La soja bajo sospecha, como siempre



Siempre bajo sospecha: la inundación revive el debate sobre el costo ambiental de la soja y el monocultivo

Fecha de Publicación
: 29/08/2015
Fuente: IpProfesional
Provincia/Región: Nacional


Los cruces, que remiten a los peores tiempos de la 125, ponen al desnudo los beneficios económicos que el kirchnerismo obtiene de eso mismo que critica. ¿Por qué los productores apuestan de forma masiva a la oleaginosa? ¿Cómo se reparte la renta agrícola? El desmonte y el avance del monocultivo
Las discusiones en torno a la soja y su incidencia en la economía argentina, así como también su relevancia por sobre el resto de los cultivos -ocupa casi 21 millones de hectáreas de las 30 que totaliza el país-, toman el centro de la escena cada vez que suceden eventos como las inundaciones de las últimas semanas.
La polémica sobre la incidencia de la siembra directa -esto es, la técnica por excelencia sobre la que se basa la producción de la oleaginosa-, lanzó al Gobierno en otra ofensiva contra el sector agrícola.
En definitiva, el flagelo del agua no hizo más que recalentar una disputa que se mantiene latente desde los tiempos de la resolución 125. A siete años de aquel intento del oficialismo por incrementar su participación en el negocio de exportación de soja, la administración kirchnerista vuelve a denostar a la actividad que, paradójicamente, más regalías le aporta a la caja del Estado.
Precisamente ese es el argumento al que más apelan quienes integran -y por lo tanto defienden- la producción intensiva de soja: el Gobierno es "adicto" al poroto.
Y, ante la crítica de que el agro sólo se interesa por la oleaginosa, argumentan que las vigentes limitaciones a la exportación bloquean la siembra a gran escala de alternativas como el trigo, el maíz o el girasol.
Fuera de la discusión económica entra en debate el tema ambiental. El incremento en los niveles de desmonte para sembrar soja es observado como un factor que repercute de manera directa en el manejo del agua. En Argentina, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 y hasta fines de 2013 -últimos datos conocidos- se talaron más de 2 millones de hectáreas.
Según organismos internacionales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), casi el 4,5% de toda la deforestación que tiene lugar en el mundo se concentra en nuestro país.
Un ejemplo de la gravedad de la situación: según datos oficiales y de la ONG Guyra Paraguay, sólo en Córdoba, este año ya se desmontaron más de 3.000 hectáreas, mientras que entre 2012 y 2015 se ocupó con cultivos de la oleaginosa el equivalente a 25 estadios de fútbol.

Inundaciones sin culpas
Desde el campo, las "acusaciones" a la soja y al sistema de siembra directa han sido rebatidas por productores y técnicos.
Como Gustavo Grobocopatel, un referente del modelo agrícola vigente, quien cargó contra la falta de infraestructura para el manejo de excedentes de agua.
"En el caso de la agricultura que hacemos en la Argentina, la utilización generalizada de la siembra directa contribuye a aumentar la infiltración y reducir la erosión. Sin siembra directa, el agua escurriría más y la erosión de los suelos destruiría más vías de comunicación de lo que hemos visto", aseguró a iProfesional.
Pero, al mismo tiempo que se deslinda la responsabilidad de la soja, lo que marcan los expertos es que sí es malo el monocultivo. Más que en un producto específico, el problema reside en la falta de rotacíon, explican.
"El problema radica en la necesidad de sembrar estos cultivos por el bienestar de los suelos. Por un lado, el maíz y el trigo aportan materia orgánica a la tierra, mientras que cultivos como la soja la extraen", apunta un documento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA)
"Por otro lado, la rotación es buena para controlar las malezas, si se cultivan las mismas especies muy seguido aparecen malezas resistentes y se deben utilizar más agroquímicos y más fuertes para matarlas. Por lo que el problema de precio y rentabilidad se convierte en un desafío para la sustentabilidad de la producción agrícola", alerta.
La fundación mencionada informó que en la actualidad se siembran 5 hectáreas de soja por cada una de maíz, cuando la relación debería estar lo más cerca de la paridad. Paralelamente, por estos días se cultivan la mitad de las hectáreas de trigo que se sembraban hace doce años.
Fernando Vilella, director del departamento de Bieconomía, Políticas Públicas y Prospectiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostuvo que la soja no tuvo responsabilidad alguna en las inundaciones, y expresó que "la política nacional de incentivar sólo ese cultivo ha sido muy mala en términos de sustentabilidad".
"Si no hubiera fuertes intereses económicos en sostener la política restrictiva en el cultivo de cereales, la situación sería mejor. Tenemos el pan más caro de América latina y el valor de la carne en dólares es el más alto de las últimas décadas. Pan y carne, verdadera mesa de los argentinos, se ven fuertemente castigados por las políticas ‘reales', no las declamadas", puntualizó.
"La culpa del predominio de la soja es la política que sólo incentiva este cultivo a efectos de cobrar fuertes retenciones. Es verdaderamente una irresponsabilidad ambiental no de los productores, sino del Gobierno que sólo aspira a juntar dólares como sea. El más perjudicado de este tema es el productor", concluyó.

Soja exclusiva
Con la soja como eje de los cruces en torno al cambio dramático en el equilibrio ambiental, la pregunta respecto de por qué el campo apuesta casi en exclusiva al cultivo del poroto obliga a ahondar en las variables activas que, en simultáneo, desalientan otras alternativas de siembra.
Y la respuesta de los expertos es contundente: el predominio de la soja responde, simplemente, a una cuestión de incentivos económicos. En otras palabras, toda la política agrícola y tributaria está diseñada de tal forma que a todos los jugadores -propietarios de tierra, productores, exportadores y los gobiernos nacional y provincial- les resulta la opción más rentable.
Desde el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Ernesto Ambrosetti, economista en jefe de la entidad, aportó una mirada al respecto. "La soja es la producción estrella de la Argentina en los últimos años y el Gobierno hace todo lo posible para que no cambie. Critica hacia afuera pero genera todas las condiciones para que el productor no salga de la producción de la oleaginosa", aseguró a iProfesional.
"La soja es el único cultivo sobre el que no pesan autorizaciones de exportación -argumentó Ambrosetti-; para el trigo o el maíz rigen cupos que limitan la venta al exterior. En cambio, la oleaginosa puede exportarse en la cantidad que se desee. ¿Por qué? Bueno, el 35% de lo que se produce queda para el Estado".
Según el experto de la Sociedad Rural, ese mismo Estado suma, a través de los distintos impuestos, una participación de la renta agrícola del 85 por ciento.
Organizaciones como la FADA estiman un porcentaje similar y destacan que es la misma presión impositiva la que complica al girasol o al trigo.
Un documento de esta institución, al que accedió iProfesional, destaca: "Si se toma como ejemplo la soja, se puede ver que hoy vale el 55% de lo que valía en septiembre de 2012, es decir, casi la mitad que hace tres años. Esto provoca que la renta que genera una hectárea se reduzca y la participación del Estado crezca, ya que el derecho de exportación, el tributo más importante, actúa sobre el valor bruto, es decir, no tiene en cuenta los costos para producir, comercializar, transportar y administrar la producción".
La organización precisa que "los costos de intervención, principal consecuencia de las restricciones a la exportación aplicadas por el gobierno Nacional (ROE), generan importantes efectos negativos en los mercados de trigo y maíz".

Renta querida
"Para hacerlo gráfico, en el caso de la soja las retenciones por exportación implican que de cada 10 camiones que despacha un productor, unos 3,5 quedan para el Estado nacional. Y esto, sin importar si al productor le costó más generar ese grano. La ganancia que queda para las arcas después se reparte de un modo que nadie quiere quedar fuera de la soja", sostuvo Ambrosetti.
En ese sentido, el economista especificó que "las retenciones van a parar a un fondo del cual el 33% va a parar a las provincias. De ese monto, las provincias giran un 33% a los municipios. O sea que hoy, por citar algunos casos, San Isidro, Quilmes o Lomas de Zamora conforman sus presupuestos o funcionan a base de lo que genera la soja".
"Si bien sobre el trigo pesan retenciones del 23%, para el maíz rige el 20% y al girasol le corresponde el 32%, la traba a la exportación y la necesidad de contar con autorizaciones para vender, hace que se produzcan cada vez menos. Hasta el azúcar tiene restricciones. Todo eso es lo que explica el crecimiento constante de la soja. Ha sido una política adrede", dijo.
Héctor Huergo, ex director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), también remarcó que "la soja le resulta más provechosa al Gobierno", aunque destacó que en las mejores zonas "la rentabilidad es mínima" para los productores por la carga impositiva y los costos de fletes.
"Si se siembra es a costa de amortizaciones y de capital suelo", comentó a iProfesional.
Así de paradójica es la política argentina: el Gobierno que ha cimentado su ingreso tributario en la soja, es el primero en apuntar su dedo acusador contra el "yuyito" ni bien aparece un problema ambiental.
En todo caso, lo que deja en claro la trágica repetición de inundaciones es que el monocultivo y el impacto ambiental de las políticas agrícolas deberán ocupar un lugar central en la agenda pública del próximo gobierno.
Sin embargo, son los propios defensores del modelo de siembra vigente quienes anticipan que la situación ambiental se volverá progresivamente más dramática por esta apuesta a la "sojización".
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