Las piletas de crudo estarían mal saneadas
19:22 | 
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Eco Sitio |
95% de las piletas de crudo estarían mal saneadas
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario ambiental, si se aplica la Ley 3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados, sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso que la Provincia avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas “estaban mal saneadas”, indicaron a La Opinión Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe de Gabinete de Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141 millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo ambiental
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no, que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente, “en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa” la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana (por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario ambiental, si se aplica la Ley 3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados, sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso que la Provincia avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas “estaban mal saneadas”, indicaron a La Opinión Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe de Gabinete de Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141 millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo ambiental
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no, que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente, “en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa” la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana (por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
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