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Un auto eléctrico fabricado en Argentina ya podrá circular
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Un auto eléctrico que se fabrica en Morón ya podrá circular por las calles
Fecha de Publicación: 14/08/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Es el primero de industria nacional y hasta ahora sólo se podía usar en espacios privados. Alcanza los 45 Km/h.
El primer auto eléctrico de industria nacional, que es fabricado por Sero Electric en su planta de Morón, obtuvo la Licencia de Configuración de Modelo, que le permitirá circular por calles y avenidas en todo el país. Hasta el momento era utilizado sólo en espacios privados y no estaba habilitado para la vía pública.
“Estamos con los últimos trámites para que se pueda patentar y a fines de agosto ya saldrán a la calle las primeras unidades. Es la movilidad del futuro”, destacó Guadalupe Naya, representante de la empresa que se instaló en Morón en 2018.
El uso de este vehículo reemplazaría en algunos casos a las motos, ya que no tiene las mismas prestaciones que un auto y principalmente porque no puede circular en autopistas y rutas debido a que la máxima velocidad que alcanza es de 45 km/hora. La autonomía es de 50 a 70 kilómetros y puede llevar a 2 personas.
El auto mide 2,35 metros y pesa 340 kilogramos. Tiene caja automática con marcha adelante, marcha atrás y punto muerto, para un fácil manejo. Cuenta con iluminación LED para optimizar el consumo de energía. Los precios varían en función de la versión y el modelo entre los 10 y 12 mil dólares.
El proyecto arrancó en 2011, cuando Pablo Naya trajo unidades eléctricas de Italia tras un convenio con una empresa europea para desarrollar la matricería en Argentina con algunas modificaciones acordes a las preferencias argentinas.
Como no había otras empresas de este tipo en el país, la familia Naya tuvo que tramitar durante tres años hasta conseguir una ley que permitiera el uso de estos vehículos, y luego más de un año hasta conseguir la homologación que hoy los habilita a circular por la vía pública.
Hasta el momento los modelos se comercializaron para circular dentro de fábricas, aeropuertos, barrios privados y para tareas de vigilancia en zonas peatonales a las que no se puede acceder con un vehículo tradicional en municipios como Morón y Godoy Cruz (Mendoza).
“Es un producto y un mercado nuevo. Y novedoso, porque la gente no está acostumbrada a este tipo de vehículos. En otros países hay un camino recorrido, acá la gente no sabe lo que es”, dijo Naya, quien considera que en principio la producción se organizará en base a la demanda, aunque cuentan con capacidad para fabricar 50 unidades mensuales. Esperan recibir pedidos no sólo del mercado nacional sino también del Mercosur.
El aspecto ecológico es una de las principales ventajas de la movilidad eléctrica y, en el caso del modelo que fabrica Sero Electric, también se destaca lo monetario ya que resulta más económico que un vehículo tradicional. La carga de la batería se hace directo desde un toma corriente de 220 voltios y necesita de cinco a siete horas para una carga total. “Consume menos que una plancha”, aseguró Naya.
Ya recorre las calles de Morón
El Municipio de Morón fue el primero del país en incorporar unidades eléctricas de Sero Electric a su flota. Como parte del proyecto de una ciudad inteligente, una ordenanza habilitó su uso en las áreas de Tránsito y Seguridad de Morón. También se utilizan en la ciudad de Godoy Cruz en Mendoza, donde realizan recorridas por los espacios públicos y predios municipales en forma segura para el cuidado del medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 14/08/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Es el primero de industria nacional y hasta ahora sólo se podía usar en espacios privados. Alcanza los 45 Km/h.
El primer auto eléctrico de industria nacional, que es fabricado por Sero Electric en su planta de Morón, obtuvo la Licencia de Configuración de Modelo, que le permitirá circular por calles y avenidas en todo el país. Hasta el momento era utilizado sólo en espacios privados y no estaba habilitado para la vía pública.
“Estamos con los últimos trámites para que se pueda patentar y a fines de agosto ya saldrán a la calle las primeras unidades. Es la movilidad del futuro”, destacó Guadalupe Naya, representante de la empresa que se instaló en Morón en 2018.
El uso de este vehículo reemplazaría en algunos casos a las motos, ya que no tiene las mismas prestaciones que un auto y principalmente porque no puede circular en autopistas y rutas debido a que la máxima velocidad que alcanza es de 45 km/hora. La autonomía es de 50 a 70 kilómetros y puede llevar a 2 personas.
El auto mide 2,35 metros y pesa 340 kilogramos. Tiene caja automática con marcha adelante, marcha atrás y punto muerto, para un fácil manejo. Cuenta con iluminación LED para optimizar el consumo de energía. Los precios varían en función de la versión y el modelo entre los 10 y 12 mil dólares.
El proyecto arrancó en 2011, cuando Pablo Naya trajo unidades eléctricas de Italia tras un convenio con una empresa europea para desarrollar la matricería en Argentina con algunas modificaciones acordes a las preferencias argentinas.
Como no había otras empresas de este tipo en el país, la familia Naya tuvo que tramitar durante tres años hasta conseguir una ley que permitiera el uso de estos vehículos, y luego más de un año hasta conseguir la homologación que hoy los habilita a circular por la vía pública.
Hasta el momento los modelos se comercializaron para circular dentro de fábricas, aeropuertos, barrios privados y para tareas de vigilancia en zonas peatonales a las que no se puede acceder con un vehículo tradicional en municipios como Morón y Godoy Cruz (Mendoza).
“Es un producto y un mercado nuevo. Y novedoso, porque la gente no está acostumbrada a este tipo de vehículos. En otros países hay un camino recorrido, acá la gente no sabe lo que es”, dijo Naya, quien considera que en principio la producción se organizará en base a la demanda, aunque cuentan con capacidad para fabricar 50 unidades mensuales. Esperan recibir pedidos no sólo del mercado nacional sino también del Mercosur.
El aspecto ecológico es una de las principales ventajas de la movilidad eléctrica y, en el caso del modelo que fabrica Sero Electric, también se destaca lo monetario ya que resulta más económico que un vehículo tradicional. La carga de la batería se hace directo desde un toma corriente de 220 voltios y necesita de cinco a siete horas para una carga total. “Consume menos que una plancha”, aseguró Naya.
Ya recorre las calles de Morón
El Municipio de Morón fue el primero del país en incorporar unidades eléctricas de Sero Electric a su flota. Como parte del proyecto de una ciudad inteligente, una ordenanza habilitó su uso en las áreas de Tránsito y Seguridad de Morón. También se utilizan en la ciudad de Godoy Cruz en Mendoza, donde realizan recorridas por los espacios públicos y predios municipales en forma segura para el cuidado del medio ambiente.
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Agua contaminada y una muestra de lo que ocasiona
El drama de Pergamino: toda una familia tiene daño genético por tomar agua con agroquímicos
Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo estableció un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que trabaja con casos similares: una familia entera sufre las consecuencias de tomar agua con agroquímicos. Mientras que el intendente Martínez relativizó el problema, diversos estudios muestran que el agua de Pergamino pone en riesgo a la población. El resumen de toda una causa que impacta a nivel provincial y nacional.
Un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agrega la verificación del daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a constantes fumigaciones.
A pesar de que el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) catalogó a estas denuncias como un “manoseo político” y minimizó a la cuestión asegurando que sólo se encontró “una partícula de glifosato en miles y miles de litros” de agua, lo cierto es que la provincia y el país miran a Pergamino como una de las ciudades más contaminadas, ante las numerosas evidencias que recaban vecinos y la Justicia.
Ahora, el estudio que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto comprobó lo que una familia temía: el agroquímico en sangre enferma y “daña las células” del cuerpo humano.
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Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo estableció un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que trabaja con casos similares: una familia entera sufre las consecuencias de tomar agua con agroquímicos. Mientras que el intendente Martínez relativizó el problema, diversos estudios muestran que el agua de Pergamino pone en riesgo a la población. El resumen de toda una causa que impacta a nivel provincial y nacional.
Un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agrega la verificación del daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a constantes fumigaciones.
A pesar de que el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) catalogó a estas denuncias como un “manoseo político” y minimizó a la cuestión asegurando que sólo se encontró “una partícula de glifosato en miles y miles de litros” de agua, lo cierto es que la provincia y el país miran a Pergamino como una de las ciudades más contaminadas, ante las numerosas evidencias que recaban vecinos y la Justicia.
Ahora, el estudio que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto comprobó lo que una familia temía: el agroquímico en sangre enferma y “daña las células” del cuerpo humano.
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Aguas Bonaerense quiere seguir dando agua con arsénico
En Monte, el agua potable viene con arsénico
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones
Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Cementerio de autos cercano al Riachuelo eliminado
Eliminaron un cementerio de autos abandonados a metros del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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El agua de Pergamino tiene agroquímicos y arsénico
Un combo tóxico en el agua de Pergamino: agroquímicos y arsénico
Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido.
Nuevos análisis sobre el agua de Pergamino, en la que fueron hallados este año residuos de 18 agroquímicos, ratificaron la presencia de arsénico en aquella ciudad. Advierten que la combinación de los dos tipos de contaminación potencia la toxicidad.
En el marco de la causa penal que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás en relación a las fumigaciones con agroquímicos de los barrios La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad, la abogada querellante Sabrina Ortiz pidió que la Autoridad del Agua (ADA) realice un estudio pormenorizado sobre la presencia de arsénico en el agua de la ciudad.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido por el Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro), al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.230.
La situación es realmente dramática en Pergamino si se tiene en cuenta que este año un estudio elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, advirtió que la combinación de glifosato y arsénico en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
En la misma línea, el científico alertó sobre «un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración».
Tal como viene publicando DIB, en el agua de Pergamino hay tanto presencia de restos de químicos utilizados para el agro como de arsénico. Esta última forma de contaminación se da por un proceso natural y afecta a granparte del territorio provincial.
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Atucha II: admiten pérdida de agua pesada
Zárate: Atucha II seguirá parada hasta el 7 de agosto y desmintió posible contaminación
Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: lanoticia1.com
Provincia/Región: Nacional
La empresa Nucleoeléctrica Argentina informó que se paró manualmente la central nuclear ubicada en Lima el lunes. Fue para reparar una pérdida de agua pesada. Desmintió que haya riesgo de contaminación.
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina que opera las centrales Atucha aclaró "que en ningún momento hubo ni hay posibilidad de contaminación del río Paraná" luego que Atucha 2 deje de funcionar momentáneamente.
"El lunes 15 de julio a las 08:30 hs. la empresa sacó de servicio en forma manual a la Central Nuclear Atucha II para realizar la reparación de una soldadura de una cañería de venteo de 25 milímetros de diámetro, en la que se generó una micropérdida de agua pesada que ya fue solucionada. El agua pesada utilizada en las centrales nucleares argentinas no está en contacto con el exterior, por lo que no hubo ni hay posibilidad de contaminación", informó.
Atucha II cuenta con un sistema cerrado de recirculación de agua pesada que es utilizado para moderar la reacción nuclear. "Este sistema se mantiene siempre dentro del área radiológicamente controlada de la central y jamás entra en contacto con el exterior", precisaron para evitar la alarma en la población.
Desde Nucleoeléctrica también se indicó que "la única función que cumple el agua del río Paraná en la Central Nuclear Atucha II es la de condensar el vapor que se utiliza para mover las turbinas. Este vapor no posee ningún tipo de radiación contaminante".
La Central Nuclear prevé el retorno al servicio para el próximo el 7 de agosto, "luego de la realización de las pruebas repetitivas previstas para este año, que se deben ejecutar con la planta en la condición de parada fría".
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Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: lanoticia1.com
Provincia/Región: Nacional
La empresa Nucleoeléctrica Argentina informó que se paró manualmente la central nuclear ubicada en Lima el lunes. Fue para reparar una pérdida de agua pesada. Desmintió que haya riesgo de contaminación.
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina que opera las centrales Atucha aclaró "que en ningún momento hubo ni hay posibilidad de contaminación del río Paraná" luego que Atucha 2 deje de funcionar momentáneamente.
"El lunes 15 de julio a las 08:30 hs. la empresa sacó de servicio en forma manual a la Central Nuclear Atucha II para realizar la reparación de una soldadura de una cañería de venteo de 25 milímetros de diámetro, en la que se generó una micropérdida de agua pesada que ya fue solucionada. El agua pesada utilizada en las centrales nucleares argentinas no está en contacto con el exterior, por lo que no hubo ni hay posibilidad de contaminación", informó.
Atucha II cuenta con un sistema cerrado de recirculación de agua pesada que es utilizado para moderar la reacción nuclear. "Este sistema se mantiene siempre dentro del área radiológicamente controlada de la central y jamás entra en contacto con el exterior", precisaron para evitar la alarma en la población.
Desde Nucleoeléctrica también se indicó que "la única función que cumple el agua del río Paraná en la Central Nuclear Atucha II es la de condensar el vapor que se utiliza para mover las turbinas. Este vapor no posee ningún tipo de radiación contaminante".
La Central Nuclear prevé el retorno al servicio para el próximo el 7 de agosto, "luego de la realización de las pruebas repetitivas previstas para este año, que se deben ejecutar con la planta en la condición de parada fría".
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Un polo curtidor para aliviar al Riachuelo
Construyen en Lanús un polo curtidor para relocalizar empresas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
El Parque Industrial estará a 10 cuadras del Puente Olímpico. Tratarán los efluentes, que irán a la red cloacal.
En Lanús comenzaron a levantar el Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio de la calle Olazábal al 3500 se da un paso clave para crear un polo especializado en curtiembres en Villa Jardín.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan mudar empresas pequeñas y medianas.
En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar los residuos propios de la actividad.
De este modo se busca evitar que se los arroje en el Riachuelo, una práctica que aún persiste. Para trabajar los cueros se utilizan sustancias tóxicas o contaminantes como el cromo y algunos sulfuros.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años la reflotaron y los hilos empezaron a moverse.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
Así, la industria de la curtiembre -uno de los principales factores contaminantes del Riachuelo- podrá reconvertirse a formas más amigables con el medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son "la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos".
El parque estará rodeado por muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control del peso de los camiones que entren y salgan.
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el Riachuelo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que "sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
“La regulación que tiene Acumar en cuanto a los vertidos hacia el curso de agua tiene estándares industriales altos y porque la calidad del líquido que se trata debe cumplir con determinadas características", advierten en el ente que coordina los trabajos.
"Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar todas juntas", destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a una zona humilde del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
El Parque Industrial estará a 10 cuadras del Puente Olímpico. Tratarán los efluentes, que irán a la red cloacal.
En Lanús comenzaron a levantar el Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio de la calle Olazábal al 3500 se da un paso clave para crear un polo especializado en curtiembres en Villa Jardín.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan mudar empresas pequeñas y medianas.
En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar los residuos propios de la actividad.
De este modo se busca evitar que se los arroje en el Riachuelo, una práctica que aún persiste. Para trabajar los cueros se utilizan sustancias tóxicas o contaminantes como el cromo y algunos sulfuros.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años la reflotaron y los hilos empezaron a moverse.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
Así, la industria de la curtiembre -uno de los principales factores contaminantes del Riachuelo- podrá reconvertirse a formas más amigables con el medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son "la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos".
El parque estará rodeado por muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control del peso de los camiones que entren y salgan.
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el Riachuelo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que "sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
“La regulación que tiene Acumar en cuanto a los vertidos hacia el curso de agua tiene estándares industriales altos y porque la calidad del líquido que se trata debe cumplir con determinadas características", advierten en el ente que coordina los trabajos.
"Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar todas juntas", destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a una zona humilde del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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Lobo marino atorado con un neumático en Mar del Plata
Un lobo marino quedó atorado con un neumático: enérgico repudio de Fauna Argentina a quienes ensucian
Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Un ejemplar de la reserva en el Puerto de Mar del Plata apareció con una cubierta envolviendo su cuello. Desde la Fundación criticaron a la "gente sucia" que descartó ese material que se convierte en "una trampa mortal".
Un lobo marino de la reserva del Puerto de Mar del Plata quedó atrapado por un neumático descartado que se atoró en su cuello. Las imágenes de este ejemplar llegaron a las redes sociales de la mano de turistas y vecinos que en el marco del fin de semana largo fueron a pasear a este sector de la ciudad e inmediatamente la Fundación Fauna Argentina salió a repudiar a quienes ensucian y contaminan las playas y el mar, poniendo en riesgo a los animales.
En el inicio del fin de semana largo, gracias al buen tiempo, el Puerto se convirtió en uno de los primeros paseos para los turistas que arribaron a la ciudad. Sin dudas, un punto inevitable del recorrido es la reserva de lobos marinos, adonde residen decenas de ejemplares.
La postal, sin embargo, se vio empañada por la aparición de un lobo marino en la lobería de la escollera sur con un neumático como collar en el cuello de un ejemplar, que causó sorpresa, rechazo e indignación entre los turistas.
Desde la Fundación Fauna Argentina, entidad que durante todo el año realiza una tarea ejemplar en cuanto al mantenimiento de la reserva de lobos y el cuidado de estos y otros animales, salieron a repudiar la situación.
“No es nuestra Institución la que realiza en forma deliberada estos enmalles, estas trampas mortales son producto del mal accionar de los ciudadanos. Esa cubierta no está en ese cuello porque si, está allí porque alguna persona la descartó”, expresaron.
Los voluntarios de esta entidad acuden en cada oportunidad que se realiza un rescate, ya que lamentablemente es recurrente que los lobos queden atrapados y se lastimen ante el descarte de desechos en lugares indebidos (sunchos, sogas, plásticos, etcétera).
Y en ese sentido, hace años concientizan a la población respecto a la real importancia de mantener limpias las playas y la costa en general y de no arrojar basura que, además de contaminar, provoca daños en la fauna.
A partir de la cantidad de mensajes y llamados que recibieron tras la aparición de este ejemplar atrapado con un neumático, desde Fauna Argentina informaron que la reserva se limpia una vez por semana: “Si no es del gusto del turista, 9.30 nos juntamos voluntariamente todos los sábados a sacar la basura que los sucios arrojan, los invitamos a sumarse y dejar el lugar como todos lo soñamos: limpio”.
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Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Un ejemplar de la reserva en el Puerto de Mar del Plata apareció con una cubierta envolviendo su cuello. Desde la Fundación criticaron a la "gente sucia" que descartó ese material que se convierte en "una trampa mortal".
Un lobo marino de la reserva del Puerto de Mar del Plata quedó atrapado por un neumático descartado que se atoró en su cuello. Las imágenes de este ejemplar llegaron a las redes sociales de la mano de turistas y vecinos que en el marco del fin de semana largo fueron a pasear a este sector de la ciudad e inmediatamente la Fundación Fauna Argentina salió a repudiar a quienes ensucian y contaminan las playas y el mar, poniendo en riesgo a los animales.
En el inicio del fin de semana largo, gracias al buen tiempo, el Puerto se convirtió en uno de los primeros paseos para los turistas que arribaron a la ciudad. Sin dudas, un punto inevitable del recorrido es la reserva de lobos marinos, adonde residen decenas de ejemplares.
La postal, sin embargo, se vio empañada por la aparición de un lobo marino en la lobería de la escollera sur con un neumático como collar en el cuello de un ejemplar, que causó sorpresa, rechazo e indignación entre los turistas.
Desde la Fundación Fauna Argentina, entidad que durante todo el año realiza una tarea ejemplar en cuanto al mantenimiento de la reserva de lobos y el cuidado de estos y otros animales, salieron a repudiar la situación.
“No es nuestra Institución la que realiza en forma deliberada estos enmalles, estas trampas mortales son producto del mal accionar de los ciudadanos. Esa cubierta no está en ese cuello porque si, está allí porque alguna persona la descartó”, expresaron.
Los voluntarios de esta entidad acuden en cada oportunidad que se realiza un rescate, ya que lamentablemente es recurrente que los lobos queden atrapados y se lastimen ante el descarte de desechos en lugares indebidos (sunchos, sogas, plásticos, etcétera).
Y en ese sentido, hace años concientizan a la población respecto a la real importancia de mantener limpias las playas y la costa en general y de no arrojar basura que, además de contaminar, provoca daños en la fauna.
A partir de la cantidad de mensajes y llamados que recibieron tras la aparición de este ejemplar atrapado con un neumático, desde Fauna Argentina informaron que la reserva se limpia una vez por semana: “Si no es del gusto del turista, 9.30 nos juntamos voluntariamente todos los sábados a sacar la basura que los sucios arrojan, los invitamos a sumarse y dejar el lugar como todos lo soñamos: limpio”.
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Indagatoria por contaminación de la papelera de La Plata
Indagarán a responsables de una papelera de La Plata acusados de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Desbaratan banda que traficaba animales en peligro
Bahía Blanca: descubren a una banda que se dedicada a comercializar animales en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 01/07/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay cuatro detenidos. Iban a comercializar tucanes, cardenales amarillos, rojos zorzales, búhos, lechuzas, loros norteños y brasileros, erizos africanos, loros varias especies y colores y calandrias, por medio millón de pesos. Mirá el video
Cuatro hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una banda dedicada a la comercialización clandestina de especies exóticas en extinción en múltiples allanamientos realizados en Bahía Blanca que dejaron como saldo el secuestro de 280 animales silvestres, informaron fuentes policiales.
La investigación y las detenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Casos Especiales, que depende de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, con el apoyo de Gendarmería Nacional.
De acuerdo a la pesquisa, se calcula que en el tráfico ilegal los animales secuestrados pueden costar aproximadamente medio millón de pesos.
Los apresados, que tienen 26, 27, 50 y 78 años, fueron atrapados tras varios operativos desarrollados en la ciudad de Bahía Blanca.
Según se informó, se incautaron 280 animales. Entre ellos se destacan Tucanes, Cardenales Amarillos, Rojos Zorzales, Búhos, Lechuzas, Loros Norteño y Brasileros, Erizos Africanos, Loros varias especies y colores y Calandrias.
“Muchos de ellos son exóticos y están en peligro de extinción. Además, algunos son traídos desde el exterior”, dijo un jefe policial que intervino en los procedimientos, quien agregó que “los animales y aves estaban en condiciones deplorables”.
Los investigadores allanaron dos domicilios, tras una denuncia anónima, donde los imputados tenían a los ejemplares en “cautiverio” antes de comercializarlos.
Interviene la UFI N° 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que abrió una causa por infracción a las leyes 22.421 y 14346 (Comercialización de especies exóticas en extinción).
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Proyecto undimotriz que toma forma en la práctica
Crearon un proyecto inédito que genera energía con las olas del mar
Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Alejandro Haim es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y en 2011 creó un equipo que genera energía a través de las ondas de las olas del mar. Este año, la facultad regional Buenos Aires de la UTN obtuvo la patente del proyecto undimotriz y comenzó la construcción del primer equipo junto con la empresa marplatense QM Equipment.
Se trata de una boya que tiene un peso aproximado de dos toneladas de acero grueso y que flota. Esto transforma el movimiento de la boya en circular. "El artefacto ya fue probado en olas y solo resta construirlo en mayor tamaño. Estamos en fase de investigación", dijo Haim.
La boya está conectada a un cable submarino, que lleva la energía generada hasta la costa y lo conectan a una subestación eléctrica. Tiene que estar lo suficientemente alejada para que haya ondas y no olas, pero cerca de la costa por la longitud del cable. Los investigadores calculan que podría estar entre 500 metros y hasta 2 kilómetros de la orilla.
El investigador hizo hincapié en que el mar siempre está en movimiento, a diferencia del resto de las energías que dependen de los combustibles fósiles, el viento o el sol. Incluso los barcos podrán abastecerse de energía a través de este equipo, sin tener que llegar a la costa.
Haim contó que la idea del proyecto nació en 2009, cuando estaba en el mar flotando con su tabla de surf y lo quiso plasmar como proyecto de tesis final de su carrera de ingeniería mecánica. Diez años después, el proyecto obtuvo la patente al nombre de la facultad, donde él es el director del Laboratorio de Estudios Sobre Energía Solar (LESES).
Con la empresa QM Equipment, la facultad está fabricando un equipo que tendrá una potencia de 30 kilowatt (kW). Mientras la compañía se encarga de la maquinaria pesada, los investigadores están en los detalles de la mecánica fina. Haim proyecta que el equipo estará terminado el año que viene y ahí podrá ser probado en el agua.
"En el exterior, hay un universo de prototipos que están siendo probados en el mar, pero no hay una tecnología que domine el mercado. Estamos en competencia para ver quién hace la mejor tecnología", indicó. La mayoría de los inventos en funcionamiento se encuentran en España, Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Alemania y China.
El financiamiento por parte de la universidad es recaudado con premios de concursos a los que asisten, en los cuales participan los investigadores con sus proyectos. "Nuestro sueño es tener el mar sembrado de estos equipos que transformen la energía de las olas en eléctrica", concluyó Haim.
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Río Reconquista: apuestan a más control con inspectores
Incorporan diez inspectores para fiscalizar industrias de mayor contaminación en el Río Reconquista
Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec) incorporó diez inspectores para fiscalizar en los próximos seis meses las industrias de mayor contaminación ubicadas en la zona media que atraviesa al menos seis distritos del conurbano bonaerense, informó hoy ese organismo.
Se trata de diez profesionales elegidos entre más de 350 postulantes que trabajarán en conjunto con representantes de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Según informó el Comirec, en un principio los inspectores trabajarán sobre la subcuenca del Arroyo Morón, una de las zonas de mayor contaminación y que más industrias concentra.
Ese arroyo atraviesa los partidos de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham, además de pequeños espacios de Ituzaingó, La Matanza y San Martín.
Para evaluar cuáles serán las industrias a inspeccionar de mayor incidencia sobre el recurso hídrico, se tuvieron en cuenta ciertas variables como proximidad al curso de agua, rubro industrial (alta contaminación de curtiembres, frigoríficos, de galvanoplastías, etc), materias primas empleadas, caudales de toma de agua y vuelcos de efluentes y denuncias recibidas, entre otras.
Además de las tareas de fiscalización industrial, el Comirec prevé realizar tres talleres de concientización y educación ambiental: un primer taller para público general, a realizarse en Cámara industrial; otro para empleados de Frigoríficos y un tercer taller para galvanoplastías.
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Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec) incorporó diez inspectores para fiscalizar en los próximos seis meses las industrias de mayor contaminación ubicadas en la zona media que atraviesa al menos seis distritos del conurbano bonaerense, informó hoy ese organismo.
Se trata de diez profesionales elegidos entre más de 350 postulantes que trabajarán en conjunto con representantes de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Según informó el Comirec, en un principio los inspectores trabajarán sobre la subcuenca del Arroyo Morón, una de las zonas de mayor contaminación y que más industrias concentra.
Ese arroyo atraviesa los partidos de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham, además de pequeños espacios de Ituzaingó, La Matanza y San Martín.
Para evaluar cuáles serán las industrias a inspeccionar de mayor incidencia sobre el recurso hídrico, se tuvieron en cuenta ciertas variables como proximidad al curso de agua, rubro industrial (alta contaminación de curtiembres, frigoríficos, de galvanoplastías, etc), materias primas empleadas, caudales de toma de agua y vuelcos de efluentes y denuncias recibidas, entre otras.
Además de las tareas de fiscalización industrial, el Comirec prevé realizar tres talleres de concientización y educación ambiental: un primer taller para público general, a realizarse en Cámara industrial; otro para empleados de Frigoríficos y un tercer taller para galvanoplastías.
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Contaminación y vulnerabilidad en el conurbano
Conurbano sur: contaminación hídrica y vulnerabilidad social
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: InfoBAE
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco del Programa de Estudios en Ambiente y Territorio (PEAT), creado con el objetivo de generar un impacto en la comunidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) busca fortalecer el trabajo de los vecinos, los municipios y las industrias para una gestión sustentable del recurso hídrico en la cuenca del arroyo Las Conchitas, cuya jurisdicción es compartida por Florencio Varela y Berazategui. El equipo de investigación es conducido por Alejandro Crojethovich, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que cuenta además con un Ph. D. en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid.
Al referirse a las características de Las Conchitas, este investigador aclara que se trata de "un arroyo de llanura, que no tiene un escurrimiento de agua muy poderoso y al que le cuesta depurarse", al tiempo que puntualiza que la contaminación del arroyo "depende de los usos del suelo y varía entre la cuenca alta, donde las condiciones ambientales son mejores, y la cuenca media y baja, donde empieza a haber usos industriales y la contaminación es mucho más marcada". Respecto de la vulnerabilidad social, Crojethovich señala: "Una mala calidad del agua y la presencia de población con un bajo nivel socioeconómico, instalada cerca del arroyo, permite extraer conclusiones respecto de la mayor vulnerabilidad frente a su crecida o en lo que se refiere al contacto de población local con el agua del arroyo, que se filtra a las napas y, en definitiva, va a parar a las canillas". "Toda esa conjunción crea una situación de vulnerabilidad frente a los recursos contaminados", añade.
En cuanto al trabajo de campo, una integrante del equipo de investigación, Clarisa Cánepa, estudiante de la Lienciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ y becaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explica que han venido realizando un seguimiento mediante un sistema de información geográfica (SIG) y mediante la toma de muestras en el campo cada 50 días. "Para determinar la calidad del agua ?explica? se medieron varios parámetros, entre ellos el oxígeno disuelto, la acidez (pH) y la demanda química de oxígeno (DQO)".
Al analizar el impacto del cambio climático, Crojethovich señala: "Los sistemas urbanos van a ser más golpeados por los efectos del cambio climático: desbordes de agua del arroyo, inundaciones que invaden las casas y enfermedades hídricas por contaminación industrial. Todo ese se va a ir exacerbando. El cambio climático es inevitable, pero cuanto más resiliente sea la sociedad, el golpe será menor y la adaptabilidad mayor". En ese sentido, advierte: "Si se logra organizar en el territorio a los actores sociales, se puede prever que frente a un brusco cambio climático, la población tenga más resiliencia y pueda enfrenta mejor esos cambios".
"Estamos evaluando cómo diferentes actores sociales que utilizan el agua, como son las industrias, los municipios y la propia población, se pueden organizar para lograr que haya una gestión más sustentable del recurso, pensando, además, que se encuentran en una zona que en el mediano y largo plazo va ser fuertemente impactada por el cambio climático", añade. En concreto, se están organizando talleres con la población, se están iniciando conversaciones con distintas cámaras empresarias locales y, a partir de un programa de pasantías implementado por el Municipio de Florencio Varela, dos alumnos de la UNAJ se han incroporado como inspectores municipales.
El objetivo final es, tal como destaca Crojethovich, que esta cuenca "se convierta, a nivel del Conurbano, en una prueba piloto donde haya un monitoreo constante y se pueda ir evaluando cómo evoluciona la relación entre los distintos actores". "La Universidad es la catalizadora de ese proceso de reunir a los actores que intervienen en el territorio para que trabajen juntos y puedan consensuar pautas para la gestión de los recursos hídricos", concluye.
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OPDS quiere controlar los cerdos silvestres
El OPDS inició un plan para reducir la población de cerdos silvestres y proteger al venado de las pampas
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La creciente población del cerdo silvestre, conocido como chancho cimarrón y actualmente estimada en cerca de 9.000 ejemplares, pone en peligro a unos 300 venados de las pampas, el cérvido más amenazado del país e incluido en la lista de especies en extinción, que habita en el área natural protegida Bahía Samborombón, en el este bonaerense. Es que los descendientes de los primeros cerdos domésticos soltados en estas tierras por los conquistadores españoles hace más de cinco siglos, se convirtieron en el principal riesgo de esta especie declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires en 1995.
Para controlar esta especie exótica e invasora, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso en marcha un proyecto piloto, que busca reducir la población a niveles que no afecten la fauna nativa y la producción ganadera de la zona, además de evitar un riesgo sanitario ya que los cerdos silvestres son portadores de enfermedades como la tuberculosis, la leptospirosis y la brucelosis, transmisibles al ganado y a los humanos.
Dicho proyecto se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es a través de la Disposición 3/2019 que habilita los controles poblacionales bajo supervisión y capacitación de los Guardaparques del Organismo. El otro es la utilización de trampas circulares construidas especialmente en material metálico expandido. Tienen 6 metros de diámetro y un dispenser automático que, alimentado a energía arroja maíz con el fin de atraer a los chanchos. (Ver video).
Al mismo tiempo se desarrollan monitoreos en poblaciones de cerdos silvestres y venados que permitan evaluar con el paso del tiempo, la efectividad de los métodos de control e incrementar el conocimiento acerca de comportamientos y relación entre ambas especies.
“Este plan forma parte de las estrategias de la Provincia para conservar al venado de las pampas. Estamos analizando el funcionamiento de las trampas con la idea de montar otras en distintos puntos de la Bahía, y al mismo tiempo monitoreos para evaluar el estado poblacional de la especie. En la actualidad, quedan sólo cerca de 300 ejemplares en la provincia, distribuidos en la Bahía Samborombón, desde el sur del Río Salado hasta la ría de San Clemente del Tuyú”, informó Marcelo Yasky, director provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial del OPDS.
“El proyecto habilita a los establecimientos privados ganaderos a realizar acciones de control de esta especie dañina, siempre bajo el desarrollo de buenas prácticas ambientales. Esta semana hicimos la primera reunión con los productores de General Conesa. Creemos que el avance de esta iniciativa radica en el trabajo mancomunado entre el OPDS y los productores de la región”, agregó Yasky.
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), también conocido como “ciervo pampero, venado pampero o ciervo campero”, es un pequeño cérvido que tuvo una amplia distribución en los pastizales sudamericanos. Hasta fines del siglo XIX, esta valiosa especie autóctona fue uno de los animales más típicos y abundantes de la provincia. Pero la sobre explotación de su cuero y carne, y la modificación de gran parte de su hábitat por la intensificación de la agricultura y la ganadería, provocaron una fuerte reducción de sus poblaciones.
“Los cerdos silvestres no son originarios del continente americano, sino descendientes de los primeros cerdos domésticos que los españoles trajeron a estas pampas en el siglo XVI. Hubo otra introducción importante a principios del siglo XX: el estanciero vasco-francés Pedro Luro, propulsor del desarrollo de Mar del Plata, introdujo al jabalí puro desde Europa, con fines cinegéticos, es decir de caza. Las dos corrientes de invasión se hibridaron y comenzó un proceso de crecimiento y expansión”, explicó Bruno Carpinetti, coordinador técnico del proyecto, guardaparque del OPDS y profesor titular de la Cátedra de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
“El chancho cimarrón lleva más de cinco siglos de adaptación al medio ambiente. En las tierras bonaerenses encontró un buen hábitat en el que no tiene predador. Son la principal amenaza de los venados, más que la caza furtiva. Existen evidencias de que los chanchos pueden predar las crías de venados”, afirmó Gabriel Castresana, guardaparque de la reserva Bahía Samborombón y coordinador operativo del plan piloto.
Técnicamente, el chancho cimarrón y el cerdo doméstico de cualquier sistema de crianza, pertenecen a la misma especie: Sus scrofa. Lo que cambia es el fenotipo, determinado básicamente por su hábitat y costumbres: entre otras características, a diferencia del doméstico, el cerdo silvestre tiene el hocico alargado que ha desarrollado como resultado de la ardua tarea de conseguir su alimento por sus propios medios.
“El rey de los pastizales”
El venado de las pampas está incluido en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres de Flora y Fauna (CITES), de la cual Argentina es uno de los países firmantes. Fue declarado Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Nº 11.689, que incluye la veda total y permanente de su caza.
El venado frecuenta zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de arbustos, aunque se lo puede ver en zonas anegadizas y cangrejales, y evita las zonas boscosas.
Los machos adultos alcanzan 70-75 cm en la cruz, con un peso aproximado de 30-40 kg, siendo las hembras ligeramente menores. El pelaje es color bayo claro en su parte dorsal y los flancos, mientras que el vientre y la parte inferior de la cola es de crema claro. Sólo los machos presentan astas de unos 30 cm de longitud, con 3 puntas, producto de una ramificación en la base de la misma, que se renuevan cada año. A partir de fines del invierno nacen las crías, que se ocultan entre los pastos gracias a su pelaje manchado que persiste hasta los tres meses.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La creciente población del cerdo silvestre, conocido como chancho cimarrón y actualmente estimada en cerca de 9.000 ejemplares, pone en peligro a unos 300 venados de las pampas, el cérvido más amenazado del país e incluido en la lista de especies en extinción, que habita en el área natural protegida Bahía Samborombón, en el este bonaerense. Es que los descendientes de los primeros cerdos domésticos soltados en estas tierras por los conquistadores españoles hace más de cinco siglos, se convirtieron en el principal riesgo de esta especie declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires en 1995.
Para controlar esta especie exótica e invasora, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso en marcha un proyecto piloto, que busca reducir la población a niveles que no afecten la fauna nativa y la producción ganadera de la zona, además de evitar un riesgo sanitario ya que los cerdos silvestres son portadores de enfermedades como la tuberculosis, la leptospirosis y la brucelosis, transmisibles al ganado y a los humanos.
Dicho proyecto se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es a través de la Disposición 3/2019 que habilita los controles poblacionales bajo supervisión y capacitación de los Guardaparques del Organismo. El otro es la utilización de trampas circulares construidas especialmente en material metálico expandido. Tienen 6 metros de diámetro y un dispenser automático que, alimentado a energía arroja maíz con el fin de atraer a los chanchos. (Ver video).
Al mismo tiempo se desarrollan monitoreos en poblaciones de cerdos silvestres y venados que permitan evaluar con el paso del tiempo, la efectividad de los métodos de control e incrementar el conocimiento acerca de comportamientos y relación entre ambas especies.
“Este plan forma parte de las estrategias de la Provincia para conservar al venado de las pampas. Estamos analizando el funcionamiento de las trampas con la idea de montar otras en distintos puntos de la Bahía, y al mismo tiempo monitoreos para evaluar el estado poblacional de la especie. En la actualidad, quedan sólo cerca de 300 ejemplares en la provincia, distribuidos en la Bahía Samborombón, desde el sur del Río Salado hasta la ría de San Clemente del Tuyú”, informó Marcelo Yasky, director provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial del OPDS.
“El proyecto habilita a los establecimientos privados ganaderos a realizar acciones de control de esta especie dañina, siempre bajo el desarrollo de buenas prácticas ambientales. Esta semana hicimos la primera reunión con los productores de General Conesa. Creemos que el avance de esta iniciativa radica en el trabajo mancomunado entre el OPDS y los productores de la región”, agregó Yasky.
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), también conocido como “ciervo pampero, venado pampero o ciervo campero”, es un pequeño cérvido que tuvo una amplia distribución en los pastizales sudamericanos. Hasta fines del siglo XIX, esta valiosa especie autóctona fue uno de los animales más típicos y abundantes de la provincia. Pero la sobre explotación de su cuero y carne, y la modificación de gran parte de su hábitat por la intensificación de la agricultura y la ganadería, provocaron una fuerte reducción de sus poblaciones.
“Los cerdos silvestres no son originarios del continente americano, sino descendientes de los primeros cerdos domésticos que los españoles trajeron a estas pampas en el siglo XVI. Hubo otra introducción importante a principios del siglo XX: el estanciero vasco-francés Pedro Luro, propulsor del desarrollo de Mar del Plata, introdujo al jabalí puro desde Europa, con fines cinegéticos, es decir de caza. Las dos corrientes de invasión se hibridaron y comenzó un proceso de crecimiento y expansión”, explicó Bruno Carpinetti, coordinador técnico del proyecto, guardaparque del OPDS y profesor titular de la Cátedra de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
“El chancho cimarrón lleva más de cinco siglos de adaptación al medio ambiente. En las tierras bonaerenses encontró un buen hábitat en el que no tiene predador. Son la principal amenaza de los venados, más que la caza furtiva. Existen evidencias de que los chanchos pueden predar las crías de venados”, afirmó Gabriel Castresana, guardaparque de la reserva Bahía Samborombón y coordinador operativo del plan piloto.
Técnicamente, el chancho cimarrón y el cerdo doméstico de cualquier sistema de crianza, pertenecen a la misma especie: Sus scrofa. Lo que cambia es el fenotipo, determinado básicamente por su hábitat y costumbres: entre otras características, a diferencia del doméstico, el cerdo silvestre tiene el hocico alargado que ha desarrollado como resultado de la ardua tarea de conseguir su alimento por sus propios medios.
“El rey de los pastizales”
El venado de las pampas está incluido en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres de Flora y Fauna (CITES), de la cual Argentina es uno de los países firmantes. Fue declarado Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Nº 11.689, que incluye la veda total y permanente de su caza.
El venado frecuenta zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de arbustos, aunque se lo puede ver en zonas anegadizas y cangrejales, y evita las zonas boscosas.
Los machos adultos alcanzan 70-75 cm en la cruz, con un peso aproximado de 30-40 kg, siendo las hembras ligeramente menores. El pelaje es color bayo claro en su parte dorsal y los flancos, mientras que el vientre y la parte inferior de la cola es de crema claro. Sólo los machos presentan astas de unos 30 cm de longitud, con 3 puntas, producto de una ramificación en la base de la misma, que se renuevan cada año. A partir de fines del invierno nacen las crías, que se ocultan entre los pastos gracias a su pelaje manchado que persiste hasta los tres meses.
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BA produce en renovables para un millón de hogares
La Provincia ya genera energía limpia para abastecer un millón de hogares
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Agroquímicos en Pergamino, fiscal pidió mayor intervención
Contaminación en Pergamino: un fiscal federal pidió mayor intervención y compromiso de organismos del Estado
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Matías Di Lello firmó un dictamen en el que pide al juez de la causa convocar a autoridades nacionales y provinciales. En Pergamino se encontraron más de 18 tóxicos en el agua de tres barrios
Cáncer, leucemia, asma, problemas de tiroides, irritaciones en la piel. Niños y adultos sufren en los barrios de Pergamino dolencias y enfermedades que la Justicia Federal investiga en relación con el uso de fertilizantes y plaguicidas en los campos linderos.
En el marco de esa causa, que apunta específicamente a cuatro propietarios de campos de la zona a partir de la denuncia de una vecina con graves problemas de salud en su familia, pero que puede interpretarse como un drama amenazante en gran parte del país, un fiscal federal pidió en un dictamen incorporado al expediente mayor compromiso e intervención de diversos organismos del Estado para saber qué pasa en esta ciudad bonaerense de fuerte impronta agrícola.
Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, firmó y elevó el dictamen al juez que investiga el caso, Carlos Villafuerte Ruzo. "Subyacen en las cuestiones que se plantean en la causa circunstancias vinculadas estrictamente a verdaderas políticas de Estado –en todas sus esferas: municipal, provincial y nacional- que conciernen a la salud, la economía, cuidado del medioambiente (…) para las cuales existen organismos públicos que deben dar respuesta precisa y/o adoptar las medidas que al respecto les incumbe", escribió el fiscal, en el documento, fechado el 23 de mayo pasado.
Di Lello reclamó así la intervención del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que en la ley de su creación -advierte el fiscal- se establece que debe "formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes".
"Todo lo expuesto conlleva a la necesidad de que este organismo, en el marco de sus funciones, produzca, como consecuencia del análisis que deberá hacer, un informe que permita a esta jurisdicción tener las herramientas que la ley prevé como obligatorias y válidas para la consideración de las cuestiones ambientales", reclamó Di Lello, quien además le pidió al juez Villafuerte Ruzo que convoque a una reunión con ambos a las autoridades del Cofema.
Por su condición de "organismo por excelencia en estas cuestiones", el fiscal federal de San Nicolás dictaminó que también se llame a la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, a cargo del rabino Sergio Bergman.
Di Lello quiere saber si, al estar en conocimiento de los problemas en Pergamino, esta dependencia del Gobierno nacional "adoptó –en función de la gravedad de la cuestión- alguna medida para estudiar el asunto y en tal caso, conclusiones a las que se arribó".
También el dictamen incluye la incorporación en el expediente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación ya que, explica el fiscal federal, "uno de los aspectos relevantes de estas actuaciones es lo concerniente a la salud de los denunciantes, quienes alegaron un claro perjuicio a la misma como consecuencia de la utilización de pesticidas, y que por otra parte, a la fecha no existen certezas sobre la calidad del agua que se consume en Pergamino".
Además, Di Lello sostiene en su dictamen la importancia de la intervención del Senasa, a cargo de la reglamentación y uso de los agroquímicos; de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, por sugerencia de uno de los peritos de la causa, ya que este área coordina el Plan Nacional del Agua.
El fiscal federal de San Nicolás amplió en el dictamen la convocatoria a organismos del Estado provincial. Más allá de que ya intervinieron la Autoridad del Agua y el Ministerio de Salud bonaerenses, Di Lello solicitó la inclusión en la investigación de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales.
El punto de la calidad del agua es fundamental en esta investigación. Los análisis incorporados al expediente son contradictorios. Un estudio del INTA-Balcarce estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y estableció que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema nacional.
Sin embargo, la Autoridad del Agua (ASA) de la Provincia opinó en sentido contrario. De esta forma, Di Lello consideró que "resulta necesario que se le otorgue inmediata intervención para que se aboque a la cuestión, a los fines de que participe de la discusión, produzca un informe de las actividades que ha desarrollado en la zona de Pergamino en los últimos años y/o en la actualidad; cuales son las estrategias de protección que se han establecido".
También el fiscal federal de San Nicolás pidió citar a una reunión a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ya que en "el caso se advierten cuestiones de salud pública que conllevan aspectos mucho más complejos" y quiere saber qué medidas adoptó esta cartera al respecto.
"En especial interesa saber si se han adoptado directivas para los centros asistenciales del sistema de salud –ya sea público y/o privado- en orden a que se observen determinadas pautas en el diagnóstico y/o atención que se realiza a los pacientes de la ciudad de Pergamino para dilucidar médicamente si existe algún patrón y/o causas comunes en el origen de determinadas enfermedades que padecen, considerando que los denunciantes en estas actuaciones lo atribuyen a la utilización que se está efectuando de plaguicidas".
Es que los vecinos de Pergamino denunciaron tanto en la Justicia como en las notas que publicó Infobae al respecto que en los centros de salud público de Pergamino minimizan los problemas que llevan a las consultas. Sin embargo, una pediatra del Hospital San José de Pergamino admitió a este medio un mes atrás que los casos de cáncer y leucemia en chicos superan ampliamente la media.
"Algunos denunciantes han tenido que recurrir a centros de salud muy alejados de sus hogares para lograr diagnósticos y estudios médicos apropiados", remarcó Di Lello en su dictamen.
Para el fiscal, a partir de la denuncia y de la investigación que abrió Villafuerte Ruzo "se advierten cuestiones sumamente preocupantes que están generando intranquilidad" en Pergamino.
A principios de abril, el juez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean los tres barrios mencionados de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable, algo que el intendente Javier Martínez activó, aunque, según denunciaron los vecinos, lo hizo parcialmente.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido. Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas contra cuatro propietarios y que desencadenó la intervención de la Justicia.
Entre los componente tóxicos encontrados en el agua del barrio donde creció Ortiz encontraron atrazina, un herbicida que en humanos afecta la salud reproductiva; el 2.4D, calificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas. El glifosato -y su metabolito AMPA-, que es altamente cancerígeno, tal como tuvo que reconocerlo la empresa Bayer Monsanto en Estados Unidos tras un fallo de la Justicia de ese país, y produce mutaciones en el ADN que induce abortos espontáneos y malformaciones en los recién nacidos; el imidaclopir, un insecticida altamente tóxico prohibido en gran parte de Europa; y la tetrametrina, también vedada en aquel continente, que afecta las hormonas sexuales.
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Convocan para mañana a "viernes por el futuro"
Más ciudades bonaerenses se suman a una nueva marcha mundial contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/05/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Dos meses después de la primera movilización, jóvenes de decenas de países exigirán que se declare el estado de emergencia climática y ecológica. Mar del Plata, Tandil, La Plata y Bahía Blanca ya organizaron sus eventos.
A las 17:00 de este viernes 24 de mayo, jóvenes de todo el mundo volverán a marchar para exigir políticas que detengan el cambio climático. Se trata de la segunda movilización en dos meses, con réplicas en distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa surgió a partir de la influencia de la activista sueca Greta Thunberg, quien con sólo 16 años inspiró a miles de ciudadanos de Estocolmo y decenas de países a través de discursos y paros a favor del medio ambiente que organizó cada viernes en su escuela y popularizó bajo el hashtag #fridaysforfuture (viernes por el futuro).
A diferencia de la edición anterior, que a nivel provincial sólo tuvo lugar en Mar del Plata, este viernes la inciativa también se replicará en Tandil, Bahía Blanca y La Plata. El epicentro del encuentro en la capital bonaerense será la Plaza Moreno, donde activistas reclamarán acciones urgentes contra el calentamiento global y pedirán declarar el estado de emergencia climática y ecológica.
Además, exigirán que las autoridades fomenten el consumo responsable y garanticen el derecho a la justicia ambiental, con acceso a la información y la participación social. “Las actuales formas de producción y consumo nos están llevando a la dilapidación de los recursos naturales, generando daños irreversibles en nuestro ecosistema”, manifestó Ezequiel Petrullo, uno de los organizadores.
Y agregó: “En nuestra ciudad, la inundación del 2013 no fue un hecho de la naturaleza, sino producto de nuestras acciones. Como jóvenes tenemos la responsabilidad de pensar en las generaciones presentes y futuras para generar el verdadero cambio”.
En Bahía Blanca, la actividad tendrá lugar en Plaza Rivadavia, el monumento Almirante Brown en la Rambla será el punto de encuentro en Mar del Plata y la Plaza Independencia en Tandil.
Según Naciones Unidas, las emisiones de gases en todo el mundo están alcanzando niveles sin precedentes y "parece que aún no han llegado a su cota máxima". Además, los últimos cuatro años fueron los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico aumentaron 3°C desde 1990.
De acuerdo al organismo, el cambio climático "es el mayor desafío de nuestro tiempo". "Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes", advierten.
En el marco de esta problemática, a nivel global las exigencias de los jóvenes que marcharán este viernes en los distintos continentes se dividen en cinco puntos:
- Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de París y considerar las conclusiones del último informe del IPCC.
- Controlar y hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos ambientales.
- Promover una alimentación sostenible para minimizar la degradación ambiental que generan la ganadería y agricultura animal.
- Acelerar la transición justa hacia una matriz energética de fuentes renovables.
- Implementar medidas concretas de adaptación al cambio climático.
El Acuerdo de París sellado en 2015 por 195 estados establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de los 2 ºC. Para reforzar este compromiso, desde la organización llevarán adelante una cumbre sobre el cambio climático en septiembre de este año.
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Fecha de Publicación: 23/05/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Dos meses después de la primera movilización, jóvenes de decenas de países exigirán que se declare el estado de emergencia climática y ecológica. Mar del Plata, Tandil, La Plata y Bahía Blanca ya organizaron sus eventos.
A las 17:00 de este viernes 24 de mayo, jóvenes de todo el mundo volverán a marchar para exigir políticas que detengan el cambio climático. Se trata de la segunda movilización en dos meses, con réplicas en distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa surgió a partir de la influencia de la activista sueca Greta Thunberg, quien con sólo 16 años inspiró a miles de ciudadanos de Estocolmo y decenas de países a través de discursos y paros a favor del medio ambiente que organizó cada viernes en su escuela y popularizó bajo el hashtag #fridaysforfuture (viernes por el futuro).
A diferencia de la edición anterior, que a nivel provincial sólo tuvo lugar en Mar del Plata, este viernes la inciativa también se replicará en Tandil, Bahía Blanca y La Plata. El epicentro del encuentro en la capital bonaerense será la Plaza Moreno, donde activistas reclamarán acciones urgentes contra el calentamiento global y pedirán declarar el estado de emergencia climática y ecológica.
Además, exigirán que las autoridades fomenten el consumo responsable y garanticen el derecho a la justicia ambiental, con acceso a la información y la participación social. “Las actuales formas de producción y consumo nos están llevando a la dilapidación de los recursos naturales, generando daños irreversibles en nuestro ecosistema”, manifestó Ezequiel Petrullo, uno de los organizadores.
Y agregó: “En nuestra ciudad, la inundación del 2013 no fue un hecho de la naturaleza, sino producto de nuestras acciones. Como jóvenes tenemos la responsabilidad de pensar en las generaciones presentes y futuras para generar el verdadero cambio”.
En Bahía Blanca, la actividad tendrá lugar en Plaza Rivadavia, el monumento Almirante Brown en la Rambla será el punto de encuentro en Mar del Plata y la Plaza Independencia en Tandil.
Según Naciones Unidas, las emisiones de gases en todo el mundo están alcanzando niveles sin precedentes y "parece que aún no han llegado a su cota máxima". Además, los últimos cuatro años fueron los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico aumentaron 3°C desde 1990.
De acuerdo al organismo, el cambio climático "es el mayor desafío de nuestro tiempo". "Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes", advierten.
En el marco de esta problemática, a nivel global las exigencias de los jóvenes que marcharán este viernes en los distintos continentes se dividen en cinco puntos:
- Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de París y considerar las conclusiones del último informe del IPCC.
- Controlar y hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos ambientales.
- Promover una alimentación sostenible para minimizar la degradación ambiental que generan la ganadería y agricultura animal.
- Acelerar la transición justa hacia una matriz energética de fuentes renovables.
- Implementar medidas concretas de adaptación al cambio climático.
El Acuerdo de París sellado en 2015 por 195 estados establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de los 2 ºC. Para reforzar este compromiso, desde la organización llevarán adelante una cumbre sobre el cambio climático en septiembre de este año.
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Barrios privados que aumentan el riesgo de inundaciones
Reclamo vecinal por los humedales en Tigre
Fecha de Publicación: 16/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
Los barrios privados siguen siendo motivo de conflicto en Tigre. Con la consigna “Salvemos los últimos humedales continentales” se convocaron por octava vez en lo que va del año vecinos y vecinas de Dique Luján y Villa La Ñata, partido de Tigre. En febrero de este año comenzaron a reunirse en asambleas quincenales, los días domingos, con cortes parciales en la ruta de entrada al pueblo frente a las obras del barrio privado Santa Ana, que está construyendo la empresa Eidico. La Asamblea denuncia que la proliferación de countries, al rellenar los terrenos en los antiguos bañados de la zona, aumenta el riesgo de inundaciones porque elimina las áreas de absorción, y además destruye el ecosistema original del lugar.
Los humedales son bienes comunes de la sociedad que cumplen funciones esenciales como amortiguar inundaciones y sequías, posibilitar la recarga de los acuíferos subterráneos, morigerar el impacto de los factores contaminantes y poseen una riquísima biodiversidad, por lo que constituyen paisajes naturales irreemplazables. “Hoy en día en Tigre la grieta existe y esta representada por un alambrado, de un lado están los que viven adentro con sus casas de maqueta y su seguridad privada, y del otro los que vivimos afuera tratando de conservar el entorno natural”, expresaba ayer el vecino de la zona Marcelo Alvarez durante el encuentro en la ruta.
Los reclamos realizados por los vecinos no sólo están dirigidos al Municipio de Tigre sino también al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que aprueba numerosos emprendimientos inmobiliarios que destruyen los humedales a través de distintas dependencias, como la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.
Pese a la crítica situación del barrio, que cada vez se encuentra más cercado por los barrios privados, la Asamblea se mostró entusiasmada porque el jueves 16, gracias a la presión de la Asamblea y de los movimientos sociales y ambientalistas que la acompañan, tendrá lugar la Audiencia Pública convocada por el municipio para que todas las partes puedan expresar sus opiniones. Sin embargo, esta instancia de consulta debía haberse realizado previamente a la ejecución de las obras, como parte del debido proceso de evaluación de impacto ambiental, según lo establece la ley. Una situación similar se dio en Tigre hace tres años con el proyectado barrio de lujo Remeros Beach, al que muchos vecinos de la zona se oponían y cuya Audiencia Pública también llegó tarde.
A poco de entrar en Villa La Ñata, se puede ver sobre el camino principal una elevación de tierra, como una pequeña montaña de tierra que se extiende por varias hectáreas. Allí se erigirá el barrio Santa Ana. Según advierten los vecinos, la empresa Eidico —que lleva adelante gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios en esta zona del conurbano— rellenó el Canal Benavídez, tapó la zanja de desagüe e invadió el espacio público, dejando casi sin banquina a la ruta. Además la Asamblea repudia la falta de respeto a los sitios arqueológicos de los pueblos originarios que quedaron adentro del predio en donde se está construyendo el barrio cerrado. Por este motivo las comunidades indígenas Punta Querandí (de Dique Luján) y Cacique Ramón Chara (de Benavídez), con el apoyo de los pobladores locales, reclaman la ampliación de cada uno de los espacios protegidos y el reentierro de los siete cuerpos excavados por arqueólogos en décadas pasadas. “Defendemos nuestro entorno, pero no por una cuestión estética, tiene que ver nuestra supervivencia, porque nuestras casas están adaptadas al humedal en el que vivimos, y si construyen barrios privados con una cota de dos metros por arriba de nuestros terrenos, no hace falta ser un ingeniero hidráulico para darse cuenta de que nos están hundiendo y nos van a inundar”, sintetizaba Marcelo Alvarez.
Luego de varias movilizaciones y de la gran repercusión que tuvieron a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, el 10 de abril el concejal de Unidad Ciudadana (UC) Javier Chaina Parbst, quien también es vecino de la zona afectada y miembro de la Asamblea, presentó en el Concejo Deliberante de Tigre un proyecto de ordenanza para prohibir el relleno de humedales en el distrito. Días después de esa presentación, la Asamblea de Dique Luján y Villa La Ñata mantuvo una reunión con el secretario de gobierno del municipio, Mario Zamora, y las funcionarias de ambiente y desarrollo territorial; además de un grupo de concejales del Frente Renovador y de UC. En ese encuentro en el que los vecinos pidieron que se apoyara el proyecto del concejal Chaina Parbst, Zamora se comprometió a que el municipio prepararía un proyecto superador que incluiría el respeto de los humedales continentales. Los funcionarios del ejecutivo local aseguran que es intención del intendente Julio Zamora ir hacia un nuevo modelo de ciudad, en el que se desaliente las urbanizaciones cerradas y se promueva el desarrollo territorial en una escala adecuada.
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Fecha de Publicación: 16/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
Los barrios privados siguen siendo motivo de conflicto en Tigre. Con la consigna “Salvemos los últimos humedales continentales” se convocaron por octava vez en lo que va del año vecinos y vecinas de Dique Luján y Villa La Ñata, partido de Tigre. En febrero de este año comenzaron a reunirse en asambleas quincenales, los días domingos, con cortes parciales en la ruta de entrada al pueblo frente a las obras del barrio privado Santa Ana, que está construyendo la empresa Eidico. La Asamblea denuncia que la proliferación de countries, al rellenar los terrenos en los antiguos bañados de la zona, aumenta el riesgo de inundaciones porque elimina las áreas de absorción, y además destruye el ecosistema original del lugar.
Los humedales son bienes comunes de la sociedad que cumplen funciones esenciales como amortiguar inundaciones y sequías, posibilitar la recarga de los acuíferos subterráneos, morigerar el impacto de los factores contaminantes y poseen una riquísima biodiversidad, por lo que constituyen paisajes naturales irreemplazables. “Hoy en día en Tigre la grieta existe y esta representada por un alambrado, de un lado están los que viven adentro con sus casas de maqueta y su seguridad privada, y del otro los que vivimos afuera tratando de conservar el entorno natural”, expresaba ayer el vecino de la zona Marcelo Alvarez durante el encuentro en la ruta.
Los reclamos realizados por los vecinos no sólo están dirigidos al Municipio de Tigre sino también al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que aprueba numerosos emprendimientos inmobiliarios que destruyen los humedales a través de distintas dependencias, como la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.
Pese a la crítica situación del barrio, que cada vez se encuentra más cercado por los barrios privados, la Asamblea se mostró entusiasmada porque el jueves 16, gracias a la presión de la Asamblea y de los movimientos sociales y ambientalistas que la acompañan, tendrá lugar la Audiencia Pública convocada por el municipio para que todas las partes puedan expresar sus opiniones. Sin embargo, esta instancia de consulta debía haberse realizado previamente a la ejecución de las obras, como parte del debido proceso de evaluación de impacto ambiental, según lo establece la ley. Una situación similar se dio en Tigre hace tres años con el proyectado barrio de lujo Remeros Beach, al que muchos vecinos de la zona se oponían y cuya Audiencia Pública también llegó tarde.
A poco de entrar en Villa La Ñata, se puede ver sobre el camino principal una elevación de tierra, como una pequeña montaña de tierra que se extiende por varias hectáreas. Allí se erigirá el barrio Santa Ana. Según advierten los vecinos, la empresa Eidico —que lleva adelante gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios en esta zona del conurbano— rellenó el Canal Benavídez, tapó la zanja de desagüe e invadió el espacio público, dejando casi sin banquina a la ruta. Además la Asamblea repudia la falta de respeto a los sitios arqueológicos de los pueblos originarios que quedaron adentro del predio en donde se está construyendo el barrio cerrado. Por este motivo las comunidades indígenas Punta Querandí (de Dique Luján) y Cacique Ramón Chara (de Benavídez), con el apoyo de los pobladores locales, reclaman la ampliación de cada uno de los espacios protegidos y el reentierro de los siete cuerpos excavados por arqueólogos en décadas pasadas. “Defendemos nuestro entorno, pero no por una cuestión estética, tiene que ver nuestra supervivencia, porque nuestras casas están adaptadas al humedal en el que vivimos, y si construyen barrios privados con una cota de dos metros por arriba de nuestros terrenos, no hace falta ser un ingeniero hidráulico para darse cuenta de que nos están hundiendo y nos van a inundar”, sintetizaba Marcelo Alvarez.
Luego de varias movilizaciones y de la gran repercusión que tuvieron a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, el 10 de abril el concejal de Unidad Ciudadana (UC) Javier Chaina Parbst, quien también es vecino de la zona afectada y miembro de la Asamblea, presentó en el Concejo Deliberante de Tigre un proyecto de ordenanza para prohibir el relleno de humedales en el distrito. Días después de esa presentación, la Asamblea de Dique Luján y Villa La Ñata mantuvo una reunión con el secretario de gobierno del municipio, Mario Zamora, y las funcionarias de ambiente y desarrollo territorial; además de un grupo de concejales del Frente Renovador y de UC. En ese encuentro en el que los vecinos pidieron que se apoyara el proyecto del concejal Chaina Parbst, Zamora se comprometió a que el municipio prepararía un proyecto superador que incluiría el respeto de los humedales continentales. Los funcionarios del ejecutivo local aseguran que es intención del intendente Julio Zamora ir hacia un nuevo modelo de ciudad, en el que se desaliente las urbanizaciones cerradas y se promueva el desarrollo territorial en una escala adecuada.
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Bonaerenses en alerta por agroquímicos en el agua
Preocupación en municipios de Buenos Aires por la presencia de agroquímicos en el agua
Fecha de Publicación: 13/05/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En los últimos días proliferaron los pedidos de informes en los diferentes Concejos Deliberantes, en los que se piden, fundamentalmente, análisis para evaluar la situación de los pozos de agua y determinar si están afectando la salud de la población.
En Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir (randazzismo), en el que se solicita realizar análisis físico-químicos para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
En el municipio de Rojas, comandado por el radical Claudio Rossi, se cnfirmó que se mandará a analizar el agua del distrito, ante la probabilidad de que el agua contenga agroquímicos, perjudiciales para la salud.
En Bragado, la edil radical Laura Pico pidió al municipio informes acerca de la calidad del agua que se utiliza en el partido, a través del estudio de los pozos de extracción de Absa.
Iniciativas similares se vienen registrando también en otros municipios, como Junín, 9 de Julio o General Viamonte, entre otros.
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Fecha de Publicación: 13/05/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En los últimos días proliferaron los pedidos de informes en los diferentes Concejos Deliberantes, en los que se piden, fundamentalmente, análisis para evaluar la situación de los pozos de agua y determinar si están afectando la salud de la población.
En Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir (randazzismo), en el que se solicita realizar análisis físico-químicos para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
En el municipio de Rojas, comandado por el radical Claudio Rossi, se cnfirmó que se mandará a analizar el agua del distrito, ante la probabilidad de que el agua contenga agroquímicos, perjudiciales para la salud.
En Bragado, la edil radical Laura Pico pidió al municipio informes acerca de la calidad del agua que se utiliza en el partido, a través del estudio de los pozos de extracción de Absa.
Iniciativas similares se vienen registrando también en otros municipios, como Junín, 9 de Julio o General Viamonte, entre otros.
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