La Ley de Bosque Nativo de Entre Ríos llega tarde
13:58 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Advierten que la aprobación del proyecto de Bosque Nativo 'es tardía'
Fecha de Publicación: 19/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La diputada socialista Emma Bargagna (PS), que no acompañó anoche en Diputados la sanción del proyecto de ley de Bosque Nativo, explicó a AIM que votó negativamente “porque no he podido convencer al resto de los legisladores que votábamos un proyecto contrario a lo que ordena la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La ley de Bosques se sancionó en diciembre de 2007, y desde entonces Entre Ríos está en deuda con su sociedad y con el país, ya que la existencia del monte nativo es determinante para el suelo, el agua, el cambio climático, el presente y la calidad de vida de la sociedad”.
Bargagna aclaró que el proyecto “introdujo una visión y una operatoria productivista sobre el recurso. Por eso deposita el destino del monte nativo directamente en el ministro de la Producción, que es el que distribuirá fondos bajo esta filosofía productivista y autorizará el desmonte según su interés de gestión, es decir, su interés de entregar más tierras para la producción, al precio de perder bienes inmateriales que afectarán absolutamente sobre las personas, animales y plantas que pueblan la región. La política de gestión sobre el Monte Nativo y el poder de control o de policía en el tema debería haberse colocado bajo la competencia de la secretaría de Medio Ambiente y ésta, a su vez, contener la dirección de Recursos Naturales, que hoy está descoordinada, suelta, lejos del lugar que le corresponde ocupar, también manejada por el ministerio de la Producción”.
“Están matando la gallina de los huevos de oro”, expresó Bargagna, y recordó que “el Monte Nativo presta un servicio social y ambiental que tiene directa incidencia en el suelo, el agua y el aumento de la temperatura en la provincia. Tan directa es esa conexión, que sin monte no se podría estar haciendo agricultura y especialmente soja en los campos entrerrianos”.
“La composición de nuestro suelo provincial no es la misma que la de la pampa húmeda. Es más frágil y sobre todo, el suelo de los montes, que tiene una productividad de corto plazo. Este proyecto busca dar “rentabilidad” a corto plazo, a costa de rematar biodiversidad, permitir el empobrecimiento del suelo, el drenaje y la pérdida de la calidad del suelo, entre otros efectos graves”.
Además, agregó que “en lugar de jerarquizar al dueño del Monte, al que todavía lo preserva, lo dejan desamparado, dando luz verde, así para justificar el desmonte. El proyecto omite reconocer al dueño del Monte y al que lo mantiene como un benefactor social, benefactor de la comunidad toda y sobre todo, del que puede obtener ‘rentabilidad’ con la producción agrícola. La ley nacional de Bosques categóricamente prohibía el desmonte mientras no se hubiese dictado la ley provincial consecuente. Entre Ríos omitió sancionar durante siete años esa ley, y mientras tanto se desmontó en forma alarmante, manteniéndose al propietario del Monte acorralado, empujándolo a desmontar”.
En diálogo con esta Agencia, la diputada consideró que en el trabajo en comisión “debió opinar la Facultad de Agronomía, las diversas delegaciones del Inta, los que saben, ya que el tema en primer lugar es una cuestión social, interdisciplinaria, uno de sus aspectos es el ‘económico’, pero éste no es el único ni el más importante”.
También criticó que la comisión que forma la ley actuará solamente cuando lo crea conveniente el ministro de Economía. “No está mayoritariamente integrada por instituciones expertas en el tema. Tampoco cumple con la obligación de recabar ‘opinión pública’, elimina la participación social que ordena la ley nacional, a través de ‘audiencias públicas’ e ‘información pública’”.
“Las multas por desmonte son inferiores al piso mínimo que establece la ley nacional”, denunció. “El espíritu y el texto de la ley levantan en realidad, un cerco a la ley nacional, para que aquí, en nuestra provincia, se pueda seguir desmontando a criterio del ministro de la Producción y para que el dueño del monte nativo termine en una encerrona que no le quede otra opción que desmontar”.
El antecedente
Una deuda de la provincia es la adecuación de la normativa entrerriana a la ley de ordenamiento de bosques, en cumplimiento de lo estipulado por la norma nacional 26331, de Presupuestos mínimos para la protección ambiental de bosques nativos.
Hasta el momento, cerca de 20 provincias en el país ya adecuaron sus normativas en relación con el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Otbn).
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en diciembre de 2007 por el Congreso de la Nación, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos en el país, y establece parámetros para el ordenamiento por parte de los gobiernos provinciales.
Todo ello por considerar que el Monte Nativo cumple el servicio ambiental más importane que existe para la sustentabilidad del suelo, del agua, del aire, del clima. Así lo reconoce en su articulado, considerándolo un bien social presente y necesario para la supervivencia de las futuras generaciones y de la biodiversidad.
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Fecha de Publicación: 19/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La diputada socialista Emma Bargagna (PS), que no acompañó anoche en Diputados la sanción del proyecto de ley de Bosque Nativo, explicó a AIM que votó negativamente “porque no he podido convencer al resto de los legisladores que votábamos un proyecto contrario a lo que ordena la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La ley de Bosques se sancionó en diciembre de 2007, y desde entonces Entre Ríos está en deuda con su sociedad y con el país, ya que la existencia del monte nativo es determinante para el suelo, el agua, el cambio climático, el presente y la calidad de vida de la sociedad”.
Bargagna aclaró que el proyecto “introdujo una visión y una operatoria productivista sobre el recurso. Por eso deposita el destino del monte nativo directamente en el ministro de la Producción, que es el que distribuirá fondos bajo esta filosofía productivista y autorizará el desmonte según su interés de gestión, es decir, su interés de entregar más tierras para la producción, al precio de perder bienes inmateriales que afectarán absolutamente sobre las personas, animales y plantas que pueblan la región. La política de gestión sobre el Monte Nativo y el poder de control o de policía en el tema debería haberse colocado bajo la competencia de la secretaría de Medio Ambiente y ésta, a su vez, contener la dirección de Recursos Naturales, que hoy está descoordinada, suelta, lejos del lugar que le corresponde ocupar, también manejada por el ministerio de la Producción”.
“Están matando la gallina de los huevos de oro”, expresó Bargagna, y recordó que “el Monte Nativo presta un servicio social y ambiental que tiene directa incidencia en el suelo, el agua y el aumento de la temperatura en la provincia. Tan directa es esa conexión, que sin monte no se podría estar haciendo agricultura y especialmente soja en los campos entrerrianos”.
“La composición de nuestro suelo provincial no es la misma que la de la pampa húmeda. Es más frágil y sobre todo, el suelo de los montes, que tiene una productividad de corto plazo. Este proyecto busca dar “rentabilidad” a corto plazo, a costa de rematar biodiversidad, permitir el empobrecimiento del suelo, el drenaje y la pérdida de la calidad del suelo, entre otros efectos graves”.
Además, agregó que “en lugar de jerarquizar al dueño del Monte, al que todavía lo preserva, lo dejan desamparado, dando luz verde, así para justificar el desmonte. El proyecto omite reconocer al dueño del Monte y al que lo mantiene como un benefactor social, benefactor de la comunidad toda y sobre todo, del que puede obtener ‘rentabilidad’ con la producción agrícola. La ley nacional de Bosques categóricamente prohibía el desmonte mientras no se hubiese dictado la ley provincial consecuente. Entre Ríos omitió sancionar durante siete años esa ley, y mientras tanto se desmontó en forma alarmante, manteniéndose al propietario del Monte acorralado, empujándolo a desmontar”.
En diálogo con esta Agencia, la diputada consideró que en el trabajo en comisión “debió opinar la Facultad de Agronomía, las diversas delegaciones del Inta, los que saben, ya que el tema en primer lugar es una cuestión social, interdisciplinaria, uno de sus aspectos es el ‘económico’, pero éste no es el único ni el más importante”.
También criticó que la comisión que forma la ley actuará solamente cuando lo crea conveniente el ministro de Economía. “No está mayoritariamente integrada por instituciones expertas en el tema. Tampoco cumple con la obligación de recabar ‘opinión pública’, elimina la participación social que ordena la ley nacional, a través de ‘audiencias públicas’ e ‘información pública’”.
“Las multas por desmonte son inferiores al piso mínimo que establece la ley nacional”, denunció. “El espíritu y el texto de la ley levantan en realidad, un cerco a la ley nacional, para que aquí, en nuestra provincia, se pueda seguir desmontando a criterio del ministro de la Producción y para que el dueño del monte nativo termine en una encerrona que no le quede otra opción que desmontar”.
El antecedente
Una deuda de la provincia es la adecuación de la normativa entrerriana a la ley de ordenamiento de bosques, en cumplimiento de lo estipulado por la norma nacional 26331, de Presupuestos mínimos para la protección ambiental de bosques nativos.
Hasta el momento, cerca de 20 provincias en el país ya adecuaron sus normativas en relación con el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Otbn).
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en diciembre de 2007 por el Congreso de la Nación, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos en el país, y establece parámetros para el ordenamiento por parte de los gobiernos provinciales.
Todo ello por considerar que el Monte Nativo cumple el servicio ambiental más importane que existe para la sustentabilidad del suelo, del agua, del aire, del clima. Así lo reconoce en su articulado, considerándolo un bien social presente y necesario para la supervivencia de las futuras generaciones y de la biodiversidad.
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