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Misiones: varios procedimientos por desmontes
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Ecología y Gendarmería frenan desmontes en varios puntos de la provincia
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En sucesivos y coordinados procedimientos realizados en conjunto por el Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a través de la Dirección General de Bosques Nativos y Dirección de Control Forestal, y la Gendarmería Nacional, Escuadrón XII de Irigoyen y San Pedro, se detectó actividad en incumplimiento a la normativa ambiental vigente en lotes varios ubicados municipios de San Pedro y de Bernardo de Irigoyen.
Así el pasado Lunes 3 de diciembre, se detectó un área de acopio de material forestal nativo, con una planchada sin autorización vigente, de 218 rollos de especies varias, con un volumen de 174, 73 m3, decomisándose un Camión Marca Fiat 673, sobre el cual se encontraron otros 11 rollizos con un total de 10 m3, asimismo también se procedió al decomiso de un zanello color naranja sin número de identificación, todo sobre el Lote 1-B Sección IX, Col. San Pedro.
El día Martes 4, en un lote lindante al Escuadrón 12 de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen se detectó un rozado de 6 has. Sin autorización, que incluye apeo de araucaria angustifolia, entre otras especies nativas totalizando 7,08 m3, se cauciona una motosierra y una motoarrastradora Marca Pollack.
El día Miércoles 5, en el marco de un plan de aprovechamiento sobre Ruta 18, se detecta actividad en área no habilitada por obrajero no autorizado, se caucionan motosierra y motoarrastradora que se deja en depósito en la Comisaría de Irigoyen, se decomisan 22 rollos de especies varias.
Esto se concreta en el marco de la profundización de los trabajos de control y fiscalización de bosque nativo llevados adelante por la cartera ecológica, utilizando nuevas tecnologías de teledetección, que permiten contar con información casi en tiempo real sobre desmonte no autorizado, así como también mediante la utilización de las líneas de contacto directo con el ciudadano, “Ecología te Escucha”, además del apoyo e inteligencia de la Gendarmería y de la Policía provincial. El material forestal decomisado fue dejado en depósito de los titulares de los lotes mientras que los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con los sumarios ambientales respectivos.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En sucesivos y coordinados procedimientos realizados en conjunto por el Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a través de la Dirección General de Bosques Nativos y Dirección de Control Forestal, y la Gendarmería Nacional, Escuadrón XII de Irigoyen y San Pedro, se detectó actividad en incumplimiento a la normativa ambiental vigente en lotes varios ubicados municipios de San Pedro y de Bernardo de Irigoyen.
Así el pasado Lunes 3 de diciembre, se detectó un área de acopio de material forestal nativo, con una planchada sin autorización vigente, de 218 rollos de especies varias, con un volumen de 174, 73 m3, decomisándose un Camión Marca Fiat 673, sobre el cual se encontraron otros 11 rollizos con un total de 10 m3, asimismo también se procedió al decomiso de un zanello color naranja sin número de identificación, todo sobre el Lote 1-B Sección IX, Col. San Pedro.
El día Martes 4, en un lote lindante al Escuadrón 12 de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen se detectó un rozado de 6 has. Sin autorización, que incluye apeo de araucaria angustifolia, entre otras especies nativas totalizando 7,08 m3, se cauciona una motosierra y una motoarrastradora Marca Pollack.
El día Miércoles 5, en el marco de un plan de aprovechamiento sobre Ruta 18, se detecta actividad en área no habilitada por obrajero no autorizado, se caucionan motosierra y motoarrastradora que se deja en depósito en la Comisaría de Irigoyen, se decomisan 22 rollos de especies varias.
Esto se concreta en el marco de la profundización de los trabajos de control y fiscalización de bosque nativo llevados adelante por la cartera ecológica, utilizando nuevas tecnologías de teledetección, que permiten contar con información casi en tiempo real sobre desmonte no autorizado, así como también mediante la utilización de las líneas de contacto directo con el ciudadano, “Ecología te Escucha”, además del apoyo e inteligencia de la Gendarmería y de la Policía provincial. El material forestal decomisado fue dejado en depósito de los titulares de los lotes mientras que los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con los sumarios ambientales respectivos.
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Las amenazas a los bosques nativos de Tucumán
“No tenemos topadoras que desmontan pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos”
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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En Salta por fin ponen una dura sanción por desmonte
Por desmonte ilegal, condenaron a un productor a reforestar 11 mil hectáreas en Salta
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Denuncian desmontes en El Impenetrable
Denuncian desmontes ilegales en Tantanacuy, en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una investigación de Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” reveló que, a pesar de la vigencia de la normativa que lo prohíbe taxativamente, continúan produciéndose desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño, con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental.
La información obtenida por el Centro Mandela da cuenta de que Tantanacuy es un valioso y persistente emprendimiento ecoturístico y de conservación que está ubicado sobre la Picada 82, antes del cruce con la ruta Juana Azurduy. Toda la región corresponde a la categoría II (amarillo), o sea que es zona protegida y en la que está prohibido desmontar, según el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“Es un punto estratégico de El Impenetrable”, sostiene el informe y agrega que “es crítico” el actual balance ambiental y de bioseguridad en todo el entorno de Tantanacuy producto de los mega-desmontes que se ejecutaron durante los años 2017 y 2018 en los campos aledaños.
El informe revela que “tan solo en ese corto lapso de junio de 2017 a setiembre de 2018, es decir en dieciseis meses, todas las parcelas que lindan con Tantanacuy fueron desmontadas”.
El seguimiento se realizó a través de dos imágenes satelitales que demuestran el estrago ambiental en la zona analizada, específicamente la situación de colapso del entorno de Tantanacuy. “Los desmontes ejecutados fueron continuos y sistemáticos, hasta que eliminaron todos los montes de la zona”, advirtieron desde el Centro de Estudios.
Las Rejas
El caso más paradigmático se ha dado en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown, que fueron las más atacadas. “Desmontaron a tala rasa”, expone el informe y añade que “las dos parcelas constituyen una superficie de 5000 hectáreas”. “Los suelos son Clase V, no aptos para la agricultura. La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas”, profundiza.
“Los desmontes ejecutados por un fuerte grupo económico contó con la complacencia de la Dirección de Bosques: Obtuvieron planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, que fueron autorizados por la nefasta Dirección de Bosques. El mayor desmonte se produjo en el establecimiento “Las Rejas”, explicaron desde el Centro Mandela.
Denuncia Administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público.
A la se planteó que se notifique al gobernador para que tome intervención y actúe conforme está previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una investigación de Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” reveló que, a pesar de la vigencia de la normativa que lo prohíbe taxativamente, continúan produciéndose desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño, con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental.
La información obtenida por el Centro Mandela da cuenta de que Tantanacuy es un valioso y persistente emprendimiento ecoturístico y de conservación que está ubicado sobre la Picada 82, antes del cruce con la ruta Juana Azurduy. Toda la región corresponde a la categoría II (amarillo), o sea que es zona protegida y en la que está prohibido desmontar, según el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“Es un punto estratégico de El Impenetrable”, sostiene el informe y agrega que “es crítico” el actual balance ambiental y de bioseguridad en todo el entorno de Tantanacuy producto de los mega-desmontes que se ejecutaron durante los años 2017 y 2018 en los campos aledaños.
El informe revela que “tan solo en ese corto lapso de junio de 2017 a setiembre de 2018, es decir en dieciseis meses, todas las parcelas que lindan con Tantanacuy fueron desmontadas”.
El seguimiento se realizó a través de dos imágenes satelitales que demuestran el estrago ambiental en la zona analizada, específicamente la situación de colapso del entorno de Tantanacuy. “Los desmontes ejecutados fueron continuos y sistemáticos, hasta que eliminaron todos los montes de la zona”, advirtieron desde el Centro de Estudios.
Las Rejas
El caso más paradigmático se ha dado en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown, que fueron las más atacadas. “Desmontaron a tala rasa”, expone el informe y añade que “las dos parcelas constituyen una superficie de 5000 hectáreas”. “Los suelos son Clase V, no aptos para la agricultura. La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas”, profundiza.
“Los desmontes ejecutados por un fuerte grupo económico contó con la complacencia de la Dirección de Bosques: Obtuvieron planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, que fueron autorizados por la nefasta Dirección de Bosques. El mayor desmonte se produjo en el establecimiento “Las Rejas”, explicaron desde el Centro Mandela.
Denuncia Administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público.
A la se planteó que se notifique al gobernador para que tome intervención y actúe conforme está previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
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UNLP advierte sobre el uso de maderas nativas como leña
Preocupa a los científicos el uso de maderas nativas como leña
Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: Agencia CyTA Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Según un estudio realizado en La Plata, las especies más vendidas son el quebracho colorado, históricamente muy explotado, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. El amplio conocimiento de los expendedores sobre la utilidad de especies alternativas podría guiar estrategias de conservación.
Con el objeto de calefaccionar los hogares, sobre todo, pero también para cocinar, la leña es un combustible necesario en el partido de La Plata (Buenos Aires). Pero preocupa que, según un estudio local, las maderas más vendidas y valoradas sean el quebracho colorado, muy explotada a lo largo del tiempo en su área de origen, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. Para los investigadores, estos y otros resultados son útiles para diseñar estrategias de conservación y para discutir la continuidad del uso irrestricto en todo el país de estas plantas nativas.
“El quebracho colorado era una especie que se esperaba hallar como leña, ya que es muy conocida y muy valorada para tal fin. El itín, en cambio, fue un hallazgo”, remarcó a la Agencia CyTA-Leloir Patricia Arenas, directora del estudio e integrante del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Junto con María Belén Doumecq, bióloga y becaria doctoral del CONICET, encuestaron entre 2017 y 2018 a expendedores de 13 sitios de venta de leña en el partido de La Plata para evaluar cuánto sabían sobre las especies comercializadas, las consideradas más aptas para usar como leña, su procedencia y forma de obtención, entre otros aspectos.
Tras analizar las entrevistas, las científicas destacaron el amplio conocimiento de los expendedores sobre los 32 tipos de leña, tanto nativa como exótica, que se venden en la zona relevada, según la misma investigación. Sin embargo, también señalaron que la mayoría de los discursos no reflejaron preocupación en cuanto a la venta de leña de especies en riesgo. “Solo en un caso, el expendedor mencionó que la leña de quebracho provenía de las ramas caídas. Por las dimensiones del producto, esto es incongruente, pero deja entrever conocimiento del impacto que tiene la extracción de leña de árboles en pie”, informó Doumecq.
Las autoras del estudio, publicado en el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, destacan que los saberes de los pobladores “pueden ser de gran utilidad en la resolución de problemáticas ambientales locales, tales como la identificación de especies valiosas como leña y alternativas al uso de plantas nativas”. Algunas de las especies exóticas de rápido crecimiento que son abundantes en la zona y que podrían funcionar como combustible son la acacia negra, el ligustro y el fresno.
Solo 4 de las especies comercializadas son nativas de la zona del estudio, y se identificaron 20 exóticas. Además, 22 de estos se obtienen por extracción dentro de la zona de estudio, en su mayoría correspondientes a especies implantadas o que actualmente crecen de forma espontánea en el área; y 8 se compran en otras partes del país, principalmente en el norte (Formosa, Chaco y Santiago del Estero).
“En comparación con los estudios realizados en otros sitios de la ribera platense, menos urbanizados, el consumo de leña en los hogares del partido de La Plata es relativamente más bajo; mientras que los sitios de reventa y parrillas son más abundantes y expenden mayores cantidades. Esto es acorde a las necesidades de la vida urbana”, afirmó Arenas, quien también es investigadora del CONICET.
De todas maneras, como los expendedores y los consumidores consideran que la leña que se extrae de la zona es “de mediana a mala calidad”, el estudio también alerta sobre la necesidad de generar un cambio de conciencia. “Los pobladores que fueron entrevistados participaron con mucho entusiasmo. Asimismo, se llevaron a cabo talleres con la comunidad educativa de una de las localidades del área de estudio en el marco de un proyecto de extensión, y los estudiantes y docentes mostraron mucho interés en el tema”, concluyó Doumecq.
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Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: Agencia CyTA Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Según un estudio realizado en La Plata, las especies más vendidas son el quebracho colorado, históricamente muy explotado, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. El amplio conocimiento de los expendedores sobre la utilidad de especies alternativas podría guiar estrategias de conservación.
Con el objeto de calefaccionar los hogares, sobre todo, pero también para cocinar, la leña es un combustible necesario en el partido de La Plata (Buenos Aires). Pero preocupa que, según un estudio local, las maderas más vendidas y valoradas sean el quebracho colorado, muy explotada a lo largo del tiempo en su área de origen, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. Para los investigadores, estos y otros resultados son útiles para diseñar estrategias de conservación y para discutir la continuidad del uso irrestricto en todo el país de estas plantas nativas.
“El quebracho colorado era una especie que se esperaba hallar como leña, ya que es muy conocida y muy valorada para tal fin. El itín, en cambio, fue un hallazgo”, remarcó a la Agencia CyTA-Leloir Patricia Arenas, directora del estudio e integrante del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Junto con María Belén Doumecq, bióloga y becaria doctoral del CONICET, encuestaron entre 2017 y 2018 a expendedores de 13 sitios de venta de leña en el partido de La Plata para evaluar cuánto sabían sobre las especies comercializadas, las consideradas más aptas para usar como leña, su procedencia y forma de obtención, entre otros aspectos.
Tras analizar las entrevistas, las científicas destacaron el amplio conocimiento de los expendedores sobre los 32 tipos de leña, tanto nativa como exótica, que se venden en la zona relevada, según la misma investigación. Sin embargo, también señalaron que la mayoría de los discursos no reflejaron preocupación en cuanto a la venta de leña de especies en riesgo. “Solo en un caso, el expendedor mencionó que la leña de quebracho provenía de las ramas caídas. Por las dimensiones del producto, esto es incongruente, pero deja entrever conocimiento del impacto que tiene la extracción de leña de árboles en pie”, informó Doumecq.
Las autoras del estudio, publicado en el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, destacan que los saberes de los pobladores “pueden ser de gran utilidad en la resolución de problemáticas ambientales locales, tales como la identificación de especies valiosas como leña y alternativas al uso de plantas nativas”. Algunas de las especies exóticas de rápido crecimiento que son abundantes en la zona y que podrían funcionar como combustible son la acacia negra, el ligustro y el fresno.
Solo 4 de las especies comercializadas son nativas de la zona del estudio, y se identificaron 20 exóticas. Además, 22 de estos se obtienen por extracción dentro de la zona de estudio, en su mayoría correspondientes a especies implantadas o que actualmente crecen de forma espontánea en el área; y 8 se compran en otras partes del país, principalmente en el norte (Formosa, Chaco y Santiago del Estero).
“En comparación con los estudios realizados en otros sitios de la ribera platense, menos urbanizados, el consumo de leña en los hogares del partido de La Plata es relativamente más bajo; mientras que los sitios de reventa y parrillas son más abundantes y expenden mayores cantidades. Esto es acorde a las necesidades de la vida urbana”, afirmó Arenas, quien también es investigadora del CONICET.
De todas maneras, como los expendedores y los consumidores consideran que la leña que se extrae de la zona es “de mediana a mala calidad”, el estudio también alerta sobre la necesidad de generar un cambio de conciencia. “Los pobladores que fueron entrevistados participaron con mucho entusiasmo. Asimismo, se llevaron a cabo talleres con la comunidad educativa de una de las localidades del área de estudio en el marco de un proyecto de extensión, y los estudiantes y docentes mostraron mucho interés en el tema”, concluyó Doumecq.
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Desmontes: Urtubey, presionado, multó a los Braun Peña
Urtubey multó a Braun Peña por los desmontes y lo obligó a reforestar las zonas afectadas
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Salta
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Multa histórica en Misiones por desmontes
Ecología aplicó multa de casi 4 millones de pesos por desmonte ilegal e intimó al infractor a restaurar la superficie desmontada
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la Dirección General de Bosques Nativos, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se procedió a sancionar al propietario de dos inmuebles radicados uno en el municipio de San Vicente y otro en el municipio de Bernardo de Irigoyen, por desmontar, en el primero una superficie total 82,50 has (categoría II-Amarillo de la Ley XVI N°105 de Bosques Nativos) en virtud del Acta de Constatación realizada en fecha 11 de Enero de 2017, y en el segundo caso por constatación realizada en fecha 05 de Abril de 2018, en que se detectó el cambio de uso de suelo de una superficie total de 205,52 has, desmonte sin autorización de la autoridad de aplicación conforme a lo establecido por el Art. 11 y 12 de la Ley XVI Nº 105, Decreto Reglamentario Nº 67/11 y Ley Nacional Nº 26331.
Habiéndose llevado adelante la etapa probatoria en ambos sumarios se procedió a establecer una sanción pecuniaria por un importe de total de tres millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos, ($ 3.832.984), monto que se encuentra en proceso administrativo de cobro y asimismo también se estableció como sanción accesoria la obligación de restauración, para lo cual fue intimado para que dentro del plazo de treinta días presente un Plan de Restauración de la superficie desmontada sobre suelo no apto para cambio de uso de suelo, a los fines de que la misma vuelva a contar con bosque nativo, y el cual será sometido a monitoreo por técnicos del Ministerio de Ecología y de RNR.
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la Dirección General de Bosques Nativos, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se procedió a sancionar al propietario de dos inmuebles radicados uno en el municipio de San Vicente y otro en el municipio de Bernardo de Irigoyen, por desmontar, en el primero una superficie total 82,50 has (categoría II-Amarillo de la Ley XVI N°105 de Bosques Nativos) en virtud del Acta de Constatación realizada en fecha 11 de Enero de 2017, y en el segundo caso por constatación realizada en fecha 05 de Abril de 2018, en que se detectó el cambio de uso de suelo de una superficie total de 205,52 has, desmonte sin autorización de la autoridad de aplicación conforme a lo establecido por el Art. 11 y 12 de la Ley XVI Nº 105, Decreto Reglamentario Nº 67/11 y Ley Nacional Nº 26331.
Habiéndose llevado adelante la etapa probatoria en ambos sumarios se procedió a establecer una sanción pecuniaria por un importe de total de tres millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos, ($ 3.832.984), monto que se encuentra en proceso administrativo de cobro y asimismo también se estableció como sanción accesoria la obligación de restauración, para lo cual fue intimado para que dentro del plazo de treinta días presente un Plan de Restauración de la superficie desmontada sobre suelo no apto para cambio de uso de suelo, a los fines de que la misma vuelva a contar con bosque nativo, y el cual será sometido a monitoreo por técnicos del Ministerio de Ecología y de RNR.
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Zonas protegidas de Corrientes desmontadas por dragados
Grupos ecologistas exigen que se detenga el dragado del Riachuelo por el impacto ambiental
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Fiesta del desmonte en Salta
Greenpeace representó “la fiesta del desmonte” y denunció que el salteño “Urtubey es cómplice de los criminales”
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Salta
Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.
“La fiesta del desmonte suele ser exclusiva para los empresarios y productores agrícolas que, con el aval de los funcionarios, destruyen a su antojo los bosques salteños, a pesar de estar protegidos por la Ley Nacional de Bosques. Por eso, hoy quisimos mostrar la fiesta, para denunciar públicamente la impunidad con la que se manejan en relación a nuestros bosques. Mientras las lluvias inundan a Anta, la fiesta del desmonte continúa.”, expresó Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace.
Según la organización ecologista, en el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país, en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.
A pesar de que tanto la Nación como la Provincia dictaron resoluciones que suspenden los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas y obligan a la remediación de las zonas afectadas, la deforestación continúa avanzando.
Tres de las 32 fincas son casos que ya habían sido denunciados en 2014 (1), las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“A pesar de sus promesas de detener el desmonte ilegal en su provincia, el gobernador Urtubey continúa siendo cómplice de estos criminales. Por eso, le exigimos que cumpla su rol y controle el cumplimiento de la normativa vigente, aplique multas significativas y los obligue a reforestar”, señaló Salas.
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Denuncian desmonte en emblemático cerro tucumano
Denuncian el desmonte de una hectárea de bosque nativo en el cerro San Javier
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Integrantes de la organización "No destruyan mi Cerro" registraron cómo quedó el lugar luego de que sacaran ejemplares de árboles autóctonos para extender fincas de limones.
"Me largué a llorar por ver tanto daño", confiesa Estela Figueroa, integrante de la organización "No Destruyan Mi Cerro", en diálogo con eltucumano.com. Esa sensación de angustia le causó ver alrededor de una hectárea completamente desmontada en la margen noroeste del río Anta Yacu para extender fincas de limones y aumentar la productividad.
Si bien los cálculos no son exactos, Estela estima que alrededor de una hectárea -que previamente contaba con árboles autóctonos como tipas y lapachos-, fue arrasada por los dueños de una finca aledaña.
"Siempre me voy a correr por el cerro y hace tiempo que no pasaba por ese lugar. Cuando he visto todo lo han hecho me he puesto a pensar cómo hago para llegar al dueño de la finca, no tengo idea de quiénes son", relata.
La organización "No destruyan mi Cerro" fue creada en el año 2011 justamente para evitar el avance del desmonte, no sólo en el pedemonte, sino también sobre las márgenes del río. "Es un peligro, porque cuando llueva y ese río traiga agua se va a inundar todo", agrega.
Según el relato de Estela, "el daño es muy grande" y han utilizado hasta el último centímetro del margen del río para establecer cultivos. "Si mal no recuerdo, por ley debe haber una distancia entre la margen del rio y la siembra", puntualiza. "Todo lo que han arrasado del monte, está puesto contra el barranco. Si vas por el río, ves la montaña de troncos y madera tirada que eran árboles con raíces. Cuando llueva, yo no sé que va a pasar. Por lógica, lo que han hecho está mal", concluyó.
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San Juan: crece la depredación de la fauna y flora
La depredación de la fauna y flora silvestre
Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A pesar de los controles en áreas protegidas de la provincia, crece la caza furtiva y la comercialización de animales autóctonos y las talas ilegales del monte
En San Juan está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción como también la pesca en épocas de veda y la tala de árboles autóctonos que se convierten en leña. La protección de las áreas protegidas está enmarcada en la ley 606-L y el organismo provincial tiene la misión del control preventivo para disuadir a los depredadores y actuar frente el delito consumado.
Sin embargo, los hechos que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encarga de publicitar como exitosos, no parecen reflejar la realidad. Es habitual observar en el Gran San Juan y departamentos alejados, la exhibición de jaulas con pájaros exóticos que se venden impunemente. Asimismo se promociona en corralones la leña proveniente del monte natural.
Todo indica que la normativa vigente, y de la forma que se la aplica, es demasiado permisiva por tratarse de un delito contravencional reprimido hasta con 2 años de prisión y por ello excarcelable para quien cace animales de la fauna protegida o los comercialice. Pero también se secuestran armas y municiones de guerra a los cazadores, agravando la situación de los detenidos in fraganti.
La opinión pública siempre coincide en las críticas que se hacen a los operativos por el celo que pone la repartición y la Justicia que interviene, en mantener en reserva el nombre de los delincuentes y los lugares donde se vendían las piezas incautadas. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen cómo terminan los procedimientos, con las sanciones aplicadas incluyendo a las reincidencias, que son muchas según las redes sociales.
Distan mucho estas actuaciones si se las compara con un simple arrebatador detenido que termina en la justicia de Flagrancia. Sin duda es necesario replantear la legislación contra los depredadores del ambiente natural protegido y sancionar duramente a los traficantes que ofrecen hasta por Internet las aves capturadas. La depredación incluye a la "muerte ecológica" provocada por un apropiador cuando libera un animal que ya no puede sobrevivir en su hábitat natural tras haber vivido en cautiverio.
El tráfico ilícito mundial de flora y fauna mueve anualmente unos 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilegal detrás del de las drogas y armas, según un informe de la ONU. En nuestro país se calcula en casi 100 millones por año ese movimiento clandestino. Son referencias válidas para actuar de inmediato endureciendo las penas.
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Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A pesar de los controles en áreas protegidas de la provincia, crece la caza furtiva y la comercialización de animales autóctonos y las talas ilegales del monte
En San Juan está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción como también la pesca en épocas de veda y la tala de árboles autóctonos que se convierten en leña. La protección de las áreas protegidas está enmarcada en la ley 606-L y el organismo provincial tiene la misión del control preventivo para disuadir a los depredadores y actuar frente el delito consumado.
Sin embargo, los hechos que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encarga de publicitar como exitosos, no parecen reflejar la realidad. Es habitual observar en el Gran San Juan y departamentos alejados, la exhibición de jaulas con pájaros exóticos que se venden impunemente. Asimismo se promociona en corralones la leña proveniente del monte natural.
Todo indica que la normativa vigente, y de la forma que se la aplica, es demasiado permisiva por tratarse de un delito contravencional reprimido hasta con 2 años de prisión y por ello excarcelable para quien cace animales de la fauna protegida o los comercialice. Pero también se secuestran armas y municiones de guerra a los cazadores, agravando la situación de los detenidos in fraganti.
La opinión pública siempre coincide en las críticas que se hacen a los operativos por el celo que pone la repartición y la Justicia que interviene, en mantener en reserva el nombre de los delincuentes y los lugares donde se vendían las piezas incautadas. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen cómo terminan los procedimientos, con las sanciones aplicadas incluyendo a las reincidencias, que son muchas según las redes sociales.
Distan mucho estas actuaciones si se las compara con un simple arrebatador detenido que termina en la justicia de Flagrancia. Sin duda es necesario replantear la legislación contra los depredadores del ambiente natural protegido y sancionar duramente a los traficantes que ofrecen hasta por Internet las aves capturadas. La depredación incluye a la "muerte ecológica" provocada por un apropiador cuando libera un animal que ya no puede sobrevivir en su hábitat natural tras haber vivido en cautiverio.
El tráfico ilícito mundial de flora y fauna mueve anualmente unos 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilegal detrás del de las drogas y armas, según un informe de la ONU. En nuestro país se calcula en casi 100 millones por año ese movimiento clandestino. Son referencias válidas para actuar de inmediato endureciendo las penas.
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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Misiones: desmienten desmonte en comunidad mbya
Ante denuncias, desmienten desmonte en comunidad mbya
Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Desmonte de cerro irracional en Comodoro Rivadavia
Vecinos procupados por el desmonte del cerro en el barrio Castelli
Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Vecinos del barrio Castelli de esta ciudad, se oponen al desmonte de un cerro para la edificación de viviendas, ya que argumentan que no se efectuó el estudio de impacto ambiental. Luis Perea, uno de los habitantes del sector, informó en Actualidad 2.0 que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas” contratadas por la Cooperativa de Viviendas 20 de Julio, quienes gestionaron en el 2010 ante la municipalidad, el pedido de esas tierras.
“La Cooperativa es la 20 de Julio que presentó un expediente solicitando 20 lotes, eso luego pasa por planeamiento urbano, pero nunca pasó por Medio Ambiente, donde ellos tienen planificado los 20 lotes sobre el cerro que está al costado de la Ruta Nº3”, informó.
Además, insistió en que los vecinos están preocupados por el medio ambiente, “ya que el estudio de impacto no fue respetado”, y remarcó que “tenemos el agravante de que el terreno está al lado del Arroyo Belgrano”.
Perea aclaró que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas. Sin previa autorización del municipio empezaron a desmontar el cerro y no tienen el estudio de impacto ambiental, es como si mañana fuera a cualquier lado e hiciera lo que tenga ganas”, consideró.
“Me he apersonado a la secretaría de Medio Ambiente para ver si tenían el estudio de impacto ambiental, y tengo certezas de que no lo presentaron y no hay autorización del municipio”, remarcó.
Por último, sostuvo que “cuando estaban desmontando el cerro no se acercó nunca la policía pero cuando los chicos ponían un cartel para manifestar la problemática, vino la policía para ver qué pasaba”. Por tal motivo, afirmó que “la postura es no al desmonte del cerro”.
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Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Vecinos del barrio Castelli de esta ciudad, se oponen al desmonte de un cerro para la edificación de viviendas, ya que argumentan que no se efectuó el estudio de impacto ambiental. Luis Perea, uno de los habitantes del sector, informó en Actualidad 2.0 que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas” contratadas por la Cooperativa de Viviendas 20 de Julio, quienes gestionaron en el 2010 ante la municipalidad, el pedido de esas tierras.
“La Cooperativa es la 20 de Julio que presentó un expediente solicitando 20 lotes, eso luego pasa por planeamiento urbano, pero nunca pasó por Medio Ambiente, donde ellos tienen planificado los 20 lotes sobre el cerro que está al costado de la Ruta Nº3”, informó.
Además, insistió en que los vecinos están preocupados por el medio ambiente, “ya que el estudio de impacto no fue respetado”, y remarcó que “tenemos el agravante de que el terreno está al lado del Arroyo Belgrano”.
Perea aclaró que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas. Sin previa autorización del municipio empezaron a desmontar el cerro y no tienen el estudio de impacto ambiental, es como si mañana fuera a cualquier lado e hiciera lo que tenga ganas”, consideró.
“Me he apersonado a la secretaría de Medio Ambiente para ver si tenían el estudio de impacto ambiental, y tengo certezas de que no lo presentaron y no hay autorización del municipio”, remarcó.
Por último, sostuvo que “cuando estaban desmontando el cerro no se acercó nunca la policía pero cuando los chicos ponían un cartel para manifestar la problemática, vino la policía para ver qué pasaba”. Por tal motivo, afirmó que “la postura es no al desmonte del cerro”.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Misiones: autoridades sancionan el desmonte cuestionado
Ecología sancionó por apeo ilegal que afectó a comunidad mbya
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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legislación y derecho ambiental
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Caputo suma denuncias por desmonte ilegal
Más denuncias contra Caputo
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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Polémica autovía en Córdoba sería autorizada con cambios
Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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