Arranca el jucio contra empresario de La Trinidad

Un caso de supuesta contaminación industrial va a juicio por primera vez

Fecha de Publicación
: 08/06/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) tiene previsto estrenarse este martes en el juzgamiento de casos de presunta contaminación industrial. En este debut judicial participan como imputados Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, responsables de la explotación del Ingenio y Destilería La Trinidad. La audiencia inaugural del juicio está programada para este martes 9 de junio; el debate proseguirá durante el miércoles y concluirá, en principio, el 16 de este mes.
Fuentes judiciales indicaron que el tribunal a cargo de celebrar el juicio estará integrado por los vocales Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán (interviene en sustitución del camarista Carlos Enrique Jiménez Montilla, que está de licencia).
El caso en cuestión lleva ocho años dando vueltas por la Justicia Federal. En 2012, el fiscal federal Carlos Brito pidió la elevación a juicio al considerar que habría quedado acreditado que la empresa de los acusados desplegó la conducta ilícita prevista en la Ley 24.051, de 1991, que regula la gestión de residuos peligrosos. Esta norma sanciona a quien, mediante la utilización de ciertos desechos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.

En tierras santiagueñas
La investigación comenzó en 2007. Primero, el fiscal general Gustavo Gómez practicó una serie de medidas de prueba preparatorias y, luego, giró el caso a Brito, que prosiguió la pesquisa. Según el requerimiento, Mario Racedo, ex juez federal subrogante, ordenó el allanamiento del ingenio ubicado al sur de la provincia, procedimiento ejecutado por la Gendarmería el 30 de agosto del año mencionado. Dicha medida permitió detectar que la fábrica no poseía una planta de tratamiento para los efluentes que producía y que había optado por encauzar estos residuos hacia una laguna de sacrificio ubicada a 30 kilómetros del ingenio.
“La comisión se trasladó fuera del predio hacia el sector en el que los dos canales que egresan del ingenio se unen conformando un sólo curso”, relata el requerimiento de Brito. En ese punto, la Gendarmería tomó muestras por triplicado. “El análisis químico de los líquidos recolectados determinó que estos poseían valores elevados en exceso para los parámetros de demanda química de oxígeno y de demanda bioquímica de oxígeno estipulados por la autoridad competente”, expresó el fiscal federal.
La defensa de los imputados adujo que la Justicia Federal era incompetente para investigar este asunto. Según ese criterio, la presunta contaminación ambiental denunciada no afectaba a más de una jurisdicción y, por ende, la pesquisa correspondía a la Justicia local. “Un informe de la Gendarmería verificó que los efluentes del ingenio circulan por el canal Monteagudo, que continúan su trayecto e ingresan a un terreno con características salitrosas donde se dispersan. Pero, en una segunda etapa, se constató la presencia de desbordes de los efluentes que llegan a la laguna de sacrificio; el tránsito hacia diferentes campos y la formación de un cauce que se desplaza hasta unirse con el río Chico. Es decir, se comprobó la existencia del desborde de un líquido marrón oscuro producto del proceso industrial de la caña mezclada con la vinaza de la destilería de alcohol”, dijo el fiscal. El Ministerio Público recordó que el río Chico desembocaba en el dique El Frontal del embalse Río Hondo emplazado en Santiago del Estero: “por lo tanto, el delito investigado es de competencia federal. Ello fue confirmado por el tribunal de alzada en 2008”.

Oxígeno comprometido
En 2009, la Dirección de la Policía Científica de la Gendarmería confeccionó otro informe determinante para el avance la pesquisa. “El estudio concluye que los efluentes que genera el ingenio no reciben ningún tipo de tratamiento por parte de la firma y que el agua de producción de la planta es volcada directamente sobre el río Gastona”, indicó el fiscal. A posteriori, Pedro Jorge Albornoz y Juan Alberto Ruiz, dos peritos de la Universidad Nacional de Tucumán, dictaminaron que los vertidos analizados presentaban las características de riesgo descritas en la Ley 24.051. Los profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas precisaron que entre esos residuos había sustancias que podían agotar considerablemente las reservas de oxígeno y producir la mortandad de los peces.
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