Se retoma vieja contaminación de YPF en Mendoza



Se reaviva la causa por contaminación contra YPF

Fecha de Publicación
: 07/10/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


A través de un oficio, la Justicia le pidió a la petrolera que se “abstenga” de realizar tareas que modifiquen el área de la denuncia original realizada por Pérez en 2012.
El expediente perdido apareció. Es una vieja pieza de tres cuerpos, que data de 2012, en la que constan las pesquisas para determinar si la entonces Repsol-YPF contaminó o no en las áreas Barrancas y La Ventana. Para ser rigurosos, apareció el 14 de agosto pasado y a los pocos días fue traspasado a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Daniel Carniello.
El 15 de setiembre, por orden del nuevo fiscal, se hizo una inspección ocular en la zona. Lo que se encontró aún no ha trascendido, pero por lo pronto ya se liberó un oficio ordenándole a la actual YPF que “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”.
El tiempo pasa y lo que ayer era una patriada en busca de la recuperación de la “soberanía energética”, hoy es un inconveniente político, porque la investigada es la recuperada YPF, cuyo mayoritario capital accionario es propiedad del Estado y su presidente es uno de los preferidos de la presidenta Cristina Fernández (ver aparte).
Hoy parece lejano que el propio gobernador Francisco Pérez fue el que ordenó las inspecciones ambientales y la posterior denuncia penal contra Repsol.
Es más, los pasivos ambientales encontrados en marzo de 2012 en las áreas Barrancas y La Ventana eran uno de los argumentos para sacarle la concesión a YPF e incluso hasta para no pagarle compensación alguna a la empresa española que la gerenció hasta mayo de 2012. Hoy las palabras del oficio remitido a la petrolera sugieren que la situación ha cambiado poco, pero ahora la gerencia reporta directamente a la Presidenta.
El 25 de julio Los Andes informaba que el expediente 158.830/12 estaba perdido desde tres semanas antes de la publicación. También se indicaba que se había ordenado la reconstrucción del expediente y la Procuración pedía una investigación para saber qué había pasado.
Un par de semanas después una auxiliar de la Fiscalía Luján-Maipú encontró los tres tomos de esa pieza en un casillero de la secretaría del turno tarde de esa dependencia.
El 1 de setiembre el fiscal Fabricio Sidoti decide pasar la pesquisa a Carniello, por la complejidad de la prueba que se requiere, porque el nuevo fiscal tiene causas similares y porque hay funcionarios públicos vinculados.
El 8 de setiembre Carniello toma su primera medida como fiscal de esta causa. Ordena la realización de una inspección ocular en la zona para el 15 de setiembre pasado.
Ese día, una pequeña comitiva conformada por personal de la fiscalía y efectivos policiales fue a La Ventana.
No se sabe el resultado final de la inspección. En el expediente consta la entrega de material fotográfico relevado por los efectivos policiales que estuvieron en la zona.
Carniello salió de la provincia unos días y lo subrogó Claudia Ríos. El 29 de setiembre Ríos hace constar la presentación de esa prueba y, de paso, ordena que YPF se “abstenga” de hacer trabajos que alteren la situación en la zona relevada.
A continuación, Ríos enumera excepciones a la prohibición. “con excepción de aquellas labores que resulten imprescindibles para detener la presunta contaminación por presuntos derrames de petróleo y de agua de purga que se habrían detectado en las cercanías de los pozos PB- 107 y PB-22”.

Competencia provincial
Han pasado casi tres años y medio y todo parece lejano. El gobernador Francisco Pérez buscaba ser uno de los mimados de la presidenta Cristina Fernández y fue uno de los primeros en subirse a la avanzada contra Repsol-YPF. El 1 de marzo de 2012 se hizo la inspección en La Ventana y Barrancas y llamativamente en sólo siete días estuvo lista la demanda penal contra la petrolera. Mendoza presentó dos denuncias con los mismos argumentos, una en la Justicia provincial y otra en la Federal.
Curiosamente la demanda provincial cayó en la fiscalía de Daniel Carniello, quien al enterarse que había una pesquisa federal archivó las actuaciones. Walter Bento llevaba la investigación federal: en noviembre de 2012 decidió que la causa era jurisdicción provincial y la mandó la Fiscalía Luján-Maipú, dónde la tramitó Fabricio Sidoti hasta el extravío.
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