Sin Ley, piden controles de fumigaciones en Entre Ríos
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Reclaman controles más rigurosos por las fumigaciones en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Notife
Provincia/Región: Entre Ríos
Afirman que se dilatan las discusiones por una nueva ley de agroquímicos. Se requiere un debate profundo y urgente. Escuelas rurales y localidades cerca de plantaciones, las más afectadas.Las denuncias por fumigaciones en escuelas rurales de Entre Ríos se volvieron una constante en buena parte de ese territorio. La falta de control a los aplicadores de productos químicos y una cadena de responsabilidades que nunca se cumplen impiden que se pueda resguardar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación.
Con una ley que requiere de actualización y de un profundo debate entre legisladores y representantes de organizaciones ambientalistas, productores, y otros actores, la salud de la población se pone en juego ante una permanente amenaza en forma de fluidos dispersados por cielo y tierra. Y lo que sucede en instituciones educativas rurales es sólo una muestra de un problema mucho más profundo, que involucra a localidades cercanas a plantaciones de monocultivos, o como en la localidad de San Salvador, donde la cifra de enfermos de cáncer sube y aún no es posible explicar por qué.
En un reciente relevamiento realizado por la Red Universitaria de Ambiente y de Salud-Médicos de Pueblos Fumigados en esa ciudad del centro este de la provincia entrerriana se pudo comprobar que una de cada dos personas muere por esta enfermedad. Diario Uno de Entre Ríos ya se había ocupado del tema en 2014, dando cuenta del alarmante crecimiento de la patología según un estudio del grupo de vecinos autoconvocados Todos por Todos.
Archivada. Enrique Cresto, jefe del bloque de Senadores del PJ, uno de los impulsores de la nueva ley de agroquímicos que finalmente quedó archivada, desestimó que se vuelva a insistir con esa propuesta a raíz del fuerte rechazo que halló en organizaciones ambientalistas. El dirigente recordó que en 2013 hizo un encuentro en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde concurrieron interesados en temas ambientalistas, productores y representantes gubernamentales. “Se presentó una ley de avanzada, comparado con lo que hay ahora, exigiendo la distancia desde la cual se podía fumigar”.
Cresto recordó que cuando se comenzó a deliberar ambientalistas argumentaron que se quería “beneficiar a los que venden los productos químicos”. En su lectura, el espíritu de la ley contemplaba totalmente lo contrario, porque en definitiva lo que resultaba más afectado era la cadena de comercialización de productos químicos. “Tal como lo ven los afectados por las fumigaciones y el uso indebido de agroquímicos, lo más difícil es controlar las aplicaciones y el mecanismo para realizar el procedimiento. “¿Cómo controlás cuando viene una avioneta, pasa y fumiga? El productor la contrata por hora y el aplicador ve que no están dadas las condiciones del viento, y para no perder el viento fumiga igual”, advirtió.
Otra iniciativa. Una idea que tenía el visto bueno de varios sectores fue impulsada por César Melchiori (PJ-Islas) aún no fue estudiada en comisión. En Entre Ríos rige la ley de plaguicidas 6.599, que data de 1980. En su artículo 13 indica: “Queda prohibida la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros. A partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”. Pero luego la distancia se redujo por resoluciones.
Hace unos días, el juez del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, había evaluado que la norma “no se cumple y que el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente fija”, y además dijo que una ley nueva si no hay control estricto “no va a servir de nada”.
Prevenir
Organizaciones ambientalistas y dirigentes del gremio educativo resolvieron reunirse para diagramar el funcionamiento de un equipo de voluntarios abocados a la tarea de prevenir fumigaciones. Así lo informó a UNO la integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Gilda Bilinski. “Estamos trabajando en el tema con la Asamblea, el Foro Ambiental de Gualeguaychú, directivos de las escuelas, la Policía de Abigeato y gremialistas de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. La gravedad de la situación nos preocupa mucho”, precisó.
Si bien estimó que existen leyes tendientes a regular el uso de agroquímicos en zonas rurales, expresó que dejan de ser efectivas “porque no hay un órgano de control que las haga cumplir”. Entre los actores que apoyan esta causa, valoró la actuación del vocal del Consejo General de Educación Héctor De la Fuente. “Queremos convocar a todos los docentes previa realización de un mapeo de las zonas fumigadas con los dueños y arrendatarios de los campos”, acotó.
Hizo notar que son cinco los aviones patentados en Entre Ríos con autorización para pulverizar en la provincia. Como la docente Estela Lemes de Gualeguaychú, a quien se le detectó presencia de un insecticida en la sangre, la ambientalista contó que también padece igual problema. “A mí también me dio positivo el análisis promovido en la audiencia pública hecha en el Congreso de la Nación”, explicó.
“Todos los que vivimos en zonas rurales estamos afectados”, acotó, al tiempo que se esperanzó en que se hagan cumplir los protocolos de actuación ante las denuncias cada vez más comunes por aspersiones.
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Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Notife
Provincia/Región: Entre Ríos
Afirman que se dilatan las discusiones por una nueva ley de agroquímicos. Se requiere un debate profundo y urgente. Escuelas rurales y localidades cerca de plantaciones, las más afectadas.Las denuncias por fumigaciones en escuelas rurales de Entre Ríos se volvieron una constante en buena parte de ese territorio. La falta de control a los aplicadores de productos químicos y una cadena de responsabilidades que nunca se cumplen impiden que se pueda resguardar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación.
Con una ley que requiere de actualización y de un profundo debate entre legisladores y representantes de organizaciones ambientalistas, productores, y otros actores, la salud de la población se pone en juego ante una permanente amenaza en forma de fluidos dispersados por cielo y tierra. Y lo que sucede en instituciones educativas rurales es sólo una muestra de un problema mucho más profundo, que involucra a localidades cercanas a plantaciones de monocultivos, o como en la localidad de San Salvador, donde la cifra de enfermos de cáncer sube y aún no es posible explicar por qué.
En un reciente relevamiento realizado por la Red Universitaria de Ambiente y de Salud-Médicos de Pueblos Fumigados en esa ciudad del centro este de la provincia entrerriana se pudo comprobar que una de cada dos personas muere por esta enfermedad. Diario Uno de Entre Ríos ya se había ocupado del tema en 2014, dando cuenta del alarmante crecimiento de la patología según un estudio del grupo de vecinos autoconvocados Todos por Todos.
Archivada. Enrique Cresto, jefe del bloque de Senadores del PJ, uno de los impulsores de la nueva ley de agroquímicos que finalmente quedó archivada, desestimó que se vuelva a insistir con esa propuesta a raíz del fuerte rechazo que halló en organizaciones ambientalistas. El dirigente recordó que en 2013 hizo un encuentro en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde concurrieron interesados en temas ambientalistas, productores y representantes gubernamentales. “Se presentó una ley de avanzada, comparado con lo que hay ahora, exigiendo la distancia desde la cual se podía fumigar”.
Cresto recordó que cuando se comenzó a deliberar ambientalistas argumentaron que se quería “beneficiar a los que venden los productos químicos”. En su lectura, el espíritu de la ley contemplaba totalmente lo contrario, porque en definitiva lo que resultaba más afectado era la cadena de comercialización de productos químicos. “Tal como lo ven los afectados por las fumigaciones y el uso indebido de agroquímicos, lo más difícil es controlar las aplicaciones y el mecanismo para realizar el procedimiento. “¿Cómo controlás cuando viene una avioneta, pasa y fumiga? El productor la contrata por hora y el aplicador ve que no están dadas las condiciones del viento, y para no perder el viento fumiga igual”, advirtió.
Otra iniciativa. Una idea que tenía el visto bueno de varios sectores fue impulsada por César Melchiori (PJ-Islas) aún no fue estudiada en comisión. En Entre Ríos rige la ley de plaguicidas 6.599, que data de 1980. En su artículo 13 indica: “Queda prohibida la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros. A partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”. Pero luego la distancia se redujo por resoluciones.
Hace unos días, el juez del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, había evaluado que la norma “no se cumple y que el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente fija”, y además dijo que una ley nueva si no hay control estricto “no va a servir de nada”.
Prevenir
Organizaciones ambientalistas y dirigentes del gremio educativo resolvieron reunirse para diagramar el funcionamiento de un equipo de voluntarios abocados a la tarea de prevenir fumigaciones. Así lo informó a UNO la integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Gilda Bilinski. “Estamos trabajando en el tema con la Asamblea, el Foro Ambiental de Gualeguaychú, directivos de las escuelas, la Policía de Abigeato y gremialistas de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. La gravedad de la situación nos preocupa mucho”, precisó.
Si bien estimó que existen leyes tendientes a regular el uso de agroquímicos en zonas rurales, expresó que dejan de ser efectivas “porque no hay un órgano de control que las haga cumplir”. Entre los actores que apoyan esta causa, valoró la actuación del vocal del Consejo General de Educación Héctor De la Fuente. “Queremos convocar a todos los docentes previa realización de un mapeo de las zonas fumigadas con los dueños y arrendatarios de los campos”, acotó.
Hizo notar que son cinco los aviones patentados en Entre Ríos con autorización para pulverizar en la provincia. Como la docente Estela Lemes de Gualeguaychú, a quien se le detectó presencia de un insecticida en la sangre, la ambientalista contó que también padece igual problema. “A mí también me dio positivo el análisis promovido en la audiencia pública hecha en el Congreso de la Nación”, explicó.
“Todos los que vivimos en zonas rurales estamos afectados”, acotó, al tiempo que se esperanzó en que se hagan cumplir los protocolos de actuación ante las denuncias cada vez más comunes por aspersiones.
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