La 7722 respaldad por el Procurador General



El Procurador General se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley 7722

Fecha de Publicación
: 20/09/2015
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza


Luego de haber pedido una ampliación del plazo, que vencía originalmente el 10 de septiembre, llegó el pronunciamiento del procurador general Rodolfo González, tras haber solicitado más información para pronunciarse sobre la constitucionalidad ley 7722.
"Se entiende que la ley 7722 es constitucionalmente válida y, por lo tanto, deberían rechazarse las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad hechas valer en los procesos acumulados", señala el escrito, luego de varias páginas de argumentación, y resalta que la norma "garantiza especialmente el recurso hídrico como esencial para la vida".
Las empresas invocan que la minería debería estar regida exclusivamente por el código de minería, mientras que el procurador tomó una visión más amplia, haciendo referencia a un corpus de "normas provinciales complementarias maximizadoras de la protección ambiental", y también al texto constitucional, cuyo artículo 41 permite a la provincia fijar "niveles más exigentes de protección ambiental y en ningún caso disminuirlos, ya que siendo una función delegada a la Nación estaría en pugna con la supremacía de la Constitución".
La ley que prohíbe la minería que utiliza químicos contaminantes como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, utilizados en la extracción minera metalífera, enfrenta 13 demandas de inconstitucionalidad. Algunos de los demandantes son la Asociación de Profesionales de la CNEA, Minera del Oeste SRL, Desarrollo de Prospectos Mineros, Minera San Jorge, Cognito Limited, Minera Río de la Plata y Minera Aguacu.
Además, el fallo de la Suprema Corte deberá llegar en momentos en que está fresco el desastre que causó la minera Barrick Gold en San Juan, con la rotura de un caño que llevaba lo que llaman solución cianurada, en la mina Veladero, e hizo entrar en pánico a la población de Jachal y determinó que varias poblaciones no puedan consumir agua de los cauces, según lo solicitó formalmente la provincia.
Si faltaban argumentos, la realidad dio uno insoslayable de cómo trabajan las megamineras.
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