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Incineración en Capital Federal: experto inglés advierte
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Un prestigioso químico inglés advierte: "La termovalorización es costosa y tóxica"
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: CABA
Paul Connett, uno de los mayores expertos sobre basura, advirtió sobre los peligros de la incineración de basura. "La incineración es la manera más costosa de gestionar los residuos. Si avanza, va a someter a la Ciudad de Buenos Aires una deuda de más de 30 años. Y a pesar de invertir tanto dinero, se van a crear muy pocos puestos de trabajo", señaló el químico inglés.
Meses atrás la Legislatura aprobó modificaciones a la ley de Basura Cero que abren las puertas a la termovalorización, una modalidad que genera energía al tiempo que incinera los residuos. Con el relleno sanitario del Ceamse a punto de colapsar desde el gobierno porteño consideran que la incineración es la mejor salida para la Ciudad. Por el momento la Justicia suspendió la aplicación de la ley, pero sin una sentencia definitiva.
"Por cada 4 toneladas de materiales que uno quema produce 1 tonelada de ceniza tóxica que nadie quiere. La incineración no elimina los rellenos sanitarios", explicó Connett durante una charla en la Legislatura porteña organizada por Greenpeace y Unidad Ciudadana. Según el científico el proceso además provoca el desprendimiento de partículas que pueden causar enfermedades.
El químico inglés trabaja la temática de la basura "desde hace más de 33 años", tiempo en el cuál recorrió 66 países disertando sobre los residuos.
"Los incineradores vuelven impopulares cuando los ciudadanos se vuelven conscientes se sus costos y peligros. Los incineradores son tremendamente costos. Se pueden crear más puestos de trabajo mediante el reciclaje", recomendó.
Leonel Mingo de Greenpeace pidió "dejar de ver a los residuos cómo basura y empezar a verlos cómo lo que son: recursos" y criticó los cambios de meta de la ley de Basura Cero.
"En 2017 ya se redujo a 1100000 toneladas lo que se envía al Ceamse pero por ley este año la Ciudad puso las metas en 1065000 para 2021. Van a anunciar que cumplieron con las metas sin haber hecho nada", apuntó.
La periodista Pilar Assefh sostuvo que "la ley avanzó en silencio y sin debate. No nos dieron información ni nos contestaron por qué si la Ley de Basura Cero era tan buena querían modificarla. La gente tiene derecho a discutir si esto es lo que quiere para su Ciudad".
Jackie Flores del Movimiento de trabajadores excluidos (MTE) fue una de las más aplaudidas de la tarde y también se expresó contra el proyecto de incineración. "Las cooperativas cartoneras existimos y vamos a seguir existiendo. No necesitamos que nos ofrezcan trabajo, nosotros lo generamos. Tenemos lo necesario para cumplir todo lo que implica la ley de Basura Cero", aseguró.
La justicia porteña suspendió provisoriamente a fin de junio la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: CABA
Paul Connett, uno de los mayores expertos sobre basura, advirtió sobre los peligros de la incineración de basura. "La incineración es la manera más costosa de gestionar los residuos. Si avanza, va a someter a la Ciudad de Buenos Aires una deuda de más de 30 años. Y a pesar de invertir tanto dinero, se van a crear muy pocos puestos de trabajo", señaló el químico inglés.
Meses atrás la Legislatura aprobó modificaciones a la ley de Basura Cero que abren las puertas a la termovalorización, una modalidad que genera energía al tiempo que incinera los residuos. Con el relleno sanitario del Ceamse a punto de colapsar desde el gobierno porteño consideran que la incineración es la mejor salida para la Ciudad. Por el momento la Justicia suspendió la aplicación de la ley, pero sin una sentencia definitiva.
"Por cada 4 toneladas de materiales que uno quema produce 1 tonelada de ceniza tóxica que nadie quiere. La incineración no elimina los rellenos sanitarios", explicó Connett durante una charla en la Legislatura porteña organizada por Greenpeace y Unidad Ciudadana. Según el científico el proceso además provoca el desprendimiento de partículas que pueden causar enfermedades.
El químico inglés trabaja la temática de la basura "desde hace más de 33 años", tiempo en el cuál recorrió 66 países disertando sobre los residuos.
"Los incineradores vuelven impopulares cuando los ciudadanos se vuelven conscientes se sus costos y peligros. Los incineradores son tremendamente costos. Se pueden crear más puestos de trabajo mediante el reciclaje", recomendó.
Leonel Mingo de Greenpeace pidió "dejar de ver a los residuos cómo basura y empezar a verlos cómo lo que son: recursos" y criticó los cambios de meta de la ley de Basura Cero.
"En 2017 ya se redujo a 1100000 toneladas lo que se envía al Ceamse pero por ley este año la Ciudad puso las metas en 1065000 para 2021. Van a anunciar que cumplieron con las metas sin haber hecho nada", apuntó.
La periodista Pilar Assefh sostuvo que "la ley avanzó en silencio y sin debate. No nos dieron información ni nos contestaron por qué si la Ley de Basura Cero era tan buena querían modificarla. La gente tiene derecho a discutir si esto es lo que quiere para su Ciudad".
Jackie Flores del Movimiento de trabajadores excluidos (MTE) fue una de las más aplaudidas de la tarde y también se expresó contra el proyecto de incineración. "Las cooperativas cartoneras existimos y vamos a seguir existiendo. No necesitamos que nos ofrezcan trabajo, nosotros lo generamos. Tenemos lo necesario para cumplir todo lo que implica la ley de Basura Cero", aseguró.
La justicia porteña suspendió provisoriamente a fin de junio la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.
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Rotundo cambio de paradigma sobre las pilas como residuo
La Legislatura porteña aprobó una ley para que las pilas sean tratadas como "residuos peligrosos"
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: CABA
La Legislatura porteña aprobó este jueves con 53 votos a favor y 2 abstensiones un proyecto para que las pilas de uso diario sean tratadas como "residuos peligrosos" y se les dé un tratamiento especial a la hora de su descarte, para así garantizar la "gestión ambiental".
A la ley votada se le incorporaron aportes sustanciales de otro proyecto del diputado Claudio Heredia acompañado por María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Santiago Roberto, todos integrantes del Bloque Peronista, que se encontraba en la Comisión de Ambiente desde marzo 2017. Esa iniciativa contemplaba que las pilas usadas fueran incorporadas a la Ley 2214 como "residuos peligrosos".
Este punto resultó fundamental para el avance del proyecto en comisiones principalmente porque hace pocas semanas se votó la modificación de la Ley de Basura Cero la cual permite el sistema de termovalorización o incineración de residuos. Era imprescindible, entonces, que las pilas en desuso fueran categorizadas como "residuo peligroso" y de esta manera se evitara que en su disposición final sean quemadas o enterradas.
"Para nuestro Bloque era esencial marcar esta diferencia con el proyecto del Ejecutivo para que bajo ninguna circunstancia las pilas terminen siendo incineradas o se obstaculice el proceso en una etapa de reciclado. Al ser catalogadas como residuo peligroso en su disposición final garantizamos el tratamiento adecuado en todas sus etapas", explicó el diputado Heredia.
La iniciativa establece que toda persona que produzca, importe, distribuya y/o comercialice pilas deberá presentar un "Plan de Gestión Ambiental de Pilas en Desuso en forma individual o colectiva ante la autoridad de aplicación".
"Hoy estamos legislando sobre un tema que los porteños reclamaban y demandaban, estamos cuidando su salud y el ambiente y asignándole al Estado el rol fundamental de controlador para que el espíritu de esta Ley se mantenga intacto", cerró el diputado Heredia.
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Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: CABA
La Legislatura porteña aprobó este jueves con 53 votos a favor y 2 abstensiones un proyecto para que las pilas de uso diario sean tratadas como "residuos peligrosos" y se les dé un tratamiento especial a la hora de su descarte, para así garantizar la "gestión ambiental".
A la ley votada se le incorporaron aportes sustanciales de otro proyecto del diputado Claudio Heredia acompañado por María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Santiago Roberto, todos integrantes del Bloque Peronista, que se encontraba en la Comisión de Ambiente desde marzo 2017. Esa iniciativa contemplaba que las pilas usadas fueran incorporadas a la Ley 2214 como "residuos peligrosos".
Este punto resultó fundamental para el avance del proyecto en comisiones principalmente porque hace pocas semanas se votó la modificación de la Ley de Basura Cero la cual permite el sistema de termovalorización o incineración de residuos. Era imprescindible, entonces, que las pilas en desuso fueran categorizadas como "residuo peligroso" y de esta manera se evitara que en su disposición final sean quemadas o enterradas.
"Para nuestro Bloque era esencial marcar esta diferencia con el proyecto del Ejecutivo para que bajo ninguna circunstancia las pilas terminen siendo incineradas o se obstaculice el proceso en una etapa de reciclado. Al ser catalogadas como residuo peligroso en su disposición final garantizamos el tratamiento adecuado en todas sus etapas", explicó el diputado Heredia.
La iniciativa establece que toda persona que produzca, importe, distribuya y/o comercialice pilas deberá presentar un "Plan de Gestión Ambiental de Pilas en Desuso en forma individual o colectiva ante la autoridad de aplicación".
"Hoy estamos legislando sobre un tema que los porteños reclamaban y demandaban, estamos cuidando su salud y el ambiente y asignándole al Estado el rol fundamental de controlador para que el espíritu de esta Ley se mantenga intacto", cerró el diputado Heredia.
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Incinerar basura es una mala decisión en Capital Federal
Por qué incinerar basura es una mala decisión
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Hace más de un mes, la Legislatura de Buenos Aires tomó una decisión errónea y lamentable. Los legisladores decidieron priorizar una tecnología contaminante, como la incineración, en vez de promover el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos, contemplados en la ley de basura cero. Al aprobar esta ley en 2005, Buenos Aires se puso a la vanguardia de las ciudades más progresistas del mundo, al igual que San Francisco, en California, que propone una visión de que el siglo XXI necesita una transformación que vaya de una sociedad descartable a una sociedad sostenible.
Durante los últimos 32 años, antes y luego de mi jubilación como profesor de química ambiental y toxicología, me he opuesto activamente a la construcción de incineradores y he investigado formas sostenibles de gestionar los recursos descartables para evitar la incineración y los rellenos sanitarios. En mi libro La Solución Basura Cero. Limpiando el Planeta de Basura comunidad a comunidad, describo 10 pasos para alcanzar Basura Cero. Estos son: separación en origen; recolección puerta a puerta; compostaje; reciclaje; centros comunitarios de reutilización y reparación; multas a quienes no separen residuos; otras iniciativas de reducción de desechos; instalaciones para separar y seleccionar la fracción residual; centros de investigación de basura cero para un mejor diseño industrial, y rellenos sanitarios temporales para el material orgánico. Entre 1985 y 1995, como director de Work on Waste USA, ayudé a las comunidades a frenar la construcción de aproximadamente trescientas plantas de incineración en los Estados Unidos y Canadá. Desde 1997, solo se construyó una planta en los Estados Unidos.
La decisión de Buenos Aires de construir siete incineradores (uno en la ciudad y otros seis en la provincia) implicará miles de millones de dólares de inversión, por lo que el país quedará cautivo en una deuda durante los próximos 25-30 años. Tal deuda solo podrá pagarse haciendo uso de las incineradoras al máximo, eliminando así cualquier posibilidad de desarrollar alternativas sustentables, como el reciclaje. Además, para esta enorme inversión se crearán muy pocos empleos locales. Se perderán valiosos recursos materiales. A su vez, la comunidad tendrá que lidiar con la contaminación del aire generada por la incineración. Este negocio puede ser muy redituable para un grupo reducido de personas, pero para la gran mayoría de los ciudadanos será una pesadilla económica y de salud pública.
A pesar de los avances tecnológicos, los incineradores emiten muchas sustancias tóxicas. Estas incluyen metales tóxicos, dioxinas y compuestos relacionados. En el caso de estos últimos, son persistentes y altamente perjudiciales para la salud. Estas emisiones tienen forma de nanopartículas, que al ser tan pequeñas atraviesan los dispositivos de control de contaminación del aire. A su vez, ingresan fácilmente al organismo y pueden cruzar de forma rápida las membranas del pulmón. En ciudades como Buenos Aires, muchas enfermedades y muertes pueden atribuirse a la contaminación del aire. Este impacto combinado a las plantas de incineración empeorará la situación.
Por otro lado, la incineración no elimina la necesidad de contar con rellenos sanitarios. Por cada cuatro toneladas de residuos quemados que se produce, al menos una tonelada se transforma en cenizas tóxicas. Irónicamente, cuanto mejor sea el incinerador, más tóxica será la ceniza.
Los principios de basura cero, que incluyen programas de separación y reciclaje, fomentan la creación de empleos para lograr estos objetivos. Si la incineración se introduce en Buenos Aires, los trabajadores del sector del reciclaje tendrán su trabajo permanentemente en riesgo. Está demostrado que estas plantas generan poco empleo. Por ejemplo, uno de los incineradores más importantes de Italia, construido en la ciudad de Brescia, costó alrededor de quinientos mil millones de dólares, pero solo produjo 80 puestos de trabajo. He comparado este caso con lo sucedido en Nueva Escocia, en Canadá, que al evitar la incineración creó mil puestos de trabajo directos en la recolección y manejo de residuos, y otros dos mil empleos en las industrias que utilizaron los materiales reciclados.
Buenos Aires todavía tiene la oportunidad de detener esta mala decisión. No solo la incineración es mala para la ciudad, es mala para el planeta.
Nuestra tarea en el siglo XXI no es encontrar mejores formas de destruir los materiales desechados sino dejar de fabricar productos para que sean posteriormente eliminados. Tenemos que convertir una economía lineal en una economía circular. Para hacer eso, necesitamos un mejor diseño industrial y no una mejor destrucción. Este es el imperativo clave detrás de una verdadera estrategia de basura cero. Necesitamos que Buenos Aires sea un mejor ejemplo para América Latina y el resto del mundo.
Por Paul Connett
El autor es fundador de la teoría de basura cero.
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Hace más de un mes, la Legislatura de Buenos Aires tomó una decisión errónea y lamentable. Los legisladores decidieron priorizar una tecnología contaminante, como la incineración, en vez de promover el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos, contemplados en la ley de basura cero. Al aprobar esta ley en 2005, Buenos Aires se puso a la vanguardia de las ciudades más progresistas del mundo, al igual que San Francisco, en California, que propone una visión de que el siglo XXI necesita una transformación que vaya de una sociedad descartable a una sociedad sostenible.
Durante los últimos 32 años, antes y luego de mi jubilación como profesor de química ambiental y toxicología, me he opuesto activamente a la construcción de incineradores y he investigado formas sostenibles de gestionar los recursos descartables para evitar la incineración y los rellenos sanitarios. En mi libro La Solución Basura Cero. Limpiando el Planeta de Basura comunidad a comunidad, describo 10 pasos para alcanzar Basura Cero. Estos son: separación en origen; recolección puerta a puerta; compostaje; reciclaje; centros comunitarios de reutilización y reparación; multas a quienes no separen residuos; otras iniciativas de reducción de desechos; instalaciones para separar y seleccionar la fracción residual; centros de investigación de basura cero para un mejor diseño industrial, y rellenos sanitarios temporales para el material orgánico. Entre 1985 y 1995, como director de Work on Waste USA, ayudé a las comunidades a frenar la construcción de aproximadamente trescientas plantas de incineración en los Estados Unidos y Canadá. Desde 1997, solo se construyó una planta en los Estados Unidos.
La decisión de Buenos Aires de construir siete incineradores (uno en la ciudad y otros seis en la provincia) implicará miles de millones de dólares de inversión, por lo que el país quedará cautivo en una deuda durante los próximos 25-30 años. Tal deuda solo podrá pagarse haciendo uso de las incineradoras al máximo, eliminando así cualquier posibilidad de desarrollar alternativas sustentables, como el reciclaje. Además, para esta enorme inversión se crearán muy pocos empleos locales. Se perderán valiosos recursos materiales. A su vez, la comunidad tendrá que lidiar con la contaminación del aire generada por la incineración. Este negocio puede ser muy redituable para un grupo reducido de personas, pero para la gran mayoría de los ciudadanos será una pesadilla económica y de salud pública.
A pesar de los avances tecnológicos, los incineradores emiten muchas sustancias tóxicas. Estas incluyen metales tóxicos, dioxinas y compuestos relacionados. En el caso de estos últimos, son persistentes y altamente perjudiciales para la salud. Estas emisiones tienen forma de nanopartículas, que al ser tan pequeñas atraviesan los dispositivos de control de contaminación del aire. A su vez, ingresan fácilmente al organismo y pueden cruzar de forma rápida las membranas del pulmón. En ciudades como Buenos Aires, muchas enfermedades y muertes pueden atribuirse a la contaminación del aire. Este impacto combinado a las plantas de incineración empeorará la situación.
Por otro lado, la incineración no elimina la necesidad de contar con rellenos sanitarios. Por cada cuatro toneladas de residuos quemados que se produce, al menos una tonelada se transforma en cenizas tóxicas. Irónicamente, cuanto mejor sea el incinerador, más tóxica será la ceniza.
Los principios de basura cero, que incluyen programas de separación y reciclaje, fomentan la creación de empleos para lograr estos objetivos. Si la incineración se introduce en Buenos Aires, los trabajadores del sector del reciclaje tendrán su trabajo permanentemente en riesgo. Está demostrado que estas plantas generan poco empleo. Por ejemplo, uno de los incineradores más importantes de Italia, construido en la ciudad de Brescia, costó alrededor de quinientos mil millones de dólares, pero solo produjo 80 puestos de trabajo. He comparado este caso con lo sucedido en Nueva Escocia, en Canadá, que al evitar la incineración creó mil puestos de trabajo directos en la recolección y manejo de residuos, y otros dos mil empleos en las industrias que utilizaron los materiales reciclados.
Buenos Aires todavía tiene la oportunidad de detener esta mala decisión. No solo la incineración es mala para la ciudad, es mala para el planeta.
Nuestra tarea en el siglo XXI no es encontrar mejores formas de destruir los materiales desechados sino dejar de fabricar productos para que sean posteriormente eliminados. Tenemos que convertir una economía lineal en una economía circular. Para hacer eso, necesitamos un mejor diseño industrial y no una mejor destrucción. Este es el imperativo clave detrás de una verdadera estrategia de basura cero. Necesitamos que Buenos Aires sea un mejor ejemplo para América Latina y el resto del mundo.
Por Paul Connett
El autor es fundador de la teoría de basura cero.
Subtes porteños con cancerígenos
Nueva denuncia por subtes con material cancerígeno
Fecha de Publicación: 05/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Un estudio reveló que en las formaciones hay piezas con asbesto, la sustancia cancerígena hallada hace meses en la Línea B y por la cual se debieron quitar de circulación varios vagones. Los coches fueron comprados al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer en trabajadores. La denuncia fue presentada a la empresa concesionaria, que depende del gobierno porteño, pero “se hacen los distraídos”, criticaron desde el gremio.
Un relevamiento realizado por los Metrodelegados y la Universidad Nacional del Sur reveló que en formaciones de las líneas C y E de subterráneos y en el Premetro hay piezas con asbesto, la sustancia cancerígena también conocida como amianto hallada hace meses en la Línea B y por la cual se debieron quitar de circulación varios coches. “Hay que desamiantar. Es necesario empezar ese proceso y Sbase se tiene que dejar de hacer la distraída”, reclamó el titular del gremio, Roberto Pianelli, a la empresa que dio un plazo de dos años para el retiro de ese material rodante.
El descubrimiento de la presencia de contaminación por amianto se produjo en las formaciones Nagoya 300 de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B. Es la misma sustancia que meses atrás se halló en las CAF 5000, luego de que se supiera que esos trenes se habían comprado al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer en trabajadores a causa del asbesto.
También se descubrió que los techos del vestuario del Premetro también tenían esa sustancia prohibida a partir del año 2000 pero antiguamente utilizada como material termo eléctrico para prevenir recalentamientos o conducción eléctrica. En los subtes, en tanto, el asbesto fue encontrado en piezas estructurales, como placas de contacto de luces y placas presostato.
Tal como ocurrió en la capital española, en los subterráneos de Buenos Aires se registraron también muertes de operarios por cáncer “pero no podemos determinar una relación directa con el amianto en las formaciones”, aclaró a Página/12 el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Para que se confirme que hay una relación directa entre la enfermedad de un trabajador del subte y el amianto “hay que hacer una serie de estudios y un seguimiento que acá no se hace”, explicó. “En otros países, como en Chile, a los trabajadores expuestos al amianto se les hacen estudios (médicos) anuales hasta que se jubilan”, agregó.
En la Argentina es distinto. “Acá Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) lo que quiere hacer es destruir las formaciones para que no quede registro de nada y no se pueda determinar la responsabilidad" de la empresa por la compra de esas formaciones hechas con una sustancia altamente cancerígena, denunció.
La revelación de que en las líneas C y E también hay asbesto fue presentada a la empresa que tiene la concesión del servicio y que depende del gobierno porteño, pero “se hacen los distraídos”, criticó Pianelli. “Saben que hay amianto”, aseguró. De hecho, Sbase confirmó que en un plazo de dos años retirará del servicio todos los trenes Nagoya 250/300/1200 y negó que puedan ser reutilizados para otros menesteres.
Luego de que el material contaminante se hallara en los CAF 5000 de la Línea B, y tras largos reclamos del gremio, el gobierno de la Ciudad aceptó la conformación de una comisión encargada de hacer un relevamiento en todas las líneas. “Esa comisión no avanzó ni un centímetro”, cuestionó el dirigente de la AGTSyP.
“En Europa, esto sería un escándalo”, puntualizó Pianelli para comparar lo ocurrido en el Metro de Madrid con los casos detectados en Buenos Aires. “Hay que desamiantar”, subrayó y aclaró que para ello “no se va a tener que parar el subte, sino establecer en qué partes hay amianto y empezar a trabajar para sacarlo con todos los recaudos necesarios”, explicó. “Lo que pasa es que Sbase no quiere reconocer las negligencias que cometió”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Un estudio reveló que en las formaciones hay piezas con asbesto, la sustancia cancerígena hallada hace meses en la Línea B y por la cual se debieron quitar de circulación varios vagones. Los coches fueron comprados al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer en trabajadores. La denuncia fue presentada a la empresa concesionaria, que depende del gobierno porteño, pero “se hacen los distraídos”, criticaron desde el gremio.
Un relevamiento realizado por los Metrodelegados y la Universidad Nacional del Sur reveló que en formaciones de las líneas C y E de subterráneos y en el Premetro hay piezas con asbesto, la sustancia cancerígena también conocida como amianto hallada hace meses en la Línea B y por la cual se debieron quitar de circulación varios coches. “Hay que desamiantar. Es necesario empezar ese proceso y Sbase se tiene que dejar de hacer la distraída”, reclamó el titular del gremio, Roberto Pianelli, a la empresa que dio un plazo de dos años para el retiro de ese material rodante.
El descubrimiento de la presencia de contaminación por amianto se produjo en las formaciones Nagoya 300 de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B. Es la misma sustancia que meses atrás se halló en las CAF 5000, luego de que se supiera que esos trenes se habían comprado al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer en trabajadores a causa del asbesto.
También se descubrió que los techos del vestuario del Premetro también tenían esa sustancia prohibida a partir del año 2000 pero antiguamente utilizada como material termo eléctrico para prevenir recalentamientos o conducción eléctrica. En los subtes, en tanto, el asbesto fue encontrado en piezas estructurales, como placas de contacto de luces y placas presostato.
Tal como ocurrió en la capital española, en los subterráneos de Buenos Aires se registraron también muertes de operarios por cáncer “pero no podemos determinar una relación directa con el amianto en las formaciones”, aclaró a Página/12 el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Para que se confirme que hay una relación directa entre la enfermedad de un trabajador del subte y el amianto “hay que hacer una serie de estudios y un seguimiento que acá no se hace”, explicó. “En otros países, como en Chile, a los trabajadores expuestos al amianto se les hacen estudios (médicos) anuales hasta que se jubilan”, agregó.
En la Argentina es distinto. “Acá Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) lo que quiere hacer es destruir las formaciones para que no quede registro de nada y no se pueda determinar la responsabilidad" de la empresa por la compra de esas formaciones hechas con una sustancia altamente cancerígena, denunció.
La revelación de que en las líneas C y E también hay asbesto fue presentada a la empresa que tiene la concesión del servicio y que depende del gobierno porteño, pero “se hacen los distraídos”, criticó Pianelli. “Saben que hay amianto”, aseguró. De hecho, Sbase confirmó que en un plazo de dos años retirará del servicio todos los trenes Nagoya 250/300/1200 y negó que puedan ser reutilizados para otros menesteres.
Luego de que el material contaminante se hallara en los CAF 5000 de la Línea B, y tras largos reclamos del gremio, el gobierno de la Ciudad aceptó la conformación de una comisión encargada de hacer un relevamiento en todas las líneas. “Esa comisión no avanzó ni un centímetro”, cuestionó el dirigente de la AGTSyP.
“En Europa, esto sería un escándalo”, puntualizó Pianelli para comparar lo ocurrido en el Metro de Madrid con los casos detectados en Buenos Aires. “Hay que desamiantar”, subrayó y aclaró que para ello “no se va a tener que parar el subte, sino establecer en qué partes hay amianto y empezar a trabajar para sacarlo con todos los recaudos necesarios”, explicó. “Lo que pasa es que Sbase no quiere reconocer las negligencias que cometió”, concluyó.
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Frenan en la justicia el plan para incinerar basura
La Justicia porteña suspendió la autorización para incinerar basura
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
La Justicia porteña suspendió la autorización para que el Gobierno de la Ciudad pueda incinerar residuos, según fuentes oficiales.
Lo dice un fallo de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo porteño, que ordena la "suspensión inmediata de los efectos de la ley 5.966", aprobada por la Legislatura en mayo.
Ambientalistas y cartoneros se oponen a esa norma porque afirman que el sistema que respalda afecta a la salud y al medio ambiente, y temen por las fuentes de trabajo de recicladores. La ONG Greenpeace también indicó que es caro.
El de la basura es un problema clave. Aunque se hicieron campañas en Capital y se entierran menos desechos, el Área Metropolitana está rezagada, lo que se recicla no es suficiente y advierten que en cinco años el relleno sanitario colapsará.
La ley 5.966, del 3 de mayo, modificó a la 1.854, de Basura Cero, de 2005, al autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización), con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios.
La demanda fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que la patrocinó, en los fundamentos de la sentencia figura que las cuestiones ambientales tienen dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de doble lectura y no se cumplió.
El fallo, agregaron las fuentes, también indica que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. "Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996, tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan porprocedimiento común, una verdadera corruptela", señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Tras aprobarse la ley en cuestión, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dijeron a Clarín que es más barato recuperar el material reutilizable que quemarlo. Y desde el oficialismo en la Legislatura indicaron que esa norma garantiza que los reciclables no serán incinerados. Pero para ambientalistas este punto no está claro.
De hecho, las cooperativas de recuperadores urbanos, que reúnen a 5.500 trabajadores, indicaron que temen que se quemen también reciclables: entonces se quedarían sin trabajo.
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Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
La Justicia porteña suspendió la autorización para que el Gobierno de la Ciudad pueda incinerar residuos, según fuentes oficiales.
Lo dice un fallo de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo porteño, que ordena la "suspensión inmediata de los efectos de la ley 5.966", aprobada por la Legislatura en mayo.
Ambientalistas y cartoneros se oponen a esa norma porque afirman que el sistema que respalda afecta a la salud y al medio ambiente, y temen por las fuentes de trabajo de recicladores. La ONG Greenpeace también indicó que es caro.
El de la basura es un problema clave. Aunque se hicieron campañas en Capital y se entierran menos desechos, el Área Metropolitana está rezagada, lo que se recicla no es suficiente y advierten que en cinco años el relleno sanitario colapsará.
La ley 5.966, del 3 de mayo, modificó a la 1.854, de Basura Cero, de 2005, al autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización), con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios.
La demanda fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que la patrocinó, en los fundamentos de la sentencia figura que las cuestiones ambientales tienen dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de doble lectura y no se cumplió.
El fallo, agregaron las fuentes, también indica que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. "Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996, tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan porprocedimiento común, una verdadera corruptela", señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Tras aprobarse la ley en cuestión, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dijeron a Clarín que es más barato recuperar el material reutilizable que quemarlo. Y desde el oficialismo en la Legislatura indicaron que esa norma garantiza que los reciclables no serán incinerados. Pero para ambientalistas este punto no está claro.
De hecho, las cooperativas de recuperadores urbanos, que reúnen a 5.500 trabajadores, indicaron que temen que se quemen también reciclables: entonces se quedarían sin trabajo.
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Posible contaminación con amianto en una escuela
Temen por posible contaminación con amianto en una escuela de La Boca
Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: Nueva Ciudad
Provincia/Región: CABA
Se trata del colegio Carlos De La Penna en la Comuna 4. Según los padres de alumnos, el Gobierno de la Ciudad llevará a cabo una limpieza de una caldera "sin ningún estudio de impacto ambiental" y podría afectar a los alumnos. Piden que se lleve a cabo durante el receso escolar.
La comunidad educativa de la escuela Carlos De La Penna del barrio de la Boca en la Comuna 4 se encuentra en estado de alerta luego de que se conociera que el Gobierno porteño desmantelará una caldera con amianto en la institución. Los padres de los alumnos denuncian que para llevar a cabo la limpieza no se realizó ningún estudio de impacto ambiental y temen que sus hijos queden expuestos a material de alto nivel cancerígeno.
“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende desmantelar la caldera de amianto de la escuela el próximo sábado. Este tipo de tareas deben ser debidamente programadas y controladas por especialistas en medio ambiente, ya que el amianto es un mineral altamente contaminante. El desmantelamiento se quiere hacer de forma compulsiva y sin un estudio de impacto ambiental adecuado. Los niños no pueden estar expuestos a este riesgo”, aseguraron desde la cooperativa del colegio en un comunicado.
“Cuando se desmantele la caldera las partículas de amianto se volatilizarán por el aire, alcanzando toda la escuela. Estas pequeñas partículas fibrosas se inhalan y quedan en los pulmones por un largo tiempo. El amianto produce cáncer de pulmón y mesotelioma, que es un cáncer en las membranas delgadas que recubren el interior del tórax y el abdomen. Creemos que el trabajo que quiere hacer el Gobierno de la Ciudad atenta contra la salud de nuestros hijos y de toda la comunidad”, agregaron.
Leandro Vesco, padre de dos alumnos de la escuela e integrante de la cooperadora, aseguró a Nueva Ciudad: “Acá hay miles de chicos en los dos turnos. Lo que pedimos es que esta limpieza se produzca en receso escolar de invierno y verano, y que nos acompañe algún ingeniero ambiental, personal idóneo o algún estudio. Mañana va a llegar esta gente y vamos a impedir la entrada. No hay mucha información y el Gobierno se maneja con mucha liviandad. Ni los directivos tienen en claro cómo va a ser esta limpieza”, detalló.
Hoy, viernes, a las 17, los padres y vecinos se reunirán en el lugar para juntar firmas contra la medida. Además, este sábado a las 10 integrantes de la cooperadora se reunirán en la puerta de la escuela para analizar el tema. Realizarán, además, un partido de futbol “por la no contaminación por amianto en nuestra escuela”.
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Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: Nueva Ciudad
Provincia/Región: CABA
Se trata del colegio Carlos De La Penna en la Comuna 4. Según los padres de alumnos, el Gobierno de la Ciudad llevará a cabo una limpieza de una caldera "sin ningún estudio de impacto ambiental" y podría afectar a los alumnos. Piden que se lleve a cabo durante el receso escolar.
La comunidad educativa de la escuela Carlos De La Penna del barrio de la Boca en la Comuna 4 se encuentra en estado de alerta luego de que se conociera que el Gobierno porteño desmantelará una caldera con amianto en la institución. Los padres de los alumnos denuncian que para llevar a cabo la limpieza no se realizó ningún estudio de impacto ambiental y temen que sus hijos queden expuestos a material de alto nivel cancerígeno.
“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende desmantelar la caldera de amianto de la escuela el próximo sábado. Este tipo de tareas deben ser debidamente programadas y controladas por especialistas en medio ambiente, ya que el amianto es un mineral altamente contaminante. El desmantelamiento se quiere hacer de forma compulsiva y sin un estudio de impacto ambiental adecuado. Los niños no pueden estar expuestos a este riesgo”, aseguraron desde la cooperativa del colegio en un comunicado.
“Cuando se desmantele la caldera las partículas de amianto se volatilizarán por el aire, alcanzando toda la escuela. Estas pequeñas partículas fibrosas se inhalan y quedan en los pulmones por un largo tiempo. El amianto produce cáncer de pulmón y mesotelioma, que es un cáncer en las membranas delgadas que recubren el interior del tórax y el abdomen. Creemos que el trabajo que quiere hacer el Gobierno de la Ciudad atenta contra la salud de nuestros hijos y de toda la comunidad”, agregaron.
Leandro Vesco, padre de dos alumnos de la escuela e integrante de la cooperadora, aseguró a Nueva Ciudad: “Acá hay miles de chicos en los dos turnos. Lo que pedimos es que esta limpieza se produzca en receso escolar de invierno y verano, y que nos acompañe algún ingeniero ambiental, personal idóneo o algún estudio. Mañana va a llegar esta gente y vamos a impedir la entrada. No hay mucha información y el Gobierno se maneja con mucha liviandad. Ni los directivos tienen en claro cómo va a ser esta limpieza”, detalló.
Hoy, viernes, a las 17, los padres y vecinos se reunirán en el lugar para juntar firmas contra la medida. Además, este sábado a las 10 integrantes de la cooperadora se reunirán en la puerta de la escuela para analizar el tema. Realizarán, además, un partido de futbol “por la no contaminación por amianto en nuestra escuela”.
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A la justicia por la incineración
Un amparo en contra de la incineración
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Para el abogado y ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.
Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.
La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.
La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.
Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.
Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.
“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos.
En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.
En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.
“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Para el abogado y ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.
Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.
La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.
La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.
Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.
Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.
“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos.
En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.
En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.
“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.
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CABA: 6 de cada 10 frutas y verduras con agrotóxicos
No vivas de ensalada: al menos 6 de cada 10 frutas y verduras que se ofrecen en Capital vienen con agrotóxicos y se exporta lo sano
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Afirman que llevará 4 años instalar la incineradora
La planta de incineración de la Ciudad estará instalada en cuatro años
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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Denunciaron "Malos Aires"
Activistas de Greenpeace escalaron una estatua y la enmascararon
Fecha de Publicación: 23/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Activistas de Greenpeace escalaron la estatua de 23 metros de la Plaza del Congreso, construida en alegoría a la República, y le colocaron una máscara de oxígeno para cuestionar la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires y reclamar al gobierno porteño más estaciones para medir la polución.
Según la organización ambientalista internacional, la contaminación del aire en la Ciudad supera los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Cuestionamos la calidad del aire en la Ciudad. Sólo hay tres medidores de contaminación y no miden todos los contaminantes dañinos para la salud, como el dióxido de nitrógeno y las partículas finas que salen de los caños de escape de los colectivos a gasoil, que generan los más altos niveles de polución", dijo a Télam el coordinador de la campaña de aire de Greenpeace, Ingo Boltz.
En ese marco, tras detallar que la polución del gasoil causa "enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares (ACV), cáncer de pulmón e infecciones respiratorias", añadió: "Invitamos a los ciudadanos a que se pregunten si es buena la calidad del aire que respiran".
Boltz explicó que el gobierno porteño tiene "pocas estaciones para medir la contaminación a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, como Santiago, San Pablo o Bogotá, donde hay más de 10 estaciones de medición" y detalló que un avance sería el reemplazo de los colectivos por ómnibus eléctricos que "no generan contaminación sonora".
El activista informó que Greenpeace junto al Conicet y ciudadanos porteños comenzó a realizar un relevamiento para diseñar un mapa sobre la contaminación del aire en la Ciudad.
"Enviamos los primeros 100 medidores a ciudadanos porteños para que ellos los puedan colgar en sus hogares y midan la calidad del aire en su barrio durante tres semanas y en dos meses publicaremos los primeros datos. Ya hay más de 600 personas en lista de espera y daremos más", detalló.
Los interesados en participar de la campaña de concientización y medición del aire de su barrio pueden ingresar a la página greenpeace.org.ar/aire, y luego de firmar la petición "Exigí que no envenenen la salud de niños y niñas", pueden solicitar los dispositivos.
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Fecha de Publicación: 23/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Activistas de Greenpeace escalaron la estatua de 23 metros de la Plaza del Congreso, construida en alegoría a la República, y le colocaron una máscara de oxígeno para cuestionar la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires y reclamar al gobierno porteño más estaciones para medir la polución.
Según la organización ambientalista internacional, la contaminación del aire en la Ciudad supera los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Cuestionamos la calidad del aire en la Ciudad. Sólo hay tres medidores de contaminación y no miden todos los contaminantes dañinos para la salud, como el dióxido de nitrógeno y las partículas finas que salen de los caños de escape de los colectivos a gasoil, que generan los más altos niveles de polución", dijo a Télam el coordinador de la campaña de aire de Greenpeace, Ingo Boltz.
En ese marco, tras detallar que la polución del gasoil causa "enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares (ACV), cáncer de pulmón e infecciones respiratorias", añadió: "Invitamos a los ciudadanos a que se pregunten si es buena la calidad del aire que respiran".
Boltz explicó que el gobierno porteño tiene "pocas estaciones para medir la contaminación a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, como Santiago, San Pablo o Bogotá, donde hay más de 10 estaciones de medición" y detalló que un avance sería el reemplazo de los colectivos por ómnibus eléctricos que "no generan contaminación sonora".
El activista informó que Greenpeace junto al Conicet y ciudadanos porteños comenzó a realizar un relevamiento para diseñar un mapa sobre la contaminación del aire en la Ciudad.
"Enviamos los primeros 100 medidores a ciudadanos porteños para que ellos los puedan colgar en sus hogares y midan la calidad del aire en su barrio durante tres semanas y en dos meses publicaremos los primeros datos. Ya hay más de 600 personas en lista de espera y daremos más", detalló.
Los interesados en participar de la campaña de concientización y medición del aire de su barrio pueden ingresar a la página greenpeace.org.ar/aire, y luego de firmar la petición "Exigí que no envenenen la salud de niños y niñas", pueden solicitar los dispositivos.
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Larreta quiere incinerar (pero lejos de su gente)
El debate por la quema de basura se traslada al conurbano bonaerense
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: "Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano".
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
"Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición", indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: "Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana", indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
"Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje", agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará "a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales".
María, secretaria de la cooperativa, alertó que "la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra". Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: "Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos".
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
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Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: "Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano".
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
"Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición", indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: "Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana", indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
"Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje", agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará "a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales".
María, secretaria de la cooperativa, alertó que "la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra". Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: "Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos".
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
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Incineración: hasta el gobierno había advertido de su peligro
Incineración de basura: la Ciudad había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).
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Costanera Norte: acuerdo con la UBA para gestionarla
Acuerdo para impulsar la reserva de la Costanera Norte
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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20 mil personas afectadas laboralmente por la incineración
Fuentes de trabajo que van a incineración
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Villa Riachuelo el lugar de sacrificio para los incineradores
Inquietud en Villa Riachuelo por la posible llegada de una planta de incineración de basura
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Con inquietud y desconfianza los vecinos de Villa Riachuelo recibieron la noticia de que allí podría instalarse una planta de incineración de basura mediante la técnica de termovalorización. Esta nueva forma de tratar los residuos en la ciudad se habilitó anteayer en la Legislatura al modificarse la ley de basura cero (N°1854) .
"Más allá de que esta nueva forma de incineración use unos filtros especiales, podría ser que igualmente se genere contaminación. No me deja tranquilo el hecho de que el humo no se vea", dice Gabriel Montiel, de 44 años, vecino del barrio. Y agrega que si el saneamiento del Riachuelo fuera una prioridad para el gobierno, no instalaría la planta junto a su cauce.
Nicolás Escroca, de 67 años, vive en el barrio desde 1970. Señala que cuando se instaló allí, se decía que Villa Riachuelo sería "el segundo Palermo" de Buenos Aires. Pero que, en cambio, hoy viven entre el ruido del Autódromo y el olor nauseabundo que el viento trae de Mataderos. "Encima ahora quieren instalar esta planta: ¡nos traen toda la porquería de la ciudad!", se queja.
Fuentes del gobierno porteño, sin embargo, afirman que la nueva tecnología no generará contaminación. Y aunque recién se precisará con exactitud dentro de dos meses el lugar de emplazamiento de la nueva planta, Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, ya adelantó que uno de los sitios posibles es un predio ubicado en la avenida Roca y General Paz, detrás del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Villa Riachuelo es un barrio de clase trabajadora, de calles solitarias y casas sencillas de una sola planta que conviven con enormes galpones industriales. En una recorrida por allí, LA NACION comprobó que la mayoría de los vecinos desconocía por completo el proyecto oficial. Aunque luego de conocer sus detalles, lo rechazaron con vehemencia.
"Es una vuelta al siglo pasado", se queja María Alejandra Camiña, vecina del barrio, excomunera por Proyecto Sur e integrante del movimiento ambientalista 350.org. "No les creemos que la nueva maquinaria no contaminará", alerta. Agrega que se destruirá el espacio verde donde se emplazaría, aumentará la temperatura, se desvalorizará el barrio y se dañará un yacimiento de restos arqueológicos ubicado allí.
"Rechazamos y repudiamos la modificación de la ley", indica Julián Morinigo, del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Explica que la posición del Consejo está basada en un informe técnico de Greenpeace. "El problema no es exclusivo de esta comuna sino de todo Buenos Aires y del Área Metropolitana", alerta.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Con inquietud y desconfianza los vecinos de Villa Riachuelo recibieron la noticia de que allí podría instalarse una planta de incineración de basura mediante la técnica de termovalorización. Esta nueva forma de tratar los residuos en la ciudad se habilitó anteayer en la Legislatura al modificarse la ley de basura cero (N°1854) .
"Más allá de que esta nueva forma de incineración use unos filtros especiales, podría ser que igualmente se genere contaminación. No me deja tranquilo el hecho de que el humo no se vea", dice Gabriel Montiel, de 44 años, vecino del barrio. Y agrega que si el saneamiento del Riachuelo fuera una prioridad para el gobierno, no instalaría la planta junto a su cauce.
Nicolás Escroca, de 67 años, vive en el barrio desde 1970. Señala que cuando se instaló allí, se decía que Villa Riachuelo sería "el segundo Palermo" de Buenos Aires. Pero que, en cambio, hoy viven entre el ruido del Autódromo y el olor nauseabundo que el viento trae de Mataderos. "Encima ahora quieren instalar esta planta: ¡nos traen toda la porquería de la ciudad!", se queja.
Fuentes del gobierno porteño, sin embargo, afirman que la nueva tecnología no generará contaminación. Y aunque recién se precisará con exactitud dentro de dos meses el lugar de emplazamiento de la nueva planta, Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, ya adelantó que uno de los sitios posibles es un predio ubicado en la avenida Roca y General Paz, detrás del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Villa Riachuelo es un barrio de clase trabajadora, de calles solitarias y casas sencillas de una sola planta que conviven con enormes galpones industriales. En una recorrida por allí, LA NACION comprobó que la mayoría de los vecinos desconocía por completo el proyecto oficial. Aunque luego de conocer sus detalles, lo rechazaron con vehemencia.
"Es una vuelta al siglo pasado", se queja María Alejandra Camiña, vecina del barrio, excomunera por Proyecto Sur e integrante del movimiento ambientalista 350.org. "No les creemos que la nueva maquinaria no contaminará", alerta. Agrega que se destruirá el espacio verde donde se emplazaría, aumentará la temperatura, se desvalorizará el barrio y se dañará un yacimiento de restos arqueológicos ubicado allí.
"Rechazamos y repudiamos la modificación de la ley", indica Julián Morinigo, del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Explica que la posición del Consejo está basada en un informe técnico de Greenpeace. "El problema no es exclusivo de esta comuna sino de todo Buenos Aires y del Área Metropolitana", alerta.
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Es ley la incineración de basura en CABA
Escándalo y repudio ante la promulgación de la ley de incineración de basura en CABA
Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación", denunció el legislador Gabriel Solano. Se anticipó que varias organizaciones presentarán pedidos de inconstitucionalidad.
El diputado de la Ciudad Gabriel Solano, del Frente de Izquierda sostuvo durante la sesión que “con esta ley se está violando la Constitución de la Ciudad, en 11 años de gobierno nunca se aprobó el código ambiental que exige la Constitución, vamos a acompañar los pedidos de inconstitucionalidad que presentan varias organizaciones".
Agregó que la decisión tomada de incinerar la basura “constituye un retroceso enorme para la ciudad de Buenos Aires y tendrá consecuencias ambientales gravísimas como lo acaba de denunciar la Facultad de Agronomía de la UBA, así como para la salud".
"De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) más de 2 millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de las partículas tóxicas y cancerígenas que se emiten como producto de la quema de basura", aseguró.
"La propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha abundado en estudios sobre las consecuencias catastróficas de los incineradores de residuos responsables de la mayor parte de la contaminación atmosférica por dioxinas e informan que gran cantidad de las mismas suelen ingresar a la cadena alimenticia”, detalló el legislador.
"No sólo eso, la incineración va a plantear un enorme negocio, es una tecnología carísima, y la generación de energía por esa vía es mucho más costosa que las energías renovables. Finalmente, este proyecto también implica una destrucción de miles de puestos de trabajo de recicladores. Se valen, para ocultarlo, de un manejo conspirativo del Estado porteño y la manipulación de la opinión pública, tal cual se denunció el día de ayer. Nuestro rechazo al mismo es total”, finalizó Solano.
Más tarde sostuvo que “el procedimiento irregular llevó a la protesta del público presente, que fue desalojado de las tribunas. En solidaridad con los trabajadores y ambientalistas que fueron desalojados y en repudio a la votación decidimos retirarnos de la sesión”.
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación. Esto lo hemos señalado con precisión apelando a estudios de organismos nacionales e internacionales”, explicó.
Por su parte, el bloque Unidad Ciudadana rechazó en la Legislatura porteña la aprobación de la modificación de la Ley de Basura Cero que habilita la incineración de residuos, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la presencia de organizaciones ambientales y cooperativas de recuperadores urbanos que se oponen a la incineración de la basura, Unidad Ciudadana rechazó el proyecto por las consecuencias extremadamente dañinas para la salud y el medio ambiente, por ser una política que compite con el reciclaje y la reutilización de residuos, poniendo en peligro miles puestos de trabajo y porque se trata de un proyecto costoso, en el que cada planta implicará un gasto 500 millones de dólares.
Durante su exposición el diputado Mariano Recalde ejemplificó que “con el 1% del presupuesto del proyecto se pueden hacer 40 centros de reciclado para toda la basura de la Ciudad, y con el 99% restante, 2.800 escuelas para resolver el problema de vacantes, 4.500 departamentos similares a los de la Villa Olímpica para solucionar el problema habitacional o 35 kilómetros de subte".
Recalde lamentó la falta de autocrítica del oficialismo por “los 10 años de fracaso en el cumplimiento de las metas de la ley Basura Cero que fue ejemplo para todo el mundo y un orgullo para los porteños”.
El legislador señaló que "ayer nos enteramos de lo que podemos denominar Basura Gate, una bochornosa campaña de manipulación y compra de voluntades a través de la pauta oficial. Y ni así pudieron lograr que alguien argumente a favor".
"No es falta de imaginación. Es un desprecio por el trabajo y por la vida y una voracidad desenfrenada por los negocios", concluyó Recalde.
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Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación", denunció el legislador Gabriel Solano. Se anticipó que varias organizaciones presentarán pedidos de inconstitucionalidad.
El diputado de la Ciudad Gabriel Solano, del Frente de Izquierda sostuvo durante la sesión que “con esta ley se está violando la Constitución de la Ciudad, en 11 años de gobierno nunca se aprobó el código ambiental que exige la Constitución, vamos a acompañar los pedidos de inconstitucionalidad que presentan varias organizaciones".
Agregó que la decisión tomada de incinerar la basura “constituye un retroceso enorme para la ciudad de Buenos Aires y tendrá consecuencias ambientales gravísimas como lo acaba de denunciar la Facultad de Agronomía de la UBA, así como para la salud".
"De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) más de 2 millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de las partículas tóxicas y cancerígenas que se emiten como producto de la quema de basura", aseguró.
"La propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha abundado en estudios sobre las consecuencias catastróficas de los incineradores de residuos responsables de la mayor parte de la contaminación atmosférica por dioxinas e informan que gran cantidad de las mismas suelen ingresar a la cadena alimenticia”, detalló el legislador.
"No sólo eso, la incineración va a plantear un enorme negocio, es una tecnología carísima, y la generación de energía por esa vía es mucho más costosa que las energías renovables. Finalmente, este proyecto también implica una destrucción de miles de puestos de trabajo de recicladores. Se valen, para ocultarlo, de un manejo conspirativo del Estado porteño y la manipulación de la opinión pública, tal cual se denunció el día de ayer. Nuestro rechazo al mismo es total”, finalizó Solano.
Más tarde sostuvo que “el procedimiento irregular llevó a la protesta del público presente, que fue desalojado de las tribunas. En solidaridad con los trabajadores y ambientalistas que fueron desalojados y en repudio a la votación decidimos retirarnos de la sesión”.
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación. Esto lo hemos señalado con precisión apelando a estudios de organismos nacionales e internacionales”, explicó.
Por su parte, el bloque Unidad Ciudadana rechazó en la Legislatura porteña la aprobación de la modificación de la Ley de Basura Cero que habilita la incineración de residuos, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la presencia de organizaciones ambientales y cooperativas de recuperadores urbanos que se oponen a la incineración de la basura, Unidad Ciudadana rechazó el proyecto por las consecuencias extremadamente dañinas para la salud y el medio ambiente, por ser una política que compite con el reciclaje y la reutilización de residuos, poniendo en peligro miles puestos de trabajo y porque se trata de un proyecto costoso, en el que cada planta implicará un gasto 500 millones de dólares.
Durante su exposición el diputado Mariano Recalde ejemplificó que “con el 1% del presupuesto del proyecto se pueden hacer 40 centros de reciclado para toda la basura de la Ciudad, y con el 99% restante, 2.800 escuelas para resolver el problema de vacantes, 4.500 departamentos similares a los de la Villa Olímpica para solucionar el problema habitacional o 35 kilómetros de subte".
Recalde lamentó la falta de autocrítica del oficialismo por “los 10 años de fracaso en el cumplimiento de las metas de la ley Basura Cero que fue ejemplo para todo el mundo y un orgullo para los porteños”.
El legislador señaló que "ayer nos enteramos de lo que podemos denominar Basura Gate, una bochornosa campaña de manipulación y compra de voluntades a través de la pauta oficial. Y ni así pudieron lograr que alguien argumente a favor".
"No es falta de imaginación. Es un desprecio por el trabajo y por la vida y una voracidad desenfrenada por los negocios", concluyó Recalde.
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Curas villeros contra la incineración en Capital Federal
Dura carta de los curas villeros contra el proyecto de incineración de basura
Fecha de Publicación: 03/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
El proyecto oficial para modificar la ley de Basura Cero, que establece nuevos plazos para reducir la cantidad de residuos enviados a predios de disposición final y habilita, además, la instalación de plantas de incineración, no solo provocó el rechazo de agrupaciones ambientalistas. En una dura carta, los curas que trabajan en villas de la ciudad de Buenos Aires plantearon su preocupación por los efectos sociales que tendría la medida, principalmente por cómo afectaría a los recicladores y a las cooperativas que basan su economía popular en la recuperación de los residuos.
"Es preocupante si se quema el material reciclable, ya que muchos cartoneros lo necesitan para ganarse su medio de vida, su sustento", dice el documento, enviado a los legisladores porteños y difundido a toda la comunidad. "Las iniciativas de organización comunitaria de cartoneros y otros rubros, por el compromiso que tienen, logran incluir a muchas personas y familias que una empresa privada no podría contener", sostiene la carta, redactada por el presbítero Lorenzo de Vedia -sacerdote de la villa 21-24, de Barracas, conocido como el padre Toto- y refrendada por otros 19 curas villeros y el vicario para las villas de la ciudad, Gustavo Carrara.
Hace un mes, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ingresó en la Legislatura y esta semana obtuvo dictamen de comisión, previo paso al recinto. La polémica se instaló porque la propuesta les abriría la puerta a las plantas de termovalorización, es decir, incineración con recuperación de energía. La alternativa llega ante el inminente colapso de los predios de disposición final de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), cuya capacidad operativa se agotará en cinco años mientras en la Capital se producen 6760 toneladas de basura por día, a las que se suman 15.000 del área metropolitana.
"Quisimos manifestar nuestra preocupación de cómo puede impactar en los vecinos de nuestros barrios que se ganan la vida con el cartoneo, con el reciclado. Es una carta de llamado de atención para que se considere ese impacto social por lo laboral", dijo a LA NACION el padre Toto. "Es una época en que la situación laboral es complicada. Hay que pensar mucho antes de dar un paso que genere pérdidas de empleo. También queremos llamar la atención por las consecuencias que podría tener para la salud de la gente", agregó.
Al mensaje adhirieron monseñor Carrara y los sacerdotes Juan Isasmendi, Eduardo Casabal y Ignacio Bagattini (villa 1-11-14); Carlos Olivero y Gastón Colombres (villa 21-24 y Zavaleta); Guillermo Torre, José Luis Lozzia y Marco Espínola (villa 31); Sebastián Sury y Damián Reynoso (villa 15); Rodrigo Valdez (Playón de Chacarita), Martín Carroza y Sebastián Risso (villa Cildáñez); Pedro Baya Casal y Adrián Bennardis (villa 3 y Barrio Ramón Castillo); Alejandro Seijo (villa Rodrigo Bueno); Andrés Tocalini (villa Los Piletones); Franco Punturo (villa 20), y Omar Mazza (villa INTA).
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ya plantearon su rechazo a las nuevas políticas del tratamiento de la basura. Otro punto cuestionado del proyecto oficial es que plantea, además, nuevas metas de reducción progresiva de la disposición final de residuos. Las propuestas son un 50% para 2021, un 65% para 2025 y un 80% para 2030.
Actores del reciclado
5324 Recolectores
Todos los días, miles de recicladores recorren la ciudad en busca de residuos que pueden ser reutilizados. Según cifras oficiales, 400 de las 6760 toneladas diarias de basura son recicladas.
12 Cooperativas
La basura recolectada se procesa en diferentes plantas donde trabajan los recuperadores urbanos. Para favorecer el reciclado también hay contenedores verdes y centros verdes en las plazas y parques
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Fecha de Publicación: 03/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
El proyecto oficial para modificar la ley de Basura Cero, que establece nuevos plazos para reducir la cantidad de residuos enviados a predios de disposición final y habilita, además, la instalación de plantas de incineración, no solo provocó el rechazo de agrupaciones ambientalistas. En una dura carta, los curas que trabajan en villas de la ciudad de Buenos Aires plantearon su preocupación por los efectos sociales que tendría la medida, principalmente por cómo afectaría a los recicladores y a las cooperativas que basan su economía popular en la recuperación de los residuos.
"Es preocupante si se quema el material reciclable, ya que muchos cartoneros lo necesitan para ganarse su medio de vida, su sustento", dice el documento, enviado a los legisladores porteños y difundido a toda la comunidad. "Las iniciativas de organización comunitaria de cartoneros y otros rubros, por el compromiso que tienen, logran incluir a muchas personas y familias que una empresa privada no podría contener", sostiene la carta, redactada por el presbítero Lorenzo de Vedia -sacerdote de la villa 21-24, de Barracas, conocido como el padre Toto- y refrendada por otros 19 curas villeros y el vicario para las villas de la ciudad, Gustavo Carrara.
Hace un mes, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ingresó en la Legislatura y esta semana obtuvo dictamen de comisión, previo paso al recinto. La polémica se instaló porque la propuesta les abriría la puerta a las plantas de termovalorización, es decir, incineración con recuperación de energía. La alternativa llega ante el inminente colapso de los predios de disposición final de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), cuya capacidad operativa se agotará en cinco años mientras en la Capital se producen 6760 toneladas de basura por día, a las que se suman 15.000 del área metropolitana.
"Quisimos manifestar nuestra preocupación de cómo puede impactar en los vecinos de nuestros barrios que se ganan la vida con el cartoneo, con el reciclado. Es una carta de llamado de atención para que se considere ese impacto social por lo laboral", dijo a LA NACION el padre Toto. "Es una época en que la situación laboral es complicada. Hay que pensar mucho antes de dar un paso que genere pérdidas de empleo. También queremos llamar la atención por las consecuencias que podría tener para la salud de la gente", agregó.
Al mensaje adhirieron monseñor Carrara y los sacerdotes Juan Isasmendi, Eduardo Casabal y Ignacio Bagattini (villa 1-11-14); Carlos Olivero y Gastón Colombres (villa 21-24 y Zavaleta); Guillermo Torre, José Luis Lozzia y Marco Espínola (villa 31); Sebastián Sury y Damián Reynoso (villa 15); Rodrigo Valdez (Playón de Chacarita), Martín Carroza y Sebastián Risso (villa Cildáñez); Pedro Baya Casal y Adrián Bennardis (villa 3 y Barrio Ramón Castillo); Alejandro Seijo (villa Rodrigo Bueno); Andrés Tocalini (villa Los Piletones); Franco Punturo (villa 20), y Omar Mazza (villa INTA).
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ya plantearon su rechazo a las nuevas políticas del tratamiento de la basura. Otro punto cuestionado del proyecto oficial es que plantea, además, nuevas metas de reducción progresiva de la disposición final de residuos. Las propuestas son un 50% para 2021, un 65% para 2025 y un 80% para 2030.
Actores del reciclado
5324 Recolectores
Todos los días, miles de recicladores recorren la ciudad en busca de residuos que pueden ser reutilizados. Según cifras oficiales, 400 de las 6760 toneladas diarias de basura son recicladas.
12 Cooperativas
La basura recolectada se procesa en diferentes plantas donde trabajan los recuperadores urbanos. Para favorecer el reciclado también hay contenedores verdes y centros verdes en las plazas y parques
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Incineración en CABA: pocas garantías ambientales
El Gobierno porteño se niega a dar precisiones sobre su proyecto de incineración de residuos
Fecha de Publicación: 01/05/2018
Fuente: Tiempo argentino
Provincia/Región: CABA
El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto para modificar la actual norma de Basura Cero. La actual ley prohíbe quemar basura y establece metas de reducción de residuos. La modificación propone nuevas metas y que se permita la incineración con aprovechamiento de energía, lo que llaman termovalorización.
Es cierto que la basura es un problema a resolver en la Ciudad, donde se generan más de 6.000 toneladas diarias de residuos, pero estoy convencida de que el trabajo de los recicladores y recicladoras tiene que ser central y debe estar garantizado por el Gobierno de la Ciudad. Lxs trabajadores señalan que reciclan un 15% del total de la basura que se genera, y que ese porcentaje podría ampliarse enormemente si el Gobierno de la Ciudad les brindara infraestructura para hacerlo. Hay que pensar la Ciudad de forma integral, cuidando a todos los vecinos, al ambiente, y al trabajo. Y el camino es llevar el reciclado al máximo. Resulta difícil pensar en incineración cuando no se agotan las medidas sustentables previamente.
El proyecto deja librada a la voluntad del Ejecutivo la forma en que se implementará este sistema. Pero no ofrece garantías, ni para el ambiente ni para los trabajadores del reciclado. Ni siquiera podemos entrar en el debate acerca de si es buena o mala la incineración, o termovalorización como le llaman. Esta ley significaría firmar un cheque en blanco, porque no especifica cuestiones fundamentales. Como por ejemplo el destino de las cenizas, que son altamente tóxicas. Cómo y quién controlaría las emisiones de dioxinas y furanos, dos componentes cancerígenos. Dónde estaría instalada la o las plantas. Quién garantizaría que no se incinere basura reciclable. Cuál sería el destino de la energía producida en la planta. Si sería ejecutado en manos de privados o la Ciudad se haría cargo del costo de la instalación y funcionamiento de la misma.
Si piensan que puede ser beneficioso, ¿por qué motivo no respondieron nuestras preguntas ni las de los trabajadores del reciclado? ¿Por qué el proyecto de ley no especifica ni controles, ni estudios, ni brinda ningún tipo de garantía?
Ni siquiera pudimos debatir en comisión si incinerar era bueno o malo, porque estamos ante un proyecto absolutamente deficiente, dudoso y poco claro de base que pone en riesgo la salud de los porteños y porteñas y el sustento de más de 5.000 personas que trabajan en el reciclado.
El Apra (Agencia de Protección Ambiental) emitió un documento donde especifica que de implementarse este método, con los controles necesarios, resultaría muy costoso y podría dar pérdidas. La instalación de una planta de incineración, ronda los 150 millones de euros, con ese dinero se podrían instalar unas 40 plantas de reciclado, y ahí ganamos todos: los trabajadores, el ambiente y toda la Ciudad, de hecho si se hizo algo para cumplir con las metas de basura cero, lo hicieron los trabajadores. En Suecia por ejemplo, se aplican los dos métodos, reciclado e incineración, pero como el reciclado ha sido tan exitoso, se genera escasez de basura para la quema, entonces tienen que importar desechos, por lo tanto, es evidente que la incineración no es sustentable, sino que crea una dependencia hacia la basura y el desecho.
Ante esto, me queda una certeza y es que para el Gobierno de la Ciudad, donde hay una necesidad nace un negocio.
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Fecha de Publicación: 01/05/2018
Fuente: Tiempo argentino
Provincia/Región: CABA
El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto para modificar la actual norma de Basura Cero. La actual ley prohíbe quemar basura y establece metas de reducción de residuos. La modificación propone nuevas metas y que se permita la incineración con aprovechamiento de energía, lo que llaman termovalorización.
Es cierto que la basura es un problema a resolver en la Ciudad, donde se generan más de 6.000 toneladas diarias de residuos, pero estoy convencida de que el trabajo de los recicladores y recicladoras tiene que ser central y debe estar garantizado por el Gobierno de la Ciudad. Lxs trabajadores señalan que reciclan un 15% del total de la basura que se genera, y que ese porcentaje podría ampliarse enormemente si el Gobierno de la Ciudad les brindara infraestructura para hacerlo. Hay que pensar la Ciudad de forma integral, cuidando a todos los vecinos, al ambiente, y al trabajo. Y el camino es llevar el reciclado al máximo. Resulta difícil pensar en incineración cuando no se agotan las medidas sustentables previamente.
El proyecto deja librada a la voluntad del Ejecutivo la forma en que se implementará este sistema. Pero no ofrece garantías, ni para el ambiente ni para los trabajadores del reciclado. Ni siquiera podemos entrar en el debate acerca de si es buena o mala la incineración, o termovalorización como le llaman. Esta ley significaría firmar un cheque en blanco, porque no especifica cuestiones fundamentales. Como por ejemplo el destino de las cenizas, que son altamente tóxicas. Cómo y quién controlaría las emisiones de dioxinas y furanos, dos componentes cancerígenos. Dónde estaría instalada la o las plantas. Quién garantizaría que no se incinere basura reciclable. Cuál sería el destino de la energía producida en la planta. Si sería ejecutado en manos de privados o la Ciudad se haría cargo del costo de la instalación y funcionamiento de la misma.
Si piensan que puede ser beneficioso, ¿por qué motivo no respondieron nuestras preguntas ni las de los trabajadores del reciclado? ¿Por qué el proyecto de ley no especifica ni controles, ni estudios, ni brinda ningún tipo de garantía?
Ni siquiera pudimos debatir en comisión si incinerar era bueno o malo, porque estamos ante un proyecto absolutamente deficiente, dudoso y poco claro de base que pone en riesgo la salud de los porteños y porteñas y el sustento de más de 5.000 personas que trabajan en el reciclado.
El Apra (Agencia de Protección Ambiental) emitió un documento donde especifica que de implementarse este método, con los controles necesarios, resultaría muy costoso y podría dar pérdidas. La instalación de una planta de incineración, ronda los 150 millones de euros, con ese dinero se podrían instalar unas 40 plantas de reciclado, y ahí ganamos todos: los trabajadores, el ambiente y toda la Ciudad, de hecho si se hizo algo para cumplir con las metas de basura cero, lo hicieron los trabajadores. En Suecia por ejemplo, se aplican los dos métodos, reciclado e incineración, pero como el reciclado ha sido tan exitoso, se genera escasez de basura para la quema, entonces tienen que importar desechos, por lo tanto, es evidente que la incineración no es sustentable, sino que crea una dependencia hacia la basura y el desecho.
Ante esto, me queda una certeza y es que para el Gobierno de la Ciudad, donde hay una necesidad nace un negocio.
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