Neuquén: ahora el contról de los ríos está en los municipios



Contaminación de los ríos: el control pasa a municipios

Fecha de Publicación
: 05/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Tras un año de demora, el gobernador Omar Gutiérrez aprobó ayer la letra chica de la ley de alerta hídrico-ambiental. Lo hizo a través de un decreto, en el que responsabilizó a los municipios por el control de la contaminación, así sean vertidos cloacales, pluviales o industriales.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado, luego de sucesivas marchas contra la contaminación de los ríos en la Confluencia. En la reglamentación, Gutiérrez enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades”, tanto de agua como de cloacas, y manejan los desagües pluviales y aluvionales.
El decreto establece que cada comuna deberá controlar, junto con la concesionaria del servicio cloacal, todos los vuelcos finales “y los vertidos particulares a las redes públicas”.
También tendrán que monitorear sus sistemas pluviales o aluvionales y asegurarse de que no haya una “invasión” de residuos arrastrados por la lluvia en la red cloacal.
Además, los municipios deberán asegurar, “con inspecciones periódicas, que los frentistas de su localidad posean las descargas pluviales de sus predios a terrenos absorbentes o a la cuneta exterior de la vía pública”.
Como si eso fuera poco, deberán controlar a todas las empresas potencialmente contaminantes, como carnicerías, estaciones de servicio, clínicas y lavaderos. Cada tres meses, elevarán un informe sobre este seguimiento a la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos.
El decreto remarca que los municipios “no podrán emitir inicio de obra ni convalidar obras ejecutadas ni emitir licencias comerciales” sin una autorización de la empresa que opere la red cloacal o de Recursos Hídricos.
Además, los “propietarios y explotadores” de barrios privados o cualquier establecimiento costero deberán permitir que ingresen inspectores públicos a medir algún posible foco contaminante. En caso de negarse, se podrá entrar con la fuerza pública sin necesidad de orden judicial.
El decreto no incluyó precisiones sobre el fondo para un “plan estratégico de alerta”. Respecto del comité provincial ambiental que creó la ley, establece que los miembros tendrán un año de mandato y se evitará la reelección de los representantes de organizaciones sociales.
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