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Golpe al tráfico de madera talada ilegalmente
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Desarticularon una banda que talaba especies protegidas
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
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Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
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Chaco: desmontes en zona roja, denuncian a autoridades
Denuncian a Bosques por autorizar desmontes en una zona protegida del Departamento Brown
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Etiquetas:
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental
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Nación impulsa la trazabilidad en los productos forestales
Avanza el control forestal en Argentina
Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente nacional impulsa la trazabilidad en los productos forestales y busca combatir el transporte y el comercio ilegales de la madera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del director nacional de Bosques Juan Pedro Cano, presentó a técnicos y autoridades de provincias patagónicas y del norte argentino el sistema de administración, control y verificación forestal (SACVeFor), una herramienta de influencia directa en la mejora y el control del manejo forestal que permitirá elevar la transparencia y la fiscalización sobre el uso de los bosques nativos.
“Buscamos tener mejores herramientas para transparentar la gestión ambiental y mejorar la trazabilidad y control de los bosques”, destacó Cano.
Mediante un taller desarrollado en dos jornadas, el primer día con representantes de Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y el segundo con representantes de Catamarca, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Misiones y Formosa, profundizaron en la implementación del sistema de guía única electrónica desarrollado por el Ministerio de Ambiente nacional para obtener trazabilidad en los productos forestales y combatir el transporte y el comercio ilegales de madera.
Durante la actividad se compartieron experiencias de las realidades locales y regionales en el registro, tránsito y control de productos madereros, se abordaron las utilidades del sistema y se realizaron pruebas para su posterior utilización.
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Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente nacional impulsa la trazabilidad en los productos forestales y busca combatir el transporte y el comercio ilegales de la madera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del director nacional de Bosques Juan Pedro Cano, presentó a técnicos y autoridades de provincias patagónicas y del norte argentino el sistema de administración, control y verificación forestal (SACVeFor), una herramienta de influencia directa en la mejora y el control del manejo forestal que permitirá elevar la transparencia y la fiscalización sobre el uso de los bosques nativos.
“Buscamos tener mejores herramientas para transparentar la gestión ambiental y mejorar la trazabilidad y control de los bosques”, destacó Cano.
Mediante un taller desarrollado en dos jornadas, el primer día con representantes de Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y el segundo con representantes de Catamarca, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Misiones y Formosa, profundizaron en la implementación del sistema de guía única electrónica desarrollado por el Ministerio de Ambiente nacional para obtener trazabilidad en los productos forestales y combatir el transporte y el comercio ilegales de madera.
Durante la actividad se compartieron experiencias de las realidades locales y regionales en el registro, tránsito y control de productos madereros, se abordaron las utilidades del sistema y se realizaron pruebas para su posterior utilización.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Denuncian ante la CIDH "aprietes" por alerta de desmontes
Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas cercanas al Gobierno
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Innovadora protesta en Salta por los desmontes
Con una enorme puesta en escena, Greenpeace cuestionó a Urtubey en la Facultad de Derecho
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Lamentable: zorros van a countries a buscan comida
Video: zorros buscan comida en countries del noroeste de Córdoba
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Un tierno video casero también puede interpretarse como la disminución del espacio donde viven estos animales, ante el avance de las construcciones.
Un video casero muestra a una importante cantidad de zorritos “apilados” en la puerta de una casa en un country del noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las imágenes, difundidas por La Voz del Interior, son tiernas para quien guste de estos simpáticos animalitos.
La contracara es que el video refleja la disminución del espacio ambiental donde vivien estos animales, que ante el avance de las construcciones urbanas no les queda más que acercarse a buscar alimentos.
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Un tierno video casero también puede interpretarse como la disminución del espacio donde viven estos animales, ante el avance de las construcciones.
Un video casero muestra a una importante cantidad de zorritos “apilados” en la puerta de una casa en un country del noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las imágenes, difundidas por La Voz del Interior, son tiernas para quien guste de estos simpáticos animalitos.
La contracara es que el video refleja la disminución del espacio ambiental donde vivien estos animales, que ante el avance de las construcciones urbanas no les queda más que acercarse a buscar alimentos.
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¿Se viene el aval de Ambiente para el desmonte en Salta?
Nación y Salta firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de la provincia
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Impunidad salteña para seguir con los desmontes
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”
Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Córdoba: dos exsecretarios de Ambiente a juicio
Por emprendimientos de Gama y Epec, un juez envió a juicio a dos exsecretarios de Ambiente de Córdoba
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Imputados
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Imputados
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes
Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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La AGN también dice que Salta debe reforestar los bosques
La Auditoría General de la Nación reclama a Salta que se anulen y reforesten los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La Auditoría General de la Nación; AGN; publicó un informe sobre la implementación de la Ley de Bosques en el que advierte sobre la violación de la normativa nacional en la provincia de Salta. Mediante el reporte, que fue realizado en 2017 pero que tomó estado público hace unos días, la AGN exige la anulación de los permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.
El organismo nacional advierte que en la provincia de Salta “se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas”.
Frente a esta situación, la AGN señala: “Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos. (…) Salta debería anular los permisos de desmontes aún no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectadas por los desmontes ya realizados”.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.
En la misma línea que la AGN, la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
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Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La Auditoría General de la Nación; AGN; publicó un informe sobre la implementación de la Ley de Bosques en el que advierte sobre la violación de la normativa nacional en la provincia de Salta. Mediante el reporte, que fue realizado en 2017 pero que tomó estado público hace unos días, la AGN exige la anulación de los permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.
El organismo nacional advierte que en la provincia de Salta “se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas”.
Frente a esta situación, la AGN señala: “Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos. (…) Salta debería anular los permisos de desmontes aún no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectadas por los desmontes ya realizados”.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.
En la misma línea que la AGN, la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
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Salta: empresario elude la ley y sigue desmontando
Pese al pedido de parar las topadoras, empresario uruguayo continúa desmontando en Salta
Fecha de Publicación: 10/04/2018
Fuente: Informe Salta
Fecha de Publicación: 10/04/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que Bruno Varela incumple con las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta ordenándole cesar el desmonte. Desde entonces arrasó cerca de 170 hectáreas de bosques nativos.
La finca “La Peregrina” fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte). Su dueño es Bruno Mauricio Varela Marín, un empresario uruguayo y pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta, continúa arrasando con todo a su paso.
“A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo”.
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La finca “La Peregrina” fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte). Su dueño es Bruno Mauricio Varela Marín, un empresario uruguayo y pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta, continúa arrasando con todo a su paso.
“A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo”.
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En Catamarca piden frenar los desmontes por 10 años
Emergencia: Piden parar con los desmontes por 10 años en Catamarca
Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Detectan desmonte de palo santo en Chaco
Bosques detectó 150 rollos de palo santo sin cáscara en Nueva Pompeya
Fecha de Publicación: 01/04/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
En base a una denuncia efectuada ante la Fiscalía Multifueros de Misión Nueva Pompeya, la Dirección de Bosques del Chaco inspeccionó dos predios y en uno de ellos verificó la tala ilegal de especies de palo santo.
En un primer momento personal de la Dirección de Bosques atendió una denuncia efectuada en la Fiscalía Multifueros de aquella localidad. Los inspectores acudieron al campo denunciado y se constató que disponía de un permiso habilitado por el organismo y que el aprovechamiento se encontraba realizado conforme al plan de manejo autorizado.
Posteriormente se trasladaron a un predio donde se verificó el aprovechamiento sin permiso de la especie Palo Santo y se encontraron 150 rollos sin cáscara, preparados para ser transportados. Los inspectores tomaron declaración a los posibles infractores, dejando al adjudicatario del predio como depositario de los productos. Las actuaciones se continuarán en la Oficina Central de la Dirección de Bosques.
Convenio CITES
El convenio internacional sobre “Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES) se suscribió con el objetivo de controlar el comercio internacional de especies forestales nativas y de la fauna silvestre.
La República Argentina es parte, por lo tanto aplicable para las especies en la provincia del Chaco. Hace unos años, se declaró a la especie Palo Santo bajo el ámbito de protección de sus normas.
Esta especie, al estar incluida dentro del Convenio CITES, implica que cualquier persona que quiera comercializar este producto en el exterior, debe dar cumplimiento a la normativa específica que se encuentra reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Palo Santo tiene presencia en Chaco, Formosa y Salta, lo que amerita un control especial entre las tres jurisdicciones en forma conjunta con el Gobierno Nacional, quien es la autoridad responsable de aplicar las normativas del convenio CITES.
Quien esté interesado en la comercialización de esta especie independientemente del CITES debe respetar las normas provinciales. Chaco cuenta con la Ley 7.887, sancionada en 2016, que prohíbe la salida de la provincia de madera sin industrialización.
Tal situación legal se encuentra legislada en Formosa y Santiago del Estero, no así en Salta, que es una de las jurisdicciones del país donde se hace presente esta especie nativa.
Delegación de Misión Nueva Pompeya
Desde el Gobierno Provincial se viene avanzando en la construcción de una Delegación del Ministerio de Producción en Nueva Pompeya, donde no solo funcionará la dependencia de la Dirección de Bosques, sino también otras áreas de la cartera productiva chaqueña y del Instituto de Colonización.
Estas instalaciones dispondrán de una balanza que servirá como una herramienta más para el control y verificación del tránsito de productos forestales. La obra está en trámite y se está llevando adelante en forma conjunta con el Ministerio de Infraestructura de la provincia.
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Fecha de Publicación: 01/04/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
En base a una denuncia efectuada ante la Fiscalía Multifueros de Misión Nueva Pompeya, la Dirección de Bosques del Chaco inspeccionó dos predios y en uno de ellos verificó la tala ilegal de especies de palo santo.
En un primer momento personal de la Dirección de Bosques atendió una denuncia efectuada en la Fiscalía Multifueros de aquella localidad. Los inspectores acudieron al campo denunciado y se constató que disponía de un permiso habilitado por el organismo y que el aprovechamiento se encontraba realizado conforme al plan de manejo autorizado.
Posteriormente se trasladaron a un predio donde se verificó el aprovechamiento sin permiso de la especie Palo Santo y se encontraron 150 rollos sin cáscara, preparados para ser transportados. Los inspectores tomaron declaración a los posibles infractores, dejando al adjudicatario del predio como depositario de los productos. Las actuaciones se continuarán en la Oficina Central de la Dirección de Bosques.
Convenio CITES
El convenio internacional sobre “Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES) se suscribió con el objetivo de controlar el comercio internacional de especies forestales nativas y de la fauna silvestre.
La República Argentina es parte, por lo tanto aplicable para las especies en la provincia del Chaco. Hace unos años, se declaró a la especie Palo Santo bajo el ámbito de protección de sus normas.
Esta especie, al estar incluida dentro del Convenio CITES, implica que cualquier persona que quiera comercializar este producto en el exterior, debe dar cumplimiento a la normativa específica que se encuentra reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Palo Santo tiene presencia en Chaco, Formosa y Salta, lo que amerita un control especial entre las tres jurisdicciones en forma conjunta con el Gobierno Nacional, quien es la autoridad responsable de aplicar las normativas del convenio CITES.
Quien esté interesado en la comercialización de esta especie independientemente del CITES debe respetar las normas provinciales. Chaco cuenta con la Ley 7.887, sancionada en 2016, que prohíbe la salida de la provincia de madera sin industrialización.
Tal situación legal se encuentra legislada en Formosa y Santiago del Estero, no así en Salta, que es una de las jurisdicciones del país donde se hace presente esta especie nativa.
Delegación de Misión Nueva Pompeya
Desde el Gobierno Provincial se viene avanzando en la construcción de una Delegación del Ministerio de Producción en Nueva Pompeya, donde no solo funcionará la dependencia de la Dirección de Bosques, sino también otras áreas de la cartera productiva chaqueña y del Instituto de Colonización.
Estas instalaciones dispondrán de una balanza que servirá como una herramienta más para el control y verificación del tránsito de productos forestales. La obra está en trámite y se está llevando adelante en forma conjunta con el Ministerio de Infraestructura de la provincia.
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Vuelve a repuntar la deforestación en Argentina
El desmonte ilegal continúa avanzando
Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra entre las diez naciones que más han erradicado el monte natural en el mundo con unas 300.000 hectáreas anuales
El año pasado volvió a aumentar la deforestación ilegal en la Argentina con respecto a los valores de 2016, un ilícito perpetrado con el fin de ampliar la frontera agropecuaria, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Son 128.217 hectáreas de bosques talados y el 42% en reservas naturales protegidas.
En estas cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte ilegal, más la zona pampeana, donde se localiza el resto de la depredación verde -según muestran imágenes satelitales-, se han desarrollado emprendimientos de soja transgénica y ganadería intensiva. También se produjeron incendios intencionales para eliminar malezas, de acuerdo a las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la ambientalista Greenpeace.
La tala furtiva en el país es un problema que viene de décadas y si bien ha disminuido en los últimos años, las soluciones no parecen ser las apropiadas para frenar los planes de las poderosas multinacionales que lucran en el marco de una emergencia forestal.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años, el llamado Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados, que lleva plantados unos 81.800 ejemplares. Pero es una tarea ecológica a largo plazo que va a demandar muchos años, mientras por otro lado las topadoras arrasan alevosamente en minutos las zonas vedadas.
La impunidad está en la legislación. Si bien existe la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, la norma se limita a aplicar apercibimientos y multas de montos irrisorios, según los criterios de los organismos ambientales de las provincias afectadas. En general se trata de simples transgresiones para ser evaluadas por la Justicia de Faltas.
Por eso los grandes empresarios pagan las multas como otro trámite burocrático y continúan con las deforestaciones. Muy diferente sería ante una figura penal del fuero federal porque se comete un daño irreversible a la biomasa y la biodiversidad del planeta. Y todo esto enmarcado en una emergencia forestal nacional de repercusión mundial.
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Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra entre las diez naciones que más han erradicado el monte natural en el mundo con unas 300.000 hectáreas anuales
El año pasado volvió a aumentar la deforestación ilegal en la Argentina con respecto a los valores de 2016, un ilícito perpetrado con el fin de ampliar la frontera agropecuaria, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Son 128.217 hectáreas de bosques talados y el 42% en reservas naturales protegidas.
En estas cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte ilegal, más la zona pampeana, donde se localiza el resto de la depredación verde -según muestran imágenes satelitales-, se han desarrollado emprendimientos de soja transgénica y ganadería intensiva. También se produjeron incendios intencionales para eliminar malezas, de acuerdo a las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la ambientalista Greenpeace.
La tala furtiva en el país es un problema que viene de décadas y si bien ha disminuido en los últimos años, las soluciones no parecen ser las apropiadas para frenar los planes de las poderosas multinacionales que lucran en el marco de una emergencia forestal.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años, el llamado Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados, que lleva plantados unos 81.800 ejemplares. Pero es una tarea ecológica a largo plazo que va a demandar muchos años, mientras por otro lado las topadoras arrasan alevosamente en minutos las zonas vedadas.
La impunidad está en la legislación. Si bien existe la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, la norma se limita a aplicar apercibimientos y multas de montos irrisorios, según los criterios de los organismos ambientales de las provincias afectadas. En general se trata de simples transgresiones para ser evaluadas por la Justicia de Faltas.
Por eso los grandes empresarios pagan las multas como otro trámite burocrático y continúan con las deforestaciones. Muy diferente sería ante una figura penal del fuero federal porque se comete un daño irreversible a la biomasa y la biodiversidad del planeta. Y todo esto enmarcado en una emergencia forestal nacional de repercusión mundial.
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legislación y derecho ambiental,
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Caputo, desmontes en Santiago y denuncia al Gobernador
Greenpeace denunció a una empresa del ministro de Finanzas por desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero
La ONG envió una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora. Alertaron que dos socios del ministro continúan con un desmonte ilegal.
Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, que dos socios del ministro de Finanzas, Luis Caputo, continúan con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial. El lunes, el ministerio de Ambiente de la Nación le solicitará un informe detallado a la provincia en busca de una solución a la demanda.
En la carta dirigida al mandatario santiagueño y a la dirección de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero, Greenpeace denuncia que se está realizando un desmonte de “aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati, solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, donde actualmente se encuentran trabajando topadoras”. La zona está zonificada como Categoría Amarilla, donde no se admiten desmontes.
Tanto Méndez Ezcurra como Gándara figuran como presidente y director suplente –respectivamente- de Sacha Rupaska SA. En la última declaración jurada del ministro Caputo, figura que es socio: su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53. La empresa también fue acusada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona previo a 2007.
Según pudo averiguar PERFIL, la cartera ambiental que conduce Bergman recibió un facsímil de la carta y el lunes le pedirán un informe a la provincia para tener un panorama de la situación. Si bien los desmontes comenzaron en enero, hasta el momento la provincia no lo cargó en el sistema interno. Desde el entorno del ministro de Ambiente dicen que la situación es “irregular” y que van a “tomar cartas en el asunto para solucionarlo”. No obstante, sostienen que no tienen el poder de “policía” y que una solución inmediata puede llegar por parte de la gestión de Zamora.
Por su parte, el director de Bosques santiagueño, Jorge Rosales, sostuvo que los empresarios presentaron un plan de cambio de uso de suelo. “Legalmente no tengo herramientas para pararlos. Cumplieron con los requisitos”, dijo. También ratificó que el predio está en la zona “amarilla”. Sobre la imagen que adjunta este medio, Rosales afirma que es “relativo” por la baja resolución.
“No estamos informados de aquel desmonte. En teoría deberían haberlo cargado en la provincia para poder acceder al Fondo nacional para la conservación de bosques nativos. Es irregular, aunque es algo que puede ocurrir por falta de personal”, confían fuentes del ministerio.
En tanto, el ministro Caputo prefirió no contestar a la requisitoria de este diario sobre el tema, al decir que “ya habían aclarado el tema en su momento”.
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Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero
La ONG envió una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora. Alertaron que dos socios del ministro continúan con un desmonte ilegal.
Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, que dos socios del ministro de Finanzas, Luis Caputo, continúan con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial. El lunes, el ministerio de Ambiente de la Nación le solicitará un informe detallado a la provincia en busca de una solución a la demanda.
En la carta dirigida al mandatario santiagueño y a la dirección de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero, Greenpeace denuncia que se está realizando un desmonte de “aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati, solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, donde actualmente se encuentran trabajando topadoras”. La zona está zonificada como Categoría Amarilla, donde no se admiten desmontes.
Tanto Méndez Ezcurra como Gándara figuran como presidente y director suplente –respectivamente- de Sacha Rupaska SA. En la última declaración jurada del ministro Caputo, figura que es socio: su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53. La empresa también fue acusada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona previo a 2007.
Según pudo averiguar PERFIL, la cartera ambiental que conduce Bergman recibió un facsímil de la carta y el lunes le pedirán un informe a la provincia para tener un panorama de la situación. Si bien los desmontes comenzaron en enero, hasta el momento la provincia no lo cargó en el sistema interno. Desde el entorno del ministro de Ambiente dicen que la situación es “irregular” y que van a “tomar cartas en el asunto para solucionarlo”. No obstante, sostienen que no tienen el poder de “policía” y que una solución inmediata puede llegar por parte de la gestión de Zamora.
Por su parte, el director de Bosques santiagueño, Jorge Rosales, sostuvo que los empresarios presentaron un plan de cambio de uso de suelo. “Legalmente no tengo herramientas para pararlos. Cumplieron con los requisitos”, dijo. También ratificó que el predio está en la zona “amarilla”. Sobre la imagen que adjunta este medio, Rosales afirma que es “relativo” por la baja resolución.
“No estamos informados de aquel desmonte. En teoría deberían haberlo cargado en la provincia para poder acceder al Fondo nacional para la conservación de bosques nativos. Es irregular, aunque es algo que puede ocurrir por falta de personal”, confían fuentes del ministerio.
En tanto, el ministro Caputo prefirió no contestar a la requisitoria de este diario sobre el tema, al decir que “ya habían aclarado el tema en su momento”.
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Equipos para la luchha contra el comercio ilegal de madera
Ambiente entregó equipamiento para el trabajo contra el comercio ilegal de madera
Fecha de Publicación: 06/03/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Santiago del Estero, Salta y Jujuy son las primeras provincias que van a implementar el programa informático para controlar la extracción de productos forestales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, entregó ayer computadoras a las provincias de Santiago del Estero, Salta y Jujuy que servirán para el control y la carga de información sobre el transporte de productos forestales.
La entrega se realizó en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que lleva adelante la cartera de Ambiente y que tiene como objetivo impulsar el uso racional de los bosques y fortalecer a las comunidades locales para que puedan permanecer en sus territorios con el sustento de los bienes y servicios que estos ofrecen. El proyecto alcanza a unos 150.000 beneficiarios que acceden a obras, bienes, equipamiento, capacitación e información.
En ese sentido, Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos señaló que “la implementación de este programa es un hito para mejorar el control del comercio ilegal de la madera del bosque nativo”. Y agregó: “Estas provincias representan gran parte del comercio maderero de nuestro país”.
El proyecto tiene entre sus objetivos la aplicación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor) y fue creado para el control de la extracción de productos forestales y el tránsito de los mismos dentro de las provincias participantes. Este software profundiza el trabajo para la gestión, control y verificación del movimiento de productos.
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Fecha de Publicación: 06/03/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Santiago del Estero, Salta y Jujuy son las primeras provincias que van a implementar el programa informático para controlar la extracción de productos forestales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, entregó ayer computadoras a las provincias de Santiago del Estero, Salta y Jujuy que servirán para el control y la carga de información sobre el transporte de productos forestales.
La entrega se realizó en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que lleva adelante la cartera de Ambiente y que tiene como objetivo impulsar el uso racional de los bosques y fortalecer a las comunidades locales para que puedan permanecer en sus territorios con el sustento de los bienes y servicios que estos ofrecen. El proyecto alcanza a unos 150.000 beneficiarios que acceden a obras, bienes, equipamiento, capacitación e información.
En ese sentido, Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos señaló que “la implementación de este programa es un hito para mejorar el control del comercio ilegal de la madera del bosque nativo”. Y agregó: “Estas provincias representan gran parte del comercio maderero de nuestro país”.
El proyecto tiene entre sus objetivos la aplicación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor) y fue creado para el control de la extracción de productos forestales y el tránsito de los mismos dentro de las provincias participantes. Este software profundiza el trabajo para la gestión, control y verificación del movimiento de productos.
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No solo es Marquitos. Caputo también es viculado a desmontes
Caputo, involucrado en una empresa que hace desmontes ilegales en Santiago
Fecha de Publicación: 04/03/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Santiago del Estero
Luis "Toto" Caputo está involucrado en una empresa a la que apuntan las organizaciones ambientales por el desmonte ilegal de bosques en Santiago del Estero.
El ministro de Finanzas es socio de los dueños de Sacha Rupaska S.A, dedicada a la compra de terrenos en Santiago del Estero y denunciada por intentos de desalojo violento a casi un centenar de familias que vivían en esos predios antes de que fueran adquiridos en 2007.
La ONG Greenpeace, junto a otras entidades como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), un sector de la Iglesia y comunidades indígenas, le envió una carta al gobernador santiagueño Gerardo Zamora para denunciar el desmonte ilegal de aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati.
Según los denunciantes, el desmonte fue solicitado por Luis Mendez Ezcurra y Horacio Gándara, los dueños de Sacha Rupaska S.A.
La zona en donde actualmente se encuentran trabajando topadoras, está zonificada como Categoría Amarilla. El amarillo, según la ley de Bosques, se refiere a terrenos donde se admite el "uso sustentable" de suelo pero se prohíben los desmontes.
Según la declaración jurada que presentó el ministro de Finanzas, su posesión accionaria en Sacha Rupaska S.A es de 7200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como principal acreedor de la firma, por 3,8 millones de pesos.
La participación accionaria de Caputo en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, pareja del actual ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives.
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Fecha de Publicación: 04/03/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Santiago del Estero
Luis "Toto" Caputo está involucrado en una empresa a la que apuntan las organizaciones ambientales por el desmonte ilegal de bosques en Santiago del Estero.
El ministro de Finanzas es socio de los dueños de Sacha Rupaska S.A, dedicada a la compra de terrenos en Santiago del Estero y denunciada por intentos de desalojo violento a casi un centenar de familias que vivían en esos predios antes de que fueran adquiridos en 2007.
La ONG Greenpeace, junto a otras entidades como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), un sector de la Iglesia y comunidades indígenas, le envió una carta al gobernador santiagueño Gerardo Zamora para denunciar el desmonte ilegal de aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati.
Según los denunciantes, el desmonte fue solicitado por Luis Mendez Ezcurra y Horacio Gándara, los dueños de Sacha Rupaska S.A.
La zona en donde actualmente se encuentran trabajando topadoras, está zonificada como Categoría Amarilla. El amarillo, según la ley de Bosques, se refiere a terrenos donde se admite el "uso sustentable" de suelo pero se prohíben los desmontes.
Según la declaración jurada que presentó el ministro de Finanzas, su posesión accionaria en Sacha Rupaska S.A es de 7200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como principal acreedor de la firma, por 3,8 millones de pesos.
La participación accionaria de Caputo en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, pareja del actual ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives.
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