Cuando el freno al comercio se tiñe de verde

Cuando el freno al comercio se tiñe de verde

Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Carlos Galperín, del CEI, habló sobre el aumento de las medidas medioambientales; el papel de los gobiernos y las empresas
Moda o necesidad, los temas medioambientales se cuelan cada vez más en la vida cotidiana. Lejos de escapar del fenómeno, el comercio también quedó atrapado en esa telaraña verde.
Casi al mismo tiempo que las numerosas negociaciones internacionales reducían aranceles, los sectores público y privado agudizaron el ingenio para encontrar vías alternativas que aseguraran cierto grado de protección. Las famosas no arancelarias cobran diversas formas. Dentro de la categoría surgieron con mucha fuerza en los últimos años las que apelan a argumentos de tipo ambiental para limitar el comercio, explicó Carlos Galperín, consultor del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería.

-¿Cuál es la relación actual entre medio ambiente y comercio?
-Con las sucesivas negociaciones internacionales se fueron reduciendo los aranceles, en especial en los países desarrollados. Al perder un instrumento de protección de sus sectores productivos como ese empezó a crecer el uso de medidas no arancelarias. Hay algunas más reglamentadas y fáciles de entender, y otras discrecionales. Una de ellas, las medioambientales, en algunos casos de dudosa legitimidad. Es cierto que los problemas ambientales fueron creciendo en importancia: el cambio climático tiene varios años de ebullición, el adelgazamiento de la capa de ozono, lo que pasa con especies animales en peligro de extinción. Todo eso se fue reflejando en acuerdos internacionales de tipo ambiental que utilizan instrumentos comerciales como una forma de obligar a los países a cumplir con lo que dicen esos acuerdos.
El eje de la cuestión pareciera ser la ausencia de un poder de policía universal que garantice el cumplimiento de esas normas, dijo Galperín.

-La frontera entre legitimidad y discrecionalidad parece borrosa.
-Se pueden usar de las dos formas. Muchas veces la legitimidad está en relación a la magnitud que tiene un problema ambiental y de si cumple normas de acuerdos internacionales, ya sean comerciales o ambientales. En algunos casos se ve claramente que hay una preocupación ambiental. Por ejemplo, quiero proteger a las ballenas. Una manera es poner límites a la caza, pero hay países que igual lo hacen. Entonces, se limita el comercio de esas ballenas de modo quitar un incentivo. Si no cumplís esos acuerdos, no te compro ciertos productos.
Hay otros casos donde no es tan claro que se quiera cuidar al medio ambiente. Países como México plantean que Estados Unidos está obligando a otros a seguir ciertos métodos de producción que escapan a lo que un país puede exigir a los otros. No puede decirles cómo producir, lo que puede decidir qué productos importa con normas que sean comunes para todos. A veces se ponen normas que obligan a otros países a producir de un modo que incrementa los costos y resta competitividad.

-¿Cuáles son las principales medidas utilizadas?
-Por un lado normas técnicas y requisitos de información, como etiquetados sobre un producto, certificado sobre la gestión ambiental durante la producción. Fijar condicionalidades para recibir ayudas, subsidios o cierto trato preferencial arancelario, como hacen Estados Unidos y la UE para los productos de países en desarrollo. Pero para pagar ese arancel menor les puede fijar algunas condiciones que ahora están buscando aplicar y son de tipo ambiental.
Otro criterio relacionado con el cambio climático, que es bastante reciente, es la denominada huella de carbono. Quieren que en los productos se informe a los consumidores cuántas emisiones de carbono se generaron durante su producción. Uno podría opinar que eso no perjudica a nadie y que el consumidor tiene derecho a conocer, pero la forma de medir las emisiones, qué cosas se incluyen y cuáles no, pueden resultar muy engañoso. Lo que se ha hecho hasta ahora es medirlo en el transporte bajo una relación que es fácil de entender por cualquiera que es cuanto más transporte, más emisiones.

-Con una clara desventaja para países como el nuestro que están lejos de los grandes mercados de consumo.
-Si es sólo transporte, uno dice, un barco que recorre 5000 km emite más que un camión que recorre 100 km, pero lo que otros argumentan es que una cosa es el transporte y otra la emisión durante todo el ciclo de vida del producto, desde que se empieza a producir hasta que llega al consumidor. Sobre eso hay nuevos estudios que muestran por ejemplo que las flores cultivadas en Africa, cuando se mira todo el ciclo de vida, emitían menos gases de efecto invernadero que otra plantada en Europa y que se vendía ahí. Además, en el caso del transporte, hay que mirar si va en un barco, qué proporción de las emisiones corresponden a ese producto.

-¿Cuáles son los países que usan más este tipo de medidas?
-En general, los desarrollados. Países europeos o Estados Unidos.

-¿Por qué tienen el suficiente peso como para imponerse o por un interés genuino?
-Hay una mezcla de varias cosas. Es una forma de tener un elemento de protección que compensa otros que están perdiendo, como los aranceles. En este caso hay un instrumento que puede ser más discrecional, ya sea por medidas que toman los gobiernos o por casos donde los gobiernos aprovechan normas de consumidores privados o de cadenas de supermercados. Por otra parte, también se basan en preocupaciones que tienen esos países, que con un mayor nivel suelen preocuparse por cuestiones que escapan a las básicas de la vida: tener mejor tipo de alimento y variedad, y que además se cuide el medio ambiente, por caso.
La realidad muestra que los estándares privados cada vez tienen más peso en el comercio y que en muchos casos actúan como verdaderos filtros a la hora de habilitar la entrada de un producto a un país.
Se gestan en el ámbito privado, son privados los que exigen el cumplimiento de esas medidas pero, ¿hasta qué punto un gobierno no es responsable también al permitir que las empresas fijen normas que van más allá de lo consensuado en organismos internacionales?

-¿Hay alguna instancia a nivel mundial donde se analice eso?
-En la OMC se viene discutiendo hace unos años. La mitad de la biblioteca dice que el gobierno no es responsable y la otra mitad, que sí. Porque muchas veces esas normas salen de institutos de regulación donde el gobierno tiene alguna participación. En otros casos, el gobierno no pone ningún límite a normas que hacen cadenas de supermercados, por ejemplo, que violan ciertos acuerdos internacionales que la propia Nación firmó. En otros casos, el gobierno fogonea en secreto esos organismos o empresas hasta con apoyo financiero para inducir a ese tipo de normas.
La discusión que está en especial en el comité de medidas sanitarias y fitosanitarias en la OMC, es cuánta responsabilidad tienen en esto los gobiernos. Los países en desarrollo plantean su preocupación porque a pesar de años de negociación con los gobiernos, aparecen en el sector privado normas que regulan lo mismo por otro lado. Los desarrollados dicen que es cosa de los privados y que los gobiernos no tienen nada que ver. Es un tema irresuelto y todavía no hay litigios internacionales que sienten una jurisprudencia.

0 comentarios:

Blog Archive

Temas

Archivo de Blogs