Poco avance del saneamiento del Riachuelo
Críticas al poco avance del saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
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