Riachuelo: 64 km, 5.200 millones y sin soluciones



La catástrofe ambiental eterna de Argentina que se tragó una fortuna

Fecha de Publicación
: 06/02/2017
Fuente: IPS
Provincia/Región: Riachuelo


¿Es posible invertir 5.200 millones de dólares para revertir la contaminación de un río de apenas 64 kilómetros de extensión y prácticamente no obtener resultados? Argentina está demostrando que sí.
Esa cifra es la que, según reconoció el gobierno a fines de 2016 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado ha destinado desde julio de 2008 a la recuperación del Riachuelo, el río que bordea la ciudad de Buenos Aires por el sur y que ha sido señalado como uno de los peores ejemplos de contaminación industrial en América Latina y en el mundo.
Sin embargo, la situación sigue siendo en esencia la misma que desde mediados del Siglo XIX, cuando las crónicas ya describían el estado de putrefacción de este curso de agua. Hoy se estima que unas ocho millones de personas viven en la cuenca, en grave emergencia sanitaria y ambiental.
“El Riachuelo sigue cumpliendo la misma función de desagote de las actividades económicas y humanas de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano, como en los últimos 200 años”, se lee en un informe de más de 200 páginas al que tuvo acceso a IPS y que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el organismo oficial encargado de su limpieza, presentó a la Corte Suprema el 30 de noviembre.
“No solo está altamente contaminado, sino que se lo sigue contaminando”, agrega el documento, que precisa que actualmente se están arrojando a las aguas unas 90.000 toneladas anuales de metales pesados y otras sustancias perjudiciales.
Con el nombre de Matanza, el río nace en la provincia de Buenos Aires, recorre 14 municipios y luego marca el límite sur de la capital argentina, ya con la denominación Riachuelo, hasta su desembocadura en el Río de La Plata, muy cerca del famoso estadio de fútbol de Boca Juniors.
Sus  orillas comenzaron en la época de la colonia española a recibir saladeros en los que se procesaba carne de mulas u ovejas y curtiembres donde se trabajaba con la piel de vacas. Lanzar los deshechos al río se convirtió en una práctica habitual que lo transformó en una verdadera cloaca a cielo abierto y continuó con industrias más modernas, como plantas petroquímicas y frigoríficos.
En las últimas décadas abundaron las promesas oficiales de limpiar el Riachuelo. La que los argentinos quizás más recuerden es la de María Julia Alsogaray, secretaria de Ambiente del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), quien anunció que lo haría en solo 1.000 días. Entusiasmado, el propio Menem dijo que, una vez terminada la tarea, él nadaría en el Riachuelo.
Finalmente, el río siguió siendo un foco de enfermedades para la población, Menem se abstuvo de nadar para cuidar su salud y Alsogaray terminó presa por hechos de corrupción.
Parecía que esta historia podía comenzar a cambiar en julio de 2008. O eso creyó la comunidad ambientalista argentina, que en ese momento calificó de manera unánime como “histórica” la sentencia de la Corte Suprema que ordenó entonces a las autoridades nacionales, provinciales y de la capital que limpiaran el Riachuelo.
La resolución se basó en un artículo incorporado a la Constitución Nacional en 1994, que garantiza a todos los habitantes del país a vivir “en un ambiente sano”.
Sin embargo, los escasos avances que se hicieron en estos años quedaron crudamente expuestos en la audiencia realizada el 30 de noviembre ante la Corte Suprema.
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