Denuncian a la “La Botnia de Quilmes”

“La Botnia de Quilmes”: denuncian a una papelera por contaminación

Fecha de Publicación: 06/11/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Bueos Aires


En un radio de 20 cuadras, cientos de vecinos de la localidad de Bernal, en el partido de Quilmes, están rodeados de amenazas ambientales. Entre el predio de relleno sanitario del CEAMSE, el Polo Petroquímico Dock Sud, la quema de residuos patológicos y de curtiembres, estas familias quedaron virtualmente cercadas en su propio barrio. Ahora, a este listado hay que sumar a la multinacional irlandesa Smurfit Kappa, dedicada a la fabricación de cartón corrugado y que los vecinos acusan de contaminar el Río de la Plata con vertidos ilegales y el reciclado de basura sin certificado de aptitud ambiental.
La planta, que hace once años se encuentra emplazada en los márgenes de la Autopista Buenos Aires–La Plata, ocupando unas 20 hectáreas, fue clausurada en diciembre del año pasado. Entre otras irregularidades, un estudio de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires detectó que “los vuelcos sedimentables eran 78 veces más de lo permitido”.
Por esta situación, ya hubo quienes abandonaron el barrio por temor a los efectos del riesgo sanitario. Y los que se quedaron, cansados de la contaminación, los ruidos y los olores nauseabundos, denunciaron a la firma en varias oportunidades, aunque todo quedó en la nada. Por esta razón, los vecinos bautizaron a la papelera como “la Botnia de Quilmes”.
Un ejemplo que ilustra las situaciones que provoca la presencia de esta planta en el medio de un barrio residencial es el caso de la familia Talevi, que demandó a Smurfit Kappa por “daños y perjuicios” y en noviembre de 2008, en un fallo considerado histórico, logró un resarcimiento económico de $ 146 mil. El fallo, dictado por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Quilmes, obligó a la compañía a pagar una indemnización en concepto de “gastos de reparación del inmueble, pérdida de valor del inmueble, daños a la salud a favor de los actores y sus respectivas incapacidades por rinitis crónica, sinusitis crónica, broncopatía obstructiva crónica, rinosinusitis crónica, faringitis crónica, tratamiento psicológico y daño moral”. De todas formas, al poco tiempo de la sentencia, los Talevi decidieron abandonar el barrio, hartos de convivir con la empresa.
Esta medida judicial, que sentó un antecedente sobre una familia afectada por causas directas, fue el puntapié para que en 2009 el Concejo Deliberante de Quilmes le pidiera al gobierno municipal que encabeza Francisco “Barba” Gutiérrez llevar adelante un censo sanitario en las inmediaciones de la papelera, una exigencia nunca cumplida (ver recuadro).
Por otra parte, pese a que el artículo 15 de la Ley 11.459 de Radicación y Habilitación de Industrias de la provincia de Buenos Aires, define a este tipo de establecimientos como de “Tercera Categoría”, es decir, que “constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medioambiente”, la fábrica de Smurfit Kappa está radicada en el medio de una zona residencial. Los vecinos también denuncian que la empresa, de forma clandestina, vuelca sus vertidos en las costas del Río de La Plata, atravesando los humedales de una reserva ecológica que, poco a poco, están siendo tapados con los desechos que descarta de su producción.
El Foro Regional en Defensa del Río de La Plata es una de las entidades que más viene luchando por la cuestión ambiental en la zona. En diálogo con Tiempo Argentino, una de sus integrantes, la ambientalista Nieves Baldaccini, sostuvo que “una reserva ecológica no puede ser atravesada por vuelcos industriales y mucho menos descargar los efluentes en la playa donde se usa como lugar de recreación por la gente de distintos lugares del Conurbano”. También advirtió que la empresa, “además de violar la reserva y modificar el medio ambiente, viola la legislación municipal y provincial vigentes”.
Según esta ONG, lo que agrava aun más la situación es que los vuelcos que terminan en la costa del río están a sólo 800 metros de la toma de agua de la planta potabilizadora de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), lo que deja latente el peligro de contaminación de las napas: de allí se distribuye agua potable a más de 3 millones de personas. Hace seis años, la empresa cuestionada pidió un permiso de vuelco, pero la Autoridad del Agua nunca se lo concedió y desde entonces lo hacen igualmente, de forma ilegal. Lo mismo ocurre con el certificado de aptitud ambiental, que desde 2003 está en trámite, según informaron desde el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).
Juan José Pinto (foto), muestra el mapa de la contaminación. Allí funciona el canal clandestino de vuelco de efluentes de Smurfit Kappa. En diálogo con este diario reclamó: “Pedimos la relocalización de la industria porque está en pleno centro de Bernal y está enfermando a todos los vecinos”, y agregó que “contamina nuestra única fuente de agua que es el Río de La Plata”.
“Hace 23 años que vivo en esta casa y no había ruidos hasta que empezó a funcionar esta fábrica, puso en marcha una máquina del año ’74 a todo vapor”, relató Fabián Invernizzi, un vecino del barrio cuya medianera linda con la fábrica de cartón. Coincidió con la figura de que la planta es “una pequeña Botnia”, pero con el agravante de que “Botnia tiene todo más controlado, en cambio estos quieren funcionar como una Ferrari y son, en realidad un ‘Fitito’”.
Su patio limita con la mole de cemento y él y su esposa aseguran estar medicados para poder dormir. Para ellos también las vibraciones, el humo y el olor son moneda corriente. “Hay días que cae polvillo sobre las casas, tienen 4 o 5 chimeneas funcionando todo el día. No sabemos qué componentes largan, queman fuel oil y llenan todo el barrio de hollín que se dispersa por el aire”, sostuvo la pareja.
Hace cuatro años, la paciencia de esta familia se agotó y decidieron actuar. El ruido de las calderas era tan molesto que, una noche, este vecino llegó a marcar el número de la casa particular de uno de los gerentes de la firma, para transmitirle su bronca. Lo atendió el propio vicepresidente de Smurfit Kappa, Peter Oscoiz. Según Invernizzi, el ejecutivo le respondió: “Mire, Fabián, nosotros creemos que no molestamos. Yo no quiero llegar al extremo de que usted tenga 200 obreros en la puerta de su casa.”
La multinacional irlandesa llegó a la Argentina a mediados de la década de 1990, adquiriendo dos plantas: una de papel y otra de cartón corrugado, ambas ubicadas en Coronel Suárez. Sus operaciones crecieron rápidamente y, en pocos años, se transformó en pionera en el rubro de embalajes de cartón corrugado y papeles fabricados a partir de fibras recicladas. Hoy, con seis plantas industriales en cuatro localidades y seis centros de acopio de materia prima, sus productos llegan a todo el país.
Este auge productivo tiene como contracara el relato de los damnificados que hace cinco años vienen reclamando ante las autoridades municipales y provinciales, hasta ahora, sin respuestas concretas. Por caso, en el OPDS todavía descansan los expedientes 4091-5426-I-2006 y 2145-6208/06.
Las primeras denuncias se radicaron en 2006 y desde entonces comenzó un largo camino de inspecciones, actas y expedientes judiciales. En noviembre de ese mismo año, la Secretaría de Política Ambiental –antecesora de la OPDS–, organizó reuniones conjuntas entre los vecinos afectados y el gerente técnico de Smurfit Kappa, el ingeniero Edgardo Chaneton. El objetivo era evaluar el cronograma de trabajos que la compañía se había comprometido a cumplir para mitigar los daños ocasionados. Pero los resultados de esa gestión fueron negativos. “La empresa rara vez cumplió con los plazos de obras, siempre tenían problemas, no hacen más que mentir y mentir”, sostuvo, indignado, Invernizzi, quien también describió una situación a mitad de camino entre lo cómico y lo indignante. “La última vez que nos atendieron en el OPDS, su titular, José Molina, estaba viendo el programa de Mirtha Legrand y no nos escuchaba. Dijo que nos recibía en dos meses y nunca más nos recibió”, detalló el vecino.
El 30 de agosto de 2010 fue la Defensoría del Pueblo de Quilmes la que tomó cartas en el asunto al presentar una denuncia penal contra la papelera en la Secretaría Nº 2 del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. Lo hizo debido a que la empresa había incumplido los compromisos contraídos con la provincia de Buenos Aires para mitigar y paliar los efectos de la contaminación y los ruidos molestos en el vecindario. La denuncia de la Defensoría también señaló como responsables de esta situación irregular a la Secretaría de Medio Ambiente local y a la Subsecretaría de Industria provincial. En diálogo con este diario, el defensor del Pueblo de Quilmes, José Estevao, afirmó: “Pedimos la condena de los directivos de la empresa Smurfit-Kappa y la hacemos extensiva a las autoridades municipales porque consideramos que hay mal desempeño de la función pública porque no ejercen el poder de policía.” Asimismo, Estevao aseguró que “la gravedad radica en que por más inspecciones que se hagan a la empresa le conviene pagar las multas y sigue contaminando el río. Hay que obligarla a tratar sus efluentes líquidos para que esto no afecte la selva marginal, el río o la toma de agua de AySA”.
La última presentación la realizaron los propios vecinos ante la Autoridad del Agua, en septiembre de 2010, y fue la razón de que, tres meses más tarde, se dispusiera la clausura de la Planta, que fue oficialmente levantada 45 días después, el 27 de diciembre, si bien los vecinos aseguran que “desde tiempos antes había vuelto a echar humo”. Lo curioso es que a los denunciantes recién les comunicaron esta decisión en abril de 2011, cuando la planta ya había vuelto a funcionar normalmente. La clausura quedó asentada en el expediente 243618032 /10 de la Autoridad del Agua, aunque el hecho no pareció preocuparle a la papelera, que incluso presentó su propia versión de lo sucedido. “Las autoridades locales nos pidieron detener la producción por unos días para discutir cómo mejorar la situación de descarga. Desde entonces –sostuvo la firma en su sitio web–, la planta ha estado operando con normalidad y ahora se comunican regularmente los datos sobre las descargas a las autoridades locales”.
Más allá de esta versión empresarial, el 17 de febrero pasado, la Cámara de Senadores de la provincia se hizo eco de los planteos hechos por los vecinos y le reclamó al Poder Ejecutivo que informe a la brevedad si la papelera “posee el respectivo certificado de aptitud ambiental”, además de “puntualizar las iniciativas implementadas con el fin de impedir el presunto vertido de efluentes líquidos y sólidos sedimentables hacía el Río de la Plata”, entre otros reclamos. Al menos al cierre de este artículo, la respuesta nunca había llegado.
Para explicar la postura del municipio, los vecinos afectados invocan el buen trato con la multinacional. Como ejemplo, mencionan una nota publicada por el diario local El Sol en la navidad pasada. En aquella oportunidad, el secretario de medio ambiente del partido, Claudio Olivares, se mostró en una actividad solidaria junto a directivos de Smurfit Kappa. Luego de una recorrida por la ribera quilmeña y de entregar regalos a niños del lugar, el funcionario declaró: “Hay un trabajo fuerte también en materia de conciencia sobre el medio ambiente, cada vez que podemos tratamos de inculcarles a los chicos la importancia del cuidado y con los agentes multiplicadores llevamos adelante charlas y fomentamos el diálogo con los chicos para que aprendan.” Estas afirmaciones parecen ir a contramano de los antecedentes de la multinacional, que acumula problemas con el medio ambiente no sólo en el país, sino también en el exterior (ver recuadro).
Sólo por la fábrica de Bernal, además de la mencionada clausura y las denuncias repetidas, Smurfit Kappa registra un historial de multas económicas, si bien ninguna superó los $ 20 mil y la mayoría fueron apeladas para dilatar su pago. Mientras tanto, los vecinos afectados continúan sin obtener respuestas. Y, a diferencia del proceso que sigue la pastera para fabricar cartón, estas familias ya no pueden seguir “reciclando” su paciencia.

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