepción del Uruguay se plantea transformar una zona verde inundable, vinculada a la nueva obra de defensa en ejecución, en reserva ambiental urbana destinada al uso y disfrute de toda la ciudad, evitando así la radicación de viviendas que resulten expuestas a fenómenos extremos como consecuencia de la variabilidad y el cambio del clima.
Al mismo tiempo, se definen actividades para una gestión integrada del riesgo climático en ciudades y ecosistemas, a través de la implementación de sistemas de alerta temprana, planificación territorial y conservación de ecosistemas costeros vulnerables.
Los plazos
El Directorio del Fondo de Adaptación, uno de los mecanismos financieros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recomendó el otorgamiento de 14 millones de dólares solicitados por ambos países para la implementación del proyecto en un lapso de cinco años, requiriendo la formulación de un Documento Completo (Full Concept), incluyendo los estudios y diseños que resulten necesarios para su elaboración. Se espera que la provincia disponga de alrededor de 6 millones de dólares para desarrollar acciones y ejecutar obras de adaptación al cambio climático en su territorio.
Según los plazos previstos, serán dos meses de trabajo intensivo que requieren reuniones, trabajo en gabinete, entrevistas e instancias de consulta y validación de diferentes aspectos del Proyecto con las comunidades locales focalizadas, por lo que es de suma importancia trabajar con fuerte base en el territorio.
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Informes revelan el alto impacto de UPM (Botnia)
Demoledores informes sobre la contaminación que produce Botnia
Fecha de Publicación: 08/08/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Varias actas de una Comisión Oficial uruguaya reflejan que, entre 2012 y 2017, hubo unos 60 incidentes provocados por la pastera en los efluentes líquidos y atmosféricos. La CARU nunca denunció estos hechos en los informes que ha publicado.
Según consta en las últimas cinco Actas de la Comisión de Seguimiento de UPM ubicada en Fray Bentos, a las que ha accedido MAXIMA ONLINE, en los últimos 57 monitoreos conjuntos de la planta realizados entre noviembre de 2012 y octubre de 2017, se llevan detectados un total de 61 incumplimientos en diversos parámetros ambientales, provocados tanto por los efluentes líquidos que la pastera vierte al río Uruguay, como así también por las emanaciones gaseosas de la planta.
De acuerdo a lo que revelan los informes oficiales, en los dos últimos años, existe un importante aumento de los “episodios de olor” que no son otra cosa que emisiones de material particulado, que contienen compuestos altamente tóxicos que se dispersan en la atmósfera formando una densa “pluma” o nube. Según comprobó la Comisión de Seguimiento uruguaya, hasta julio de 2015, los episodios gaseosos atribuibles a la empresa fueron 4, pero treparon a 13 al año siguiente y, hasta octubre de 2017, se constataron otros 23, con lo cual ya totalizan 40 en cinco años. Asimismo, en el mismo período se produjeron tres fallos generales en la planta, que motivaron su paralización no prevista.
Estos y otros incidentes que fueron atribuidos a la pastera en el último lustro, no aparecen consignados en los informes publicados por la CARU respecto de los monitoreos conjuntos que lleva a cabo el Comité Científico del organismo binacional mensualmente.
La Comisión de Seguimiento sobre UPM, con sede en Fray Bentos, fue creada en 2007, con el objetivo de controlar el desempeño ambiental de la pastera, la terminal portuaria y zona franca de Fray Bentos. Está presidida por funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay y la integran la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) y funcionarios de la Intendencia del Departamento Río Negro.
En los 57 monitoreos realizados entre noviembre de 2012 y octubre de 2017 se detectaron diversas anomalías en el denominado “Canal Parshall”, que es donde está ubicado el efluente donde UPM vierte sus desechos líquidos al río Uruguay todos los días del año. Los eventos comprobados incluyeron exceso en la demanda química de oxígeno, en la cantidad de concentración de fósforo por litro de agua y también, un aumento en la carga diaria de fósforo que está permitida arrojar al cauce del río Uruguay en por lo menos tres oportunidades. En otras dos ocasiones, la temperatura del efluente superó los mínimos permitidos por la normativa durante varias semanas y también, se encontraron peces vivos y muertos en las piletas de pluviales de la planta. Nada de todo esto aparece consignado por la CARU en sus reportes.
Según consta en el Acta 25 del 30-8-2013 de la Comisión de Seguimiento uruguaya, el Comité Científico de la CARU y los técnicos de la DINAMA, entre noviembre de 2012 y junio de 2013 ingresaron a la planta de Botnia en 8 ocasiones. En el apartado “Efluentes líquidos”, del mencionado documento se lee textualmente: “Para el parámetro Fósforo hubo una superación del límite máximo permitido para carga promedio mensual (ton/día) con un valor de 0.076 ton/día siendo el límite de 0.074 ton/día en noviembre 2012”. Más adelante se deja constancia de la “Superación del estándar de pH en el vertido desde la pileta de pluviales nº4 el 27/05/2013 obteniendo un valor de 9,5”.
La planta de UPM en Fray Bentos se denomina Orión, y fue bautizada así para homenajear a la única constelación capaz de ser vista no solo durante las noches sino también durante los amaneceres del rígido invierno finlandés. Pero a las 17,30 del 8 de julio de 2013, Orión se apagó sorpresivamente.
Aquel día, se produjo una importante falla eléctrica que paralizó la pastera de Fray Bentos y provocó peligrosos aumentos en las concentraciones de los efluentes de la planta. Según se dejó constancia, el 8 de julio de 2013 ocurrió una “falla eléctrica que se adjudicó a un cortocircuito en un transformador que abastece el área del puerto. Esa noche se arrancó nuevamente la planta hasta que el 9 de julio a las 6 horas, ocurrió una nueva falla, detectándose la falla principal en una barra de conexión. Se restableció la alimentación a diferentes áreas de la planta el 12 de julio”.
Pero eso no fue todo. “En el periodo entre las 20:20 horas del 8 de julio y las 6:10 horas del 9 de julio en que se arrancó temporariamente la planta, se realizó vertido de efluente (promedio aproximado: 232 Litros/segundo) hasta que ocurrió nuevamente un corte. El Canal Parshall (por donde sale el efluente que se vierte) se llenó porque la válvula previa al vertido al río estaba cerrada; posteriormente se consiguió abrir para vaciar el Canal Parshall dado que había estado lloviendo un poco. El principal aspecto que se constató fue un considerable aumento temporario de las concentraciones de color y DQO (Demanda Química de Oxigeno)”.
Como dato ilustrativo, durante aquellos eventos, técnicos de la DINAMA concurrieron a Fray Bentos y permanecieron en la pastera entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 2013 hasta que los inconvenientes se subsanaron. Se desconoce si la CARU fue anoticiada de ese grave percance de la planta de UPM, aunque en caso de haber enviado técnicos del organismo al lugar, éstos nunca dieron cuenta de lo ocurrido.
Fecha de Publicación: 08/08/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Varias actas de una Comisión Oficial uruguaya reflejan que, entre 2012 y 2017, hubo unos 60 incidentes provocados por la pastera en los efluentes líquidos y atmosféricos. La CARU nunca denunció estos hechos en los informes que ha publicado.
Según consta en las últimas cinco Actas de la Comisión de Seguimiento de UPM ubicada en Fray Bentos, a las que ha accedido MAXIMA ONLINE, en los últimos 57 monitoreos conjuntos de la planta realizados entre noviembre de 2012 y octubre de 2017, se llevan detectados un total de 61 incumplimientos en diversos parámetros ambientales, provocados tanto por los efluentes líquidos que la pastera vierte al río Uruguay, como así también por las emanaciones gaseosas de la planta.
De acuerdo a lo que revelan los informes oficiales, en los dos últimos años, existe un importante aumento de los “episodios de olor” que no son otra cosa que emisiones de material particulado, que contienen compuestos altamente tóxicos que se dispersan en la atmósfera formando una densa “pluma” o nube. Según comprobó la Comisión de Seguimiento uruguaya, hasta julio de 2015, los episodios gaseosos atribuibles a la empresa fueron 4, pero treparon a 13 al año siguiente y, hasta octubre de 2017, se constataron otros 23, con lo cual ya totalizan 40 en cinco años. Asimismo, en el mismo período se produjeron tres fallos generales en la planta, que motivaron su paralización no prevista.
Estos y otros incidentes que fueron atribuidos a la pastera en el último lustro, no aparecen consignados en los informes publicados por la CARU respecto de los monitoreos conjuntos que lleva a cabo el Comité Científico del organismo binacional mensualmente.
La Comisión de Seguimiento sobre UPM, con sede en Fray Bentos, fue creada en 2007, con el objetivo de controlar el desempeño ambiental de la pastera, la terminal portuaria y zona franca de Fray Bentos. Está presidida por funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay y la integran la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) y funcionarios de la Intendencia del Departamento Río Negro.
En los 57 monitoreos realizados entre noviembre de 2012 y octubre de 2017 se detectaron diversas anomalías en el denominado “Canal Parshall”, que es donde está ubicado el efluente donde UPM vierte sus desechos líquidos al río Uruguay todos los días del año. Los eventos comprobados incluyeron exceso en la demanda química de oxígeno, en la cantidad de concentración de fósforo por litro de agua y también, un aumento en la carga diaria de fósforo que está permitida arrojar al cauce del río Uruguay en por lo menos tres oportunidades. En otras dos ocasiones, la temperatura del efluente superó los mínimos permitidos por la normativa durante varias semanas y también, se encontraron peces vivos y muertos en las piletas de pluviales de la planta. Nada de todo esto aparece consignado por la CARU en sus reportes.
Según consta en el Acta 25 del 30-8-2013 de la Comisión de Seguimiento uruguaya, el Comité Científico de la CARU y los técnicos de la DINAMA, entre noviembre de 2012 y junio de 2013 ingresaron a la planta de Botnia en 8 ocasiones. En el apartado “Efluentes líquidos”, del mencionado documento se lee textualmente: “Para el parámetro Fósforo hubo una superación del límite máximo permitido para carga promedio mensual (ton/día) con un valor de 0.076 ton/día siendo el límite de 0.074 ton/día en noviembre 2012”. Más adelante se deja constancia de la “Superación del estándar de pH en el vertido desde la pileta de pluviales nº4 el 27/05/2013 obteniendo un valor de 9,5”.
La planta de UPM en Fray Bentos se denomina Orión, y fue bautizada así para homenajear a la única constelación capaz de ser vista no solo durante las noches sino también durante los amaneceres del rígido invierno finlandés. Pero a las 17,30 del 8 de julio de 2013, Orión se apagó sorpresivamente.
Aquel día, se produjo una importante falla eléctrica que paralizó la pastera de Fray Bentos y provocó peligrosos aumentos en las concentraciones de los efluentes de la planta. Según se dejó constancia, el 8 de julio de 2013 ocurrió una “falla eléctrica que se adjudicó a un cortocircuito en un transformador que abastece el área del puerto. Esa noche se arrancó nuevamente la planta hasta que el 9 de julio a las 6 horas, ocurrió una nueva falla, detectándose la falla principal en una barra de conexión. Se restableció la alimentación a diferentes áreas de la planta el 12 de julio”.
Pero eso no fue todo. “En el periodo entre las 20:20 horas del 8 de julio y las 6:10 horas del 9 de julio en que se arrancó temporariamente la planta, se realizó vertido de efluente (promedio aproximado: 232 Litros/segundo) hasta que ocurrió nuevamente un corte. El Canal Parshall (por donde sale el efluente que se vierte) se llenó porque la válvula previa al vertido al río estaba cerrada; posteriormente se consiguió abrir para vaciar el Canal Parshall dado que había estado lloviendo un poco. El principal aspecto que se constató fue un considerable aumento temporario de las concentraciones de color y DQO (Demanda Química de Oxigeno)”.
Como dato ilustrativo, durante aquellos eventos, técnicos de la DINAMA concurrieron a Fray Bentos y permanecieron en la pastera entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 2013 hasta que los inconvenientes se subsanaron. Se desconoce si la CARU fue anoticiada de ese grave percance de la planta de UPM, aunque en caso de haber enviado técnicos del organismo al lugar, éstos nunca dieron cuenta de lo ocurrido.
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Entre Ríos inspecciona (con acting) una controvertida empresa
Nación y Provincia realizaron inspección conjunta a empresa
Fecha de Publicación: 29/07/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de la provincia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a la empresa Soluciones Ambientales, ubicada en Estación Carbó. Participó también el municipio de Gualeguay.
En el marco del ordenamiento ambiental del sector industrial que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, se realizó una inspección conjunta entre la Secretaría de Ambiente de la provincia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a la empresa Soluciones Ambientales, ubicada en Estación Carbó. Participó también el municipio de Gualeguay.
Cumpliendo con el compromiso asumido por la provincia durante un encuentro que se realizó en mayo pasado con representantes de la empresa y del municipio, se desarrolló este miércoles una inspección conjunta con Nación a Soluciones Ambientales, planta de tratamiento de residuos peligrosos que opera en Estación Carbó. Desde la provincia se invitó al municipio de Gualeguay para que acompañe el proceso.
Estuvieron presentes el secretario de Ambiente, Martín Barbieri; el subsecretario del mismo organismo, Lucio Amavet; el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Juan Trebino; el viceintendente de Gualeguay, Mauricio Balbuena; la directora Medio Ambiente del municipio, Verónica Gómez; Pablo y Eliana Vicino de Soluciones Ambientales; concejales y funcionarios de Gualeguay; técnicos de Nación y la provincia, entre otros.
"Como nos ha instruido el gobernador Gustavo Bordet estamos trabajando en el ordenamiento ambiental de cada una de las industrias y empresas de la provincia, en función del grado de complejidad y visibilizando el conflicto social que existe alrededor de ellas", expresó Barbieri. Y agregó que, en ese marco, "estamos llevando adelante acciones conjuntas como éstas, con Nación y los municipios, con el objetivo de clarificar la situación ambiental de cada industria llevando tranquilidad a la población y a las empresarios".
En la oportunidad, técnicos de la Secretaría de Ambiente recorrieron junto a personal de Nación y de la empresa los distintos sectores de la planta como el galpón de almacenamiento de residuos peligrosos, calderas, sistema de tratamiento de efluentes líquidos y el horno incinerador de residuos peligrosos.
También se realizaron tomas de muestra de agua superficial en dos sectores dentro del predio y subterránea en los freatrímetros. Quedó pendiente el monitoreo de aire que no pudo realizarse por las condiciones climáticas. El mismo se concretará en los próximos días por la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Soluciones Ambientales S.A. es una empresa dedicada a la gestión de residuos peligrosos. Allí se reciclan principalmente residuos de hidrocarburos derivados de las actividades de los talleres, industrias y navieras. Sus actividades principales son la destilación, descontaminación de piezas plásticas y metálicas; tratamiento físicoquímico, clasificación, reempaque para la derivación de residuos y el tratamiento térmico.
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Fecha de Publicación: 29/07/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de la provincia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a la empresa Soluciones Ambientales, ubicada en Estación Carbó. Participó también el municipio de Gualeguay.
En el marco del ordenamiento ambiental del sector industrial que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, se realizó una inspección conjunta entre la Secretaría de Ambiente de la provincia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a la empresa Soluciones Ambientales, ubicada en Estación Carbó. Participó también el municipio de Gualeguay.
Cumpliendo con el compromiso asumido por la provincia durante un encuentro que se realizó en mayo pasado con representantes de la empresa y del municipio, se desarrolló este miércoles una inspección conjunta con Nación a Soluciones Ambientales, planta de tratamiento de residuos peligrosos que opera en Estación Carbó. Desde la provincia se invitó al municipio de Gualeguay para que acompañe el proceso.
Estuvieron presentes el secretario de Ambiente, Martín Barbieri; el subsecretario del mismo organismo, Lucio Amavet; el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Juan Trebino; el viceintendente de Gualeguay, Mauricio Balbuena; la directora Medio Ambiente del municipio, Verónica Gómez; Pablo y Eliana Vicino de Soluciones Ambientales; concejales y funcionarios de Gualeguay; técnicos de Nación y la provincia, entre otros.
"Como nos ha instruido el gobernador Gustavo Bordet estamos trabajando en el ordenamiento ambiental de cada una de las industrias y empresas de la provincia, en función del grado de complejidad y visibilizando el conflicto social que existe alrededor de ellas", expresó Barbieri. Y agregó que, en ese marco, "estamos llevando adelante acciones conjuntas como éstas, con Nación y los municipios, con el objetivo de clarificar la situación ambiental de cada industria llevando tranquilidad a la población y a las empresarios".
En la oportunidad, técnicos de la Secretaría de Ambiente recorrieron junto a personal de Nación y de la empresa los distintos sectores de la planta como el galpón de almacenamiento de residuos peligrosos, calderas, sistema de tratamiento de efluentes líquidos y el horno incinerador de residuos peligrosos.
También se realizaron tomas de muestra de agua superficial en dos sectores dentro del predio y subterránea en los freatrímetros. Quedó pendiente el monitoreo de aire que no pudo realizarse por las condiciones climáticas. El mismo se concretará en los próximos días por la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Soluciones Ambientales S.A. es una empresa dedicada a la gestión de residuos peligrosos. Allí se reciclan principalmente residuos de hidrocarburos derivados de las actividades de los talleres, industrias y navieras. Sus actividades principales son la destilación, descontaminación de piezas plásticas y metálicas; tratamiento físicoquímico, clasificación, reempaque para la derivación de residuos y el tratamiento térmico.
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La prohibición del glifosato en Gualeguaychú suma un capítulo
La Justicia reconoció la autonomía del municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Gualeguaychú da pelea a la venta del glifosato
Gualeguaychú da pelea en el rechazo del glifosato y prepara medidas judiciales
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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Un principio pecautorio al revés por glifosato en Entre Ríos
La Justicia autorizó la venta de glifosato en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Más de mil aves secuestradas en un allanamiento
Victoria: secuestran más de mil aves autóctonas en un allanamiento
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Más de mil ejemplares de especies autóctonas fueron halladas ayer en cautiverio, en un allanamiento efectuado por personal de la Dirección de Delitos Rurales de la provincia en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de Victoria. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del juez José A. Calleja, ya que en el domicilio requisado reside un hombre que estaría infringiendo disposiciones de la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. En el lugar, se hallaban aproximadamente 1.300 aves de diferentes especies autóctonas y exóticas que estaban alojadas en jaulas de metal y en extensos jaulones de siete metros por tres metros recubiertos con malla. Las aves secuestradas fueron trasladadas hoy a Paraná a una reserva natural, donde luego de una “cuarentena” bajo control veterinario y personas especializadas, serán liberadas en la zona del parque San Martín. El allanamiento para secuestrar más de 1.300 ejemplares de aves de especies autóctona y exóticas realizado en Victoria, fue ordenado por la Justicia y se cumplió en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de esa localidad.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor José A. Calleja y las aves encontradas, entre ellas cardenales, zorzales, corbatitas, reina mora, jilgueros, celestinos, juan chiviro y otras, fueron depositadas en la oficina de Flora y Fauna de Paraná, para ser clasificadas en principio y finalmente trasladadas al Parque General San Martín -La Picada-, adonde estarán monitoreadas por el biólogo Alfredo Berduc y quedarán en cuarentena hasta su aclimatación final y su posterior liberación bajo el cielo de ese establecimiento, consignó Paralelo 32.
En este caso intervino personal de la Dirección de Delitos Rurales de la Policía se Entre Ríos y de la Dirección General de Fiscalización de Paraná a cargo del inspector Cristián Ciarroca.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Más de mil ejemplares de especies autóctonas fueron halladas ayer en cautiverio, en un allanamiento efectuado por personal de la Dirección de Delitos Rurales de la provincia en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de Victoria. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del juez José A. Calleja, ya que en el domicilio requisado reside un hombre que estaría infringiendo disposiciones de la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. En el lugar, se hallaban aproximadamente 1.300 aves de diferentes especies autóctonas y exóticas que estaban alojadas en jaulas de metal y en extensos jaulones de siete metros por tres metros recubiertos con malla. Las aves secuestradas fueron trasladadas hoy a Paraná a una reserva natural, donde luego de una “cuarentena” bajo control veterinario y personas especializadas, serán liberadas en la zona del parque San Martín. El allanamiento para secuestrar más de 1.300 ejemplares de aves de especies autóctona y exóticas realizado en Victoria, fue ordenado por la Justicia y se cumplió en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de esa localidad.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor José A. Calleja y las aves encontradas, entre ellas cardenales, zorzales, corbatitas, reina mora, jilgueros, celestinos, juan chiviro y otras, fueron depositadas en la oficina de Flora y Fauna de Paraná, para ser clasificadas en principio y finalmente trasladadas al Parque General San Martín -La Picada-, adonde estarán monitoreadas por el biólogo Alfredo Berduc y quedarán en cuarentena hasta su aclimatación final y su posterior liberación bajo el cielo de ese establecimiento, consignó Paralelo 32.
En este caso intervino personal de la Dirección de Delitos Rurales de la Policía se Entre Ríos y de la Dirección General de Fiscalización de Paraná a cargo del inspector Cristián Ciarroca.
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Liberaron caimanes monitoreados en Entre Ríos
Liberaron 18 crías de caimanes con radiotransmisores para monitorearlos
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
Investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
En el Laboratorio de Ecología Animal del CICyTTP* (Conicet-Prov. E. R.-Uader), sito en Diamante (Entre Ríos), se llevan a cabo estudios en diversas especies de animales, pero más específicamente en caimanes. Los investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
Es en el marco del Proyecto "Yacaré", con bases de datos de más de 20 años, que de manera conjunta se realizan estimaciones, evaluaciones de dinámicas poblacionales (incluyendo estudios genéticos) y de los métodos de monitoreo utilizados para estos animales, además de innovar en el relevamiento de nidos y poblaciones de yacarés con el uso de drones. Pero los estudios no se limitan a la ecología ya que en el laboratorio se llevan adelante otras investigaciones aplicadas al manejo o cría de la especie en cautiverio (otra actividad muy importante del Proyecto Yacaré).
A comienzos de junio, se inició un estudio en la Reserva Manejada "El Fisco" (Departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe) en el que se liberaron 18 crías de caimanes con radiotransmisores, con el objeto de realizar su seguimiento durante un año, a fin de evaluar su conducta, dispersión y supervivencia en la naturaleza.
Dicho estudio se lleva a cabo como parte del trabajo de tesis doctoral de la bióloga Evangelina Viotto, bajo la supervisión del doctor Carlos Piña (director del CICyTTP) y del doctor Joaquín Navarro, y con la colaboración de los demás miembros del Laboratorio, del Proyecto Yacaré, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CSG/IUCN).
Ventajas que brinda el nuevo equipamiento
Sobre el estudio y las herramientas utilizadas, Viotto expresó: "El fundamento del uso de los radiotransmisores se debe a que Caiman latirostris –vulgarmente, "yacaré overo"– es una especie críptica, lo que dificulta su observación y poder seguir los animales en los esteros que suele habitar. Este trabajo ayudará a conocer sobre el uso del hábitat y la supervivencia de los neonatos. Sin embargo, se estima que la supervivencia durante el primer año sería menor al 10% de las crías nacidas en una temporada reproductiva".
En tanto, Leonardo Scarpa, técnico del CICyTTP, aseveró: "La implementación de tecnologías tales como el uso de radiotransmisores, sumadas al gran esfuerzo de trabajo de campo, nos permitirá brindar informaciones de gran utilidad para los programas de manejo y conservación de la especie". El conocer la supervivencia de los neonatos durante el primer invierno es crucial para entender la dinámica de las poblaciones, sobre todo cuando estas son manejadas, ya que en función de la supervivencia depende la cantidad de ejemplares que deberían ser reintroducidos por los programas de rancheo.
Por su parte, el subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Alejandro Larriera, manifestó: "En este estudio, el interés de la Subsecretaría a mi cargo es doble ya que, por un lado, el Proyecto Yacaré, en sus aspectos técnicos y conservacionistas, depende directamente de este organismo, y por el otro, este trabajo se desarrolla en una Reserva Natural manejada de 1.800 ha que integra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que es responsabilidad de esta unidad de organización y cuyo objeto de conservación prioritario son los yacarés. Con las informaciones producidas por este trabajo se podrá mejorar el Programa de Manejo de la provincia y de las demás provincias del país que se basan en el mismo sistema de manejo conservacionista".
Y la buena noticia es que, durante los primeros días y tras el seguimiento, Viotto pudo destacar: "A nuestros 18 yacarecitos los observamos en su medio, asoleándose y permaneciendo en grupo. Ahora, esperamos continuar monitoreándolos y aprendiendo de ellos por un largo tiempo más".
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Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
Investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
En el Laboratorio de Ecología Animal del CICyTTP* (Conicet-Prov. E. R.-Uader), sito en Diamante (Entre Ríos), se llevan a cabo estudios en diversas especies de animales, pero más específicamente en caimanes. Los investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
Es en el marco del Proyecto "Yacaré", con bases de datos de más de 20 años, que de manera conjunta se realizan estimaciones, evaluaciones de dinámicas poblacionales (incluyendo estudios genéticos) y de los métodos de monitoreo utilizados para estos animales, además de innovar en el relevamiento de nidos y poblaciones de yacarés con el uso de drones. Pero los estudios no se limitan a la ecología ya que en el laboratorio se llevan adelante otras investigaciones aplicadas al manejo o cría de la especie en cautiverio (otra actividad muy importante del Proyecto Yacaré).
A comienzos de junio, se inició un estudio en la Reserva Manejada "El Fisco" (Departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe) en el que se liberaron 18 crías de caimanes con radiotransmisores, con el objeto de realizar su seguimiento durante un año, a fin de evaluar su conducta, dispersión y supervivencia en la naturaleza.
Dicho estudio se lleva a cabo como parte del trabajo de tesis doctoral de la bióloga Evangelina Viotto, bajo la supervisión del doctor Carlos Piña (director del CICyTTP) y del doctor Joaquín Navarro, y con la colaboración de los demás miembros del Laboratorio, del Proyecto Yacaré, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CSG/IUCN).
Ventajas que brinda el nuevo equipamiento
Sobre el estudio y las herramientas utilizadas, Viotto expresó: "El fundamento del uso de los radiotransmisores se debe a que Caiman latirostris –vulgarmente, "yacaré overo"– es una especie críptica, lo que dificulta su observación y poder seguir los animales en los esteros que suele habitar. Este trabajo ayudará a conocer sobre el uso del hábitat y la supervivencia de los neonatos. Sin embargo, se estima que la supervivencia durante el primer año sería menor al 10% de las crías nacidas en una temporada reproductiva".
En tanto, Leonardo Scarpa, técnico del CICyTTP, aseveró: "La implementación de tecnologías tales como el uso de radiotransmisores, sumadas al gran esfuerzo de trabajo de campo, nos permitirá brindar informaciones de gran utilidad para los programas de manejo y conservación de la especie". El conocer la supervivencia de los neonatos durante el primer invierno es crucial para entender la dinámica de las poblaciones, sobre todo cuando estas son manejadas, ya que en función de la supervivencia depende la cantidad de ejemplares que deberían ser reintroducidos por los programas de rancheo.
Por su parte, el subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Alejandro Larriera, manifestó: "En este estudio, el interés de la Subsecretaría a mi cargo es doble ya que, por un lado, el Proyecto Yacaré, en sus aspectos técnicos y conservacionistas, depende directamente de este organismo, y por el otro, este trabajo se desarrolla en una Reserva Natural manejada de 1.800 ha que integra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que es responsabilidad de esta unidad de organización y cuyo objeto de conservación prioritario son los yacarés. Con las informaciones producidas por este trabajo se podrá mejorar el Programa de Manejo de la provincia y de las demás provincias del país que se basan en el mismo sistema de manejo conservacionista".
Y la buena noticia es que, durante los primeros días y tras el seguimiento, Viotto pudo destacar: "A nuestros 18 yacarecitos los observamos en su medio, asoleándose y permaneciendo en grupo. Ahora, esperamos continuar monitoreándolos y aprendiendo de ellos por un largo tiempo más".
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