La sospecha sobre la exportación de minerales
15:30 | 
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La sospecha sobre la exportación de minerales
Fecha de Publicación: 09/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
En la Justicia tucumana,lleva un año sin respuesta la denuncia contra una de las mineras más grandes de las que operan en Argentina.
La minería a cielo abierto, amada por los gobernadores mineros y odiada por una multitud de organizaciones ambientalistas, suma piezas a su colección de interrogantes. Esta vez, se trata de lo ocurrido con una denuncia que se apuntó, no sobre el impacto ambiental de la actividad, sino a la manera en que el Estado nacional controla cada materia prima que abandona el país con rumbo a los mercados extranjeros.
La denuncia se encuentra pronta a cumplir el año desde que fue presentada ante la Justicia federal de la ciudad de Tucumán. Fue realizada por el geólogo tucumano Guillermo Amílcar Vergara, y sus afirmaciones suenan alarmantes. Sostiene que la empresa autora del agujero más grande que se haya perforado nunca en una montaña argentina, Minera Alumbrera, que declara extraer oro, cobre, plata y molibdeno de su mina a cielo abierto en las alturas de Catamarca, en realidad se estaría haciendo hipermillonaria gracias a la extracción de otros minerales nunca declarados ante el Estado nacional.
La Minera Alumbrera le dijo a este diario que se trata de una acusación descabellada (ver página 3). Pero las miradas son muy distintas entre otros protagonistas de la discusión minera.
Causa paralizada. El 16 del mes próximo, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional.
Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.
El geólogo Vergara, junto con su colega Miguel Gianfrancisco, habrían obtenido una piedra extraída a unos 100 metros de profundidad de la zona de explotación de Minera Alumbrera. La habrían enviado a analizar a Perú y habrían recibido como respuesta que la pieza contendría varias docenas de minerales, no declarados por la minera, que hoy internacionalmente cotizarían en alza, como titanio, escandio, uranio, cromo, cobalto y cesio.
Lo que la minera extrae es convertido en un barro, el concentrado de cobre, que envía por mineraloducto a Tucumán. De allí parte en tren hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La excepción es el oro, que se procesa en la misma mina, en forma de lingotes, y se saca por avión.
Ese concentrado de cobre, según la denuncia, incluiría otra multitud de minerales exportados sin control, y procesados fuera del país por Minera Alumbrera, obteniendo por eso ganancias millonarias. Los números de la denuncia parecen de fantasía: más de 40 mil millones de dólares (seis veces y media la deuda de Argentina con el Club de París, o el costo de 33 autopistas Córdoba-Rosario) sería el perjuicio financiero que habría sufrido el país debido a que la minera no declaró los minerales exportados en todos sus años de actividad.
El perjuicio, si fuera cierto lo denunciado, lo sufrirían principalmente Catamarca y el Estado nacional.
Sin controles. El biólogo cordobés, Raúl Montenegro, resalta que “en este caso lo que más preocupa es el aspecto administrativo. Argentina está montada administrativamente de tal modo que es posible que una compañía internacional haga una extracción masiva de recursos naturales, y pueda declarar que saca del país algo que pueda no coincidir en absoluto con lo realmente exportado”.
“Es fácil controlar el peso de una carga de soja. El problema es que la Aduana carece de un sistema para analizar cualitativamente envíos como los de Alumbrera. Deberíamos tener los aparatos y el personal idóneos para analizar los envíos. Seguimos con la eficiencia de la época del Virreinato”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, coincide en resaltar “la casi total ausencia de controles por parte de la aduana argentina. El país deja que los zorros le cuiden el gallinero, es un control muy laxo el que se hace sobre las exportaciones de la Alumbrera. Esto es un gran perjuicio económico para las Provincias y el Estado nacional. Por eso llama tanto la atención esta actitud escandalosa de la Justicia tucumana”.
Viale se refiere no sólo a la paralización del caso, sino a un episodio ocurrido en mayo del año pasado. El fiscal Ferrer, acompañado por Gendarmería, fue a allanar la Alumbrera, tomar muestras de rocas y hacerlas analizar, para ver si era cierto lo denunciado por el geólogo. Pero la minera detuvo el procedimiento, presuntamente, con el argumento de que no le había llegado el aviso de allanamiento que el juez federal Daniel Bejas habría enviado al domicilio del abogado de la firma. Por si hace falta aclararlo: notificar previamente un allanamiento es casi lo mismo que hacerlo fracasar.
Luego, en junio, la empresa habría ofrecido una entrega voluntaria de material, lo que habría sido aceptado por el juez Bejas. Hasta hoy, la Justicia tucumana nunca allanó la minera por sorpresa ni tomó directamente del lugar las muestras rocosas que necesita para hacer avanzar la causa. En octubre, el Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de destitución contra el magistrado por su actuación en esta causa.
El primer fiscal del caso, Gómez, dijo a este diario que trató este tema en 2004, por otra causa que acabó investigando la Justicia de Santa Fe. Señaló que, con el actual sistema, el país queda a merced de lo que cada empresa diga que exportó. Esto funciona así por un beneficio extraordinario que otorgó el ex director general de Aduanas, Gustavo Parino, durante el gobierno de Carlos Menem. Eso fue hace más de 13 años y nunca fue modificado por las administraciones nacionales que lo siguieron.
Fecha de Publicación: 09/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
En la Justicia tucumana,lleva un año sin respuesta la denuncia contra una de las mineras más grandes de las que operan en Argentina.
La minería a cielo abierto, amada por los gobernadores mineros y odiada por una multitud de organizaciones ambientalistas, suma piezas a su colección de interrogantes. Esta vez, se trata de lo ocurrido con una denuncia que se apuntó, no sobre el impacto ambiental de la actividad, sino a la manera en que el Estado nacional controla cada materia prima que abandona el país con rumbo a los mercados extranjeros.
La denuncia se encuentra pronta a cumplir el año desde que fue presentada ante la Justicia federal de la ciudad de Tucumán. Fue realizada por el geólogo tucumano Guillermo Amílcar Vergara, y sus afirmaciones suenan alarmantes. Sostiene que la empresa autora del agujero más grande que se haya perforado nunca en una montaña argentina, Minera Alumbrera, que declara extraer oro, cobre, plata y molibdeno de su mina a cielo abierto en las alturas de Catamarca, en realidad se estaría haciendo hipermillonaria gracias a la extracción de otros minerales nunca declarados ante el Estado nacional.
La Minera Alumbrera le dijo a este diario que se trata de una acusación descabellada (ver página 3). Pero las miradas son muy distintas entre otros protagonistas de la discusión minera.
Causa paralizada. El 16 del mes próximo, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional.
Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.
El geólogo Vergara, junto con su colega Miguel Gianfrancisco, habrían obtenido una piedra extraída a unos 100 metros de profundidad de la zona de explotación de Minera Alumbrera. La habrían enviado a analizar a Perú y habrían recibido como respuesta que la pieza contendría varias docenas de minerales, no declarados por la minera, que hoy internacionalmente cotizarían en alza, como titanio, escandio, uranio, cromo, cobalto y cesio.
Lo que la minera extrae es convertido en un barro, el concentrado de cobre, que envía por mineraloducto a Tucumán. De allí parte en tren hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La excepción es el oro, que se procesa en la misma mina, en forma de lingotes, y se saca por avión.
Ese concentrado de cobre, según la denuncia, incluiría otra multitud de minerales exportados sin control, y procesados fuera del país por Minera Alumbrera, obteniendo por eso ganancias millonarias. Los números de la denuncia parecen de fantasía: más de 40 mil millones de dólares (seis veces y media la deuda de Argentina con el Club de París, o el costo de 33 autopistas Córdoba-Rosario) sería el perjuicio financiero que habría sufrido el país debido a que la minera no declaró los minerales exportados en todos sus años de actividad.
El perjuicio, si fuera cierto lo denunciado, lo sufrirían principalmente Catamarca y el Estado nacional.
Sin controles. El biólogo cordobés, Raúl Montenegro, resalta que “en este caso lo que más preocupa es el aspecto administrativo. Argentina está montada administrativamente de tal modo que es posible que una compañía internacional haga una extracción masiva de recursos naturales, y pueda declarar que saca del país algo que pueda no coincidir en absoluto con lo realmente exportado”.
“Es fácil controlar el peso de una carga de soja. El problema es que la Aduana carece de un sistema para analizar cualitativamente envíos como los de Alumbrera. Deberíamos tener los aparatos y el personal idóneos para analizar los envíos. Seguimos con la eficiencia de la época del Virreinato”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, coincide en resaltar “la casi total ausencia de controles por parte de la aduana argentina. El país deja que los zorros le cuiden el gallinero, es un control muy laxo el que se hace sobre las exportaciones de la Alumbrera. Esto es un gran perjuicio económico para las Provincias y el Estado nacional. Por eso llama tanto la atención esta actitud escandalosa de la Justicia tucumana”.
Viale se refiere no sólo a la paralización del caso, sino a un episodio ocurrido en mayo del año pasado. El fiscal Ferrer, acompañado por Gendarmería, fue a allanar la Alumbrera, tomar muestras de rocas y hacerlas analizar, para ver si era cierto lo denunciado por el geólogo. Pero la minera detuvo el procedimiento, presuntamente, con el argumento de que no le había llegado el aviso de allanamiento que el juez federal Daniel Bejas habría enviado al domicilio del abogado de la firma. Por si hace falta aclararlo: notificar previamente un allanamiento es casi lo mismo que hacerlo fracasar.
Luego, en junio, la empresa habría ofrecido una entrega voluntaria de material, lo que habría sido aceptado por el juez Bejas. Hasta hoy, la Justicia tucumana nunca allanó la minera por sorpresa ni tomó directamente del lugar las muestras rocosas que necesita para hacer avanzar la causa. En octubre, el Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de destitución contra el magistrado por su actuación en esta causa.
El primer fiscal del caso, Gómez, dijo a este diario que trató este tema en 2004, por otra causa que acabó investigando la Justicia de Santa Fe. Señaló que, con el actual sistema, el país queda a merced de lo que cada empresa diga que exportó. Esto funciona así por un beneficio extraordinario que otorgó el ex director general de Aduanas, Gustavo Parino, durante el gobierno de Carlos Menem. Eso fue hace más de 13 años y nunca fue modificado por las administraciones nacionales que lo siguieron.
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