Riachuelo: mudanza lenta

Riachuelo: en tres años sólo mudaron al 0,32% de las personas de la ribera

Fecha de Publicación: 09/07/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires



Muy pocas cosas se acataron de la orden de saneamiento dispuesta por la Corte Suprema
Dos secretarios de Estado, 100.000 toneladas de basura recogidas de las márgenes, 258 resoluciones judiciales, $ 55.000 de multas a funcionarios y apenas el 0,32 por ciento de viviendas prometidas son algunas de las cifras que muestra el largamente demorado proceso de saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace tres años.
Sobre los plazos establecidos en aquel fallo, cabe decir que están todos incumplidos. Y no es que falle el accionar de la Justicia -se celebraron más de 584 audiencias, se emitieron 2052 cédulas y la causa ya cuenta con 29.011 fojas-, pero la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) apenas comenzó a funcionar acabadamente hace un año.
La gran deuda, además del saneamiento del río, claramente es la salud. Todavía hoy no se sabe cuál es el universo de enfermedades que hay en la cuenca por causa de la contaminación ni su distribución geográfica.
En 2008, el máximo tribunal dispuso un plazo de 90 días para la confección de un mapa sociodemográfico que determine la población en situación de riesgo y, en un período posterior de 60 días, poner en marcha un programa sanitario para la población afectada.
Tampoco se produjeron avances en la mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud, prometida desde 2004.
A principios de este año, en enero, el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, anunció que se dispondrían 3173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. De ese universo, 2500 son viviendas en la Capital.
Seis meses después de ese anuncio, se entregaron 58 casas: se mudaron 18 familias en Avellaneda; 10, en Lomas de Zamora, y 30, en el asentamiento Luján, en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas mudanzas son las necesarias para dejar libre el camino de sirga, el espacio donde deben empezar las construcciones. Cabe recordar que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ejecuta el fallo de la Corte, estableció plazos definitivos para las mudanzas de todos los asentamientos, entre los que se encuentran las villas 21-24 y 26 de la Capital. El plazo es 2013.
Por retrasar esa mudanza y haber permitido la ocupación de un complejo de viviendas, Armella multó con $ 35.000 a Cristina Camaño, secretaria de Seguridad de la Nación. La funcionaria apeló el fallo. Fuentes con acceso al expediente indicaron que hay muchas viviendas en construcción y que se espera que las mudanzas aumenten desde 2012.

Sirga y buques hundidos
El avance en la liberación del camino de sirga es uno de los puntos que más destacan los funcionarios, a la hora de hablar del proceso de saneamiento. Hasta hoy, se liberó la sirga en Avellaneda y buena parte del camino en Lanús, en la Capital y en Lomas de Zamora. En este último distrito, se adeuda la relocalización de la feria La Saladita.
En todo este proceso, se concretó la erradicación total de los 60 buques y sus cascos que permanecían hundidos en las pestilentes aguas del Riachuelo.
"Durante el último año, se notan algunos aspectos positivos que se orientan a lograr una mejora de la situación de la cuenca, como el incremento de la tarea de fiscalización industrial, el avanzado en el despeje del borde de sirga del Riachuelo y una evidente mejora en la limpieza de las márgenes. Sin embargo, existen notables falencias en lo que hace al control de los vertidos en los más de 340 basurales a cielo abierto, donde se han saneado menos del 10 por ciento", dijo a La Nacion Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Respecto de los basurales, por ejemplo, la Corte había dispuesto 180 días de plazo para su eliminación. No sólo la mayoría de ellos persiste, sino que todavía no se ha concretado ninguna acción sobre la localización de las personas que habitan en ellos. Por esta falta, entre otras, se multó al ex secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, con 20.000 pesos.
El adjunto del defensor del Pueblo, Anselmo Sella, opinó: "Se deben redoblar esfuerzos en una política ambiental que garantice la vigencia de los derechos humanos en la cuenca". Ese defensor encabeza el Cuerpo Colegiado, encargado de supervisar el proceso del saneamiento del Riachuelo junto con un grupo de ONG, entre las que se encuentran FARN y Greenpeace.
El secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, Juan José Mussi, quien aseguró que en seis años se verá un avance en el saneamiento del río, ayer no quiso hacer declaraciones tras ser consultado por La Nacion. Respecto de las industrias, por ejemplo, la Corte había ordenado que se presente el inventario de empresas radicadas en la cuenca y las muestras de calidad de aire, de agua y de suelo, en septiembre de 2008.

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