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No solo es Marquitos. Caputo también es viculado a desmontes



Caputo, involucrado en una empresa que hace desmontes ilegales en Santiago

Fecha de Publicación
: 04/03/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Santiago del Estero


Luis "Toto" Caputo está involucrado en una empresa a la que apuntan las organizaciones ambientales por el desmonte ilegal de bosques en Santiago del Estero.
El ministro de Finanzas es socio de los dueños de Sacha Rupaska S.A, dedicada a la compra de terrenos en Santiago del Estero y denunciada por intentos de desalojo violento a casi un centenar de familias que vivían en esos predios antes de que fueran adquiridos en 2007.
La ONG Greenpeace, junto a otras entidades como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), un sector de la Iglesia y comunidades indígenas, le envió una carta al gobernador santiagueño Gerardo Zamora para denunciar el desmonte ilegal de aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati.
Según los denunciantes, el desmonte fue solicitado por Luis Mendez Ezcurra y Horacio Gándara, los dueños de Sacha Rupaska S.A.
La zona en donde actualmente se encuentran trabajando topadoras, está zonificada como Categoría Amarilla. El amarillo, según la ley de Bosques, se refiere a terrenos donde se admite el "uso sustentable" de suelo pero se prohíben los desmontes.
Según la declaración jurada que presentó el ministro de Finanzas, su posesión accionaria en Sacha Rupaska S.A es de 7200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como principal acreedor de la firma, por 3,8 millones de pesos.
La participación accionaria de Caputo en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, pareja del actual ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives.
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Más islas en la costa de San Isidro



Por la tala y la sedimentación, no paran de crecer islas en la costa de San Isidro

Fecha de Publicación
: 02/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Son extenciones que empezaron a formarse hace tres años y siguen en expansión. Será declarado reserva.
La aparición de dos islas frente a la costa de San Isidro no sólo sorprendió a los vecinos de la zona sino que también generó expectativas. Una novedad que es la primera expresión de un fenómeno que seguirá creciendo. “Seguramente surgirán muchas más islas”, sostiene la directora de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Municipio de San Isidro, Bárbara Gasparri.
En el futuro, incluso, ese “nuevo delta” cambiará la fisonomía costera: “En algunas décadas, en vez de tener costa sobre el Río de la Plata, San Isidro la tendrá sobre el Río Luján”, detalla la funcionaria local.
Dueñas de una enorme riqueza natural, estas primeras formaciones que se ubican en la confluencia de los ríos Luján y San Antonio –a poco más de un kilómetro del Puerto y unos tres de la reserva Ribera Norte– serán declaradas como “reserva natural” por la Comuna.
A través de esta medida, las autoridades locales buscan proteger los ecosistemas ambientales y los hábitats terrestres y acuáticos del Distrito, evitar la especulación inmobiliaria y establecer claramente qué no se puede hacer en estos espacios.
La isla más grande comenzó a formarse hace unos tres años, tiene una superficie cercana a los 35.000 metros cuadrados y está rodeada por pequeños islotes.
“Estamos comenzando a hacer relevamiento e investigación –indica Gasparri–. Hay una enorme variedad de fauna y flora, incluso descubrimos especies que no estaban citadas para la Argentina –es decir, que no son autóctonas sino que vinieron desde otro lugar–, o que son características del Norte del país y no de acá”.
Entre otras cosas, registraron más de 250 especies de aves, tres de tortugas de agua, una gran variedad de peces (entre ellos una mojarra que no es originaria de Buenos Aires), y lobitos de río, un mamífero similar a una nutria que está en riesgo de extinción. Actualmente las actividades son limitadas porque es un humedal y su suelo, cuando no hay crecida, es fangoso y está cubierto por juncos. En los días en que hay bajante, sin embargo, en el sector Sur se forma una playa de arena a la que personas que llegan en lancha suelen utilizar para tomar sol.
Si bien estos terrenos le pertenecen a la Provincia, al estar en jurisdicción del Partido los usos los establecen las autoridades municipales. “La idea es organizar excursiones con guías especializadas desde la reserva ecológica. Es algo nuevo y que va a quedar en la historia del Municipio, por eso creemos que es muy importante que sobre todo nuestros chicos sean partícipes del proceso”, afirma Walter Pérez, subsecretario comunal de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.
Como no hay acceso al suelo, ya que las islas aún están en formación, sólo se podrán hacer recorridos desde el río. Todavía no está definido cuándo implementarían estas visitas.
Para evitar cualquier tipo de inconveniente, mientras tanto las islas son custodiadas por Prefectura y desde la Comuna hacen controles semanales e instalaron carteles informativos.
Casi cien años antes de lo que los científicos habían pronosticado, comenzaron a formarse estas islas frente a San Isidro. “Desde el Norte, los ríos arrastran sedimentos que, al llegar a la desembocadura, se frenan y decantan formando bancos. Estas zonas son conocidos como deltas”, detalla Bárbara Gasparri.
Y agrega, para explicar por qué se adelantó tanto el fenómeno: “La tala que hay en el Norte hace que las lluvias arrastren suelo y, además, que haya menos absorción, por eso se traslada más cantidad de sedimento. A esto hay que sumarle que las costas de cemento que se han construido favorecen que ese sedimento siga de largo y se acumule aquí”. A lo largo del tiempo, los bancos se convierten en islas, y los juncos y matorrales que hoy forman el paisaje, le dejarán lugar a sauces y ceibos.
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Córdoba: una autovía atravesará reservas naturales



La autovía de Punilla atravesará reservas naturales y hasta un yacimiento de uranio

Fecha de Publicación
: 28/02/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba


Los vecinos del Valle de Punilla se encuentran en estado de alerta y movilización por el avance de la autovía de montaña que reemplazaría a la Ruta 38, y denunciaron que arrasará con el bosque nativo y las cuencas hídricas y cruzará sobre uno de los yacimientos uraníferos más importantes del país. La millonaria obra fue anunciada por el gobernador Juan Schiaretti, licitada y comenzó a construir semanas atrás, pese a que genera más interrogantes que certezas.
El recorrido comenzará en la Variante Costa Azul y se extenderá hasta Casa Grande y deberá abrirse paso por el faldeo de las sierras entre reservas naturales y sitios de un importante valor ambiental, lo que genera el repudio de los habitantes de San Roque, Cosquín, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Valle Hermoso y Carlos Paz, entre otros. El inicio de los trabajos para tender un nuevo puente sobre el lago San Roque encendieron las alarmas cuando, el proyecto original fue modificado por las condiciones del suelo y se depredó parte del cordón montañoso existente.
En agosto del año pasado, los vecinos de San Roque presentaron un amparo contra la Provincia y la comuna en el Juzgado de Carlos Paz, ya que entienden que se cometieron irregularidades en la aprobación de las obras en la Variante Costa Azul y el nuevo puente sobre el San Roque. Pese a que se aceptó el amparo, la medida cautelar fue denegada y los trabajos siguieron avanzando. El desafío del gobierno provincial es claro: deberá generar una vía alternativa al colapso de la Ruta 38, pero sin poner en riesgo la flora y fauna de las sierras y la calidad de vida de sus habitantes.
Concretamente, se encuentran movilizadas la asamblea San Roque Despierta, CODEBONA Punilla Centro, la Asamblea Ambiental Cosquín; la Asamblea Ambiental Santa María; la Asamblea Vecinal Casa Grande y la Asamblea Valle Hermoso, al tiempo que se suman grupos autoconvocados y las principales organizaciones ambientalistas de toda la región. Uno de los puntos que genera mayor resquemor es el paso de la autovía sobre el yacimiento de uranio de Cosquín, lo que implicaría una remoción de suelo y la posibilidad de sufrir las consecuencias de una contaminación radiactiva.
Los vecinos autoconvocados del Valle de Punilla rechazaron la obra que comenzó a ejecutarse en las inmediaciones del paredón del dique San Roque y sostuvieron que tendrá un «tremendo» impacto ambiental, social y cultural y arrasará con el faldeo de las sierras. Tras haber presentado un amparo ambiental colectivo y haber solicitado una medida cautelar, los habitantes de la zona denunciaron que la obra no se detiene y que las máquinas de las empresas Chediack y Astori (que ganaron la licitación de la obra) están «aniquilando hectáreas de bosque nativo en San Roque».
En ese sentido, apuntaron que la autovía de montaña que conectaría con la Variante Costa Azul atropellaría la Reserva Natural Camín Cosquín, numerosas cuencas de agua, parte del yacimiento de uranio «Rodolfo» (ubicado en Cosquín), parques naturales, ríos y balnearios, modificando para siempre el paisaje serrano. «¿Pensaste alguna vez qué tipo de progreso y desarrollo necesitamos en la zona?»; se preguntaron los vecinos, quienes agregaron: «Manifestamos que necesitamos mejorar la calidad de vida en las localidades de Punilla. Resulta necesario que los servicios de infraestructura básicos municipales y provinciales de la zona sean optimizados, así como también se realice el ordenamiento territorial priorizando prácticas amigables con nuestros ecosistemas naturales y el saneamiento de las cuencas hídricas. En Punilla atravesamos una crisis hídrica como consecuencia del recalentamiento y sobre-evaporación causada por el desmonte y los incendios».
La expectativa está puesta en una Audiencia Pública que se realizaría en el mes de marzo y donde los vecinos reclamarán que se difundan detalles del Estudio de Impacto Ambiental y se informen los trabajos que ya se vienen realizando. «Exigimos que se cumplan las garantías ambientales necesarias para proteger las sierras y que se conserven el 3% (el mínimo) del bosque nativo que nos queda en Córdoba. Decimos no a la autovía de montaña, las sierras no se tocan»; aseguraron.

Un proyecto alternativo
Los vecinos autoconvocados de la zona y las organizaciones ambientalistas recordaron que en el año 2011, el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) proyectó la construcción de una autovía por el Valle de Punilla que utilizaría rutas existentes, ampliándolas y siguiendo la traza del ferrocarril. Entre las bondades que destacan de esta propuesta, se encuentra el hecho de que se reduciría la cantidad de bosque nativo afectado, implicaría menos desalojos y expropiaciones y serviría de igual forma a los fines de dar una solución a la problemática del tránsito en la Ruta 38.
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Denuncia formal de los nuevos desmontes de Braun Peña



Greenpeace denunció formalmente ante el gobierno de Salta un nuevo desmonte ilegal en finca Cuchuy

Fecha de Publicación
: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta


La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Bernal: intentan recuperar el bosque nativo



Contra el desmonte en las costas de Bernal

Fecha de Publicación
: 25/02/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires


Una nueva jornada de trabajo colectivo para recuperar el bosque nativo se llevó a cabo ayer en una zona protegida por la Ley de Bosques, luego de una denuncia del pasado 9 de febrero, cuando se alertó sobre el desmonte que realizó la empresa Edesur.
Vecinos que se acercaron en adhesión al reclamo, también conversaron sobre otros asuntos delicados como el movimientos de suelos y rellenos del humedal, basurales y amenazas de emprendimientos inmobiliarios. “Estas zonas son refugio de especies en peligro y aún garantizan el filtrado del agua y el aire para todos nosotros y para las generaciones venideras”, explicó un frentista.
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Los Braun Peña sigue desmontando Salta



Braun Peña sigue desmontando

Fecha de Publicación
: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista. 
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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La visión sobre el monte en el NOA



"En el norte se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada"

Fecha de Publicación
: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA


El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
 El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".

Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".

El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.

¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
 Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Denuncian desmonte de bosques de ribera en Bernal



Asambleístas denuncian desmonte en la ribera de Bernal

Fecha de Publicación
: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto  valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Santa Fe: bajan los desmontes (Ya no hay nada que talar)



La tasa de deforestación en Santa Fe fue la más baja en la última década

Fecha de Publicación
: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe


Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.

Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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Los desmontes podrían convertirse en un delito penal



Presentan proyecto para que la deforestación ilegal sea considerada delito penal

Fecha de Publicación
: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno  salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente



Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir

Fecha de Publicación
: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.

Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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En Chaco aseguran que cumplen con la Ley de Bosques

El Chaco frenó la deforestación y cumple con las reglas de juego de la Ley de Bosques Nativos  

Fecha de Publicación
: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.

“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.

De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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La pérdida de bosques no puede soportarse más

Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Productores salteños enojados con Bergman y Urtubey



Prohibición de desmontes: productores salteños aseguran que se afecta el desarrollo de la provincia

Fecha de Publicación
: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.

¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.

¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.

¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.

Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.

Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Neuquén: esperan remediación de desmontes



Esperan por la remediación de un sector de la barda afectado por un loteo

Fecha de Publicación
: 03/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La justicia ordenó al municipio y a una empresa privada, hace cuatro meses, frenar las obras de socavado que se estaban realizando en un sector de la barda declarada área protegida. Hasta el momento los trabajos siguen en pausa y la jueza fijó próxima audiencia para el 7 de febrero.
El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén. En una semana, la firma ASPA y el municipio deberán presentar los proyectos con el detalle de la metodología de construcción de los azudes que intentaban terminar en septiembre, cuando los vecinos los detuvieron.
“En su momento se logró que se retiraran las máquinas y se frenó el desmonte. Todo quedó sujeto a lo que decía la jueza. La municipalidad y la empresa supuestamente quieren continuar con la obra, así que deben presentar los proyectos”, contó Martín Islas, integrante del Colegio Ambientalista.
Además nada se sabe de la remediación del sector dañado, que según se estableció es de 3.473 metros cuadrados de la barda, en los que se sacó la vegetación autóctona. Ese daño pude tardar, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años en recuperarse, según se estimó.
“Logramos que se frenen los trabajos iniciales, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Necesitamos que se remedie el sector y pedimos compensación doble, o sea, que se saneé lo que se dañó en el lugar señalado y también en otro punto de desmonte”, dijo Islas.
La justicia determinó que se suspendan los trabajos para el desarrollo. El próximo 7 de febrero las partes volverán a reunirse en una nueva audiencia.
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Córdoba: desmontes sin control real oficial



En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales

Fecha de Publicación
: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.

Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.

Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.

Una ley sin derecho ni revés ni controles

La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña



El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte

Fecha de Publicación
: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta


Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce



Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien

Fecha de Publicación
: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional


Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña



Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta

Fecha de Publicación
: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta


Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.

Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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